SC5039-2021 (2018-00170-01)<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
SC5039-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 52001-31-10-006-2018-00170-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de once de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide el recurso extraordinario de casaci\u00f3n que interpuso la convocante frente a la sentencia de 25 de noviembre de 2020, dictada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, en el proceso verbal que promovi\u00f3 Laura Alexandra Madro\u00f1ero Quiroz contra Ciro Jhonnson Mora Insuasty. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
La demandante pidi\u00f3 declarar que entre ella y el se\u00f1or Mora Insuasty existi\u00f3 \u00abuna uni\u00f3n marital de hecho en los t\u00e9rminos establecidos en la[s] Ley[es] 54 de 1990 y 979 de 2005, que se inici\u00f3 en julio de 2012 y sigue produciendo efectos\u00bb; o, en subsidio, que se extendi\u00f3 hasta \u00abmayo del presente a\u00f1o [2018]\u00bb. Asimismo, reclam\u00f3 que la \u00absociedad patrimonial de hecho\u00bb entre compa\u00f1eros permanentes fuera liquidada en legal forma. <\/p>\n
2. Fundamento f\u00e1ctico. <\/p>\n
2.1. Los se\u00f1ores Madro\u00f1ero Quiroz y Mora Insuasty \u00abse conocieron en el mes de abril de 2012 por motivos laborales y en el mes de julio de ese mismo a\u00f1o inician una relaci\u00f3n sentimental y amorosa. No son casados entre s\u00ed, ni tampoco tienen v\u00ednculo matrimonial con terceras personas, igualmente, no existe descendencia entre ellos\u00bb. <\/p>\n
2.2. La comunidad de vida se afianz\u00f3 a mediados del a\u00f1o 2012, \u00abcuando el se\u00f1or Ciro empez\u00f3 a pernoctar con [la actora, mientras esta] viv\u00eda en Balcones de la Pradera de esta ciudad\u00bb. En febrero del a\u00f1o siguiente, el hoy demandado \u00abalquil\u00f3 un apartamento en el barrio Santiago de Pasto. Como la relaci\u00f3n se hab\u00eda consolidado, Ciro [era] el que pagaba el alquiler, conform\u00e1ndose una relaci\u00f3n permanente y seria\u00bb. <\/p>\n
2.3 Durante la convivencia, fueron \u00abinfinitos los momentos compartidos desde julio de 2012, viajes a Cuba, Cartagena, Bogot\u00e1; tiempos familiares de cumplea\u00f1os, fiestas y dem\u00e1s, pasando notoriamente como marido y mujer, frente a su familia, amigos y compa\u00f1eros de trabajo desde esa fecha\u00bb. <\/p>\n
2.4. Mientras el v\u00ednculo more uxorio se mantuvo, la demandante \u00abcumpli\u00f3 con su rol de compa\u00f1era permanente\u00bb; permaneci\u00f3 al tanto de la econom\u00eda del hogar; apoy\u00f3 el ejercicio profesional de su pareja; lo acompa\u00f1\u00f3 en distintas actividades, e incluso represent\u00f3 sus intereses ante la \u201cConstructora Rivas-Mora\u201d, \u00abcon la finalidad de [informarlo] al detalle de los negocios que llevaba con sus socios\u00bb. <\/p>\n
2.5. El lazo familiar descrito se vio afectado por \u00abm\u00faltiples injurias y malos tratos\u00bb infligidos por el convocado, quien siempre se comport\u00f3 como \u00abuna persona muy agresiva, posesiva, que siempre quiere imponer su voluntad, pretende que las personas est\u00e9n sometidas a sus caprichos, maltrata a su pareja, a sus empleados y sus pacientes\u00bb. <\/p>\n
2.6. Ese contexto de violencia se vio intensificado porque \u00abCiro (…) le restriega [a la actora] (\u2026) su poder econ\u00f3mico y sus influencias, la menosprecia haci\u00e9ndola sentir menos que \u00e9l, le expresa que ella no es nadie, que no tiene derecho a nada, siempre que se disgusta la saca del apartamento, pero posteriormente le est\u00e1 rogando perd\u00f3n y reconciliaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.7. Como si fuera poco, \u00aben repetidas ocasiones [la demandante] ha tenido que acceder a relaciones sexuales sin su consentimiento, en tanto que tal exigencia (sic) las hace [el demandado] en raz\u00f3n a que tanto ella como \u00e9l toman el rol de \u201cesposos\u201d y por lo tanto cumplen con el d\u00e9bito conyugal\u00bb. <\/p>\n
2.8. A ra\u00edz de estos eventos, la se\u00f1ora Madro\u00f1ero Quiroz presenta \u00abun grado complejo de stress y ansiedad\u00bb, que motiv\u00f3 su ingreso de urgencia a un centro hospitalario, donde permaneci\u00f3 internada entre el 23 de abril y el 3 de mayo de 2018. <\/p>\n
2.9. Durante el lapso antedicho, \u00abla m\u00e9dica tratante decidi\u00f3 activar ruta de violencia de g\u00e9nero y sospecha de abuso sexual\u00bb, ordenando su remisi\u00f3n al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, con el fin de \u00abdeterminar afectaciones compatibles con agresi\u00f3n sexual\u00bb. A partir de ese an\u00e1lisis, \u00abla Fiscal\u00eda Seccional 52 CAIVAS decide continuar indagaci\u00f3n por el delito de acceso carnal abusivo y violencia intrafamiliar\u00bb. <\/p>\n
3. Actuaci\u00f3n procesal. <\/p>\n
3.1. El se\u00f1or Mora Insuasty compareci\u00f3 oportunamente al proceso, se opuso a la prosperidad del petitum y formul\u00f3 las excepciones de \u00abinexistencia [de la uni\u00f3n marital]\u00bb; \u00abinexistencia de la sociedad patrimonial\u00bb; \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa\u00bb y \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u00bb. <\/p>\n
3.2. Mediante sentencia de 2 de agosto de 2019, el Juzgado Sexto de Familia de Pasto deneg\u00f3 las s\u00faplicas de la demanda, tras considerar que no se acreditaron ni la comunidad de vida, ni la intenci\u00f3n de la pareja de conformar una familia. La actora interpuso apelaci\u00f3n. <\/p>\n
SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El tribunal confirm\u00f3 la decisi\u00f3n adoptada por el funcionario a quo, sirvi\u00e9ndose de los argumentos que a continuaci\u00f3n se compendian: <\/p>\n
(i) Aun cuando \u00ablos hechos de la demanda apuntan a que [el] nexo principi\u00f3 en agosto de 2012, es lo cierto que analizando en conjunto los interrogatorios de parte (…) y la prueba documental aportada al proceso, se logra establecer que, para ese entonces, la relaci\u00f3n de las partes fue laboral\u00bb. <\/p>\n
(ii) Esto es as\u00ed porque \u00aben el acta que recogi\u00f3 la audiencia de conciliaci\u00f3n surtida ante la Inspecci\u00f3n de Trabajo y Seguridad Social de 12 de marzo de 2014, en la que la demandante y el demandado actuaron como convocante y convocado respectivamente, se precis\u00f3 que la reclamante se desempe\u00f1\u00f3 en el consultorio del se\u00f1or Mora Insuasty, como Asistente de Oficina, desde el d\u00eda 20 de junio de 2012 hasta el 27 de febrero de 2014 (…). Adem\u00e1s, la misma se\u00f1ora Madro\u00f1ero Quiroz, en el curso de su interrogatorio, estableci\u00f3 como extremos temporales de su lazo afectivo, \u201cde principios de 2015 hasta abril de 2018\u201d\u00bb. <\/p>\n
(iii) Seg\u00fan el dicho de la actora, despu\u00e9s de que se presentaran algunas desavenencias, decidi\u00f3 tomar distancia del convocado, conociendo \u00aba otra persona con quien comparti\u00f3 varios momentos\u00bb. Y si bien, en su sentir, \u00abello no era nada serio\u00bb, lo cierto es que \u00abdesde el 26 de octubre de 2015 hasta el 5 de marzo de 2018\u00bb fue vinculada como \u00abbeneficiaria c\u00f3nyuge o compa\u00f1ero permanente (sic)\u00bb del se\u00f1or John Jairo Gust\u00edn Pantoja, \u00abhecho que contraviene lo expresado por la demandante al establecer que esa relaci\u00f3n no tuvo trascendencia, respaldado por la manifestaci\u00f3n de la demandante en audiencia, quien acept\u00f3 la existencia de una declaraci\u00f3n rendida ante notario contentiva de la voluntad de uni\u00f3n marital de hecho con el se\u00f1or Gust\u00edn Pantoja\u00bb. <\/p>\n
(iv) Aunque \u00abes innegable la existencia de una relaci\u00f3n sentimental entre las partes hoy enfrentadas, en periodos de tiempo no continuos\u00bb, lo cierto es que, \u00abcomo bien lo expres\u00f3 el juzgador de primer grado, la relaci\u00f3n amorosa que existi\u00f3 entre las partes no puede entenderse como la voluntad de conformar una familia, entre otras cosas, porque la mentada relaci\u00f3n desconoce el requisito de permanencia, el cual denota la estabilidad, continuidad o perseverancia en la comunidad de vida, al margen de elementos accidentales involucrados en su devenir\u00bb. De ah\u00ed que se entendiera no probada \u00abla voluntad de formar una comunidad de vida permanente y singular\u00bb. <\/p>\n
(v) En el expediente \u00abobran diferentes documentos que, a decir de la demandante, demuestran la relaci\u00f3n que sostuvo con el demandado. Entre ellos, varias fotograf\u00edas (…)\u00bb, en las que aparecen departiendo como pareja. No obstante, esas probanzas solo \u00abpermiten inferir la existencia de una relaci\u00f3n amorosa entre la demandante y el demandado que, se recalca, la Sala estima probada, mas no necesariamente una uni\u00f3n marital de hecho, e igual acontece con la prueba testimonial\u00bb. <\/p>\n
(vi) Las reglas de la experiencia \u00abderivadas de nuestro contexto social\u00bb indican que, por lo general, \u00ablos miembros del n\u00facleo familiar y las amistades cercanas a la pareja son las personas m\u00e1s id\u00f3neas para declarar acerca de las condiciones en que se dio la convivencia de los compa\u00f1eros, pues nadie mejor que ellos percibe o presencia las vicisitudes que surgen en el seno de la uni\u00f3n marital\u00bb. Trasladada esa premisa al caso, \u00abla prueba allegada demuestra que la relaci\u00f3n sentimental entre la demandante y el demandado fue intermitente y discontinua, tal como lo expres\u00f3 la se\u00f1ora Luz Marina Cardona Angarita (…), quien manifest\u00f3 que los integrantes de la pareja \u201chan convivido tres veces\u201d y que los interregnos de tiempo que no cohabitaban, la demandante vivi\u00f3 con ella, con su madre y luego en un apartamento, acotando que Ciro Jhonnson visitaba a Laura Alexandra cuando \u00e9sta \u00faltima resid\u00eda en el Barrio Santiago de esta ciudad\u00bb. <\/p>\n
(vii) En el mismo sentido, \u00abla testigo M\u00f3nica Janeth Madro\u00f1ero Quiroz, hermana de la actora, se refiri\u00f3 a la intermitencia en la convivencia de la pareja, pues asegur\u00f3 que en varias oportunidades su hermana residi\u00f3 en la casa materna\u00bb, debi\u00e9ndose a\u00f1adir que \u00abla testigo Mar\u00eda (sic) Liliana Narv\u00e1ez Eraso describi\u00f3 que la se\u00f1ora Laura Alexandra Madro\u00f1ero Quiroz se hab\u00eda separado varias veces y que en el apartamento del Barrio Santiago, esta \u00faltima viv\u00eda sola. De igual forma, de lo dicho por las testigos Estefan\u00eda Ruales Agudelo, Nancy Rovira Burbano y Sonia Lilian Mora, se infiere el car\u00e1cter discontinuo que tuvo la relaci\u00f3n objeto de debate\u00bb. <\/p>\n
(viii) En lo concerniente a la solicitud de la demandante para que se aplicara enfoque diferencial por razones de g\u00e9nero, es menester precisar que \u00abciertamente la mujer tiene protecci\u00f3n constitucional reforzada, amparada por pronunciamientos de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia\u00bb, m\u00e1xime en un caso como este, ya que \u00abel acervo probatorio hace evidente que la relaci\u00f3n entre los extremos procesales estuvo marcada por dificultades y vicisitudes (…) desencaden[ando] en la denuncia de la hoy demandante al demandado, por el delito de acceso carnal\u00bb. <\/p>\n
(ix) Si bien \u00abno se desconoce[n] las situaciones de car\u00e1cter sicol\u00f3gico que la se\u00f1ora Laura Madro\u00f1ero afronta, las causas que en su sentir las produjeron y que eventualmente pueden comprometer la responsabilidad penal de su contraparte, ya se han puesto en conocimiento de las autoridades competentes en cada materia para su pronta soluci\u00f3n, siendo que lo debatido en este proceso, corresponde a la declaraci\u00f3n de la existencia de una uni\u00f3n marital de hecho\u00bb, cuyos elementos estructurantes no fueron cabalmente acreditados. <\/p>\n
DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
La actora formul\u00f3 tempestivamente el recurso extraordinario de casaci\u00f3n. Al sustentarlo, propuso dos reproches, al amparo de las causales primera y segunda (en su orden) del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Se acusa el fallo del ad quem de violar directamente el \u00abart\u00edculo 1 de la ley 54 de 1990, el art\u00edculo 1 de la ley 979 de 2005 que reform\u00f3 el art\u00edculo el art\u00edculo 2 de la Ley 54 de 1990\u00bb, la \u00abLey 51 de 1981: \u201cley aprobatoria de la Convenci\u00f3n sobre la eliminaci\u00f3n de todas las formas de discriminaci\u00f3n contra la mujer\u00bb, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979 y firmada el 17 de julio de 1980. (CEDAW)\u201d\u00bb y la \u00abLey 248 de 1995: \u201cPor medio de la cual se aprueba la Convenci\u00f3n Internacional para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, suscrita en la ciudad de Bel\u00e9m Do Par\u00e1, Brasil, el 9 de junio de 1994\u201d\u00bb; lo anterior, debido a \u00aberr\u00f3nea interpretaci\u00f3n y falta de aplicaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En sentir de la casacionista, \u00abla interpretaci\u00f3n restrictiva al texto legal sobre la cual construye el fallo el H. Tribunal Superior del Distrito judicial es determinante en el resultado del proceso, m\u00e1s a\u00fan cuando se aporta prueba al proceso que demuestra situaciones de violencia de g\u00e9nero que son trascendentales para justificar una relaci\u00f3n en la cual los compa\u00f1eros no habitaban permanentemente el mismo lugar sin que se rompa el concepto de comunidad de vida\u00bb. <\/p>\n
El ad quem tampoco realiz\u00f3 el control de convencionalidad que ameritaba el asunto, perdiendo de vista \u00abel contexto de violencia sufrido por la se\u00f1ora Laura Alexandra\u00bb. Ello explica que \u00abla valoraci\u00f3n probatoria, el an\u00e1lisis f\u00e1ctico y las consecuencias jur\u00eddicas que deb\u00edan desprenderse, se alejan por completo de las normas internacionales, que hacen parte del bloque de constitucionalidad y que termina favoreciendo, desde ese an\u00e1lisis exeg\u00e9tico dispuesto por el tribunal, al agresor\u00bb. <\/p>\n
Como colof\u00f3n, \u00abla inaplicaci\u00f3n de las normas convencionales resulta siendo determinante para el caso y la confirmaci\u00f3n del fallo de primera instancia, porque modifica el contexto de an\u00e1lisis de las normas sustanciales que tipifican los requisitos para la constituci\u00f3n de la uni\u00f3n marital y patrimonial de bienes\u00bb, a\u00f1adiendo luego que \u00abun examen a profundidad y con aplicaci\u00f3n de enfoque diferencial por razones de g\u00e9nero, permitir\u00eda ampliar los horizontes de an\u00e1lisis y racionalidad jur\u00eddica para concluir que las situaciones de violencia al interior de la pareja dificultan la convivencia permanente, pero esto no significa de contera la destrucci\u00f3n de la comunidad de prop\u00f3sitos y fines necesarios para la declaraci\u00f3n de la uni\u00f3n marital de hecho\u00bb. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Con fundamento en la causal segunda del canon 336 del C\u00f3digo General del Proceso, se denunci\u00f3 la tergiversaci\u00f3n y el cercenamiento de las evidencias recaudadas. En punto de lo anterior, la impugnante resalt\u00f3 que la colegiatura de segundo grado ignor\u00f3 \u00abel testimonio de Lucy Neida Enr\u00edquez, empleada del servicio dom\u00e9stico, quien manifest\u00f3 en su declaraci\u00f3n haber trabajado en enero de 2017 aproximadamente hasta mayo de ese a\u00f1o. Cuando se le indag\u00f3 acerca de la relaci\u00f3n ella manifest\u00f3: \u201cEllos como matrimonio la verdad, me consta que \u00e9l la presentaba como mi esposa, compart\u00edan fiestas, ten\u00edan cama matrimonial, dorm\u00edan los dos, llegaba todo cari\u00f1oso le daban un beso como pareja, ese trato fue siempre, Alexandra lo trataba igual, ellos sal\u00edan a pasear y ella permanec\u00eda en la casa porque don Ciro no le gustaba que ella saliera a trabajar. A la pregunta de c\u00f3mo era el trato de los familiares de Ciro hermanos o familiares de don Ciro manifest\u00f3: la trataban a ella como la esposa, y los familiares de do\u00f1a Alexandra tambi\u00e9n igual. Los vecinos la trataban como esposa, en la Riviera la reconoc\u00edan como esposa. La hija de Ciro a Alexandra, la trataba como esposa. Lo mismo la hija de do\u00f1a Alexandra, en ese sentido ten\u00edan toda una buena relaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
A ello a\u00f1adi\u00f3 que el tribunal no tuvo en cuenta \u00ablos apartes del testimonio de la se\u00f1ora Luz Marina Cardona, en los cuales refiere situaciones particulares que demuestran el \u00e1nimo de constituir una familia y no una simple relaci\u00f3n pasajera\u00bb, razonamiento que puede extenderse \u00abal testimonio de Marieth Liliana Narv\u00e1ez Eraso, quien por el hecho de manifestar que se hab\u00edan separado varias veces y que Alexandra Madro\u00f1ero viv\u00eda sola en el barrio Santiago, no significa de contera que no existiere comunidad de vida\u00bb. <\/p>\n
Similarmente, \u00abfue cercenado el [testimonio] de M\u00f3nica Janeth Madro\u00f1ero Quiroz, hermana de la actora, por cuanto el Tribunal solo hace acotaci\u00f3n de la intermitencia en la convivencia de la pareja se\u00f1alando que asegur\u00f3 en varias oportunidades que su hermana residi\u00f3 en la casa materna, situaci\u00f3n que en nada afecta la comunidad de vida y permanencia por cuanto las residencias separadas no constituyen un impedimento para la configuraci\u00f3n de los requisitos para conformar la uni\u00f3n marital de hecho, m\u00e1s a\u00fan cuando los testigos y pruebas documentales demuestran el trasfondo de violencia en la relaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Por ese sendero, tambi\u00e9n recrimin\u00f3 que se hiciera \u00e9nfasis en \u00abuna simple relaci\u00f3n de amistad entre Alexandra Madro\u00f1ero y el se\u00f1or Jairo Gust\u00edn Pantoja\u00bb, dado que \u00abuna infidelidad dentro de la relaci\u00f3n entre Alexandra Madro\u00f1ero y Ciro Johnson Rojas (\u2026) no tiene la capacidad de romper la comunidad de vida\u00bb, sin que pudiera obviarse valorar la prueba \u00abcon criterio diferenciador\u00bb, ya que \u00abel se\u00f1or Gust\u00edn afirma que fue por un acto de humanidad que decide afiliarla, al verla tan mal en su salud f\u00edsica, y que requer\u00eda los servicios m\u00e9dicos ya que en esa fecha no contaba con ninguna afiliaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, se doli\u00f3 de que no se apreciara debidamente la historia cl\u00ednica de la convocante, a pesar de que \u00abal se\u00f1alar los reparos de la apelaci\u00f3n se hizo menci\u00f3n expresa a la evidencia que ah\u00ed arrojaba, concerniente al relato, libre y espont\u00e1neo que surti\u00f3 Alexandra ante el Psic\u00f3logo y Psiquiatra, cuando en ese 23 de abril de 2018, en la Historia Cl\u00ednica de la Hispanoam\u00e9rica reposo: \u201cQue con su pareja actual lleva seis a\u00f1os de relaci\u00f3n la cual se ha caracterizado por ser intermitente\u201d, de ah\u00ed en adelante describe rasgos propios de la pareja y de una relaci\u00f3n permeada por la violencia de g\u00e9nero\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Aclaraci\u00f3n preliminar. <\/p>\n
Si se analizaran por separado los cargos propuestos, quedar\u00edan inexorablemente expuestas sus falencias t\u00e9cnicas. El primero, por ejemplo, versa sobre la transgresi\u00f3n directa de la ley sustancial, pero incluye en su desarrollo cr\u00edticas relacionadas con aspectos f\u00e1cticos del debate, obviando la prohibici\u00f3n que consagra el art\u00edculo 344-2, literal a), del C\u00f3digo General del Proceso. En el segundo, la censura parece completa y sim\u00e9trica, pero pasa por alto la necesaria menci\u00f3n de las normas sustanciales que habr\u00edan sido quebrantadas por el ad quem. <\/p>\n
No obstante, tales incorrecciones pueden superarse agrupando, de oficio, ambos cargos en uno solo \u2013conforme lo autoriza el par\u00e1grafo 2 del citado art\u00edculo 3441\u2013, fincado en la causal segunda de casaci\u00f3n. De esta forma, los reproches en torno a la valoraci\u00f3n de la evidencia encuentran complemento en las razones de derecho que se esgrimieron en la censura inicial (v. gr., la precisi\u00f3n relativa a las normas sustanciales infringidas), permitiendo as\u00ed que se satisfagan las exigencias formales del remedio extraordinario. <\/p>\n
2. Violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial por errores de hecho. <\/p>\n
La comisi\u00f3n de un yerro f\u00e1ctico, de tal magnitud que comporte la infracci\u00f3n indirecta de una norma sustancial, presupone para su acreditaci\u00f3n que, entre otras exigencias, se compruebe que la inferencia probatoria cuestionada es manifiestamente contraria al contenido objetivo de la prueba; es decir, que el desacierto sea tan evidente y notorio que se advierta sin mayor esfuerzo ni raciocinio. <\/p>\n
Como las sentencias llegan a la Corte amparadas por una presunci\u00f3n de legalidad y acierto, le incumbe al recurrente desvirtuarla, para lo cual debe realizar una cr\u00edtica concreta, sim\u00e9trica, razonada y coherente frente a los aspectos del fallo que considera desacertados, con indicaci\u00f3n de los fundamentos generadores de la infracci\u00f3n a la ley, am\u00e9n de hacer evidente la trascendencia del yerro \u00aben el sentido del fallo\u00bb y atacar, de modo eficaz e integral, todos los pilares de la decisi\u00f3n impugnada. En esta precisa materia, la Sala ha explicado: <\/p>\n
\u00abEl error de hecho (…) ocurre cuando se supone o pretermite la prueba, entendi\u00e9ndose que incurrir\u00e1 en la primera hip\u00f3tesis el juzgador que halla un medio en verdad inexistente o distorsiona el que s\u00ed obra para darle un significado que no contiene, y en la segunda situaci\u00f3n cuando ignora del todo su presencia o lo cercena en parte, para, en esta \u00faltima eventualidad, asignarle una significaci\u00f3n contraria o diversa. El error \u201cata\u00f1e a la prueba como elemento material del proceso, por creer el sentenciador que existe cuando falta, o que falta cuando existe, y debido a ella da por probado o no probado el hecho\u201d (G. J., t. LXXVIII, p\u00e1g. 313). Denunciada una de las anteriores posibilidades, el impugnador debe acreditar que la falencia endilgada es manifiesta y, adem\u00e1s, que es trascendente por haber determinado la resoluci\u00f3n reprochada (\u2026). Acorde con la a\u00f1eja, reiterada y uniforme jurisprudencia de la Corporaci\u00f3n, el yerro f\u00e1ctico ser\u00e1 evidente o notorio, \u201ccuando su s\u00f3lo planteamiento haga brotar que el criterio\u201d del juez \u201cest\u00e1 por completo divorciado de la m\u00e1s elemental sind\u00e9resis; si se quiere, que repugna al buen juicio\u201d, lo que ocurre en aquellos casos en que \u00e9l \u201cest\u00e1 convicto de contraevidencia\u201d (sentencias de 11 de julio de 1990 y de 24 de enero de 1992), o cuando es \u201cde tal entidad que a primer golpe de vista ponga de manifiesto la contraevidencia de la determinaci\u00f3n adoptada en el fallo combatido con la realidad que fluya del proceso\u201d (sentencia 146 de 17 de octubre de 2006, exp. 06798-01)\u00bb (CSJ SC 21 feb. 2012, rad. 2004-00649-01, reiterada en CSJ SC131-2018, 12 feb.). <\/p>\n
Con similar orientaci\u00f3n, se ha sostenido que, <\/p>\n
\u00ab(…) partiendo de la base de que la discreta autonom\u00eda de los juzgadores de instancia en la apreciaci\u00f3n de las pruebas conduce a que los fallos lleguen a la Corte amparados en la presunci\u00f3n de acierto, es preciso subrayar que los errores de hecho que se les endilga deben ser ostensibles o protuberantes para que puedan justificar la infirmaci\u00f3n del fallo, justificaci\u00f3n que por lo tanto no se da sino en tanto quede acreditado que la estimaci\u00f3n probatoria propuesta por el recurrente es la \u00fanica posible frente a la realidad procesal, tornando por lo tanto en contraevidente la formulada por el juez; por el contrario, no producir\u00e1 tal resultado la decisi\u00f3n del sentenciador que no se aparta de las alternativas de razonable apreciaci\u00f3n que ofrezca la prueba o que no se impone frente a \u00e9sta como afirmaci\u00f3n il\u00f3gica y arbitraria, es decir, cuando s\u00f3lo se presente apenas como una posibilidad de que se haya equivocado (\u2026)\u00bb (CSJ SC, 8 sep. 2011, rad. 2007-00456-01). <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Fases de la relaci\u00f3n entre la se\u00f1ora Madro\u00f1ero Quiroz y el se\u00f1or Mora Insuasty. <\/p>\n
3.1.1. El inicio de la relaci\u00f3n. <\/p>\n
El primer puntal argumentativo del fallo impugnado se erigi\u00f3 alrededor de tres premisas f\u00e1cticas: (i) Entre junio de 2012 y febrero de 2014, la actora se desempe\u00f1\u00f3 como \u00abasistente\u00bb en el consultorio m\u00e9dico donde ejerce el demandado, estando vinculada mediante contrato de trabajo; (ii) Tras la finalizaci\u00f3n de ese v\u00ednculo, la se\u00f1ora Madro\u00f1ero Quiroz cit\u00f3 a su antiguo empleador a una audiencia de conciliaci\u00f3n ante la Inspecci\u00f3n de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Pasto, con el fin de resolver lo atinente al pago de sus prestaciones sociales; y (iii) Ese tr\u00e1mite culmin\u00f3 con un \u00abacuerdo conciliatorio\u00bb, en virtud del cual \u00abla parte reclamada se\u00f1or Ciro Jhonnson Mora Insuasty se compromet[i\u00f3] a cancelar [a la hoy demandante] la suma de $3.300.000\u00bb. <\/p>\n
Con apoyo en esos antecedentes, el ad quem infiri\u00f3 que la conducta asumida por la casacionista hasta el 12 de marzo de 2014, fecha en la que tuvo lugar la audiencia de conciliaci\u00f3n, no era consistente con la comunidad de vida permanente y singular que se pregon\u00f3 en la demanda, aserto que entendi\u00f3 robustecido a partir de la confesi\u00f3n de la misma demandante, quien \u00aben el curso de su interrogatorio estableci\u00f3 como extremos temporales de su lazo afectivo \u201cde principios de 2015 hasta abril de 2018\u201d\u00bb. <\/p>\n
Dicho esto, advierte la Corte que la recurrente no se ocup\u00f3 de controvertir el an\u00e1lisis referenciado. No lo hizo expresamente, pues no mencion\u00f3 las pruebas que tuvo en cuenta el ad quem, ni mucho menos desarroll\u00f3 una cr\u00edtica concreta respecto de las inferencias que esa colegiatura elabor\u00f3 a partir de ellas, explicando, por v\u00eda de ejemplo, de qu\u00e9 manera habr\u00eda quedado infirmada la confesi\u00f3n a la que se aludi\u00f3 en la sentencia de segundo grado. <\/p>\n
Y esa cr\u00edtica tampoco se advierte impl\u00edcita en sus argumentos, dado que las pruebas que se denunciaron pretermitidas, tergiversadas o cercenadas por parte del tribunal no se contraponen a las conclusiones que dicha magistratura consign\u00f3 en su fallo, al menos en lo que concierne a la g\u00e9nesis de la compleja relaci\u00f3n de la pareja Madro\u00f1ero-Mora. <\/p>\n
De hecho, el grueso de los testimonios y documentos que fueron enlistados \u2013de forma gen\u00e9rica\u2013 en la sustentaci\u00f3n de los cargos, aluden a \u00e9pocas ulteriores, puntualmente a las anualidades 2017 y 2018. Solamente en la historia cl\u00ednica de la querellante podr\u00eda encontrarse alguna alusi\u00f3n a eventos previos, pues en la anamnesis de la paciente se consign\u00f3 que \u00abcon su pareja lleva seis a\u00f1os de relaci\u00f3n\u00bb; pero esa breve rese\u00f1a ayuna de pruebas de respaldo, no permite sostener que el razonamiento del ad quem fuera contraevidente, o completamente alejado de la realidad que emerge del caudal demostrativo. <\/p>\n
En efecto, si lo dicho por la se\u00f1ora Madro\u00f1ero Quiroz durante la atenci\u00f3n m\u00e9dica y psicol\u00f3gica que se le prodig\u00f3 en la Cl\u00ednica Hispanoam\u00e9rica solo admitiera la hermen\u00e9utica que se sugiri\u00f3 al sustentar el recurso extraordinario, no parece caprichoso o irrazonable que los jueces de instancia hubieran optado por darle mayor credibilidad a otras piezas probatorias, especialmente a la confesi\u00f3n de la propia convocante, en la que, se insiste, fij\u00f3 el hito inicial de su relaci\u00f3n en una \u00e9poca muy posterior. <\/p>\n
A lo expuesto se a\u00f1ade que la informaci\u00f3n que recoge aquella historia cl\u00ednica es susceptible de una interpretaci\u00f3n diversa, que s\u00ed resulta consistente con los dem\u00e1s medios de prueba recaudados, conforme con la cual la menci\u00f3n a una relaci\u00f3n de seis a\u00f1os pretend\u00eda describir toda la extensi\u00f3n del lazo afectivo de la paciente con el se\u00f1or Mora Insuasty, sin que, necesariamente, el mismo pudiera calificarse desde el inicio como una verdadera uni\u00f3n marital de hecho. <\/p>\n
Ese entendimiento armoniza con la forma progresiva como habitualmente se desenvuelven y consolidan los lazos sentimentales, y encaja tambi\u00e9n con las documentales obrantes a folios y con el relato de las testigos Marieth Liliana Narv\u00e1ez Eraso, Luz Marina Cardona Angarita, M\u00f3nica Janeth Madro\u00f1ero Quiroz y Nidia Leonor Quiroz, quienes describieron la fase primigenia de la relaci\u00f3n entre los litigantes con las notas caracter\u00edsticas de una relaci\u00f3n informal o, en el mejor de los casos, de un noviazgo. <\/p>\n
Es innegable que entre los a\u00f1os 2012 y 2014 los se\u00f1ores Madro\u00f1ero Quiroz y Mora Insuasty asistieron a eventos sociales, tomaron breves vacaciones y pernoctaron juntos de forma ocasional. Pero ninguna de esas circunstancias, que son las \u00fanicas que reflejan las fotograf\u00edas adosadas a la demanda, y a las que se refirieron los testigos, apunta \u00aben direcci\u00f3n de conformar una familia, por ejemplo, disponiendo de sus vidas para compartir asuntos fundamentales de su ser, coincidiendo en metas, presentes y futuras, y brid\u00e1ndose respeto, socorro y ayuda mutua\u00bb (CSJ SC3887-2021, 23 sep.), como ser\u00eda de rigor para que se estructurara entre las partes el lazo que describe el art\u00edculo 1 de la Ley 54 de 1990. <\/p>\n
Expresado de otro modo, las pruebas que se recaudaron no reflejan la voluntad inicial de los integrantes de la pareja Madro\u00f1ero-Mora de formar una comunidad de vida estable, ni tampoco que existiera entre ellos la affectio maritalis que caracteriza las uniones de hecho. Incluso, ambos habitaban en lugares diferentes; el demandado, en un apartamento del \u201cEdificio La Riviera\u201d, y su contraparte, en la residencia materna, primero, y en un apartamento de alquiler \u00aben el Barrio Santiago\u00bb, despu\u00e9s. <\/p>\n
Y si bien la cohabitaci\u00f3n no es un requisito sine qua non de las uniones de hecho (Cfr., a modo de ejemplo, CSJ SC15173-2016, 24 oct.), en este caso concreto su ausencia es una muestra m\u00e1s de que, para la \u00e9poca por la que se averigua, no exist\u00eda la referida voluntad de la pareja establecerse como familia. <\/p>\n
Las partes, incluso, decidieron mantener hogares separados, a pesar de que ambos deb\u00edan cubrir sendos c\u00e1nones de arrendamiento, ten\u00edan fijado su domicilio en la misma ciudad, e incluso laboraban en el mismo sitio, variables que constitu\u00edan claros incentivos para iniciar una convivencia, en caso de que la pareja realmente hubiera pensado \u2013para ese entonces\u2013 en construir un proyecto de vida conjunto. <\/p>\n
3.1.2. La ruptura. <\/p>\n
Con apoyo en varias piezas de evidencia, principalmente los testimonios de Luz Marina Cardona Angarita y Jairo Gust\u00edn Pantoja, y la declaraci\u00f3n de parte de la se\u00f1ora Madro\u00f1ero Quiroz, el tribunal estableci\u00f3 que las partes de este litigio continuaron desarrollando su relaci\u00f3n sentimental hasta el primer trimestre del a\u00f1o 2015, cuando, en palabras de la misma actora, decidieron de mutuo acuerdo \u00abairear la relaci\u00f3n\u00bb y tomar caminos separados. <\/p>\n
A partir de all\u00ed, habr\u00eda cesado todo contacto entre ellos. La recurrente abandon\u00f3 el apartamento que ocupaba en alquiler, retorn\u00f3 a la casa materna y, posteriormente, se mud\u00f3 junto a una amiga suya, la se\u00f1ora Cardona Angarita, que se ofreci\u00f3 a acogerla por un tiempo. En paralelo, inici\u00f3 un breve episodio rom\u00e1ntico con el se\u00f1or Gust\u00edn Pantoja, quien laboraba en una entidad bancaria ubicada en un municipio cercano a la ciudad de Pasto, pero viajaba a esa capital algunos fines de semana para visitarla. <\/p>\n
Para entonces, la demandante no ten\u00eda ingresos, ni tampoco se encontraba vinculada al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), por lo que el se\u00f1or Gust\u00edn Pantoja le provey\u00f3 \u00abuna tarjeta de cr\u00e9dito para sus gastos\u00bb y accedi\u00f3 a que declararan la existencia de una uni\u00f3n marital de hecho entre ellos, con el fin de que su pareja fuera incluida como beneficiaria suya ante Coomeva EPS. De dicha circunstancia tambi\u00e9n da cuenta el certificado que milita a folio 161 del cuaderno principal, emitido por la referida entidad promotora de salud. <\/p>\n
Tambi\u00e9n encontr\u00f3 probado el tribunal, con soporte en los elementos de juicio ya citados, que a escasos d\u00edas de que se aprobara la aludida afiliaci\u00f3n \u2013hecho que tuvo lugar el 26 de octubre de 2015\u2013, la demandante tuvo que ser internada en el Hospital Universitario Departamental de Nari\u00f1o, debido a un cuadro de apendicitis. Tras el alta m\u00e9dica, fue recogida por su pareja de entonces \u2013el mencionado Jairo Gust\u00edn Pantoja\u2013, quien la traslad\u00f3 a la residencia materna, donde volvi\u00f3 a establecerse temporalmente, a fin de que su progenitora la asistiera en su per\u00edodo de recuperaci\u00f3n. <\/p>\n
El cuadro descrito, en lo medular, no fue rebatido por la impugnante extraordinaria, quien se limit\u00f3 a criticar que se diera por cierta su uni\u00f3n marital de hecho con Jairo Gust\u00edn Pantoja a partir de pruebas poco s\u00f3lidas. Sin embargo, la magistratura de segunda instancia no entendi\u00f3 demostrado ese v\u00ednculo more uxorio \u2013declarado con el evidente prop\u00f3sito de facilitar una afiliaci\u00f3n espuria al SGSSS\u2013, sino que us\u00f3 las variables f\u00e1cticas comentadas como herramienta adicional para corroborar la ausencia de una comunidad de vida permanente y singular entre los actuales contendores. <\/p>\n
De acuerdo con lo verificado por el tribunal, en este per\u00edodo el convocado se desentendi\u00f3 de la suerte de su expareja, sin reparar en que esta atravesaba serias dificultades econ\u00f3micas y de salud; la actora tampoco acudi\u00f3 a \u00e9l reclam\u00e1ndole asistencia, a pesar de la complejidad de su situaci\u00f3n, y ambos sostuvieron breves amor\u00edos con terceras personas, seg\u00fan lo reconocieron en sus respectivos interrogatorios, lo cual refleja una realidad irreconciliable con la hip\u00f3tesis que se plante\u00f3 en la demanda. <\/p>\n
Para finalizar, debe precisarse que el tribunal no sugiri\u00f3 que una infidelidad o una breve ruptura dieran al traste con la uni\u00f3n marital de hecho, ni esa m\u00e1xima puede extraerse en modo alguno de la motivaci\u00f3n de su sentencia. Lo que ocurre es que, conforme se indic\u00f3 supra, antes de los sucesos analizados no hab\u00eda surgido ese v\u00ednculo familiar entre los se\u00f1ores Madro\u00f1ero Quiroz y Mora Insuasty, lo que descarta, sin m\u00e1s, la continuidad que defendi\u00f3 la recurrente. <\/p>\n
Y si el lazo more uxorio no se hab\u00eda consolidado en el pasado, mucho menos pudo germinar en esta \u00e9poca espec\u00edfica, en la que el contacto entre la pareja fue pr\u00e1cticamente inexistente. As\u00ed las cosas, las cr\u00edticas analizadas hasta ahora no se abren paso. <\/p>\n
3.1.3. Consolidaci\u00f3n de la relaci\u00f3n. <\/p>\n
Las testigos M\u00f3nica Janeth Madro\u00f1ero Quiroz y Nidia Leonor Quiroz relataron que, luego de haber sido dada de alta del Hospital Universitario Departamental de Nari\u00f1o, la actora retom\u00f3 el contacto telef\u00f3nico con el demandado. A ello a\u00f1adieron que, con el tiempo, este empez\u00f3 a frecuentarla en su casa materna, rog\u00e1ndole que intentaran reconstruir su relaci\u00f3n, y que, con miras a forzar la reconciliaci\u00f3n con su expareja, el se\u00f1or Mora Insuasty lleg\u00f3 incluso a pedirle matrimonio, o al menos a solicitar que formalizaran su v\u00ednculo sentimental, todo lo cual fue corroborado por el testigo Gust\u00edn Pantoja. <\/p>\n
Si bien las dos primeras declaraciones proceden de la progenitora y de la hermana de la demandante, lo cierto es que lucen espont\u00e1neas y coherentes, y lo que es m\u00e1s relevante, se articulan adecuadamente con el resto del caudal probatorio, que muestra a las claras que las partes retomaron su relaci\u00f3n con un mayor grado de compromiso, conformando ahora s\u00ed una uni\u00f3n marital de hecho, en los t\u00e9rminos del pluricitado precepto 1 de la Ley 54 de 1990. <\/p>\n
Si bien el hito inicial de ese lazo more uxorio no es muy claro (sobre el particular volver\u00e1 la Corte m\u00e1s adelante), es innegable que en esta \u201c\u00faltima fase\u201d de la relaci\u00f3n de pareja se conform\u00f3 una comunidad de vida permanente y singular, al punto que la actora fij\u00f3 su domicilio en al apartamento del Edificio La Riviera, que antes ocupaba en solitario el se\u00f1or Mora Insuasty, tom\u00f3 las riendas del hogar com\u00fan y empez\u00f3 a ser reconocida por la comunidad como su esposa. <\/p>\n
Esta conclusi\u00f3n se deduce de otras pruebas, como por ejemplo los testimonios de Lucy Neida Enr\u00edquez Oviedo, quien se ocup\u00f3 de las tareas dom\u00e9sticas en el apartamento del Edificio La Riviera entre enero y mayo de 2017, y declar\u00f3 aqu\u00ed que \u00abellos [conviv\u00edan] como matrimonio la verdad, me consta que \u00e9l la presentaba como mi esposa, compart\u00edan fiestas, ten\u00edan cama matrimonial, dorm\u00edan los dos, llegaba todo cari\u00f1oso le daban un beso como pareja, ese trato fue siempre\u00bb. <\/p>\n
Con esa misma orientaci\u00f3n, Mar\u00eda Sixta Ortega \u2013a quien se le encargaron esas labores dom\u00e9sticas algunos meses despu\u00e9s\u2013 relat\u00f3 que entre los ahora litigantes exist\u00eda una \u00abrelaci\u00f3n normal de pareja\u00bb y \u00abun trato de familia\u00bb, ocup\u00e1ndose la actora de los aspectos que ata\u00f1en al hogar, mientras el demandado ejerc\u00eda su profesi\u00f3n y prove\u00eda los recursos necesarios para el sostenimiento mutuo. <\/p>\n
Similarmente, Nancy Rovira Urbano Ijaji \u2013quien reemplaz\u00f3 a la se\u00f1ora Ortega\u2013 anot\u00f3 que \u00abla relaci\u00f3n era como cualquier pareja (…)\u00bb, y que \u00abmi jefe [el se\u00f1or Mora Insuasty] siempre daba para el mercado y le dejaba a ella, como decir, ah\u00ed tiene 100 o 200 para lo que necesite (…)\u00bb. Por su parte, la testigo Cardona Angarita adujo que era el demandado quien cubr\u00eda los gastos de la familia; que trataba a su contraparte \u00abcomo su mujer\u00bb, y que, por lo mismo, era as\u00ed como la percib\u00edan las personas cercanas a su entorno. <\/p>\n
Marieth Liliana Narv\u00e1ez Eraso narr\u00f3 igualmente que la se\u00f1ora Madro\u00f1ero Quiroz era conocida como \u00abla esposa\u00bb de Ciro Jhonnson Mora Insuasty y \u00abdepend\u00eda cien por ciento\u00bb de este, pues \u00abno la dejaba laborar\u00bb. Finalmente, Estefan\u00eda Ruales Agudelo, asistente del consultorio m\u00e9dico del demandado a partir de 2014, dijo visitar frecuentemente la vivienda de su empleador, e incluso colaborar con la decoraci\u00f3n propia de fechas especiales, como la navidad, pero solo hasta el a\u00f1o 2017, cuando la convocante \u00able [dijo] al doctor que [la testigo] no visitara m\u00e1s el apartamento\u00bb, pues ella se ocupar\u00eda personalmente de dichas labores de ornato. <\/p>\n
De todas esas probanzas se sigue, sin lugar a dudas, el surgimiento de la uni\u00f3n marital de hecho por la que se averigua, pues el v\u00ednculo que otrora se caracteriz\u00f3 por su intermitencia e informalidad, se torn\u00f3 estable y consistente; apareci\u00f3 con nitidez la solidaridad y ayuda mutua entre los compa\u00f1eros, y estos se distribuyeron las cargas familiares en forma arm\u00f3nica con la affectio maritalis. <\/p>\n
En efecto, uno de ellos se ocup\u00f3 de suministrar los recursos econ\u00f3micos necesarios para la subsistencia de la pareja, y el otro de administrarlos en pos del bienestar rec\u00edproco, asumiendo en conjunto la direcci\u00f3n del hogar, al punto que, por indicaci\u00f3n de la se\u00f1ora Madro\u00f1ero Quiroz, relevaron varias veces a la persona encargada de los trabajos de limpieza dom\u00e9stica, y se impidi\u00f3 el acceso de las asistentes del se\u00f1or Mora Insuasty al domicilio com\u00fan. <\/p>\n
Por ese sendero, queda evidenciado el yerro de hecho en que incurri\u00f3 el tribunal, pues sin reparar en las probanzas relacionadas supra, y sin exponer tampoco mayores argumentos, extendi\u00f3 los rasgos iniciales del lazo amoroso a las fases ulteriores de la relaci\u00f3n, como si esas notas esenciales no pudieran variar con el paso del tiempo, y como si las probanzas practicadas no hubieran dado suficiente cuenta de la postrera manifestaci\u00f3n de los elementos diferenciales de la uni\u00f3n marital de hecho. <\/p>\n
Este segmento del cargo, por tanto, sale avante. <\/p>\n
3.2. Perspectiva de genero en la labor de subsunci\u00f3n de los hechos probados en este proceso. <\/p>\n
3.2.1. El art\u00edculo 13 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica consagra el principio y derecho a la igualdad, categor\u00eda orientadora para todas las autoridades y particulares. Este precepto integra dos dimensiones, una formal y otra material2, e impone el deber de implementar \u00abmedidas afirmativas\u00bb, enderezadas a que dicha igualdad sea \u00abreal y efectiva\u00bb. All\u00ed reside el puntal normativo de los mandatos de protecci\u00f3n especial en favor de personas o grupos hist\u00f3ricamente discriminados o marginados. <\/p>\n
Con base en esa pauta constitucional, y con apoyo en varios instrumentos internacionales de protecci\u00f3n de derechos humanos ratificados por Colombia, especialmente la Convenci\u00f3n sobre la eliminaci\u00f3n de todas las formas de discriminaci\u00f3n contra la mujer3 (CEDAW, por sus siglas en ingl\u00e9s) y su Protocolo Facultativo de 19994; la Convenci\u00f3n Internacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer5 (o Convenci\u00f3n de Bel\u00e9m do Par\u00e1), y la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos6 (CADH), la jurisprudencia y la doctrina han desarrollado un m\u00e9todo de an\u00e1lisis denominado \u00abperspectiva de g\u00e9nero\u00bb, de invaluable utilidad en la resoluci\u00f3n de conflictos sometidos al escrutinio jurisdiccional. <\/p>\n
Esta categor\u00eda hermen\u00e9utica impone al juez de la causa que, tras identificar situaciones de poder, de desigualdad estructural, o contextos de violencia f\u00edsica, sexual, emocional o econ\u00f3mica entre las partes de un litigio, realice los ajustes metodol\u00f3gicos que resulten necesarios para garantizar el equilibrio entre contendores que exige todo juicio justo. No se trata de actuar de forma parcializada, ni de conceder sin miramientos los reclamos de personas o grupos vulnerables, sino de crear un escenario apropiado para que la discriminaci\u00f3n asociada al g\u00e9nero no dificulte o frustre la tutela judicial efectiva de los derechos. <\/p>\n
En s\u00edntesis, tal como lo recalc\u00f3 la Cumbre Judicial Iberoamericana en su modelo de incorporaci\u00f3n de la perspectiva de g\u00e9nero en las providencias judiciales7, el juzgamiento con observancia de las enunciadas directrices implica \u00abhacer realidad el derecho a la igualdad, respondiendo a la obligaci\u00f3n constitucional y convencional de combatir la discriminaci\u00f3n por medio del quehacer jurisdiccional para garantizar el acceso a la justicia y remediar, en un caso concreto, situaciones asim\u00e9tricas de poder\u00bb. <\/p>\n
3.2.2. Si bien la perspectiva de g\u00e9nero puede manifestarse de maneras muy diversas al interior de un proceso, en este caso su invocaci\u00f3n por la casacionista persigui\u00f3 dos fines esenciales. De un lado, que el est\u00e1ndar de prueba de los elementos constitutivos de la uni\u00f3n marital de hecho a la que se alude en la demanda fuera menos estricto, debido a su condici\u00f3n de v\u00edctima de violencia de g\u00e9nero. <\/p>\n
Y de otro, que no se dedujera la inobservancia del requisito de permanencia que se\u00f1ala el art\u00edculo 1 de la Ley 54 de 1990 con base en las continuas interrupciones de la relaci\u00f3n de la pareja Madro\u00f1ero-Mora, pues la actora no se alejaba del convocado voluntariamente, sino que se ve\u00eda obligada a tomar distancia de \u00e9l \u2013al menos temporalmente\u2013 debido al maltrato emocional y econ\u00f3mico que padec\u00eda. <\/p>\n
Sobre esas alegaciones de la impugnante, resulta pertinente se\u00f1alar lo siguiente: <\/p>\n
(i) En cuanto a su primer reclamo, debe insistirse en que la perspectiva de g\u00e9nero es un instrumento relevante a la hora de valorar las pruebas racionalmente, toda vez que facilita el an\u00e1lisis cr\u00edtico de los m\u00e9todos y las conclusiones que se extraen de los elementos de convicci\u00f3n recaudados, permitiendo identificar juicios inexactos que, consciente o inconscientemente, se reproducen en favor o en contra de alguno de los litigantes, con base en ideas preconcebidas relacionadas con el g\u00e9nero. <\/p>\n
No se trata, se insiste, de recrear una realidad inexistente, con el prop\u00f3sito de beneficiar artificialmente a una de las partes, sino de reconstruir los antecedentes f\u00e1cticos del conflicto de forma objetiva, sin las distorsiones que pudieran introducir en la labor de valoraci\u00f3n probatoria los referidos estereotipos o sesgos de g\u00e9nero \u2013entre otros supuestos. <\/p>\n
Por esa v\u00eda, emerge evidente que el primer segmento de la cr\u00edtica no puede abrirse paso, porque el \u00abenfoque diferencial\u00bb al que alude la recurrente no sirve al prop\u00f3sito de dar por acreditados hechos que no emergen de una razonable interpretaci\u00f3n de las pruebas. En ese sentido, es claro que la evidencia solo muestra la existencia de una comunidad de vida permanente y singular entre la se\u00f1ora Madro\u00f1ero Quiroz y el demandado durante la \u00faltima fase de su relaci\u00f3n sentimental, no antes, escenario que no puede adulterarse arbitrariamente con el \u00fanico prop\u00f3sito de franquear el paso a las pretensiones que se estudian. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que los medios de prueba analizados dan cuenta de que esa relaci\u00f3n se desenvolvi\u00f3 en etapas diferenciadas: una inicial, que podr\u00eda caracterizarse como de noviazgo; otra intermedia, donde las partes decidieron, de mutuo acuerdo, tomar distancia, e incluso sostuvieron relaciones con terceros; y una postrera, en la que, tras superar varias dificultades, resolvieron establecerse juntos y conformar una familia. Y, como es natural, \u00fanicamente es posible sostener que la uni\u00f3n marital de hecho se configur\u00f3 durante este \u00faltimo per\u00edodo. <\/p>\n
Estas conclusiones, adem\u00e1s, no se advierten mediadas por una predisposici\u00f3n o prejuicio en contra de los intereses de la demandante por razones asociadas a su g\u00e9nero, debi\u00e9ndose agregar que, al sustentar su impugnaci\u00f3n extraordinaria, aquella tampoco indic\u00f3 con claridad en qu\u00e9 consistir\u00edan los sesgos o ideas parcializadas que habr\u00eda empleado el tribunal para arribar a las conclusiones que valid\u00f3 la Corte en los apartes que anteceden. <\/p>\n
(ii) En relaci\u00f3n con el segundo reproche, debe tenerse en cuenta que, seg\u00fan la jurisprudencia de la Corte, el requisito de permanencia o estabilidad de las uniones maritales de hecho <\/p>\n
\u00ab(\u2026) \u201ctoca con la duraci\u00f3n firme, la constancia, la perseverancia y, sobre todo, la estabilidad de la comunidad de vida, y excluye la que es meramente pasajera o casual; esta nota caracter\u00edstica es com\u00fan en las legislaciones de esta parte del mundo y se concreta aqu\u00ed para efectos patrimoniales en dos a\u00f1os de convivencia \u00fanica; e indudablemente atenta contra esa estabilidad y habr\u00e1 casos en que la descarta el hecho mismo de que un hombre o una mujer pretenda convivir, como compa\u00f1ero permanente, con un n\u00famero plural de personas, evidentemente todas o algunas de estas relaciones no alcanzan a constituir una uni\u00f3n marital de hecho. <\/p>\n
Y que la comunidad de vida sea singular ata\u00f1e con que sea solo esa, sin que exista otra de la misma especie, cuesti\u00f3n que impide sostener que la ley colombiana dej\u00f3 sueltas las amarras para que afloraran en abundancia uniones maritales de hecho, y para provocar conflictos mil para definir los efectos patrimoniales; si as\u00ed fuera, a cambio de la seguridad jur\u00eddica que reclama un hecho social incidente en la constituci\u00f3n de la familia, como n\u00facleo fundamental de la sociedad, se obtendr\u00eda incertidumbre\u201d. (CSJ S-166 de 2000, rad. n\u00ba 6117, en el mismo sentido SC15173 de 2016, rad. 2011-00069-01). En otro caso, aludiendo al mismo requerimiento, especific\u00f3 [la Corte que] \u201cLa permanencia, elemento que como define el DRAE ata\u00f1e a la \u2018duraci\u00f3n firme, constancia, perseverancia, estabilidad, inmutabilidad\u2019 que se espera del acuerdo de convivencia que da origen a la familia, excluyendo de tal \u00f3rbita los encuentros espor\u00e1dicos o estad\u00edas que, aunque prolongadas, no alcanzan a generar los lazos necesarios para entender que hay comunidad de vida entre los compa\u00f1eros. <\/p>\n
La ley no exige un tiempo determinado de duraci\u00f3n para el reconocimiento de las uniones maritales, pero obviamente \u201cla permanencia (\u2026) debe estar unida, no a una exigencia o duraci\u00f3n o plazo en abstracto, sino concretada en la vida en com\u00fan con el fin de poder deducir un principio de estabilidad que es lo que le imprime a la uni\u00f3n marital de hecho, la consolidaci\u00f3n jur\u00eddica para su reconocimiento como tal\u201d (\u2026), de ah\u00ed que realmente se concreta en una vocaci\u00f3n de continuidad y, por tanto, la cohabitaci\u00f3n de la pareja no puede ser accidental ni circunstancial sino estable. Es por lo que esta Corporaci\u00f3n explic\u00f3 que tal condici\u00f3n \u2018toca con la duraci\u00f3n firme, la constancia, la perseverancia y, sobre todo, la estabilidad de la comunidad de vida, y excluye la que es meramente pasajera o casual\u2019 (\u2026). Incluso, en otra decisi\u00f3n sostuvo que los fines que le son propios a la instituci\u00f3n en estudio \u2018no pueden cumplirse en uniones transitorias o inestables, pues, seg\u00fan los principios y orientaciones de la Carta Pol\u00edtica, es la estabilidad del grupo familiar la que permite la cabal realizaci\u00f3n humana de sus integrantes y, por ende, por la que propende el orden superior\u2019\u201d (CSJ SC de 5 ago. 2013, rad. 2008-00084-02)\u00bb (CSJ SC10295-2017, 18 jul.). <\/p>\n
De acuerdo con ese entendimiento inveterado, el concepto de permanencia no se encuentra asociado al hecho de que la uni\u00f3n marital de hecho se haya desarrollado sin ninguna soluci\u00f3n de continuidad \u2013como parece temer la recurrente\u2013, sino que hace referencia a la estabilidad propia de la familia, que puede mantenerse aun cuando las complejidades de la convivencia en pareja motiven a alguno de sus miembros a permanecer distanciado del hogar com\u00fan por un tiempo. <\/p>\n
Como cada familia tiene vivencias distintas, no resulta pertinente plantear, a modo de pauta inmutable, que cualquier separaci\u00f3n da al traste con la perseverancia que requiere la comunidad de vida, ni tampoco que esa vicisitud sea intrascendente en orden a verificar el requisito del que se viene hablando. Cada caso ameritar\u00e1 un acercamiento individual, coherente con sus particularidades, que posibilite al juez identificar si, en determinado contexto, una separaci\u00f3n pasajera afect\u00f3 la estabilidad de la que pende la existencia de todo v\u00ednculo more uxorio. <\/p>\n
Los razonamientos expuestos son enteramente aplicables a eventos en los cuales la relaci\u00f3n de pareja no termina por una decisi\u00f3n consensuada, sino por la imposici\u00f3n de alguno de sus miembros \u2013usualmente el que ocupa un rol de poder asociado al g\u00e9nero\u2013, o por la necesidad imperiosa de huir de actos de violencia dom\u00e9stica, por citar solo dos ejemplos, lamentablemente comunes. Aun en estas hip\u00f3tesis, la interrupci\u00f3n de la relaci\u00f3n no ser\u00e1 determinante, por s\u00ed sola, para deducir la presencia \u2013o ausencia\u2013 del atributo de permanencia, caracter\u00edstico de la uni\u00f3n marital de hecho. <\/p>\n
Decantado lo anterior, la Sala coincide con la recurrente en que la intermitencia del ligamen sentimental que sostuvieron los litigantes no pod\u00eda emplearse como \u00fanico insumo para evaluar si entre ambos existi\u00f3 una uni\u00f3n marital de hecho. Sin embargo, ni el juez a quo, ni el tribunal, se prevalieron de esa \u00fanica circunstancia para desestimar el petitum de la actora, sino que la consideraron una muestra m\u00e1s de la informalidad de la relaci\u00f3n entre aquella y el se\u00f1or Mora Insuasty, de entre muchos otros rasgos que no armonizaban con una verdadera comunidad de vida. Por consiguiente, la cr\u00edtica en estudio emerge incompleta. <\/p>\n
Ahora bien, insiste la Corte en que el fallo recurrido perdi\u00f3 de vista las modificaciones que introdujeron a su relaci\u00f3n los se\u00f1ores Madro\u00f1ero Quiroz y Mora Insuasty, en orden a establecerse como familia. Pero en ese yerro de juzgamiento tampoco tuvo especial protagonismo la desestimaci\u00f3n del requisito de permanencia al que se refiere el art\u00edculo 1 de la Ley 54 de 1990, sino la pretermisi\u00f3n de varios elementos de juicio \u2013seg\u00fan se explic\u00f3, a espacio, en el numeral anterior\u2013. <\/p>\n
Por consiguiente, este aspecto de la acusaci\u00f3n tampoco puede acogerse. <\/p>\n
4. Conclusiones. <\/p>\n
La demandante plante\u00f3 su cr\u00edtica alrededor de dos puntales. De un lado, sostuvo que el ad quem emple\u00f3 sesgos de g\u00e9nero en la interpretaci\u00f3n de las pruebas, aserto que no logr\u00f3 acreditar. Y de otro, aleg\u00f3 que esa corporaci\u00f3n hab\u00eda pretermitido varias evidencias, afirmaci\u00f3n que s\u00ed acredit\u00f3, pero solo en parte; espec\u00edficamente, en lo que tiene que ver con la fase final de la relaci\u00f3n Madro\u00f1ero-Mora. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la Sala casar\u00e1 parcialmente la sentencia del tribunal, dados los yerros de juzgamiento relacionados con esa \u00faltima etapa del v\u00ednculo entre los litigantes, siendo imperativo dictar el fallo de reemplazo, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 349-2 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
SENTENCIA SUSTITUTIVA <\/p>\n
<\/p>\n
1. Control de legalidad. <\/p>\n
Se encuentran reunidos los supuestos de orden procesal y no existen irregularidades que comprometan lo actuado, por lo que se decidir\u00e1 de fondo el presente asunto. <\/p>\n
2. Fallo de primera instancia. <\/p>\n
En providencia de fecha y procedencia anotadas, se denegaron las pretensiones, por considerar el juez a quo que \u00abanalizada [la] prueba en conjunto, podemos afirmar que no existe al interior de este proceso esa uni\u00f3n marital de hecho que est\u00e1 siendo reclamada por la se\u00f1ora Alexandra, bajo qu\u00e9 argumentos, el que tiene prioridad y primac\u00eda es esa falta de prop\u00f3sito, esa falta de voluntad, en este caso por parte del se\u00f1or Ciro para conformar esa familia de facto, para conformar ese v\u00ednculo con la se\u00f1ora Alexandra\u00bb. <\/p>\n
3. Recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
La se\u00f1ora Madro\u00f1ero Quiroz sostuvo que la ausencia de cohabitaci\u00f3n, por s\u00ed sola, no puede \u00abdar al traste la uni\u00f3n marital de hecho\u00bb, porque la pareja puede desarrollar su comunidad de vida habitando en lugares separados. A ello agreg\u00f3 que \u00abno se ha hecho un an\u00e1lisis exhaustivo y en conjunto de todas las declaraciones de los testigos que se presentaron, y que era necesario \u00abaplicar el enfoque diferencial por cuesti\u00f3n de g\u00e9nero\u00bb, ya que \u00abes evidente el tema de maltrato a la mujer\u00bb. <\/p>\n
4. An\u00e1lisis de la impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
4.1. Conforme lo estableci\u00f3 el tribunal en los apartes que no fueron quebrados en casaci\u00f3n, no existe prueba de que la relaci\u00f3n sentimental que sostuvieron los litigantes a partir del a\u00f1o 2012 revistiera desde su inicio alguno de los rasgos que el legislador estableci\u00f3 para el surgimiento de una uni\u00f3n marital de hecho, debi\u00e9ndose anotar que esa conclusi\u00f3n no se soporta \u00fanicamente en que los miembros de la pareja tuvieran domicilios separados, sino en la ausencia de un proyecto de vida com\u00fan, permanente y singular entre ellos. <\/p>\n
Aquella circunstancia, esto es, que la se\u00f1ora Madro\u00f1ero Quiroz ocupara \u00abun apartamento en el Barrio Santiago\u00bb, o se alojara temporalmente con su progenitora, o con sus amigas cercanas, mientras que el demandado resid\u00eda en \u00abel apartamento del Edificio La Riviera\u00bb, no descarta \u2013per se\u2013 que entre ellos se hubiere conformado una uni\u00f3n marital de hecho, pero s\u00ed es un reflejo de la inexistencia de dicho lazo familiar, es decir, constituye una muestra m\u00e1s de que, al menos durante el tramo inaugural de su relaci\u00f3n, los litigantes no hab\u00edan decidido conformar una familia. <\/p>\n
Como se anot\u00f3 en la porci\u00f3n de la sentencia del ad quem que permanece inc\u00f3lume, las pruebas aportadas no permiten deducir que la voluntad de los miembros de la pareja apuntara originalmente a edificar un proyecto de vida coligado, ni que aquellos se brindaran el respeto, socorro y ayuda mutuos que son esperables \u2013y exigibles\u2013 al interior de una familia de hecho. <\/p>\n
Por tanto, resultaba improcedente aplicar en este juicio los precedentes invocados en la sustentaci\u00f3n de la alzada, pues en los casos que all\u00ed evalu\u00f3 esta Corte, los compa\u00f1eros permanentes ten\u00edan residencias distintas, pero su comportamiento pod\u00eda subsumirse en la descripci\u00f3n abstracta del art\u00edculo 1 de la Ley 54 de 1990, lo que no ocurre necesariamente ahora. <\/p>\n
4.2. En cambio, se equivoc\u00f3 el juez a quo \u2013y tambi\u00e9n el tribunal\u2013 al considerar que esa voluntad inicial nunca se modific\u00f3, pues tal como lo relataron varios testigos, alg\u00fan tiempo despu\u00e9s de los sucesos acaecidos durante el a\u00f1o 2015 \u2013la separaci\u00f3n de los litigantes, el breve noviazgo entre la actora y el se\u00f1or Gust\u00edn Pantoja, o la cirug\u00eda de urgencia a la aquella tuvo que ser sometida, entre otros\u2013, los se\u00f1ores Madro\u00f1ero Quiroz y Mora Insuasty decidieron unirse de nuevo, logrando finalmente consolidar una comunidad de vida permanente y singular. <\/p>\n
Sin embargo, resulta problem\u00e1tico establecer el punto de partida de esa uni\u00f3n, pues las declarantes que se refirieron al punto, pretendieron identificarlo con el inicio del noviazgo Madro\u00f1ero-Mora \u2013que tuvo lugar a mediados del a\u00f1o 2012\u2013, pasando por alto la diferencia entre esa relaci\u00f3n informal y el lazo de familia por el que aqu\u00ed se averigua. A ello debe a\u00f1adirse que la convocante no se ocup\u00f3 de aportar otros medios de prueba que sirvieran al prop\u00f3sito de elucidar este aspecto fundamental del conflicto. <\/p>\n
En ese escenario, dos documentos emergen como \u00fanicas pruebas id\u00f3neas para determinar el momento en el que comenz\u00f3 la uni\u00f3n marital de hecho: (i) la certificaci\u00f3n emitida por la administradora del Edificio \u201cLa Riviera\u201d, y (ii) la bit\u00e1cora de los guardas de seguridad de dicha copropiedad, en las que se consign\u00f3 que el 29 de enero de 2017 la se\u00f1ora Madro\u00f1ero Quiroz se mud\u00f3 al apartamento en el que aun habita el se\u00f1or Mora Insuasty, llevando all\u00ed todos sus efectos personales. <\/p>\n
Ese hito inaugural, adem\u00e1s, encuadra con el dicho de las personas que se ocupaban de las labores dom\u00e9sticas (las se\u00f1oras Lucy Neida Enr\u00edquez Oviedo, Mar\u00eda Sixta Ortega y Nancy Rovira Urbano Ijaji), quienes confirmaron la presencia de la actora a partir del mes de enero de 2017, y describieron a partir de all\u00ed los hechos que se indicaron en los apartes pertinentes del fallo de casaci\u00f3n, que son los que dan cuenta del surgimiento de la pluricitada comunidad de vida permanente y singular entre la pareja. <\/p>\n
En ese sentido, la evidencia recaudada indica que la uni\u00f3n marital de hecho y la cohabitaci\u00f3n iniciaron simult\u00e1neamente, debi\u00e9ndose a\u00f1adir que, al margen de sus vehementes afirmaciones, la interesada no aport\u00f3 ninguna prueba que permitiera a la Corte arribar a una conclusi\u00f3n distinta, es decir, a fijar el surgimiento del lazo more uxorio en una \u00e9poca previa al momento en el que los miembros de la pareja decidieron mudarse juntos. <\/p>\n
4.3. Establecido el inicio de la uni\u00f3n marital, se advierte que esta se extendi\u00f3 hasta el 23 de abril de 2018, cuando el se\u00f1or Mora Insuasty decidi\u00f3 \u00abcambiar las guardas del apartamento 603\u00bb; instruir al personal de vigilancia para que impidiera el ingreso de la se\u00f1ora Madro\u00f1ero Quiroz a la edificaci\u00f3n, y embalar los objetos personales de esta \u00faltima en varias cajas, que deposit\u00f3 en la porter\u00eda de la copropiedad. <\/p>\n
Ello significa que la uni\u00f3n marital de hecho se extendi\u00f3 por un lapso de 1 a\u00f1o, 2 meses y 25 d\u00edas, durante el cual la pareja comparti\u00f3 techo, lecho y mesa, manteniendo un proyecto com\u00fan de vida, orientado a la conformaci\u00f3n de una familia. Por consiguiente, se impone revocar parcialmente el fallo apelado, para en su lugar declarar que los se\u00f1ores Madro\u00f1ero Quiroz y Mora Insuasty fueron compa\u00f1eros permanentes por el per\u00edodo que se se\u00f1al\u00f3. <\/p>\n
En tal sentido, enti\u00e9ndanse desestimadas (tambi\u00e9n parcialmente) las excepciones de \u00abinexistencia de la uni\u00f3n marital de hecho\u00bb, \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa\u00bb y \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u00bb. <\/p>\n
4.4. Ahora bien, como la uni\u00f3n marital de hecho entre los litigantes estuvo vigente por menos de dos a\u00f1os, no resulta viable declarar el surgimiento de una sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes, conforme lo se\u00f1ala tanto el art\u00edculo 2 de la Ley 54 de 1990, como la propia jurisprudencia de esta Sala, que en punto a lo anterior tiene decantado que <\/p>\n
\u00ab(…) [l]a uni\u00f3n marital de hecho, bien se sabe, supuestos los elementos que la caracterizan, tiene la virtud de hacer presumir la sociedad patrimonial, siempre que aqu\u00e9lla haya perdurado un lapso no inferior a dos a\u00f1os, con independencia de que exista impedimento legal para contraer matrimonio por parte de uno o de ambos compa\u00f1eros permanentes, pues si concurre, por ejemplo, un v\u00ednculo vigente de la misma naturaleza, lo \u00fanico que se exige para que opere dicha presunci\u00f3n, es la disoluci\u00f3n de las respectivas sociedades conyugales (…). Entonces, se tiene que es factible la existencia de uniones maritales sin la presunci\u00f3n de sociedad patrimonial, cual acontece en todos los casos en que la vida marital es inferior a dos a\u00f1os, o en los eventos en que pese a ser por un tiempo mayor, subsiste la limitante derivada del impedimento legal para contraer matrimonio, como es la vigencia de la sociedad conyugal. Por lo mismo, hay lugar a dicha presunci\u00f3n, supuesto el citado requisito temporal, cuando entre los compa\u00f1eros permanentes no concurre tal impedimento, o existiendo, la respectiva sociedad conyugal llego\u0301 a su fin por el fen\u00f3meno de la disoluci\u00f3n\u00bb (CSJ SC, 22 Mar. 2011, rad. 2007-00091-01; reiterada en CSJ SC14428-2016, 10 oct., y SC2503-2021, 23 jun.). <\/p>\n
En ese mismo sentido, la Corte Constitucional reconoci\u00f3 que <\/p>\n
\u00abel plazo de dos a\u00f1os de convivencia para que se presuma o se pueda declarar judicial o voluntariamente la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes, busca evitar que uniones de poca duraci\u00f3n temporal tengan consecuencias econ\u00f3micas, en particular en la configuraci\u00f3n de una presunci\u00f3n \u2013con las implicaciones legales y probatorias que ello implica\u2013 o de un suposici\u00f3n de la intenci\u00f3n inmediata de los miembros de la pareja de generar un patrimonio conjunto. Tal situaci\u00f3n s\u00ed se materializa, salvo acuerdo en contrario, cuando las parejas firman un contrato matrimonial. <\/p>\n
(…) [E]xisten argumentos constitucionales objetivos que justifican la regulaci\u00f3n seg\u00fan la cual no se presume ni puede declararse judicial o voluntariamente una sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes antes de que transcurran dos a\u00f1os. Tales razones se refieren a la necesidad de que haya tiempo suficiente para construir un patrimonio com\u00fan derivado del esfuerzo mutuo de los compa\u00f1eros y a que, en ausencia de un contrato -como el matrimonial- sea el transcurso del tiempo el que permita constatar la vocaci\u00f3n de permanencia de la uni\u00f3n y los elementos aparejados a la misma (\u2026). <\/p>\n
[L]a finalidad que persigue el plazo de dos a\u00f1os de convivencia entre compa\u00f1eros permanentes para que se pueda presumir o declarar judicial o voluntariamente la existencia de la sociedad patrimonial, consagrado en los literales a) y b) del art\u00edculo 2 de la Ley 54 de 1990, es leg\u00edtima e importante. En efecto, el establecimiento de este lapso pretende que, en ausencia de una declaraci\u00f3n formal de voluntad mediante un contrato \u2013como ocurre en el caso del matrimonio-, sea el tiempo el que permita deducir esa voluntad de permanecer como pareja bajo la figura de la uni\u00f3n marital de hecho y, a la vez, de lugar a que se presenten los dem\u00e1s elementos para que exista una sociedad de bienes: el trabajo y la ayuda mutua. <\/p>\n
(…) Bajo estas circunstancias, el plazo de dos a\u00f1os es decisivo para saber si aplican o no los efectos patrimoniales derivados de una sociedad de bienes. De lo contrario, si no existiera el plazo, cabr\u00eda la posibilidad de que la propia voluntad de la pareja se viera limitada por una imposici\u00f3n legal que formalizar\u00eda una situaci\u00f3n sin que se presenten los hechos \u2013elementos que definen por naturaleza a la figura\u2013 y, de paso, habr\u00eda una asimilaci\u00f3n entre el matrimonio y la uni\u00f3n marital, cuyas diferencias ya han sido claramente explicadas previamente y son consideradas leg\u00edtimas en t\u00e9rminos constitucionales\u00bb (CC, C-257 de 2015). <\/p>\n
De conformidad con lo expuesto, es pertinente acoger la defensa denominada \u00abinexistencia de la sociedad patrimonial de hecho\u00bb, y denegar, en consecuencia, la pretensi\u00f3n segunda tanto del grupo principal, como del subsidiario, pues su procedencia depend\u00eda del surgimiento de dicha universalidad jur\u00eddica. <\/p>\n
5. Recapitulaci\u00f3n. <\/p>\n
Luego de que los litigantes sostuvieran durante varios a\u00f1os una relaci\u00f3n sentimental informal, decidieron conformar una uni\u00f3n marital de hecho, que se extendi\u00f3 entre el 29 de enero de 2017 \u2013calenda en la que, seg\u00fan las pruebas recaudadas, tambi\u00e9n inici\u00f3 la cohabitaci\u00f3n\u2013, y el 23 de abril del a\u00f1o siguiente, cuando el demandado resolvi\u00f3 poner fin a la convivencia. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, habiendo perdurado la uni\u00f3n menos de dos a\u00f1os, no pudo conformarse la sociedad patrimonial cuya declaraci\u00f3n se pidi\u00f3 en la demanda. Y como a lo anterior se agrega que la parte actora tampoco solicit\u00f3 que se fijaran en su favor alimentos definitivos, la sentencia de reemplazo habr\u00eda de limitarse, en principio, a reconocer la existencia del estado civil \u2013de compa\u00f1eros\u2013 durante el per\u00edodo previamente indicado, sin extenderse a ning\u00fan asunto econ\u00f3mico. <\/p>\n
No obstante, la Sala advierte que la se\u00f1ora Madro\u00f1ero Quiroz tiene derecho a acceder a una reparaci\u00f3n integral por los actos de violencia econ\u00f3mica y emocional que soport\u00f3, de conformidad con los argumentos subsiguientes. <\/p>\n
6. Necesidad de reparar los actos de maltrato que sufri\u00f3 la demandante. <\/p>\n
6.1. Panorama f\u00e1ctico. <\/p>\n
Al estudiar un caso de violencia emocional y econ\u00f3mica contra la mujer al interior de la familia, la Corte Constitucional expuso que <\/p>\n
\u00abSeg\u00fan la Organizaci\u00f3n Mundial de la Salud, existen conductas espec\u00edficas de violencia psicol\u00f3gica. Por ejemplo, cuando la mujer es insultada; cuando es humillada delante de los dem\u00e1s; cuando es intimidada o asustada a prop\u00f3sito; cuando es amenazada con da\u00f1os f\u00edsicos (de forma directa o indirecta, mediante la amenaza de herir a alguien importante para ella); impedirle ver a sus amigos y\/o amigas; limitar el contacto con su familia; insistir en saber d\u00f3nde est\u00e1 en todo momento; ignorarla o tratarla con indiferencia; enojarse con ella si habla con otros hombres; acusarla constantemente de ser infiel; controlar su acceso a la atenci\u00f3n en salud. Por otra parte, la violencia contra la mujer tambi\u00e9n es econ\u00f3mica. Esta clase de agresiones son muy dif\u00edciles de percibir, pues se enmarcan dentro de escenarios sociales en donde, tradicionalmente, los hombres han tenido un mayor control sobre la mujer. A grandes rasgos, en la violencia patrimonial el hombre utiliza su poder econ\u00f3mico para controlar las decisiones y proyecto de vida de su pareja. Es una forma de violencia donde el abusador controla todo lo que ingresa al patrimonio com\u00fan, sin importarle qui\u00e9n lo haya ganado. <\/p>\n
Manipula el dinero, dirige y normalmente en \u00e9l radica la titularidad de todos los bienes. Aunque esta violencia tambi\u00e9n se presenta en espacios p\u00fablicos, es en el \u00e1mbito privado donde se hacen m\u00e1s evidentes sus efectos. Por lo general, esta clase de abusos son desconocidos por la mujer pues se presentan bajo una apariencia de colaboraci\u00f3n entre pareja. El hombre es el proveedor por excelencia. No obstante, esa es, precisamente, su estrategia de opresi\u00f3n. La mujer no puede participar en las decisiones econ\u00f3micas del hogar, as\u00ed como est\u00e1 en la obligaci\u00f3n de rendirle cuentas de todo tipo de gasto. Igualmente, el hombre le impide estudiar o trabajar para evitar que la mujer logre su independencia econ\u00f3mica, haci\u00e9ndole creer que sin \u00e9l, ella no podr\u00eda sobrevivir. Es importante resaltar que los efectos de esta clase violencia se manifiestan cuando existen rupturas de relaci\u00f3n, pues es ah\u00ed cuando la mujer exige sus derechos econ\u00f3micos, pero, como sucedi\u00f3 a lo largo de la relaci\u00f3n, es el hombre quien se beneficia en mayor medida con estas particiones. De alguna forma, la mujer \u201ccompra su libertad\u201d, evitando pleitos dispendiosos que en muchos eventos son in\u00fatiles\u00bb (CC, T-012\/2016). <\/p>\n
Con apoyo en esos lineamientos te\u00f3ricos y en las probanzas recaudadas, advierte la Sala que la relaci\u00f3n de los se\u00f1ores Madro\u00f1ero Quiroz y Mora Insuasty se caracteriz\u00f3 por constantes actos de violencia emocional y econ\u00f3mica del segundo, quien se val\u00eda de su condici\u00f3n social, acad\u00e9mica y financiera privilegiada para someter a constantes ultrajes y humillaciones a la actora. <\/p>\n
De acuerdo con el relato de las testigos Luz Marina Cardona Angarita, M\u00f3nica Janeth Madro\u00f1ero Quiroz y Nidia Leonor Quiroz, el convocado alud\u00eda en forma despectiva al origen humilde de su pareja; le recordaba con insistencia que era \u00e9l quien asum\u00eda todos los gastos del hogar, y a pesar de su reconocida solvencia, prove\u00eda exiguas rentas para atender las erogaciones comunes, como una forma m\u00e1s de dominaci\u00f3n sobre su compa\u00f1era permanente. <\/p>\n
Tambi\u00e9n explicaron las testigos que el demandado emprendi\u00f3 un viaje de placer al extranjero sin asegurarse de que la convocante contara con dinero suficiente para su manutenci\u00f3n y la de sus hijos, que ir\u00edan a visitarla por esas fechas. Por lo dem\u00e1s, siendo consciente de que la convocante hospedar\u00eda a algunos familiares cercanos, el se\u00f1or Mora Insuasty decidi\u00f3 adquirir escasos v\u00edveres antes de su partida, forz\u00e1ndola a pedir dinero prestado para cubrir los gastos de alimentaci\u00f3n de sus invitados. <\/p>\n
En esas declaraciones qued\u00f3 evidenciado igualmente que el demandado sac\u00f3 provecho de su condici\u00f3n de \u00fanico titular de derechos sobre el apartamento donde resid\u00eda junto con la actora, amenaz\u00e1ndola continuamente con echarla de all\u00ed, e incluso llegando a ordenar al personal de seguridad del Edificio La Riviera que impidieran el ingreso de la se\u00f1ora Madro\u00f1ero Quiroz a la copropiedad, sin importarle que todas sus pertenencias se encontraran en ese lugar, dej\u00e1ndola en situaci\u00f3n de absoluta desprotecci\u00f3n. <\/p>\n
Cabe insistir en que las testigos tienen una relaci\u00f3n cercana con la demandante, pero tal cosa no mengua la credibilidad de sus declaraciones, no solo porque los actos de violencia intrafamiliar o de g\u00e9nero suelen ser revelados \u00fanicamente a los c\u00edrculos m\u00e1s \u00edntimos, sino tambi\u00e9n porque dichas versiones lucen plausibles, espont\u00e1neas, congruentes y consistentes entre s\u00ed y con otros medios de prueba, como la historia cl\u00ednica de la se\u00f1ora Madro\u00f1ero Quiroz, que registra el trastorno depresivo y ansioso de esta, relacionado con las distintas problem\u00e1ticas que tuvo que afrontar durante su convivencia con el querellado. <\/p>\n
En ese sentido, en la orden de remisi\u00f3n elaborada por el cuerpo m\u00e9dico de la Cl\u00ednica Hispanoam\u00e9rica, se indic\u00f3 que la demandante presentaba \u00abafecto mal modulado de fondo triste, con llanto f\u00e1cil, con pensamiento l\u00f3gico, coherente, relevante con ideas de minusval\u00eda, desesperanza, de muerte pasiva, con auto concepto negativo, marcada preocupaci\u00f3n por situaciones financieras (…), prospecci\u00f3n incierta, con s\u00edntomas depresivos asociados a sospecha de abuso sexual, psicol\u00f3gico. En el momento muy sintom\u00e1tica, con estresor evidente relaci\u00f3n de pareja\u00bb. <\/p>\n
Con similar orientaci\u00f3n, la epicrisis que se diligenci\u00f3 en el Hospital San Rafael de la ciudad de Pasto el 26 de abril de 2018, dej\u00f3 sentado que \u00abla paciente presenta cambios en el comportamiento, labilidad emocional, estado de \u00e1nimo triste. El cuadro se exacerba desde enero, consistente en conflictos de pareja, maltrato psicol\u00f3gico, rechazo por parte de la pareja, est\u00e1 cesante laboralmente hace dos a\u00f1os por lo que se han incrementado los conflictos desde la parte econ\u00f3mica, dependiendo de la pareja, manifiesta que pareja la amenaza dici\u00e9ndole que tiene que tener sexo (sic) para darle los gastos de la casa, la humilla, la echa del apartamento\u00bb. <\/p>\n
Como colof\u00f3n, coincide con dicho panorama una carta firmada por el propio se\u00f1or Mora Insuasty, en la que este le comunic\u00f3 a su expareja que \u00abla ropa y los dem\u00e1s bienes de su propiedad se encuentran disponibles en un total de diez cajas debidamente embaladas\u00bb, que hab\u00edan sido arrojadas en el vest\u00edbulo de la copropiedad donde resid\u00edan, como afrenta final a su dignidad. Y, como una muestra adicional de desd\u00e9n, en esa misiva se le conmin\u00f3 para que recogiera sus bienes y enseres personales con prontitud, pues luego de ocho d\u00edas, \u00abtanto la administraci\u00f3n del edificio como yo [el demandado, se aclara] nos exoneramos de responsabilidad\u00bb. <\/p>\n
6.2. D\u00e9ficit de protecci\u00f3n y ausencia de mecanismos de reparaci\u00f3n eficaces en la legislaci\u00f3n. <\/p>\n
Seg\u00fan se advirti\u00f3, existe constancia de que la se\u00f1ora Madro\u00f1ero Quiroz fue v\u00edctima de maltrato, a tal punto que debi\u00f3 someterse a tratamientos psiqui\u00e1tricos para superar las secuelas de esa experiencia. Las acciones descritas en el ac\u00e1pite previo, atribuibles al demandado, se orientaron a perpetuar relaciones sociales de opresi\u00f3n y subordinaci\u00f3n entre hombres y mujeres por motivos econ\u00f3micos, provocando en la convocante sentimientos de inferioridad y desvalorizaci\u00f3n, que, incluso, llegaron a exteriorizarse en las ideas suicidas que sus m\u00e9dicos tratantes registraron insistentemente en la historia cl\u00ednica que milita a folios. <\/p>\n
La certidumbre del maltratamiento no fue ajena al tribunal, a tal grado que lleg\u00f3 a sostener en su sentencia que \u00abla revisi\u00f3n del acervo probatorio hace evidente que la relaci\u00f3n de los extremos procesales estuvo marcada por dificultades y vicisitudes que, entre otras situaciones, desencaden\u00f3 (sic) en la denuncia de la hoy demandante al demandado por el delito de acceso carnal\u00bb, a lo que a\u00f1adi\u00f3 que \u00abno [se] desconocen las situaciones de car\u00e1cter sicol\u00f3gico que la se\u00f1ora Laura Madro\u00f1ero afronta, las causas que en su sentir las produjeron y que eventualmente pueden comprometer la responsabilidad penal de su contraparte\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, esa colegiatura no adopt\u00f3 ninguna directriz sobre el particular. Aunque la convocante se ocup\u00f3 con esmero de relatar y probar los hechos de violencia de los que fue v\u00edctima, la cuesti\u00f3n tuvo nulo protagonismo en el devenir de la litis, lo cual se explica porque \u2013por regla general, a la que no escapa este asunto\u2013 acontecimientos como los que se rese\u00f1aron no revelan informaci\u00f3n significativa acerca de los elementos constitutivos de la uni\u00f3n marital de hecho, n\u00facleo esencial del debate del proceso. <\/p>\n
Cabr\u00eda preguntarse, entonces, si es adecuado mantener al margen de los tr\u00e1mites declarativos de existencia de uni\u00f3n marital de hecho las problem\u00e1ticas de violencia intrafamiliar o de g\u00e9nero \u2013centrando toda la actividad jurisdiccional en esclarecer el estado civil de compa\u00f1eros permanentes, as\u00ed como las secuelas patrimoniales de este, como tradicionalmente se ha venido haciendo\u2013, o si, por el contrario, siempre que en este tipo de procesos se adviertan actos de maltrato intrafamiliar o violencia de g\u00e9nero entre los compa\u00f1eros permanentes, debe abrirse un espacio de debate adicional, para determinar, con plenas garant\u00edas, la reparaci\u00f3n integral a la que tendr\u00eda derecho la v\u00edctima de esas conductas da\u00f1osas. <\/p>\n
Para la Corte, la segunda alternativa se impone, pues solo ella es consistente con el precedente y con las pautas convencionales y constitucionales vigentes, especialmente la Convenci\u00f3n Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (\u201cConvenci\u00f3n de Bel\u00e9m do Par\u00e1\u201d) 8. Esta conclusi\u00f3n se soporta en tres premisas fundamentales, que se desarrollar\u00e1n a continuaci\u00f3n: (i) las v\u00edctimas de violencia intrafamiliar o de violencia de g\u00e9nero tienen derecho a una reparaci\u00f3n integral; (ii) no existen mecanismos procesales para reclamar esa reparaci\u00f3n al interior de los juicios de existencia de uni\u00f3n marital de hecho, lo que se traduce en un inaceptable d\u00e9ficit de protecci\u00f3n para esas v\u00edctimas; y (iii) ese d\u00e9ficit debe superarse habilitando un tr\u00e1mite incidental de reparaci\u00f3n, en forma semejante a la que se dispuso en los fallos CSJ STC10829-2017, 25 jul. y CC SU-080\/2020. <\/p>\n
6.2.1. Las v\u00edctimas de violencia intrafamiliar o violencia de g\u00e9nero tienen derecho a obtener una reparaci\u00f3n integral. <\/p>\n
As\u00ed lo explica la doctrina comparada: <\/p>\n
\u00ab(…) [E]n los da\u00f1os que se producen en la vida familiar o en las relaciones de convivencia, es muy cuestionable el papel que deben jugar los remedios indemnizatorios propios del derecho de la responsabilidad civil. A estas dudas contribuye (…) la naturaleza misma de estas relaciones, que suelen generar v\u00ednculos de solidaridad y altruismo contrarios a la formulaci\u00f3n de reclamaciones jur\u00eddicas entre las partes afectadas. La experiencia indica que los da\u00f1os entre familiares, pese a su frecuencia y variedad, rara vez llegan a compensarse conforme a derecho. <\/p>\n
En la pr\u00e1ctica s\u00f3lo se reclaman si se dan circunstancias que permiten hacerlo sin contravenir la regla de moralidad que habitualmente inhibe la interposici\u00f3n de una acci\u00f3n judicial contra las personas con quienes se convive o contra parientes muy pr\u00f3ximos, lo que puede ocurrir porque los da\u00f1os est\u00e9n cubiertos por un seguro de responsabilidad civil (en cuyo caso la v\u00edctima puede dirigirse directamente contra el asegurador, dentro de los l\u00edmites del contrato), o porque precisamente se hayan roto dicha convivencia o los lazos de afecto, como ocurre t\u00edpicamente en una crisis matrimonial o a ra\u00edz de la comisi\u00f3n de un delito (…). <\/p>\n
Esta inmunidad, sin embargo, viene en la actualidad a reducirse ante la tendencia, asociada al individualismo liberal, a realzar los derechos individuales de las personas en el seno de la familia, a potenciar la autonom\u00eda privada en la configuraci\u00f3n de las relaciones conyugales o de pareja, tradicionalmente muy restringida, y a facilitar que la persona pueda, en el marco de dicha autonom\u00eda, reevaluar si mantiene o rompe sus compromisos de convivencia a la vista de sus costes y beneficios individuales (REGAN, 1999: 15-22). <\/p>\n
Esta evoluci\u00f3n en la concepci\u00f3n de la familia, que en las sociedades occidentales ha llevado a una tasa elevada de separaciones, divorcios y familias recompuestas, as\u00ed como a una diversificaci\u00f3n de los modelos de relaci\u00f3n interpersonal, reduce los factores que tradicionalmente han inhibido la exigencia de responsabilidad civil entre familiares. De este modo, aunque sigue siendo evidente la prevalencia de normas sociales contrarias a este tipo de reclamaciones, la propia din\u00e1mica social genera cada vez m\u00e1s situaciones que obligan a preguntarse en qu\u00e9 casos son jur\u00eddicamente viables (…)\u00bb9. <\/p>\n
En ese contexto, existen actualmente encendidos debates acerca de la posibilidad de obtener una indemnizaci\u00f3n por los hechos desencadenantes del divorcio \u2013v.gr., la infidelidad o la embriaguez habitual\u201310, o por el ocultamiento de la paternidad no biol\u00f3gica de un hijo11, por citar solo dos ejemplos de los que frecuentemente se ocupan la doctrina y la jurisprudencia comparadas. Pero no hay, ni deber\u00eda haber, pol\u00e9mica alguna acerca de la procedencia de indemnizar los da\u00f1os de cualquier naturaleza derivados de actos de violencia al interior de la familia. <\/p>\n
Es cierto que el C\u00f3digo Civil colombiano no se ocup\u00f3 en modo alguno de regular los supuestos de responsabilidad en las relaciones familiares, m\u00e1s all\u00e1 de establecer, en los casos de nulidad del matrimonio, que \u00absi hubo mala fe en alguno de los contrayentes, tendr\u00e1 este obligaci\u00f3n de indemnizar al otro todos los perjuicios que le haya ocasionado\u00bb (art\u00edculo 148). Pero el silencio del legislador no puede interpretarse como una habilitaci\u00f3n para que las personas causen impunemente da\u00f1os a la integridad f\u00edsica o emocional de su pareja o de sus parientes, pues ello implicar\u00eda un injustificado sacrificio del derecho de indemnidad personal de esas personas. <\/p>\n
De acuerdo con la cl\u00e1usula general que consagra el art\u00edculo 2341 del C\u00f3digo Civil, \u00ab[e]l que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido da\u00f1o a otro, es obligado a la indemnizaci\u00f3n\u00bb, pauta que no enlista como excepci\u00f3n para su aplicaci\u00f3n la existencia de una relaci\u00f3n de cercan\u00eda o familiaridad entre el agente da\u00f1ador y la v\u00edctima. Es decir, nuestro sistema jur\u00eddico no prev\u00e9 \u2013como lo hicieron algunas jurisdicciones del common law en el pasado12\u2013 ninguna clase de inmunidad intrafamiliar en materia de responsabilidad civil. <\/p>\n
Sobre el particular, explican los profesores Mart\u00edn-Casals y Ribot: <\/p>\n
\u00abLa inmunidad por da\u00f1os en el \u00e1mbito de las relaciones familiares (…) se corresponder\u00eda con el modelo hist\u00f3rico de familia patriarcal recogido en los C\u00f3digos Civiles decimon\u00f3nicos y que se considera superado. Frente a este modelo, hoy se opone que la familia contempor\u00e1nea debe estar al servicio de la persona y constituir el \u00e1mbito en el que la persona ejerce sus derechos fundamentales y en el que se asegura el desarrollo arm\u00f3nico de la personalidad de sus miembros (…). <\/p>\n
Ahora bien, lo que hay que clarificar en primer lugar es qu\u00e9 se entiende aqu\u00ed por \u201cinmunidad\u201d y, muy especialmente, qu\u00e9 consecuencias se derivan en este contexto de negar que exista en nuestro Derecho. Si la inmunidad se define, como propone por ejemplo Vargas Aravena, como \u201clibertad (…) para da\u00f1ar, amparados (…) en la relaci\u00f3n familiar\u201d, no cabe duda de que en el Derecho privado de las relaciones familiares hoy no existe semejante inmunidad. En ning\u00fan caso el mero hecho de que la persona causante del da\u00f1o y la v\u00edctima sean familiares puede exonerar al primero de la obligaci\u00f3n de compensar el da\u00f1o causado. <\/p>\n
En este sentido, la situaci\u00f3n difiere claramente del Derecho Penal, donde por diversas razones el parentesco sigue siendo fundamento tanto para la atenuaci\u00f3n o exclusi\u00f3n de la responsabilidad penal, como para su agravaci\u00f3n. Y no cabe desde luego afirmar, como fue posible hist\u00f3ricamente en los ordenamientos del Common law, que son inadmisibles de plano las posibles reclamaciones de da\u00f1os entre esposos o entre padres e hijos, en aras al mantenimiento de la paz familiar y para garantizar la estabilidad de las relaciones sociales. <\/p>\n
Es evidente que la protecci\u00f3n que proporcionan las reglas de responsabilidad civil no puede negarse porque la v\u00edctima y la persona responsable est\u00e9n vinculados por lazos familiares. Aqu\u00ed encaja perfectamente la anterior reflexi\u00f3n acerca de la superaci\u00f3n actual de un concepto de familia-comunidad y la transici\u00f3n hacia otro en el que la familia asegura el desarrollo arm\u00f3nico de la personalidad de sus miembros y en la que \u00e9stos ejercitan sus derechos fundamentales y defienden sus intereses frente a un supuesto inter\u00e9s superior del grupo familiar. <\/p>\n
Es m\u00e1s, y de ello es una buena prueba la respuesta penal frente al fen\u00f3meno de la violencia dom\u00e9stica y de g\u00e9nero, como que la familia es el \u00e1mbito de mayor vulnerabilidad de la persona al exponerse en su seno los intereses m\u00e1s b\u00e1sicos y personales de la v\u00edctima, el Derecho espa\u00f1ol se ha decantado paulatinamente por un agravamiento de la sanci\u00f3n penal cuando las conductas criminales se cometen contra personas de ese entorno y muy especialmente cuando consisten en actos de violencia f\u00edsica o ps\u00edquica contra las mujeres y contra las personas m\u00e1s vulnerables del hogar\u00bb13. <\/p>\n
Con apoyo en ese entendimiento, recientemente la Corte Constitucional sostuvo que <\/p>\n
\u00ab(…) el resarcimiento, reparaci\u00f3n o compensaci\u00f3n de un da\u00f1o, no se encuentra ocluido, limitado o incluso negado, porque la fuente del da\u00f1o comparta con el afectado, un espacio geogr\u00e1fico determinado \u2013el hogar\u2013 o porque existan lazos familiares. Al contrario, es posible asentar con firmeza, que los da\u00f1os que al interior del n\u00facleo familiar se concreten, originados en la violencia intrafamiliar, obligan la actuaci\u00f3n firme del Estado para su sanci\u00f3n y prevenci\u00f3n, y en lo que dice relaci\u00f3n con el derecho de familia, es imperativo el consagrar acciones judiciales que posibiliten su efectiva reparaci\u00f3n, pues, de nada sirve que normas superiores (para el caso, la Convenci\u00f3n de B\u00e9lem do Par\u00e1 y el art. 42-6\u00b0 C. Pol.) abran paso a la posibilidad de tasar reparaciones con ocasi\u00f3n de los da\u00f1os que la violencia intrafamiliar genere, si a su vez no se consagran las soluciones que posibiliten su materializaci\u00f3n\u00bb (CC, SU-080\/2021; reiterada en CC, C-117\/2021). <\/p>\n
En consideraci\u00f3n a lo anterior, emerge incuestionable que nuestro ordenamiento reconoce la razonabilidad y necesidad de reparar, de forma integral, todos los da\u00f1os causalmente atribuibles a la conducta \u2013dolosa o culposa\u2013 del compa\u00f1ero permanente de la v\u00edctima, incluyendo la que pueda caracterizarse como violencia intrafamiliar o violencia de g\u00e9nero, siendo aplicable a estas hip\u00f3tesis las mismas pautas generales que se emplear\u00edan para resolver cualquier otro conflicto donde opere la responsabilidad civil extracontractual. <\/p>\n
6.2.2. D\u00e9ficit de protecci\u00f3n en el proceso de existencia de uni\u00f3n marital de hecho. <\/p>\n
En Colombia, las leyes procedimentales civiles permiten que las pretensiones indemnizatorias sean ventiladas en escenarios muy diversos. Adem\u00e1s de los procesos declarativos de responsabilidad civil (contractual y extracontractual) propiamente dichos, el C\u00f3digo General del Proceso posibilita que los reclamos de reparaci\u00f3n se acumulen a otras s\u00faplicas principales, aunque no sean conexas, a condici\u00f3n de que concurran los requisitos que prev\u00e9 el art\u00edculo 88 de esa normativa. <\/p>\n
As\u00ed ocurre, por citar solo dos ejemplos, en el proceso ejecutivo por obligaci\u00f3n de dar una especie mueble o bienes de g\u00e9nero distintos del dinero, donde se admite que el convocante pida \u00abque la ejecuci\u00f3n se extienda a los perjuicios moratorios desde que la obligaci\u00f3n se hizo exigible hasta que la entrega se efect\u00fae\u00bb (art\u00edculo 426, ib.); y tambi\u00e9n en los juicios de nulidad del matrimonio, donde el juez debe disponer \u00ab[l]a condena al pago de los perjuicios a cargo del c\u00f3nyuge que por su culpa hubiere dado lugar a la nulidad del v\u00ednculo, a favor del otro, si este lo hubiere solicitado\u00bb (art\u00edculo 389-5, ib.). <\/p>\n
Asimismo, las reglas adjetivas en vigor prev\u00e9n v\u00edas incidentales para debatir sobre la tasaci\u00f3n de perjuicios generados con ocasi\u00f3n del proceso judicial, como sucede cuando se dicta sentencia de excepciones totalmente favorable al demandado (art\u00edculo 443-3, ib.); cuando se levantan algunas cautelas, \u00aben los casos de los numerales 1, 2, 4, 5 y 8 del (…) art\u00edculo [597]\u00bb (art\u00edculo 597, ib.); o cuando se declara infundado el recurso extraordinario de revisi\u00f3n (art\u00edculo 359, ib.), entre otros eventos. <\/p>\n
Todas esas hip\u00f3tesis viabilizan la realizaci\u00f3n de la tutela judicial efectiva de quienes han sufrido da\u00f1os, e igualmente garantizan la materializaci\u00f3n de los principios de eficacia y econom\u00eda procesal, al proporcionar herramientas a la jurisdicci\u00f3n para resolver en un solo procedimiento los distintos conflictos que pueden surgir entre las partes. Si, entretanto se discuten los hechos jur\u00eddicamente relevantes para el \u00e9xito del petitum principal, terminan esclareci\u00e9ndose variables determinantes para el surgimiento de la responsabilidad civil de alguno de los contendores, resulta apropiado y acorde con los fines de la justicia sacar provecho de la actuaci\u00f3n para definir tambi\u00e9n esa controversia suplementaria, imponiendo las cargas indemnizatorias que legalmente correspondan. <\/p>\n
Ahora bien, en las sentencias CSJ STC10829-2017, 25 jul. y CC SU-080\/2020, la Sala de Casaci\u00f3n Civil y la Corte Constitucional, en su orden, evaluaron la situaci\u00f3n de la demandante en un proceso de cesaci\u00f3n de efectos civiles del matrimonio cat\u00f3lico, fincado \u2013entre otros motivos\u2013 en la causal tercera de divorcio, es decir, \u00ab[l]os ultrajes, el trato cruel y los maltratamientos de obra\u00bb. <\/p>\n
Naturalmente, en ese tr\u00e1mite se debatieron y probaron los hechos relativos al maltrato psicol\u00f3gico del que fue v\u00edctima la convocante, pero esta no pudo acceder a una reparaci\u00f3n por los da\u00f1os que dijo haber sufrido como secuela de la conducta antijur\u00eddica de su expareja, sencillamente porque no exist\u00edan v\u00edas procesales id\u00f3neas al interior del tr\u00e1mite de familia. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que el legislador no previ\u00f3 una acci\u00f3n especifica para que un c\u00f3nyuge reclamara del otro el resarcimiento de da\u00f1os atribuibles a actos de violencia intrafamiliar o de g\u00e9nero, ni tampoco estableci\u00f3 una ruta procesal propia para elevar ese tipo de peticiones al interior del juicio de divorcio o de cesaci\u00f3n de efectos civiles del matrimonio religioso. Ello equivale a decir que, para obtener la reparaci\u00f3n a la que tiene derecho, la v\u00edctima estar\u00eda obligada a ejercer la acci\u00f3n ordinaria de responsabilidad civil extracontractual, a trav\u00e9s de los cauces usuales. <\/p>\n
Y como los juicios de responsabilidad civil son del conocimiento de los jueces civiles, de conformidad con la regla del art\u00edculo 15-2 del C\u00f3digo General del Proceso (\u00abCorresponde a la jurisdicci\u00f3n ordinaria en su especialidad civil, el conocimiento de todo asunto que no est\u00e9 atribuido expresamente por la ley a otra especialidad jurisdiccional ordinaria\u00bb), a la pretensi\u00f3n de divorcio \u2013o cesaci\u00f3n de efectos civiles\u2013 no podr\u00eda acumularse la de indemnizaci\u00f3n, porque no se cumplir\u00eda la primera regla del citado art\u00edculo 88, esto es, que \u00abque el juez sea competente para conocer de todas [las pretensiones], sin tener en cuenta la cuant\u00eda\u00bb <\/p>\n
Acorde con ello, una aplicaci\u00f3n literal de las reglas procesales actuales impondr\u00eda a la v\u00edctima de maltrato la obligaci\u00f3n de promover dos juicios distintos, donde esencialmente deber\u00eda probar exactamente lo mismo. De un lado, un tr\u00e1mite de divorcio ante los jueces de familia, en el que tendr\u00eda que acreditar los maltratamientos que sustentan la invocaci\u00f3n de la causal que consagra el art\u00edculo 154-3 del C\u00f3digo Civil; y de otro, un proceso declarativo ante los jueces civiles, donde \u2013de nuevo\u2013 tendr\u00e1 la carga de demostrar esas conductas lesivas, a fin de acreditar los supuestos de procedencia de la responsabilidad aquiliana. <\/p>\n
Ante ese panorama, en los fallos constitucionales precitados se dedujo que la duplicidad de esfuerzos procesales que se exig\u00eda a la c\u00f3nyuge maltratada era revictimizante, y dificultaba el acceso a una justicia pronta y efectiva, en contrav\u00eda de los compromisos internacionales adquiridos por Colombia en materia de protecci\u00f3n de las mujeres v\u00edctimas de violencia. <\/p>\n
Sobre el punto, en la sentencia de unificaci\u00f3n se dijo: <\/p>\n
\u00ab[L]a Sala Plena entiende (…) que tanto el art\u00edculo 42.6 de la Constituci\u00f3n como el art\u00edculo 7\u00b0 literal g) de la Convenci\u00f3n de Bel\u00e9m Do Par\u00e1, obligan al Estado, y en esa misma perspectiva al legislador y a los operadores jur\u00eddicos, a dise\u00f1ar, establecer, regular y aplicar mecanismos d\u00factiles, \u00e1giles y expeditos, con el fin de asegurar que la mujer objeto de violencia intrafamiliar tenga acceso efectivo a la reparaci\u00f3n integral del da\u00f1o, de manera justa y eficaz. En Colombia, en los procesos de la jurisdicci\u00f3n de familia antes mencionados, en la vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil (…) no se ten\u00eda establecido por el legislador un momento especial dentro del tr\u00e1mite que habilitara al juez o las partes, para que, seguida de la declaratoria de la causal de ultrajes, trato cruel y los maltratamientos de obra, se pudiera solicitar una medida de reparaci\u00f3n integral del da\u00f1o sufrido. Con todo, se reitera, las normas del bloque de constitucionalidad y el art. 42 constitucional s\u00ed se hallaban vigentes como soportes sustantivos de una eventual condena por violencia dom\u00e9stica. <\/p>\n
Hoy d\u00eda, en vigencia del art\u00edculo 281 del C\u00f3digo General del Proceso, puede vislumbrarse la existencia de una v\u00eda procesal para ello, pero el tono de la norma no es imperativo sino apenas dispositivo; ciertamente es una puerta que se abre para posibilitar la reparaci\u00f3n de la v\u00edctima ultrajada, tratada de manera cruel, en fin, que haya sido objeto de maltratamiento s\u00edquico o material. Con todo, el art. 7\u00b0, g) de la Convenci\u00f3n de Belem do Par\u00e1, y en general los instrumentos internacionales tantas veces aqu\u00ed citados, obligan -no apenas autorizan o permiten- la reparaci\u00f3n de la mujer v\u00edctima de violencia intrafamiliar, cuando quiera que exista da\u00f1o. <\/p>\n
Los art\u00edculos 427 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -estatuto procesal bajo el cual se tramit\u00f3 el caso en estudio-, y 388 del C\u00f3digo General del Proceso, establecen las reglas que gobiernan el tr\u00e1mite del proceso de divorcio, sin que se prevea de manera espec\u00edfica y directa alg\u00fan mecanismo para solicitar la reparaci\u00f3n de los da\u00f1os causados en la relaci\u00f3n conyugal. Ello es tan claro que la cabeza m\u00e1xima de la Jurisdicci\u00f3n Civil, en la sentencia de primera instancia de este tr\u00e1mite de tutela, indic\u00f3 que en \u201clas normas reguladoras de los tr\u00e1mites de divorcio y cesaci\u00f3n de efectos civiles del matrimonio o por la terminaci\u00f3n abrupta de la relaci\u00f3n de pareja, no existe un cap\u00edtulo espec\u00edfico dedicado a la indemnizaci\u00f3n por menoscabos sufridos\u201d. <\/p>\n
(…) El anterior es el panorama procesal de los procesos de divorcio y de cesaci\u00f3n de efectos civiles del matrimonio cat\u00f3lico; a modo de recapitulaci\u00f3n pueden extraerse las siguientes conclusiones: <\/p>\n
<\/p>\n
i. Tras la sentencia de divorcio en la que se d\u00e9 por probada la causal de civil ultrajes, trato cruel y los maltratamientos de obra, la posibilidad de reclamar la reparaci\u00f3n de los da\u00f1os ocurridos con ocasi\u00f3n de dichos actos, no halla norma legal sustantiva expresa en el ordenamiento nacional que lo sustente. El bloque de constitucionalidad y el art 42-6\u00b0 de la Constituci\u00f3n, sin embargo, s\u00ed lo consagran.<\/p>\n
ii. Existe un proceso ordinario, distinto de aquellos, en el que podr\u00eda ventilarse la pretensi\u00f3n de declaratoria de responsabilidad civil, y la orden de su reparaci\u00f3n econ\u00f3mica. Ello acarrea no s\u00f3lo un posible d\u00e9ficit en la satisfacci\u00f3n de la pretensi\u00f3n de reparaci\u00f3n integral, sino adem\u00e1s una clara revictimizaci\u00f3n de la mujer violentada y un desconocimiento del derecho a una decisi\u00f3n judicial dentro de plazos razonables.<\/p>\n
iii. As\u00ed las cosas, a una mujer, v\u00edctima de violencia intrafamiliar, y a quien por tanto se le declare como c\u00f3nyuge inocente, a m\u00e1s de tener que exponer la totalidad de los maltratos que haya soportado en un proceso civil de cesaci\u00f3n de efectos civiles de matrimonio cat\u00f3lico o de divorcio, deber\u00e1, nuevamente, recordar y expresar ante otra instancia en un tr\u00e1mite judicial-civil, las mismas circunstancias que demuestren el da\u00f1o y la respectiva pretensi\u00f3n reparadora. Todo ello va en contra de los par\u00e1metros del plazo razonable, propios del debido proceso y genera una evidente revictimizaci\u00f3n de la mujer violentada\u00bb. <\/p>\n
Mutatis mutandis, el panorama es muy similar en los procesos declarativos de existencia de uni\u00f3n marital de hecho, con el agravante de que la ley no exige la invocaci\u00f3n de motivos espec\u00edficos para la disoluci\u00f3n de ese v\u00ednculo, de manera que los actos de violencia intrafamiliar o de g\u00e9nero entre compa\u00f1eros permanentes terminan siendo radicalmente excluidos del debate. Ello muestra con nitidez el d\u00e9ficit de protecci\u00f3n al que aludi\u00f3 el precedente, porque sin espacios para reclamar y obtener una indemnizaci\u00f3n, de nada le valdr\u00eda a la v\u00edctima denunciar y acreditar el da\u00f1o que le fue irrogado por su expareja. <\/p>\n
Este caso ejemplifica bien dicha problem\u00e1tica. N\u00f3tese que la actora intent\u00f3 dar al maltrato del que fue v\u00edctima un rol protag\u00f3nico dentro del proceso, al punto que dedic\u00f3 varios apartes de su demanda a describir esos hechos y a pedir pruebas para demostrarlos. Adem\u00e1s, quiso reclamar una compensaci\u00f3n por los da\u00f1os que sufri\u00f3, solo que no ten\u00eda clara la v\u00eda para hacerlo, raz\u00f3n por la cual acudi\u00f3 a una sui generis petici\u00f3n de alimentos \u2013tal como sucedi\u00f3 en el caso al que se refieren las sentencias CSJ STC10829-2017, 25 jul. y CC SU-080\/2020\u2013, del siguiente tenor: <\/p>\n
\u00abComo se evidencia con los medios de prueba allegados con este escrito introductor, se hace necesario proteger la unidad familiar, toda vez que el Sr. Ciro utiliza el dinero como un medio de presi\u00f3n indebido, amenaza y sumisi\u00f3n a la Sra. Laura Alexandra, es necesario que en virtud de los derechos fundamentales que le asisten, y del deber del Estado de proteger a la mujer v\u00edctima de maltrato y conductas estereotipadas, se fijen alimentos provisionales de acuerdo a la posici\u00f3n social que ostenta tanto el demandado como la demandante (…). <\/p>\n
El se\u00f1or Ciro Mora ha maltratado psicol\u00f3gica, sexual y econ\u00f3micamente a su compa\u00f1era permanente, quien en la actualidad requiere tratamiento psicol\u00f3gico y psiqui\u00e1trico para reponerse, y no cuenta con los recursos necesarios para su manutenci\u00f3n; alimentaci\u00f3n, vivienda, vestido y salud, toda vez que el rol de ella era la atenci\u00f3n prioritaria y total a su compa\u00f1ero permanente. En el momento Alexandra se encuentra desplazada como consecuencia de la violencia de g\u00e9nero, viviendo en la casa de la Mam\u00e1, por recomendaci\u00f3n de los profesionales en Psicolog\u00eda y Psiquiatr\u00eda y la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
La errada alusi\u00f3n a los alimentos como medida reparativa no es mera coincidencia, sino que es el reflejo de la inadecuaci\u00f3n de las estructuras procesales actuales para atender la problem\u00e1tica de la mujer maltratada. Es evidente que la se\u00f1ora Madro\u00f1ero Quiroz deseaba resolver en un solo tr\u00e1mite judicial tanto la situaci\u00f3n de su estado civil, como las consecuencias patrimoniales del maltrato del que fue v\u00edctima, pero como no advirti\u00f3 una v\u00eda procesal expl\u00edcita para acumular ambos reclamos, intent\u00f3 valerse de las prestaciones alimentarias, perdiendo de vista que estas carecen, por su naturaleza, de contenido indemnizatorio14. <\/p>\n
Ahora bien, la jurisdicci\u00f3n no puede limitarse a desaprobar el errado uso del d\u00e9bito de alimentos como v\u00eda de reparaci\u00f3n de la violencia intrafamiliar o de g\u00e9nero, sino que ha de ofrecerle a la mujer violentada una soluci\u00f3n procesal adecuada, que no solo le permita acceder a la definici\u00f3n de su estado civil de compa\u00f1era permanente, sino tambi\u00e9n a la reparaci\u00f3n integral de los da\u00f1os que hubiera sufrido como secuela de los actos de maltrato atribuibles a su excompa\u00f1ero. <\/p>\n
De lo contrario, la violencia intrafamiliar o de g\u00e9nero quedar\u00eda invisibilizada, aumentando las posibilidades de que el agresor no asuma jam\u00e1s el costo de su conducta da\u00f1osa y contraria a los valores de respeto y solidaridad propios de la familia. Para demostrar esta afirmaci\u00f3n, basta con evocar el fallo del ad quem, en el que tras reconocer \u2013con cierta timidez\u2013 el da\u00f1o padecido por la actora, la magistratura se excus\u00f3 de extraer de all\u00ed cualquier tipo de consecuencia, arguyendo que \u00ablo debatido en este proceso corresponde a la declaraci\u00f3n de la existencia de una uni\u00f3n marital de hecho\u00bb, precisi\u00f3n que veladamente buscaba excluir de la controversia lo atinente al maltrato que la se\u00f1ora Madro\u00f1ero Quiroz tuvo que soportar durante su relaci\u00f3n. <\/p>\n
Es por ello que no resulta constitucionalmente admisible circunscribir estos tr\u00e1mites a la declaraci\u00f3n de existencia de la uni\u00f3n marital, pues tal hermen\u00e9utica restrictiva no armoniza con la obligaci\u00f3n del Estado colombiano de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, ni tampoco con los principios de tutela judicial efectiva de los derechos y acceso a la justicia pronta y eficaz de las v\u00edctimas de maltrato al interior de la familia. La jurisdicci\u00f3n, no puede permanecer imp\u00e1vida ante la evidencia de hechos de violencia f\u00edsica, sexual, emocional o econ\u00f3mica entre compa\u00f1eros permanentes, ni puede tampoco obviar el derecho de las v\u00edctimas a acceder a una satisfacci\u00f3n efectiva por los da\u00f1os que padecieron. <\/p>\n
Es necesario, pues, repensar el prop\u00f3sito del juicio de existencia de uni\u00f3n marital de hecho, para conferirle una nueva funci\u00f3n como espacio para que la voz de las v\u00edctimas de violencia intrafamiliar o de g\u00e9nero sea escuchada. Ello conlleva ampliar el \u00e1mbito dial\u00e9ctico del proceso, para que no quede limitado a los elementos del v\u00ednculo more uxorio y sus hitos inicial y final, sino que se extienda, cuando sea pertinente, a la b\u00fasqueda de una justa compensaci\u00f3n por las secuelas que el maltrato haya dejado en el cuerpo o el esp\u00edritu de la persona damnificada. <\/p>\n
Las crecientes cifras de violencia intrafamiliar15 y la especial concentraci\u00f3n de esos sucesos en la poblaci\u00f3n de mujeres que conforman una uni\u00f3n marital de hecho16, imponen adoptar medidas tendientes a que esa realidad no quede oculta, ni mucho menos permanezca impune. Y si bien es evidente que superar tal problem\u00e1tica demanda esfuerzos multidisciplinares, la jurisdicci\u00f3n puede ser part\u00edcipe del cambio eliminando las talanqueras procedimentales para que las v\u00edctimas sean efectivamente reparadas. <\/p>\n
6.2.3. Subregla jurisprudencial para superar el d\u00e9ficit de protecci\u00f3n advertido. <\/p>\n
Siguiendo los lineamientos expuestos, la Corte considera pertinente establecer la siguiente subregla: Siempre que se acredite la ocurrencia de actos constitutivos de violencia intrafamiliar o de g\u00e9nero durante el proceso de existencia de uni\u00f3n marital de hecho, deber\u00e1 permit\u00edrsele a la v\u00edctima iniciar un tr\u00e1mite incidental de reparaci\u00f3n \u2013en los t\u00e9rminos explicados en la sentencia SU-080 de 2020\u2013, con el prop\u00f3sito de que el juez de familia determine, en el mismo escenario procesal, los alcances de los da\u00f1os padecidos por la persona maltratada, asignando una compensaci\u00f3n justa, de acuerdo con las reglas y principios generales en materia de reparaci\u00f3n integral. <\/p>\n
Ahora bien, como ese procedimiento especial no se encuentra expresamente regulado, deber\u00e1n observarse las pautas que disciplinan asuntos an\u00e1logos, garantizando la plena observancia de los principios constitucionales y los generales del derecho procesal, la efectividad del debido proceso, la contradicci\u00f3n y la defensa, as\u00ed como la realizaci\u00f3n de los derechos sustanciales en disputa, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los art\u00edculos 11 y 12 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
En ese sentido, la parte interesada en que se adelante este procedimiento accesorio deber\u00e1 presentar una solicitud incidental dentro de los treinta d\u00edas siguientes a la ejecutoria del fallo respectivo, en aplicaci\u00f3n anal\u00f3gica de lo dispuesto en el art\u00edculo 283 del C\u00f3digo General del Proceso, debi\u00e9ndose precisar que, dadas las condiciones especiales de este tipo de asuntos, el derecho de reparaci\u00f3n de la v\u00edctima no se extinguir\u00e1 en caso de no presentar ese reclamo incidental en el t\u00e9rmino anotado. En este supuesto, simplemente tendr\u00e1 que acudir a las otras v\u00edas procesales que dispone el ordenamiento para obtener su reparaci\u00f3n. <\/p>\n
Ahora bien, en la referida solicitud deber\u00e1n especificarse las pretensiones de reparaci\u00f3n de la v\u00edctima, y de ser necesario, tendr\u00e1n que precisarse los alcances de los actos de maltrato o de las secuelas da\u00f1osas padecidas, as\u00ed como la solicitud de pruebas que pretendan hacerse valer, debi\u00e9ndose insistir en la posibilidad de que el juez y las partes se sirvan de todas las evidencias que se practicaron durante el juicio de existencia de uni\u00f3n marital de hecho. De aquel escrito se correr\u00e1 traslado a la contraparte, por el t\u00e9rmino que establece el art\u00edculo 129 del C\u00f3digo General del Proceso, con el prop\u00f3sito de que ejerza su derecho de defensa en la forma que estime pertinente. <\/p>\n
Vencido el plazo de traslado, el fallador convocar\u00e1 a audiencia mediante auto, en el que decretar\u00e1 las pruebas solicitadas por las partes \u2013a condici\u00f3n de que estas sean conducentes, pertinentes y \u00fatiles para esclarecer las variables de la responsabilidad civil por la que se averigua\u2013, as\u00ed como las que de oficio estime necesarias para clarificar el panorama f\u00e1ctico. En esa audiencia, proceder\u00e1 en la forma indicada en el art\u00edculo 373 del C\u00f3digo General del Proceso, de modo que tras practicar las pruebas y o\u00edr los alegatos de los litigantes, dictar\u00e1 sentencia, la cual es pasible de los recursos que prev\u00e9n las normas ordinarias. <\/p>\n
De esta forma, el juez de la causa podr\u00e1 determinar la existencia y entidad del da\u00f1o causado, y ordenar las reparaciones que en derecho correspondan, con plenas garant\u00edas de defensa y contradicci\u00f3n para las partes. <\/p>\n
6.3. Anotaciones sobre la congruencia. <\/p>\n
Dado el d\u00e9ficit de regulaci\u00f3n descrito, es previsible que en la demanda de declaraci\u00f3n de existencia de uni\u00f3n marital de hecho no existan pretensiones espec\u00edficamente dirigidas a obtener una indemnizaci\u00f3n por actos de violencia intrafamiliar o de g\u00e9nero. No obstante, tal omisi\u00f3n no puede entenderse como una justificaci\u00f3n para cerrar el paso al incidente del que se viene hablando, por dos razones esenciales: <\/p>\n
(i) A voces del par\u00e1grafo 1 del art\u00edculo 281 del C\u00f3digo General del Proceso, el juez de familia \u00abpodr\u00e1 fallar ultrapetita y extrapetita, cuando sea necesario para brindarle protecci\u00f3n adecuada a la pareja, al ni\u00f1o, la ni\u00f1a o adolescente, a la persona con discapacidad mental o de la tercera edad, y prevenir controversias futuras de la misma \u00edndole\u00bb. Con apoyo en esta regla, la Corte Constitucional expuso en la citada SU-080 de 2020 los siguientes argumentos, perfectamente aplicables a asuntos como el que ahora ocupa la atenci\u00f3n de la Sala: <\/p>\n
\u00abEn Colombia, en los procesos de la jurisdicci\u00f3n de familia antes mencionados, en la vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil (…) no se ten\u00eda establecido por el legislador un momento especial dentro del tr\u00e1mite que habilitara al juez o las partes, para que, seguida de la declaratoria de la causal de ultrajes, trato cruel y los maltratamientos de obra, se pudiera solicitar una medida de reparaci\u00f3n integral del da\u00f1o sufrido. Con todo, se reitera, las normas del bloque de constitucionalidad y el art. 42 constitucional s\u00ed se hallaban vigentes como soportes sustantivos de una eventual condena por violencia dom\u00e9stica. Hoy d\u00eda, en vigencia del art\u00edculo 281 del C\u00f3digo General del Proceso, puede vislumbrarse la existencia de una v\u00eda procesal para ello, pero el tono de la norma no es imperativo sino apenas dispositivo; ciertamente es una puerta es una puerta que se abre para posibilitar la reparaci\u00f3n de la v\u00edctima ultrajada, tratada de manera cruel, en fin, que haya sido objeto de maltratamiento s\u00edquico o material. Con todo, el art. 7\u00b0, g) de la Convenci\u00f3n de Belem do Par\u00e1, y en general los instrumentos internacionales tantas veces aqu\u00ed citados, obligan \u2013no apenas autorizan o permiten\u2013 la reparaci\u00f3n de la mujer v\u00edctima de violencia intrafamiliar, cuando quiera que exista da\u00f1o\u00bb <\/p>\n
Por esa v\u00eda, la facultad de fallar con prescindencia de los l\u00edmites establecidos en la demanda debe ser ejercida por los jueces de familia para el prop\u00f3sito mencionado, esto es, para propender por la reparaci\u00f3n efectiva de las v\u00edctimas de violencia intrafamiliar o de violencia de g\u00e9nero, tanto al interior del proceso de divorcio en el que se invoque la causal tercera \u2013supuesto del que se ocup\u00f3 la Corte Constitucional\u2013, como en el tr\u00e1mite de existencia de uni\u00f3n marital de hecho, as\u00ed en este \u00faltimo no deba esgrimirse ning\u00fan motivo espec\u00edfico para la disoluci\u00f3n del v\u00ednculo. <\/p>\n
(ii) Se agrega que la indemnizaci\u00f3n de los da\u00f1os que se identificaron a lo largo del proceso verbal de existencia de uni\u00f3n marital de hecho debe venir precedida de una solicitud de parte \u2013el escrito incidental al que se hizo referencia\u2013, pues solo el ejercicio voluntario del derecho de acci\u00f3n dota de competencia a la jurisdicci\u00f3n para proveer sobre ese puntal del conflicto. No se trata, entonces, de restar capacidad de agencia a la v\u00edctima, sino de habilitar para ella un canal procesal accesorio, con el fin de que pueda obtener una reparaci\u00f3n sin necesidad de acudir a varios procedimientos. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, al fijar la reparaci\u00f3n integral que corresponda, se armonizan las reglas de consonancia con el ejercicio de las facultades ampliadas de la especialidad de familia, en pos de proteger a quienes han sufrido las secuelas de actos de violencia intrafamiliar o de violencia de g\u00e9nero al interior de una uni\u00f3n marital de hecho. <\/p>\n
6.4. Conclusiones. <\/p>\n
Las normas que integran el bloque de constitucionalidad, en especial la Convenci\u00f3n Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (\u201cConvenci\u00f3n de Bel\u00e9m do Par\u00e1\u201d), imponen idear espacios procesales alternativos que faciliten a las v\u00edctimas de violencia intrafamiliar o de violencia de g\u00e9nero acceder a la reparaci\u00f3n de los da\u00f1os que sufrieron. <\/p>\n
Si bien el ordenamiento procesal vigente no lo contempla, uno de esos espacios alternativos debe proveerse al interior del proceso declarativo de existencia de uni\u00f3n marital de hecho, en forma similar a la que se dispuso en las sentencias CSJ STC10829-2017, 25 jul. y CC SU-080\/2020 para el proceso de divorcio o cesaci\u00f3n de efectos civiles del matrimonio religioso. <\/p>\n
En tal sentido, las v\u00edctimas de violencia f\u00edsica, sexual, emocional o econ\u00f3mica ejercida por su compa\u00f1ero permanente, podr\u00e1n solicitar la indemnizaci\u00f3n de las secuelas da\u00f1osas que hayan padecido, a trav\u00e9s de un incidente especial de reparaci\u00f3n, que se adelantar\u00e1 en el mismo escenario judicial donde se debati\u00f3 la configuraci\u00f3n del lazo marital de hecho, conforme los lineamientos expuestos supra. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia de 25 de noviembre de 2020, dictada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, en el proceso verbal que promovi\u00f3 Laura Alexandra Madro\u00f1ero Quiroz contra Ciro Jhonnson Mora Insuasty. <\/p>\n
Sin costas, dada la prosperidad del recurso extraordinario. <\/p>\n
Y situada en sede de instancia, esta Corporaci\u00f3n <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia de 2 de agosto de 2019, proferida por el Juzgado Sexto de Familia de Pasto. <\/p>\n
SEGUNDO. DECLARAR PARCIALMENTE PROBADAS las excepciones de \u00abinexistencia de la uni\u00f3n marital de hecho\u00bb, \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa\u00bb y \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u00bb, \u00fanicamente en lo que respecta a los sucesos anteriores al 29 de enero de 2017. En lo dem\u00e1s, se DECLARAN NO PROBADAS esas defensas de m\u00e9rito. <\/p>\n
TERCERO. DECLARAR que entre los se\u00f1ores Laura Alexandra Madro\u00f1ero Quiroz y Ciro Jhonnson Mora Insuasty existi\u00f3 una uni\u00f3n marital de hecho, que se extendi\u00f3 entre el 29 de enero de 2017 y el 23 de abril de 2018. <\/p>\n
CUARTO. Comoquiera que el v\u00ednculo more uxorio entre las partes perdur\u00f3 por menos de dos a\u00f1os, se DECLARA PROBADA la excepci\u00f3n de \u00abinexistencia de la sociedad patrimonial de hecho\u00bb propuesta por el convocado. En consecuencia, se NIEGA el reconocimiento de la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes solicitado por la actora. <\/p>\n
QUINTO. Dada la evidencia de actos de maltrato intrafamiliar y de violencia de g\u00e9nero en contra de la demandante, el juez de primera instancia deber\u00e1 habilitar una v\u00eda incidental especial de reparaci\u00f3n, con el prop\u00f3sito de que se determinen y tasen los perjuicios sufridos por la se\u00f1ora Madro\u00f1ero Quiroz, teniendo en cuenta las directrices expuestas en la parte motiva de esta providencia. <\/p>\n
SEXTO. COSTAS de segunda instancia a cargo del demandado. Liqu\u00eddense en la forma que prev\u00e9 el canon 366 del C\u00f3digo General del Proceso, teniendo en cuenta como agencias en derecho la suma de $2.500.000. <\/p>\n
S\u00c9PTIMO. REM\u00cdTASE la foliatura a la autoridad judicial competente. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 No olvida la Sala que, a voces de la norma en cita, \u00ab[c]uando se trate de cargos formulados por la causal primera de casaci\u00f3n, que contengan distintas acusaciones y la Corte considere que han debido presentarse en forma separada, deber\u00e1 decidir sobre ellos como si se hubieran invocado en distintos cargos. En el mismo evento, si se formulan acusaciones en distintos cargos y la Corte considera que han debido proponerse a trav\u00e9s de uno solo, de oficio los integrar\u00e1 y resolver\u00e1 sobre el conjunto, seg\u00fan corresponda\u00bb. <\/p>\n
No obstante, el precedente consolidado de la Sala considera que el uso de la expresi\u00f3n \u00abcargos formulados por la causal primera\u00bb ha de entenderse como un simple lapsus del legislador, derivado de replicar en la normativa actual la estructura del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, en la que conviv\u00edan bajo el ropaje del primer motivo de casaci\u00f3n acusaciones por v\u00eda directa e indirecta (que corresponden a las causales primera y segunda del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso). Por tanto, ha de entenderse que pueden agruparse distintas acusaciones de infracci\u00f3n de la ley sustancial, sean estas por v\u00eda directa o indirecta. <\/p>\n
<\/p>\n
Sobre el particular, recientemente se explic\u00f3: \u00ab(…) es bien sabido que desde 1991 la Corte tiene el deber, cuando de violaci\u00f3n de normas sustanciales se trata, de escindir las acusaciones si en su criterio debieron haberse presentado en cargos separados. O integrar los cargos si se considera que han debido proponerse en uno solo. Tal preceptiva fue copiada en el C\u00f3digo General del Proceso con la mala fortuna de haberla reducido, seg\u00fan se dice literalmente en el par\u00e1grafo segundo del art\u00edculo 344, a \u201cla causal primera\u201d (apelativo este que en el \u00e1mbito del c\u00f3digo anterior comprend\u00eda la violaci\u00f3n directa y la indirecta de normas sustanciales) logr\u00e1ndose as\u00ed una escasa por no decir nula operatividad de la norma en cuesti\u00f3n, pues lo cierto es que lo usual, lo que la Corte con alguna regularidad observa en las demandas de casaci\u00f3n que examina, como este caso lo muestra, es que los impugnantes, en un mismo cargo, esbocen cr\u00edticas jur\u00eddicas a las normas aplicadas o dejadas de aplicar y, con base en las mismas normas, expongan discrepancias sobre el an\u00e1lisis probatorio. Lo anterior, de suyo, significa mezclar la causal primera con la hoy causal segunda de casaci\u00f3n. Evidentemente, existen excepciones que autorizan esa mixtura, como cuando el fundamento de la decisi\u00f3n comprende consideraciones f\u00e1cticas y jur\u00eddicas, ambas equivocadas y amalgamadas seg\u00fan se explica a espacio en precedente jurisprudencial, a\u00fan vigente (Cfr. SC-169-2000)\u00bb (CSJ SC563-2021, 1 mar.; en el mismo sentido, CSJ SC1084-2021, 5 abr.). <\/p>\n
2\u0002 Las categor\u00edas orientadoras de esta prerrogativa deben comprenderse en concordancia con los dem\u00e1s c\u00e1nones constitucionales que establecen la dignidad humana; la igualdad; la prohibici\u00f3n de discriminaci\u00f3n (v.gr., art. 43, C. P.: \u00abla mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podr\u00e1 ser sometida a ninguna clase de discriminaci\u00f3n\u2026\u00bb); la protecci\u00f3n especial en favor de ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes y la prevalencia de sus derechos (art. 44, ib\u00eddem), sin que pueda perderse de vista el desarrollo jurisprudencial relacionado con los sujetos de especial protecci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
3\u0002 Aprobada por Colombia mediante Ley 51 de 1981. Esta Convenci\u00f3n establece como uno de los deberes del Estado \u00abconsagrar, si a\u00fan no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislaci\u00f3n apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realizaci\u00f3n pr\u00e1ctica de ese principio\u00bb (art. 2, lit. a). <\/p>\n
4\u0002 Aprobado por Colombia mediante Ley 984 de 2005. <\/p>\n
5\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 248 de 1995. Precisa dentro de los deberes del Estado \u00abestablecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protecci\u00f3n, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos\u00bb y \u00abestablecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparaci\u00f3n del da\u00f1o u otros medios de compensaci\u00f3n justos y eficaces\u00bb (art. 7, lit. f y g). <\/p>\n
6\u0002 Aprobada por Colombia mediante Ley 16 de 1972. En su art\u00edculo 24, establece la igualdad ante la ley. As\u00ed mismo, en el canon 17, lit. b, precept\u00faa que: \u00abLos Estados Parte deben tomar medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los c\u00f3nyuges en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disoluci\u00f3n del mismo\u00bb. <\/p>\n
7\u0002 Gu\u00eda para la aplicaci\u00f3n sistem\u00e1tica e inform\u00e1tica del Modelo de incorporaci\u00f3n de la perspectiva de g\u00e9nero en las sentencias. Secretar\u00eda T\u00e9cnica y Comisi\u00f3n Permanente de G\u00e9nero y Acceso a la Justicia, Cumbre Judicial Iberoamericana. <\/p>\n
8\u0002 Cuyo art\u00edculo 7 reza: \u00abLos Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, pol\u00edticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: (…) f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protecci\u00f3n, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos; g. establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparaci\u00f3n del da\u00f1o u otros medios de compensaci\u00f3n justos y eficaces, y h. adoptar las disposiciones legislativas o de otra \u00edndole que sean necesarias para hacer efectiva esta Convenci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
9\u0002 FERRER I RIBA, Josep. Relaciones familiares y l\u00edmites del derecho de da\u00f1os. En: Indret: Revista para el An\u00e1lisis del Derecho, 4\/2001. <\/p>\n
10\u0002 Cfr. PAPAYANNIS, Diego. El derecho privado como cuesti\u00f3n p\u00fablica. Ed. Universidad Externado de Colombia, Bogot\u00e1. 2016, pp. 293-297. <\/p>\n
11\u0002 Cfr. STS687\/1999, Sentencia de 22 de julio de 1999, dictada por la Sala Primera, de lo Civil, del Tribunal Supremo de Espa\u00f1a. <\/p>\n
12\u0002 Cfr. GREENSTONE, Herbert. Abolition of Intrafamilial Immunity. En: The Forum. American Bar Association. Section of Insurance, Negligence and Compensation Law, Vol. 7, n.\u00ba 2. 1972, pp. 82-89 (https:\/\/www.jstor.org\/stable\/25760792). <\/p>\n
13\u0002 MART\u00cdN-CASALS, Miquel; RIBOT, Jordi. Da\u00f1os en derecho de familia. En: Anuario de derecho civil, Tomo LXIV, Fasc. II. Bolet\u00edn Oficial del Estado y Ministerio de Justicia, Madrid. 2011, pp. 525-526. <\/p>\n
14\u0002 Sobre el particular, recientemente se sostuvo que \u00abla obligaci\u00f3n de prestar alimentos corresponde a una obligaci\u00f3n de car\u00e1cter especial en cuanto le asisten unas caracter\u00edsticas y requisitos particulares, ya que (i) su naturaleza es principalmente de car\u00e1cter civil; (ii) se fundamenta constitucionalmente en los principios de solidaridad, equidad, protecci\u00f3n de la familia, necesidad y proporcionalidad; (iii) tiene una finalidad asistencial de prestaci\u00f3n de alimentos por parte del obligado o alimentante al beneficiario o alimentario; (iv) adquiere un car\u00e1cter patrimonial cuando se reconoce la pensi\u00f3n alimentaria; (v) el bien jur\u00eddico protegido es la vida y subsistencia del alimentario y, como consecuencia, sus dem\u00e1s derechos fundamentales; (vi) exige como requisitos para su configuraci\u00f3n que (a) el peticionario necesite los alimentos que solicita; (b) que el alimentante tenga la capacidad para otorgarlos; y (c) que exista un v\u00ednculo filial o legal que origine la obligaci\u00f3n; (vii) se concreta jur\u00eddicamente cuando se hace exigible por las v\u00edas previstas por la ley \u2013administrativas o judiciales-, en aquellos casos en que el alimentante elude su obligaci\u00f3n frente al beneficiario o alimentario; y finalmente, lo que resulta especialmente relevante para el presente estudio de constitucionalidad (viii) no tiene un car\u00e1cter indemnizatorio, de manera que implica la existencia de una necesidad actual, lo cual no quiere decir que cuando \u00e9sta ya ha sido decretada por las v\u00edas legales existentes no pueda exigirse judicialmente las cuotas que el alimentante se ha abstenido de pagar, por negligencia o culpa, incluso por v\u00eda ejecutiva\u00bb (CC C-017\/2019). <\/p>\n
15\u0002 En el reciente fallo C-117 de 2021, la Corte Constitucional mencion\u00f3 que seg\u00fan \u00abla Corporaci\u00f3n Sisma Mujer (…) \u201cen 2020, cada 6 minutos una mujer fue v\u00edctima de [violencia intrafamiliar] en Colombia\u201d\u00bb, y que \u00abal consultar las cifras del 2021 de la Polic\u00eda Nacional, cuyo corte es mayo 6 de 2021, han ocurrido en el territorio nacional 36.185 casos de violencia de los cuales en 31.528 son v\u00edctimas mujeres. De estos n\u00fameros es evidente que (…) el 87,13% de las v\u00edctimas de violencia intrafamiliar son mujeres\u00bb. <\/p>\n
16\u0002 \u00abEn la sentencia T-027 de 2017 \u2013al referirse al contexto de violencia estructural contra la mujer\u2013 se indic\u00f3 que en informe del Instituto Colombiano de Medicina Legal (2015) se hab\u00eda aclarado que \u201crespecto a las cifras de violencia de pareja en el pa\u00eds, durante el a\u00f1o 2015 se registraron 47.248 casos, siendo la poblaci\u00f3n femenina la m\u00e1s afectada pues de la totalidad de los casos reportados, 40.943 correspondi\u00f3 a violencia contra las mujeres. Se registr\u00f3 que en el 47,27% de los casos, el presunto agresor fue su compa\u00f1ero permanente, y en un 29,33% su excompa\u00f1ero\u00bb (ib\u00eddem). <\/p>\n
17\u0002 Por lo mismo, la duplicidad de acciones judiciales podr\u00e1 solventarse sin dificultad acudiendo a las pautas de cosa juzgada y litispendencia, seg\u00fan el caso. <\/p>\n
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SC5039-2021 (2018-00170-01) LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente SC5039-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 52001-31-10-006-2018-00170-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de once de noviembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). Se decide el recurso extraordinario de casaci\u00f3n que interpuso la convocante […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[43],"tags":[],"class_list":["post-59915","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59915","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59915"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59915\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59915"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59915"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59915"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}