SC5040-2021 (2019-00279-01)<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
SC5040-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 05001-31-10-009-2019-00279-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de diciembre dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto por los demandados frente a la sentencia de 24 de marzo de 2021, proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, en el proceso declarativo de nulidad de testamento que promovi\u00f3 Mar\u00eda Luc\u00eda Uribe Abad1 contra Luz Elena Ceballos Abad y otros. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Pretensiones. <\/p>\n
La demandante pidi\u00f3 declarar \u00abla NULIDAD DEL TESTAMENTO contenido en la Escritura P\u00fablica No. 1.496 del 22 de agosto de 2013, de la Notar\u00eda 2 del C\u00edrculo de Medell\u00edn\u00bb, a trav\u00e9s del cual se \u00abrevoc\u00f3\u00bb el anterior instrumento otorgado por el causante, en el que dispuso que la gestora ser\u00eda su heredera universal, y, en su lugar, estipul\u00f3 como legatarios en diferentes proporciones a los convocados. <\/p>\n
2. Fundamento f\u00e1ctico. <\/p>\n
2.1. La memorialista indic\u00f3 que Jos\u00e9 Tom\u00e1s Uribe Abad \u2013quien falleci\u00f3 en Medell\u00edn el 10 de octubre de 2014\u2013 otorg\u00f3 testamento en su favor, como \u00ab\u00fanica hermana\u00bb, design\u00e1ndola como heredera universal de sus bienes, \u00absiempre y cuando el se\u00f1or NICK ATHOS DE MOS hubiere fallecido\u00bb; instrumento que se protocoliz\u00f3 el 12 de febrero de 1998 a trav\u00e9s de la escritura p\u00fablica n.\u00b0 575 de la Notar\u00eda Veinte del C\u00edrculo de Medell\u00edn. <\/p>\n
2.2. Agreg\u00f3 que el 22 de agosto de 2013, mediante instrumento n.\u00b0 1496 de la Notar\u00eda Segunda de esa ciudad, el se\u00f1or Uribe Abad \u00abaparentemente cambi\u00f3 (revoc\u00f3) dicho testamento\u00bb, otorgando uno nuevo en favor de los se\u00f1ores Mar\u00eda Clemencia V\u00e9lez Echeverri, Roc\u00edo G\u00f3mez V\u00e1squez, Clara In\u00e9s Londo\u00f1o Santamar\u00eda, Alejandro Forero Ceballos, Mario Ceballos Abad, Gabriel Abad Rojas, Diego Campuzano Uribe (legatarios del 40% de los bienes) y Luis Miguel Londo\u00f1o Santamar\u00eda, Clemencia Restrepo Villarreal y Luz Elena Ceballos Abad (legatarios del 60%). <\/p>\n
2.3. Refiri\u00f3 que \u00abdicho testamento fue realizado sin el lleno de los requisitos exigidos en el art\u00edculo 1.076 del C.C., el cual busca en esencia, dentro del principio de equidad, defender los derechos de las personas ciegas, para que no sean abusadas o enga\u00f1adas\u00bb, en virtud de lo cual se exige que el documento sea le\u00eddo dos veces, siendo este un \u00abrequisito esencial e indispensable para [su] validez y existencia\u00bb, porque el se\u00f1or Uribe Abad \u00abven\u00eda sufriendo de su visi\u00f3n desde el a\u00f1o 2006 [y] finalmente padeci\u00f3 ceguera parcial desde octubre de 2011\u00bb, lo que indica que \u00abestaba totalmente impedido para leer cualquier tipo de documento aun con lentes, es decir, ten\u00eda discapacidad visual\u00bb. <\/p>\n
2.4. Aport\u00f3 como soporte de la discapacidad visual del testador \u00abel estudio de las historias cl\u00ednicas del causante en la Cl\u00ednica Oftalmol\u00f3gica de Medell\u00edn COM, Cl\u00ednica Oftalmol\u00f3gica de Antioquia CLICAN, del consultorio del m\u00e9dico oftalm\u00f3logo tratante, doctor JUAN CARLOS ABAD, y el dictamen pericial realizado por el oftalm\u00f3logo CARLOS REBOLLEDO ESPINOSA\u00bb. <\/p>\n
2.5. Por lo anterior, explic\u00f3 ampliamente los que, en su criterio, constituyen \u00abindicios\u00bb sobre la nulidad del instrumento, as\u00ed: <\/p>\n
<\/p>\n
i. \u00abEra claramente la voluntad del testador desde 1998 dejar a su hermana como su [\u00fa]nica heredera, no se entiende por qu[\u00e9] de manera intempestiva a los 93 a\u00f1os, sin ninguna raz\u00f3n justificable o entendible, decide cambiar radicalmente su voluntad haciendo un testamento que beneficia precisamente a la albacea LUZ ELENA CEBALLOS, incluyendo adem\u00e1s a su hermano MARIO CEBALLOS, a su hijo ALEJANDRO FORERO CEBALLOS, quienes nunca hab\u00edan tenido relaci\u00f3n cercana con el testador\u00bb, aunado a que se encuentran \u00abpersonas ajenas a los afectos del causante\u00bb, como son \u00abMAR\u00cdA CLEMENCIA V\u00c9LEZ ECHEVERRI, quien era solamente su corredora de bolsa, ROC\u00cdO G\u00d3MEZ V\u00c1SQUEZ, quien a pesar de ser pariente lejana del causante tampoco era de sus afectos, CLARA IN\u00c9S LONDO\u00d1O SANTAMAR\u00cdA Y GABRIEL ABAD ROJAS, totalmente ajenos al causante, y finalmente incluy\u00f3 a LUIS MIGUEL LONDO\u00d1O, CLEMENCIA RESTREPO VILLARREAL Y DIEGO HUMBERTO CAMPUZANO, sin raz\u00f3n aparente\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
ii. \u00abLa se\u00f1ora LUZ ELENA CEBALLOS indujo a error a la familia cercana del causante, ocult\u00e1ndole a los hijos de la se\u00f1ora MAR\u00cdA LUC\u00cdA URIBE en contenido del testamento hasta tanto no ocurri\u00f3 la muerte del causante, so pretexto de que se trataba de un testamento CERRADO, para no alertarlos sobre su contenido, porque sab\u00eda que se iba a cuestionar\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
iii. \u00abEl segundo testamento estaba viciado no solamente por desconocer la discapacidad visual del testador, situaci\u00f3n contemplada por el legislador en el art. 1076 del C\u00f3digo Civil (\u2026), m\u00e1xime que no se encontraba como legataria la hermana del causante, la se\u00f1ora MAR\u00cdA LUC\u00cdA URIBE con ning\u00fan porcentaje, cuando \u00e9l no solamente hab\u00eda manifestado que ella era su \u00fanica heredera, sino tambi\u00e9n lo hab\u00eda plasmado en un testamento desde 1998\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
v. \u00ab(\u2026) LUZ ELENA CEBALLOS, (\u2026) h\u00e1bilmente se aprovech\u00f3 de la confianza que el testador le prodigaba de 1998, al dejarla como albacea de su testamento inicial y posteriormente entreg\u00e1ndole pr\u00e1cticamente el manejo de sus cuentas bancarias al autorizar su firma en las entidades financieras\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
vi. \u00abEl certificado m\u00e9dico presentado como soporte de la salud mental y f\u00edsica del testador no est\u00e1 firmado por un m\u00e9dico inscrito en la Secretar\u00eda de Salud de Antioquia, quien adem\u00e1s no era su m\u00e9dico tratante, sino un amigo personal de la se\u00f1ora LUZ ELENA CEBALLOS\u00bb, y \u00abdicho certificado no expresa la discapacidad visual del paciente\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
vii. \u00abLos testigos utilizados son personas buscadas por la abogada de una de las legatarias, no por el testador, pues por las direcciones y vinculaci\u00f3n a la EPS se dedujo que se trata de empleados de la abogada ANA MAR\u00cdA LONDO\u00d1O\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
viii. \u00abUno de los legatarios, el se\u00f1or GABRIEL ABAD ROJAS, realiz\u00f3 una compraventa del lote 16 de la parcelaci\u00f3n BERKELEY de Rionegro, de propiedad del causante, con un poder general otorgado en la Notar\u00eda 25 del C\u00edrculo de Medell\u00edn, elevado a escritura p\u00fablica con base en un certificado m\u00e9dico vencido y fraudulento, toda vez que a pesar de que el causante se encontraba en p\u00e9simas condiciones de salud y al cuidado de la doctora Luz Elena Cardona V\u00e9lez de H\u00e1bitat Hogar para el adulto mayor, el se\u00f1or GABRIEL ABAD ROJAS no tuvo inconveniente en utilizar fotocopia autenticada del mismo certificado m\u00e9dico utilizado en la Notar\u00eda 2 de Medell\u00edn para respaldar el segundo testamento, en vez de solicit\u00e1rselo a su m\u00e9dica tratante. Adem\u00e1s, hace una afirmaci\u00f3n falsa dentro de la escritura p\u00fablica de compraventa (1.689 del 16 de septiembre de 2014), al indicar que la promesa de compraventa la firm\u00f3 el se\u00f1or JOS\u00c9 TOMAS URIBE ABAD el 11 de septiembre de 2014, pese a que se encontraba en imposibilidad f\u00edsica para hacer cualquier tipo de negociaci\u00f3n, como se puede observar en la Historia Cl\u00ednica de H\u00e1bitat de Medell\u00edn\u00bb. <\/p>\n
3. Actuaci\u00f3n procesal. <\/p>\n
3.1. La parte demandada compareci\u00f3 oportunamente al proceso a trav\u00e9s de apoderada judicial, oponi\u00e9ndose a la prosperidad del petitum, a excepci\u00f3n de Diego Humberto Campuzano Uribe, quien, mediante mandatario especial, adujo que le asist\u00eda raz\u00f3n a la parte convocante. <\/p>\n
3.2. En audiencia celebrada el 19 de diciembre de 2019, el Juzgado Noveno de Familia de Medell\u00edn acogi\u00f3 el pedimento y, en consecuencia, declar\u00f3 la nulidad total del testamento confutado, porque \u00abno se produjo sino una sola lectura y no hay menci\u00f3n en el testamento de esa lectura especial que obligaba en el evento del ciego\u00bb, de modo que \u00abla Notar\u00eda fue asaltada en su buena fe, sin poder hacer el operador judicial imputaci\u00f3n de qui\u00e9n realiz\u00f3 esta actividad o comportamiento ma\u00f1oso\u00bb. El extremo convocado formul\u00f3 apelaci\u00f3n contra la mentada decisi\u00f3n, recurso que fue concedido ante la Sala de Familia del Tribunal Superior de ese Distrito Judicial. <\/p>\n
4. La sentencia impugnada. <\/p>\n
El Tribunal confirm\u00f3 el prove\u00eddo estimatorio del a quo, con apoyo en los siguientes razonamientos: <\/p>\n
(i) En primer lugar, se refiri\u00f3 ampliamente a las previsiones de los art\u00edculos 1083 y 1076 del C\u00f3digo Civil, as\u00ed como a la definici\u00f3n de \u00abceguera legal\u00bb y su acreditaci\u00f3n con las probanzas obrantes en la foliatura, para lo cual explic\u00f3 que \u00abasiste raz\u00f3n a la parte apelante en cuanto a que el juez de primera instancia no valor\u00f3 los testimonios de Alba Luc\u00eda Acosta Medina, Juan Carlos Abad Londo\u00f1o (sic), Ana Mar\u00eda Bacci Isaza y Ricardo Harry Hoyos, no as\u00ed el de Juan Carlos Abad Londo\u00f1o. Lo que se concluye de la mera observaci\u00f3n del fallo proferido, sin embargo, frente a los primeros testigos rese\u00f1ados, explic\u00f3 el a quo que no analizar\u00eda los mismos toda vez que obran en el plenario suficientes criterios periciales y cient\u00edficos que permit\u00edan determinar el estado de la visi\u00f3n del se\u00f1or Jos\u00e9 Tom\u00e1s Uribe Abad, que era precisamente el objeto de dichos testimonios. En efecto, como acaba de verse, la determinaci\u00f3n de la ceguera obedece a una serie de par\u00e1metros t\u00e9cnicos y cient\u00edficos, cuya especialidad escapa del criterio del com\u00fan de las personas, la medici\u00f3n de la agudeza visual de una persona, [que] requiere de conocimientos espec\u00edficos en el \u00e1rea de la oftalmolog\u00eda y la optometr\u00eda y la capacidad para manejar instrumentos y herramientas propias de dichas \u00e1reas del conocimiento\u00bb. <\/p>\n
(ii) Seguidamente, arguy\u00f3 que \u00abpor m\u00e1s que las personas cercanas o allegadas al se\u00f1or Jos\u00e9 Tom\u00e1s Uribe Abad, como los testigos mencionados. tuvieran su propio concepto frente a la calidad de su visi\u00f3n, es lo cierto que la legitimidad de dicha determinaci\u00f3n, se reitera, dada la especialidad y cientificidad de la misma, compete emitirla a un experto. En tal medida, existiendo sendos conceptos de expertos sobre el particular, ning\u00fan valor aporta[n] las [citadas] declaraciones (\u2026) de cara al objeto del proceso, que vale decir, para nada tal y como lo sugiere la parte apelante, [se circunscribe] a las cualidades mentales del testador, por lo que la omisi\u00f3n en que incurri\u00f3 el juez de primera instancia de valorar los mismos en nada afecta la decisi\u00f3n que en \u00faltimas adopt\u00f3\u00bb. <\/p>\n
(iii) Ahora bien, en cuanto al reproche relacionado con la supuesta falta de valoraci\u00f3n del testimonio del oftalm\u00f3logo tratante del testador, Juan Carlos Abad Londo\u00f1o, recalc\u00f3 que \u00abno es cierto que no haya sido valorado por el a quo, de hecho, hizo expresa alusi\u00f3n al mismo al referirse a sus manifestaciones y al contenido de sus notas m\u00e9dicas, pero adujo que a pesar de las \u201cmanifestaciones del m\u00e9dico Juan Carlos Abad no puede el operador judicial hacerse el de la vista gorda y establecer que porque el se\u00f1or tiene una visi\u00f3n y no de plano elemental y obvia para poder establecer lo que se realiza y decir que s\u00ed ve\u00eda cuando el mero rasgo de la firma del testador en la elaboraci\u00f3n del testamento, en las graf\u00edas que elabor\u00f3 que analiz\u00f3 el perito, se ve que, efectivamente, los rasgos de la firma han variado totalmente y var\u00edan por la condici\u00f3n de la edad, por la mano, por la falta de visi\u00f3n para establecer los trazos\u201d\u00bb. <\/p>\n
Sumado a lo anterior, esgrimi\u00f3 que \u00abel testigo m\u00e9dico referido adujo en sus declaraciones que aunque el se\u00f1or Jos\u00e9 Tom\u00e1s no era completamente ciego, el estado en que se encontraba le imped\u00eda leer documentos y que para poder saber lo que habr\u00eda de firmar necesitar\u00eda ayudas \u00f3pticas o que alguien se lo leyera\u00bb, y que \u00aben las anotaciones m\u00e9dicas realizadas por el galeno respecto al estado oftalmol\u00f3gico de su paciente, se destaca que la \u00faltima vez que evalu\u00f3 su agudeza visual 29\/10\/2012, determin\u00f3 en cada ojo un rango de 20\/400, lo que denota la capacidad visual catalogada por la Organizaci\u00f3n Mundial de la Salud como ceguera (Organizaci\u00f3n Mundial, definiciones de ceguera y discapacidad visual, Ginebra, 2012)\u00bb, por lo que \u00abel testimonio del doctor Juan Carlos Abad Londo\u00f1o, contrario a lo se\u00f1alado por la parte apelante, permite concluir que, tal y como lo dijo el juez de primera instancia, el se\u00f1or Jos\u00e9 Tom\u00e1s Uribe Abad padec\u00eda de ceguera al momento de otorgar el testamento contenid[o] en la escritura p\u00fablica n\u00famero 1496 del 22\/08\/2013, en la Notar\u00eda Segunda de Medell\u00edn. Todo lo anterior da al traste con el reparo atinente en la falta de valoraci\u00f3n de la prueba testimonial referida\u00bb. <\/p>\n
(iv) As\u00ed mismo, en punto del dictamen pericial del m\u00e9dico Carlos Rebolledo Espinosa, adujo que \u00ab[sus] conclusiones (\u2026) fueron categ\u00f3ricas frente al grave deterioro visual y degenerativo que parec\u00eda el testador desde el mes de octubre del 2011. Mismas que fueron reiteradas en las audiencias y frente a las cuales todas las partes tuvieron la oportunidad de ejercer su derecho\u00bb, por lo que \u00abaunque el doctor Rebolledo no indic\u00f3 expresamente que el se\u00f1or Jos\u00e9 Tom\u00e1s Uribe Abad estaba ciego al momento de otorgar el testamento objeto de nulidad, s\u00ed evidenci\u00f3 que era tal el estado de su salud visual, ceguera, al expresar que \u201cpresentaba una degeneraci\u00f3n macular en ambos ojos, con severo compromiso de la visi\u00f3n lejana y mayor [compromiso] para visi\u00f3n cercana que le imped\u00eda la lectura\u201d\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, expuso que \u00abel concepto del referido galeno concuerda con el dictamen rendido por la doctora Mabel Cristina Ortiz (sic) G\u00f3mez, quien concluy\u00f3 que \u201cla patolog\u00eda que padece el paciente se llama degeneraci\u00f3n macular relacionada con la edad, la cual afecta espec\u00edficamente la visi\u00f3n central, visi\u00f3n de lectura, y considerando la definici\u00f3n de ceguera legal en Colombia, el paciente padec\u00eda de ceguera legal desde el 08\/09\/2008, donde su agudeza visual para ese entonces en el ojo derecho fue de \u201ccuenta dedos\u201d y en el ojo izquierdo de 20\/400 la cual no mejor\u00f3 pese a los m\u00faltiples tratamientos y ayudas \u00f3pticas hasta la \u00faltima revisi\u00f3n consignada en la historia cl\u00ednica en el 12\/03\/2013, la cual reporta una agudeza visual para el ojo derecho de 20\/400 y para el ojo izquierdo de \u201ccuenta dedos\u201d. Por lo tanto, concluy\u00f3 que la degeneraci\u00f3n macular relacionada con la edad fue la causante de la p\u00e9rdida progresiva de la visi\u00f3n de este paciente, conduci\u00e9ndolo a una ceguera legal. Esta vez, la experta es contundente a la hora de ultimar que el deterioro en la visi\u00f3n central del se\u00f1or Jos\u00e9 Tom\u00e1s Uribe Abad aun desde el 08\/09\/2008 le imped\u00eda leer dado el rango de agudeza visual determinado \u201cojo derecho cuenta dedos y ojo izquierdo 20\/400\u201d, capacidad visual que enmarca dentro del concepto de ceguera legal\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, desestim\u00f3 el reproche formulado por la parte recurrente, consistente en que \u00abal indicar que el testador padec\u00eda de ceguera legal, la perito emiti\u00f3 un concepto sobre un punto de derecho que lo hace inadmisible\u00bb, en tanto \u00abpasa por alto el togado apelante que la definici\u00f3n de ceguera legal contenida en el Decreto 2156 de 1972 tiene como presupuesto la existencia de unas condiciones m\u00e9dicas espec\u00edficas, que deben ser verificadas por un galeno con las cualidades acad\u00e9micas y cient\u00edficas con que precisamente cuenta la doctora Ortiz (sic) G\u00f3mez, quien acredit\u00f3 ser oftalm\u00f3loga subespecialista en retina y v\u00edtreo, de ah\u00ed que aunque el concepto mediante el cual indic\u00f3 que el se\u00f1or Jos\u00e9 Tom\u00e1s Uribe Abad padec\u00eda de ceguera legal es de car\u00e1cter jur\u00eddico, ello no le resta valor probatorio ni eficacia a su dictamen porque, como se explic\u00f3, contiene el diagn\u00f3stico y toda la evidencia f\u00e1ctica sobre los problemas de visi\u00f3n del testador, dando cuenta de la verificaci\u00f3n cl\u00ednica de las condiciones patol\u00f3gicas que la ley ha definido como ceguera que es decir, ostenta la calidad de dictamen\u00bb. <\/p>\n
(v) De otra parte, en cuanto a la supuesta omisi\u00f3n de pronunciamiento frente al dictamen aportado por el m\u00e9dico Gustavo Adolfo V\u00e9lez Ram\u00edrez, el ad quem sostuvo que le asist\u00eda raz\u00f3n, en lo que respecta a que \u00abel juez de primera instancia no indic\u00f3 las razones por las cuales no acogi\u00f3 el dictamen referido\u00bb. No obstante, \u00abtal yerro tampoco da lugar a variar las conclusiones a las que lleg\u00f3 el a quo, pues, aunque en dicha experticia el perito conceptu\u00f3 que \u201cno se afecta a la retina perif\u00e9rica encargada de la visi\u00f3n perif\u00e9rica y por lo tanto no produce p\u00e9rdida de la visi\u00f3n, en consecuencia, no hay ceguera\u201d, contin\u00faa diciendo, \u201cun paciente con degeneraci\u00f3n macular relacionada con la edad, no se queda ciego, por lo tanto, un paciente con dicha patolog\u00eda conserva su visi\u00f3n perif\u00e9rica, la cual le permite desenvolverse en actividades de la vida diaria que no impliquen riesgos\u201d\u00bb, pero \u00abtambi\u00e9n fue enf\u00e1tico en cuanto a que a partir del 04\/10\/2009 se encontr\u00f3 una agudeza visual \u201cen ojo derecho, cuenta dedos. Y en el ojo izquierdo, 20 \/400\u201d. Aclarando, adem\u00e1s, que en las \u00faltimas revisiones que le realizaron al paciente, este \u201cno present\u00f3 mejor\u00eda de su visi\u00f3n central a pesar del tratamiento suministrado\u201d\u00bb. <\/p>\n
Conclusiones que, a juicio del Tribunal, \u00abse acompasan no s\u00f3lo con las emitidas en las dos pericias analizadas en precedencia, sino tambi\u00e9n con el concepto de la Organizaci\u00f3n Mundial de la Salud, seg\u00fan el cual ceguera es \u201cla condici\u00f3n en la cual una persona con la mejor correcci\u00f3n \u00f3ptica convencional o quir\u00fargica en el mejor ojo no supera una agudeza visual de 20\/200, hasta la percepci\u00f3n de luz y un campo visual no mayor a 20\u00b0\u201d. Concepto que, como ya qued\u00f3 dicho, incluso fue reconocido por la Corte Constitucional en la sentencia C-076 del 2006, que fue citada en la parte anterior de esta providencia\u00bb. <\/p>\n
(vi) En ese orden, \u00abaunque ciertamente el juez de primera instancia no expuso razones para no acoger el \u00faltimo dictamen analizado, ello no es suficiente para desvirtuar las conclusiones a las que arrib\u00f3 aquel para convencerse de que el se\u00f1or Jos\u00e9 Tom\u00e1s Uribe Abad era ciego al momento otorgar el testamento, que fue vertido en la escritura p\u00fablica n\u00famero 1496 del 22\/08\/2013. Conclusi\u00f3n que, adem\u00e1s, est\u00e1 decirlo, se comparte por este Tribunal, en la medida [en] que la totalidad de pruebas contentivas de criterios m\u00e9dicos cient\u00edficos que fueron practicadas en el plenario coinciden en afirmar que el testador ten\u00eda una agudeza visual igual o menor que 20\/400, lo que, como ya qued\u00f3 dicho, es considerado no s\u00f3lo por la ley colombiana, Decreto 2156 de 1972, sino tambi\u00e9n por la Organizaci\u00f3n Mundial de la Salud y a\u00fan por la Corte Constitucional como ceguera, conclusi\u00f3n que da al traste tambi\u00e9n con la glosa esbozada por la parte apelante contra la sentencia seg\u00fan la cual no qued\u00f3 probado que el se\u00f1or Jos\u00e9 Tom\u00e1s Uribe Abad era ciego al momento de celebrar el testamento tantas veces mencionado\u00bb. <\/p>\n
(vii) En consecuencia, \u00abcomo el se\u00f1or Jos\u00e9 Tom\u00e1s Uribe Abad era ciego para el momento de otorgar el testamento vertido en la escritura p\u00fablica n\u00famero 1496 del 22\/08\/2013, de la Notar\u00eda Segunda de Medell\u00edn, el mismo deb\u00eda observar las solemnidades prescritas por el art\u00edculo 1076 del C\u00f3digo Civil, esto es, leer el respectivo testamento en voz alta dos veces, la primera por el notario o funcionario y la segunda por uno de los testigos, y consignar tal evento en la respectiva escritura, lo que, como la propia parte admite al momento de contestar la demanda, no se cumpli\u00f3, y por ende, tal como lo concluy\u00f3 el juez de primera instancia, deb\u00eda declararse su nulidad. En consecuencia, se confirmar\u00e1 la sentencia de primera instancia en cuanto declar\u00f3 la nulidad del testamento otorgado por el se\u00f1or Jos\u00e9 Tom\u00e1s Uribe Abad (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
DEMANDAS DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Los dos grupos de convocados, integrado el primero por Mar\u00eda Clemencia V\u00e9lez Echeverri, Alejandro Forero Ceballos, Gabriel Abad Rojas, Roc\u00edo G\u00f3mez V\u00e1squez, Luz Elena Ceballos Abad y Mario Ceballos Abad; y el segundo por Clemencia Restrepo Villareal, Clara In\u00e9s Londo\u00f1o Santamar\u00eda y Luis Miguel Londo\u00f1o Santamar\u00eda, presentaron sendas demandas de sustentaci\u00f3n del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, esencialmente id\u00e9nticas2, en las que formularon tres reproches; uno al amparo de la causal primera y dos por la senda del segundo motivo del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Debido a la identidad en las demandas, los cargos se resolver\u00e1n de manera uniforme, y en atenci\u00f3n a que los cargos segundo y tercero se refieren a la misma tem\u00e1tica, se estudiar\u00e1n conjuntamente. <\/p>\n
Al amparo de la causal primera del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, en los respectivos escritos, la parte recurrente acus\u00f3 el fallo del ad quem de violar directamente \u00ablos art\u00edculos 1.055, 1.070, 1.072, 1.073, 1.074, 1.075, 1.083, 1.076, 1.503, 28 y 29 del C\u00f3digo Civil y el art\u00edculo 2 de la ley 1680 de 2.013\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior, toda vez que el Tribunal, \u00abtuvo por establecido que el se\u00f1or JOS\u00c9 TOM\u00c1S URIBE ABAD ten\u00eda una agudeza visual limitada de 20\/400 [y] de esta conclusi\u00f3n probatoria, el Tribunal a trav\u00e9s de un juicio de naturaleza jur\u00eddica, concluy\u00f3 que JOS\u00c9 TOM\u00c1S URIBE ABAD adolec\u00eda de \u201cceguera legal\u201d\u00bb, concepto que, en su criterio, es \u00abajeno a la legislaci\u00f3n colombiana\u00bb, raz\u00f3n por la cual \u00abse violan por v\u00eda directa los principios de hermen\u00e9utica jur\u00eddica contenidos en los art\u00edculos 28 y 29 del C\u00f3digo Civil, seg\u00fan los cuales: a) Las palabras (ciego \u2013para los efectos del art\u00edculo 1.076 del C\u00f3digo Civil) se entender\u00e1n en su sentido natural y obvio (quien est\u00e1 privado del \u00f3rgano de la visi\u00f3n); salvo que el legislador les haya dado un significado legal; b) Las palabras de una ciencia (medicina) se tomar\u00e1n en el sentido que dicha ciencia les d\u00e9 (ciego: percepci\u00f3n negativa de la luz por ambos ojos). En esta forma, desconoce tambi\u00e9n el Tribunal la Jurisprudencia vigente y la definici\u00f3n de ceguera que dio la Corte Suprema de Justicia en la sentencia proferida el 19 de agosto de 1.954 con ponencia de Dar\u00edo Echand\u00eda\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, reliev\u00f3 que \u00ab[t]eniendo en cuenta que el Tribunal concluye que JOS\u00c9 TOM\u00c1S URIBE ten\u00eda, como ya se dijo, agudeza visual de 20\/400, es decir, que el testador ve\u00eda, no puede exigir la aplicaci\u00f3n del contenido de la regla excepcional para los que no ven, esto es, para los ciegos\u00bb, por lo que \u00abel Tribunal concluy\u00f3 que una persona que tiene una agudeza visual limitada se califica como \u201cciego legal\u201d. De esta forma, la sentencia recurrida no solo aplic\u00f3 indebidamente el art\u00edculo mencionado, sino que cre\u00f3 una especie de incapacidad o de regla jur\u00eddica particular para el testamento, que no est\u00e1n contempladas en la ley\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, arguy\u00f3 que \u00abla Sala Civil de la Corte Suprema se ha manifestado expresamente sobre el art\u00edculo 1076 del C\u00f3digo Civil para definir qui[\u00e9]n es ciego y en qu\u00e9 casos debe aplicarse esta norma. En sentencia proferida el 19 de [a]gosto de 1.954 con ponencia de Dar\u00edo Echand\u00eda (Gaceta 2145 de 1.954. P\u00e1gina 354 y siguientes), se analiza un caso an\u00e1logo al que nos ocupa. De manera clara concluye la Corte en la sentencia que \u201cCiego, seg\u00fan nuestra ley, es la persona que se haya privada de la vista y no la persona que por cualquier causa haya disminuido en su capacidad visual\u201d (P\u00e1g. 359). En esta sentencia la Corte hace un an\u00e1lisis acertado de la definici\u00f3n de ceguera que se adopta en el C\u00f3digo Civil y fija la pauta jurisprudencial para la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 1.076 del C\u00f3digo Civil\u00bb, enfatizando en que ese es el criterio vigente de la Corporaci\u00f3n sobre el particular. <\/p>\n
A m\u00e1s de lo anterior, precis\u00f3 que \u00abel Decreto 2156 de 1972 citado como fundamento en la decisi\u00f3n recurrida, NO es una ley, ni mucho menos integra la proposici\u00f3n normativa contenida en el art\u00edculo 1.076 del C\u00f3digo Civil. Tal y como su nombre lo indica es una reglamentaci\u00f3n del Instituto Nacional para Ciegos creado por la [L]ey 56 de 1.925. Un decreto reglamentario no es, bajo ninguna circunstancia, ley aplicable a un caso como el que nos ocupa. No puede determinarse como \u201cceguera legal\u201d aquella que se basa en una definici\u00f3n contenida en un decreto reglamentario, \u00fanica y exclusivamente para determinar qui\u00e9nes pueden voluntariamente acceder al instituto\u00bb, en tanto \u00abla finalidad y prop\u00f3sito del decreto en menci\u00f3n no es otra que adscribir al [M]inisterio de [E]ducaci\u00f3n [N]acional el [I]nstituto [N]acional para [C]iegos\u00bb. <\/p>\n
Con todo, agreg\u00f3 que \u00abincurre el Tribunal en un falso juicio al presentar como sustento normativo de su decisi\u00f3n un \u201can\u00e1lisis\u201d de la Organizaci\u00f3n Mundial de la Salud sobre la situaci\u00f3n visual en Colombia del a\u00f1o 2.015. No sobra resaltar que el testamento impugnado fue otorgado el 22 de agosto de 2.013, esto es, dos a\u00f1os antes del \u201can\u00e1lisis\u201d en que se fundamenta en el plano jur\u00eddico la decisi\u00f3n impugnada. Un \u201can\u00e1lisis\u201d de la OMS no tiene, bajo ninguna circunstancia, el car\u00e1cter de ley aplicable en Colombia, ni mucho menos de regla dispositiva de este caso. Las directrices, recomendaciones o an\u00e1lisis de la OMS no son vinculantes para los Estados miembro salvo que sean incorporados en el derecho interno por medio de una ley o decreto con fuerza de ley\u00bb. <\/p>\n
En l\u00ednea con lo expuesto, puso de presente que \u00abseg\u00fan el Tribunal, la Corte Constitucional dict\u00f3 en el a\u00f1o 2.006 una sentencia basada en un an\u00e1lisis realizado por la OMS en 2.015, esto es 9 a\u00f1os despu\u00e9s de haber sido proferida la decisi\u00f3n. Adicionalmente, el Tribunal da a la sentencia de la Corte Constitucional un alcance diferente al que realmente tiene. La sentencia a la que se hace referencia no define el concepto de \u201cceguera legal\u201d como lo afirm\u00f3 el Tribunal\u00bb, pues \u00abde manera expresa reconoce la Corte Constitucional que \u201cLa ceguera y la deficiencia visual grave o severa son condiciones caracterizadas por una limitaci\u00f3n total o muy seria de la funci\u00f3n visual. Sin embargo, se trata de situaciones distintas. En efecto, las personas con ceguera no tienen la posibilidad de ver nada en absoluto o tienen solamente una leve percepci\u00f3n de luz que, si bien les permite distinguir entre luz y oscuridad, no les permite percibir las im\u00e1genes o la forma de los objetos. Las personas que tienen deficiencia visual pueden tener percepciones visuales, distinguir objetos e incluso leer, aunque seg\u00fan el grado o el tipo de la deficiencia pueden requerir para ello ayudas o soportes especiales\u201d\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, reiter\u00f3 que \u00abincurre en falso juicio el Tribunal al aplicar indebidamente el art\u00edculo 1.076 del C\u00f3digo Civil, [al] introducir al derecho colombiano el concepto de \u201cciego legal\u201d. Al tener por ciego a quien efectivamente puede ver, el Tribunal desconoce los principios b\u00e1sicos de hermen\u00e9utica contenidos en los art\u00edculos 28 y 29 del C\u00f3digo Civil colombiano. Ciego, por naturaleza y definici\u00f3n, es quien est\u00e1 privado del sentido de la vista. No es ciego, como lo define el Tribunal, quien tiene baja visi\u00f3n y dificultades para leer. La definici\u00f3n del Tribunal resulta en un franco desconocimiento de las reglas generales sobre la capacidad. De conformidad con el art\u00edculo 1.503 del C\u00f3digo Civil la capacidad legal se presume. Crear una categor\u00eda inexistente en el derecho colombiano (ceguera legal) limita el ejercicio de la capacidad que la ley reconoce a todas las personas como regla general\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La violaci\u00f3n directa de la norma sustancial. <\/p>\n
Cuando el cargo se construye acusando la sentencia de transgredir, en forma directa, una norma sustancial, el censor debe acreditar que, sin alterar la representaci\u00f3n de los hechos que se form\u00f3 el Tribunal a partir del examen del material probatorio, el ordenamiento jur\u00eddico impon\u00eda una soluci\u00f3n de la controversia opuesta a la adoptada en la providencia que puso fin a la segunda instancia. <\/p>\n
En ese sentido, la fundamentaci\u00f3n de la acusaci\u00f3n ha de dirigirse a demostrar que el ad quem dej\u00f3 de aplicar al asunto una disposici\u00f3n que era pertinente, aplic\u00f3 otra que no lo era, o que, eligiendo la pauta de derecho correcta, le atribuy\u00f3 efectos distintos a los que de ella dimanan, o los restringi\u00f3 de tal manera que distorsion\u00f3 los alcances ideados por el legislador. <\/p>\n
Expresado de otro modo, esta clase de agravio a la ley sustancial es completamente independiente de cualquier yerro en la valoraci\u00f3n probatoria; adem\u00e1s, su estructuraci\u00f3n se presenta por tres v\u00edas, de contornos bien definidos: la falta de aplicaci\u00f3n, la aplicaci\u00f3n indebida o la interpretaci\u00f3n err\u00f3nea de la norma de derecho sustancial. <\/p>\n
Sobre este particular, la Corte ha apuntado que <\/p>\n
\u00ab(…) la violaci\u00f3n directa de las normas sustanciales, que como motivo de casaci\u00f3n contempla la causal primera (…), acontece cuando el sentenciador, al margen de toda cuesti\u00f3n probatoria, deja de aplicar al caso controvertido la disposici\u00f3n sustancial a que deb\u00eda someterse y, consecuentemente, hace actuar las que resultan extra\u00f1as al litigio, o cuando habiendo acertado en la disposici\u00f3n rectora del asunto, yerra en la interpretaci\u00f3n que de ella hace, y que, por lo mismo, cuando el ataque en casaci\u00f3n se funda en la causal que se comenta, compete al recurrente centrar sus juicios exclusivamente sobre los textos legales que considere inaplicados, indebidamente aplicados o err\u00f3neamente interpretados, prescindiendo, desde luego, de cualquier consideraci\u00f3n que implique discrepancia con las apreciaciones f\u00e1cticas del sentenciador, cuesti\u00f3n esta que solo puede abordarse por la v\u00eda indirecta\u00bb (CSJ SC9100-2014, 11 jun; reiterada en CSJ SC1819-2019, 28 may.). <\/p>\n
El primer cargo de los recurrentes extraordinarios apunta a demostrar c\u00f3mo el ad quem aplic\u00f3 indebidamente los art\u00edculos 1076 y 1083 del C\u00f3digo Civil, y dej\u00f3 de aplicar los art\u00edculos 1055, 1070, 1072, 1073, 1074 y 1075 del mismo estatuto, al exigir las solemnidades excepcionales del testamento del ciego al testador que ve\u00eda, introduciendo un concepto ajeno a nuestra legislaci\u00f3n (la \u00abceguera legal\u00bb), desconociendo el sentido natural y cient\u00edfico de la palabra ciego, su definici\u00f3n legal en la Ley 1680 de 2013 y la jurisprudencia de la Corte sobre el particular; todo ello por basar su decisi\u00f3n en conceptos de la Organizaci\u00f3n Mundial de la Salud y del Decreto 2156 de 1972, y dando un alcance errado a la sentencia C-076 de 2006. <\/p>\n
2. El Testamento <\/p>\n
2.1 Las solemnidades del acto jur\u00eddico testamentario <\/p>\n
El art\u00edculo 1055 del C\u00f3digo Civil define el testamento como \u00abun acto m\u00e1s o menos solemne, en que una persona dispone del todo o de una parte de sus bienes para que tenga pleno efecto despu\u00e9s de sus d\u00edas, conservando la facultad de revocar las disposiciones contenidas en \u00e9l mientras viva.\u00bb <\/p>\n
Se trata de un acto jur\u00eddico unilateral que contiene la disposici\u00f3n expresa del testador respecto de la distribuci\u00f3n de sus bienes despu\u00e9s de su muerte. <\/p>\n
Es acto jur\u00eddico unilateral, porque para su formaci\u00f3n y validez concurre \u00fanicamente la voluntad del testador, es individual y personal\u00edsimo, porque a la luz del art\u00edculo 1059 del C\u00f3digo Civil no est\u00e1n permitidos los testamentos mancomunados ni rec\u00edprocos, y adem\u00e1s el acto debe otorgarse directamente por el testador, siendo inadmisible la representaci\u00f3n o delegaci\u00f3n. Es siempre solemne y es esencialmente revocable, siendo ineficaz cualquier disposici\u00f3n que desconozca ese car\u00e1cter. <\/p>\n
Precisamente, como la voluntad testamentaria s\u00f3lo produce efectos mortis causa, su otorgamiento est\u00e1 rodeado de especiales solemnidades que han sido consagradas para proteger su autenticidad y la recta formaci\u00f3n y expresi\u00f3n de la voluntad del testador, as\u00ed como para evitar cualquier posible manipulaci\u00f3n, suplantaci\u00f3n o falsedad en el acto. <\/p>\n
Las garant\u00edas que otorgan estas formalidades irradian sus efectos a futuro, pues al brindar certeza sobre la que es la aut\u00e9ntica voluntad del otorgante, el testamento quedar\u00e1 revestido de toda su fuerza y validez despu\u00e9s de la muerte de quien, por razones obvias, ya no podr\u00e1 defender su \u00faltima voluntad en un eventual juicio. <\/p>\n
Aceptando que el testamento es un acto jur\u00eddico m\u00e1s o menos solemne, se memora que los m\u00e1s solemnes corresponden al testamento abierto, nuncupativo o p\u00fablico -que puede ser ordinario o extraordinario-, y al testamento cerrado. Los menos solemnes son los llamados testamentos privilegiados, que proceden en circunstancias excepcionales como el peligro inminente de muerte, el estado de guerra o la estancia en altamar, casos en los que el estatuto civil permite la omisi\u00f3n de algunas formalidades en virtud de las especiales circunstancias de apremio, siendo de esa clase el testamento verbal, el militar y el mar\u00edtimo. <\/p>\n
Las solemnidades que rodean el otorgamiento del testamento -abierto y cerrado- son siempre y de manera ineludible, requisito tanto de existencia como de validez del acto. De existencia3, porque sin el cumplimiento de la forma establecida en el C\u00f3digo Civil el testamento no nace a la vida jur\u00eddica; y de validez4, porque aun cuando se hubieren cumplido las solemnidades, en caso de omisi\u00f3n de alguno de los requisitos atinentes a ellas, el acto jur\u00eddico deviene nulo. <\/p>\n
El art\u00edculo 1083 del C\u00f3digo Civil advierte que en caso de inobservancia de cualquiera de las formalidades a las que debe sujetarse el testamento solemne, el acto jur\u00eddico \u00abno tendr\u00e1 valor alguno\u00bb. La estrictez de la consecuencia se explica por la p\u00e9rdida de la garant\u00eda de autenticidad de la voluntad del testador, que permite perseguir la declaratoria judicial de nulidad del testamento. <\/p>\n
Sobre la solemnidad de este especial acto jur\u00eddico, la Corte ha sostenido de tiempo atr\u00e1s: <\/p>\n
\u00abLa ley hace del testamento un acto que, m\u00e1s o menos solemne, siempre es solemne, y exige formalidades nimiamente reglamentadas, porque hay sumo inter\u00e9s en evitar todo fraude, alteraci\u00f3n o desviaci\u00f3n a la que como \u00faltima voluntad del otorgante va a tener en su estricto cumplimiento todo el peso y apoyo de las autoridades. En ese inter\u00e9s vital es l\u00f3gico que el legislador bregue por impedir que se oculte o disimule una informalidad u omisi\u00f3n\u00bb (CSJ SC 18 mar., 1936, GJ XLII, n\u00b0 1911). <\/p>\n
\u00abApenas hay para qu\u00e9 recordar que de siempre el testamento ha sido formal, como corresponde a la importancia concedida al ejercicio postrero de la autonom\u00eda privada y al empe\u00f1o puesto en rodear esa conducta de un ambiente de solemnidad que estimule la reflexi\u00f3n del disponente, garantice su total independencia y espontaneidad, acredite la autenticidad de la declaraci\u00f3n y provea a conservarla \u00edntegra y fidedigna, para su ejecuci\u00f3n p\u00f3stuma (\u2026), sin por ello olvidar contingencias de vario orden, que exigen trato especial, a fin de compaginar la previsi\u00f3n adecuada de la inminencia con los dichos requerimientos (\u2026) <\/p>\n
Habiendo dejado de ser de antiguo el testamento la sola instituci\u00f3n del heredero y no agot\u00e1ndose su servicio en la mera asignaci\u00f3n patrimonial, su rasgo perdurable es la forma, prenda de autenticidad, afirmada en estrictas reglas que se\u00f1alan con detalle, uno a uno, los distintos pasos y f\u00f3rmulas que han de cumplirse, de cuya presencia deriva el ser de la disposici\u00f3n y de cuya plenitud depende su validez (\u2026)\u00bb (CSJ SC 20 feb., 1968, GJ CXXIV, n\u00b0 2297). <\/p>\n
Y m\u00e1s recientemente: <\/p>\n
\u00abel C\u00f3digo Civil patrio, de igual modo, inspirado en el ordenamiento chileno, estableci\u00f3 concretas solemnidades y reglas precisas al efecto de asegurar la libre ordenaci\u00f3n de la \u00faltima voluntad, las cuales constituyen \u2013 in casu- la sustancia del acto y se exigen para que este tenga validez legal, de suerte tal que, con prescindencia de su mayor o menor val\u00eda extr\u00ednseca, puesto que ellas conducen a demostrar que el testamento es real y expresi\u00f3n cierta y fidedigna de quien lo otorga, la omisi\u00f3n de alguna, por regla, ocasiona la nulidad del acto o, como lo establece el art. 1083 del C\u00f3digo Civil, subrogado por el art. 11 de la ley 95 de 1890, aqu\u00e9l \u201cno tiene valor alguno\u201d, salvo ciertos eventos se\u00f1alados por el legislador, en los que el testamento es v\u00e1lido, como ulteriormente se puntualiz\u00f3. <\/p>\n
Por ello no basta que sea conocida la voluntad de un testador para que, de plano, surta plenos e inequ\u00edvocos efectos como arquet\u00edpica disposici\u00f3n testamentaria, sino que es preciso, a manera de plus, que ella aparezca expresada en alguna de las formas y con los requisitos esenciales que, seg\u00fan la clase de testamento, han de concurrir.\u00bb (CSJ SC 20 ene., 2006, rad 2019-00037-01). <\/p>\n
Acorde con ello, puede afirmarse que las solemnidades testamentarias no han sido instituidas como mera formalidad, sino como mecanismo de protecci\u00f3n del proceso de formaci\u00f3n de la voluntad, de la emisi\u00f3n del consentimiento que deber\u00e1 surtir efectos p\u00f3stumos, y de garant\u00eda de la autenticidad de la voluntad del testador. <\/p>\n
Las libertades individuales gozan de protecci\u00f3n constitucional en el ordenamiento jur\u00eddico colombiano. La Constituci\u00f3n consagra en su art\u00edculo 16 el libre desarrollo de la personalidad y reconoce por su conducto la inalienable facultad humana de regular la propia vida, sin m\u00e1s limitaciones que las derivadas de los derechos ajenos y del orden p\u00fablico. <\/p>\n
La concepci\u00f3n Kantiana de la autonom\u00eda de la voluntad como el poder de autorregular los propios intereses a condici\u00f3n de obedecer los dictados de la raz\u00f3n, el sin\u00f3nimo de libertad que en ella encontr\u00f3 Rosseau como la posibilidad de elegir y valorar, dieron s\u00f3lidas bases al entendimiento de la relaci\u00f3n jur\u00eddica negocial como relaci\u00f3n de autonom\u00eda, regida por la libertad del individuo, es decir, como potestad de autodeterminaci\u00f3n para establecer los l\u00edmites, contenidos, deberes y derechos que regir\u00e1n sus actos jur\u00eddicos. <\/p>\n
Por tal raz\u00f3n, el respeto por la autonom\u00eda de la voluntad privada5 y la libertad que en ella subyace es base fundante de la vida en sociedad, al reconocer en el individuo la capacidad de disponer de sus propios intereses y dotar de efectos jur\u00eddicos a sus decisiones, en aras de permitir la consecuci\u00f3n de los fines que persigue. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n ha anotado que, <\/p>\n
\u00aba pesar de las continuas voces que atribuyen una marcada crisis en la autonom\u00eda privada alrededor de la concertaci\u00f3n de voluntades, con miras a la obtenci\u00f3n de bienes y servicios, resulta incontestable que esa potestad o derecho subjetivo que las leyes defieren a quienes conforman o hacen parte de una determinada comunidad, refulge decisivo en su autogobierno y, subsecuentemente, destella imprescindible al resolver el sentido que consideren apropiado a sus intereses. La concreci\u00f3n de potestades y la generaci\u00f3n de obligaciones, por excelencia, deriva de los designios de cada individuo (\u2026). Por supuesto, en desarrollo de tal prerrogativa o en ejercicio del rol asumido, su titular detenta plena disposici\u00f3n para optar por desligarse de uno u otro derecho; perspectiva semejante le procura la posibilidad de crear, modificar o extinguir situaciones jur\u00eddicas espec\u00edficas; luego, nada obsta para explicitar su decisi\u00f3n en un determinado destino, con la seguridad de que la posici\u00f3n asumida contar\u00e1, con el respaldo de la normatividad vigente\u00bb (CSJ SC 23 mar., 2012, rad. 2007-00067-01). <\/p>\n
Y en el mismo sentido, la Corte Constitucional destaca, <\/p>\n
\u00abla autonom\u00eda de la voluntad privada es la facultad reconocida por el ordenamiento positivo a las personas para disponer de sus intereses con efecto vinculante y, por tanto, para crear derechos y obligaciones, con los l\u00edmites generales del orden p\u00fablico y las buenas costumbres, para el intercambio de bienes y servicios o el desarrollo de actividades de cooperaci\u00f3n. <\/p>\n
Tal instituci\u00f3n, de car\u00e1cter axial en el campo del Derecho Privado, tiene como fundamento la filosof\u00eda pol\u00edtica francesa y el pensamiento econ\u00f3mico liberal de la segunda mitad del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, con base en la consideraci\u00f3n de la libertad natural del individuo, quien, en ejercicio de su voluntad, puede contraer o no obligaciones y adquirir correlativamente derechos y fijar el alcance de unas y otros. En este sentido se consider\u00f3 que si en virtud de su voluntad el hombre pudo crear la organizaci\u00f3n social y las obligaciones generales que de ella se derivan, por medio del contrato social, con mayor raz\u00f3n puede crear las obligaciones particulares que someten un deudor a su acreedor.\u00bb (C-341-2006). <\/p>\n
No hay duda de que una manifestaci\u00f3n de esa autonom\u00eda privada se tipifica en la libertad para testar, es decir, la facultad de disponer de todo o parte del propio patrimonio despu\u00e9s de la muerte, y para dictar las reglas sobre la distribuci\u00f3n de sus bienes. <\/p>\n
No obstante, esa prerrogativa de autodeterminaci\u00f3n est\u00e1 sometida a ciertos l\u00edmites legalmente impuestos, tales como las leg\u00edtimas rigurosas, la prohibici\u00f3n de realizar testamentos mancomunados o incluir disposiciones captatorias, entre otros6. <\/p>\n
Adicionalmente, como se se\u00f1al\u00f3, es forzoso que el acto que contiene la voluntad patrimonial final atienda los elementos de su esencia y los requisitos para su validez, pues sin ellos, como es l\u00f3gico, ning\u00fan efecto tendr\u00e1 dado que son los que revisten al testamento de eficacia y le garantizan el pleno reconocimiento como acto jur\u00eddico con la capacidad de crear nexos jur\u00eddicos vinculantes con legatarios y con el patrimonio del causante. <\/p>\n
Por eso, dada la trascendencia del acto jur\u00eddico testamentario a futuro, el proceso de formaci\u00f3n de la voluntad del testador y la manifestaci\u00f3n de su consentimiento cobran especial relevancia para el ordenamiento jur\u00eddico, que, con finalidad protectora, rodea ese proceso de especial celo y exigencia. <\/p>\n
2.3 El proceso de formaci\u00f3n de la voluntad testamentaria. <\/p>\n
El negocio jur\u00eddico, entendido como la conducta social y jur\u00eddicamente reconocible de autorregulaci\u00f3n de los propios intereses, es la herramienta a trav\u00e9s de la cual se materializa ese querer individual. Es el veh\u00edculo, por antonomasia, mediante el cual los asociados, dentro de los contornos -m\u00e1s o menos amplios- que les confiere el orden legal, logran disponer de sus haberes a discreci\u00f3n, con el respaldo de la funci\u00f3n jurisdiccional del Estado. <\/p>\n
Por ello, esta Corporaci\u00f3n ha reconocido en tal instituto \u00abla principal manifestaci\u00f3n de la autonom\u00eda privada\u00bb, no solo por su naturaleza omnicomprensiva de los actos -individuales y colectivos- de disposici\u00f3n, sino porque corresponde al m\u00e9todo id\u00f3neo de materializaci\u00f3n volitiva, dada su capacidad de producir efectos jur\u00eddicos vinculantes entre quienes de \u00e9l hacen uso para gobernar sus relaciones interpersonales (CSJ SC 6 ago., 2010. Rad. 2002-00189-01)7. <\/p>\n
En efecto, ha dicho la Corte, <\/p>\n
\u00abel acto de autonom\u00eda privada, llamado de por s\u00ed a tener prevalencia jur\u00eddica, adquiere plena virtualidad a condici\u00f3n del ajuste cabal de la conducta a las prescripciones normativas. Al completarse el recorrido de la definici\u00f3n del tipo negocial empleado por los particulares para proveer a una determinada especie de colaboraci\u00f3n intersubjetiva, la figura alcanza existencia jur\u00eddica, palp\u00e1ndose entonces su din\u00e1mica en el efecto compromisorio o vinculante para sus autores, que le es caracter\u00edstico y da aptitud para los resultados pr\u00e1cticos en que seguidamente se proyecta la vinculaci\u00f3n t\u00edpica (\u2026). Gozando el individuo de competencia dispositiva de sus intereses y habi\u00e9ndola de ejercer a trav\u00e9s de los moldes sociales, preferentemente dentro de los legalmente denominados y disciplinados, el ordenamiento, a m\u00e1s de recoger las constantes del tr\u00e1fico para darles consistencia normativa, en su pol\u00edtica regulativa subordina en algunas oportunidades el valor de aquellos actos a su versi\u00f3n en determinadas formas o solemnidades, a la vez que de ordinario exige un grado b\u00e1sico de aptitud de conciencia y de libertad en quienes intervienen, y proscribe los conatos de trasgresi\u00f3n de las normas imperativas, estatuidas, antes que para salvaguarda particular, en pro del mantenimiento de un equilibrio general, asentado en el designio de preservaci\u00f3n del orden social establecido, arraigado a su turno en una \u00e9tica b\u00e1sica para su desarrollo. En tal sentido, el vigor del negocio jur\u00eddico se mueve dentro de los hitos de eficacia e ineficacia, con una rica variedad de estados intermedios, reflejo de la multitud de situaciones que ofrece la actividad pr\u00e1ctica. Por ello, las desviaciones de aquel poder en que incurran los miembros sociales est\u00e1n respondidas con reacciones de distinta \u00edndole, a tono con la magnitud y trascendencia del descarr\u00edo, seg\u00fan el designio legislativo, que provee a la sanci\u00f3n adecuada, en dando a una de la salvaci\u00f3n del acto dispositivo y de impedirle todo efecto que pudiera desembocar en mengua de los preceptos fundamentales, orientadores o restrictivos de la dicha autonom\u00eda\u00bb (CSJ SC, 21 may., 1968, G.J. CXXIV, n. 167). <\/p>\n
Ahora bien, si de lo que se trata es de garantizar el respeto por los designios particulares, resulta apenas l\u00f3gico que el ordenamiento condicione esa protecci\u00f3n, entre otras cosas, a que el respectivo acto de disposici\u00f3n sea fiel reflejo de la voluntad de quien compareci\u00f3 a perfeccionarlo, pues si, por definici\u00f3n, el negocio jur\u00eddico refiere a la consolidaci\u00f3n de la voluntad deliberadamente exteriorizada con el fin de producir efectos jur\u00eddicos8, es l\u00f3gico que en ausencia de ese elemento intencional, \u00abpodr\u00e1 existir cualquier cosa o hecho, mas no un acto de esa \u00edndole\u00bb (CSJ SC 6 ago., 2010. Rad. 2002-00189-01). <\/p>\n
De ah\u00ed que, con contundencia, sentencie el art\u00edculo 1502 del C\u00f3digo Civil, que en orden a que \u00abuna persona se obligue a otra por un acto o declaraci\u00f3n de voluntad\u00bb, resulta indispensable que el declarante \u00abconsienta en dicho acto o declaraci\u00f3n y su consentimiento no adolezca de vicio\u00bb. El campo de acci\u00f3n que el ordenamiento jur\u00eddico le otorga a la autonom\u00eda privada, entonces, no se circunscribe a garantizar la posibilidad de expresi\u00f3n, sino que se extiende hasta asegurarse de que esas manifestaciones, y especialmente los efectos que de all\u00ed est\u00e1n llamados a originarse en el campo legal, no est\u00e9n distorsionados por factores externos que, en virtud de la ignorancia, del enga\u00f1o o el constre\u00f1imiento, dirijan al sujeto en un sentido opuesto al de su genuina voluntad. <\/p>\n
Desligada, un poco, de sus or\u00edgenes netamente convencionales, actualmente la expresi\u00f3n consentimiento, abarca no solo la conjunci\u00f3n de dos o m\u00e1s intenciones9, sino, en general, la exteriorizaci\u00f3n de una voluntad \u2013singular o plurilateral-, orientada a producir efectos sobre un objeto determinado. Alude al insumo pr\u00f3ximo del negocio jur\u00eddico (sea unilateral o bilateral) y, por ello, se la concibe como la \u00abmanifestaci\u00f3n de voluntad, expresa o t\u00e1cita, por la cual un sujeto se obliga jur\u00eddicamente\u00bb10. <\/p>\n
Su conformaci\u00f3n supone tres elementos: la conciencia, la voluntad y la exteriorizaci\u00f3n11. El primero, de orden cognitivo, refleja la necesidad de que el sujeto posea y entienda las bases epist\u00e9micas que respaldar\u00edan, al menos te\u00f3ricamente, la racionalidad de su decisi\u00f3n, entre ellas, la naturaleza, pertinencia, utilidad, consecuencias y dem\u00e1s particularidades del negocio jur\u00eddico pr\u00f3ximo a materializar. El segundo refiere al deseo o intenci\u00f3n de que esos efectos, para los cuales fue concebido el respectivo esquema dispositivo, efectivamente se produzcan. Y el \u00faltimo, a la perentoriedad de que esa voluntad ps\u00edquica se exteriorice a trav\u00e9s de una se\u00f1al inequ\u00edvoca que la represente12. <\/p>\n
Aunque se trata de una empresa inagotable, y quiz\u00e1 quim\u00e9rica, el ordenamiento jur\u00eddico propende por la puridad del consentimiento y en esa labor prev\u00e9 una serie de remedios o correctivos, establecidos en funci\u00f3n del momento en el que el proceso decisorio hubiera sido distorsionado. <\/p>\n
Sobre el particular, el precedente de la Sala anota que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) siendo por definici\u00f3n el consentimiento uno de los requisitos esenciales para la existencia del acto jur\u00eddico, cuando es sano, libre y espont\u00e1neo es as\u00ed mismo elemento esencial para su validez, pues la ley no solamente reconoce la facultad que tienen los particulares para regular en gran parte sus relaciones jur\u00eddicas mediante manifestaciones privadas de voluntad, sino que tambi\u00e9n dispone de los mecanismos adecuados para protegerlos contra su propia ignorancia, y principalmente, contra el fraude y la violencia de que pueden ser v\u00edctimas al hacer uso de la referida facultad. Por este motivo, para todo acto jur\u00eddico no solamente se requiere que los agentes otorguen voluntariamente su consentimiento, sino que tambi\u00e9n se exige que lo hagan con cierto grado de conciencia y de libertad, fuera de lo cual el acto existe, pero queda viciado de nulidad\u00bb (CSJ SC 11 abr., 2000, exp. 5410). <\/p>\n
En la misma direcci\u00f3n, se\u00f1ala la doctrina que \u00aben general, la voluntad que interviene en la formaci\u00f3n de un acto jur\u00eddico, se puede definir como la autodeterminaci\u00f3n de uno o m\u00e1s agentes a la celebraci\u00f3n de dicho acto. Pero esta definici\u00f3n no debe ser interpretada como si se refiriera exclusivamente \u2013y en virtud de una disecci\u00f3n o abstracci\u00f3n artificiosa- a una sola etapa cualquiera del proceso psicof\u00edsico que supone todo acto volitivo, y en el cual, repetimos, sus varios factores y etapas sucesivas se integran en un todo, se compenetran y se influyen rec\u00edprocamente. Este proceso que tambi\u00e9n se cumple en todo acto jur\u00eddico, explica por qu\u00e9 el derecho, al emprender su valoraci\u00f3n, analiza cada uno de tales factores y etapas para determinar si el acto realmente existe o no y, en caso afirmativo, si se ha desarrollado normalmente o si, por el contrario, en cualquier momento de su iter se ha presentado alguna falla de que puedan derivarse consecuencias jur\u00eddicas\u00bb13. <\/p>\n
As\u00ed, la relevancia jur\u00eddica del consentimiento se incorpora introduce de manera trasversal en las distintas disciplinas del derecho civil, con fines creadores, correctivos, extintivos o reparadores. La virtud creadora emerge cuando su presencia dota al acto jur\u00eddico de legitimidad social y de eficacia legal. Sus alcances correctivos y extintivos se patentizan en su ausencia, pues es justamente all\u00ed cuando el ordenamiento habilita, por v\u00eda de ejemplo, la exclusi\u00f3n de cl\u00e1usulas o estipulaciones que no fueron (o fueron indebidamente) consentidas; la aniquilaci\u00f3n del negocio jur\u00eddico que \u2013en apariencia- se ajust\u00f3 a sus espaldas; o la extracci\u00f3n y preferencia de la negociaci\u00f3n real que se escondi\u00f3 bajo el ropaje de una declaraci\u00f3n fingida. La utilidad reparadora, por su parte, aparece en la medida en que la tard\u00eda identificaci\u00f3n de la ausencia consensual hubiera aparejado la consumaci\u00f3n de efectos nocivos para aquel cuya voluntad fue burlada, abri\u00e9ndose paso, entonces, el consecuente resarcimiento de los da\u00f1os que por esa v\u00eda se hubieren causado. <\/p>\n
La protecci\u00f3n y relevancia del consentimiento, como conclusi\u00f3n del proceso de formaci\u00f3n de la voluntad, es palpable en todo el ordenamiento jur\u00eddico. Un ejemplo de preocupaci\u00f3n por su rectitud y prevalencia es la consagraci\u00f3n de la acci\u00f3n de nulidad relativa prevista como respuesta a los vicios de la voluntad (art\u00edculos 1508 y 1741 del C\u00f3digo Civil)14. <\/p>\n
Otro ejemplo de ese inter\u00e9s se encuentra en la exigencia que se hace a los profesionales de la medicina de obtener por parte del paciente un consentimiento informado respecto del procedimiento que se le va a practicar, y la misma se extiende hasta el punto de asumirse tal autorizaci\u00f3n como un presupuesto de exoneraci\u00f3n frente la materializaci\u00f3n de riesgos previstos inherentes del acto m\u00e9dico, que fueron adecuada y oportunamente informados15. <\/p>\n
Otro tanto ocurre en materia de filiaci\u00f3n, en donde las consecuencias propias del acto reproductivo en cabeza de los progenitores, cuando se trata de procreaci\u00f3n artificial o asistida, se supeditan, ya no a un criterio netamente gen\u00e9tico, sino al frontal y expreso consentimiento del sujeto a quien se atribuye el v\u00ednculo filial16. <\/p>\n
En tal contexto aflora, igualmente, el raciocinio que subyace en las formalidades previstas en el art\u00edculo 1076 del C\u00f3digo Civil. Ante las evidentes dificultades sensoriales que enfrenta quien se encuentra privado total o parcialmente de la vista, el legislador dot\u00f3 a esta especial modalidad de memoria testamentaria de varios mecanismos de protecci\u00f3n, enderezados a asegurar la autenticidad de las declaraciones que all\u00ed se viertan. <\/p>\n
Tales exigencias acompa\u00f1an todo el acto escritural, desde el momento en que se reciben las declaraciones del testador (que son las propias del testamento abierto) y adem\u00e1s incluyen un paso intermedio, de doble corroboraci\u00f3n, entre la extensi\u00f3n y el otorgamiento, que debe anteceder necesariamente a la fase de autorizaci\u00f3n: la doble lectura del texto, una por parte del notario y otra por parte de uno de los testigos elegidos por el testador. <\/p>\n
2.4 El testamento del ciego <\/p>\n
Dentro de los testamentos solemnes, el llamado \u00abtestamento del ciego\u00bb est\u00e1 revestido incluso de mayor ritualidad que los dem\u00e1s. El art\u00edculo 1076 del C\u00f3digo Civil, lo consagra en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
\u00abEl ciego podr\u00e1 s\u00f3lo testar nuncupativamente y ante notario o funcionario que haga veces de tal. Su testamento ser\u00e1 le\u00eddo en alta voz dos veces: la primera por el notario o funcionario, y la segunda por uno de los testigos, elegido al efecto por el testador. Se har\u00e1 menci\u00f3n especial de esta solemnidad en el testamento.\u00bb <\/p>\n
De dicha normativa se desprende la imposibilidad para la persona ciega de testar a trav\u00e9s de testamento cerrado o de testamento abierto otorgado s\u00f3lo ante testigos; y con prop\u00f3sitos protectores, rodea el acto de una mayor solemnidad al exigir la doble lectura del testamento, en voz alta, una vez por el notario y una vez por uno de los testigos elegidos por el otorgante para tal fin. <\/p>\n
Esta doble lectura se erige en una formalidad trascendental que busca proteger la aut\u00e9ntica voluntad y emisi\u00f3n del consentimiento del testador, al brindarle a trav\u00e9s de ella la plena certeza y la posibilidad de corroborar que el instrumento p\u00fablico ha recogido lealmente su querer, en la medida en que por su condici\u00f3n visual el testador no puede constatar por medio de la lectura directa de la escritura, el contenido de su propio testamento. <\/p>\n
En el especial\u00edsimo caso del art\u00edculo 1076 del C\u00f3digo Civil, las solemnidades establecidas constituyen una garant\u00eda sustancial del proceso de formaci\u00f3n del consentimiento y expresi\u00f3n de la voluntad del testador, rodeando de mayor celo y ritualidad ese proceso cuando la persona, por cualquier afecci\u00f3n visual, no puede confirmar lo extendido a trav\u00e9s de la lectura directa del instrumento p\u00fablico. En estos casos, el ordenamiento jur\u00eddico exige el cumplimiento de est\u00e1ndares superiores de diligencia en el referido proceso de formaci\u00f3n de la voluntad del testador privado total o parcialmente de la vista. <\/p>\n
3. La correcta interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 1076 del C\u00f3digo Civil <\/p>\n
Una vez entendida la relevancia y necesidad de las solemnidades exigidas por el art\u00edculo 1076 del C\u00f3digo Civil, debe reconocerse que la norma no define el t\u00e9rmino \u00abciego\u00bb, ni hace referencia alguna al origen del padecimiento ni a su car\u00e1cter permanente o temporal. Tampoco se\u00f1ala si \u00e9ste debe ser total o parcial. La disposici\u00f3n no define lo que debe entenderse por ceguera, labor que debe acometer la Corte en sede de casaci\u00f3n como lo autoriza la funci\u00f3n y finalidad del recurso extraordinario. <\/p>\n
3.1 La interpretaci\u00f3n judicial como respuesta a la realidad y procura de la justicia material <\/p>\n
La interpretaci\u00f3n del derecho y sus fuentes exige del juez un papel armonizador de la integridad del ordenamiento jur\u00eddico con la necesaria actualizaci\u00f3n del sistema normativo, de tal forma que no pierda su pertinencia y se desfigure su funci\u00f3n de regulaci\u00f3n de las relaciones intersubjetivas y de la vida en sociedad; lo que implica, consecuencialmente, que en ese labor\u00edo se atienda el contexto social y su evoluci\u00f3n, aspecto en el que se pueden advertir cambios en las concepciones institucionales y sociales sobre diversas y sensibles tem\u00e1ticas, v. gr., el concepto de familia. <\/p>\n
En ese sentido, la jurisprudencia cumple una funci\u00f3n de reconocimiento y visibilizaci\u00f3n de las diversas realidades sociales que demandan protecci\u00f3n, se\u00f1alando el sentido que corresponde a las instituciones jur\u00eddicas en los casos sometidos a decisi\u00f3n jurisdiccional. <\/p>\n
El rol del juez es determinante en la fijaci\u00f3n de la comprensi\u00f3n de las instituciones jur\u00eddicas, su contenido y alcance, tal como lo ha se\u00f1alado la Corte Constitucional, entre otras sentencias, en la C-539 de 2011, en la que reiter\u00f3 las implicaciones del criterio de \u00absometimiento a la ley\u00bb: <\/p>\n
\u00abUna interpretaci\u00f3n adecuada del imperio de la ley a que se refiere el art\u00edculo 230 constitucional, significa para la jurisprudencia constitucional que la sujeci\u00f3n de la actividad judicial al imperio de la ley, no puede entenderse en t\u00e9rminos reducidos como referida a la aplicaci\u00f3n de la legislaci\u00f3n en sentido formal, sino que debe entenderse referida a la aplicaci\u00f3n del conjunto de normas constitucionales y legales, valores y objetivos, incluida la interpretaci\u00f3n jurisprudencial de los m\u00e1ximos \u00f3rganos judiciales, la cual informa la totalidad del ordenamiento jur\u00eddico\u00bb.17 <\/p>\n
<\/p>\n
La interpretaci\u00f3n debe tener en cuenta elementos como el cambio o evoluci\u00f3n del entorno en el que se origin\u00f3 la norma o en el cual es aplicada18; la evoluci\u00f3n de la ciencia m\u00e9dica que determina lo que debe entenderse por tal condici\u00f3n, los contextos (jur\u00eddicos, sociol\u00f3gicos, cient\u00edficos, et. al.) que indican la manera en que deben valorarse las diversas realidades que se ponen de presente en los juicios, lo que se refuerza \u00aba partir de la interpretaci\u00f3n de los \u00f3rganos autorizados\u00bb. <\/p>\n
Al respecto, se ha memorado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el tratamiento que le otorga la ley 153 de 1887 a las reglas de la jurisprudencia, la doctrina constitucional y las fuentes del derecho en general no se enmarca dentro de una filosof\u00eda reduccionista del derecho seg\u00fan emana de la ley y solo de la ley. Adem\u00e1s, la idea que una tradici\u00f3n no pueda evolucionar es contraevidente. Las tradiciones jur\u00eddicas son esencialmente cambiantes, as\u00ed\u0301 las transformaciones se lleven a cabo gradualmente o inclusive imperceptiblemente\u00bb (CC, C-836 de 2001). <\/p>\n
De anta\u00f1o la Corte Suprema de Justicia ha considerado plausible la posibilidad de que los jueces acudan a la jurisprudencia para interpretar las disposiciones jur\u00eddicas y darles un alcance normativo actualizado19, haciendo uso de los criterios auxiliares de la actividad judicial, con observancia de la pauta prevista en el citado art\u00edculo 230 constitucional, tal como se compendia a continuaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00absi bien es cierto que los jueces se encuentran sometidos al imperio de la ley para ejercer su labor jurisdiccional, no lo es menos que el art\u00edculo 230 de la Carta Pol\u00edtica, citado por la recurrente, indica en su segundo inciso que \u201cLa equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial\u201d. De all\u00ed resulta, pues, que los jueces s\u00ed puedan hacer uso de la jurisprudencia para efectos de realizar interpretaciones judiciales sobre determinados t\u00f3picos, muchos de ellos relacionados con vac\u00edos legales o con la simple hermen\u00e9utica normativa. Lo contrario, rectamente entendido, conducir\u00eda al desconocimiento de la propia norma constitucional, y lo m\u00e1s importante, al rol fundamental asignado en un Estado de derecho al Juez, en general, y a la Corte Suprema, como Tribunal de Casaci\u00f3n, cuya misi\u00f3n primordial estriba en la unificaci\u00f3n de la jurisprudencia, con todo lo que ella envuelve. <\/p>\n
Es que no puede olvidarse que la jurisprudencia, ab antique, \u201ctiene una misi\u00f3n que rebasa los marcos de la gram\u00e1tica y de la indagaci\u00f3n hist\u00f3rica: el de lograr que el derecho viva, se remoce y se ponga a tono con la mentalidad y las urgencias del presente, por encima de la immovilidad de los textos, que no han de tomarse para obstaculizar el progreso, sino ponerse a su servicio, permitiendo as\u00ed una evoluci\u00f3n jur\u00eddica sosegada y firme, a todas luces provechosa\u201d (CXXIV, 160)\u00bb (CSJ SC, 31 ene. 2005, rad. 7872). <\/p>\n
De otra parte, al resaltar las finalidades del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, previstas en el precepto 333 del C\u00f3digo General del Proceso (\u00abdefender la unidad e integridad del ordenamiento jur\u00eddico, lograr la eficacia de los instrumentos internacionales suscritos por Colombia en el derecho interno, proteger los derechos constitucionales, controlar la legalidad de los fallos, unificar la jurisprudencia nacional y reparar los agravios irrogados a las partes con ocasi\u00f3n de la providencia recurrida\u00bb) y establecer la \u00abnaturaleza constitucional\u00bb de ese medio defensivo, la Corte Constitucional precis\u00f3 en la sentencia C-213 de 2017 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) adem\u00e1s de los fines que tradicionalmente le han sido adscritos a la casaci\u00f3n, esto es, la unificaci\u00f3n de la jurisprudencia, la realizaci\u00f3n del derecho objetivo y la reparaci\u00f3n de los agravios, tambi\u00e9n se le anuda como tarea \u201cen el Estado Social de Derecho, velar por la realizaci\u00f3n del ordenamiento constitucional \u2013no solamente legal- y, en consecuencia, por la realizaci\u00f3n de los derechos fundamentales de los asociados\u201d20. En efecto \u201cla casaci\u00f3n, como medio de impugnaci\u00f3n extraordinario, es una instituci\u00f3n jur\u00eddica destinada tambi\u00e9n a hacer efectivo el derecho material, particularmente la Constituci\u00f3n, as\u00ed como las garant\u00edas fundamentales de las personas que intervienen en un proceso\u201d21. Es por ello que la jurisprudencia constitucional interpretando la funci\u00f3n de control de legalidad que se adscribe al recurso de casaci\u00f3n ha sostenido que \u201cdebe concebirse en una dimensi\u00f3n amplia, de modo que involucre la integraci\u00f3n de preceptos de orden Superior y, por lo tanto, la protecci\u00f3n de los derechos constitucionales que de \u00e9l se derivan\u201d22. Igualmente, ha advertido que \u201cel prop\u00f3sito de realizaci\u00f3n del derecho material tambi\u00e9n debe ser interpretado en una dimensi\u00f3n amplia, de manera que comprende no s\u00f3lo la protecci\u00f3n de los derechos constitucionales fundamentales, sino todos los derechos y principios reconocidos en el ordenamiento jur\u00eddico\u201d23\u00bb. <\/p>\n
Con todo, deviene di\u00e1fano que la labor interpretativa del juez \u2013y, especialmente, en sede extraordinaria\u2013, debe estar orientada a la consecuci\u00f3n de los fines constitucionales y legales previamente rese\u00f1ados, los cuales resultan determinantes no solo frente el caso concreto, sino en cuanto ata\u00f1en a la sociedad en su conjunto, de tal forma que se procure que el derecho \u2013y su papel moldeador y transformador de la realidad\u2013 no quede anquilosado en entendimientos desuetos o que resulten insuficientes de cara a los retos que imponen las nuevas din\u00e1micas sociales, como sucede, precisamente, con la intelecci\u00f3n del art\u00edculo 1076 del C\u00f3digo Civil, que, en este contexto, demanda una comprensi\u00f3n integral y arm\u00f3nica con las pautas referidas. <\/p>\n
Conforme con ello, la ponderaci\u00f3n de las prerrogativas all\u00ed impl\u00edcitas, como el ejercicio de la autonom\u00eda privada, la libertad de disposici\u00f3n, la protecci\u00f3n especial de las personas con limitaciones visuales y la fijaci\u00f3n de un modelo de verificaci\u00f3n de la voluntad real, por mencionar algunos ejemplos, son criterios relevantes a la hora de definir la intelecci\u00f3n que mejor se ajuste al contexto actual, procurando la realizaci\u00f3n, en cada caso, de la justicia material. <\/p>\n
Bajo este entendimiento acomete la Corte la labor de fijar la pauta jurisprudencial de interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 1076 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
3.2 Ausencia de precedente jurisprudencial <\/p>\n
Uno de los argumentos fundantes del ataque de los recurrentes extraordinarios es que el Tribunal desconoci\u00f3 el precedente de la Corte. Sostienen que en sentencia del 19 de agosto de 1954 esta Sala defini\u00f3 qui\u00e9n era ciego y en qu\u00e9 casos deb\u00eda aplicarse el art\u00edculo 1076 del C\u00f3digo Civil. Para respaldar esta afirmaci\u00f3n se\u00f1alaron: \u00ab[d]e manera clara concluye la Corte en la sentencia que \u201cCiego, seg\u00fan nuestra ley, es la persona que se haya privada de la vista y no la persona que por cualquier causa haya disminuido en su capacidad visual\u201d (\u2026). En esta sentencia la Corte hace un an\u00e1lisis acertado de la definici\u00f3n de ceguera que se adopta en el C\u00f3digo Civil y fija la pauta jurisprudencial para la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 1.076 del C\u00f3digo Civil\u00bb. <\/p>\n
Al respecto, cabe resaltar que la cita transcrita por los censores no corresponde a una consideraci\u00f3n de la Corte, sino a una afirmaci\u00f3n del ad quem, reproducida en los antecedentes de la sentencia de casaci\u00f3n del a\u00f1o 195424, por lo que no es posible derivar de ella un supuesto precedente jurisprudencial sobre la definici\u00f3n de ceguera. <\/p>\n
En dos oportunidades esta Corporaci\u00f3n ha analizado casos en los que se debat\u00eda la validez del testamento otorgado por una persona de quien se dec\u00eda, era ciega; sin embargo, en ninguno de esos juicios la Corte fij\u00f3 una posici\u00f3n sobre la correcta interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 1076 del C\u00f3digo Civil, como se explica seguidamente: <\/p>\n
<\/p>\n
i. Sentencia de casaci\u00f3n del 19 de agosto de 195425 <\/p>\n
En este prove\u00eddo, se analiz\u00f3 un caso en el que se afirmaba que la testadora estaba privada de la vista de tiempo atr\u00e1s, acusando al ad quem de desechar testimonios para probar la ceguera por considerar que dicha situaci\u00f3n deb\u00eda ser valorada por peritos. <\/p>\n
En esa oportunidad, la Corte trajo a colaci\u00f3n el estado de la discusi\u00f3n en Chile, como quiera que nuestro art\u00edculo 1076 corresponde al art\u00edculo 1019 del C\u00f3digo Civil Chileno. Para ello, cit\u00f3 al doctrinante Luis Claro Solar, quien en su obra recogi\u00f3 el estado de la discusi\u00f3n rese\u00f1ando una sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, en la cual la opini\u00f3n mayoritaria consider\u00f3 que las solemnidades de dicha norma aplicaban \u00fanicamente a la persona privada de la vista, poniendo de presente a rengl\u00f3n seguido la opini\u00f3n disidente en el caso comentado, seg\u00fan la cual no se requer\u00eda que la ceguera fuera absoluta, pues bastaba con que existiera una importante afectaci\u00f3n visual para considerar a la persona en la condici\u00f3n que regula el art\u00edculo 1019 chileno: \u00abal prescribir este art\u00edculo que el testamento del ciego se ajusta a la formalidad especial de que sea le\u00eddo dos veces en alta voz, ha tenido sin duda presente que el testador en este caso no puede ver el escrito a que se da lectura\u00bb. <\/p>\n
Al estudiar el caso concreto, se\u00f1al\u00f3 la Corte Suprema que el Tribunal no dio por probada la ceguera porque los testigos s\u00f3lo daban cuenta de que la testadora \u00abno pod\u00eda leer las cartas, los rezos y los peri\u00f3dicos\u00bb, pero que no siendo especialistas en oftalmolog\u00eda no estaban en capacidad de apreciar adecuadamente \u00abel grado de disminuci\u00f3n del sentido visual en la testadora\u00bb. <\/p>\n
Consider\u00f3 esta Corporaci\u00f3n que el ad quem si valor\u00f3 los testimonios, pero no los consider\u00f3 suficientemente fundados para probar la ceguera, motivo por el cual la plausible valoraci\u00f3n del juzgador no era susceptible de an\u00e1lisis en casaci\u00f3n: \u00ab[d]e lo expuesto resulta que en el presente caso hay una cuesti\u00f3n de hecho de aquellas cuya apreciaci\u00f3n por el juzgador de instancia escapa a la censura de la Corte en casaci\u00f3n. Esta cuesti\u00f3n de hecho es la de si est\u00e1 probado que la testadora hubiera perdido la vista hasta un grado tal que hubiera debido ser tratada como ciega, para el efecto de llenar las formalidades que para el testamento de los ciegos prescribe el art\u00edculo 1076 del C.C. El Tribunal no consider\u00f3 probado tal hecho y en esta apreciaci\u00f3n suya no alcanza a discernirse ni un error de derecho ni uno de hecho, Por tanto, ella debe ser respetada por la Corte.\u00bb <\/p>\n
Como puede observarse, en esa sentencia la Corte no tom\u00f3 partido ni fij\u00f3 criterio alguno de interpretaci\u00f3n del t\u00e9rmino \u00abciego\u00bb contenido en el art\u00edculo 1076 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
<\/p>\n
ii. Sentencia de casaci\u00f3n del 10 de abril de 195726 <\/p>\n
En esta decisi\u00f3n se analiz\u00f3 un caso en el que el ad quem declar\u00f3, de oficio, la nulidad de un primer testamento otorgado por la testadora por haberse protocolizado sin la observancia de las solemnidades prescritas en el art\u00edculo 1076 del C\u00f3digo Civil, aunque ese no era el petitum de la demanda. <\/p>\n
El recurrente aleg\u00f3 que no se hab\u00eda probado cient\u00edficamente la ceguera de la testadora, por lo que no pod\u00edan exigirse formalidades especiales. Estim\u00f3 la Corporaci\u00f3n que, si el testador expresamente manifestaba que era ciego, con apoyo en esa expl\u00edcita manifestaci\u00f3n deb\u00eda el notario rodear el testamento de todas las formalidades prescritas por la ley. <\/p>\n
Como puede verse, en ninguno de los dos antecedentes jurisprudenciales existentes sobre el testamento del ciego la Corte determin\u00f3 cu\u00e1l deb\u00eda ser la correcta interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 1076 del C\u00f3digo Civil ni fij\u00f3 pautas jurisprudenciales para su aplicaci\u00f3n, de modo que mal podr\u00eda acusarse al Tribunal de apartarse de un precedente que no existe. <\/p>\n
3.3 Tratamiento del testamento del ciego en el derecho comparado <\/p>\n
Como ya se indic\u00f3, el art\u00edculo 1076 de nuestro C\u00f3digo Civil corresponde al art\u00edculo 1019 de la codificaci\u00f3n chilena, pudi\u00e9ndose hallar similitudes en las disposiciones redactadas por don Andr\u00e9s Bello. Dice la norma chilena: <\/p>\n
\u00abEl ciego, el sordo o el sordomudo que puedan darse a entender claramente, aunque no por escrito, s\u00f3lo podr\u00e1n testar nuncupativamente y ante escribano o funcionario que haga las veces de tal. En el caso del ciego, el testamento deber\u00e1 leerse en voz alta dos veces: la primera por el escribano o funcionario, y la segunda por uno de los testigos elegido al efecto por el testador. Trat\u00e1ndose del sordo o del sordomudo, la primera y la segunda lectura deber\u00e1n efectuarse, adem\u00e1s, ante un perito o especialista en lengua de se\u00f1as, quien deber\u00e1, en forma simult\u00e1nea, dar a conocer al otorgante el contenido de la misma. Deber\u00e1 hacerse menci\u00f3n especial de estas solemnidades en el testamento\u00bb. <\/p>\n
Por su parte, el art\u00edculo 1026 chileno establece que el testamento en el que se omitieren las formalidades a las que deba sujetarse, no tendr\u00e1 valor alguno. Tampoco en ese pa\u00eds se cuenta con jurisprudencia robusta sobre el testamento del ciego, y ya desde la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, citada por Claro Solar en su obra del a\u00f1o 1941 y reproducida por la Corte en la sentencia de 1954, se vislumbraban posiciones antag\u00f3nicas frente al recto entendimiento del art\u00edculo 1019. <\/p>\n
En una m\u00e1s reciente providencia de la Corte de Apelaciones de Valpara\u00edso27, se dijo: \u00abaun cuando el punto ha sido materia de discusi\u00f3n en la doctrina y la jurisprudencia, toda vez que mientras algunos exigen una ceguera absoluta, pues el precepto no se refiere al que tenga una vista m\u00e1s o menos sana, sino al ciego que es la persona que se encuentra privada de este sentido, otros en cambio estiman que no es indispensable que la ceguera sea de tal modo absoluta y completa que no permita distinguir la luz de la oscuridad y basta, atendido el esp\u00edritu del legislador, que el testator no pueda ver el escrito a que se da lectura, que no pueda leer, por defectos de la visi\u00f3n, el documento antes de firmarlo (\u2026).\u00bb <\/p>\n
El C\u00f3digo Civil Espa\u00f1ol tambi\u00e9n conten\u00eda una disposici\u00f3n espec\u00edfica respecto del testamento del ciego, en su art\u00edculo 698 que dispon\u00eda: \u00ab[c]uando sea ciego el testador se dar\u00e1 lectura del testamento dos veces: una por el Notario, conforme a lo prevenido en el art\u00edculo 695, y otra en igual forma por uno de los testigos u otra persona que el testador designe\u00bb. <\/p>\n
En vigencia de esta norma, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo profiri\u00f3 la sentencia del 12 de abril de 1973, en la que se\u00f1al\u00f3: \u00ab(\u2026) ha de tenerse en cuenta que para la v\u00e1lida aplicaci\u00f3n de las formalidades exigidas por el art\u00edculo 695 del C\u00f3digo Civil en el otorgamiento del testamento abierto por un ciego, no es necesario que la ceguera sea total o absoluta, sino que basta con que la lesi\u00f3n o defecto visual alcance el grado suficiente, para impedirle la lectura y estampar su firma con la claridad de rasgos que habitualmente caractericen aqu\u00e9lla, a fin de que lo defectuoso de la misma no pueda originar la duda sobre su autenticidad y frente a la afirmaci\u00f3n de la sentencia recurrida de que el testador en aquel acto sufr\u00eda una ceguera total o que en todo caso le imped\u00eda la visualidad del texto escriturado y la caligraf\u00eda de la firma, como no fuera un trazo de puro tropismo, no combatida eficazmente esta afirmaci\u00f3n f\u00e1ctica, como queda expresado al tratar del anterior motivo, decae el presente, puesto que han sido cumplidos todos los requisitos formales exigidos por los art\u00edculos 695 , 698 y 699 del C\u00f3digo Civil para el otorgamiento del testamento abierto por una persona que carezca de visi\u00f3n, d\u00e1ndose lectura del testamento una vez por el Notario y otra por uno de los testigos designados a dicho fin por el testador, el que a su vez firm\u00f3 tambi\u00e9n por \u00e9ste y a su ruego, a la vez de por s\u00ed, todo ello en unidad de acto y de lo que da fe el Notario autorizante del testamento\u00bb. <\/p>\n
Si bien esta pauta legal fue modificada y su actual redacci\u00f3n corresponde al texto de la Ley 8\/2021, el fallo citado muestra la interpretaci\u00f3n dada por el Tribunal Supremo al concepto de ceguera del testador contenido en el citado art\u00edculo 69828. <\/p>\n
El C\u00f3digo Civil Franc\u00e9s no instituy\u00f3 una expresa formalidad para el testamento del ciego, pero su art\u00edculo 973 establece que en caso de que la persona no pudiera firmar, se dejar\u00eda tal constancia en el acta extendida ante notario. Si bien el Code reconoce el testamento hologr\u00e1fico (art\u00edculo 970), generalmente el ciego est\u00e1 impedido para testar de esta forma debido a la imposibilidad de escribir el testamento de su pu\u00f1o y letra29, siendo ese requisito indispensable en esa clase de actos. <\/p>\n
Los apartes tra\u00eddos a colaci\u00f3n a t\u00edtulo de ejemplo evidencian c\u00f3mo en legislaciones que guardan similitudes o principios rectores cercanos a la nuestra, en las que se ha contemplado la especial formalidad para el testamento del ciego, la definici\u00f3n de la ceguera es una cuesti\u00f3n de hecho cuya determinaci\u00f3n queda en cabeza de los falladores, a quienes los medios suasorios deben llevar a la certeza de si el testador ten\u00eda o no una deficiencia visual tal que le impidiera constatar por sus propios medios el contenido del acta donde fue extendida su \u00faltima voluntad. <\/p>\n
3.4 El concepto de ceguera del art\u00edculo 1076 del C\u00f3digo Civil <\/p>\n
Abogan los recurrentes por una aplicaci\u00f3n literal y exeg\u00e9tica del art\u00edculo 1076 del C\u00f3digo Civil, interpretando la palabra \u00abciego\u00bb en \u00e9l contenida en el sentido natural y obvio que exige el art\u00edculo 28 de la misma obra, de modo tal que debe entenderse al ciego como aqu\u00e9l que est\u00e1 privado de la vista30. <\/p>\n
Sin embargo, los t\u00e9rminos \u00abciego\u00bb y por ende \u00abceguera\u00bb, no pueden entenderse ni aplicarse desde su \u00absentido natural y obvio\u00bb, puesto que ellos obedecen a condiciones oftalmol\u00f3gicas espec\u00edficas que determinan el concepto mismo seg\u00fan el estado de evoluci\u00f3n de la ciencia m\u00e9dica. La determinaci\u00f3n de la ceguera o de una afectaci\u00f3n visual tan severa que permita considerar a la persona como privada parcialmente de la visi\u00f3n responde, espec\u00edficamente, al criterio m\u00e9dico. <\/p>\n
En la actualidad, gracias a los avances de la ciencia m\u00e9dica, puede afirmarse que las limitaciones visuales tienen un amplio espectro, como se\u00f1al\u00f3 uno de los peritos en este asunto, y que as\u00ed como existe la ceguera total, hay afectaciones que se consideran casos de ceguera parcial, de baja visi\u00f3n severa, entre otros. As\u00ed, es posible que una persona, pese a no estar diagnosticada con ceguera total, sufra de una afectaci\u00f3n visual de tal magnitud que no pueda valerse por s\u00ed misma o realizar actividades cotidianas como la simple lectura o la conducci\u00f3n de veh\u00edculos, etc. <\/p>\n
Alegan tambi\u00e9n que, dando a la palabra el sentido t\u00e9cnico que exige el art\u00edculo 29 ib\u00eddem, debe entenderse la ceguera como la percepci\u00f3n negativa de la luz por ambos ojos, concepto que, a falta de informaci\u00f3n sobre su fuente, se deduce que lo toman los censores del dictamen pericial por ellos aportado, que define en esos t\u00e9rminos el padecimiento. Sin embargo, la definici\u00f3n no es un\u00e1nime, pues los otros peritos aceptaron la falta de percepci\u00f3n de la luz como indicador de ceguera total, se\u00f1alando la existencia de otros casos tambi\u00e9n considerados como ceguera legal. <\/p>\n
La falta de correspondencia entre el uso com\u00fan del t\u00e9rmino \u00abciego\u00bb, y su significado m\u00e9dico, impiden acudir al criterio gramatical de los art\u00edculos 28 y 29 del C\u00f3digo Civil, como pretenden los recurrentes. <\/p>\n
A este respecto, cabe se\u00f1alar que alg\u00fan sector de la doctrina nacional se inclina por aceptar que el criterio que permite entender adecuadamente el t\u00e9rmino se encuentra en el m\u00e9todo l\u00f3gico de interpretaci\u00f3n, seg\u00fan el cual si la raz\u00f3n por la que el ciego no puede otorgar testamento cerrado es la imposibilidad de tener certeza aut\u00e9ntica de su otorgamiento; esa certeza tiene lugar en el testamento abierto cuando se da la doble lectura de la voluntad testamentaria a viva voz. Sobre esa base, la ceguera debe interpretarse de cara a la posibilidad o imposibilidad de que el testador con esa condici\u00f3n de salud visual, obtenga la genuina certidumbre de que esa voluntad extendida en el instrumento p\u00fablico se corresponde con la suya. <\/p>\n
Al amparo de esas precisiones, cabe concluir que la interpretaci\u00f3n del t\u00e9rmino \u00abciego\u00bb y el concepto de \u00abceguera\u00bb a la luz del art\u00edculo 1076 del C\u00f3digo Civil, son conceptos m\u00e9dicos cuya determinaci\u00f3n debe darse al amparo del dictamen pericial, el cual informar\u00e1 la naturaleza y alcance de la afectaci\u00f3n visual de cara a la lectura directa del testamento, siendo entonces la prueba cient\u00edfica la que concluir\u00e1 si en el caso particular el testador estaba en capacidad o no de verificar por sus propios medios el contenido del documento en el que se ha extendido su \u00faltima voluntad. <\/p>\n
Acorde con ello, no puede entenderse el t\u00e9rmino \u00abciego\u00bb y el concepto de \u00abceguera\u00bb alejados de los par\u00e1metros fijados por la ciencia m\u00e9dica. En tal virtud, la exigencia del art\u00edculo 1076 del C\u00f3digo Civil debe atenderse, entonces, en todos los casos en los cuales, seg\u00fan los est\u00e1ndares aceptados y el estado del arte de la ciencia m\u00e9dica, la persona tenga una afectaci\u00f3n visual tal que le impida leer por sus propios medios el instrumento p\u00fablico contentivo de su \u00faltima voluntad, bien sea que conforme al criterio cient\u00edfico el diagn\u00f3stico particular del testador permita considerar que padece de ceguera total, de ceguera parcial, de baja visi\u00f3n, o cualquier otro diagn\u00f3stico o clasificaci\u00f3n m\u00e9dica que envuelva, indubitablemente, dicho impedimento. <\/p>\n
4. La exigencia de formalidades reforzadas no constituye inhabilidad para testar ni desconoce la capacidad jur\u00eddica <\/p>\n
Finalmente, se insiste en que la exigencia de las especiales solemnidades del art\u00edculo 1076 al momento de otorgar testamento por parte de personas con una condici\u00f3n visual que les impida leer directamente el contenido del instrumento p\u00fablico extendido en la diligencia, no puede en modo alguno asemejarse a una causal de inhabilidad para testar, pues ellas, como se sabe, se encuentran taxativamente consagradas en el art\u00edculo 1061 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
Tampoco puede entenderse, seg\u00fan lo afirman los recurrentes extraordinarios, como la consagraci\u00f3n de una incapacidad especial para las personas en la condici\u00f3n visual referida. <\/p>\n
No hay duda de que la capacidad jur\u00eddica plena de las personas es un atributo conferido por el orden jur\u00eddico y su reconocimiento y protecci\u00f3n, un imperativo para el Estado. Por ello, el ejercicio de esa capacidad plena debe estar rodeado de todas las garant\u00edas tutelares necesarias para permitir la expresi\u00f3n de la voluntad, lo cual coincide con el sentido y filosof\u00eda que rige la Ley 1996 de 2019, en claro acatamiento a las exigencias de la Convenci\u00f3n sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del 13 de diciembre de 2006, ratificada por Colombia y aprobada mediante la Ley 1346 de 2009. <\/p>\n
Incluso la solemnidad de la doble lectura, pensada ya desde el a\u00f1oso C\u00f3digo Civil, podr\u00eda entenderse hoy en d\u00eda como un ajuste razonable en el tr\u00e1mite notarial, esto es, como una adaptaci\u00f3n en el caso concreto para garantizar a la persona con las limitaciones visuales aqu\u00ed se\u00f1aladas, el ejercicio de su autonom\u00eda de la voluntad testamentaria, en igualdad de condiciones. <\/p>\n
No es ajena la Corte al avance vertiginoso de las tecnolog\u00edas, por lo que es posible pensar que en un futuro pr\u00f3ximo estos actos jur\u00eddicos puedan encontrar un medio de expresi\u00f3n de la aut\u00e9ntica voluntad a trav\u00e9s de formas comunicativas como el alfabeto Braille, los medios de voz digitalizada, la comunicaci\u00f3n t\u00e1ctil, y otros consagrados a t\u00edtulo enunciativo en la Ley 1996 de 2019. Sin embargo, el imperativo de protecci\u00f3n al proceso de formaci\u00f3n de la voluntad y emisi\u00f3n del consentimiento del testador en situaci\u00f3n de ceguera total o parcial, contin\u00faa vigente como una garant\u00eda sustancial en el ejercicio de su capacidad plena. <\/p>\n
5. An\u00e1lisis del Cargo <\/p>\n
Conforme a las anteriores consideraciones, es claro que la correcta interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 1076 del C\u00f3digo Civil no pasa por el uso com\u00fan del t\u00e9rmino \u00abciego\u00bb, sino por la definici\u00f3n m\u00e9dica de aquel estado permanente o transitorio de privaci\u00f3n total o parcial de la vista que impida al testador cerciorarse de que la voluntad emitida como testamento es la suya. <\/p>\n
A la luz de esas consideraciones, el cargo no puede abrirse paso, pues se basa en la aplicaci\u00f3n exeg\u00e9tica y literal de la palabra \u00abciego\u00bb en el sentido natural de aquel que est\u00e1 privado de la vista, pedimento inaceptable porque, por un lado, el concepto debe responder a la definici\u00f3n m\u00e9dica que lo gobierna; y por el otro, la pretendida interpretaci\u00f3n literal no est\u00e1 acorde con el sentido protector de la norma y de garant\u00eda sustancial de la expresi\u00f3n de la voluntad del testador, ampliamente explicada en precedencia. <\/p>\n
Respecto a los embates concretos, debe se\u00f1alarse en primer lugar, que es desacertado acusar al Tribunal de desconocimiento del precedente jurisprudencial cuando no existe tal, como se explic\u00f3 al analizar el contenido de la sentencia de 1954 en que se apoyan los censores. <\/p>\n
Tampoco puede abrirse paso la acusaci\u00f3n de violaci\u00f3n directa de la norma sustancial por haber considerado el Tribunal que el testador era \u00abciego legal\u00bb, t\u00e9rmino que, seg\u00fan los censores, es ajeno a la legislaci\u00f3n nacional en tanto no est\u00e1 recogido en ninguna norma, salvo en el art\u00edculo 6 del Decreto 2156 de 1972, que consideran inaplicable por estar orientado espec\u00edficamente a clasificar el Instituto Nacional para Ciegos como un establecimiento p\u00fablico del orden nacional, adscrito al Ministerio de Educaci\u00f3n. <\/p>\n
Si bien es cierto que el Tribunal consider\u00f3 en su sentencia que el se\u00f1or Jos\u00e9 Tom\u00e1s Uribe Abad padec\u00eda de \u00abceguera legal\u00bb, no se trata de un t\u00e9rmino jur\u00eddico (aunque incluye la palabra legal), sino un t\u00e9rmino ampliamente utilizado en la ciencia m\u00e9dica, en su especialidad de oftalmolog\u00eda, como se evidencia de la prueba pericial recaudada en este proceso. <\/p>\n
El Tribunal tom\u00f3 el concepto de las conclusiones del dictamen pericial de la Universidad de Antioquia, en el cual la perito oftalm\u00f3loga determin\u00f3 que, conforme a la historia cl\u00ednica analizada, el se\u00f1or Uribe Abad padec\u00eda de \u00abceguera legal\u00bb para el a\u00f1o 2013. No puede perderse de vista que los tres peritos oftalm\u00f3logos que rindieron experticia en el proceso reconocieron el t\u00e9rmino de \u00abceguera legal\u00bb y lo definieron como una agudeza visual igual o menor a 20\/200, en el mejor ojo del paciente y despu\u00e9s de correcci\u00f3n. <\/p>\n
Por lo anterior, no es cierto que en el prove\u00eddo cuestionado se instaurara un nuevo concepto jur\u00eddico ajeno al art\u00edculo 1076, creando una categor\u00eda por fuera de la ley y una inhabilidad especial para testar, como lo sostienen los censores. El Tribunal no determin\u00f3 que una persona cualquiera con una agudeza visual limitada deb\u00eda ser considerada como \u00abciego legal\u00bb; por el contrario, su conclusi\u00f3n sobre el padecimiento del testador se deriva del prohijamiento por parte del fallador del dictamen pericial en el que se afirm\u00f3 que, dada la historia cl\u00ednica espec\u00edfica del testador, su condici\u00f3n de salud visual clasificaba en el concepto de \u00abceguera legal\u00bb, el cual est\u00e1 determinado por los criterios m\u00e9dicos concretamente explicados por la perito en audiencia. <\/p>\n
En el mismo sentido, se resalta que el art\u00edculo 6 del Decreto 2156 de 1972, insistentemente atacado por los censores, no incluye una definici\u00f3n de \u00abceguera legal\u00bb. Si bien la Corte volver\u00e1 sobre este punto m\u00e1s adelante, desde ya debe decirse que, contrario a lo afirmado por los recurrentes, la norma se limita a establecer que se consideran como casos de ceguera: i) la ausencia total de la vista, o ii) la agudeza visual no superior a un d\u00e9cimo (1\/10) en el mejor ojo despu\u00e9s de correcci\u00f3n, o iii) la limitaci\u00f3n en el campo visual hasta un \u00e1ngulo no mayor de 20 grados. <\/p>\n
Con base en esos posibles cuadros cl\u00ednicos, desde la especialidad de la oftalmolog\u00eda se habla de \u00abceguera legal\u00bb, t\u00e9rmino expresado por el Tribunal, pero que no deviene de la aplicaci\u00f3n indebida de un precepto normativo sino de la consideraci\u00f3n espec\u00edfica de los dict\u00e1menes periciales rendidos en el proceso. <\/p>\n
Ahora bien, que el Tribunal, en apoyo a la clasificaci\u00f3n m\u00e9dica acogida haya acudido a soportes de informaci\u00f3n como las Definiciones de ceguera y discapacidad visual de la Organizaci\u00f3n Mundial de la Salud de 2012 o el An\u00e1lisis de salud visual en Colombia preparado por el Ministerio de Salud en 2015 -que dicho sea de paso, respaldan plenamente las conclusiones de la perito oftalm\u00f3loga- no significa que haya basado su decisi\u00f3n en esos informes, pues su argumentaci\u00f3n est\u00e1 encaminada a mostrar c\u00f3mo el se\u00f1or Jos\u00e9 Tom\u00e1s Uribe Abad ten\u00eda una afectaci\u00f3n visual de tal magnitud, que impon\u00eda d\u00e1rsele tratamiento de ciego a la hora de testar, por lo que eran exigibles las formalidades del art\u00edculo 1076 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
En el mismo sentido, las referencias a las sentencias de la Corte Constitucional citadas por el Tribunal no son el pilar fundamental de su decisi\u00f3n, por lo que a\u00fan en caso de que los precedentes constitucionales fueran inaplicables al caso concreto, tal yerro es intrascendente, por no atacar la base de la decisi\u00f3n. Incluso, si se suprimieran de la sentencia impugnada las referencias a los informes de la OMS y del Ministerio de Salud y a las sentencias de la Corte Constitucional, en nada cambiar\u00eda la decisi\u00f3n adoptada, que se bas\u00f3, se insiste, en la prueba cient\u00edfica que daba cuenta de la condici\u00f3n visual del testador y abr\u00eda paso a la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 1076 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
Finalmente, consideran los censores que el Tribunal debi\u00f3 acudir a las definiciones del art\u00edculo 2 de la Ley 1680 de 201331 y del Decreto 1507 de 2014, conforme a las cuales se habr\u00eda concluido que el testador no padec\u00eda de ceguera sino de baja visi\u00f3n. <\/p>\n
Sobre el art\u00edculo 2 de la Ley 1680 de 2013 debe indicarse que no se trata de norma sustancial que pudiera haber sido vulnerada, pues no crea, modifica ni extingue situaci\u00f3n jur\u00eddica alguna. Por otra parte, su objeto no es atribuir un significado legal ni m\u00e9dico a los t\u00e9rminos de ceguera y baja visi\u00f3n, sino establecer mecanismos para garantizar el acceso a la informaci\u00f3n y tecnolog\u00edas que propicien la inclusi\u00f3n y participaci\u00f3n social de personas con esos padecimientos, raz\u00f3n por la cual, su art\u00edculo 2 advierte que las definiciones all\u00ed contenidas son para efectos de esa ley, por lo que no es posible ampliar, como pretenden los censores, su campo de aplicaci\u00f3n. <\/p>\n
El Decreto 1507 de 2014, por su parte, adopta el Manual de Calificaci\u00f3n de P\u00e9rdida de Capacidad Laboral, que establece rangos diferenciados entre la ceguera y la baja visi\u00f3n. Sin embargo, ese precepto -que no es, en modo alguno, una norma sustancial-, no contiene las definiciones que interesan en el presente litigio, e incluso si en gracia de discusi\u00f3n se analizara la agudeza visual que el testador ten\u00eda para el a\u00f1o 2013 en su mejor ojo (20\/400), quedar\u00eda calificada en el rango de \u00abbaja visi\u00f3n severa\u00bb, con una deficiencia (porcentaje de p\u00e9rdida) de 65, porcentaje que al superar el 50% constituye invalidez en los t\u00e9rminos del citado Decreto, lo que refuerza las conclusiones respecto a la especial protecci\u00f3n y formalidad que debe rodear el otorgamiento del testamento de personas con esta condici\u00f3n visual. <\/p>\n
Por todo lo anterior, la acusaci\u00f3n no prospera. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Con fundamento en el segundo motivo previsto en el canon 336 del C\u00f3digo General del Proceso, el extremo inconforme indic\u00f3 que la providencia de segundo grado es violatoria de forma indirecta de \u00ablos art\u00edculos 1.055, 1.070, 1.072, 1.073, 1.074, 1.075, 1.083, 1.076, 1.503, 28 y 29 del C\u00f3digo Civil y el art\u00edculo 2 de la ley 1680 de 2.013\u00bb, porque \u00abconcluy\u00f3 que estaba probado, sin estarlo, que el testador se encontraba ciego para el momento en que se otorg\u00f3 el testamento\u00bb. <\/p>\n
Basa la censura en que, a su juicio, el juez colegiado \u00abdeja de apreciar la prueba documental y testimonial recaudada en el proceso. Expresamente reconoce el Tribunal en la sentencia que se recurre en casaci\u00f3n que no hizo valoraci\u00f3n de las pruebas testimoniales y documentales recaudadas en el proceso. De manera expresa manifiesta (MIN. 2:27:14 de la audiencia de fallo) \u201cAsiste raz\u00f3n a la parte apelante en cuanto que el juez de primera instancia no valor\u00f3 los testimonios de Alba Lucia Acosta Medina, Juan Carlos Abad Londo\u00f1o (SIC), Ana Mar\u00eda Bacci Isaza, no as\u00ed el de Juan Carlos Abad Londo\u00f1o, lo que se concluye de la mera observaci\u00f3n del fallo proferido\u2026 la determinaci\u00f3n de la ceguera obedece una serie de par\u00e1metros t\u00e9cnicos y cient\u00edficos cuya especialidad escapa del criterio del com\u00fan de las personas\u201d\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, indic\u00f3 que \u00abEL TRIBUNAL PRETERMITI\u00d3 EL TESTIMONIO DE LA NOTARIA\u00bb, en tanto \u00abde manera clara y directa manifiesta que desconoce por completo el testimonio de la Notaria Segunda de Medell\u00edn, Dra. Alba Luz Acosta Medina\u00bb, porque sostuvo que \u00absolo un m\u00e9dico oftalm\u00f3logo podr\u00eda saber que el testador era \u201cciego legal\u201d y que, en consecuencia, el dicho de la Notaria es intrascendente para los fines del proceso\u00bb, de modo que \u00ablas conclusiones respecto del testimonio de la Notaria y su impertinencia como prueba en el proceso que nos ocupa, resultan contrarias a la regulaci\u00f3n de la funci\u00f3n notarial en Colombia\u00bb, aunado a que \u00abinform\u00f3 la Notaria que se entrevist\u00f3 con el testador; que ni ella ni sus colaboradores vieron rasgos de ceguera o discapacidad mental alguna que impidieran a JOS\u00c9 TOM\u00c1S URIBE ABAD otorgar un testamento; que ella personalmente ley\u00f3 el testamento de viva voz y que presenci\u00f3 la firma de la escritura p\u00fablica por parte de su otorgante\u00bb. <\/p>\n
Por ende, \u00abse equivoca el Tribunal al pretermitir la prueba practicada oportunamente en la que se narra de manera detallada el procedimiento para la suscripci\u00f3n del testamento cuya nulidad se demanda. Desechar el testimonio de la Notaria resulta en un flagrante desconocimiento de la funci\u00f3n notarial en Colombia\u00bb. <\/p>\n
Por esa senda, tambi\u00e9n adujo que se incurri\u00f3 en \u00aberror de hecho\u00bb en la valoraci\u00f3n de los testimonios de Ricardo Harry Hoyos y Ana Mar\u00eda Bacci, con los cuales, en su criterio, se demostraba que el testador no era ciego. Al efecto, se insisti\u00f3 en que \u00ablos testigos afirmaron que el testador ten\u00eda capacidad visual que le permit\u00eda vivir solo, atender su propio cuidado, desplazarse libremente sin bastones, lazarillos y ayudas por la ciudad, consumir sus alimentos y, en general, realizar todas las actividades propias de una persona que NO es ciega. Es decir, se trataba de una persona con capacidad visual suficiente para planear y ejecutar tareas\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, se doli\u00f3 de que el Tribunal no mencionara \u00abla gran cantidad de prueba documental que daba cuenta de la capacidad visual del testador\u00bb, dentro de la cual estaban: (i) \u00abCINCUENTA Y CUATRO (54) Fotos obrantes a folios 152 a 195 del expediente. Dan cuenta de las actividades l\u00fadicas y sociales que realizaba el causante y que solo una persona con capacidad visual podr\u00eda desarrollar\u00bb; (ii) \u00abdocumento suscrito por JOS\u00c9 TOM\u00c1S URIBE ABAD el 11 de Junio de 2.013 y remit[ido] por el BANCO CORPBANCA por orden de la Juez Octav[a] de Familia de Medell\u00edn (Folio 416)\u00bb; (iii) \u00abcertificado expedido por la Cl\u00ednica Clof\u00e1n donde indica c[\u00f3]mo se firman [los] consentimientos informados de personas con discapacidad visual (Folio 422)\u00bb, entre otros elementos de convicci\u00f3n, con lo que se \u00abpretermiti[eron] los consentimientos informados suscritos directamente por el testador a solicitud de su m\u00e9dico tratante y de la Cl\u00ednica Oftalmol\u00f3gica donde era atendido. M\u00e9dico tratante que, seg\u00fan el propio Tribunal, era la \u00fanica persona con idoneidad suficiente para determinar si el paciente estaba o no en condiciones de firmar documentos\u00bb. <\/p>\n
Sumado a lo enunciado en precedencia, cuestion\u00f3 que se hiciera un an\u00e1lisis \u00abequivocado y contraevidente\u00bb de las probanzas, especialmente los dict\u00e1menes periciales y el testimonio t\u00e9cnico del m\u00e9dico Juan Carlos Abad Londo\u00f1o, \u00abpues de manera manifiesta se alter\u00f3 su contenido\u00bb. As\u00ed, se refiri\u00f3 ampliamente a las experticias de los galenos Carlos Rebolledo Espinosa, Gustavo Adolfo V\u00e9lez Ram\u00edrez y Mabel Cristina Ospina G\u00f3mez, frente a los cuales manifest\u00f3 que \u00abde los tres dict\u00e1menes periciales practicados en el proceso se concluye, sin lugar a la m\u00e1s m\u00ednima duda, que JOS\u00c9 TOM\u00c1S URIBE ABAD no era ciego y no iba a padecer ceguera como consecuencia de la degeneraci\u00f3n macular por la edad que le fue diagnosticada. Queda claro, igualmente, que los dos m\u00e9dicos oftalm\u00f3logos subespecialistas en retinolog\u00eda concept\u00faan que, adicionalmente a la capacidad visual, existe la posibilidad m\u00e9dica de la lectura en pacientes como el testador\u00bb. <\/p>\n
CARGO TERCERO <\/p>\n
Con base en la segunda causal prevista en la norma 336 del C\u00f3digo General del Proceso, la parte requerida sostuvo que el fallo del Tribunal vulner\u00f3 indirectamente los c\u00e1nones \u00ab1.055, 1.070, 1.072, 1.073, 1.074, 1.075, 1.083, 1.076 y 1.503 del C\u00f3digo Civil\u00bb, como consecuencia de la violaci\u00f3n de las reglas \u00ab165, 176, 225 y 226 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
El embate se finc\u00f3 en que se configura error probatorio de derecho \u00abcuando el Tribunal afirma que los peritos m\u00e9dicos oftalm\u00f3logos pod\u00edan dictaminar que el testador es \u201cciego legal\u201d. No sobra resaltar, una vez m\u00e1s, que el t\u00e9rmino \u201cceguera legal\u201d no existe en el ordenamiento jur\u00eddico colombiano\u00bb; y, en adici\u00f3n, en el fallo se cre\u00f3 \u00abuna especie de tarifa probatoria -tarifa legal- que no existe en la legislaci\u00f3n colombiana para el caso que nos ocupa\u00bb. <\/p>\n
De esta manera, \u00abel Tribunal, en abierto desconocimiento de las normas probatorias mencionadas, neg\u00f3 el valor demostrativo de la totalidad de las pruebas testimoniales que obran en el expediente, las cuales daban cuenta de la capacidad visual del testador. La violaci\u00f3n de las normas probatorias condujo al Tribunal a desestimar el valor demostrativo de la prueba testimonial y documental practicada. Estos yerros son trascendentes\u00bb, comoquiera que \u00absi el Tribunal hubiera dado el valor de convicci\u00f3n que la ley les confiere a estos medios de prueba tendr\u00eda que concluir, necesariamente, que estaba probado que el testador no era ciego y, por ello, no pod\u00edan exigirse las formalidades prescritas en el art\u00edculo 1.076 del C\u00f3digo Civil. De haber hecho una correcta aplicaci\u00f3n de los preceptos probatorios mencionados, el Tribunal tendr\u00eda que concluir, necesariamente, que JOS\u00c9 TOM\u00c1S URIBE ABAD no era ciego y que, en consecuencia, su testamento no tendr\u00eda que estar sujeto a las formalidades excepcionales previstas en el art\u00edculo 1.076 del C\u00f3digo Civil\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La violaci\u00f3n indirecta de la Ley sustancial por errores de hecho. <\/p>\n
La comisi\u00f3n de un yerro f\u00e1ctico, de tal magnitud que comporte la infracci\u00f3n indirecta de una norma sustancial, presupone para su acreditaci\u00f3n que, entre otras exigencias, se compruebe que la inferencia probatoria cuestionada sea manifiestamente contraria al contenido objetivo de la prueba; es decir, que el desacierto sea tan evidente y notorio que se advierta sin mayor esfuerzo ni raciocinio. <\/p>\n
Adem\u00e1s, como las sentencias llegan a la Corte amparadas por una presunci\u00f3n de legalidad y acierto, le incumbe al recurrente desvirtuarla, para lo cual debe realizar una cr\u00edtica concreta, sim\u00e9trica, razonada y coherente frente a los aspectos del fallo que considera desacertados, con indicaci\u00f3n de los fundamentos generadores de la infracci\u00f3n a la ley, am\u00e9n de hacer evidente la trascendencia del desacierto \u00aben el sentido del fallo\u00bb y atacar, de modo eficaz e integral, todos los pilares de la decisi\u00f3n impugnada. <\/p>\n
En esta precisa materia, esta Corporaci\u00f3n ha explicado: <\/p>\n
\u00abEl error de hecho (…) ocurre cuando se supone o pretermite la prueba, entendi\u00e9ndose que incurrir\u00e1 en la primera hip\u00f3tesis el juzgador que halla un medio en verdad inexistente o distorsiona el que s\u00ed obra para darle un significado que no contiene, y en la segunda situaci\u00f3n cuando ignora del todo su presencia o lo cercena en parte, para, en esta \u00faltima eventualidad, asignarle una significaci\u00f3n contraria o diversa. <\/p>\n
El error \u201cata\u00f1e a la prueba como elemento material del proceso, por creer el sentenciador que existe cuando falta, o que falta cuando existe, y debido a ella da por probado o no probado el hecho\u201d (G. J., t. LXXVIII, p\u00e1g. 313). Denunciada una de las anteriores posibilidades, el impugnador debe acreditar que la falencia endilgada es manifiesta y, adem\u00e1s, que es trascendente por haber determinado la resoluci\u00f3n reprochada (\u2026). <\/p>\n
Acorde con la a\u00f1eja, reiterada y uniforme jurisprudencia de la Corporaci\u00f3n, el yerro f\u00e1ctico ser\u00e1 evidente o notorio, \u201ccuando su s\u00f3lo planteamiento haga brotar que el criterio\u201d del juez \u201cest\u00e1 por completo divorciado de la m\u00e1s elemental sind\u00e9resis; si se quiere, que repugna al buen juicio\u201d, lo que ocurre en aquellos casos en que \u00e9l \u201cest\u00e1 convicto de contraevidencia\u201d (sentencias de 11 de julio de 1990 y de 24 de enero de 1992), o cuando es \u201cde tal entidad que a primer golpe de vista ponga de manifiesto la contraevidencia de la determinaci\u00f3n adoptada en el fallo combatido con la realidad que fluya del proceso\u201d (sentencia 146 de 17 de octubre de 2006, exp. 06798-01); dicho en t\u00e9rminos diferentes, significa que la providencia debe aniquilarse cuando aparezca claro que \u201cse estrell\u00f3 violentamente contra la l\u00f3gica o el buen sentido com\u00fan, evento en el cual no es nada razonable ni conveniente persistir tozudamente en el mantenimiento de la decisi\u00f3n so pretexto de aquella autonom\u00eda\u201d (G. J., T. CCXXXI, p\u00e1gina 644)\u00bb (CSJ SC 21 feb. 2012, rad. 2004-00649-01, reiterada en CSJ SC131-2018, 12 feb.). <\/p>\n
Con similar orientaci\u00f3n, se ha sostenido que <\/p>\n
\u00ab(…) partiendo de la base de que la discreta autonom\u00eda de los juzgadores de instancia en la apreciaci\u00f3n de las pruebas conduce a que los fallos lleguen a la Corte amparados en la presunci\u00f3n de acierto, es preciso subrayar que los errores de hecho que se les endilga deben ser ostensibles o protuberantes para que puedan justificar la infirmaci\u00f3n del fallo, justificaci\u00f3n que por lo tanto no se da sino en tanto quede acreditado que la estimaci\u00f3n probatoria propuesta por el recurrente es la \u00fanica posible frente a la realidad procesal, tornando por lo tanto en contraevidente la formulada por el juez; por el contrario, no producir\u00e1 tal resultado la decisi\u00f3n del sentenciador que no se aparta de las alternativas de razonable apreciaci\u00f3n que ofrezca la prueba o que no se impone frente a \u00e9sta como afirmaci\u00f3n il\u00f3gica y arbitraria, es decir, cuando s\u00f3lo se presente apenas como una posibilidad de que se haya equivocado. Se infiere de lo anterior, entonces, que cualquier ensayo cr\u00edtico sobre el \u00e1mbito probatorio que pueda hacer m\u00e1s o menos factible un nuevo an\u00e1lisis de los medios demostrativos apoyados en razonamientos l\u00f3gicos, no tiene virtualidad suficiente para aniquilar una sentencia si no va acompa\u00f1ado de la evidencia de equivocaci\u00f3n por parte del sentenciador (\u2026)\u00bb (CSJ SC, 8 sep. 2011, rad. 2007-00456-01). <\/p>\n
Las normas sustanciales tambi\u00e9n pueden ser transgredidas como consecuencia del desconocimiento de las pautas probatorias que gobiernan el proceso. As\u00ed ocurre, a modo de ejemplo, cuando el juez estima un medio de convicci\u00f3n que carece de validez; deja de observar una probanza v\u00e1lida, pretextando que no lo era; omite decretar pruebas de oficio, cuando resultaban imperativas, o no aprecia los distintos elementos de juicio \u00aben conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica [y] sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos\u00bb (art\u00edculo 176, C\u00f3digo General del Proceso). <\/p>\n
Conviene precisar, adem\u00e1s, que como ha tenido la oportunidad de decantarlo la Corte, este tipo de error, <\/p>\n
\u00ab(…) para su acreditaci\u00f3n se impone realizar un ejercicio comparativo entre la sentencia y el correspondiente medio de persuasi\u00f3n, con la finalidad de evidenciar \u201cque, conforme a las reglas propias de la petici\u00f3n, decreto, pr\u00e1ctica o apreciaci\u00f3n de las pruebas, el juicio del sentenciador no pod\u00eda ser el que, de hecho, consign\u00f3. En consecuencia, si dijo que la prueba era apta para demostrar el hecho o acto, debe hacerse notar que no lo era en realidad; o si la desestim\u00f3 como id\u00f3nea, debe puntualizarse que s\u00ed era adecuada. Todo, con sujeci\u00f3n a las susodichas normas reguladoras de la actividad probatoria dentro del proceso, las cuales, en consecuencia, resultan quebrantadas, motivo por el cual y a fin de configurar el error, debe denunciarse su violaci\u00f3n\u201d (CSJ SC 6 abr. 2011, exp. 2004-00206-00)\u00bb (CSJ SC5676-2018, 19 dic.). <\/p>\n
Es imperioso destacar, en suma, que una acusaci\u00f3n de este linaje exige del casacionista <\/p>\n
\u00abdemostrar el error y se\u00f1alar su trascendencia en el sentido de la sentencia\u201d, seg\u00fan lo establece el literal a) del numeral 1\u00ba del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso. No basta con que se se\u00f1ale la existencia de una equivocaci\u00f3n por parte del juzgador \u201csino que adem\u00e1s se hace necesario mostrar su trascendencia, esto es, seg\u00fan tambi\u00e9n se tiene definido, poner de \u201c(\u2026) presente c\u00f3mo se proyect\u00f3 en la decisi\u00f3n\u201d (CSJ. AC. 26 de noviembre de 2014, rad. 2007-00234-01). <\/p>\n
Solo el error manifiesto, evidente y trascedente es susceptible de apoyar la causal de casaci\u00f3n que por esta v\u00eda dar\u00eda al traste con el pronunciamiento impugnado. Los yerros cuya incidencia determinante no aparezca demostrada, a pesar de su concurrencia, no bastan para infirmar la decisi\u00f3n mediante el recurso extraordinario\u00bb (CSJ SC876-2018, 23 mar.). <\/p>\n
3. El supuesto de hecho que exige la aplicaci\u00f3n de las solemnidades del art\u00edculo 1076 del C\u00f3digo Civil, y su prueba <\/p>\n
El embate de los censores por la v\u00eda indirecta busca demostrar c\u00f3mo una adecuada valoraci\u00f3n de las pruebas practicadas en el juicio, habr\u00eda llevado a concluir que el se\u00f1or Jos\u00e9 Tom\u00e1s Uribe Abad, si bien ten\u00eda una afecci\u00f3n visual, no se encontraba totalmente ciego como exige el art\u00edculo 1076 del C\u00f3digo Civil, norma que, a su juicio, s\u00f3lo se debe aplicar en casos en los que haya percepci\u00f3n negativa de la luz, por ambos ojos. <\/p>\n
Las consideraciones plasmadas al analizar el cargo encausado por la v\u00eda directa ser\u00edan suficientes para despachar desfavorablemente los ataques por la causal segunda de casaci\u00f3n, en tanto por esa senda se concluy\u00f3 que la norma no solo aplica a quien padece de ceguera total. <\/p>\n
Sin embargo, se har\u00e1n unas breves anotaciones para se\u00f1alar que es la demostraci\u00f3n del supuesto f\u00e1ctico de la \u00abceguera\u00bb la que determinar\u00e1, en cada caso, si el testador se encontraba en una situaci\u00f3n de afectaci\u00f3n visual tal, que hiciera exigibles las formalidades del art\u00edculo 1076 al momento de plasmar su memoria testamentaria. <\/p>\n
Como el entendimiento del t\u00e9rmino \u00abciego\u00bb del art\u00edculo 1076 est\u00e1 ligado a -y determinado por- el estado del arte de la ciencia m\u00e9dica, no es procedente establecer una definici\u00f3n \u00fanica de cara a la aplicaci\u00f3n de dicho art\u00edculo; sin embargo, es dable fijar una pauta jurisprudencial de interpretaci\u00f3n y an\u00e1lisis para casos similares, la cual pasa por aceptar, ineludiblemente, que para efectos de la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 1076 del C\u00f3digo Civil debe entenderse la \u00abceguera\u00bb como aquel estado de afectaci\u00f3n visual que implique la privaci\u00f3n total o parcial de la visi\u00f3n y que impida al testador cerciorarse, a trav\u00e9s de su propia lectura, de que la voluntad emitida como testamento es la suya. <\/p>\n
Bajo ese entendido, se analizar\u00e1n los ataques encausados por la v\u00eda indirecta, dirigidos a evidenciar la omisi\u00f3n y la indebida valoraci\u00f3n de pruebas que demostraban que el se\u00f1or Jos\u00e9 Tom\u00e1s Uribe Abad no era ciego al momento de otorgar el testamento contenido en la escritura p\u00fablica n\u00b0. 1.496 del 22 de agosto de 2013. <\/p>\n
Al descender al an\u00e1lisis probatorio, refulge con meridiana claridad que las pruebas cient\u00edficas de cuya indebida valoraci\u00f3n se acusa al Tribunal, demuestran que el testador efectivamente ten\u00eda una afectaci\u00f3n visual tal, que no le era posible constatar por sus propios medios la conformidad entre la voluntad por \u00e9l expresada y lo plasmado en la escritura contentiva del testamento. <\/p>\n
El ataque de los censores se basa en las siguientes conclusiones, que extraen de los dict\u00e1menes periciales y del testimonio t\u00e9cnico: (i) el perito Carlos Rebolledo sostuvo que el testador ni siquiera en su peor ojo ten\u00eda percepci\u00f3n negativa de la luz, aceptando que padec\u00eda de baja visi\u00f3n, (ii) el perito Gustavo V\u00e9lez afirm\u00f3 que el testador ten\u00eda baja visi\u00f3n, pero no ceguera -no percepci\u00f3n de luz-, y que no se puede afirmar con certeza que el testador no pudiera leer, (iii) la perito Mabel Ospina afirm\u00f3 que el testador si ve\u00eda y que su p\u00e9rdida de la visi\u00f3n fue parcial m\u00e1s no total; y (iv) el oftalm\u00f3logo tratante Juan Carlos Abad se\u00f1al\u00f3 que el testador no era totalmente ciego y que podr\u00eda haber le\u00eddo un documento con medios de magnificaci\u00f3n. <\/p>\n
Para los recurrentes extraordinarios, de estos medios de prueba se concluye que el testador no era ciego y que exist\u00edan posibilidades m\u00e9dicas de lectura en pacientes como \u00e9l, por lo que no hay raz\u00f3n para que el Tribunal haya considerado al se\u00f1or Uribe Abad como ciego. <\/p>\n
Frente a estos embates, debe decirse que los censores buscan imponer su especial consideraci\u00f3n de las pruebas, discutiendo la plausible valoraci\u00f3n del ad quem, lo que es ajeno al recurso extraordinario de casaci\u00f3n. Adem\u00e1s, las conclusiones se presentan ajenas al contexto de las experticias y declaraciones, cuya valoraci\u00f3n en conjunto permiti\u00f3 al Tribunal arribar a la conclusi\u00f3n hoy discutida. <\/p>\n
4.1 Dictamen pericial aportado por la parte demandante. <\/p>\n
En el dictamen pericial aportado con la demanda32, el oftalm\u00f3logo Carlos Rebolledo Espinosa se\u00f1al\u00f3 que una vez analizada la historia cl\u00ednica del se\u00f1or Jos\u00e9 Tom\u00e1s Uribe Abad, encontr\u00f3 que ella evidenciaba una degeneraci\u00f3n macular relacionada con la edad en ambos ojos que no present\u00f3 mejor\u00eda, la cual compromet\u00eda severamente su visi\u00f3n cercana y que \u00able imped\u00eda la lectura, aun con ayuda de lentes desde octubre de 2011\u00bb. <\/p>\n
En la audiencia del 4 de diciembre de 2018, el perito explic\u00f3 que analizada la historia cl\u00ednica desde 2008, se evidenciaba un deterioro de la visi\u00f3n del testador, siendo su agudeza visual desde el a\u00f1o 2010 menor a 20\/200, estando documentadas agudezas de 20\/800 y cuenta dedos -que muestran un mayor deterioro-, y que generan una incapacidad de lectura para ese paciente, quien presenta por tanto una causa irreversible de disminuci\u00f3n de la visi\u00f3n que le impide su visi\u00f3n cercana, es decir, su visi\u00f3n de lectura. <\/p>\n
Afirm\u00f3 el perito que, con la agudeza visual reportada en la historia cl\u00ednica para marzo de 2013, esto es, de 20\/400 en el ojo izquierdo y cuenta dedos en el ojo derecho, el se\u00f1or Uribe Abad no pod\u00eda leer. Inform\u00f3 tambi\u00e9n que no tuvo mejor\u00eda en su visi\u00f3n central a pesar de los tratamientos. Explic\u00f3 que la enfermedad del testador no afectaba su visi\u00f3n perif\u00e9rica, que le serv\u00eda para deambular sin golpearse y sin caerse, pero no para leer, y que conforme a lo reportado en la historia cl\u00ednica esa imposibilidad de lectura databa del a\u00f1o 2010. <\/p>\n
Al ser indagado por el concepto de \u00abceguera legal\u00bb, el perito afirm\u00f3 conocerlo y utilizarlo, correspondiendo a una visi\u00f3n igual o menor a 20\/200, seg\u00fan la OMS, y al ser preguntado sobre la ceguera indic\u00f3 que, seg\u00fan la historia cl\u00ednica, el testador si percib\u00eda la luz, pues la degeneraci\u00f3n macular no afecta la visi\u00f3n perif\u00e9rica ni causa ceguera total, entendida como la no percepci\u00f3n de luz, por lo que el padecimiento era de baja visi\u00f3n. <\/p>\n
4.2 Dictamen pericial ordenado de oficio <\/p>\n
Haciendo uso de sus facultades oficiosas, el a quo decret\u00f3 la pr\u00e1ctica de dictamen pericial por parte de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, que design\u00f3 a la oftalm\u00f3loga y retin\u00f3loga Mabel Cristina Ospina G\u00f3mez para rendir la experticia34, efectuada con base en la historia cl\u00ednica de oftalmolog\u00eda del testador entre el 13 de marzo de 2008 y el 4 de septiembre de 2013. <\/p>\n
Inform\u00f3 la experta que el testador ten\u00eda un diagn\u00f3stico de degeneraci\u00f3n macular y, despu\u00e9s de relacionar las variaciones de la agudeza visual a lo largo de los a\u00f1os, se\u00f1al\u00f3 que desde el 8 de septiembre de 2008 tuvo una visi\u00f3n igual o peor a 20\/400, que no mejor\u00f3 a pesar de los m\u00faltiples tratamientos. <\/p>\n
En atenci\u00f3n a los interrogantes formulados, inform\u00f3 la perito: \u00abla patolog\u00eda que padece el paciente se llama Degeneraci\u00f3n macular relacionada con la edad, la cual afecta espec\u00edficamente la visi\u00f3n central (visi\u00f3n de lectura) y considerando la definici\u00f3n de ceguera legal en Colombia, antes citada. El paciente padec\u00eda de ceguera legal desde el 8\/9\/2008 donde su agudeza visual para ese entonces, en el Ojo Derecho cuenta dedos y en el Ojo Izquierdo 20\/400; la cual no mejor\u00f3 a pesar de los m\u00faltiples tratamientos y ayudas \u00f3pticas hasta la \u00faltima revisi\u00f3n consignada en la historia cl\u00ednica en el 12\/03\/2013, la cual reporta una agudeza visual para el Ojo Derecho 20\/400- y para el Ojo Izquierdo cuenta dedos. Por lo tanto, concluyo que la degeneraci\u00f3n macular relacionada con la edad fue el causante de la p\u00e9rdida progresiva de visi\u00f3n de este paciente, conduci\u00e9ndolo a una ceguera legal.\u00bb <\/p>\n
En audiencia, la experta explic\u00f3 que en los t\u00e9rminos del Decreto 2156 de 1972, se considera ceguera legal la agudeza visual menor de 20\/200, que es una definici\u00f3n usada d\u00eda a d\u00eda en el \u00e1rea de la oftalmolog\u00eda. Explic\u00f3 que el se\u00f1or Jos\u00e9 Tom\u00e1s Uribe Abad sufri\u00f3 fluctuaciones en su agudeza visual35 pero no hubo cambios importantes desde el a\u00f1o 2008, pues tuvo en general una visi\u00f3n peor a 20\/400 que no mejor\u00f3, pese a que le adaptaron gafas -que no le sirvieron-, y a la pr\u00e1ctica de una cirug\u00eda de implantaci\u00f3n de lente intraocular. <\/p>\n
Conceptu\u00f3 que el se\u00f1or Uribe Abad ve\u00eda cuenta dedos en su ojo derecho, y 20\/400 en su ojo izquierdo, por lo que ten\u00eda baja visi\u00f3n y padec\u00eda, seg\u00fan la definici\u00f3n, de ceguera legal. Contrario a lo se\u00f1alado por los censores, quienes sostienen en su demanda que la perito insisti\u00f3 en que exist\u00edan posibilidades de que el paciente hubiera podido leer, lo cierto es que, al ser indagada por esa hip\u00f3tesis, repiti\u00f3 en varias oportunidades que la posibilidad de que con esa agudeza visual el testador hubiese podido leer eran muy remotas, pues ten\u00eda compromiso de su visi\u00f3n central, reafirm\u00e1ndose en esa baja probabilidad en tres oportunidades a lo largo de su declaraci\u00f3n. <\/p>\n
Al ser inquirida sobre el concepto m\u00e9dico de ceguera, la perito en forma contundente respondi\u00f3: \u00abno tenemos una definici\u00f3n m\u00e9dica, tenemos una definici\u00f3n \u201cceguera total\u201d es cuando el paciente no percibe la luz, \u201cceguera legal\u201d es la que ya hemos repetido en m\u00faltiples ocasiones, esas son las dos definiciones, ceguera m\u00e9dica como tal, no conozco el t\u00e9rmino\u00bb36. <\/p>\n
Ante las preguntas de los demandados, efectivamente se\u00f1al\u00f3 la perito que la p\u00e9rdida de la visi\u00f3n del se\u00f1or Jos\u00e9 Tom\u00e1s Uribe Abad fue parcial, pues la degeneraci\u00f3n macular no lleva a la ceguera total, entendida como percepci\u00f3n negativa de la luz. <\/p>\n
4.3 Dictamen pericial aportado por la parte demandada. <\/p>\n
El dictamen pericial aportado por la parte demandada37 fue, a decir de los censores, indebidamente valorado por parte del Tribunal, al desconocer que, seg\u00fan el oftalm\u00f3logo y retin\u00f3logo Gustavo Adolfo V\u00e9lez Ram\u00edrez, la degeneraci\u00f3n macular no lleva a la ceguera y hay casos en que pacientes con esa enfermedad pueden leer, puesto que ella no causa nunca ceguera total. <\/p>\n
Efectivamente, el experto llamado a controvertir el dictamen de la Universidad de Antioquia se\u00f1al\u00f3 que el testador present\u00f3 una degeneraci\u00f3n macular relacionada con la edad y que no present\u00f3 mejor\u00eda de su visi\u00f3n central a pesar del tratamiento suministrado. El dictamen transcribi\u00f3 hallazgos de agudeza visual, entre ellos el del 12 de marzo de 2013, as\u00ed: ojo derecho cuenta dedos y ojo izquierdo 20\/400. <\/p>\n
Como conclusi\u00f3n indic\u00f3 que la degeneraci\u00f3n macular relacionada con la edad afecta la porci\u00f3n central de la retina (m\u00e1cula) que es la encargada de la visi\u00f3n central, pero que con ella no se afecta la retina perif\u00e9rica y por ende no produce ceguera. Ya en audiencia, el perito sostuvo que la ceguera es la percepci\u00f3n negativa de la luz por ambos ojos, y que en la historia cl\u00ednica del testador no se registra ese dato, extendi\u00e9ndose en explicaciones generales de la oftalmolog\u00eda sin relacionarlas con la historia cl\u00ednica del se\u00f1or Jos\u00e9 Tom\u00e1s Uribe Abad. <\/p>\n
Al pregunt\u00e1rsele sobre el concepto de ceguera legal, respondi\u00f3 -despu\u00e9s de extensas explicaciones generales- que \u00abla visi\u00f3n es algo m\u00e1s complejo que la agudeza visual, ceguera legal se habla de menos de 20 grados de campo visual y 20\/200 de agudeza visual\u00bb38. <\/p>\n
Al tratar de concretar sus respuestas a la historia cl\u00ednica del testador, se le pregunt\u00f3 si con los datos consignados en ella el se\u00f1or Uribe Abad pod\u00eda leer documentos, a lo que contest\u00f3: \u00abdurante el examen es muy probable que no pudiera leer, muy probable, pero no absolutamente seguro\u00bb39, explay\u00e1ndose en casos hipot\u00e9ticos en los cuales un paciente con el mismo diagn\u00f3stico podr\u00eda leer. Ante la insistencia de dar respuesta concreta a la pregunta sobre la posibilidad de lectura del testador, el perito respondi\u00f3: \u00abyo no le podr\u00eda decir\u2026 pero\u2026 de pronto con un tama\u00f1o mayor, en fin, no s\u00e9, es probable que tuviera mucha dificultad, pero si, es decir, la visi\u00f3n central estaba afectada e indudablemente hab\u00eda dificultades para leer, de eso no cabe duda, ahora que con ayudas visuales pudiera leer, distinguir letras, en fin, ya es otra historia\u00bb40. <\/p>\n
Posteriormente se le puso de presente al perito el resultado de un examen de tomograf\u00eda axial computarizada del 21 de octubre de 2011, examen que el experto manifest\u00f3 desconocer al momento de rendir su informe. Revisado el resultado del examen el perito reconoci\u00f3 que en el caso del se\u00f1or Jos\u00e9 Tom\u00e1s Uribe Abad \u00absi es indudable que hab\u00eda dificultades para la visi\u00f3n fina, para la lectura, eso no se puede negar41 (\u2026), ese compromiso del \u00e1rea mayor, del \u00e1rea central, que no, ah\u00ed no es tanto, m\u00e1s por fuera del centro, m\u00e1s por fuera del centro, indica que el paciente probablemente, probablemente hay compromiso de la visi\u00f3n central, cierto, est\u00e1 comprometida la visi\u00f3n central42 (\u2026), por la agudeza visual si podemos decir que era mala43 (\u2026), con certeza uno no puede decir, pero s\u00ed que es bastante probable que est\u00e9 afectada la visi\u00f3n central, la visi\u00f3n de detalle pues\u00bb44. <\/p>\n
Finalmente, el perito se\u00f1al\u00f3 que Jos\u00e9 Tom\u00e1s Uribe Abad ten\u00eda la visi\u00f3n central comprometida, que una agudeza visual de 20\/400 significa que la visi\u00f3n de detalle est\u00e1 afectada y que con una agudeza visual de cuenta dedos no se puede leer. <\/p>\n
4.4 Testimonio t\u00e9cnico del oftalm\u00f3logo tratante. <\/p>\n
Alegan los censores la valoraci\u00f3n indebida de la declaraci\u00f3n del m\u00e9dico tratante Juan Carlos Abad Londo\u00f1o, quien manifest\u00f3 que el testador no era completamente ciego y que pod\u00eda haber le\u00eddo un documento con medios de magnificaci\u00f3n, de donde se concluye, seg\u00fan dicen, que el se\u00f1or Jos\u00e9 Tom\u00e1s Uribe Abad no s\u00f3lo no era ciego, sino que pod\u00eda leer con ayudas. <\/p>\n
Refulge aqu\u00ed el esfuerzo de los recurrentes por imponer una valoraci\u00f3n probatoria diferente a la del Tribunal, resaltando s\u00f3lo una parte de la declaraci\u00f3n del m\u00e9dico tratante y fuera de su real contexto. <\/p>\n
En audiencia del 28 de agosto de 2019, el oftalm\u00f3logo tratante del testador rindi\u00f3 su declaraci\u00f3n jurada, ordenada de oficio por el a quo, donde inform\u00f3 que para el 12 de marzo de 2013 el diagn\u00f3stico de Jos\u00e9 Tom\u00e1s Uribe era la degeneraci\u00f3n macular relacionada con la edad, enfermedad que afecta la visi\u00f3n central, m\u00e1s no la perif\u00e9rica; que no implica ceguera total ni afecta la parte mental del paciente. <\/p>\n
Al ser indagado puntualmente sobre la capacidad de lectura de su paciente, el oftalm\u00f3logo tratante inform\u00f3: \u00abPreguntado. Teniendo de presente el conocimiento cient\u00edfico que usted posee, \u00bfpodr\u00eda establecerse que la condici\u00f3n de la visi\u00f3n de Jos\u00e9 Tom\u00e1s le impidiera leer una escritura testamentaria? Contest\u00f3: si \u00e9l usara o hubiese usado un dispositivo de magnificaci\u00f3n, \u00e9l hubiera podido leer un documento de letra medianamente grande. (\u2026) Preguntado. En el estado en que \u00e9l se encontraba, \u00bfpod\u00eda leer cualquier documento? Contest\u00f3: No cualquier documento\u00bb46. <\/p>\n
As\u00ed mismo se le pregunt\u00f3 si en sus circunstancias, la condici\u00f3n de salud visual de Jos\u00e9 Tom\u00e1s Uribe Abad le imped\u00eda firmar un documento, a lo que contest\u00f3: \u00ab\u00e9l para saber qu\u00e9 estaba firmando, ten\u00eda que tener alg\u00fan tipo de ayuda \u00f3ptica o que se lo tuvieron que haber le\u00eddo.\u201d47 <\/p>\n
Con las preguntas de los apoderados el tratante reiter\u00f3 que la visi\u00f3n central del testador estaba afectada, aunque no padec\u00eda de ceguera total, que con ayudas \u00f3pticas podr\u00eda comprender lo que le\u00eda, por ejemplo, una lupa especial, sin embargo, en julio de 2012 le recet\u00f3 al paciente unas gafas, que le incomodaron y no le sirvieron para leer. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el alegato de los censores se basa en apartes de las exposiciones de los peritos y del m\u00e9dico tratante, que se presentan cercenadas buscando imponer las conclusiones que favorecer\u00edan su posici\u00f3n y dejando de lado el hecho de que todos los expertos coincidieron en la severa afectaci\u00f3n de la visi\u00f3n central o de lectura del testador, seg\u00fan los datos consignados en su historia cl\u00ednica de oftalmolog\u00eda, incluso el perito llevado al proceso por los recurrentes. <\/p>\n
Por otra parte, le asiste raz\u00f3n al Tribunal cuando se\u00f1al\u00f3 que las conclusiones del dictamen pericial del m\u00e9dico V\u00e9lez Ram\u00edrez se acompasan con los dem\u00e1s dict\u00e1menes periciales rendidos en el proceso: el perito se extendi\u00f3 en explicaciones generales y situaciones hipot\u00e9ticas, pero cuando se vio obligado a concretar sus respuestas a la historia cl\u00ednica del testador, reconoci\u00f3 que en el caso espec\u00edfico del se\u00f1or Uribe Abad, su visi\u00f3n cercana o de lectura estaba severamente comprometida y era poco probable que pudiera leer por sus propios medios. <\/p>\n
Sobre la prueba cient\u00edfica, se\u00f1al\u00f3 la Corte recientemente: <\/p>\n
\u00abRecu\u00e9rdese que tanto las afirmaciones de los testigos t\u00e9cnicos, como las conclusiones contenidas en una experticia, resultan valiosas para el proceso en tanto vengan precedidas de explicaciones suficientes, que brinden al juez herramientas para su valoraci\u00f3n racional. Conforme con ello, al valorar una prueba de este tipo, el fallador debe contar con elementos de juicio que le permitan determinar, a partir de bases objetivas, el grado de credibilidad que ameritan las afirmaciones del testigo t\u00e9cnico o el perito, diferenciando as\u00ed sus apreciaciones t\u00e9cnicas de las simples opiniones subjetivas, carentes de bases fundadas\u00bb. (CSJ SC 4425-2021, 5 oct.) <\/p>\n
Los tres dict\u00e1menes periciales coinciden en una base objetiva que es la historia cl\u00ednica del oftalm\u00f3logo tratante, en virtud de la cual los expertos dieron cuenta de la severa afectaci\u00f3n de la visi\u00f3n central del testador, que hac\u00eda muy remotas las posibilidades de lectura. Coincidieron tambi\u00e9n los peritos en el conocimiento del t\u00e9rmino de \u00abceguera legal\u00bb, en los valores de agudeza visual que deben presentarse para que se pueda hablar de ella, y en el uso de la locuci\u00f3n en el \u00e1rea de la oftalmolog\u00eda. <\/p>\n
A juicio del ad quem, estas pruebas cient\u00edficas mostraban claramente la existencia de la afectaci\u00f3n visual que padec\u00eda el testador para la \u00e9poca de otorgamiento del testamento cuestionado, pruebas que, valoradas en forma integral, respaldan sus conclusiones respecto a la imposibilidad de lectura del se\u00f1or Jos\u00e9 Tom\u00e1s Uribe Abad, por lo que ning\u00fan reproche cabe al juzgador de segundo grado. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no puede abrirse paso la acusaci\u00f3n de alteraci\u00f3n del contenido de los dict\u00e1menes periciales ni del testimonio t\u00e9cnico del m\u00e9dico tratante. <\/p>\n
En este punto debe resaltarse, por ser objeto espec\u00edfico de ataque, que la perito designada por la Universidad de Antioquia afirm\u00f3 que el testador padec\u00eda de \u00abceguera legal\u00bb; definida en el art\u00edculo 6 del Decreto 2156 de 1972. Por ello, sostiene la opugnaci\u00f3n que en el dictamen se conceptu\u00f3 sobre un punto de derecho, siendo ello inadmisible. <\/p>\n
Pasan por alto los censores -en este caso tambi\u00e9n el ad quem-, que la disposici\u00f3n citada no corresponde a un art\u00edculo del citado Decreto, sino a los estatutos del Instituto Nacional para Ciegos, que fueron aprobados por aqu\u00e9l. Su simple lectura as\u00ed lo evidencia: <\/p>\n
\u00abArt\u00edculo tercero. Apru\u00e9base el Acuerdo 27 de 1969, por el cual el Consejo Directivo del Instituto Nacional para Ciegos dict\u00f3 sus estatutos, cuyo texto es el siguiente: <\/p>\n
\u201c(\u2026) <\/p>\n
Art\u00edculo 6\u00b0. Se consideran como casos de ceguera los siguientes: <\/p>\n
a) Ausencia total de la vista, o <\/p>\n
b) Agudeza visual no superior a un d\u00e9cimo (1\/10) en el mejor ojo despu\u00e9s de correcci\u00f3n, o <\/p>\n
c) Limitaci\u00f3n en el campo visual hasta un \u00e1ngulo no mayor de veinte grados. <\/p>\n
Establ\u00e9cese como definici\u00f3n de semi-videncia: agudeza visual entre un d\u00e9cimo (1\/10) y tres d\u00e9cimos (3\/10) en el mejor ojo despu\u00e9s de correcci\u00f3n. <\/p>\n
Par\u00e1grafo. Ambos grupos se denominan \u00abLimitados visuales\u00bb.\u00bb <\/p>\n
Los estatutos transcritos y aprobados por el Decreto 2156 simplemente se\u00f1alan tres casos considerados como ceguera en el marco de funciones del Instituto, sin incluir definici\u00f3n alguna sobre la \u00abceguera legal\u00bb, clasificaci\u00f3n que responde entonces al uso aceptado en oftalmolog\u00eda (recu\u00e9rdese que todos los peritos reconocieron y explicaron el t\u00e9rmino) y reconocido por la OMS, (como tambi\u00e9n se\u00f1alaron los expertos), por lo que no se encuentra aqu\u00ed ning\u00fan punto de derecho sobre el que le estuviera vedado conceptuar a la especialista de la Universidad de Antioquia. <\/p>\n
4.5. Omisi\u00f3n de pruebas testimoniales y documentales <\/p>\n
Finalmente, consideran los recurrentes que el ad quem pretiri\u00f3 pruebas que demostraban que el testador no estaba ciego, tales como los testimonios de sus allegados que dan cuenta de las actividades que realizaba, el testimonio de la Notaria que dio fe de la legalidad del otorgamiento del testamento, los documentos contentivos de los consentimientos informados firmados por el testador a lo largo de sus procesos de atenci\u00f3n en salud, y la historia cl\u00ednica del hogar \u201cH\u00e1bitat\u201d para la tercera edad, donde se describen las habilidades del testador para su cuidado personal. <\/p>\n
Sobre las declaraciones de los allegados presuntamente preteridas, encuentra la Corte que el Tribunal efectivamente se refiri\u00f3 a las declaraciones de los testigos Ana Mar\u00eda Bacci y Ricardo Harry Hoyos, se\u00f1alando que el a quo no los analiz\u00f3 porque exist\u00eda suficiente concepto cient\u00edfico que permit\u00eda determinar el estado de la visi\u00f3n del testador, que era el objeto de esos testimonios. <\/p>\n
Consider\u00f3 el Tribunal que la determinaci\u00f3n de la ceguera obedece a una serie de par\u00e1metros t\u00e9cnicos y cient\u00edficos cuya especialidad escapa al criterio de la generalidad de las personas, de modo tal que, por m\u00e1s que los seres cercanos al testador, como estos testigos, tuvieran su propio concepto frente a la calidad de su visi\u00f3n, la legitimidad de esa determinaci\u00f3n compete a los expertos, por lo que esas declaraciones no aportaban valor de cara al objeto del proceso, pues la determinaci\u00f3n de la capacidad visual exige conocimientos espec\u00edficos en el \u00e1rea de la oftalmolog\u00eda y la optometr\u00eda, que los testigos no tienen. <\/p>\n
Verificados los testimonios echados de menos por los recurrentes, encuentra la Corte que el se\u00f1or Ricardo Harry Hoyos, yerno de la demandada Luz Elena Ceballos, manifest\u00f3 que el testador no requer\u00eda ayuda para desplazarse ni para comer, que estaba en sus cabales, era de car\u00e1cter fuerte y que nunca vio signos de discapacidad visual. La testigo Ana Mar\u00eda Bacci manifest\u00f3 que ve\u00eda al testador cinco o seis veces al a\u00f1o, que ten\u00eda plena lucidez en sus actos y emociones, que se movilizaba solo, iba a centros comerciales y que ella nunca presenci\u00f3 un incidente o la necesidad de ser ayudado, por lo que concluye que no ten\u00eda ninguna discapacidad. <\/p>\n
Estos testimonios muestran el desenvolvimiento del testador en actividades cotidianas, lo cual se acompasa con lo expuesto por los peritos, al se\u00f1alar que al no haber perdido la visi\u00f3n perif\u00e9rica, el se\u00f1or Uribe Abad podr\u00eda desplazarse; sin embargo le asiste raz\u00f3n al Tribunal al se\u00f1alar que estas declaraciones no son suficientes para acreditar o desvirtuar lo dicho por los expertos respecto de la capacidad visual del testador, que es el objeto de la litis, por lo que no se est\u00e1 en presencia de una omisi\u00f3n de la prueba, sino ante un disenso de los censores con la valoraci\u00f3n dada por el ad quem a la capacidad demostrativa de esas declaraciones. <\/p>\n
Sobre la importancia de la prueba cient\u00edfica en casos en los que se debe determinar la existencia de alguna condici\u00f3n m\u00e9dica, tiene dicho la Corte de anta\u00f1o: <\/p>\n
\u00abEs el dictamen pericial m\u00e9dico, en cada caso, el que puede llevar al juzgador a una conclusi\u00f3n fundada, y el que permite, cuando es un\u00e1nime, darle el car\u00e1cter de plena prueba como ense\u00f1a el art\u00edculo 722 del C\u00f3digo Judicial. Es dif\u00edcil en realidad, y hasta muy grave, que el juzgador en virtud de apreciaciones testimoniales, de personas no expertas en la ciencia m\u00e9dica, pueda concluir que una persona adolezca de una enfermedad. Como el juzgador no es experto tampoco en esas materias, de ah\u00ed que deba asesorarse y atenerse generalmente a lo que los peritos, en cada materia, dictaminen en su arte, profesi\u00f3n u oficio. Si le bastaran \u00fanicamente las declaraciones que se adujeran a los autos, de personas inexpertas, no s\u00f3lo fallar\u00eda el Juez como t\u00e9cnico en asuntos que desconoce, sino har\u00eda innecesario el dictamen pericial, conclusi\u00f3n inadmisible\u00bb. (CSJ SC 6 oct., 1942, GJ LIV, n. 1989) <\/p>\n
Acusan tambi\u00e9n al juzgador de haber omitido la declaraci\u00f3n de la Notaria Segunda de Medell\u00edn, al considerarla intrascendente, situaci\u00f3n que a decir de los inconformes atenta contra la funci\u00f3n notarial, pues la testigo dio fe de haber entrevistado al se\u00f1or Uribe Abad sin advertir signos de ceguera o discapacidad. <\/p>\n
Es cierto que el ad quem no valor\u00f3 la declaraci\u00f3n de la Notaria, sin embargo, dicho yerro no tiene la virtualidad de variar la decisi\u00f3n que se fundament\u00f3 en la prueba cient\u00edfica que daba cuenta de la grave afectaci\u00f3n visual que padec\u00eda el testador. Analizada la declaraci\u00f3n preterida, encuentra la Corte que, lejos de dar claridad sobre lo acontecido en el otorgamiento del testamento, genera incluso m\u00e1s dudas sobre la adecuada formaci\u00f3n y expresi\u00f3n de la voluntad del se\u00f1or Jos\u00e9 Tom\u00e1s Uribe Abad y su autenticidad. <\/p>\n
Del testimonio de la funcionaria se desprende que el testador no le dict\u00f3 a ella la que ser\u00eda su \u00faltima voluntad, sino que la misma ya ven\u00eda contenida en una minuta entregada directamente a la Notar\u00eda por la abogada de los hoy recurrentes, lo que impide tener certeza de si esa voluntad transcrita en una minuta reflejaba en realidad el aut\u00e9ntico querer del testador. <\/p>\n
Si bien la Notaria manifest\u00f3 haber entrevistado al testador sin observar ning\u00fan impedimento, esta situaci\u00f3n por s\u00ed sola no desvirt\u00faa el fundamento de la sentencia, pues como qued\u00f3 establecido con el testimonio t\u00e9cnico del m\u00e9dico tratante, la condici\u00f3n de salud del se\u00f1or Uribe Abad (la degeneraci\u00f3n macular causada por la edad y sus secuelas) no era perceptible por terceros y exig\u00eda la realizaci\u00f3n de pruebas m\u00e9dicas para su determinaci\u00f3n; y adem\u00e1s el dicho de la funcionaria, al ser contrario a lo que muestra la evidencia m\u00e9dica, afecta sin duda la credibilidad de su declaraci\u00f3n. <\/p>\n
Manifest\u00f3 la Notaria que el testador firm\u00f3 libremente y sin ayuda, relatando ella misma la turbaci\u00f3n del se\u00f1or Uribe Abad al no poder hacer la firma correctamente, y aceptando una vez se le puso de presente la escritura, que los n\u00fameros de c\u00e9dula y direcci\u00f3n bajo la firma del testador no fueron puestos por \u00e9l, se\u00f1alando que, quiz\u00e1s, alguien le ayud\u00f3, reforzando as\u00ed la duda existente sobre la validez del acto. <\/p>\n
Por lo anterior, respecto de las declaraciones omitidas en la valoraci\u00f3n seg\u00fan los impugnantes, el cargo no prospera, porque los dos primeros testimonios echados de menos si fueron evaluados por el Tribunal, al paso que la omisi\u00f3n del tercero resulta intrascendente en la medida en que en nada cambia la decisi\u00f3n tomada y por ende, no afecta el fundamento toral de la sentencia impugnada. <\/p>\n
Finalmente, acusan los recurrentes al Tribunal de preterir pruebas documentales que daban cuenta de las \u00abhabilidades visuales y de lectura\u00bb del testador, como los consentimientos informados firmados por el se\u00f1or Uribe Abad a solicitud de su m\u00e9dico tratante, quien era seg\u00fan el juzgador la \u00fanica persona con idoneidad suficiente para determinar si estaba en condiciones de firmar documentos. Afirman que el Tribunal debi\u00f3 concluir, con base en la sana cr\u00edtica, que solo si el testador estaba en condiciones de leer y firmar los consentimientos informados, su m\u00e9dico tratante demandar\u00eda de \u00e9l la suscripci\u00f3n de los documentos necesarios para intervenirlo quir\u00fargicamente. <\/p>\n
As\u00ed mismo, se\u00f1alan la omisi\u00f3n de la historia cl\u00ednica del hogar \u201cH\u00e1bitat\u201d para la tercera edad, donde, seg\u00fan sostienen los censores, se describen sus habilidades para el cuidado personal. Argumentan que al no decir la historia que el testador era ciego, de ello se desprende que era un paciente \u00abcon capacidad visual suficiente para planear y ejecutar tareas\u00bb. <\/p>\n
Sobre estos embates, debe se\u00f1alarse que no fueron objeto de an\u00e1lisis por parte del juzgador de segunda instancia puesto que no hicieron parte de los reparos concretos formulados por los recurrentes en la apelaci\u00f3n, por lo tanto, dichas pruebas no fueron debatidas ante el ad quem. <\/p>\n
Pese a lo anterior, debe decirse que esa omisi\u00f3n no tiene la virtualidad de derruir los pilares de la decisi\u00f3n, puesto que seg\u00fan testimonio t\u00e9cnico del oftalm\u00f3logo tratante, la firma de una persona es un acto de memoria muscular, por lo que no se necesita ver para poder firmar, lo que da al traste con la argumentaci\u00f3n relacionada con el consentimiento informado. <\/p>\n
Respecto de la historia cl\u00ednica del centro \u201cH\u00e1bitat\u201d48, obvian los censores se\u00f1alar que en ella consta que uno de los diagn\u00f3sticos de ingreso del se\u00f1or Uribe Abad a esa instituci\u00f3n el d\u00eda 8 de octubre de 2013, fue la \u00abdisminuci\u00f3n [de la] agudeza visual\u00bb, y que en la misma historia esa disminuci\u00f3n se refiere como \u00abmarcada\u00bb; por lo que, en conjunto con sus dem\u00e1s diagn\u00f3sticos, el paciente ingres\u00f3 a la instituci\u00f3n como \u00abtotalmente dependiente\u00bb, anotaciones que, por el contrario, respaldar\u00edan las conclusiones del juzgador de segundo grado. <\/p>\n
Ni qu\u00e9 decir de las fotograf\u00edas cuya valoraci\u00f3n se echa de menos, cuando se tiene establecido que el padecimiento sufrido por el se\u00f1or Uribe Abad no era perceptible a simple vista, como inform\u00f3 su m\u00e9dico tratante, omisi\u00f3n que adem\u00e1s, es intrascendente. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el alegato de los censores no ataca la totalidad de las conclusiones probatorias del Tribunal, ni las omisiones constatadas configuran error de tal dimensi\u00f3n que permita sostener que la tesis del Tribunal es contraevidente, con lo que no se encuentra acreditada la pifia f\u00e1ctica denunciada. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que el cargo por error de hecho debe comprender la totalidad de las deducciones probatorias sobre las cuales se apoy\u00f3 la providencia discutida (completitud), enfilarse con precisi\u00f3n absoluta hacia dichas conclusiones (enfoque), y demostrar la dimensi\u00f3n del error, de modo que se muestre tan grave y notorio que su sola exhibici\u00f3n sugiera que las tesis del Tribunal son contrarias a toda evidencia49, lo cual, en este caso, no se ha cumplido. <\/p>\n
Por lo anterior, los cargos no prosperan. <\/p>\n
7. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Los cargos no est\u00e1n llamados al \u00e9xito, pues no se encontr\u00f3 falta de aplicaci\u00f3n, aplicaci\u00f3n indebida o interpretaci\u00f3n err\u00f3nea de las normas sustanciales denunciadas, ni se demostr\u00f3 un yerro f\u00e1ctico trascendental que permita derruir los cimientos de la decisi\u00f3n del ad quem, raz\u00f3n por la cual la sentencia impugnada queda inc\u00f3lume. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. NO CASAR la sentencia de 24 de marzo de 2021, proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, en el proceso declarativo de nulidad de testamento que promovi\u00f3 Mar\u00eda Luc\u00eda Uribe Abad contra Luz Elena Ceballos Abad y otros. <\/p>\n
SEGUNDO. CONDENAR a los impugnantes extraordinarios al pago de las costas procesales. En la liquidaci\u00f3n respetiva, incl\u00fayanse seis millones de pesos ($6.000.000), por concepto de agencias en derecho. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase, <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Cuyos sustitutos procesales son Juan Guillermo Campuzano Uribe, Mar\u00eda Eugenia y Liliana Franco Campuzano. <\/p>\n
2\u0002 Los textos solo difieren en algunos argumentos adicionales expuestos en los respectivos cargos, pero en estricto sentido se trata de la misma demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
3\u0002 \u201cEn casos excepcionales, la ley prescribe la observancia de ciertas solemnidades para el perfeccionamiento de los actos jur\u00eddicos, lo que equivale a exigir que la voluntad se exprese en forma predeterminada para que se tenga por emitida. La falta de dichas solemnidades obstaculiza la formaci\u00f3n o perfeccionamiento de tales actos jur\u00eddicos y conduce a que estos se reputen inexistentes\u201d. OSPINA FERN\u00c1NDEZ, Guillermo. Teor\u00eda General del Contrato y del Negocio Jur\u00eddico. Editorial Temis, S\u00e9ptima Edici\u00f3n, Bogot\u00e1, 2021, p\u00e1g. 84. <\/p>\n
4\u0002 \u201cSin embargo, puede suceder que dicho acto, existiendo jur\u00eddicamente, sea inv\u00e1lido por adolecer de un vicio que afecte su viabilidad y lo condene a muerte. As\u00ed, puede ocurrir que (\u2026) habi\u00e9ndose observado las solemnidades legales, se haya omitido alguno de los requisitos atinentes a ellas.\u201d Ib\u00eddem, p\u00e1g. 84. <\/p>\n
5\u0002 \u00abLa palabra autonom\u00eda tiene distintos significados. En el significado m\u00e1s amplio y gen\u00e9rico, indica toda posibilidad de autodeterminaci\u00f3n y, por tanto, las capacidades activas, los poderes, los derechos subjetivos. En su significaci\u00f3n m\u00e1s espec\u00edfica, que corresponde a su etimolog\u00eda, indica: subjetivamente, la potestad de darse a un ordenamiento jur\u00eddico y, objetivamente, el car\u00e1cter propio de un ordenamiento jur\u00eddico en el que los individuos o entidades se constituyen por s\u00ed, en contraposici\u00f3n al car\u00e1cter de los ordenamientos que para ellos son constituidos por otros\u00bb Charles Fried, Contract as Promise. A Theory of Contractual Obligation, Harvard University Press, Cambridge Mass, and London, 1981, p\u00e1g. 2. <\/p>\n
6\u0002 A este respecto, no puede olvidarse que al lado de la libertad para testar se encuentra la libertad testamentaria, figuras cuya diferencia no se contrae a un aspecto estrictamente sem\u00e1ntico, dado que la segunda se refiere a aquello que puede hacer el testador en ejercicio de su autodeterminaci\u00f3n y no en obedecimiento a un deber legalmente impuesto. sin que signifique un deber jur\u00eddico. Representa el margen de acci\u00f3n auton\u00f3mico en su disposici\u00f3n testamentaria. <\/p>\n
7\u0002 Dice la sentencia: \u00abDesde la ciencia del derecho civil alem\u00e1n de la primera mitad del siglo XIX, el negocio jur\u00eddico (rechtsgeschaft) ha sido definido como una declaraci\u00f3n de la voluntad expl\u00edcita o resultante de un comportamiento concluyente orientada a producir los efectos determinados por quienes lo ajustan, que el orden legal tutela en cuanto son jur\u00eddicamente relevantes; conocido este amplio espectro, ha sido concebido como la principal manifestaci\u00f3n de la autonom\u00eda privada, no s\u00f3lo por cuanto comprende todos aquellos actos a trav\u00e9s de los cuales resulten comprometidos los intereses, sean unilaterales, bilaterales, espont\u00e1neos o forzados, obligatorios o de disposici\u00f3n propiamente dichos, sino porque constituye, per se, el instrumento adecuado para que los sujetos regulen, gobiernen y disciplinen los derechos mediante preceptos particulares y espec\u00edficos de obligada atenci\u00f3n, con capacidad bastante para generar la producci\u00f3n de por lo menos una consecuencia jur\u00eddica, ya se trate del nacimiento, modificaci\u00f3n, transmisi\u00f3n o extinci\u00f3n de una prerrogativa subjetiva, o para establecer un estado o situaci\u00f3n de id\u00e9ntica naturaleza, para cuyo vigor es indispensable que exista una intenci\u00f3n libre y, adem\u00e1s, querer los fines concretos del negocio\u00bb. <\/p>\n
8\u0002 \u00abEn el \u00e1mbito de los actos jur\u00eddicos, el negocio se distingue como acto mediante el cual el sujeto dispone de la propia esfera jur\u00eddica, esto es, como acto de autonom\u00eda privada\u00bb BIANCA, C. Massimo, Derecho Civil, T. 3, El Contrato, 2\u00aa edici\u00f3n, ed. Externado, p\u00e1g. 38. <\/p>\n
9\u0002 La etimolog\u00eda ubica el origen de la palabra en la expresi\u00f3n latina contire cum: sentir con otro. <\/p>\n
10\u0002 Real Academia Espa\u00f1ola, edici\u00f3n del Tricentenario: https:\/\/dle.rae.es <\/p>\n
11\u0002 \u00abEl acto humano, en el cual sus ingredientes psicof\u00edsicos se compenetran y se influyen \u00edntima y rec\u00edprocamente, se desarrolla por medio de un proceso que, en sus lineamientos generales, se puede describir as\u00ed: la mente concibe la idea del acto por realizar; la raz\u00f3n combina esta idea con otras que obran como m\u00f3viles o motivos en pro o en contra de ella, hasta llegar a la selecci\u00f3n o juicio favorable de la o de las que adquieren el car\u00e1cter de m\u00f3viles o motivos determinantes que ponen en movimiento la voluntad libre del agente, y producida la volici\u00f3n, si est\u00e1 llamada a trascender del fuero interno, se exterioriza conforme a la naturaleza del acto de que se trate\u00bb OSPINA FERN\u00c1NDEZ, Op. Cit., p\u00e1g. 25. <\/p>\n
12\u0002 Al respecto comenta Savigny, citado por Bianca, que \u00abla voluntad necesita de un signo mediante el cual hacerse reconocible a los dem\u00e1s y este signo es la declaraci\u00f3n\u00bb. Esto, por cuanto \u00abla voluntad \u201ccomo hecho sicol\u00f3gico meramente interno, es algo de suyo inasible e incontrolable\u201d y que puede tener relevancia jur\u00eddica solamente en cuanto se traduzca en un hecho social\u00bb. Bianca, ob. cit., p\u00e1gs. 39 y 40. <\/p>\n
13\u0002 OSPINA FERN\u00c1NDEZ, Op. Cit., p\u00e1g. 98. <\/p>\n
14\u0002 Sobre este puntual, tiene decantado la Corte: \u00abEn virtud de la garant\u00eda de la autonom\u00eda de la voluntad privada y, tambi\u00e9n, de la garant\u00eda de la justicia en ese amplio campo de la actividad de las personas, el ordenamiento positivo exige que la manifestaci\u00f3n de voluntad sea consciente y libre, esto es, que no est\u00e9 afectada por irregularidades que gen\u00e9ricamente son denominadas en la ley y en la doctrina vicios del consentimiento, los cuales son error, fuerza y dolo. La fuerza o violencia es la presi\u00f3n f\u00edsica o moral que se ejerce sobre una persona para obtener su consentimiento, la cual infunde miedo o temor en la misma. El dolo es toda especie de artificio para enga\u00f1ar a otro sujeto del negocio jur\u00eddico y que induce o provoca un error en \u00e9l. El error, por su parte, consiste en la falta de correspondencia entre la representaci\u00f3n mental del sujeto y la realidad, es decir, en el conocimiento no verdadero o falso de la realidad. Se distingue de la ignorancia, en cuanto \u00e9sta consiste en la ausencia de conocimiento. Estos vicios de la voluntad est\u00e1n sancionados en el ordenamiento civil colombiano con la nulidad relativa, que s\u00f3lo puede ser declarada por el juez a pedimento de la parte en cuyo beneficio ha sido establecida\u00bb (CSJ SC 29 nov., 2006, exp. D6349). <\/p>\n
15\u0002 Recientemente la Sala anot\u00f3: \u00abLa libertad y la dignidad de la persona, como valores fundantes, exigen que la asunci\u00f3n del riesgo mencionado sea consentida, de forma suficientemente informada. Por consiguiente, salvo casos realmente excepcionales (v.gr. la atenci\u00f3n de urgencias vitales), el m\u00e9dico tratante deber\u00e1 exponer, de manera oportuna, objetiva, completa, clara, razonable, equilibrada, precisa y leal, la opci\u00f3n terap\u00e9utica elegida, las alternativas posibles, los beneficios buscados y los riesgos que, previsiblemente, pudiera comportar para el paciente ese tratamiento, de modo que, sobre esa base, este \u00faltimo pueda expresar su voluntad al respecto (\u2026). La ausencia de consentimiento informado, pues, solo resulta trascendente cuando acaece, sin culpa del galeno, un riesgo previsible, no informado ni asumido por el paciente, ya que, bajo ese supuesto, s\u00ed es posible asignar, total o parcialmente, el gravamen de reparaci\u00f3n de las secuelas del resultado adverso al profesional m\u00e9dico\u00bb (CSJ SC3604-2021, 25 ago.). <\/p>\n
16\u0002 Al respecto ha puntualizado esta Corporaci\u00f3n: \u00ab\u2026cuando los c\u00f3nyuges o compa\u00f1eros permanentes dan su consentimiento informado para que la mujer quede embarazada mediante las t\u00e9cnicas de inseminaci\u00f3n artificial, el hijo concebido de esa forma durante el matrimonio o la uni\u00f3n marital de hecho, se presume que tiene por padres a los c\u00f3nyuges o compa\u00f1eros; en cuyo caso \u00e9stos podr\u00e1n ejercer la acci\u00f3n de impugnaci\u00f3n de la paternidad prevista en el art\u00edculo 214 del C\u00f3digo Civil mediante la demostraci\u00f3n de la ausencia o vicio del consentimiento al momento de autorizar el proceso de reproducci\u00f3n asistida. Por ello, la impugnaci\u00f3n de la filiaci\u00f3n no es ni puede ser id\u00e9ntica en todos los casos, porque si se trata de una filiaci\u00f3n por inseminaci\u00f3n artificial ser\u00e1 absolutamente irrelevante que el padre impugnante intente demostrar la ausencia del v\u00ednculo consangu\u00edneo, toda vez que es evidente que el hijo producto de la inseminaci\u00f3n heter\u00f3loga no es su descendiente biol\u00f3gico; por lo que el padre s\u00f3lo podr\u00e1 atacar la presunci\u00f3n pater ist est mediante la demostraci\u00f3n de la ausencia de su consentimiento para realizar el proceso de procreaci\u00f3n artificial. (\u2026) El consentimiento es, entonces, uno de los criterios que junto al lazo gen\u00e9tico ha reconocido el ordenamiento jur\u00eddico para determinar la filiaci\u00f3n.\u00bb (CSJ SC6359-2017, 10 may.). <\/p>\n
17\u0002 As\u00ed mismo, se\u00f1al\u00f3 la Corte Constitucional en sentencia C-284 de 2015: \u00abel Constituyente regul\u00f3 el sistema de fuentes tomando como referente principal a las autoridades judiciales a quienes les corresponde definir, en \u00faltima instancia, lo que se encuentra jur\u00eddicamente ordenado, prohibido o permitido. Es por ello que el art\u00edculo 230 inicia prescribiendo que \u201clos jueces en sus providencias se encuentran sometidos al imperio de la ley\u201d y se\u00f1ala que son criterios auxiliares de la actividad judicial la doctrina, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la equidad\u00bb. <\/p>\n
18\u0002 Al respecto, en la sentencia C-557 de 2001, la Corte Constitucional precis\u00f3 que: \u00abSi bien el control de constitucionalidad de las normas es un control abstracto porque no surge de su aplicaci\u00f3n en un proceso particular, ello no significa que el juicio de exequibilidad deba efectuarse sin tener en cuenta el contexto dentro del cual la norma fue creada (i.e. su nacimiento), y dentro del cual ha sido interpretada (i.e. ha vivido). En fin: en buena medida, el sentido de toda norma jur\u00eddica depende del contexto dentro del cual es aplicada\u00bb. As\u00ed mismo, se ha reconocido que \u00abdentro de las m\u00faltiples dimensiones de ese contexto \u2013bien sea la ling\u00fc\u00edstica, que permite fijar su sentido natural, o bien la sociol\u00f3gica, que hace posible apreciar sus funciones reales- se destaca la actividad de los expertos que han interpretado los conceptos t\u00e9cnicos que ella contiene y que los han aplicado a casos concretos\u00bb. Se subraya. <\/p>\n
19\u0002 Sobre este aspecto, Valencia Zea sostiene: \u00ab(\u2026) por eso debemos cuidarnos de confundir e identificar el derecho con la ley escrita. \u00c9sta s\u00f3lo puede revelarnos una parte del fen\u00f3meno jur\u00eddico; al jurista y al juez corresponden dirigirse a la realidad social y buscar all\u00ed el derecho en toda su integridad y pureza\u00bb. VALENCIA ZEA, Arturo. Curso de Derecho Civil Colombiano. Tomo I, Volumen 1, Librer\u00eda Siglo XX, Bogot\u00e1, 1945, p\u00e1g. 18. <\/p>\n
20\u0002 Cita propia del texto. Sentencia C-372 de 2011. <\/p>\n
21\u0002 Cita propia del texto. Ib\u00edd. <\/p>\n
22\u0002 Cita propia del texto. Sentencia C-713 de 2008. <\/p>\n
23\u0002 Cita propia del texto. Ib\u00edd <\/p>\n
24\u0002 Al respecto puede verse la p\u00e1gina 359 de la Gaceta Judicial citada, donde salta a la vista que lo transcrito no es una consideraci\u00f3n de la Corte, sino una reproducci\u00f3n del argumento de la sentencia impugnada. <\/p>\n
25\u0002 Sentencia del 19 de agosto de 1954, Gaceta Judicial, Tomo LXXVIII n\u00b0 2145, Magistrado Ponente: Dar\u00edo Echand\u00eda. <\/p>\n
26\u0002 Sentencia del 10 de abril de 1957, Gaceta Judicial, Tomo LXXXV n\u00b0 2181-2185, Magistrado Ponente: Daniel Anzola Escobar. <\/p>\n
27\u0002 Sentencia del 27 de septiembre de 1994, Corte de Apelaciones de Valpara\u00edso, Rol 1698-1993. <\/p>\n
28\u0002 La redacci\u00f3n actual de la norma es la siguiente: Art\u00edculo 695. El testador expresar\u00e1 oralmente, por escrito o mediante cualquier medio t\u00e9cnico, material o humano su \u00faltima voluntad al Notario. Redactado por este el testamento con arreglo a ella y con expresi\u00f3n del lugar, a\u00f1o, mes, d\u00eda y hora de su otorgamiento y advertido el testador del derecho que tiene a leerlo por s\u00ed, lo leer\u00e1 el Notario en alta voz para que el testador manifieste si est\u00e1 conforme con su voluntad. Si lo estuviere, ser\u00e1 firmado en el acto por el testador que pueda hacerlo y, en su caso, por los testigos y dem\u00e1s personas que deban concurrir. Si el testador declara que no sabe o no puede firmar, lo har\u00e1 por \u00e9l y a su ruego uno de los testigos. Cuando el testador tenga dificultad o imposibilidad para leer el testamento o para o\u00edr la lectura de su contenido, el Notario se asegurar\u00e1, utilizando los medios t\u00e9cnicos, materiales o humanos adecuados, de que el testador ha entendido la informaci\u00f3n y explicaciones necesarias y de que conoce que el testamento recoge fielmente su voluntad. <\/p>\n
29\u0002 Esta consideraci\u00f3n no es absoluta, debido a que se ha aceptado la posibilidad de que se escriba el testamento con letras del alfabeto braille. <\/p>\n
31\u0002 Ley 1680 del 20 de noviembre de 2013, \u00abpor la cual se garantiza a las personas ciegas y con baja visi\u00f3n, el acceso a la informaci\u00f3n, a las comunicaciones, al conocimiento y a las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n y de las comunicaciones\u00bb. <\/p>\n
32\u0002 Obrante a folio 22 del expediente. <\/p>\n
33\u0002 Audiencia 4 de diciembre de 2018, minuto 9:28. <\/p>\n
34\u0002 Obrante a folio 508 y siguientes del expediente. <\/p>\n
35\u0002 La experta explic\u00f3 que la Escala de Snell es la que se usa en oftalmolog\u00eda para medir objetivamente la agudeza visual, donde el numerador significa que el paciente est\u00e1 viendo a 20 pies y el denominador es lo que ve realmente. Lo ideal es que vea 20\/20 y a medida en que el denominador va aumentando, el paciente va perdiendo visi\u00f3n; as\u00ed, va empeorando la visi\u00f3n con valores de 20\/400, 20\/800, pasando despu\u00e9s a cuenta dedos, pues entre m\u00e1s grande es el denominador, peor es la agudeza visual. <\/p>\n
36\u0002 Audiencia del 4 de diciembre de 2018, minuto 1:57:01. <\/p>\n
37\u0002 Obrante a folio 554 y siguientes del expediente. <\/p>\n
38\u0002 Audiencia del 4 de diciembre de 2018, minuto 0:56:50 <\/p>\n
39\u0002 Audiencia del 4 de diciembre de 2018, minuto 1:00:51 <\/p>\n
40\u0002 Audiencia del 4 de diciembre de 2018, minuto 1:03:10 <\/p>\n
41\u0002 Audiencia del 4 de diciembre de 2018, minuto 1:08:20 <\/p>\n
42\u0002 Audiencia del 4 de diciembre de 2018, minuto 1:08:38 <\/p>\n
43\u0002 Audiencia del 4 de diciembre de 2018, minuto 1:09:28 <\/p>\n
44\u0002 Audiencia del 4 de diciembre de 2018, minuto 1:10:08 <\/p>\n
45\u0002 El m\u00e9dico tratante relat\u00f3 c\u00f3mo los pacientes que en consulta fingen una afectaci\u00f3n visual, simulan que no pueden firmar, siendo esa una de las pruebas que los especialistas practican para evidenciar la realidad del padecimiento, pues una persona que no ve si puede firmar por ser ese un acto de memoria muscular. <\/p>\n
46\u0002 Audiencia del 18 de agosto de 2019, minuto 11:50 <\/p>\n
47\u0002 Audiencia del 18 de agosto de 2019, minuto 17:12 <\/p>\n
48\u0002 Obrante a folio 941 y siguientes del expediente. <\/p>\n
49\u0002 Cfr. CSJ SC, 9 ago. 2010, rad. 2004-00524-01, entre otras. <\/p>\n
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SC5040-2021 (2019-00279-01) LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente SC5040-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 05001-31-10-009-2019-00279-01 Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de diciembre dos mil veintiuno (2021). Se decide el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto por los demandados frente a la sentencia de 24 de marzo de 2021, proferida por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[43],"tags":[],"class_list":["post-59916","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59916","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59916"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59916\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59916"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59916"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59916"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}