SC5034-2021 (2008-00625-01)<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
SC5034-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-31-03-023-2008-00625-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de once de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dos (2) de diciembre de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por Carlos Julio Guerrero Hern\u00e1ndez contra la sentencia proferida el 16 de mayo de 2018, por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, dentro del Juicio ordinario que el recurrente y Purificaci\u00f3n Guerrero Hern\u00e1ndez promovieron contra Luz Mary y Jes\u00fas Guerrero Hern\u00e1ndez y la sociedad Servientrega S.A. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los promotores promovieron el juicio en estudio para que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas: <\/p>\n
a) \u00abQue se declare que entre los se\u00f1ores LUZ MARY GUERRERO HERN\u00c1NDEZ y\/o JES\u00daS GUERRERO HERN\u00c1NDEZ, y\/o la Sociedad SERVIENTREGA S.A., por una parte, y por la otra los se\u00f1ores PURIFICACI\u00d3N GUERRERO HERN\u00c1NDEZ y\/o CARLOS JULIO GUERRERO HERN\u00c1NDEZ, existe un acuerdo en virtud del cual los primeros se obligaron a transferir a cada uno de los demandantes, un n\u00famero de acciones o cuotas de las sociedades SERVIENTREGA S.A. (antes SERVIENTREGA LTDA.) equivalente al cinco por ciento (5%) del capital suscrito de la mencionada sociedad, y\/o de Transurbano Ltda., y\/o Efectivo S.A. (Ahora Circulante S.A.), y\/o Tim\u00f3n S.A., y\/o Global Management S.A. y\/o Efectivo Ltda., y\/o de las inversiones y sociedades que se constituyeran en desarrollo del objeto social de Servientrega a saber: Uni\u00f3n Temporal Sett, Servientrega S.A. Estados Unidos, Servientrega S.A. Ecuador, Servientrega S.A. Venezuela, Servientrega S.A. Panam\u00e1, Talentum Temporal Ltda. y C.V. Cargo S.A. (antes Colvuelos Limitada, propietaria del establecimiento de comercio C.V. Logistics S.A.)\u00bb. <\/p>\n
Como pretensi\u00f3n consecuencial de la anterior, pidieron declarar que los convocados incumplieron el mentado acuerdo y se les condene a transferirles \u00abun n\u00famero total de acciones o cuotas que representen el equivalente al 5% del capital de la sociedad SERVIENTREGA S.A. de la fecha en que se celebr\u00f3 el acuerdo entre las partes o su equivalente en dinero\u00bb; que son civilmente responsables por el incumplimiento, por lo que debe impon\u00e9rseles el pago \u00aben especie o dinero\u00bb de los perjuicios que dicho incumplimiento les caus\u00f3 \u00ablo que incluye, sin limitarse a ello, el da\u00f1o derivado de la imposibilidad que tuvieron [\u2026] de ejercer sus derechos corno accionistas o socios de la sociedades de que trata la mencionada pretensi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Como segunda pretensi\u00f3n principal instaron \u00abse declare que entre los se\u00f1ores LUZ MARY GUERRERO HERN\u00c1NDEZ y\/o JES\u00daS GUERRERO HERN\u00c1NDEZ, y\/o la Sociedad SERVIENTREGA S.A., por una parte, y por la otra los se\u00f1ores PURIFICACI\u00d3N GUERRERO HERN\u00c1NDEZ y\/o CARLOS JULIO GUERRERO HERN\u00c1NDEZ, existe un acuerdo en virtud del cual los primeros se obligaron a transferir a cada uno de los demandantes, un n\u00famero de acciones o cuotas de la sociedad SERVIENTREGA INTERNACIONAL S.A. equivalente al cinco por ciento (5%) del capital suscrito de la mencionada sociedad\u00bb. <\/p>\n
Como pretensiones consecuenciales de esta, deprecaron la declaratoria de incumplimiento de los interpelados a sus compromisos, se les imponga transferir \u00aba favor de CARLOS JULIO GUERRERO un n\u00famero de acciones o cuotas que representen el equivalente al tres por ciento (3%) del capital de la sociedad SERVIENTREGA INTERNACIONAL S.A. de la fecha en que se celebr\u00f3 el acuerdo entre las partes, o su equivalente en dinero\u00bb y a PURIFICACI\u00d3N GUERRERO HERN\u00c1NDEZ en iguales t\u00e9rminos la participaci\u00f3n del 3% en la mentada sociedad. <\/p>\n
As\u00ed mismo, se les declare civilmente responsables por el incumplimiento y condene al pago de los perjuicios que les ocasionaron por causa de este. <\/p>\n
Como pretensi\u00f3n complementaria a los pedimentos primero y segundo principal, pidieron se les imponga \u00abpagar los correspondientes intereses moratorios capitalizados liquidados hasta el momento en que el pago se verifique efectivamente y que todas las condenas se actualicen hasta el momento en que el pago se verifique efectivamente\u00bb. <\/p>\n
2. En respaldo narraron los hechos relevantes que admiten el siguiente compendio. <\/p>\n
2.1. Concepci\u00f3n Guerrero Guerrero y Rosa Helena Hern\u00e1ndez contrajeron matrimonio dentro del cual nacieron \u00abonce hijos: In\u00e9s, Florentina, Purificaci\u00f3n, Luz Mary, Eugenio, Jes\u00fas, Rosa Helena, Carlos Julio, Mar\u00eda Eugenia, Liria Flor y Edelmira\u00bb. <\/p>\n
2.2. En la d\u00e9cada de los 70 Jes\u00fas y Luz Mary Guerrero Hern\u00e1ndez proyectaron la creaci\u00f3n de la empresa que se conoce hoy como Servientrega, la cual permaneci\u00f3 como sociedad de hecho por alg\u00fan tiempo y a la cual los se\u00f1ores \u00abEugenio, Rosa, Purificaci\u00f3n y Carlos Julio Guerrero Hern\u00e1ndez aportaron su trabajo y experiencia para el desarrollo de la sociedad\u00bb, \u00aben calidad de socios de hecho\u00bb hasta el 29 de noviembre de 1982 cuando mediante escritura p\u00fablica 2120 de la Notar\u00eda 11 de Bogot\u00e1 se constituy\u00f3 como sociedad de responsabilidad limitada, sin que, pese a su condici\u00f3n, les fuera reconocida \u00abuna participaci\u00f3n en el capital de la sociedad\u00bb, pero reconoci\u00e9ndoles \u00abbeneficios tales como personal de escolta, gastos de veh\u00edculos blindados y otorgamiento de tarjetas de cr\u00e9dito que son pagadas por la sociedad, como reconocimiento a su calidad de socios de hecho\u00bb. <\/p>\n
2.3. Adujeron que, desde la etapa preoperativa \u00abel se\u00f1or Concepci\u00f3n Guerrero Guerrero prest\u00f3 apoyo econ\u00f3mico a la sociedad para su expansi\u00f3n, mediante el otorgamiento de cr\u00e9ditos y la cesi\u00f3n de una casa para que la sociedad estableciera sus oficinas. Se le denomin\u00f3 \u00absocio estrat\u00e9gico\u00bb para acreditar su calidad y los aportes que efectu\u00f3\u00bb, los cuales fueron significativos, como fue la casa ubicada en la carrera 31A N\u00b0 4-16 de Bogot\u00e1, aportada para que all\u00ed funcionaria Servientrega, y en el segundo piso viv\u00edan todos los hermanos. <\/p>\n
2.4. Aseguraron que \u00ab[E]n el a\u00f1o de 1986, se pact\u00f3 verbalmente entre el se\u00f1or Concepci\u00f3n Guerrero Guerrero y sus hijos Jes\u00fas y Luz Mary, que en virtud del apoyo prestado por el primero a la expansi\u00f3n de Servientrega, se le reconocer\u00eda una participaci\u00f3n en el capital de la mencionada sociedad equivalente a un veinte por ciento (20%) del total del capital social\u00bb. <\/p>\n
2.5. Indicaron que \u00ab[M]ediante Escritura P\u00fablica No. 252 de la Notar\u00eda 4\u00aa de Bogot\u00e1, de enero 26 de 1985 se constituy\u00f3 la sociedad Ultraservicios Ltda., con capital aportado directa o indirectamente por los se\u00f1ores Purificaci\u00f3n y Carlos Julio Guerrero Hern\u00e1ndez\u00bb, pero ante el deseo de Concepci\u00f3n Guerrero \u00ablos socios de Ultraservicios Ltda. en acuerdo con los se\u00f1ores Jes\u00fas y Luz Mary Guerrero, decidieron aportar los bienes, capital clientela de propiedad de la sociedad Ultraservicios Ltda. a favor de la sociedad Servientrega Ltda. (hoy Servientrega S.A.), por cuya virtud la primera ser\u00eda absorbida por la segunda\u00bb, fruto de lo cual se transfiri\u00f3 a Servientrega \u00abla totalidad de bienes materiales e inmateriales de Ultraservicios Ltda.\u00bb y los se\u00f1ores Carlos Julio y Purificaci\u00f3n Guerrero \u00abingresaron nuevamente a hacer parte de la administraci\u00f3n de Servientrega, en cargos directivos de manejo y confianza, como reconocimiento a los aportes efectuados\u00bb. <\/p>\n
2.6. Sostuvieron que el acuerdo de fusi\u00f3n nunca fue elevado a escritura p\u00fablica \u00aba pesar de que la empresa de Ultraservicios Ltda., y sus bienes fueron totalmente absorbidos por Servientrega. Tal y como consta en declaraci\u00f3n juramentada del se\u00f1or Concepci\u00f3n Guerrero Guerrero de fecha abril 2 de 2003, rendida ante el Notario 10 del C\u00edrculo de Bogot\u00e1, el mencionado acuerdo fue consignado en una minuta para ser otorgado como escritura p\u00fablica, pero por razones de conveniencia \u00abse posterg\u00f3 su firma\u00bb, como consecuencia de lo cual a Carlos Julio y Purificaci\u00f3n Guerrero Hern\u00e1ndez no se le entregaron las cuotas o derechos en Servientrega Ltda. que les habr\u00edan correspondido como resultado de la formalizaci\u00f3n de la fusi\u00f3n por absorci\u00f3n\u00bb y desde el 31 de diciembre de 1995 la sociedad Ultraservicios Ltda., se encuentra disuelta y en estado de liquidaci\u00f3n. <\/p>\n
2.7. \u00abEl d\u00eda 26 de enero de 1996 se realiz\u00f3 la Junta de Socios de Servientrega con el objeto de discutir la transformaci\u00f3n de la sociedad al tipo de las an\u00f3nimas, reuni\u00f3n a la cual asistieron los socios Luz Mary, Jes\u00fas, Rosa, Purificaci\u00f3n y Carlos Julio Guerrero Hern\u00e1ndez y el Se\u00f1or Concepci\u00f3n Guerrero Guerrero. En la mencionada reuni\u00f3n se pact\u00f3 que se entregar\u00eda \u00abparticipaci\u00f3n accionaria\u00bb en Servientrega Internacional a los se\u00f1ores Rosa, Mar\u00eda Eugenia, Liria Flor y Edelmira Guerrero Hern\u00e1ndez, quienes hasta esa fecha no ten\u00edan participaci\u00f3n formal en la mencionada sociedad\u00bb, a\u00f1o para el cual los acuerdos celebrados no hab\u00edan sido cumplido por los demandados, pues \u00abni al se\u00f1or Concepci\u00f3n Guerrero Guerrero, ni a sus hijos Carlos Julio y Purificaci\u00f3n Guerrero Hern\u00e1ndez se les hab\u00eda reconocido aporte alguno en el capital de Servientrega\u00bb. <\/p>\n
2.8. En el mes de junio de 1996 se realiz\u00f3 una reuni\u00f3n con la asistencia del \u00abse\u00f1or Concepci\u00f3n Guerrero Guerrero y sus hijos Eugenio, Carlos Julio, Purificaci\u00f3n y Rosa Guerrero Hern\u00e1ndez, as\u00ed como los se\u00f1ores Cario Alberto Valderrama y Sara Guabita; y los se\u00f1ores Luz Mary y Jes\u00fas Guerrero Hern\u00e1ndez, hall\u00e1ndose as\u00ed igualmente representada la sociedad Servientrega\u00bb, en donde se discuti\u00f3 lo referente a la participaci\u00f3n del primero en un 20% y el hecho de que \u00abpor el aporte de la totalidad de la empresa y bienes de Ultraservicios Ltda. a favor de Servientrega, no se les hab\u00eda reconocido a los se\u00f1ores Carlos Julio y Purificaci\u00f3n Guerrero ninguna participaci\u00f3n en el capital d Servientrega, y que en tal sentido era necesario lograr un acuerdo con el cual se superaran dicha, controversias\u00bb. <\/p>\n
2.9. All\u00ed se pact\u00f3 \u00abentre los se\u00f1ores Luz Mary Guerrero Hern\u00e1ndez, Jes\u00fas Guerrero Hern\u00e1ndez (en nombre propio y como ‘representantes legales de Servientrega) y la sociedad Servientrega por una parte, y los se\u00f1ores Concepci\u00f3n Guerrero Guerrero, Eugenio, Carlos, Purificaci\u00f3n y Rosa Guerrero Hern\u00e1ndez, por la otra, que para resolver la diferencias existentes entre ellos, se adelantar\u00eda un proceso de \u00abDemocratizaci\u00f3n Accionaria\u00bb de Servientrega como mecanismo para superar todas las controversias surgidas hasta la fecha con relaci\u00f3n al capital de Servientrega, originadas con ocasi\u00f3n del incumplimiento de los acuerdos alcanzados entre las partes anteriormente, dada la propuesta que en tal sentido realiz\u00f3 Luz Mery Guerrero Hern\u00e1ndez y’ que fue aceptada por la totalidad de los miembros de la familia Guerrero intervinientes en la reuni\u00f3n\u00bb. Conviniendo, adem\u00e1s, que \u00abse transferir\u00eda a cada uno de los se\u00f1ores Carlos Julio, Purificaci\u00f3n, Eugenia y Rosa Guerrero Hern\u00e1ndez, individualmente considerados, un n\u00famero total de cuotas equivalente al cinco por ciento (5%) del total de las cuotas en circulaci\u00f3n de la Sociedad Servientrega, as\u00ed como de cuotas o acciones en sus sociedades vinculadas e inversiones, convirti\u00e9ndose as\u00ed formalmente en socios de las mismas\u00bb, de lo cual \u00abse dej\u00f3 sentada un acta y se orden\u00f3 al Departamento Jur\u00eddico de Servientrega que elaborara las minutas necesarias para otorgar la escritura p\u00fablica mediante la cual se formalizar\u00eda el acuerdo alcanzado\u00bb, encarg\u00e1ndose de ello al se\u00f1or Carlos Valderrama. <\/p>\n
2.10. La minuta se llev\u00f3 a la reuni\u00f3n de la familia Guerrero a desarrollar en Cartagena en diciembre de 1995 (sic) para su aprobaci\u00f3n, sin que a \u00e9sta asistiera Luz Mary Guerrero, enviando en su reemplazo a una abogada \u00ablo que impidi\u00f3 que el referido acuerdo fuera posteriormente suscrito\u00bb. <\/p>\n
2.12. En una nueva reuni\u00f3n del \u00abConsejo Familiar Guerrero\u00bb del 3 de enero de 1997 se tom\u00f3 la decisi\u00f3n de transformar a Servientrega en sociedad an\u00f3nima, incluyendo a los actores como accionistas y en otra del 7 de septiembre de ese mismo a\u00f1o \u00abse adopt\u00f3 la decisi\u00f3n de requerir a los se\u00f1ores Luz Mary y Jes\u00fas Guerrero Hern\u00e1ndez para dar cumplimiento al proceso de \u00abDemocratizaci\u00f3n Accionaria\u00bb de Servientrega, sin que hasta la fecha se haya procedido de conformidad\u00bb. <\/p>\n
2.13. El llamado acuerdo de \u201cDemocratizaci\u00f3n accionaria\u201d se cumpli\u00f3 parcialmente a favor de los actores mediante la trasferencia de acciones de la sociedad Global Management S.A., Efectivo S.A. (ahora Circulante S.A.), Tim\u00f3n S.A., y de Purificaci\u00f3n en Servientrega Internacional S.A., seg\u00fan lo detalla en los hechos 3.21, 3.22, 3.23, 3.24 de la demanda. <\/p>\n
2.14. Los reclamantes han requerido en m\u00faltiples oportunidades a los llamados a juicios para que procedan al proceso de \u00abdemocratizaci\u00f3n accionaria\u00bb de Servientrega S.A., sin recibir respuesta favorables, como se advierte de las comunicaciones enlistadas en el hecho 3.25 del escrito inicial, persistiendo en su renuencia aduciendo, \u00abque no est\u00e1n en condiciones para permitir el ingreso de nuevos socios, o condicionan la admisi\u00f3n al hecho que uno de los hermanos (ya sea Jes\u00fas o Luz Mary Guerrero Hern\u00e1ndez) ceda su capital a favor de Carlos Julio y\/o Purificaci\u00f3n Guerrero Hern\u00e1ndez, como presupuesto para que el otro proceda de igual manera\u00bb. <\/p>\n
2.15. Plantearon que \u00abnunca han recibido en su totalidad las utilidades por parte de Servientrega S.A., Servientrega Internacional S.A., y las sociedades que se encuentran incluidas dentro del acuerdo de \u00abDemocratizaci\u00f3n Accionaria\u00bb\u00bb, siendo Servientrega \u00abpropietaria o controlante\u00bb de las sociedades Uni\u00f3n Temporal Sett, Servientrega S.A. Estados Unidos, Servientrega S.A. Ecuador, Servientrega S.A. Venezuela, Servientrega S.A. Panam\u00e1, Talentum Temporal Ltda. y C.V. Cargo S.A. (antes Colvuelos Limitada, propietaria del establecimiento de comercio C. V. log\u00edstics S.A.), de las cuales tampoco han recibido utilidades ni han podido ejercer los derechos que en la calidad de socios deber\u00edan ostentar si se hubiera dado cumplimiento al acuerdo de democratizaci\u00f3n. <\/p>\n
2.16. Las sociedades antes mencionadas \u00abque han surgido con ocasi\u00f3n del objeto social de Servientrega, se reputan entonces comprendidas en el acuerdo de \u00abDemocratizaci\u00f3n Accionaria\u00bb\u00bb, cuyo incumplimiento les ha impedido acceder a las utilidades y al \u00abderecho de preferencia en la colocaci\u00f3n de nuevas acciones y a recibir acciones en virtud de las capitalizaciones que se han realizado\u00bb y varias de estas sociedades \u00absurgidas con ocasi\u00f3n del desarrollo del objeto social de Servientrega, las cuales se reputan incluidas dentro del acuerdo de \u00abDemocratizaci\u00f3n Accionaria\u00bb se re\u00fanen bajo la direcci\u00f3n del denominado Grupo Empresarial Sinergia\u00bb. <\/p>\n
3. La causa as\u00ed planteada fue admitida por el Juzgado 23 Civil del Circuito de Bogot\u00e1 el 3 de diciembre de 2008, ordenando el enteramiento de los interpelados (fl. 174 Cd 1 ppal.), <\/p>\n
4. Puestos a juicio los demandados replicaron la demanda, pronunci\u00e1ndose de diversa forma frente a los hechos negando unos, aceptando otros y estarse a lo probado en muchos y formulando excepciones previas y de m\u00e9rito. <\/p>\n
5. En el desarrollo de la instancia la se\u00f1ora Purificaci\u00f3n Guerrero Hern\u00e1ndez present\u00f3 desistimiento de todas sus pretensiones (fl. 3 Cd 1 T. 2), el cual fue aceptado el 29 de abril de 2013 (fl. 31 Cd 1 T. 2). <\/p>\n
6. Carlos Julio Guerrero Hern\u00e1ndez desisti\u00f3 de sus reclamaciones respecto de Jes\u00fas Guerrero Hern\u00e1ndez, continuando la acci\u00f3n frente a los restantes (fl. 364 Cd 1 T. 2), lo que fue aceptado el 16 de diciembre de 2016 (fl. 369 Cd 1 T.2). <\/p>\n
7. Agotado el tr\u00e1mite la instancia el Juzgado 46 Civil del Circuito de Bogot\u00e1 -a quien le fue reasignado el asunto- profiri\u00f3 sentencia el 25 de abril de 2017, desestimando la totalidad de las pretensiones. (fl. 377 Cd 1 T. 2). <\/p>\n
8. Al desatar la alzada planteada por el extremo vencido, las Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, con sentencia de 16 de mayo de 2018, confirm\u00f3 el fallo de primer grado (fl. 115 Cd Trib.). <\/p>\n
II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Tras la usual remembranza de los antecedentes del caso, de los fundamentos de la decisi\u00f3n de primer grado y los esbozados por el apelante, precis\u00f3 que su determinaci\u00f3n se ce\u00f1ir\u00eda a los argumentos de la apelaci\u00f3n, y que se limitaron al \u00abindebido an\u00e1lisis del material probatorio en que incurri\u00f3 el juez de primera instancia; el segundo el relacionado con el error en la determinaci\u00f3n y el alcance del problema jur\u00eddico planteado; el tercero, el que tiene que ver con el alcance que se le dio por parte del juez de primera instancia el acto de desistimiento procesal efectuado por parte de mi representado frente a uno de los demandados; el cuarto punto del error en la valoraci\u00f3n de la no inclusi\u00f3n de un activo econ\u00f3mico en la sucesi\u00f3n del padre de los sujetos procesales personas naturales el se\u00f1or Concepci\u00f3n Guerrero Guerrero y el \u00faltimo relacionado con la calificaci\u00f3n del acto como Promesa de contrato\u00bb (minuto 0.09.39 Aud. Alegatos Trib.). <\/p>\n
Para atender dichos reparos sostuvo, de manera liminar que, pese al yerro del juzgador de primer grado cuando indic\u00f3 que se trataba de una acci\u00f3n de cumplimiento, \u00ablo cierto es, que analiz\u00f3 lo atinente a la existencia y validez del negocio jur\u00eddico del que se pretende su cumplimiento: al respecto, eso es, el acuerdo de democratizaci\u00f3n accionaria; mem\u00f3rese que dicho funcionario tras valorar las probanzas que militan en el expediente, no lo tuvo por acreditado, raz\u00f3n en la que fund\u00f3 el fallo que hoy es objeto de impugnaci\u00f3n\u00bb; desacierto que igualmente se present\u00f3 al citar el art\u00edculo 119 del C\u00f3digo de Comercio, \u00abaun cuando la parte recurrente a la hora de alegar de conclusi\u00f3n hubiera se\u00f1alado que se trataba de una promesa de suscribir un contrato de sociedad, pues analizada la pretensi\u00f3n principal as\u00ed como el sustento t\u00e1ctico del libelo introductorio, advierte la Sala que no tienen relaci\u00f3n con ese tipo negocio, sino m\u00e1s bien se trata de la declaraci\u00f3n de existencia de un acto o acuerdo preparatorio en virtud del cual, los demandados se comprometieron a transferirle un n\u00famero de acciones g cuotas de inter\u00e9s de las sociedades relacionadas en el petitum (trat\u00e1ndose de sociedades ya existentes), y sabido es, que ese tipo de transacciones es de orden consensual\u00bb, lo cual en todo caso calific\u00f3 de intrascendente, pues el problema jur\u00eddico fue bien enfocado. <\/p>\n
Partiendo de dicha premisa se adentr\u00f3 en el an\u00e1lisis de la declaraci\u00f3n extrajuicio de Concepci\u00f3n Guerrero Guerrero, del cual asegur\u00f3 \u00abno necesita su ratificaci\u00f3n\u00bb, pero que de todas formas \u00abno tiene el peso suficiente para arribar a las conclusiones pretendidas\u00bb y de los diversos instrumentos probatorios que en oportunidad se anexaron al legajo, para extraer como colof\u00f3n, que \u00abel recurrente no cumpli\u00f3 con su carga demostrativa que le incumb\u00eda, pues a voces del art\u00edculo 167 del C\u00f3digo General del Proceso, el cual debe armonizarse con lo que disciplina el canon 1757 del C\u00f3digo Civil, \u201c[i]ncumbe probar las obligaciones o su extinci\u00f3n al que alega aqu\u00e9llas o \u00e9sta\u201d, porque \u201csiempre la necesidad de probar incumbe a aqu\u00e9l, que demanda (Semper necessitas probandu incumb\u00ed Illi, qui agit\u00bb), raz\u00f3n por la cual se impone confirmar la sentencia impugnada. En otras palabras, mal podr\u00eda esta Sala de Decisi\u00f3n declarar la existencia del acuerdo de democratizaci\u00f3n accionario con base en afirmaciones que quedaron hu\u00e9rfanas de prueba, porque sin duda no es posible sustentar un fallo en meras suposiciones\u00bb. \u00abAhora, el hecho de que no se hubiera inventariado el presunto derecho econ\u00f3mico que el Se\u00f1or Concepci\u00f3n Guerrero Guerreo ten\u00eda respecto a la sociedad demandada nada cambia la suerte de la decisi\u00f3n, pues pese a la informalidad en que se dice acaeci\u00f3 el acuerdo de democratizaci\u00f3n accionaria, lo cierto es que los elementos de convicci\u00f3n que obran en el plenario no fueron suficientes para tenerlo por cierto, y en ese orden para derivar el cumplimiento pretendido\u00bb. <\/p>\n
Remat\u00f3 el colegiado diciendo que \u00ablos reparos y la sustentaci\u00f3n de los mismos se quedan sin sustento f\u00e1ctico ni probatorio, siendo que, tal como ha sido valorada la prueba es claro que de la misma no pueden colegirse los pretendidos indicios que en forma vaga y generalizada clam\u00f3 el apelante, quien por lo dem\u00e1s, ning\u00fan esfuerzo hizo en torno a explicar por qu\u00e9, en concreto, err\u00f3 el juez de primera instancia en tal labor\u00edo, y por qu\u00e9 s\u00ed era dable tal conclusi\u00f3n, se\u00f1alando pues cu\u00e1l o cu\u00e1les eran los hechos conocidos y debidamente probados que, en conjunto con el resto del material probatorio v\u00e1lidamente incorporado al proceso, llevaban con certeza al hecho desconocido no probado, con un raciocinio l\u00f3gico jur\u00eddico apropiado, acorde con su gravedad, concordancia y convergencia, en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 240 y ss., del CGP\u00bb. <\/p>\n
II. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
La acusaci\u00f3n se erigi\u00f3 sobre dos (2) cargos, apoyados en la causal segunda de casaci\u00f3n, prevista en el art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, esto es, violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial. <\/p>\n
CARGO PRIMERO: <\/p>\n
Acusa la sentencia de ser indirectamente violatoria, \u00abpor causa del error de derecho [\u2026], de los art\u00edculos 1546, 1602, 1603, 1610, 1613 y 1615 del C\u00f3digo Civil, as\u00ed como de los art\u00edculos 379 y 399 del C\u00f3digo de Comercio, por falta de aplicaci\u00f3n, con infracci\u00f3n de medio de los art\u00edculos 42 ordinal 4\u00b0, 169 y 170 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb perfilado, en estrictez, al incumplimiento por parte del juzgador del deber de decretar pruebas de oficio, \u00abpara impedir sentencias abiertamente injustas, al punto, incluso, de que su desatenci\u00f3n implica la vulneraci\u00f3n de los derechos constitucionales de la parte, como de manera elocuente lo ponen de presente los precedentes jurisprudenciales rese\u00f1ados, es menester advertir que es este uno de aquellos casos en los cuales la desidia de los juzgadores de instancia ha venido amenazando la trasgresi\u00f3n de los derechos fundamentales del demandante\u00bb, citando in extenso precedentes que sobre la tem\u00e1tica ha proferido esta Corte. <\/p>\n
Para la sustentaci\u00f3n comienza por indicar, en lo medular, que el primer mandatario de confianza del actor renunci\u00f3 al cargo desde el 11 de marzo de 2013, siendo aceptada en 29 de abril siguiente, sin que se le hubiera notificado debida y oportunamente de este hecho al mandante, quedando este en indefensi\u00f3n en el litigio, puesto que por un acto negligente del empleado del juzgado se remiti\u00f3 la comunicaci\u00f3n correspondiente a la direcci\u00f3n indicada, pero en la ciudad de Bogot\u00e1, cuando realmente era en Barranquilla, por lo que no recibi\u00f3 aquella misiva \u00aby, en la pr\u00e1ctica, qued\u00f3 en estado de indefensi\u00f3n hasta el 5 de mayo de 2015, cuando se le reconoci\u00f3 personer\u00eda a su nuevo apoderado (poder que fue allegado el 10 de marzo de ese a\u00f1o)\u00bb, luego no cont\u00f3 con apoderado por espacio de casi dos a\u00f1os, lo que se vio agravado con el traslado del expediente a otro juzgado. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que \u00ab[E]n ese lapso se surti\u00f3, veladamente para el actor, la etapa probatoria del proceso, de manera que le fue absolutamente imposible gestionar la pr\u00e1ctica de las pruebas que le incumb\u00edan y controvertir las practicadas. En consecuencia, no puede enrostr\u00e1rsele que incurri\u00f3 en desidia al atender las cargas que le concern\u00edan o que las pruebas no se practicaron por su incuria, pues es patente que, por un descuido del aparato judicial, fue apartado del desenvolvimiento del juicio\u00bb. <\/p>\n
Precis\u00f3, que no es la intenci\u00f3n procurar la invalidaci\u00f3n de la actuaci\u00f3n, sino poner de presente que \u00abpor ese disparate del empleado del Juzgado se ha venido consumando la violaci\u00f3n de los derechos fundamentales del accionante y se han proferido los fallos de instancia manifiestamente injustos y alejados de la verdad de los hechos, adversidad que solamente pod\u00eda remediarse haciendo uso de las facultades oficiosas de las que ya se ha hecho menci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Acompasado con esto manifest\u00f3 que la parte actora ha insistido en el decreto oficioso de las pruebas, lo que ha sido deso\u00eddo por los juzgadores de instancia, siendo que, en su criterio, \u00ab[L]as pruebas que debieron decretarse de oficio y que, a pesar de haber sido oportunamente pedidas y ordenadas, no pudieron practicarse por la situaci\u00f3n rese\u00f1ada son las relativas a las declaraciones de CARLOS ALBERTO VALDERRAMA ORJUELA, CARLOS MARIO ZAPATA, AUGUSTO LEIVA SAMPER y ROSA, EUGENIO, MAR\u00cdA FLORENTINA, LIRIA FLOR, MAR\u00cdA EUGENIA y JAZM\u00cdN GUERRERO HERN\u00c1NDEZ. As\u00ed como los oficios que deb\u00edan gestionarse ante la C\u00e1mara de Comercio y la Notar\u00eda 30 del C\u00edrculo de Bogot\u00e1. Igualmente, la inspecci\u00f3n judicial con intervenci\u00f3n de perito\u00bb, por haber sido imposible al actor velar por su realizaci\u00f3n, \u00abhabida cuenta que fue apartado del desenvolvimiento del litigio en cuanto no fue enterado de la renuncia de su apoderado, motivo por el cual el proceso prosigui\u00f3 a sus espaldas sin que pudiera contar con asesor\u00eda legal y, de contragolpe, sin poder gestionar lo pertinente para que esas pruebas se hubiesen recaudado y sin que hubiese podido controvertir eficazmente las que realmente se llevaron a cabo\u00bb. <\/p>\n
Es trascendente la desatenci\u00f3n endilgada, porque de haber incidido el tribunal en el mismo no hubiera confirmado el fallo apelado, ni colegido el incumplimiento del actor de la carga probatoria que le incumb\u00eda y con el recaudo de aquellas probanzas habr\u00eda tenido por probada la existencia del convenio alegado, con el consecuente reconocimiento de los derechos derivados de este. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Imput\u00f3 la trasgresi\u00f3n indirecta \u00abpor causa de los errores de apreciaci\u00f3n probatoria [\u2026], de los art\u00edculos 1546, 1602, 1603, 1610, 1613, 1615 y 1627 del C\u00f3digo Civil, as\u00ed como de los art\u00edculos 379 y 399 del C\u00f3digo de Comercio, todos ellos por falta de aplicaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Arguy\u00f3 error f\u00e1ctico, en lo que hace a la apreciaci\u00f3n del testimonio extraprocesal de Concepci\u00f3n Guerrero Guerrero, del interrogatorio del demandante Carlos Julio Guerrero Hern\u00e1ndez, el documento que obra a folio 875 y siguiente del cuaderno principal volumen 2, el memorando de fecha 3 de junio de 1997, elaborado por Luz Mary Guerrero Hern\u00e1ndez, de los escritos que obran a folios 112 a 121, algunos por omisi\u00f3n otros por tergiversaci\u00f3n. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pregon\u00f3 la existencia de error de derecho al restarle valor probatorio al acta 228 del 7 de julio de 1995 y no apreciar en conjunto las misivas enviadas por la parte actora a los demandados y los t\u00edtulos accionarios con las otras pruebas del proceso. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Valga la pena memorar el car\u00e1cter extraordinario que tiene el recurso de casaci\u00f3n y que est\u00e1 gobernado, en l\u00ednea de principio por el sistema dispositivo, circunstancia que impone que la demanda con la cual se sustente la impugnaci\u00f3n se ajuste a las formalidades que legal y jurisprudencialmente se han demarcado, entre estos, la exigencia de proponer un ataque completo o panor\u00e1mico, frente a las argumentaciones que soportan el fallo confutado, ante la presunci\u00f3n de legalidad y acierto con que estos vienen precedidos, por lo que el casacionista corre con la carga de desvirtuar dicha presunci\u00f3n, para lo cual deber\u00e1 derrumbar en su integridad los fundamentos en que aquella descansa, habida cuenta que, en el evento de estar soportada suficientemente en un razonamiento no controvertido, la sentencia saldr\u00eda indemne del ataque, por subsistir la vigencia de la aludida presunci\u00f3n, <\/p>\n
Justamente, en atenci\u00f3n a ese principio dispositivo que gobierna la s\u00faplica extraordinaria, le estar\u00eda vedado a la Corte asumir el examen respecto de aspectos frente a los cuales el censor no expres\u00f3 ninguna objeci\u00f3n. <\/p>\n
En esta tramitaci\u00f3n cobra relevancia el hecho de que este remedio procesal no ata\u00f1e al aspecto f\u00e1ctico de la controversia judicial (thema decidendum), por tanto no es una nueva oportunidad para reabrir el debate sobre lo que se prob\u00f3 o no en el curso de las instancias, amen que su finalidad primordial y directa lo constituye la sentencia recurrida extraordinariamente, como thema decissum, es decir el contenido del fallo proferido por el ad-quem, con el fin de dilucidar si en este el juzgador incurri\u00f3 en desaciertos reprochables, tanto en su labor de juzgamiento, como en los aspectos rituales (vicios de procedimiento), ambos transgresores de la ley, cuya ocurrencia y trascendencia pueda imponer el quiebre de la sentencia proferida. <\/p>\n
2. De acuerdo con las previsiones del numeral segundo del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, la sentencia es denunciable en casaci\u00f3n por \u00abLa violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial, como consecuencia de error de derecho derivado del desconocimiento de una norma probatoria, o por error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciaci\u00f3n de la demanda, de su contestaci\u00f3n, o de una determinada prueba\u00bb. <\/p>\n
2.1. El error de derecho ata\u00f1e a la apreciaci\u00f3n jur\u00eddica de la prueba, supone la conformidad con el contenido objetivo de \u00e9sta, pero se reclama su indebida estimaci\u00f3n, por mediar la violaci\u00f3n de normas de disciplina probatoria que ata\u00f1en con la aportaci\u00f3n, admisi\u00f3n, producci\u00f3n o estimaci\u00f3n de estas. Valga decir el yerro de derecho ocurre por <\/p>\n
\u00abla equivocada contemplaci\u00f3n jur\u00eddica de la prueba, tiene lugar cuando el juez interpreta erradamente las normas que regulan su producci\u00f3n o eficacia, o su evaluaci\u00f3n. De manera que su ocurrencia, tal cual se ha indicado, por lo general puede tener lugar en uno cualquiera de estos eventos: a) cuando se aprecia un medio que fue aducido sin la observancia de los requisitos necesarios para su producci\u00f3n, es decir, cuando se infringe el principio de legalidad; b) cuando no se eval\u00faa el medio de convicci\u00f3n allegado por estimar erradamente que fue obtenido en forma ilegal; c) cuando a la prueba se le confiere un valor persuasivo prohibido en la ley; d) cuando se le niega el m\u00e9rito probatorio a pesar de la ley otorgarle esa virtud; e) cuando se valora siendo una prueba inconducente; y, f) cuando se exige para probar determinado hecho o acto una prueba especial que la ley no requiere para ese efecto\u00bb. (CSJ. SC de 12 de feb. de 1998, Exp. 4730). <\/p>\n
Emerge de esto, que en el dislate de derecho el juez es consciente de la existencia del medio demostrativo en el plenario, pero al evaluarlo desatiende las preceptivas legales referidas a su aducci\u00f3n, incorporaci\u00f3n o eficacia legal. <\/p>\n
2.2. Existe desv\u00edo de hecho cuando el juzgador supone, omite o altera el contenido de los medios de convicci\u00f3n, siempre y cuando dicha anomal\u00eda tenga la connotaci\u00f3n de trascendente, por influir en la forma en que se desat\u00f3 el debate, de tal manera que de no haber ocurrido otro fuera el resultado; motivo por el cual, quien lo alega tiene a su cargo la tarea argumentativa de acreditar lo que aparece palmario o demostrado con contundencia, la protuberante inconsistencia entre lo que objetivamente se desprende de tales pruebas y las conclusiones de aqu\u00e9l, as\u00ed como la trascendencia del dislate sobre lo resuelto, amen \u00abque no cualquier yerro de esa estirpe es suficiente para infirmar un fallo en sede de casaci\u00f3n, sino que se requiere que sea manifiesto, porque si se edifica a partir de un complicado proceso dial\u00e9ctico, as\u00ed sea acertado, frente a unas conclusiones tambi\u00e9n razonables del sentenciador, dejar\u00eda de ser evidente, pues simplemente se tratar\u00eda de una disputa de criterios, en cuyo caso prevalecer\u00eda la del juzgador, puesto que la decisi\u00f3n ingresa al recurso extraordinario escoltada de la presunci\u00f3n de acierto\u00bb (CSJ SC de 9 de agosto de 2010, Rad. 2004-00524-01). <\/p>\n
Criterio que descansa en el hecho de que \u00abel juzgador de instancia, con sujeci\u00f3n a los aspectos objetivos y jur\u00eddicos de los medios de prueba, tiene la clara atribuci\u00f3n de estimarlos conforme a las reglas de la sana cr\u00edtica y arribar a las conclusiones pertinentes que sustenten el correspondiente fallo. Por esta raz\u00f3n en principio, tales conclusiones deber\u00e1n mantenerse, a menos que el sentenciador hubiese incurrido en error evidente de hecho o en error de derecho trascendente, para quebrar el fallo atacado\u00bb1; y en ese orden, la presunci\u00f3n de legalidad y acierto conque viene precedido el prove\u00eddo \u00abno se puede socavar mediante una argumentaci\u00f3n que se limite a esbozar un nuevo parecer, por ponderado o refinado que sea, toda vez que, in abstracto, tanto respeto le merece a la Sala el criterio que en esos t\u00e9rminos exponga la censura, como el que explicit\u00f3 el fallador para soportar su decisi\u00f3n judicial\u00bb (CSJ SC de 5 de feb. de 2001, Exp. n\u00b0 5811). <\/p>\n
En esa direcci\u00f3n, cuando se direccione la acusaci\u00f3n por esta senda, deber\u00e1 el recurrente poner de manifiesto la ocurrencia refulgente del dislate, que revele que el juicio formado por el juzgador es absolutamente contrario a la evidencia que aporta el expediente, lo que no encuentra venero en la sola disparidad de criterios, o diverso, pero razonable, entendimiento del material demostrativo allegado, que no es supuesto, tergiversado u omitido, sino, objetivamente apreciado por aquel. <\/p>\n
2.2.1. No obstante, cuando la tacha se apuntala en presuntas deficiencias en la valoraci\u00f3n de la prueba, no podr\u00e1 pasarse por alto que <\/p>\n
\u00abla discreta autonom\u00eda de que se encuentran dotados los juzgadores para el desarrollo de su compleja misi\u00f3n, apareja que el debate alrededor de la apreciaci\u00f3n y valoraci\u00f3n de las pruebas quede, en l\u00ednea de principio, cerrado definitivamente en las instancias, sin que, por ende, sea posible reabrirlo con ocasi\u00f3n de un recurso extraordinario, a menos que, en casos excepcionales, los yerros denunciados, a m\u00e1s de trascendentes, puedan ser calificados de notorios, palmarios o manifiestos, es decir, que su individualizaci\u00f3n y prueba aflore sin mayores esfuerzos, raciocinios o elucubraciones, al punto que resulte francamente inocultable para cualquiera e imponga el quiebre de una decisi\u00f3n judicial\u2019 (exp. 1997-09327), \u2018s\u00f3lo cuando la tesis que expone la censura es la \u00fanica admisible es procedente abrirle paso al recurso\u2019 (cas. civ. sentencia de 31 de enero de 2005, exp. 7872; se subraya), en cuanto el fallo judicial \u2018no se puede socavar mediante una argumentaci\u00f3n que se limite a esbozar un nuevo parecer, por ponderado o refinado que sea, toda vez que, in abstracto, tanto respeto le merece a la Sala el criterio que en esos t\u00e9rminos exponga la censura, como el que explicit\u00f3 el fallador para soportar su decisi\u00f3n judicial\u2019 (cas. civ. sentencia de 5 de febrero de 2001, exp. 5811)\u00bb (CSJ SC de 27 de jul. de 2010, Exp. 2006 00558 01 reiterada SC de 18 de dic. de 2012, Exp. 2007-00313-01). <\/p>\n
Es por esto, que la Sala, insistentemente, ha precisado que \u00ab\u2018all\u00ed donde se ense\u00f1oree la dubitaci\u00f3n, no puede salir airoso el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, cuya procedencia privativamente finca en la certeza, en s\u00ed misma ajena a la hesitaci\u00f3n\u2019\u00bb (CSJ SC 31 de marzo de 2003, Exp. N\u00b0 7141). <\/p>\n
En virtud de lo anterior y bajo el entendido de que \u00abextractar el sentido que debe darse a las pruebas, representa un juicio de valor que, en principio, resulta intangible para la Corte\u00bb, \u00fanicamente si el resultado de esa actividad resulta ser \u00abtan absurdo o descabellado, que en verdad implique una distorsi\u00f3n absoluta del contenido objetivo\u00bb de los medios de convicci\u00f3n, puede abrirse paso un ataque en sede casacional fundado en la presencia de yerros de facto (CSJ SC, 9 dic. 2011, Rad. 1992-05900). <\/p>\n
Por \u00faltimo, se ha sostenido pac\u00edficamente, que la carga de demostrar ese tipo de desatinos recae, exclusivamente, en el censor; empero, \u00abesa labor no puede reducirse a una simple exposici\u00f3n de puntos de vista antag\u00f3nicos, fruto de razonamientos o lucubraciones meticulosas y detalladas, porque en tal evento el error dejar\u00eda de ser evidente o manifiesto conforme lo exige la ley\u00bb. (CSJ SC, 15 jul. 2008, Rad. 2000-00257-01; CSJ SC, 20 mar. 2013, Rad. 1995-00037-01). <\/p>\n
3. Sea del caso recordar que, a voces del art\u00edculo 167 del C\u00f3digo General del Proceso, \u00abcorresponde a las partes acreditar el supuesto de hechos de las normas que consagran el efecto jur\u00eddico que ellas persiguen\u00bb, lo que traduce sin m\u00e1s, que en materia civil el sistema probatorio preponderante es el dispositivo, pues a modo de regla general impone a las partes la carga de acreditar los hechos que soportan sus pretensiones o excepciones. <\/p>\n
Sin embargo, hoy por hoy es pregonable la existencia de un sistema mixto, debido a las tendencias modernas, que obligan al juzgador a procurar el mayor acercamiento entre la verdad procesal y la real, para lo cual este tiene el deber de decretar pruebas de oficio, cuando sean necesarias para verificar los hechos materia del litigio, ora porque su decreto se imponga expresamente por la naturaleza del proceso o resulte ineludible para evitar fallos inhibitorios o absurdos que desdibujen los fines esenciales de la funci\u00f3n judicial, lo que no apareja que amparados en aquel deber de los funcionarios se proh\u00edje la negligencia o desidia de las partes en el cumplimiento de su carga procesal. <\/p>\n
En reciente pronunciamiento esta Corte precis\u00f3, que <\/p>\n
\u00abla regla general de distribuci\u00f3n, seg\u00fan el cual, \u201cincumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jur\u00eddico que ellas persiguen\u201d, por lo menos en el esquema del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, es insoslayable, salvadas las excepciones, como la anotada sobre la oficiosidad para concretar el monto de una condena, o las introducidas en virtud de la figura de la de la carga din\u00e1mica de la prueba, que aten\u00faan el rigor de dicho principio en circunstancias especiales, donde por cuestiones t\u00e9cnicas, o de cercan\u00eda con medio suasorio, o incluso de indefensi\u00f3n, se impone a un extremo diferente al que inicialmente corresponde hacerlo, la aportaci\u00f3n de una prueba\u00bb (SC4232-2021 de 9 de sept. Rad. 2013-00757-01). <\/p>\n
El mismo prove\u00eddo, respecto de la incursi\u00f3n del error de derecho por no haberse decretado pruebas de oficio puntualiz\u00f3: <\/p>\n
\u00abLa exposici\u00f3n que antecede permite asegurar, entonces, que la falta de prueba de un hecho relevante en un proceso y que conduce a la desestimaci\u00f3n de alguna de las pretensiones de la demanda en la sentencia censurada por v\u00eda de casaci\u00f3n, no es posible adjudicarla, siempre, a un error de derecho en materia probatoria por parte del respectivo juzgador, pues, lo tiene decantado la Corte, que tal desatino se descarta, por ejemplo, en hip\u00f3tesis en las que el desgre\u00f1o de la parte interesada o su falta de inter\u00e9s en la pr\u00e1ctica de un determinado medio suasorio, es el que provoca el estado de incertidumbre f\u00e1ctica y la consecuente soluci\u00f3n del caso con las reglas de la carga de la prueba; o tambi\u00e9n en eventos, donde el contenido de la prueba que se dice debi\u00f3 haberse decretado ex officio no existe en el expediente o tampoco est\u00e1 insinuado. <\/p>\n
Al respecto y en vigencia de dicho estatuto, la Sala se\u00f1al\u00f3 que \u201c(\u2026) en determinadas circunstancias, la omisi\u00f3n del decreto y pr\u00e1ctica de las pruebas \u2018que el propio legislador, ab initio, ha ordenado decretar y recaudar en determinado tipo de pleitos\u2019 o asuntos, en cuanto desconozca el derecho a la prueba inherente al debido proceso, \u2018constituye nulidad procesal, en los t\u00e9rminos del numeral 6\u00ba del art\u00edculo 140 del C. de P.C.\u2019 (\u2026)\u201d\u00bb. <\/p>\n
4. En el sub lite la acci\u00f3n incoada se enderez\u00f3 a obtener la declaraci\u00f3n de existencia entre las partes de un acuerdo, en virtud del cual \u00ablos primeros se obligaron a transferir a cada uno de los demandantes, un n\u00famero de acciones o cuotas\u00bb de las sociedades referidas en el escrito inicial1, entre ellas Servientrega S.A.; que dicho acuerdo fue desatendido por los convocados y se les declare civilmente responsables por esto y sean condenados al pago de los perjuicios que dicho incumplimiento les gener\u00f3; subsidiariamente, pretensiones an\u00e1logas, pero vinculadas con la sociedad Servientrega Internacional S.A. <\/p>\n
La censura descalifica el ejercicio valorativo del tribunal, atribuy\u00e9ndole errores de hecho y de derecho, en raz\u00f3n a la omisi\u00f3n de decretar pruebas de oficio, omisi\u00f3n y tergiversaci\u00f3n de algunas probanzas y la no valoraci\u00f3n conjunta del material adosado, que le hubiera permitido acceder a los pedimentos sometidos a consideraci\u00f3n de la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
4.1. La primera acusaci\u00f3n, soportada en la supuesta omisi\u00f3n del fallador de decretar pruebas de oficio, no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, por cuanto es claro que no concurren los supuestos que la jurisprudencia de la Corporaci\u00f3n ha previsto para la configuraci\u00f3n del yerro probatorio en comento. <\/p>\n
4.1.1. Lo anterior, porque el argumento esencial del recurrente es que la ausencia de las pruebas echadas de menos se debi\u00f3 al hecho de haber renunciado su apoderado judicial y no hab\u00e9rsele comunicado este suceso oportunamente, por lo que estuvo en un estado de indefensi\u00f3n por casi dos a\u00f1os. <\/p>\n
Tal planteamiento no es de recibo, en raz\u00f3n a que el solo apoderamiento judicial no conlleva el desprendimiento del poderdante de su leg\u00edtimo derecho a la contradicci\u00f3n y la defensa, si en cuenta se tiene que este conserva plenas potestades para la disposici\u00f3n del derecho controvertido, pudiendo, incluso, si a bien lo tiene -en materia civil- revocar el mandato en cualquier tiempo, para designar o no un nuevo apoderado, pues, sin desconocer el respeto al derecho de postulaci\u00f3n, es potestativo de la parte estar asistido o no por un profesional del derecho en las distintas etapas del litigio. <\/p>\n
4.1.2. Frente a los efectos de ese apoderamiento, la Corte Constitucional, apunt\u00f3: <\/p>\n
\u00abConcretamente, en raz\u00f3n de que, a la postre, as\u00ed exista un contrato que rija las relaciones entre apoderado y poderdante, por raz\u00f3n del ejercicio del derecho a la postulaci\u00f3n lo que interesa, desde una perspectiva constitucional, es que el justiciable conserve el n\u00facleo fundamental de su derecho a la participaci\u00f3n en juicio, por activa o pasiva. Y \u00e9sta se mantiene, no obstante la obligaci\u00f3n legal de asistencia judicial, cuando, sin limitaci\u00f3n, como acontece en las disposiciones en estudio, se le reconoce al asistido su derecho asumir su propia defensa, directamente o mediante la posibilidad de revocar el acto de apoderamiento \u2013art\u00edculo 5\u00ba C.P.- <\/p>\n
En definitiva las disposiciones en estudio consultan la garant\u00eda constitucional de la defensa en juicio, que radica en que su titular, desde el inicio de la contienda hasta la soluci\u00f3n, pueda actuar sin interferencias para conocer las manifestaciones y alegaciones de los otros, aportar su propia informaci\u00f3n, demostrar los hechos y controvertir aquellos que lo perjudican \u2013art\u00edculo 29 constitucional-\u00bb2 <\/p>\n
Y en este particular caso, el se\u00f1or Carlos Julio Guerrero Zambrano no ha tenido obst\u00e1culo alguno para ejercer su derecho de contradicci\u00f3n y defensa, particularmente, para aportar pruebas y controvertir las esgrimidas en su contra, amen que hacer llegar a los testigos de cargos a declarar es una labor que en modo alguno estaba ligada al derecho de postulaci\u00f3n y, por el contrario, era pasible de cumplir por la propia parte, al igual que el pago de los honorarios del auxiliar de la justicia para que pudiera realizar un dictamen pericial. <\/p>\n
A esto se suma, que conforme las exigencias legales el se\u00f1or Carlos Julio Guerrero Hern\u00e1ndez compareci\u00f3 al proceso, a trav\u00e9s de apoderado judicial debidamente constituido, quien en su oportunidad design\u00f3 dependientes judiciales con facultad para revisar el expediente (fl. 566 Cd 1 y 13 Cd 1 T.2), lo que permit\u00eda mediante una labor regularmente diligente tener informaci\u00f3n permanente del devenir de su causa. <\/p>\n
Ciertamente, el referido mandatario present\u00f3 renuncia mediante escrito allegado al despacho el 11 de marzo de 2013, la cual le fue aceptada el 29 de abril siguiente (fl. 31 Cd 1 T.2); renuncia que a tono con las previsiones dispuestas en el art\u00edculo 69 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -bajo cuya egida se dio aquella- \u00abno pone t\u00e9rmino al poder ni a la sustituci\u00f3n, sino cinco d\u00edas despu\u00e9s de notificarse por estado el auto que la admita, y se haga saber al poderdante o sustituidor por telegrama dirigido a la direcci\u00f3n denunciada para recibir notificaciones personales, cuando para este lugar exista el servicio, y en su defecto como lo disponen los numerales 1. y 2. del art\u00edculo 320\u00bb, lo que significaba que para pregonar dicha terminaci\u00f3n se ten\u00edan que satisfacer de manera concurrente las dos exigencias i) la notificaci\u00f3n por estado de la providencia que aceptaba la renuncia y; ii) se hiciera saber al poderdante de la ocurrencia de \u00e9sta mediante comunicaci\u00f3n dirigida al lugar denunciado para recibir notificaciones personales. <\/p>\n
Luego, a efecto de materializar o concretar dicha renuncia, sin perjuicio de la cabal atenci\u00f3n de las exigencias en cita, era deber del abogado procurar que aquel enteramiento a su mandante se hiciera efectivo, so pena de las responsabilidades que el abandono de su gesti\u00f3n pudiera generarle. <\/p>\n
Y es que no se discute que a folio 630 (sic) del Cuaderno 1 tomo 2 del expediente aparece un telegrama librado por el juzgado de conocimiento con destino al actor, en el cual se dice dirigido a \u00abBOGOT\u00c1 D.C. SE\u00d1OR CARLOS JULIO GUERRERO HERN\u00c1NDEZ la CALLE 45 N\u00b0 33-116 Ciudad\u00bb, de la cual podr\u00eda afirmarse resulta inadecuada para atender el requerimiento previsto en el mentado art\u00edculo 69, pero no es menos cierto que a folio 41 de la misma encuadernaci\u00f3n aparece otra comunicaci\u00f3n con sello de la oficina de servicios postales, que con el mismo prop\u00f3sito se le remiti\u00f3 al demandante el 26 de junio de 2013, pero en esta nueva oportunidad a la ciudad de Barranquilla, cumpli\u00e9ndose de este modo con lo ordenado en la ley para tener por fulminada la gesti\u00f3n del mandatario que representaba los intereses de aquel. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, si por negligencia del abogado este no enter\u00f3 oportunamente, como correspond\u00eda, a su poderdante de su renuncia, en todo caso, a este se le comunic\u00f3 debidamente tal situaci\u00f3n, en los precisos t\u00e9rminos que impon\u00eda el mentado art\u00edculo 69 del C\u00f3digo de Procedimiento civil, quedando a su total discreci\u00f3n la designaci\u00f3n o no de un nuevo mandatario para que continuara con su representaci\u00f3n en el litigio, asumiendo las consecuencias desfavorables que podr\u00edan darse en caso de no hacerlo. <\/p>\n
A\u00fan m\u00e1s, s\u00f3lo hasta el 18 de junio de 2013 se emiti\u00f3 el auto de decreto de pruebas (fl. 33 Cd 1 T.2), frente al cual el extremo pasivo interpuso recurso de reposici\u00f3n, que fue resuelto el 27 de noviembre de ese a\u00f1o para revocar parcialmente la decisi\u00f3n impugnada, adicion\u00e1ndola y reprogramando todas las diligencias all\u00ed ordenadas (fl. 58 Cd 1 T.2), para ser nuevamente aclarada el 5 de febrero de 2014 (fl. 66 Cd 1 T.2), siendo que Carlos Julio Guerrero Hern\u00e1ndez, directamente, el 9 de mayo de 2014 alleg\u00f3 memorial en el que se excusaba por no haber podido asistir a la audiencia programada para recibir su interrogatorio, en la fecha dispuesta en el segundo de los prove\u00eddos rese\u00f1ados, sin aducir en ese momento desconocimiento por parte suya de del decreto pruebas, sino problemas m\u00e9dicos. <\/p>\n
Resulta entonces incontrovertible, que para esa \u00e9poca Carlos Julio Guerrero Hern\u00e1ndez no solo ten\u00eda pleno conocimiento de la renuncia de su apoderado, sino del estadio en que se encontraba la actuaci\u00f3n, de tal manera que su participaci\u00f3n en las diligencias o la pr\u00e1ctica de las pruebas que resultaban de su inter\u00e9s era de su exclusivo resorte, sin que se avizore en su no realizaci\u00f3n un proceder omisivo injustificado de los juzgadores. <\/p>\n
S\u00famese a lo dicho que el 10 de marzo de 2015 el accionante present\u00f3 ante el juez de conocimiento un nuevo poder para su representaci\u00f3n en el juicio (fl. 175 Cd 1 T2), en cuyo ejercicio el designado interpuso recurso de reposici\u00f3n contra el auto que declar\u00f3 precluido el periodo probatorio, poniendo de presente la falta de practica de las pruebas que ahora extra\u00f1a, el cual tuvo eco parcial en el juzgador, pues el 18 de septiembre de 2015 revoc\u00f3 aquella determinaci\u00f3n preclusiva; y en auto de la misma data, fij\u00f3 nueva fecha para o\u00edr en interrogatorio a Carlos Julio Guerrero y adopt\u00f3 otras determinaciones, entre ellas, que \u00abel interrogatorio de parte del se\u00f1or Jes\u00fas Guerrero, la ratificaci\u00f3n de documentos y los testimonios no recaudados, t\u00e9nganse por desistidos, toda vez que las partes interesadas no prestaron la colaboraci\u00f3n requerida ni obra en el expediente prueba siquiera sumaria que justifique la incomparecencia de los testigos\u00bb, sin que la parte convocante afectada con lo as\u00ed dispuesto formulara reparo alguno, como si lo hizo su contraparte. <\/p>\n
Conformidad que igualmente persisti\u00f3 frente a la determinaci\u00f3n del juzgador de primer grado de tener por desistida la prueba pericial ordenada y que tambi\u00e9n supl\u00eda la inspecci\u00f3n judicial solicitada, como consecuencia de la omisi\u00f3n de la parte interesada de sufragar los gastos que fueron fijados para la realizaci\u00f3n de la pericia. <\/p>\n
Desd\u00e9n probatorio que volvi\u00f3 a revelarse en el tr\u00e1mite de la apelaci\u00f3n, en donde el extremo demandante pretendiendo revivir oportunidades ya precluidas, inst\u00f3 ante la Magistrada sustanciadora el decreto de las mismas probanzas que en su momento, pese a ser decretadas en la primera instancia, no se practicaron por su incuria y en una segunda oportunidad le fue negada su pr\u00e1ctica, sin haber impugnado esa determinaci\u00f3n, habida cuenta que la funcionaria ad quem, en raz\u00f3n a las precedentes circunstancias dictamin\u00f3 la improcedencia del decreto en segunda instancia, sin que el afectado acudiera al recurso ordinario que frente a dicha determinaci\u00f3n proced\u00eda para que los restantes integrantes de la Sala examinaran la determinaci\u00f3n. <\/p>\n
4.1.3. Col\u00edgese entonces, que la eventual deficiencia del caudal probatorio fue consecuencia inexorable del comportamiento asumido por el demandante en el decurso de las instancias, sin que los juzgadores, en especial el de segundo grado, so pretexto del deber que se les impone de decretar pruebas de oficio estuviera compelido a rehacer esa labor demostrativa que el legislador dispuso a cargo de la parte misma. <\/p>\n
5. La segunda acusaci\u00f3n se direccion\u00f3 por la causal segunda de casaci\u00f3n, arguyendo la ocurrencia de yerros de hecho y de derecho. <\/p>\n
Atribuy\u00f3 error de hecho respecto de los siguientes elementos demostrativos: <\/p>\n
a) Error de apreciaci\u00f3n del testimonio de Concepci\u00f3n Guerrero Guerrero -contenido en declaraci\u00f3n extrajuicio rendida en notar\u00eda- asegurando que el tribunal, pese a que reconoci\u00f3 su aptitud formal, le rest\u00f3 valor probatorio (fl. 79 C. Corte). <\/p>\n
En el desarrollo involucr\u00f3 tambi\u00e9n error en la apreciaci\u00f3n de la contestaci\u00f3n de la demanda hecha por Jes\u00fas Guerrero Hern\u00e1ndez (fl. 82 Cd Corte); error f\u00e1ctico por preterici\u00f3n de la declaraci\u00f3n de Carlos Julio Guerrero. <\/p>\n
b) Error \u00abf\u00e1ctico al apreciar el documento que obra a folio 875 del cuaderno principal volumen 2\u00bb, que corresponde a la minuta elaborada en la Notar\u00eda 30 de Bogot\u00e1, en la que se refiere la transformaci\u00f3n de la sociedad Servientrega Limitada a sociedad an\u00f3nima, \u00abpor tergiversaci\u00f3n de su contenido, el tribunal le rest\u00f3 valor probatorio al documento\u2026\u00bb. <\/p>\n
Al igual que en el anterior, en la sustentaci\u00f3n involucr\u00f3 un error en la apreciaci\u00f3n de la demanda (fl. 89 Cd Corte) y del acta N\u00b0 229 de 10 de julio de 1995. <\/p>\n
c) Otro dislate f\u00e1ctico es respecto del \u00abmemorando de fecha 3 de junio de 1997 elaborado por la se\u00f1ora LUZ MARY GUERRERO HERN\u00c1NDEZ con destino a los miembros del CONSEJO DE FAMILIA visible a folios 143 a 145 del cuaderno principal\u2026\u00bb, afirmando que el tribunal \u00abcercen\u00f3 el contenido probatorio pues no infiri\u00f3, debiendo hacerlo, que ella pone de presente que realmente existi\u00f3 el Consejo de Familia, \u00f3rgano en el cual se tomaban decisiones entre sus miembros y que generaba directrices para ser aplicadas por las sociedades del grupo y a las que, por designio de ellos, les conced\u00edan efectos vinculantes, al punto que la memorialista reclama su cumplimiento\u00bb. <\/p>\n
d) Error de apreciaci\u00f3n en \u00ablas encuestas que obran a folios 112 a 121, y que fueron desestimadas por el tribunal\u00bb. <\/p>\n
Endilga, adem\u00e1s, la ocurrencia de errores de derecho por los siguientes supuestos. <\/p>\n
e) Por \u00abnegarle valor probatorio al acta 228 del 7 de julio de 1995, cuya copia obra a folios 873 y siguientes del cuaderno principal volumen 2\u00bb. <\/p>\n
f) Adicionalmente, \u00abpor no apreciar en conjunto las misivas enviadas por la parte actora a los demandados y los t\u00edtulos accionarios con las otras pruebas del proceso\u00bb. <\/p>\n
5.1. Lo primero a anotar es que, si bien el \u00faltimo yerro endilgado era dable arg\u00fcirlo en un cargo independiente, puesto que no es admisible aducir error de hecho y de derecho sobre unas mismas probanzas, se estima procedente por la Corte en cumplimiento a lo dispuesto en el art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso, escindirlo para su an\u00e1lisis, puesto que de una lectura razonada del escrito se puede entender que el presunto yerro de derecho es consecuencia de los errores de facto denunciados, los cuales fueron, precisamente, los que impidieron el an\u00e1lisis conjunto de las pruebas, llevando al Tribunal a una conclusi\u00f3n adversa a los intereses del recurrente, en cuanto a la acreditaci\u00f3n del acuerdo deprecado. <\/p>\n
5.2. Por sabido se tiene que, el negocio jur\u00eddico es el instrumento que el derecho le otorga a las personas para la disposici\u00f3n de intereses, tendiente a producir un efecto jur\u00eddico, que puede consistir en la creaci\u00f3n, modificaci\u00f3n o extinci\u00f3n de una situaci\u00f3n de derecho, para lo cual, en ejercicio de la autonom\u00eda de la voluntad, tienen la potestad de elegir o no la celebraci\u00f3n de un determinado acuerdo, las personas con las cuales quieren o no concretar el mismo y las condiciones que eventualmente estar\u00edan llamadas a gobernarlo. <\/p>\n
Dentro de las diversas categor\u00edas de negocios jur\u00eddicos, est\u00e1n aquellos que versan sobre intereses patrimoniales de los celebrantes, pudiendo ser unipersonales o pluripersonales, en estos \u00faltimos, dos o m\u00e1s personas intervienen en la celebraci\u00f3n del convenio, siendo manifestaci\u00f3n inequ\u00edvoca de esta categor\u00eda los contratos. <\/p>\n
El art\u00edculo 864 del C\u00f3digo de Comercio define el contrato como \u00ab\u2026un acuerdo de dos o m\u00e1s partes para constituir, regular o extinguir entre ellas una relaci\u00f3n jur\u00eddica patrimonial, y salvo estipulaci\u00f3n en contrario, se entender\u00e1 celebrado en el lugar de residencia del proponente y en el momento en que \u00e9ste reciba la aceptaci\u00f3n de la propuesta. Se presumir\u00e1 que el oferente ha recibido la aceptaci\u00f3n cuando el destinatario pruebe la remisi\u00f3n de ella dentro de los t\u00e9rminos fijados por los art\u00edculos 850 y 851.\u00bb <\/p>\n
Por expresa remisi\u00f3n contenida en el art\u00edculo 822 de la normativa en cita, \u00abLos principios que gobiernan la formaci\u00f3n de los actos y contratos y las obligaciones de derecho civil, sus efectos, interpretaci\u00f3n, modo de extinguirse, anularse o rescindirse, ser\u00e1n aplicables a las obligaciones y negocios jur\u00eddicos mercantiles, a menos que la ley establezca otra cosa\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, tenemos que el art\u00edculo 1502 del C\u00f3digo Civil contempla \u00ablos requisitos para que una persona pueda obligarse a otra\u00bb, siendo estos: <\/p>\n
\u00ab1o.) que sea legalmente capaz. <\/p>\n
2o.) que consienta en dicho acto o declaraci\u00f3n y su consentimiento no adolezca de vicio. <\/p>\n
3o.) que recaiga sobre un objeto l\u00edcito. <\/p>\n
4o.) que tenga una causa l\u00edcita\u2026\u00bb <\/p>\n
En tanto que, al tenor de las previsiones del art\u00edculo 1602 del C\u00f3digo Civil, \u00abel contrato v\u00e1lidamente celebrado es ley para las partes, sin que puedan ser invalidados o modificados, sino por causas legales o el mutuo consentimiento\u00bb, y que, cuando son bilaterales, al devenir incumplidos legitiman al contratante que cumpli\u00f3 o se allan\u00f3 a cumplir las obligaciones a su cargo a reclamar ante la jurisdicci\u00f3n su resoluci\u00f3n o cumplimiento, en ambos eventos con la correspondiente indemnizaci\u00f3n de los perjuicios que pudieron haberse generado (art. 1546 C.C.) <\/p>\n
Consecuente con lo indicado, quien alegue la existencia de un determinado negocio jur\u00eddico, estar\u00e1 llamado a demostrar de manera fehaciente la concurrencia de los supuestos establecidos en el citado art\u00edculo 1502, especialmente, el acuerdo de voluntades entre los sujetos intervinientes en este, y seg\u00fan la tipolog\u00eda negocial la estipulaci\u00f3n expresa de cada uno de los elementos que lo configuran. <\/p>\n
Trat\u00e1ndose de la constituci\u00f3n de sociedades comerciales, surge como elemento indispensable, en l\u00ednea de principio, la manifestaci\u00f3n de voluntad de una pluralidad de personas, con la intencionalidad de crear una empresa y participar en ella activamente (affectio societatis), poniendo a su servicio un aporte que va a contribuir a constituir un patrimonio social, con el fin de repartirse las utilidades obtenidas, precisando el art\u00edculo 98 del C\u00f3digo de Comercio que \u00abla sociedad, una vez constituida legalmente, forma una persona jur\u00eddica distinta de los socios individualmente considerados\u00bb. <\/p>\n
5.3. En este caso, el cuestionamiento del recurrente no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que las criticas planteadas se limitaron a exponer la propia apreciaci\u00f3n del recurrente sobre los elementos incorporados, sin revelar lo absurdo o contraevidente de las inferencias del tribunal. <\/p>\n
Lo anotado, por cuanto el fallador de segundo nivel sostuvo, que la declaraci\u00f3n extrajuicio \u00abpese a dar cuenta de los hechos en que se sustent\u00f3 la demanda, lo cierto es que, per se, tal declaraci\u00f3n no tiene el peso suficiente para arribar a las conclusiones pretendidas\u00bb, para lo cual expuso ampliamente las razones que le restaban eficacia, las cuales no ri\u00f1en con la normativa que regula lo concerniente a la disposici\u00f3n de participaci\u00f3n en sociedades comerciales, mucho menos, con lo que revelan las restantes probanzas, y de las cuales extrajo el juzgador la insuficiencia, sin que en modo alguno pueda pregonarse que el colegiado pretend\u00eda exigir al actor \u201cprobar la prueba\u201d <\/p>\n
El recurrente pretendi\u00f3 evidenciar la conclusi\u00f3n que \u00e9l predica, no solo de la declaraci\u00f3n misma, sino a partir del contenido de otras probanzas, como lo manifestado por Jes\u00fas Guerrero en su contestaci\u00f3n de demanda o las afirmaciones hechas por el propio actor en su juramentada, pero no desvirtu\u00f3 las que le permitieron al tribunal colegir de la forma en que lo hizo, como fue la documental que daba cuenta que el inmueble de la carrera 31\u00aa #4-16 de esta ciudad nunca fue aportado a la sociedad, m\u00e1s all\u00e1 de que en apoyo al emprendimiento de sus hijos les hubiera facilitado su uso para que en ella funcionara la empresa, m\u00e1xime cuando en la propia declaraci\u00f3n se dec\u00eda que la participaci\u00f3n de Concepci\u00f3n Guerrero ser\u00eda \u00aba cambio de unos dineros y la casa en menci\u00f3n\u00bb, de suerte que si esto \u00faltimo no se dio correlativamente era plausible entender que no se aven\u00eda reconocer aquella. <\/p>\n
Aduce yerro respecto de la contestaci\u00f3n de la demanda hecha por Jes\u00fas Guerrero, confutando las afirmaciones que hiciera atinentes a los or\u00edgenes de la sociedad, desdiciendo de su iniciativa personal y requerir del apoyo de su padre, como supuesto para respaldar las afirmaciones contenidas en la juramentada extrajuicio, lo que tampoco enerva la apreciaci\u00f3n del tribunal respecto de la ausencia de prueba sobre la existencia de los pretensos aportes que se le atribuyen a Concepci\u00f3n Guerrero y que conllevaron a restarle eficacia probatoria a su declaraci\u00f3n, ni lo que refiri\u00f3 sobre el no pago por parte de los reclamantes de dinero alguno para hacerse acreedores a los derechos accionarios de su compa\u00f1\u00eda. <\/p>\n
En la misma direcci\u00f3n asever\u00f3 el opugnante yerro factico por preterici\u00f3n de la declaraci\u00f3n de CARLOS JULIO GUERRERO, quien \u00abasever\u00f3, al ser interrogado si SERVIENTREGA hab\u00eda comprado esa casa, respondi\u00f3 que: \u00abNo, pero la casa la adquiri\u00f3 mi padre y durante varios a\u00f1os funcion\u00f3 en el primer piso Servientrega y todos los hermanos viv\u00edamos en el segundo piso\u00bb. Esa manifestaci\u00f3n, sincera por dem\u00e1s, que, por mandato de los art\u00edculos 165 y 191 del C.G.P., es un medio de prueba que debe apreciarse conforme a las reglas de la sana cr\u00edtica, fue soslayado por el fallador y corrobora las atestaciones del testigo, se\u00f1or CONCEPCI\u00d3N GUERRERO GUERRERO\u00bb. Sin embargo, esa sola atestaci\u00f3n resulta insuficiente para soportar el cargo, habida cuenta que el hecho de que la sentencia no contenga un pronunciamiento expreso sobre las afirmaciones que este hiciera en su juramentada no apareja per se la preterici\u00f3n endilgada. <\/p>\n
Otro tanto ocurri\u00f3 con la pretensa fusi\u00f3n entre Servientrega S.A. y Ultraservicios Ltda., a que se refirieron los demandantes en los hechos 3.9, 3.10, y 3.11 de la demanda, amen que tal acto est\u00e1 sujeto a expresas formalidades de ley y ninguna probanza respalda su ocurrencia, ni el aducido traspaso de los bienes de una a otra; al punto que en los certificado de existencia -hist\u00f3ricos- que remitiera la C\u00e1mara de Comercio de Bogot\u00e1 y que obran a folios 115 a 142 no aparece inscrito e, incluso, se da cuenta que Ultraservicios Ltda. entr\u00f3 en estado de disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n cuando venci\u00f3 el plazo por el cual hab\u00eda sido constituida <\/p>\n
No atac\u00f3 el casacionista la afirmaci\u00f3n del tribunal, referida a que si se trat\u00f3 de una fusi\u00f3n no se entend\u00eda como los actores \u00abtrabajaron para Servientrega como sus empleados sin que fueran reconocidos como socios\u00bb apoy\u00e1ndose en diversas probanzas que acreditaban ese estatus y que, igualmente, daban cuenta de la causa por la cual a Carlos Julio Guerrero se le trasfiri\u00f3 \u00abel 5% de las acciones de la compa\u00f1\u00eda Global Management, y el 5% de la compa\u00f1\u00eda Car\u2019s Trucks o de la compa\u00f1\u00eda que se cree con este mismo objeto social\u00bb, (contrato de transacci\u00f3n fl. 369 s.s.). <\/p>\n
Lo propio acaece con el valor que a juicio del censor deb\u00eda darse a la minuta de la escritura p\u00fablica obrante a folio 875, pues aun cuando la misma aparece signada por quienes en diversas condiciones participaron en su elaboraci\u00f3n, a juicio del tribunal no prueba el acuerdo de democratizaci\u00f3n cuyo reconocimiento se pretende, puesto que si bien acepta que hubo una intenci\u00f3n de transformar la sociedad para convertirla en an\u00f3nima, en la cual ser\u00edan socios \u00abLUZ MARY GUERRERO HERN\u00c1NDEZ, JES\u00daS GUERRERO HERN\u00c1NDEZ. PURIFICACI\u00d3N GUERRERO HERN\u00c1NDEZ, CARLOS JULIO GUERRERO HERN\u00c1NDEZ, EUGENIO GUERRERO HERN\u00c1NDEZ, tambi\u00e9n lo es que: i). Tales no prueban el acuerdo de democratizaci\u00f3n accionaria al que se ha hecho referencia, habida cuenta que en el sustento f\u00e1ctico de la demanda se indic\u00f3 que fue en virtud de la reuni\u00f3n que se llev\u00f3 a cabo el 26 de junio de 1996 que se \u201cpact\u00f3\u00bb, por tanto, no puede haberse constituido con antelaci\u00f3n\u00bb. Inferencia que no es contraria a lo que trasluce de las pruebas incorporadas al plenario y evaluadas por el tribunal. <\/p>\n
Y aunque el recurrente asegura que la firma puesta en la minuta rese\u00f1ada permite tener certeza sobre el autor del acta 229 de 10 de julio de 1995, por contener la reproducci\u00f3n de \u00e9sta, no combati\u00f3 el argumento fundamental del tribunal respecto de que no fue esa ausencia de firma lo que le restaba eficacia, sino que la descrita en dicho instrumento \u00abno concuerda con el consecutivo que aport\u00f3 la parte demandada\u00bb, y por la formalidad que se exige a determinados actos, como es el de una transformaci\u00f3n las actas de juntas de la empresa adquieren una gran trascendencia que impon\u00eda al demandante desquiciar la valoraci\u00f3n que se le dio a las aportadas por los convocados. <\/p>\n
En lo que toca al memorando calendado 3 de junio de 1997, elaborado por Luz Mary Guerrero el tribunal dijo, que \u00abno tiene relaci\u00f3n directa con el objeto del proceso, esto es, acreditar la existencia de un acuerdo de democratizaci\u00f3n accionaria, como quiera que la directriz a la que se pretende dar cumplimiento guarda consonancia con la direcci\u00f3n de la sociedad, mas no con su composici\u00f3n social, am\u00e9n que las actas del consejo familiar, como se mencion\u00f3, son ap\u00f3crifas\u00bb. <\/p>\n
Asegura el impugnante que se cercen\u00f3 su contenido, al no inferir debiendo hacerlo, que \u00abrealmente existi\u00f3 el Consejo de Familia, \u00f3rgano en el cual se tomaban decisiones entre sus miembros y que generaba directrices para ser aplicadas por las sociedades del grupo y a las que, por designio de ellos, les conced\u00edan efectos vinculantes\u00bb, sin controvertir el argumento de la falta de relaci\u00f3n con el tema objeto del proceso, que es la celebraci\u00f3n del acuerdo de democratizaci\u00f3n, afirmaci\u00f3n que no luce antojadiza, en especial dada la expresa introducci\u00f3n que en ella hace Luz Mary Guerrer, atinente a que lo hace \u00abaislando[se] de toda investidura como miembro de la organizaci\u00f3n y evocando [su] esp\u00edritu social\u00bb. <\/p>\n
No corre mejor suerte la censura frente a las encuestas que militan a folios 112 y siguientes de las cuales el tribunal apunt\u00f3 \u00abque permiten evidenciar la opini\u00f3n de los entrevistados, pero sin duda no del denominado acuerdo de democratizaci\u00f3n accionaria\u00bb, siendo este el objeto del proceso, mientras que el recurrente considera que \u00abse ponen de presente los efectos que tuvieron los convenios a los que llegaron los miembros del Consejo de Familia, pues all\u00ed se refleja el pensamiento que ten\u00edan los trabajadores respecto de la calidad de socio que al demandante CARLOS JULIO GUERRERO se le atribu\u00eda en Servientrega\u00bb, lo que no pasa de ser una disparidad de criterios, ya que lo afirmado por el tribunal no es absurdo u opuesto a lo que muestra la prueba misma, sobre todo en este particular caso, en donde era ampliamente conocido que Servientrega es una empresa de familia y al desempe\u00f1ar Carlos Julio Guerrero un alto cargo de confianza y manejo era plausible que terceros pudieran calificarlo como socio de \u00e9sta, por lo que ante dos interpretaciones posibles debe la Corte estarse a la del Juzgador. <\/p>\n
5.4. El error de derecho atribuido por negarle valor probatorio al acta 228 de 10 de julio de 1995, apunt\u00f3 el tribunal que \u00abde entrada llama la atenci\u00f3n que sean dos las actas de junta de socios de Servientrega con la misma numeraci\u00f3n, v\u00e9ase que la primera data del 26 de enero de 1996 (fls. 130 y ss., ib.), y la segunda, del 26 de agosto de 1998, \u00faltima rubricada por Luz Mary Guerrero Hern\u00e1ndez y Jes\u00fas Guerrero Hern\u00e1ndez, y que se tendr\u00e1 en cuenta en la medida que la compa\u00f1\u00eda se fund\u00f3 en el a\u00f1o 82 (fls. 334, 360 y ss., ib.), m\u00edrese que en la E.P. No. 2088 del 18 de junio de 1984 corrida en la Notar\u00eda 15 del C\u00edrculo de Bogot\u00e1, mediante acta No. 4 del 23 de enero de ese mismo a\u00f1o, se dispuso la reforma a los estatutos (fls. 366 y ss., ib.), verbi gracia, a folio No. 379 del cuaderno principal, obra copia del acta No. 298 de 25 de junio de 1996\u00bb. <\/p>\n
El censor cuestiona que no se le hubiere dado valor probatorio por no estar suscrita ni manuscrita por las partes, refiri\u00e9ndose al art\u00edculo 244 del C\u00f3digo General del Proceso, sobre la presunci\u00f3n de autenticidad de los documentos, y como en la minuta que obra a folio 875 Luz Mary Guerrero la refiere como soporte para el acto all\u00ed contenido debi\u00f3 tenerlo como un documento autentico. <\/p>\n
Es claro que el censor, aun cuando refiere a un error de derecho, no cuestiona aspectos atinentes a aportaci\u00f3n, admisi\u00f3n, producci\u00f3n, sino la desestimaci\u00f3n que hiciera el tribunal de su alcance demostrativo, esto es, a la contemplaci\u00f3n de la prueba lo que es propio de un error de hecho, pero adem\u00e1s, el ad quem s\u00ed vio la prueba y la sopes\u00f3 s\u00f3lo que al contrastarla con otras documentales como fueron las actas de juntas de socios adjuntas al plenario y ante la existencia de \u00abdos actas de junta de socios de Servientrega con la misma numeraci\u00f3n\u00bb, opt\u00f3 por darle mayor eficacia a la que est\u00e1 firmada por sus autores a la que no lo est\u00e1, ejercicio de ponderaci\u00f3n que ante lo razonable queda por fuera del escrutinio de la Corte. <\/p>\n
5.5. El otro equivoco aducido en la impugnaci\u00f3n concierne a \u00abno apreciar en conjunto las misivas enviadas por la parte actora a los demandados y los t\u00edtulos accionarios con las otras pruebas del proceso\u00bb. <\/p>\n
5.5.1. Es pertinente recordar que esta tipolog\u00eda de error pretende sancionar la desatenci\u00f3n del juzgador del principio dispuesto en el art\u00edculo 176 del C\u00f3digo General del Proceso seg\u00fan el cual \u00ab[L]as pruebas deber\u00e1n ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos\u00bb. Al respecto esta Corporaci\u00f3n ha adoctrinado, que <\/p>\n
(\u2026) \u2018la cuesti\u00f3n concerniente al m\u00e9rito de las pruebas debe ser examinada desde un doble punto de vista, pues ha de serlo no s\u00f3lo en cuanto al medio en s\u00ed, sino tambi\u00e9n con base en su cotejo con los restantes y siempre en funci\u00f3n de la visi\u00f3n sistem\u00e1tica que arroje el material probatorio. Por eso es posible que medios que, considerados en s\u00ed mismos, no sean susceptibles de reproche, no obstante, al tratar de conectarlos con las otras piezas probatorias, pierdan toda importancia; pero, tambi\u00e9n es posible, que cuando se les contempla de una manera aislada no se les halle mayor significaci\u00f3n, [y que] al unirlos o interrelacionarlos con otras pruebas, aflore todo su grado de persuasi\u00f3n para la elaboraci\u00f3n del trazado f\u00e1ctico del proceso (\u2026) <\/p>\n
Este principio de la apreciaci\u00f3n en conjunto de las pruebas es un complemento natural del m\u00e9todo adoptado por el c\u00f3digo en el mismo art\u00edculo 187 para la estimaci\u00f3n de aqu\u00e9llas; si, con las conocidas excepciones legales, el an\u00e1lisis de las pruebas no se encuentra predeterminado por normas legales que se\u00f1alen el valor que les ata\u00f1e, sino que debe ser abordado con un criterio eminentemente l\u00f3gico y cient\u00edfico, claramente comprensible resulta que la susodicha tarea no se puede adelantar dejando de relacionar los medios en pos de una visi\u00f3n amalgamada o coherente de los hechos porque, pensando de otro modo, ello conducir\u00eda a que de \u00e9stos se d\u00e9 una figuraci\u00f3n err\u00e1tica, fragmentaria o descoordinada\u2019 (Cas. Civ., sentencia del 4 de marzo de 1991\u2026 (CSJ SC, 28 feb. 2013, Rad. 2002-01011-01, reiterada SC11504-2015, 28 de agosto Rad. 2007-00095-01). <\/p>\n
Consecuente con esto, cuando la censura en casaci\u00f3n endilgue este tipo de dislate, deber\u00e1 el recurrente demostrar como ese labor\u00edo se llev\u00f3 a cabo de manera separada o aislada, sin buscar sus puntos de enlace o de coincidencia, para lo cual deber\u00e1 identificar las probanzas v\u00e1lidamente incorporadas al expediente, as\u00ed como extractar los puntos de enlace y coincidencias entre ellas, que de modo indubitable puedan revelar los supuestos f\u00e1cticos que deb\u00edan demostrarse en el caso concreto y que el sentenciador no hall\u00f3 acreditados. <\/p>\n
Tocante a la demostraci\u00f3n de este yerro en casaci\u00f3n esta Corte ha apuntalado que <\/p>\n
\u00abes menester concluir que su impugnaci\u00f3n en casaci\u00f3n por error de derecho no queda ajustada del todo a la t\u00e9cnica por la indicaci\u00f3n abstracta de la violaci\u00f3n de la citada preceptiva, sino que adem\u00e1s, es indispensable, entre otros, que el defecto sea en la apreciaci\u00f3n normativa de la prueba y no se sustente en deficiencia f\u00e1ctica, como la preterici\u00f3n de la prueba, porque el yerro que debe endilgarse debi\u00f3 ser el de hecho y no el de derecho. Adem\u00e1s, es imperativo, por lo arriba expuesto, que la indicaci\u00f3n de tal yerro de derecho, a pesar de referirse a falta de apreciaci\u00f3n global, debe ir acompa\u00f1ada de la determinaci\u00f3n o singularizaci\u00f3n (como lo exigen los art\u00edculos 368, num.1, y 374, num.3, C. de P. C.) de todas y cada una de las pruebas, que a juicio del recurrente no fueron objeto de apreciaci\u00f3n conjunta; indicaci\u00f3n \u00e9sta que, por lo dem\u00e1s, debe ser completa en el sentido que abarque la apreciaci\u00f3n en conjunto de todo (y no de una parte o grupo) el acervo probatorio que sostiene el fallo, la que debe ir acompa\u00f1ada de su comprobaci\u00f3n con la indicaci\u00f3n de los pasajes donde quede demostrada completamente la falta absoluta de la mencionada integraci\u00f3n y estimativa global, pues no apareciendo de esta manera, se mantiene la presunci\u00f3n de acierto en esta materia, que, por lo tanto, deja invulnerable el fallo por ese motivo\u00bb. (SC de 16 de mayo de 1991. G. J. CCLVIII, p\u00e1g. 603, reiterada en SC de 25 de nov. de 2005, Exp. 082-01 y SC de 29 de oct. de 2009, Exp. 2002-00211-01). <\/p>\n
5.5.2. En el sub- examine el tribunal sostuvo frente a las misivas que los demandantes dirigieron a los interpelados, obrantes a folios 20 a 24 que no era dable a nadie hacerse a su propia prueba, por lo que dichas comunicaciones emanadas de los actores no acreditaban la existencia del compromiso endilgado al extremo pasivo de realizar una democratizaci\u00f3n de la sociedad Servientrega; que \u00ablos t\u00edtulos accionarios de propiedad de Carlos Julio y Purificaci\u00f3n Guerrero Hern\u00e1ndez, respecto a las sociedades Global Management S.A. y Tim\u00f3n S.A. (que por lo dem\u00e1s, tienen diferentes calendas) (art. 243 y ss., del C.G.P.), lo cierto es que su existencia no necesariamente permite afirmar que correspondan a la materializaci\u00f3n parcial del acuerdo de democratizaci\u00f3n accionario; predica que se hace extensible a los certificados de existencia y representaci\u00f3n legal de las sociedades Talentum Temporal Ltda., Circulante S.A., Efectivo Ltda., Global Management S.A., Tim\u00f3n S.A., C.V. Cargo S.A., C.V. Logistics S.A. (fis. 33 y ss., ib.), b\u00e1sicamente porque de dichas instrumentales no es posible inferir la forma en que los hoy titulares los adquirieron. Tem\u00e1tica de la que tampoco dan cuenta la documental visible a folios Nos. 78 y ss., ib., puesto que se trata una reforma estatutaria de la empresa Tim\u00f3n S.A. en punto al objeto social y los \u00edtems relacionados con el \u201ccapital\u201d, la E.P. No. 1078 del 11 de junio de 2003 corrida en la Notar\u00eda 61 del C\u00edrculo de Bogot\u00e1, respecto al aumento de capital de Global Management S.A., para la data en que el recurrente ya contaba con el 5% del total de las acciones; la E.P. No. 0269 del 30 de enero de 2002 elevada ante la Notar\u00eda 30 del mismo circulo, atinente a una reforma estatutaria de Efectivo S.A., \u201creferentes a capital suscrito, pagado y autorizado por revalorizaci\u00f3n…’\u2019, del objeto social y el art\u00edculo atinente a \u201cnombramientos\u201d, data para la cual Carlos Julio Guerrero Hern\u00e1ndez tambi\u00e9n era socio (fis. 92 y ss., ib.). Por tanto, no se colige pues que en tales documentos se haga alusi\u00f3n al citado y pretendido acuerdo de democratizaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo se pronunci\u00f3 respecto de la declaraci\u00f3n extrajuicio de Concepci\u00f3n Guerrero Guerrero y la minuta de transformaci\u00f3n obrante a folio 875, tal como se rese\u00f1\u00f3 en precedencia. <\/p>\n
Por su parte el casacionista trascribe las manifestaciones del tribunal para decir que este \u00abse abstuvo de reparar en las necesarias conexiones o concordancias de esos documentos con otros elementos de persuasi\u00f3n\u00bb, insistiendo en las afirmaciones de Concepci\u00f3n Guerrero indicando, que \u00abel deponente alude que el pacto de democratizar las empresas, como as\u00ed fue llamado por las partes, se cumpli\u00f3 respecto de algunas de ellas, entre las que cita a Global Management y a Tim\u00f3n S.A. Y justamente los t\u00edtulos aportados ponen de presente el cumplimiento del convenio. Esa articulaci\u00f3n de las pruebas debi\u00f3 ser advertida y tomada en consideraci\u00f3n por el juzgador al momento de concederles valor probatorio, pero no lo fue\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3, adem\u00e1s, que \u00abenlaz\u00e1ndose con esa declaraci\u00f3n, en el documento que obra al folio 875 del volumen 2 del cuaderno 1, obra la transcripci\u00f3n del acta 229 del 10 de julio de 1995 en la que los demandados convinieron invitar como socios de la que ser\u00eda la sociedad SERVIENTREGA S.A., a los se\u00f1ores CARLOS JULIO, PURIFICACI\u00d3N y EUGENIO, propuesta que estos all\u00ed mismo aceptaron, pero que, mediando el incumplimiento de lo convenido, no se formaliz\u00f3 en la transformaci\u00f3n posterior de esa empresa\u00bb. <\/p>\n
Remarc\u00f3 que \u00ab[E]n punto de sopesar la trascendencia del yerro, aflora que, si el fallador hubiese examinado en conjunto esas pruebas habr\u00eda inferido, de un lado, que mediante la aludida acta las partes evidenciaron el acuerdo conforme al cual el demandante ingresar\u00eda como socio a la sociedad SERVIENTREGA S.A., pacto que intentaron cumplir seguidamente, pero que, inexplicablemente, frustraron, no obstante que s\u00ed lo cumplieron respecto de las rese\u00f1adas sociedades, como lo asever\u00f3 el testigo y lo corroboran los t\u00edtulos respectivos. Ese cumplimiento de lo convenido es prueba de que el acuerdo existi\u00f3, deducci\u00f3n que el fallador se abstuvo de colegir\u00bb, e insisti\u00f3, frente a las cartas enviadas a los llamados a juicio que \u00abreflejan el \u00e1nimo de los accionantes para que se les cumpla lo pactado o para que se adopten f\u00f3rmulas que les compensen el incumplimiento al pacto al que aluden las otras pruebas. Y eso fue lo que debi\u00f3 inferir el sentenciador, pero no lo hizo, lo que ilustra la relevancia de su desatino\u00bb. <\/p>\n
Como se ve, el reproche se circunscribe a la apreciaci\u00f3n conjunta de unos determinados medios de convicci\u00f3n y no a la totalidad del caudal demostrativo incorporado al sumario y del cual se vali\u00f3 el tribunal para desestimar las pretensiones ante la ausencia de demostraci\u00f3n del acuerdo de voluntades entre los intervinientes expresamente instado a la jurisdicci\u00f3n, cuya finalidad aseguraron era que se les trasfiriera un 5% de la participaci\u00f3n accionaria sea de la sociedad Servientrega S.A. o Servientrega Internacional S.A.. <\/p>\n
En efecto, el tribunal hall\u00f3 m\u00e9rito para confirmar la decisi\u00f3n apelada a partir de \u00abuna valoraci\u00f3n en conjunto de los elementos de convicci\u00f3n que militan en el expediente [\u2026] pues si bien pudiera colegirse que las partes en alg\u00fan momento tuvieron la intenci\u00f3n que el demandante ingresara como socio a la compa\u00f1\u00eda Servientrega S.A. (antes Ltda.|, o que le fueran asignadas cierto n\u00famero de acciones en o de diferentes sociedades; lo cierto es que en esa esfera qued\u00f3, como quiera que el denominado acuerdo de democratizaci\u00f3n accionaria no se celebr\u00f3, pues por lo menos de ello no hay prueba, como bien lo concluy\u00f3 el A-quo y lo anotaron los no recurrentes\u00bb, y aunque en la decisi\u00f3n no se ocupa el sentenciador de manera puntual de cada una de las pruebas, sino que los que merecieron puntuales cuestionamientos por parte del apelante, ello no significa la desatenci\u00f3n del postulado en estudio. <\/p>\n
Y que si se llegare a establecer la indebida valoraci\u00f3n de esos medios de prueba, para atribuirles el sentido que el inconforme estima acertado, tal comprobaci\u00f3n ser\u00eda insuficiente para demoler el fallo confutado, por cuanto no es posible concluir, con soporte \u00fanico en dichos documentos, que las partes convinieron inequ\u00edvocamente la trasferencia de algunas de sus acciones en favor de los demandantes para que fueran socios de la empresa, a partir de la realizaci\u00f3n de un acto unilateral \u201cdemocratizaci\u00f3n accionaria\u201d, ante la existencia de otras m\u00e1s que desdicen de su realizaci\u00f3n. <\/p>\n
Adicionalmente, en relaci\u00f3n a los que en el cargo se relacionan, es di\u00e1fano que el colegiado de instancia realiz\u00f3 un ejercicio de pesos y contrapesos entre las distintas probanzas para colegir esa ausencia de demostraci\u00f3n de la voluntad contractual de los demandados de vincular como socios a otros miembros de la familia Guerrero Hern\u00e1ndez, ni que irrefutablemente esto se hubiera concretado en un contrato entre los extremos en contienda que le impusiera a estos honrar dicho compromiso, amen que la intencionalidad que pudiera tener Concepci\u00f3n Guerrero no tiene per se la virtualidad legal de comprometer la responsabilidad de los se\u00f1ores Jes\u00fas y Luz Mary Guerrero, mucho menos de Servientrega S.A., ente que por su naturaleza constituye una persona jur\u00eddica distinta a la de los socios individualmente considerados, la cual por dem\u00e1s tiene expresamente reglado el sistema de enajenaci\u00f3n de la participaci\u00f3n accionaria, circunstancias que desdibujan la imputaci\u00f3n que se le formula. <\/p>\n
Ello es as\u00ed, puesto que lo colegido por el tribunal no se muestra disonante con la evidencia incorporada y est\u00e1 acorde con la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que el actor quiso demostrar \u2013la existencia del contrato que denomin\u00f3 \u00abdemocratizaci\u00f3n accionaria\u00bb. <\/p>\n
5.5.3. S\u00famese a todo lo narrado que, en la formulaci\u00f3n del cargo, el recurrente si bien relacion\u00f3 alguna norma sustancial -alej\u00e1ndose de la esencia de la causal invocada- no indic\u00f3 como a consecuencia de los yerros denunciados estas resultaron infringidas, sobre todo porque dicha labor no se satisface con la sola enunciaci\u00f3n de las disposiciones o el alcance que de estas ha dado la jurisprudencia de la Corporaci\u00f3n sino exponiendo la relaci\u00f3n entre la alegada valoraci\u00f3n indebida y el desconocimiento de la celebraci\u00f3n del acuerdo deprecado. <\/p>\n
6. Por \u00faltimo, es preciso se\u00f1alar que la decisi\u00f3n no transgredi\u00f3 el ordenamiento jur\u00eddico en detrimento del recurrente, ni los derechos fundamentales del recurrente, que al tenor de las previsiones del art\u00edculo 336 autorice la casaci\u00f3n de oficio. <\/p>\n
En este caso la sentencia respet\u00f3 el r\u00e9gimen colombiano. Se sustent\u00f3 en las pruebas legalmente recaudadas, que las partes tuvieron oportunidad de contradecir. Su estudio se enmarc\u00f3 en tales evidencias, as\u00ed como en la normatividad aplicable al caso concreto, y se apoy\u00f3 en la jurisprudencia relacionada con el asunto debatido, sin que las desavenencias interpretativas entre el tribunal y el inconforme habilite la intervenci\u00f3n de la Corte, dado el respeto que constitucionalmente se reconoce a la autonom\u00eda de la funci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Es decir, que la decisi\u00f3n no vulner\u00f3 los derechos y garant\u00edas constitucionales de las partes, en especial, como vimos, del inconforme, ni les irrog\u00f3 agravios que deban ser reparados; no amenaza la unidad e integridad de nuestra legislaci\u00f3n ni compromete el orden o el patrimonio p\u00fablico; y tampoco se requiere un pronunciamiento para unificar la jurisprudencia respecto del tema del litigio. <\/p>\n
6. Consecuente con lo argumentado los cargos esgrimidos por el casacionista no pueden prosperar. <\/p>\n
7. Finalmente, ante el fracaso de la s\u00faplica extraordinaria, al tenor de lo dispuesto en el art\u00edculo 365 del C\u00f3digo General del Proceso, se condenar\u00e1 en costas al recurrente. Se fijar\u00e1n en esta misma providencia las agencias en derecho correspondientes, y para su cuantificaci\u00f3n se tendr\u00e1 en cuenta que la impugnaci\u00f3n extraordinaria fue replicada por la parte contraria. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. NO CASAR la sentencia proferida el 16 de mayo de 2018, por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, dentro del asunto referenciado. <\/p>\n
SEGUNDO. CONDENAR en costas de la casaci\u00f3n al recurrente, y en su liquidaci\u00f3n se deber\u00e1 incluir la suma de seis millones de pesos ($6\u2019000.000) por concepto de agencias en derecho en favor de los opositores. <\/p>\n
TERCERO. ORDENAR que, en oportunidad, se remita el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese y C\u00famplase <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
(Presidente de la Sala) <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 \u00abServientrega S.A. Estados Unidos, Servientrega S.A. Ecuador, Servientrega S.A. Venezuela, Servientrega S.A. Panam\u00e1, Talentum Temporal Ltda., Uni\u00f3n Temporal Sett, C.V. Cargo S.A. (antes Col vuelos Limitada propietaria del establecimiento de comercio C.V. Logistics S.A.) y dem\u00e1s sociedades e inversiones relacionadas en los hechos de la presente demanda surgidas con ocasi\u00f3n del objeto social de Servientrega S.A.\u00bb <\/p>\n
2\u0002 Sent. Corte Constitucional C-1178 de 2001 de 8 de noviembre. <\/p>\n
<\/p>\n
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SC5034-2021 (2008-00625-01) HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente SC5034-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-31-03-023-2008-00625-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de once de noviembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., dos (2) de diciembre de dos mil veintiuno (2021) Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por Carlos Julio […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[43],"tags":[],"class_list":["post-59914","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59914","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59914"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59914\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59914"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59914"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59914"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}