ATC1953-2021.<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
ATC1953-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-03-000-2021-00382-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n contra la providencia proferida por la Sala Civil (Unitaria) del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali el 10 de diciembre de 2021, dentro de la solicitud de h\u00e1beas corpus presentada por Jorge Daniel Giraldo G\u00fciza actuando en representaci\u00f3n de Harold P\u00e9rez Benavides y Mar\u00eda Camila Gallego Corredor. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los accionantes, a trav\u00e9s de apoderado, solicitan su excarcelaci\u00f3n por la supuesta prolongaci\u00f3n il\u00edcita de la privaci\u00f3n de su libertad, concretamente, por la superaci\u00f3n del t\u00e9rmino previsto en el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, en el proceso penal que se les adelanta (radicado 2019-00032). <\/p>\n
Relataron en s\u00edntesis que, entre el 6 y 8 de noviembre de 2020, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n ante el Juzgado Veintis\u00e9is Penal Municipal de Control de Garant\u00edas de Cali, les formul\u00f3 imputaci\u00f3n (junto a otros nueve capturados) por los delitos de \u00abconcierto para delinquir y tr\u00e1fico, fabricaci\u00f3n o porte de estupefacientes\u00bb; en las mismas diligencias concentradas se les impuso medida de aseguramiento de detenci\u00f3n preventiva en centro carcelario. <\/p>\n
Expusieron que, el 15 de diciembre de esa anualidad la fiscal\u00eda radic\u00f3 el escrito de acusaci\u00f3n, cuyo conocimiento le fue asignado al Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cali. <\/p>\n
Refirieron que, solo el 25 de junio de 2021 se llev\u00f3 a cabo la audiencia de formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n respecto de Harold P\u00e9rez Benavides, mientras que la de Mar\u00eda Camila Gallego Corredor se surti\u00f3 el 18 de agosto de este a\u00f1o. <\/p>\n
Indicaron que, el Juzgado Quince Penal Municipal de Control de Garant\u00edas de Cali, el 13 de septiembre de 2021 neg\u00f3 su pretensi\u00f3n tras indicar que se hallaban inmersos \u00aben las previsiones del art\u00edculo 317A del estatuto adjetivo penal que dispone un t\u00e9rmino de 500 d\u00edas para la instalaci\u00f3n del juicio oral y como a la fecha de la audiencia el caso acumulaba 272 d\u00edas despu\u00e9s de radicado el escrito de acusaci\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Destacaron que, la anterior determinaci\u00f3n fue confirmada por el Juzgado Diecisiete Penal del Circuito de esa ciudad en audiencia del 30 de septiembre, bajo el mismo argumento, es decir, que \u00abel caso deb\u00eda evaluarse con sujeci\u00f3n a lo reglado por la ley 1908 de 2018\u00bb. <\/p>\n
En definitiva, cuestionaron los fundamentos jur\u00eddicos que, a su turno, los jueces penales de control de garant\u00edas de ambas instancias, expusieron para desestimar la solicitud de libertad provisional. <\/p>\n
Al respecto, alegaron que los accionados no explicaron el porqu\u00e9 de la aplicaci\u00f3n de la ley 1908 de 2018 que introdujo el art\u00edculo 317A a la Ley 906 de 2004 pues, ni en la formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n ni en la imposici\u00f3n de la medida de aseguramiento se hizo alusi\u00f3n a dicha normativa, luego, \u00abno es posible al momento de estudiar una petici\u00f3n de libertad por vencimiento de t\u00e9rminos, entrar a valorar presupuestos normativos que [no] fueron objeto de aplicaci\u00f3n al momento de dictarse la decisi\u00f3n restrictiva\u00bb. <\/p>\n
En el mismo sentido agregaron que, \u00abno es dable que en actos preliminares o jurisdiccionales posteriores al escenario preclusivo de garant\u00edas [\u2026] se hagan valer presupuestos legales como los que describen los art\u00edculos 313A y 317A del C.P.P., los cuales fueron adicionados por la ley 1908 de 2018 por cuanto [dicha ley] en su contexto sustantivo no fue objeto de cargos jur\u00eddicos\u00bb; as\u00ed mismo, sostuvieron que la fiscal\u00eda tampoco argument\u00f3 que pertenecieran a un grupo de delincuencia organizada \u00abdebidamente acreditado y estructurado\u00bb. <\/p>\n
En suma, se\u00f1alaron que las determinaciones atacadas constituyen v\u00edas de hecho y que podr\u00edan constituir \u00abla materialidad de la conducta descrita en el art\u00edculo 175 del C\u00f3digo Penal\u00bb, solicitaron se ordene su libertad inmediata. <\/p>\n
2. El asunto correspondi\u00f3 por reparto a un magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, quien, mediante auto de 10 de diciembre de 2021, admiti\u00f3 el escrito y solicit\u00f3 a las autoridades demandadas \u2013 Juzgados Quince Penal Municipal de Control de Garant\u00edas, Diecisiete Penal del Circuito y Fiscal\u00eda 23 Especializada, todos de Cali \u2013 rindieran el informe respectivo. Fueron vinculados los Juzgados Segundo Penal del Circuito Especializado y el Veintis\u00e9is Penal Municipal de Control de Garant\u00edas, de esa misma capital. <\/p>\n
2.1 Frente a lo pedido, el Juez Segundo Penal del Circuito Especializado de Cali se\u00f1al\u00f3 que, en efecto, adelanta el proceso que involucra a los accionantes P\u00e9rez Benavides y Gallego Corredor, respecto de los cuales manifest\u00f3 que \u00abno se les ha prolongado irregularmente la libertad [\u2026] porque no ha operado el vencimiento de t\u00e9rminos pedido por el abogado de confianza, adem\u00e1s que hay decisiones judiciales que niegan la pretensi\u00f3n de libertad de los accionantes\u00bb. <\/p>\n
2.2. El Juez Diecisiete Penal del Circuito de esa ciudad, defendi\u00f3 la decisi\u00f3n que adopt\u00f3 como juez de control de garant\u00edas en segunda instancia en el sentido de ratificar la negativa de la libertad por vencimiento de t\u00e9rminos, en tanto \u00abno se ha vencido el t\u00e9rmino legal para ello\u00bb. <\/p>\n
2.3. Por su parte, el Juez Veintis\u00e9is Penal Municipal de Control de Garant\u00edas, relacion\u00f3 lo acontecido en sede de las audiencias preliminares de legalizaci\u00f3n de captura, formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n e imposici\u00f3n de medida de aseguramiento en la investigaci\u00f3n penal que cursa contra los ac\u00e1 actores. Pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite. <\/p>\n
2.4. Los centros penitenciarios en los que se encuentran recluidos los accionantes, resaltaron que ambos detenidos se hallan a \u00f3rdenes del Juzgado Veintis\u00e9is Penal Municipal de Control de Garant\u00edas de Cali y que hasta el momento no ha recibido notificaciones que ordenen la libertad de aqu\u00e9llos. <\/p>\n
EL AUTO DEL TRIBUNAL <\/p>\n
El magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, declar\u00f3 improcedente el resguardo por cuanto este \u00abno puede utilizarse con la finalidad de obtener una opini\u00f3n diferente o como una instancia adicional a la de la autoridad que debe resolver sobre la libertad\u00bb; as\u00ed mismo, a\u00f1adi\u00f3 que, en todo caso, de la providencia que confirm\u00f3 la negativa de la libertad por vencimiento de t\u00e9rminos \u00abno se avizora v\u00eda de hecho (\u2026)\u00bb, pues el juez resolvi\u00f3 con respaldo en la norma legal y \u00abexplic\u00f3 las razones por las que los t\u00e9rminos o normatividad aplicable en el caso particular de los accionantes es el art\u00edculo 317A del C. de P.P., por ser la situaci\u00f3n legal de un grupo delictivo organizado (ley 1908 de 2018), de ah\u00ed que no se vea un defecto reprochable que constituya v\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el representante de los afectados reiterando los argumentos expuestos en el escrito inicial. Refut\u00f3 la decisi\u00f3n del magistrado a quo por cuanto, solo se habr\u00eda limitado a resolver \u00abcon una interpretaci\u00f3n ce\u00f1ida a lo determinado por los funcionarios judiciales que en su momento dirimieron la solicitud de libertad provisional [\u2026] desconociendo en estricto sentido el principio de legalidad que debe surtirse en toda clase de actuaci\u00f3n judicial (\u2026)\u00bb; insisti\u00f3 en que la ley 1908 de 2018 no hizo parte de la imputaci\u00f3n ni de la acusaci\u00f3n, luego, no pod\u00eda ser fundamento de la negativa de la libertad deprecada en favor de sus prohijados. Resalt\u00f3 que es evidente que los t\u00e9rminos se encuentran vencidos a la luz del numeral 5\u00ba del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Naturaleza jur\u00eddica de la acci\u00f3n constitucional del h\u00e1beas corpus. <\/p>\n
El art\u00edculo 28 de la Carta Pol\u00edtica, reconoce en forma expresa que toda persona es libre, que nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisi\u00f3n o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. <\/p>\n
Como mecanismo id\u00f3neo de protecci\u00f3n de dicha garant\u00eda se erigi\u00f3 el h\u00e1beas corpus, consagrado como derecho fundamental en el art\u00edculo 30 ejusdem, y reglamentado como acci\u00f3n constitucional por la Ley 1095 de 2006, que procede en dos eventos: <\/p>\n
\u00abCuando la aprehensi\u00f3n de una persona se lleva a cabo por fuera de las formas constitucional y legalmente previstas para ello, como sucede con la orden judicial previa (art\u00edculos 28 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, 2\u00b0 y 297 de la Ley 906 de 2004), la flagrancia (art\u00edculos 345 de la Ley 600 de 2000 y 301 de la Ley 906 de 2004), la captura p\u00fablicamente requerida (art\u00edculo 348 de la Ley 600 de 2000), la captura excepcional (art\u00edculo 21 de la Ley 1142 de 2007) y la captura administrativa (sentencia C-24 del 27 de enero de 1994), esta \u00faltima con fundamento directo en el art\u00edculo 28 de la Carta y, por ello, de no necesaria consagraci\u00f3n legal (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Y cuando, obtenida legalmente la captura, la privaci\u00f3n de la libertad se prolonga m\u00e1s all\u00e1 de los t\u00e9rminos previstos en la Constituci\u00f3n y en la ley lo que supone el examen concreto del proceder del funcionario judicial que regenta el proceso penal; en esos casos conviene analizar: <\/p>\n
\u00ab(i) la actividad a que est\u00e1 obligado dentro de sus facultades, por ejemplo: dejar a disposici\u00f3n judicial el capturado, hacer efectiva la libertad ordenada, etc., y (ii) que adopte la decisi\u00f3n correspondiente al caso (definir situaci\u00f3n jur\u00eddica dentro de los t\u00e9rminos legales sin dilaci\u00f3n injustificada, ordenar la libertad frente a la captura ilegal, entre otras hip\u00f3tesis posibles)\u00bb (CSJ AP. 2 mar. 2009, rad. 31376). <\/p>\n
2. Hip\u00f3tesis planteada de vulneraci\u00f3n y problema jur\u00eddico. <\/p>\n
En el presente asunto, sin mayor dificultad se descarta el primero de los eventos, por cuanto la privaci\u00f3n de la libertad de los actores obedece a la imposici\u00f3n de una medida de aseguramiento cuyo control y verificaci\u00f3n de los presupuestos de legalidad correspondi\u00f3 a un juez de control de garant\u00edas, decisi\u00f3n que se encuentra ejecutoriada y que adem\u00e1s no es el objeto concreto del presente recurso. <\/p>\n
Entonces, el problema jur\u00eddico a resolver en esta sede consiste en determinar si dicha privaci\u00f3n de la libertad est\u00e1 siendo prolongada en desmedro de los plazos fijados por la normativa espec\u00edfica, puntualmente, los previstos en el (par\u00e1grafo1\u00ba) numeral 5\u00ba del art\u00edculo 317 de la Ley 906 de 20041. <\/p>\n
3. Presupuestos procedimentales. <\/p>\n
Suficientemente decantado est\u00e1 que el presente instrumento, si bien no es estrictamente residual y subsidiario, cuando existe un tr\u00e1mite judicial en curso no puede utilizarse con ninguna de las siguientes finalidades: i) sustituir los procedimientos judiciales comunes dentro de los cuales deben formularse las peticiones de libertad; ii) reemplazar los recursos ordinarios de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n a trav\u00e9s de los cuales deben impugnarse las decisiones que interfieren el derecho a la libertad personal; iii) desplazar al funcionario judicial competente; y iv) obtener una opini\u00f3n diversa \u2013a manera de instancia adicional- de la autoridad llamada a resolver lo atinente a la libertad de las personas. <\/p>\n
Ello es as\u00ed, excepto cuando, trat\u00e1ndose del ataque a una decisi\u00f3n judicial que interfiere en el derecho invocado pueda catalogarse como una v\u00eda de hecho vislumbr\u00e1ndose la prosperidad de alguna de las otras causales gen\u00e9ricas que hacen viable, por ejemplo, la acci\u00f3n de tutela; hip\u00f3tesis en las cuales, aun cuando se encuentre en curso un proceso, el h\u00e1beas corpus podr\u00e1 interponerse en protecci\u00f3n inmediata del derecho fundamental aludido cuando sea razonable advertir el advenimiento de un mal mayor o de un perjuicio irremediable, en caso de esperar la respuesta a la solicitud de libertad elevada ante el mismo funcionario judicial, o si tal menoscabo puede sobrevenir de supeditarse la garant\u00eda de la libertad a que antes se resuelvan los recursos ordinarios. <\/p>\n
Empero, se ha precisado que incluso cuando al interior del juicio penal respectivo se han agotado los medios de defensa id\u00f3neos previstos para buscar la libertad, no se habilita autom\u00e1ticamente esta acci\u00f3n publica, dado que solo es viable ante la configuraci\u00f3n de la hip\u00f3tesis antedicha. <\/p>\n
4. Caso concreto. <\/p>\n
4.1. Como lo tiene sentado la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, la acci\u00f3n de h\u00e1beas corpus no reemplaza ni suple la discusi\u00f3n de la garant\u00eda de la libertad provisional que debe surtirse ante los jueces de control de garant\u00edas, habida cuenta que es ante aquellos el escenario natural e id\u00f3neo para satisfacer las cargas probatorias correspondientes y brindar la participaci\u00f3n de todos los intervinientes interesados en la cuesti\u00f3n. <\/p>\n
Analizados los fundamentos de la queja constitucional, se observa que resultan incompatibles con este auxilio toda vez que se advierte que lo pretendido es utilizarlo a modo de \u00abtercera instancia\u00bb, con miras a obtener un pronunciamiento diverso al emitido por los funcionarios judiciales que resolvieron su solicitud liberatoria. <\/p>\n
Insistentemente se ha dicho que, aun cuando la acci\u00f3n de h\u00e1beas corpus no es subsidiaria ni residual, no por ello se convierte en un mecanismo alternativo, supletorio, sustitutivo o paralelo del proceso penal, de ah\u00ed que el juez constitucional no pueda ni deba inmiscuirse en la investigaci\u00f3n, la valoraci\u00f3n probatoria, la conformaci\u00f3n del contradictorio, los elementos de la conducta punible, las causales de excarcelaci\u00f3n o libertad, la concesi\u00f3n de subrogados, etc., pues de lo contrario se desquiciar\u00eda la actuaci\u00f3n judicial ordinaria y el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
Y es que los alegatos en que fundan su actual pretensi\u00f3n los ac\u00e1 querellantes \u2013 por intermedio de quien los representa \u2013 se circunscriben a denunciar el supuesto desconocimiento de los t\u00e9rminos procesales consagrados en el numeral 5\u00ba, en concordancia con el par\u00e1grafo 1\u00ba, del art\u00edculo 317 del estatuto adjetivo penal, dado que, para el momento en que promovieron este resguardo, el juicio oral no ha iniciado, y seg\u00fan el conteo particular que plantean, habr\u00edan transcurrido m\u00e1s de \u00ab358 d\u00edas\u00bb desde la presentaci\u00f3n del escrito de acusaci\u00f3n sin que pueda atribu\u00edrsele tal dilaci\u00f3n a la defensa. <\/p>\n
Pero adem\u00e1s, con \u00e9nfasis, recriminaron que los jueces que denegaron la petici\u00f3n liberatoria, aplicaran los plazos legales contemplados en el art\u00edculo 317A2 introducidos a la normativa procesal penal por la ley 1908 de 2018, pues, \u00abni en la formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n se hizo referencia a los efectos jur\u00eddicos [de dicha ley] en tanto que al momento de imputarse el delito de concierto para delinquir por ejemplo, no se hizo uso de los descriptores adicionados por la ley 1908 de 2018 para adecuar la conducta a lo que en la actualidad se conoce como \u201cGrupo de delincuencia organizada\u201d, lo mismo que al momento de imponerse la medida de aseguramiento, no se hizo de acuerdo a los efectos del mentado dispositivo, esto es, haciendo uso de lo reglado en el art\u00edculo 313A del C.P.P., raz\u00f3n por la cual el racero para determinar si opera o no la causal de libertad por vencimiento de t\u00e9rminos es que el que establece el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 317 ib\u00eddem, que fue el equ\u00edvocamente valorado (\u2026)\u00bb, todo lo cual, adujeron, representa una vulneraci\u00f3n a los principios de \u00ablegalidad constitucional\u00bb y de \u00abcongruencia\u00bb; pero adem\u00e1s, al principio pro homine que impon\u00eda ser considerado al momento de interpretar el alcance del referido canon 317 de la codificaci\u00f3n procedimental penal. <\/p>\n
En todo caso, resulta indiscutible que fue ante los jueces competentes (primera y segunda instancia) donde se discuti\u00f3 si se reun\u00edan las condiciones legales para ordenar la excarcelaci\u00f3n de P\u00e9rez Benavides y Gallego Corredor, y frente a la conclusi\u00f3n negativa de aqu\u00e9llos, los procesados acuden ahora al h\u00e1beas corpus con la intenci\u00f3n de trasladar el debate a esta sede constitucional como si se tratara de una instancia superior, a efectos de obtener una revisi\u00f3n de los argumentos de los funcionarios judiciales u opini\u00f3n diversa respecto de sus alegaciones, lo que resulta evidentemente improcedente. <\/p>\n
Es que el control que hace el juez de h\u00e1beas corpus se limita a verificar el respeto de las formalidades de rango constitucional y legal que rodean la privaci\u00f3n de la libertad de un individuo, pero de ninguna forma, se reitera, puede acudirse a \u00e9ste como una instancia adicional para efectuar un estudio de los motivos tenidos en cuenta por la autoridad judicial para ordenar la limitaci\u00f3n personal, pues dicha labor corresponde al juez ordinario. <\/p>\n
La Hom\u00f3loga Especializada, en auto AHP3201-2019 de 8 de agosto de 2019 al resolver una acci\u00f3n de esta misma naturaleza dijo: <\/p>\n
\u00abSe observa que, prima facie, la acci\u00f3n es improcedente porque el mecanismo constitucional invocado no est\u00e1 instituido para que el condenado, y su apoderado judicial, contin\u00faen el debate sobre la procedencia de la libertad condicional, a manera de tercera instancia, a fin de obtener una resoluci\u00f3n diferente a la adoptada por los jueces competentes. <\/p>\n
(\u2026) Lo expuesto no significa que, excepcional\u00edsimamente, frente a la existencia de verdaderas v\u00edas de hecho \u2014es decir, errores objetivos y evidentes de las providencias denegatorias de la libertad \u2014, el juez constitucional no pueda conceder el h\u00e1beas corpus deprecado; sin embargo, para ello la carga argumentativa que se exige del accionante es superior, pues para entrar a examinar las decisiones ordinarias cuestionadas, se debe desvirtuar la presunci\u00f3n de legalidad que las reviste. <\/p>\n
Esa \u00faltima hip\u00f3tesis no se evidencia en el presente caso porque el apoderado de [\u2026] y \u00e9ste se limitaron a exponer las razones de su divergencia con el criterio adoptado por los funcionarios judiciales, situaci\u00f3n que en manera alguna constituye una v\u00eda de hecho que justifique la intervenci\u00f3n del juez constitucional\u00bb Negrillas fuera de texto. <\/p>\n
Igualmente esta Sala, en providencia AHC1255-2016, 4 mar. rad. 00040-01, explic\u00f3: <\/p>\n
\u00abLa presente acci\u00f3n no es un mecanismo para definir las cuestiones relacionadas con la excarcelaci\u00f3n o sus incidencias, como si se tratara de una instancia alterna. <\/p>\n
Como las solicitudes del imputado sobre tal materia deben dilucidarse ante el funcionario de control de garant\u00edas correspondiente, quien tiene la competencia para ello, le queda vedado al juez constitucional injerir en el tr\u00e1mite para decidir si ocurri\u00f3 el supuesto vencimiento de t\u00e9rminos, en reemplazo de las facultades que la ley le confiere al fallador natural. De esta manera, cualquier discusi\u00f3n sobre el incumplimiento de las oportunidades contempladas en el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, entre otros preceptos, se debate dentro de la causa y ante el funcionario investido de atribuciones para tomar los correctivos necesarios en la salvaguarda de los derechos fundamentales conculcados, de as\u00ed advertirlo\u00bb. <\/p>\n
4.2. En todo caso, cabe se\u00f1alar que, como en otras ocasiones lo ha dicho la Corporaci\u00f3n, \u00abla providencia que resuelve en forma adversa una solicitud de libertad provisional no hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada\u00bb, de donde: <\/p>\n
\u00abno solamente el juez constitucional est\u00e1 impedido para valorar la legalidad de las determinaciones relacionadas con la garant\u00eda superior que el accionante estima vulnerada, dentro de la autonom\u00eda e independencia funcionales que le reconocen la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y la ley a las autoridades judiciales en el marco de sus competencias, sino que \u00e9ste \u00abpuede insistir en la excarcelaci\u00f3n pretendida y frente a lo resuelto al interior del proceso\u00bb (AHC1090-2016), lo que descarta cualquier posibilidad de \u00e9xito de obtener por esta v\u00eda lo pretendido\u00bb (CSJ AHC2121-2016). <\/p>\n
Por consiguiente, y conforme lo discurrido, ning\u00fan reparo merece la decisi\u00f3n del magistrado a quo que neg\u00f3 la salvaguarda invocada, correspondiendo su ratificaci\u00f3n. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
No es procedente que se traslade a esta senda especial pol\u00e9micas interpretativas sobre la aplicaci\u00f3n de dispositivos normativos que consagran causales espec\u00edficas de libertad, planteando una particular visi\u00f3n de las mismas, y se proclame la existencia de una v\u00eda de hecho, como si este mecanismo constitucional fuese una instancia adicional. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, CONFIRMA la decisi\u00f3n impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes y devu\u00e9lvase la actuaci\u00f3n al funcionario del primer grado de conocimiento. <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 ART\u00cdCULO 317. CAUSALES DE LIBERTAD. Las medidas de aseguramiento indicadas en los anteriores art\u00edculos tendr\u00e1n vigencia durante toda la actuaci\u00f3n, sin perjuicio de lo establecido en el par\u00e1grafo 1o del art\u00edculo 307 del presente c\u00f3digo sobre las medidas de aseguramiento privativas de la libertad. La libertad del imputado o acusado se cumplir\u00e1 de inmediato y solo proceder\u00e1 en los siguientes eventos: <\/p>\n
<\/p>\n
(\u2026) 5. Cuando transcurridos ciento veinte (120) d\u00edas contados a partir de la fecha de presentaci\u00f3n del escrito de acusaci\u00f3n, no se haya dado inicio a la audiencia de juicio. <\/p>\n
<\/p>\n
(\u2026) PAR\u00c1GRAFO 3o. Los t\u00e9rminos dispuestos en los numerales 4, 5 y 6 del presente art\u00edculo se incrementar\u00e1n por el mismo t\u00e9rmino inicial, cuando el proceso se surta ante la justicia penal especializada, o sean tres (3) o m\u00e1s los imputados o acusados, o se trate de investigaci\u00f3n o juicio de actos de corrupci\u00f3n de que trata la Ley 1474 de 2011 o de cualquiera de las conductas previstas en el T\u00edtulo IV del Libro Segundo de la Ley 599 de 2000 (C\u00f3digo Penal). <\/p>\n
2\u0002 ART\u00cdCULO 317A. CAUSALES DE LIBERTAD. Las medidas de aseguramiento en los casos de miembros de Grupos Delictivos Organizados y Grupos Armados Organizados tendr\u00e1n vigencia durante toda la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
La libertad del imputado o acusado se cumplir\u00e1 de inmediato y solo proceder\u00e1 en los siguientes eventos: <\/p>\n
<\/p>\n
(\u2026) 5. Cuando transcurridos quinientos (500) d\u00edas contados a partir de la fecha de presentaci\u00f3n del escrito de acusaci\u00f3n, no se haya dado inicio a la audiencia de juicio por causa no imputable al procesado o a su defensa. <\/p>\n
<\/p>\n
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ATC1953-2021. LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente ATC1953-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-03-000-2021-00382-01 Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n contra la providencia proferida por la Sala Civil (Unitaria) del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali el 10 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[43],"tags":[],"class_list":["post-59909","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59909","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59909"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59909\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59909"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59909"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59909"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}