ATC1956-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC1956-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n. 11001-02-03-000-2021-03424-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de quince de diciembre dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la solicitud nulidad presentada por el se\u00f1or Luis Alfredo Castro Bar\u00f3n frente a la sentencia STC12947-2021. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor pidi\u00f3 que se declare la nulidad del fallo de tutela de primera instancia, proferido el 01 de octubre de 2021 por esta Sala de Casaci\u00f3n en el proceso de la referencia. <\/p>\n
Sostuvo que la acci\u00f3n de amparo interpuesta \u00aba la que le fue inicialmente asignado el n\u00famero de radicaci\u00f3n 110010230000202101307 correspondi\u00f3 por reparto conocer Al Despacho del Magistrado HUGO QUINTERO BERNATE, quien la escindi\u00f3 contra expresa prohibici\u00f3n de la Corte Constitucional\u00bb. De manera que esta Corporaci\u00f3n \u00abdespedaz\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, en varios pedazos para repartirla a otros Magistrados, guard\u00e1ndose una parte para s\u00ed y contrariando de frente las claras disposiciones de la Corte Constitucional, que en auto 124 de 2009, dictado dentro del Expediente ICC 1404, resumi\u00f3, sintetiz\u00f3 y concluy\u00f3 las siguientes reglas, que no han variado por la promulgaci\u00f3n del Decreto 333 de 2021. As\u00ed se pronunci\u00f3 la Corte Constitucional (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que <\/p>\n
\u00absu Despacho, sin ser competente y estableciendo una cadena de irregularidades iniciada en el expediente 110010230000202101307, se pronuncia frente al proceso 11001600004920070867100, adelantado por el Juzgado 33 penal Municipal con Funciones de Conocimiento, en mi contra para apresarme y tapar con el manto de la impunidad la DESAPARICION FORZADA del PADRE ABEL DE JESUS BARAHONA CASTRO, a la cual, para tornarla m\u00e1s ex\u00f3tica, sui g\u00e9neris, la enerva tambi\u00e9n contra la Procuradur\u00eda, la Fiscal\u00eda y la Corte, sacando del cubilete m\u00e1gico una acci\u00f3n nueva, sin haberla incoado el suscrito, abusando del poder y del derecho y con fines perversos, lo cual es tambi\u00e9n motivo de censura en este escrito, por cuanto se arremete por todos los medios contra mis derechos fundamentales al debido proceso, que no tiene otro fin que buscar mi EJECUCION EXTRALEGAL o MI DESAPARICION FORZADA, por lo cual desde ya, responsabilizo, como lo he venido haciendo, a la Corte Suprema de Justicia, entre otras autoridades\u00bb. <\/p>\n
2. En el t\u00e9rmino de los tres d\u00edas de traslado, para que las partes se manifestaran respecto de dicha solicitud, se recibi\u00f3 respuesta de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, mediante la cual indic\u00f3 que \u00abno hay lugar a anular el procedimiento por cuanto la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia s\u00ed era competente para tramitar y resolver la tutela impetrada por Luis Alfredo Castro Bar\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Y, por \u00faltimo, estim\u00f3 que \u00abla escisi\u00f3n de la tutela que orden\u00f3 la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y en virtud de la cual la Sala Civil de esa Colegiatura 2 asumi\u00f3 el conocimiento de unos ciertos demandados tampoco es causal de nulidad, al margen de si fue o no acertada, pues finalmente garantiz\u00f3 un juez competente para atender cada uno de los reproches del demandante\u00bb. <\/p>\n
Por su parte, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte Suprema de Justicia expuso que \u00abla cr\u00edtica del accionante es infundada y en manera alguna evidencia un ostensible yerro procedimental que de lugar a la declaratoria de la nulidad de la actuaci\u00f3n, m\u00e1s cuando la decisi\u00f3n de escindir la demanda de tutela obedeci\u00f3 al estricto acatamiento de las previsiones contenidas en el Decreto 333 de 2021, que modific\u00f3 el Decreto 1069 de 2015, y a la necesidad de garantizar las reglas de reparto para que los jueces, de acuerdo con sus competencias, conocieran de los hechos presuntamente vulneradores de las garant\u00edas del actor\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, enfatiz\u00f3 en que \u00abla decisi\u00f3n de escindir la demanda de tutela, de acuerdo con las reglas de reparto, constituye una verdadera garant\u00eda para los interesados del accionado y el estricto acatamiento del debido proceso, adem\u00e1s, en lo que ata\u00f1e al presente tr\u00e1mite constitucional, en el l\u00edmite de sus competencias, el fallo de tutela se refiri\u00f3 estrictamente a los cuestionamientos elevados por el actor respecto del proceso penal identificado con radicado 110016000049200708671\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- A voces del art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, \u00ab[p]ara la interpretaci\u00f3n de las disposiciones sobre tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 se aplicar\u00e1n los principios generales del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, en todo aquello en que no sean contrarios a dicho decreto\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, cuando se enjuicien las actuaciones despachadas en una acci\u00f3n de tutela a trav\u00e9s del mecanismo de las \u00abnulidades\u00bb, debe acudirse a los par\u00e1metros establecidos en el C\u00f3digo General del Proceso, que en el art\u00edculo 133 consagra de manera taxativa las causales por las cuales un proceso resulta nulo. <\/p>\n
2.- En el sub examine, el actor se queja en primer lugar que este Despacho carec\u00eda de competencia para conocer del amparo constitucional de marras, comoquiera que la Sala Penal \u00abdespedaz\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, en varios pedazos para repartirla a otros Magistrados, guard\u00e1ndose una parte para s\u00ed y contrariando de frente las claras disposiciones de la Corte Constitucional, que en auto 124 de 2009, dictado dentro del Expediente ICC 1404\u00bb. <\/p>\n
3.- Sin embargo, se advierte que los argumentos del accionante no encuadran en alguna de las hip\u00f3tesis de \u00abnulidad\u00bb consagradas en el art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso. Ciertamente, el que se haya escindido la acci\u00f3n -en acatamiento del Decreto 333 de 2021 y a efectos de garantizar el debido proceso del actor- no guarda relaci\u00f3n ni se refiere a ninguno de los casos en los que se configura alguna causal de anulabilidad adjetiva. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que, en lo pertinente, esta Corte ha sostenido: <\/p>\n
Si el que viene de rese\u00f1arse es el motivo de la nulidad que se reclama, la decisi\u00f3n adversa a tal pedimento se impone, porque lo alegado no se enmarca dentro de las hip\u00f3tesis que estableci\u00f3 el legislador procesal como causantes de invalidaci\u00f3n del rito, ni corresponde a la que fuera consagrada como de rango constitucional, vale decir, la invalidez planteada se fund\u00f3 por el proponente en causa distinta de las determinadas legal y constitucionalmente (ATC6234, 27 oct. 2015, rad. n.\u00b0 2015-02180-00). <\/p>\n
3.1.- A lo m\u00e1ximo, tal circunstancia habr\u00eda implicado una presunta irregularidad que, en todo caso, debi\u00f3 ser alegada por el actor al momento en que se profiri\u00f3 el auto admisorio del tr\u00e1mite de marras. Sin embargo, al haber guardado silencio, aquella qued\u00f3 subsanada, tal como lo prescribe el par\u00e1grafo del citado canon. <\/p>\n
3.2.- Ahora bien, tampoco se halla que funcionalmente este Despacho careciera de competencia en el asunto de marras, tal como pasa a verse. <\/p>\n
3.2.1. Esta Sala estudi\u00f3 las cr\u00edticas elevadas por el actor en torno a las actuaciones surtidas en el curso del proceso de radicado 11001600004920070867101. En el libelo inicial, el actor asever\u00f3 que en dicho juicio <\/p>\n
\u00abme condenaron por el delito de \u201cestafa\u201d, hubo colusi\u00f3n entre el Ministerio P\u00fablico, los Jueces 33 Penal Municipal, (2) jueces, la Procuradur\u00eda (2 procuradores), la Fiscal\u00eda (3) fiscales y la Defensor\u00eda P\u00fablica (3) defensores p\u00fablicos, adem\u00e1s de los apoderados de la \u201cv\u00edctima\u201d y de los testigos, que produjeron una sentencia que va en contra v\u00eda con el Derecho Penal y con el Derecho Civil, que se inici\u00f3 con base en denuncia falsa elaborada por ANTONIO CANCINO, hijo del Defensor del Presidente ERNESTO SAMPER bajo cuyo gobierno se produjo el secuestro de mi poderdante, el Padre Barahona y que cont\u00f3 con la participaci\u00f3n (y responsabilidad) de m\u00e1s de 70 personas. Esta Colusi\u00f3n penalmente tiene nombres y se denomina fraude procesal en concierto para delinquir, pues construyeron un proceso falso, tergiversando \u201crazonablemente\u201d hechos y pruebas, vulnerando las normas de aducci\u00f3n, valoraci\u00f3n y recaudo probatorio y birlando dentro del proceso mis derechos fundamentales al debido proceso en lo referente al derecho de defensa, contradicci\u00f3n y lealtad procesal\u00bb. <\/p>\n
3.2.2. En atenci\u00f3n a dicha denuncia, y en ejercicio de las facultades extra petita de que est\u00e1 investido el juez constitucional1, la Hom\u00f3loga Penal estim\u00f3 necesario escindir la queja y remitir las diligencias a esta Sala, comoquiera que se advirti\u00f3 \u00abal verificar el aplicativo de Consulta de Procesos de la p\u00e1gina Web de la Rama Judicial, (\u2026) que este proceso se encuentra en la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, surtiendo un recurso extraordinario de casaci\u00f3n\u00bb. De manera que el t\u00f3pico correspond\u00eda avocarlo a esta Sala Especializada \u00abpor la necesidad de vincular al contradictorio a la Sala de Casaci\u00f3n Penal\u00bb. <\/p>\n
3.2.3. V\u00e9ase que tal apreciaci\u00f3n se halla conforme a lo reglado en el Decreto 333 del 2021, que modific\u00f3 el Decreto 1069 del 2015, que en su numeral 7 consagra que \u00ablas acciones de tutela dirigidas contra la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a la misma Corporaci\u00f3n y se resolver\u00e1 por la Sala de Decisi\u00f3n, Secci\u00f3n o Subsecci\u00f3n que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el art\u00edculo 2.2.3.1.2.4 del presente decreto\u00bb. Por ende, al ser extensiva la queja a la Sala de Casaci\u00f3n Penal, el competente para conocerla en primera instancia se reitera, era la Sala Civil de esta Corte. <\/p>\n
4.- La misma situaci\u00f3n se predica respecto del numeral segundo del escrito del accionante, en el que asever\u00f3 que este Despacho \u00absacando del cubilete m\u00e1gico una acci\u00f3n nueva, sin haberla incoado el suscrito, abusando del poder y del derecho y con fines perversos, lo cual es tambi\u00e9n motivo de censura en este escrito, por cuanto se arremete por todos los medios contra mis derechos fundamentales al debido proceso, que no tiene otro fin que buscar mi EJECUCION EXTRALEGAL o MI DESAPARICION FORZADA, por lo cual desde ya, responsabilizo, como lo he venido haciendo, a la Corte Suprema de Justicia, entre otras autoridades\u00bb. <\/p>\n
Tal argumentaci\u00f3n tampoco se circunscribe a ninguna de las causales de anulaci\u00f3n, por lo que no es posible admitir los alegatos esgrimidos por el actor a trav\u00e9s del incidente de desacato. Ello so pena de desconocer los principios de especificidad y taxatividad que caracterizan esta especial figura procesal. <\/p>\n
5.- Por otro lado, se conceder\u00e1 la impugnaci\u00f3n formulada. <\/p>\n
Conforme a lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
III. RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: NEGAR la solicitud de nulidad de la sentencia STC12947-2021 del 01 de octubre de 2021. <\/p>\n
SEGUNDO: CONCEDER la impugnaci\u00f3n propuesta por el se\u00f1or Hu\u00e9rfano contra la sentencia STC12947-2021 del 01 de octubre anterior, aprobada en Sala de Decisi\u00f3n virtual del 29 de septiembre, para que se surta ante la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n. En consecuencia, rem\u00edtase la actuaci\u00f3n para los fines pertinentes. <\/p>\n
TERCERO: Por Secretar\u00eda, comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto al interesado mediante el medio m\u00e1s expedito y eficaz, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 16 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 As\u00ed lo ha sostenido la Corte Constitucional en reiteradas ocasiones. V\u00e9ase que en sentencia SU-484 del 2008, citada en T-104 del 2018 asever\u00f3 lo siguiente: \u00abEn consideraci\u00f3n a la naturaleza fundamental de los derechos amparados por la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, el r\u00e9gimen de la tutela est\u00e1 dotado de una mayor laxitud que el resto de las acciones jur\u00eddicas. En efecto, mientras que el pronunciamiento judicial ultra y extra petita est\u00e1 vedado en materia civil, de conformidad con lo dispuesto por el art\u00edculo 305 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, al juez de tutela le est\u00e1 permitido entrar a examinar detenidamente los hechos de la demanda para que, si lo considera pertinente, entre a determinar cu\u00e1les son los derechos fundamentales vulnerados y\/o amenazados, disponiendo lo necesario para su efectiva protecci\u00f3n. No en vano la Corte Constitucional ha sostenido que: <\/p>\n
\u201c(\u2026) dada la naturaleza de la presente acci\u00f3n, la labor del juez no debe circunscribirse \u00fanicamente a las pretensiones que cualquier persona exponga en la respectiva demanda, sino que su labor debe estar encaminada a garantizar la vigencia y la efectividad de los preceptos constitucionales relativos al amparo inmediato y necesario de los derechos fundamentales. En otras palabras, en materia de tutela no s\u00f3lo resulta procedente sino que en algunas ocasiones se torna indispensable que los fallos sean extra o ultra petita. Argumentar lo contrario significar\u00eda que si, por ejemplo, el juez advierte una evidente violaci\u00f3n, o amenaza de violaci\u00f3n de un derecho fundamental como el derecho a la vida, no podr\u00eda ordenar su protecci\u00f3n, toda vez que el peticionario no lo adujo expresamente en la debida oportunidad procesal. Ello equivaldr\u00eda a que la administraci\u00f3n de justicia tendr\u00eda que desconocer el mandato contenido en el art\u00edculo 2o superior y el esp\u00edritu mismo de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, pues -se reitera- la vigencia de los derechos constitucionales fundamentales es el cimiento mismo del Estado social de derecho.\u201d (Subraya fuera de texto)\u00bb. <\/p>\n
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