SC5107-2021 (2015-00707-01)<\/p>\n
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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
SC5107-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-31-03-005-2015-00707-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de once de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por Enrique D\u00e1vila Lozano EDL S.A.S., Dise\u00f1os Interventor\u00edas y Servicios S.A.S. e Ingenieros Proyectos Consultor\u00edas IPC S.A.S., frente a la sentencia proferida el 13 de septiembre de 2018 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en el proceso verbal que en su contra y la de \u00c1lvaro Jos\u00e9 Soto Garc\u00eda promovi\u00f3 Concesi\u00f3n Autopista Bogot\u00e1 Girardot S.A. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La demandante solicit\u00f3 declarar a los convocados como sus codeudores solidarios en cuant\u00eda de $1.784\u2019960.696 cada uno, por el pago que aquella realiz\u00f3 a la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica en cumplimiento al fallo de responsabilidad fiscal 6-010-09; en consecuencia deprec\u00f3 condenar a cada accionado a reintegrarle esa cantidad, con intereses liquidados a la tasa m\u00e1xima permitida legalmente desde el 19 de enero de 2015 y hasta cuando se verifique el pago. <\/p>\n
2. Como soporte f\u00e1ctico de tales pretensiones relat\u00f3, en resumen, que a trav\u00e9s de prove\u00eddo 064 de 13 de junio de 2014, la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica la declar\u00f3 fiscalmente responsable en compa\u00f1\u00eda de los ac\u00e1 enjuiciados, y los conden\u00f3 a todos a pagar, en forma solidaria, $8.924\u2019803.482,05. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que tras esta determinaci\u00f3n la Direcci\u00f3n de Jurisdicci\u00f3n Coactiva de la Contralor\u00eda inici\u00f3 juicio coercitivo y libr\u00f3 mandamiento de pago por el citado capital m\u00e1s intereses, lo cual totaliz\u00f3 $9.347\u2019325.685,26, que pag\u00f3 la concesi\u00f3n Autopista Bogot\u00e1 Girardot S.A. el 19 de enero de 2015, dando lugar a la terminaci\u00f3n del rito compulsivo. <\/p>\n
Por ende, a\u00f1adi\u00f3, por aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 1579 del C\u00f3digo Civil y a ra\u00edz del aludido desembolso, se subrog\u00f3 en la acci\u00f3n del acreedor inicial, limitada al valor de cada codeudor en la obligaci\u00f3n. <\/p>\n
3. Una vez vinculadas al pleito, las sociedades encartadas se opusieron a las pretensiones y propusieron una excepci\u00f3n meritoria, carente de seud\u00f3nimo, en la cual adujeron que con ocasi\u00f3n del contrato de Concesi\u00f3n Bogot\u00e1 Girardot suscrito por el Instituto Nacional de Concesiones \u00abINCO\u00bb y la demandante, ambas empresas signaron los otros\u00edes 8 y 15, que permitieron a la \u00faltima recibir $8.924\u2019482.000 en exceso, en tanto los pagos que deb\u00eda recibir fueron liquidados con inflaci\u00f3n superior a la certificada por el DANE. <\/p>\n
Al detectar tal anomal\u00eda y despu\u00e9s de adelantar el tr\u00e1mite pertinente, la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica conden\u00f3 a la Concesi\u00f3n Autopista Bogot\u00e1 Girardot S.A. a devolver el dinero recibido en exceso e hizo lo propio por solidaridad pasiva respecto de Enrique D\u00e1vila Lozano EDL S.A.S., Dise\u00f1os Interventor\u00edas y Servicios S.A.S., Ingenieros Proyectos Consultor\u00edas IPC S.A.S. y \u00c1lvaro Jos\u00e9 Soto Garc\u00eda, este en condici\u00f3n de gerente del INCO para la \u00e9poca de los hechos, las tres empresas anteriores por no acatar en debida forma su funci\u00f3n como integrantes del consorcio interventor del contrato Concesi\u00f3n Bogot\u00e1 Girardot. <\/p>\n
Por ende, concluyeron las enjuiciadas, es inviable la subrogaci\u00f3n solicitada en tanto el inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 1579 del C\u00f3digo Civil requiere que los deudores tuvieran cuota o parte en la deuda, lo que no ocurri\u00f3, pues la convocante fue la \u00fanica que recibi\u00f3 los dineros entregados en exceso por el INCO, que a la postre devolvi\u00f3 en el proceso coactivo; o en defecto deber\u00e1 acreditarse la cuota en la cual cada uno de los convocados fue beneficiado con los pagos que en exceso entreg\u00f3 el INCO a la accionante. <\/p>\n
4. \u00c1lvaro Jos\u00e9 Soto Garc\u00eda, tras ser notificado personalmente del auto admisorio de la contienda, guard\u00f3 silencio. <\/p>\n
5. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bogot\u00e1, una vez agotadas las fases del juicio, con sentencia de 10 de octubre de 2017 accedi\u00f3 a las pretensiones y declar\u00f3 infundada la defensa planteada. <\/p>\n
6. Al resolver la apelaci\u00f3n interpuesta por las empresas demandadas, con prove\u00eddo de 13 de septiembre de 2018 el superior confirm\u00f3 la decisi\u00f3n. <\/p>\n
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
1. El juzgador ad-quem inicialmente encontr\u00f3 satisfechos los presupuestos procesales, inexistente vicio de nulidad que impusiera invalidar lo actuado, record\u00f3 que su competencia estaba limitada a los reparos sustentados por las recurrentes en contra de la sentencia de primera instancia y evoc\u00f3 el instituto de la subrogaci\u00f3n. <\/p>\n
2. Seguidamente coligi\u00f3 pac\u00edficos los hechos esbozados por la demandante, por las convocadas en su excepci\u00f3n meritoria y extract\u00f3 impr\u00f3spera la alzada, porque la condena emanada de la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica, que recay\u00f3 sobre todos los intervinientes en esta litis, as\u00ed como el pago efectuado por la peticionaria, no corresponden a devoluci\u00f3n de dineros entregados en exceso, sino a la condena solidaria de tipo fiscal, lo cual torna inaplicable el inciso 2\u00b0 el art\u00edculo 1579 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
Por ende, en caso de inconformidad con esa condena y la solidaridad all\u00ed impuesta, al alcance de los recurrentes estaba impugnarla ante la propia Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica. <\/p>\n
Entonces, oper\u00f3 la subrogaci\u00f3n a que alude el canon 1668 de la obra en cita, a favor de la accionante, como consecuencia del pago que realiz\u00f3 de una obligaci\u00f3n que le repercut\u00eda con los ac\u00e1 enjuiciados y que habilita a aquella para repetir contra estos por la cuota de cada uno en tal deuda. <\/p>\n
3. Por \u00faltimo, refiri\u00f3 que la solidaridad impuesta en la condena fiscal genera para cada litigante la asunci\u00f3n de una parte igual del d\u00e9bito, lo que impone dividir en 5 secciones id\u00e9nticas los $9.347\u2019325.685,26 sufragados por la Concesi\u00f3n Autopista Bogot\u00e1 Girardot S.A. a la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica, c\u00e1lculo que totaliza $1.869.465.137,05 para cada uno; pero como en el libelo s\u00f3lo fue deprecada la devoluci\u00f3n individual de $1.784\u2019960.696, a este rubro debe limitarse la condena impuesta, como en efecto lo declar\u00f3 la juzgadora a-quo, y por no hacer m\u00e1s gravosa la situaci\u00f3n de los apelantes. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Las compa\u00f1\u00edas accionadas invocaron tres cargos contra la sentencia de tribunal, el primero aduce la vulneraci\u00f3n directa de la ley sustancial y los dos restantes aseveran que fue conculcada por la v\u00eda indirecta. <\/p>\n
La Corte iniciar\u00e1 el estudio por los \u00faltimos, al ser el orden l\u00f3gico, en raz\u00f3n a la necesidad de tener clarificados los hechos genitores del litigio antes de auscultar los preceptos legales que regulan tal situaci\u00f3n y, por ende, si ocurri\u00f3 la vulneraci\u00f3n de la ley sustancial por la senda recta. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
1. Fundada en el segundo motivo de casaci\u00f3n regulado en el canon 336 del C\u00f3digo General del Proceso, las empresas demandadas endilgan al fallo de segunda instancia la violaci\u00f3n, por v\u00eda indirecta, de los art\u00edculos 1579, 1626, 1666 a 1668 del C\u00f3digo Civil y 82 de la ley 1474 de 2011, como consecuencia de errores de hecho en la valoraci\u00f3n del acervo probatorio. <\/p>\n
2. En apoyo del reproche afirman las recurrentes que el juzgador ad-quem extra\u00f1\u00f3 la prueba seg\u00fan la cual la causa de la condena solidaria impuesta por la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica s\u00f3lo benefici\u00f3 a la demandante, lo que, seg\u00fan el tribunal, habr\u00eda implicado la desestimaci\u00f3n de las pretensiones del pliego introductor de la contienda, porque impon\u00eda el empleo del inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 1579 del C\u00f3digo Civil al concluir ausente de inter\u00e9s a las convocadas en relaci\u00f3n con los dineros que fueron entregados en exceso por el INCO. <\/p>\n
Sin embargo, omiti\u00f3 valorar los actos administrativos contenidos en los autos 064 de 13 de junio de 2014 y ORD-80112-0074-2014 de 28 de agosto de 2014, que en primera y segunda instancia, respectivamente, declararon la responsabilidad fiscal, dando cuenta de que los convocados no recibieron suma alguna de las cuantificadas en el fallo emitido por la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica, pues fueron condenados por no acatar en debida forma su funci\u00f3n como integrantes del consorcio interventor del contrato de Concesi\u00f3n Bogot\u00e1 Girardot suscrito por el Instituto Nacional de Concesiones \u00abINCO\u00bb y la demandante; todo lo cual desembocaba en la inviabilidad de la subrogaci\u00f3n legal pretendida en este juicio. <\/p>\n
3. Igualmente fue preterida la confesi\u00f3n del representante legal de la accionante, quien acept\u00f3 los hechos descritos en precedencia. <\/p>\n
4. Como la sentencia asumi\u00f3 que la Concesi\u00f3n Autopista Bogot\u00e1 Girardot S.A. fue la \u00fanica que recibi\u00f3 los dineros pagados en exceso por el INCO, lo cual no le mereci\u00f3 reproche, transgredi\u00f3 el art\u00edculo 1579 del C\u00f3digo Civil, al no darle a los demandados la condici\u00f3n de fiadores de la demandante. <\/p>\n
CARGO TERCERO <\/p>\n
1. Al amparo de la segunda causal de casaci\u00f3n prevista en el canon 336 del C\u00f3digo General del Proceso, las empresas enjuiciadas endilgaron al fallo de segunda instancia la violaci\u00f3n, por v\u00eda indirecta, de los art\u00edculos 1579, 1626 y 1666 a 1668 del C\u00f3digo Civil, como consecuencia de error de hecho en la valoraci\u00f3n del acervo probatorio. <\/p>\n
2. De nuevo aseveran que el fallador de \u00faltima instancia extra\u00f1\u00f3 la prueba de que la causa de la condena solidaria impuesta por la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica s\u00f3lo benefici\u00f3 a la promotora, lo cual, manifiestan, fue afirmado por el juez colegiado y habr\u00eda implicado la desestimaci\u00f3n de lo pedido al forzar el uso del inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 1579 del C\u00f3digo Civil, para colegir carente de inter\u00e9s a las convocadas en relaci\u00f3n con los dineros que fueron entregados en exceso por el INCO. <\/p>\n
A\u00f1adieron que la providencia cuestionada estableci\u00f3, a trav\u00e9s de una operaci\u00f3n aritm\u00e9tica, que a cada uno de los demandados correspond\u00eda devolver a la demandante una quinta parte del valor de la condena fiscal impuesta por la Contralor\u00eda, pero no precis\u00f3 el elemento de convicci\u00f3n del cual extrajo esa porci\u00f3n, dejando al descubierto que supuso una presunci\u00f3n. <\/p>\n
Tal yerro f\u00e1ctico gener\u00f3 la inaplicaci\u00f3n del inciso 2 del art\u00edculo 1579 del C\u00f3digo Civil y desemboc\u00f3 en la sentencia criticada, a pesar de que no era posible establecer la cuota de cada una de las recurrentes en la condena impuesta por la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Es pertinente indicar que, por entrar en vigencia de manera \u00edntegra el C\u00f3digo General del Proceso a partir del 1\u00ba de enero de 2016, al sub judice resulta aplicable ya que consagr\u00f3, en los art\u00edculos 624 y 625 numeral 5\u00ba, que los recursos, entre otras actuaciones, deber\u00e1n surtirse bajo \u00ablas leyes vigentes cuando se interpusieron\u00bb, tal cual sucede con el que ahora ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, en raz\u00f3n a que fue radicado con posterioridad a la fecha citada. <\/p>\n
2. El numeral 2\u00ba del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso consagra como requisito del escrito con que se promueve la casaci\u00f3n el de contener \u00ab[l]a formulaci\u00f3n, por separado, los cargos contra la sentencia recurrida, con la exposici\u00f3n de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n, en forma clara, precisa y completa.\u00bb <\/p>\n
Y es que este recurso, por su naturaleza extraordinaria, impone al censor el respeto de unas reglas t\u00e9cnicas orientadas a facilitar la comprensi\u00f3n de los argumentos con que pretende rebatir los sustentos del prove\u00eddo atacado. De ello se deriva la aplicaci\u00f3n del principio dispositivo, en cuya virtud esta Corporaci\u00f3n no puede subsanar las deficiencias observadas en la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed lo tiene advertido la Sala al exigir que \u00ab[s]in distinci\u00f3n de la raz\u00f3n invocada, deben proponerse las censuras mediante un relato hilvanado y claro, de tal manera que de su lectura emane el sentido de la inconformidad, sin que exista cabida para especulaciones o deficiencias que lo hagan incomprensible y deriven en deserci\u00f3n, m\u00e1xime cuando no es labor de la Corte suplir las falencias en que incurran los litigantes al plantearlos\u00bb (CSJ AC7250 de 2016, rad. 2012-00419-01). <\/p>\n
No podr\u00eda ser de otra forma, pues la impugnaci\u00f3n est\u00e1 en manos del recurrente, quien establece los motivos y las razones que en, su sentir, pueden dar lugar a la casaci\u00f3n, sin que el \u00f3rgano de conocimiento pueda sustituir al legitimado en su argumentaci\u00f3n, ya que asumir\u00eda el rol de un juez de instancia y suplantar\u00eda al censor1. <\/p>\n
3. Vistos los cuestionamientos segundo y tercero concluye esta Corporaci\u00f3n que no cumplen las exigencias formales que son imperativas para la casaci\u00f3n, por lo que se impone su desestimaci\u00f3n: <\/p>\n
3.1. En primer lugar, ambos cargos lucen desenfocados, en la medida en que es de rigor para quien acude a este mecanismo de defensa orientar acertadamente sus cr\u00edticas, lo que implica que debe atacar las razones, sean jur\u00eddicas o f\u00e1cticas, de la sentencia cuestionada. <\/p>\n
De all\u00ed que si para tales efectos son aducidas consideraciones ajenas a tal decisi\u00f3n, por una incorrecta o incompleta asunci\u00f3n de lo realmente plasmado en ella, la recriminaci\u00f3n no deba ser acogida, por no estar dirigida hacia los pilares de la providencia del fallador. <\/p>\n
Sobre tal tema esta Corporaci\u00f3n tiene establecido lo siguiente: <\/p>\n
(\u2026) \u2018la Corte ha se\u00f1alado que \u2018[d]e manera, pues, que en esas condiciones el reproche resulta desenfocado, en la medida en que no guarda una estricta y adecuada consonancia con lo esencial de la motivaci\u00f3n que se pretende descalificar\u2019 (\u2026) o que \u2018resulta desenfocado, pues deja de lado la raz\u00f3n toral de la que se vali\u00f3 el ad quem para negar las pretensiones (\u2026) Ignorado fue, entonces, el n\u00facleo argumentativo del fallo impugnado, haciendo del cargo una embestida carente de precisi\u00f3n, pues apenas comprende algunas de las periferias del asunto, lo cual anticipa su ineficacia para propiciar el pronunciamiento de la Corte.\u2019 (CSJ AC 23 nov. 2012, rad. 2006-00061-01). <\/p>\n
De tal falencia padecen los cargos bajo estudio, porque las recurrentes censuran la decisi\u00f3n del Tribunal porque este extra\u00f1\u00f3 la prueba de que la causa de la condena solidaria impuesta por la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica s\u00f3lo benefici\u00f3 a la demandante. <\/p>\n
Sin embargo, este requerimiento no fue expuesto en la sentencia de \u00faltima instancia, pues el juzgador precis\u00f3, contrariamente a lo aducido en los reproches, estar acreditados los hechos alegados por las partes, entre estos, las circunstancias que dieron lugar a la condena fiscal. <\/p>\n
En efecto, consider\u00f3 el fallo de segundo grado que: <\/p>\n
\u00ab\u2026tampoco hay discusi\u00f3n frente a la Responsabilidad Fiscal fallada el 13 de junio de 2014 en contra de los aqu\u00ed contendientes por la Oficina Jur\u00eddica de la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica, dentro del expediente N\u00b0 6-010-09, confirmada por el superior, Contralora General de la Rep\u00fablica el 28 de agosto de 2015, Radicado N\u00b0 ORD-80112-0074-2014. <\/p>\n
En la anterior decisi\u00f3n se conden\u00f3 a la CONCESI\u00d3N AUTOPISTA BOGOT\u00c1 GIRARDOT S.A. a las personas jur\u00eddicas ENRIQUE D\u00c1VILA LOZANO EDL S.A.S., DISE\u00d1OS INTERVENTOR\u00cdAS Y SERVICIOS DIS S.A.S., INGENIEROS PROYECTOS CONSULTOR\u00cdAS IPC S.D.S. y la natural \u00c1LVARO JOS\u00c9 SOTO GARC\u00cdA al pago de la suma de $8.924.803.482.05, por responsabilidad fiscal a t\u00edtulo de culpa grave y, solidariamente responsables\u2026. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Mediando el anterior estado de cosas se infiere que no le asiste raz\u00f3n al recurrente, al pretender desconocer una subrogaci\u00f3n legal sobre la base que no se benefici\u00f3 del dinero pagado de m\u00e1s a favor del actor, pues para la Sala resulta claro, que la condena y pago no obedeci\u00f3 a la devoluci\u00f3n de los dineros supuestamente solucionados de m\u00e1s, que permita dar aplicaci\u00f3n a las previsiones del inciso 2 del art\u00edculo 1579 del C\u00f3digo Civil reclamado, sino a una condena fiscal sustentada en la ocurrencia de una culpa grave imputada a los aqu\u00ed contendientes\u2026.\u00bb (Resaltado extra\u00f1o). <\/p>\n
De all\u00ed se desprende que el fallador colegiado no ech\u00f3 de menos la prueba del motivo por el cual fueron condenadas fiscalmente las sociedades demandadas, por ende, tampoco pretermiti\u00f3 que dicha causa s\u00f3lo benefici\u00f3 a la compa\u00f1\u00eda Concesi\u00f3n Autopista Bogot\u00e1 Girardot S.A. <\/p>\n
En otros t\u00e9rminos, el fallo criticado parti\u00f3 de la misma base f\u00e1ctica alegada por las impugnantes, esto es, que el pago en exceso objeto de la responsabilidad fiscal no fue recibido por Enrique D\u00e1vila Lozano EDL S.A.S., Dise\u00f1os Interventor\u00edas y Servicios DIS S.A.S., ni Ingenieros Proyectos Consultor\u00edas IPC S.D.S. <\/p>\n
Entonces, la consideraci\u00f3n del juzgador ad-quem fue dis\u00edmil a la esbozada en los cargos, pues tal autoridad judicial refiri\u00f3 que, independientemente de que la Concesi\u00f3n Autopista Bogot\u00e1 Girardot S.A. fue quien recibi\u00f3 los dineros entregados en exceso por el INCO, la responsabilidad fiscal declarada por la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica cobij\u00f3 a las empresas integrantes del consorcio interventor del contrato de concesi\u00f3n suscrito por aquellas entidades, a t\u00edtulo de culpa grave tras su omisi\u00f3n en el cumplimiento de sus deberes. <\/p>\n
Por consecuencia, los agravios bajo estudio fueron asim\u00e9tricos, por estar dirigidos a enjuiciar consideraciones del fallo del Tribunal que en verdad no est\u00e1n contenidas en \u00e9l, lo cual desemboca en su desestimaci\u00f3n. <\/p>\n
Igual falencia est\u00e1 contenida en la parte final del cargo tercero, al imputar al fallador de \u00faltima instancia otra consideraci\u00f3n ajena a \u00e9l, como quiera que el libelo casacional le endilga la suposici\u00f3n de la prueba de que a cada uno de los demandados correspond\u00eda el pago de la pluricitada condena fiscal en proporci\u00f3n de una quinta parte. <\/p>\n
Sin embargo, ese juzgador no refiri\u00f3 necesitar una prueba para proceder a la aludida divisi\u00f3n, en tanto la extrajo de la solidaridad declarada en contra de todos los contendientes. <\/p>\n
Con otras palabras, el Tribunal coligi\u00f3 que la satisfacci\u00f3n de una obligaci\u00f3n solidaria por parte de uno de los deudores le otorga a este el derecho de repetir contra cada uno de quienes estaban obligados, bajo el supuesto de que esta prerrogativa est\u00e1 limitada a la proporci\u00f3n de cada uno tras dividir la deuda original en partes iguales. <\/p>\n
Se trat\u00f3, sin m\u00e1s, de una consideraci\u00f3n netamente jur\u00eddica, esto es, alejada del marco f\u00e1ctico en tanto que -se itera- el tribunal no fundament\u00f3 tal determinaci\u00f3n en probanza de la cual estableciera el aludido porcentaje. <\/p>\n
Lo dicho traduce, por ende, que de nuevo el cargo revela su separaci\u00f3n del hilo argumentativo del prove\u00eddo de segunda instancia, en raz\u00f3n a que las recurrentes afirman que el tribunal supuso una prueba, no obstante que dicha colegiatura realmente erigi\u00f3 un argumento de pleno derecho, a su modo de ver, derivado del pago de una obligaci\u00f3n pasivamente solidaria. <\/p>\n
3.2. La consideraci\u00f3n inmediatamente anterior revela, por contera, otra falencia del ac\u00e1pite final del tercer embate casacional, cual es omitir invocar las normas sustanciales que, al decir de las inconformes, imped\u00edan establecer en una quinta parte el inter\u00e9s o cuota de cada una de las recurrentes en la condena impuesta por la Contralor\u00eda. <\/p>\n
Como las causales primera y segunda de casaci\u00f3n reguladas en el canon 336 del C\u00f3digo General del Proceso consisten en la violaci\u00f3n de la ley sustancial, es ineludible para quien recurre a este mecanismo extraordinario de defensa evocando esos motivos de inconformidad, sustentar su cr\u00edtica, entre otros requisitos, en la conculcaci\u00f3n de una norma que tenga ese linaje, sin que baste citar gen\u00e9ricamente las normas sustanciales que, a juicio del recurrente, habr\u00eda infringido el fallador de segundo grado. Por supuesto que tambi\u00e9n es forzoso demostrar que esos preceptos son la base esencial de la sentencia impugnada, o debieron serlo, conforme lo se\u00f1ala expresamente el par\u00e1grafo primero del art\u00edculo 344 de la obra en cita, as\u00ed como explicar de qu\u00e9 manera ocurri\u00f3 la transgresi\u00f3n y, por ende, su trascendencia en la decisi\u00f3n atacada. <\/p>\n
El aparte final del cargo tercero es muestra de la aludida pretermisi\u00f3n, en la medida en que no explic\u00f3 la forma en que, seg\u00fan nuestro ordenamiento sustantivo, deb\u00eda ser fraccionada la obligaci\u00f3n que deprec\u00f3 la demandante y a la cual accedieron los juzgadores de primera y segunda instancia, producto del pago que recibi\u00f3 la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica; o si la memorada divisi\u00f3n era inviable; es decir no se\u00f1al\u00f3 ninguna norma de derecho sustancial, \u00abque, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada\u00bb, conforme al citado par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
El olvido relievado genera la desestimaci\u00f3n del reproche extraordinario, porque el incumplimiento del requisito referido: <\/p>\n
(\u2026) deja incompleto el ataque, al decir de la Sala, \u2018(\u2026) en la medida en que se privar\u00eda a la Corte, de un elemento necesario para hacer la confrontaci\u00f3n con la sentencia acusada, no pudi\u00e9ndose, ex officio, suplir las deficiencias u omisiones en que incurra el casacionista en la formulaci\u00f3n de los cargos, merced al arraigado car\u00e1cter dispositivo que estereotipa al recurso de casaci\u00f3n\u2019. <\/p>\n
Desde luego, no cualquier precepto califica como sustancial, sino \u00fanicamente, cual lo tiene decantado esta Corporaci\u00f3n, si declara, crea, modifica o extingue una relaci\u00f3n jur\u00eddica concreta, esto es, cuando regula una situaci\u00f3n de hecho, seguida de una consecuencia jur\u00eddica. Carecen de esa connotaci\u00f3n, por lo tanto, las normas que definen fen\u00f3menos jur\u00eddicos o describen sus elementos, pues al ser tales, en l\u00ednea de principio, no atribuyen derechos subjetivos; tampoco, por lo mismo, las que regulan determinada actividad procesal o probatoria. (CSJ AC481 de 2016, rad. n\u00ba 2007-00070). <\/p>\n
3.3. En suma, los defectos anotados conllevan a la denegaci\u00f3n de los reproches segundo y tercero del escrito sustentador del mecanismo extraordinario planteado por las compa\u00f1\u00edas accionadas. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
1. Erigidas en la causal inicial de casaci\u00f3n regulada en el art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, las recurrentes aducen la violaci\u00f3n directa de los art\u00edculos 1524, 1579, 1626, 1666 a 1668 del C\u00f3digo Civil y 82 de la ley 1474 de 2011. <\/p>\n
2. Soportan su descontento en que la condena fiscal solidaria reca\u00edda sobre todos los litigantes -la cual tiene mera funci\u00f3n de garant\u00eda para el patrimonio p\u00fablico por mandato del art\u00edculo 82 de la ley 1474 de 2011- no repercut\u00eda en la forma en que opera la subrogaci\u00f3n legal, pues para este prop\u00f3sito era indispensable analizar el inter\u00e9s de cada codeudor en la obligaci\u00f3n, al tenor del inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 1579 del C\u00f3digo Civil, precepto que, entonces, fue inaplicado tras la errada interpretaci\u00f3n del inciso 1\u00b0 del mismo precepto, pues el tribunal se limit\u00f3 a verificar el pago hecho a favor del acreedor por un deudor solidario, que por ser liberatorio, a voces de la regla 1626 de la obra en cita, no habilitaba cobro en contra de los enjuiciados por v\u00eda de repetici\u00f3n ya que estos son meros fiadores. <\/p>\n
La subrogaci\u00f3n legal a que alude el numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 1668 del C\u00f3digo Civil, de un deudor solidario en la posici\u00f3n del acreedor, siempre est\u00e1 limitada respecto de cada codeudor solidario a la parte o cuota que este tenga en la deuda, por lo cual err\u00f3 el tribunal al considerar que dicha circunstancia era irrelevante. <\/p>\n
Por ende, el deudor solidario que paga la deuda se subroga en la posici\u00f3n del acreedor, siempre y cuando los dem\u00e1s codeudores tengan parte en la obligaci\u00f3n, de lo contrario la posici\u00f3n de estos ser\u00e1 de meros fiadores, condici\u00f3n que precisamente ostentan los convocados por no tener inter\u00e9s en la obligaci\u00f3n satisfecha por la demandante. <\/p>\n
De no ser as\u00ed, el eventual pago realizado por las compa\u00f1\u00edas recurrentes a favor de la demandante constituir\u00eda un enriquecimiento sin causa, en contrav\u00eda del canon 1524 de la obra en cita, porque no tendr\u00eda causa real y, por ende, un pago de lo no debido; de all\u00ed que la acci\u00f3n estaba llamada al fracaso. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La solidaridad es aquella caracter\u00edstica de la obligaci\u00f3n en la cual uno o varios de los extremos del negocio est\u00e1 conformado por diversas personas y que impide el fraccionamiento de la prestaci\u00f3n, a pesar de ser viable (art. 1568 C\u00f3digo Civil), en raz\u00f3n a que su principal prop\u00f3sito es conminar a cualquiera de los integrantes de esa parte plural a cumplir la totalidad de la prestaci\u00f3n, desde el punto de vista del deudor (art. 1571), o exigirla, si del acreedor se trata (art. 1570). <\/p>\n
Tal peculiaridad, entre otras connotaciones, culmina por renuncia del acreedor (art. 1574 ib\u00eddem); por causa de muerte de un deudor pero s\u00f3lo en relaci\u00f3n con este, no respecto de todos los deudores (art. 1580); y por el pago del d\u00e9bito (arts. 1626 y 1627). <\/p>\n
Esta \u00faltima modalidad de satisfacci\u00f3n puede ser ejecutada no s\u00f3lo por los obligados, tambi\u00e9n por un tercero, ya sea sin consentimiento de aquellos o incluso contra su voluntad. En la primera eventualidad ese tercero s\u00f3lo tendr\u00e1 acci\u00f3n de reembolso frente a los deudores, sin subrogarse en los derechos del acreedor (art. 1631 C.C.), mientras que en la segunda carecer\u00e1 de la prerrogativa a la devoluci\u00f3n, a menos que el acreedor le ceda su acci\u00f3n (art. 1632). <\/p>\n
Cuando el pago lo consuma uno de los deudores solidarios su principal secuela es la extinci\u00f3n de la deuda y, por contera, la aniquilaci\u00f3n de la solidaridad pasiva, en tanto s\u00f3lo ten\u00eda repercusi\u00f3n en relaci\u00f3n con el accipiens, no respecto de los deudores entre s\u00ed. <\/p>\n
Es decir, el cumplimiento total de la prestaci\u00f3n a favor del acreedor por uno de los deudores solidarios disipa tal solidaridad, radicada hasta entonces en hombros de todos los deudores, en raz\u00f3n a que a estos ya nada los ligar\u00e1 con aquel. <\/p>\n
No obstante, tal cual se desprende del numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 1668 ejusdem, a favor \u00abdel que paga una deuda a que se halla obligado solidaria o subsidiariamente\u00bb opera la subrogaci\u00f3n legal, aun contra la voluntad del acreedor. <\/p>\n
En este orden, la aludida extinci\u00f3n de la deuda desde el punto de vista del acreedor, resultado del pago realizado por quien hasta entonces era uno de los deudores solidarios, apareja otras consecuencias, esta vez \u00fanicamente entre quienes integraron el extremo pasivo de la obligaci\u00f3n, como es la subrogaci\u00f3n legal. <\/p>\n
De all\u00ed que, en concordancia con el numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 1668 mencionado, el inciso inicial de la regla 1579 de la compilaci\u00f3n legal en cita prev\u00e9 que \u00ab[e]l deudor solidario que ha pagado la deuda o la ha extinguido por alguno de los medios equivalentes al pago, queda subrogado en la acci\u00f3n del acreedor con todos sus privilegios y seguridades, pero limitada respecto de cada uno de los codeudores a la parte o cuota que tenga este codeudor en la deuda.\u00bb (Resaltado impropio). <\/p>\n
Traduce lo expuesto que el pago realizado por uno de los deudores solidarios a favor del acreedor inicial trae consigo una nueva obligaci\u00f3n, pero s\u00f3lo entre quienes conformaban el extremo pasivo de la primera prestaci\u00f3n, esta vez conjunta, es decir la que tiene por objeto una cosa divisible y existe a cargo de dos o m\u00e1s deudores o a favor de dos o m\u00e1s acreedores, en forma tal que cada deudor sea solamente obligado a su cuota o parte en la deuda y que cada acreedor apenas pueda pedir su parte o cuota en el cr\u00e9dito (art. 1568 y 1583). <\/p>\n
Dicha nov\u00edsima carga posee sus propias reglas, como que, por aplicaci\u00f3n del inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 2325 idem, \u00ab[s]i la deuda ha sido contra\u00edda por los comuneros colectivamente, sin expresi\u00f3n de cuotas, todos ellos, no habiendo estipulado solidaridad, son obligados al acreedor por partes iguales\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, al tratarse de presunci\u00f3n legal admite prueba en contrario, al tenor de la regla 66 del mismo ordenamiento, puesto que \u00ab\u2026se permitir\u00e1 probar la no existencia del hecho que legalmente se presume, aunque sean ciertos los antecedentes o circunstancias de que lo infiere la ley, a menos que la ley rechace expresamente esta prueba, supuestos los antecedentes o circunstancias\u2026\u00bb (Inciso 2\u00b0). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, al alcance de cualquier deudor est\u00e1 demostrar su cuota en el pasivo inicial, porque a esta se limitar\u00e1 la devoluci\u00f3n que naci\u00f3 en su contra en la nueva prestaci\u00f3n, surgida a ra\u00edz del pago cumplido por uno de los deudores solidarios o solvens. <\/p>\n
Incluso, nada obsta que uno de tales obligados carezca de inter\u00e9s en el compromiso originario, porque realmente lo contrajo de forma solidaria en aras de garantizar el pago al acreedor, eventualidad en la que, como lo consagra el inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 1579 citado, \u00ab[s]i el negocio para el cual ha sido contra\u00edda la obligaci\u00f3n, concern\u00eda solamente a alguno o algunos de los deudores solidarios, ser\u00e1n estos responsables entre s\u00ed, seg\u00fan las partes o cuotas que les correspondan en la deuda, y los otros codeudores ser\u00e1n considerados como fiadores.\u00bb (Resalt\u00f3 la Corte). <\/p>\n
As\u00ed lo tiene sentado la doctrina especializada, en referencia al art\u00edculo 1213 del C\u00f3digo Civil Franc\u00e9s o C\u00f3digo Napole\u00f3n, equivalente al canon 1579 del estatuto sustancial patrio, al exponer que \u00ab[u]na vez desinteresado el acreedor, la situaci\u00f3n cambia completamente: el v\u00ednculo de la solidaridad desaparece; nada tiene ya que hacer en adelante; entre los deudores, se convierte la obligaci\u00f3n en una obligaci\u00f3n conjunta; se divide entre ellos; cada uno de los asociados debe soportar en definitiva una parte de la carga obligatoria, debe contribuir al pago; as\u00ed se plantea el problema de la contribuci\u00f3n, es decir, de la repartici\u00f3n definitiva de la deuda: puede ocurrir que uno solo de los codeudores haya hecho el anticipo; hay que determinar en tal caso la incidencia definitiva de la carga (\u2026) Es normal que la convenci\u00f3n haya determinado la parte de cada uno en la deuda; ser\u00e1 exactamente obedecida. Si no es as\u00ed, se deber\u00e1 averiguar la medida en que el asunto interesa a cada uno de los codeudores: es posible que uno solo de ellos est\u00e9 comprometido, y entonces, los dem\u00e1s coobligados desempe\u00f1an, con relaci\u00f3n a \u00e9l -pero no frente al acreedor- el papel de caucioneros (art. 1216): si fuera aqu\u00e9l quien pag\u00f3 la deuda, no tendr\u00e1 recurso contra sus coobligados; en caso contrario, estos \u00faltimos ejercer\u00e1n contra \u00e9l un recurso \u00edntegro. Sin llegar a este caso l\u00edmite, ocurre que la operaci\u00f3n interese desigualmente a los codeudores: a uno, por la mitad, a los otros dos por una cuarta parte a cada uno; en esta medida desigual les incumbir\u00e1 definitivamente la carga de la deuda. Como no siempre es f\u00e1cil probar la parte de inter\u00e9s de cada uno, la ley ha establecido una presunci\u00f3n: considera que la operaci\u00f3n interesa igualmente a los codeudores que quedan obligados a la deuda, en sus relaciones rec\u00edprocas, cada uno por su cuota personal (art. 1213), esto, hasta m\u00e1s amplia informaci\u00f3n, hasta prueba en contrario: la presunci\u00f3n de igualdad es una presunci\u00f3n simple.\u00bb2 <\/p>\n
En igual sentido expositores nacionales aseveran que \u00ab[l]a solidaridad afecta directamente las relaciones entre el acreedor y los codeudores solidarios (vinculum), produciendo como efecto principal la necesidad en que cada uno de estos se encuentra de satisfacer la totalidad de la deuda; pero ello no significa que, ya en lo referente a las relaciones de los codeudores entre s\u00ed (commodum), cada uno haya de sufrir en forma definitiva el peso total de la obligaci\u00f3n. Por el contrario, una vez extinguido el v\u00ednculo entre el acreedor y los codeudores solidarios, la deuda se divide entre estos. (\u2026)\u00bb3 <\/p>\n
Y en cuanto al procedimiento para establecer el quantum que cada deudor est\u00e1 conminado a reintegrar a quien asumi\u00f3 el cr\u00e9dito inicial, el mismo autor refiri\u00f3: \u00ab[l]a obligaci\u00f3n se divide entre los codeudores a prorrata de sus cuotas en ella. De manera que, siendo la carga de cada deudor el criterio de la divisi\u00f3n, la obligaci\u00f3n puede resultar repartida en partes iguales o desiguales, y hasta es dable que un deudor quede completamente libre, en caso de no haber tenido inter\u00e9s alguno en la obligaci\u00f3n. La forma de la divisi\u00f3n de la deuda puede encontrarse ya establecida en la convenci\u00f3n, en cuyo caso se estar\u00e1 a lo dispuesto en esta. Y si los contratantes han guardado silencio al respecto, entonces es de presumir que todos los codeudores tienen un inter\u00e9s igual, y por consiguiente la obligaci\u00f3n se divide tambi\u00e9n por partes iguales entre todos ellos (\u2026) El C\u00f3digo Civil no reglamenta en forma expresa esta hip\u00f3tesis: pero la soluci\u00f3n indicada tiene asidero en el inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 2325, conforme al cual, si los comuneros contraen colectivamente una deuda sin expresi\u00f3n de cuotas, todos ellos, no habiendo estipulado solidaridad, son obligados al acreedor por partes iguales. Es decir, la ley presume que la obligaci\u00f3n contra\u00edda en com\u00fan por varias personas interesa por igual a todas ellas, presunci\u00f3n que se acomoda perfectamente al caso de que la obligaci\u00f3n sea solidaria y se trate de determinar las cuotas de los codeudores para el efecto de sus relaciones rec\u00edprocas. Pero es claro que esta presunci\u00f3n puede ser desvirtuada mediante prueba en contrario (\u2026) M\u00e1s a\u00fan, puede ocurrir que un codeudor solidario no tenga inter\u00e9s alguno en la deuda, sino que la haya contra\u00eddo para garantizar la obligaci\u00f3n de los otros codeudores. En este caso la solidaridad ha sido empleada como cauci\u00f3n: el codeudor que no tiene inter\u00e9s en la deuda es un fiador solidario que responde de la totalidad de ella frente al acreedor, pero que no participa en su divisi\u00f3n entre los codeudores (art. 1579).\u00bb4 <\/p>\n
De forma similar Fernando V\u00e9lez doctrin\u00f3, refiriendo al deudor que extingui\u00f3 la obligaci\u00f3n, que \u00ab[p]odemos decir que \u00e9sta no es solidaria sino respecto del acreedor, y que extinguida se convierte en divisible entre los deudores. Esto es consecuencia del principio tradicional en virtud del cual los deudores solidarios son asociados. (…) Del inciso 1\u00b0 de este art\u00edculo (1579) resulta que el deudor que extingue la deuda, puede exigir a los dem\u00e1s deudores su parte en ella. Ese mismo inciso y el 2\u00b0 establecen las reglas para la divisi\u00f3n de la deuda entre los deudores (\u2026) Una deuda puede ser solidaria en virtud de una convenci\u00f3n, de un testamento o de la ley (…). Puesto que el art\u00edculo 1570 no se refiere especialmente a una de esas tres clases de solidaridad pasiva, parece claro que las comprende todas, y que por lo mismo, si uno de los responsables de un delito paga los perjuicios consiguientes a este, tiene acci\u00f3n contra los otros delincuentes para que cada uno le satisfaga su parte de aquellos. (\u2026) Se ha aceptado la subrogaci\u00f3n para que el deudor que extingue la deuda, tenga acci\u00f3n de reembolso contra sus codeudores, porque es la que consulta la intenci\u00f3n de las partes que en la especie de asociaci\u00f3n que establecen al constituirse deudores solidarios, parten de la base de que todos deben contribuir al pago de la deuda com\u00fan en la proporci\u00f3n del inter\u00e9s de cada uno en la asociaci\u00f3n.\u00bb5 <\/p>\n
En cuanto ata\u00f1e a la proporci\u00f3n de la divisibilidad sent\u00f3 que \u00ab\u2026el inciso 1\u00b0 del art\u00edculo 1579, que es disposici\u00f3n especial, establece que la acci\u00f3n del deudor solidario que extingue la deuda, se limita \u2018respecto de cada uno de los codeudores a la parte o cuota que tenga cada codeudor en la deuda\u2019, principio corroborado en el inciso 2\u00b0 de aqu\u00e9l art\u00edculo, y que consulta la equidad y la conveniencia: la primera, porque satisfecho el acreedor, cada deudor debe contribuir con su parte en la deuda; la segunda, porque si al acreedor que extingue \u00e9sta se le diese acci\u00f3n contra sus codeudores por el total, aunque fuera con deducci\u00f3n de su cuota en la deuda, podr\u00eda haber muchos procedimientos que prolongar\u00edan sin motivo la terminaci\u00f3n del asunto. Lo justo y conveniente es que, satisfecho el acreedor, se liquide definitivamente la asociaci\u00f3n de los deudores pagando cada uno su parte en la deuda. (\u2026) La ley presume que todos los deudores tienen inter\u00e9s en la deuda, y que su inter\u00e9s es igual; pero como esta presunci\u00f3n no es de derecho, admite prueba en contrario (\u2026). Carecer\u00eda de raz\u00f3n la ley para presumir otra cosa. Luego cuando uno de los deudores extingue la deuda, bien porque la pague o porque haya confusi\u00f3n (art. 1727), o porque la compense con cr\u00e9dito propio o que se le haya cedido (art. 1577), o porque celebre novaci\u00f3n con el acreedor (art. 1576), etc., puede dirigirse contra cada uno de los dem\u00e1s deudores para que le reembolse una suma proporcional a la deuda (\u2026). Esto admite dos excepciones que requiere pruebas aducidas por quien alegue una de las dos. 1\u00aa. La establece el 2\u00b0 inciso del art\u00edculo 1579, seg\u00fan el cual \u2018si el negocio para el cual ha sido contra\u00edda la obligaci\u00f3n solidaria, concern\u00eda solamente a alguno o algunos de los deudores solidarios, ser\u00e1n estos responsables entre s\u00ed seg\u00fan las partes o cuotas que les correspondan en la deuda, y los otros codeudores ser\u00e1n considerados como fiadores\u2019. Puede examinarse dos casos que no modifican los lazos jur\u00eddicos entre el acreedor y sus deudores, sino las relacionas entre estos. a) Se extingue la deuda por el deudor o deudores a quienes \u00fanicamente concern\u00eda. (\u2026) nada puede exigir que le reembolsen [a quienes] siendo considerados fiadores (\u2026) b) La obligaci\u00f3n solidaria la extingue un deudor a quien no concierne (\u2026) Este s\u00f3lo tendr\u00e1 acci\u00f3n contra (\u2026) quien recibi\u00f3 dicha suma para su uso personal (\u2026) 2\u00aa. La deuda s\u00ed concierne a todos los deudores, pero no por partes iguales. (\u2026) El inciso 1\u00b0 del art\u00edculo 1579 limita la acci\u00f3n del deudor que extingue la obligaci\u00f3n contra cada uno de los dem\u00e1s deudores a la parte o cuota que tenga en la deuda; parece, pues, que a la cuota real y que, por lo mismo, el deudor que extingue la deuda para ejercer su acci\u00f3n contra cada uno de los codeudores debe justificarle cu\u00e1l es su parte real.\u00bb6 <\/p>\n
En id\u00e9ntico sentido se pronunci\u00f3 esta Corporaci\u00f3n, en sentencia de 23 de marzo de 2004, al se\u00f1alar: <\/p>\n
1\u00ba) El art\u00edculo 1579 del C. Civil ciertamente consagra que el deudor solidario que ha pagado la deuda \u201cqueda subrogado en la acci\u00f3n del acreedor con todos sus privilegios y seguridades, pero limitada respecto de cada uno de los codeudores a la parte o cuota que tenga este codeudor en la deuda\u201d, y si el negocio para el cual ha sido contra\u00edda la obligaci\u00f3n solidaria, concern\u00eda solamente alguno o algunos de los otros deudores solidarios, ser\u00e1n estos responsables entre s\u00ed, seg\u00fan las partes o cuotas que le correspondan en la deuda, y los otros codeudores ser\u00e1n considerados como fiadores. <\/p>\n
2\u00ba) En esa misma direcci\u00f3n apunta el art\u00edculo 1668 del C. Civil cuando consagra la subrogaci\u00f3n por ministerio de la ley, entre otros casos, \u201cdel que paga una deuda a que se halla obligado solidaria o subsidiariamente\u201d, caso en el cual al solvens, quien pasa a ser nuevo acreedor, se le traspasan \u201ctodos los derechos, acciones y privilegios, prendas e hipotecas del antiguo, as\u00ed contra el deudor principal como contra cualquiera terceros, obligados solidaria y subsidiariamente a la deuda\u201d. (Subrayas fuera de texto) <\/p>\n
3\u00ba) Traducen las normas citadas la presencia del fen\u00f3meno de la subrogaci\u00f3n, o sea la transmisi\u00f3n de los derechos del acreedor, en favor del codeudor solidario que paga, pero siempre y cuando los mismos sean inherentes a la obligaci\u00f3n: ya contra los dem\u00e1s codeudores bajo las previsiones del art\u00edculo 1579 citado, o ya contra terceros, pero a condici\u00f3n de que unos u otros sean garantes de la obligaci\u00f3n satisfecha al acreedor antiguo, o sea por estar vinculados a ellas por medio de la solidaridad o de la fianza. (CSJ SC025 de 23 mar. 2004, rad. 14576). <\/p>\n
En suma, el pago al acreedor de una obligaci\u00f3n contra\u00edda solidariamente por varios deudores, realizado por uno de estos, a la par que extingue ese primigenio d\u00e9bito, da lugar a una nueva prestaci\u00f3n, esta vez de los otrora codeudores a favor de quien satisfizo aquella carga, la cual carece de solidaridad siendo entonces una obligaci\u00f3n conjunta en la que, por ende, cada uno est\u00e1 obligado a la devoluci\u00f3n de la cuota que le concern\u00eda en el compromiso inicial, debi\u00e9ndose presumir que importaba a todos en partes iguales, salvo prueba acerca de que ese inter\u00e9s ascend\u00eda a una proporci\u00f3n distinta o, incluso, que podr\u00eda ser inexistente para uno o varios de los deudores, a la saz\u00f3n fiador. <\/p>\n
2. Aplicadas las precedentes nociones al sub judice, brota contundente que el tribunal s\u00ed cometi\u00f3 el yerro a \u00e9l endilgado en el cargo, por cuanto conculc\u00f3 el canon 1579 del C\u00f3digo Civil al no aplicar el inciso 2\u00b0 e interpretar desacertadamente el inciso 1\u00b0, yerros que dieron lugar a la creaci\u00f3n de una regla absoluta y, por ende, ajena al ordenamiento jur\u00eddico, en tanto afirm\u00f3 que la satisfacci\u00f3n de una obligaci\u00f3n solidaria por uno de los varios deudores que la contrajo, impon\u00eda, en favor del solvens y con respecto a los dem\u00e1s codeudores, el derecho de aquel de obtener de estos el reembolso de lo pagado por partes iguales, sin m\u00e1s, justificado, erradamente, en la solidaridad de la obligaci\u00f3n primigenia. <\/p>\n
De un lado, el juzgador ad-quem omiti\u00f3 que la solidaridad feneci\u00f3 con ocasi\u00f3n del pago realizado por el solvens al acreedor inicial, en raz\u00f3n a que a partir de tal satisfacci\u00f3n la obligaci\u00f3n nueva de reembolso que cupiere entre los deudores no es solidaria sino conjunta, es decir, la que tiene por objeto una cosa divisible y existe a cargo de dos o m\u00e1s deudores o a favor de dos o m\u00e1s acreedores, en forma tal que cada deudor sea solamente obligado a su cuota o parte en la deuda (arts. 1568 y 1583). <\/p>\n
Y de otro lado, porque siendo conjunta la naciente obligaci\u00f3n de reposici\u00f3n, indispensable resultaba tener en cuenta las connotaciones del negocio causal, an\u00e1lisis que igualmente pretermiti\u00f3 el juzgador de segunda instancia, bajo la errada convicci\u00f3n de que, al margen de aqu\u00e9l convenio, el reintegro siempre se divide en cuotas iguales; no obstante que, como ya se esboz\u00f3, cada deudor s\u00f3lo est\u00e1 conminado a devolver la cuota que tuvo en el cr\u00e9dito inicial, de donde el fraccionamiento podr\u00eda ser en partes desiguales, como tambi\u00e9n puede ocurrir que uno o varios de los primigenios deudores solidarios -ahora conjuntos- careciera de dicho inter\u00e9s y, por contera, no est\u00e9 forzado a devoluci\u00f3n alguna. <\/p>\n
Aun cuando la subrogaci\u00f3n legal bajo estudio presume que la deuda inicial, pasivamente solidaria, una vez satisfecha por uno de los codeudores impone a favor de este y en cabeza de los dem\u00e1s deudores el reintegro de lo pagado en partes iguales -descontada la cuota de aqu\u00e9l-, tr\u00e1tase de una presunci\u00f3n legal que admite prueba en contrario (art. 66 C.C.), por lo que es menester analizar el inter\u00e9s que tuvo cada codeudor en el cr\u00e9dito primigenio y c\u00f3mo este le repercute. <\/p>\n
Sin embargo, en el sub lite el fallador colegiado se abstuvo de andar por este camino argumentativo, al colegirlo innecesario a ra\u00edz de la solidaridad impuesta a todas las partes en la deuda inicial, a su vez generadora -asever\u00f3- de la obligaci\u00f3n de reintegro en porciones id\u00e9nticas en favor de quien asumi\u00f3 el d\u00e9bito y en desmedro de los dem\u00e1s codeudores. <\/p>\n
Tal abstracci\u00f3n y su fundamento conculcaron, en consecuencia, el ordenamiento sustancial invocado. <\/p>\n
Adem\u00e1s, dicha transgresi\u00f3n trascendi\u00f3 en la decisi\u00f3n impugnada en raz\u00f3n a que, siendo pac\u00edfico que con ocasi\u00f3n de la suscripci\u00f3n del contrato de Concesi\u00f3n Bogot\u00e1 Girardot por el INCO y la demandante junto a sus otros\u00edes 8 y 15, \u00e9sta recibi\u00f3 $8.924\u2019482.000 en exceso -ya que los pagos recibidos fueron liquidados con inflaci\u00f3n superior a la certificada por el DANE-, lo cual dio lugar a la condena fiscal emanada de la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica en contra de la Concesi\u00f3n Autopista Bogot\u00e1 Girardot S.A., por ser quien recibi\u00f3 esos dineros excesivos, y solidariamente contra Enrique D\u00e1vila Lozano EDL S.A.S., Dise\u00f1os Interventor\u00edas y Servicios S.A.S., Ingenieros Proyectos Consultor\u00edas IPC S.A.S. y \u00c1lvaro Jos\u00e9 Soto Garc\u00eda, este en condici\u00f3n de gerente del INCO para la \u00e9poca de los hechos y las tres empresas anteriores por ser las integrantes del consorcio interventor de aqu\u00e9l contrato de concesi\u00f3n; evidente qued\u00f3 que el \u00fanico deudor solidario que recibi\u00f3 el dinero citado fue la sociedad accionante, no sus ahora enjuiciados. <\/p>\n
Por lo tanto, s\u00f3lo la empresa Concesi\u00f3n Autopista Bogot\u00e1 Girardot S.A. tuvo parte o cuota en la deuda, en tanto los dem\u00e1s condenados fiscalmente a t\u00edtulo solidario realmente revisten la condici\u00f3n de fiadores, conforme al art\u00edculo 1579 del C\u00f3digo Civil y para los efectos de la subrogaci\u00f3n legal bajo estudio solamente. <\/p>\n
Esta conclusi\u00f3n no implica menoscabo respecto de los efectos de la condena fiscal solidaria adoptada por la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica, en primer lugar, porque como reiteradamente se ha expuesto por la Corte, tal solidaridad culmin\u00f3 a ra\u00edz del pago realizado en el juicio coactivo por uno de los deudores solidarios, esto es, que resulta aplicable exclusivamente en la relaci\u00f3n con la subrogaci\u00f3n examinada. <\/p>\n
En segundo lugar, porque al tenor de la jurisprudencia constitucional, \u00ab[l]a responsabilidad fiscal que se declara en el proceso es esencialmente patrimonial y no sancionatoria, toda vez que tiene una finalidad exclusivamente reparatoria;\u00bb (Corte Constitucional, sentencia C-382 de 2008), de donde \u00abla declaraci\u00f3n de responsabilidad fiscal no es una sanci\u00f3n y, en esta medida, no se enmarca dentro de los presupuestos propios del proceso penal o del proceso disciplinario, sino que es una responsabilidad aut\u00f3noma, que apunta a resarcir un da\u00f1o patrimonial\u00bb (Corte Constitucional, sentencia C-512 de 2013). <\/p>\n
Es otros t\u00e9rminos, la solidaridad de la responsabilidad fiscal establecida en el art\u00edculo 119 de la ley 1474 de 20117 posee una connotaci\u00f3n con ribetes de cauci\u00f3n, como quiera que tiene el prop\u00f3sito de que todos los involucrados, por acci\u00f3n o por omisi\u00f3n, en la conducta generadora del tr\u00e1mite fiscal, aun cuando carecieren de inter\u00e9s en el detrimento patrimonial del Estado, concurran a su subsanaci\u00f3n \u00edntegra cual fiador solidario. <\/p>\n
3. Total, la decisi\u00f3n del tribunal, cuestionada por esta v\u00eda extraordinaria, vulner\u00f3 el ordenamiento sustancial invocado en el cargo primero de la demanda de casaci\u00f3n, por lo que este reproche prospera. <\/p>\n
4. Consecuencia de que la sentencia impugnada ser\u00e1 casada es que la Corte, en sede de instancia, acceder\u00e1 al recurso de apelaci\u00f3n incoado por las sociedades convocadas frente al fallo de primera instancia, habida cuenta que tal alzada se erigi\u00f3 en la argumentaci\u00f3n del reproche casacional colegido pr\u00f3spero, por lo cual la Sala, en gracia de brevedad, da por reproducidas las consideraciones vertidas en casaci\u00f3n. <\/p>\n
Lo dicho traduce que habr\u00e1 de revocarse la sentencia del a-quo para, en su lugar, absolver a las apelantes de las peticiones del libelo genitor de la contienda. <\/p>\n
Esta determinaci\u00f3n abrigar\u00e1 al demandado \u00c1lvaro Jos\u00e9 Soto Garc\u00eda, en cumplimiento al art\u00edculo 282 del estatuto adjetivo en menci\u00f3n, a cuyo tenor \u00ab[e]n cualquier tipo de proceso, cuando el juez halle probados los hechos que constituyen una excepci\u00f3n deber\u00e1 reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo las de prescripci\u00f3n, compensaci\u00f3n y nulidad relativa, que deber\u00e1n alegarse en la contestaci\u00f3n de la demanda\u00bb. <\/p>\n
Por supuesto que decisi\u00f3n oficiosa del juzgador ad-quem en este sentido corresponde al an\u00e1lisis de los presupuestos del derecho reclamado por el demandante, sin que implique desatenci\u00f3n del principio de congruencia, porque como lo tiene dicho la Corte, \u00ab[d]esde esa perspectiva si lo que pasa por alto el sentenciador es la inexistencia del derecho reclamado, no quiere decir que el fallo sea inconsonante, que s\u00f3lo se da si no declara de oficio una \u00abexcepci\u00f3n\u00bb que forzosamente deb\u00eda reconocer. Esto es, no corresponde a un yerro in procedendo\u2026.\u00bb (CSJ SC4574 de 2015, rad. 2007-00600-02). <\/p>\n
Es decir, la resoluci\u00f3n del derecho reclamado por el solicitante, accediendo o neg\u00e1ndolo, previamente al estudio de los mecanismos de defensa propuestos por el reo o al an\u00e1lisis de los reparos se\u00f1alados por el recurrente en v\u00eda de apelaci\u00f3n, no comporta la conculcaci\u00f3n del principio de congruencia, por tratarse de la materializaci\u00f3n de la tutela judicial efectiva o cumplimiento del deber de administrar justicia de que est\u00e1 investido todo funcionario judicial, ya de primera instancia ora de segundo grado. <\/p>\n
La Corte sobre el punto tiene decantado, aunque en pronunciamiento que refer\u00eda a la legitimaci\u00f3n de las partes pero que guarda simetr\u00eda con el presente caso, que \u00abcuando los sentenciadores de instancia asumen el estudio de la legitimaci\u00f3n y determinan su ausencia en relaci\u00f3n con alguna de las partes, lo que los lleva a negar la pretensi\u00f3n, est\u00e1n, en estricto sentido, resolviendo oficiosamente sobre los presupuestos indispensables para desatar de m\u00e9rito la cuesti\u00f3n litigada.\u00bb (CSJ SC2642 de 2015, rad. 1993-05281). <\/p>\n
En el mismo sentido la Sala se\u00f1al\u00f3 en extenso que: <\/p>\n
\u00ab\u2026no es absoluta la restricci\u00f3n dirigida al juzgador de segundo grado tendiente a que evite pronunciarse sobre materias no expuestas en la impugnaci\u00f3n sometida a su conocimiento, porque un veredicto en tal sentido denota el cumplimiento de su deber de promulgar el derecho debatido, lo que, por contera, evidencia que se trata de una potestad intr\u00ednseca al recurso ordinario de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
En efecto, la resoluci\u00f3n de este mecanismo de defensa trae impl\u00edcitos, adem\u00e1s de los reproches incoados por los recurrentes, otros de forzoso pronunciamiento, tal cual lo revela el canon 328 del C\u00f3digo General del Proceso, al se\u00f1alar que \u00ab[e]l juez de segunda instancia deber\u00e1 pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley\u00bb. (Destacado ajeno). <\/p>\n
En este orden se tiene que, como regla de principio, la decisi\u00f3n del superior est\u00e1 restringida a los argumentos expuestos por el apelante, lo que no obsta para que sentencie sobre tem\u00e1ticas respecto de las cuales el ordenamiento le impone pronunciarse motu proprio, por estar \u00edntimamente relacionadas con el asunto sometido a su conocimiento, verbi gratia, las restituciones mutuas derivadas de distintas modalidades de decaimiento de un acuerdo de voluntades (CSJ SC 020 de 2003, rad. 6610; SC10097 de 2015, rad. 2009-00241); el deber de reexaminar en juicios coactivos el t\u00edtulo ejecutivo aportado a efectos de determinar la cabal concurrencia de sus requisitos (CSJ STC15169 de 2019, rad. 2019-01721; CSJ STC13428 de 2019, rad. 2019-01460); entre otros eventos. <\/p>\n
Uno de estos pronunciamientos oficiosos que debe asumir el ad-quem corresponde al se\u00f1alado en el art\u00edculo 282 de la obra en menci\u00f3n, a cuyo tenor \u00ab[e]n cualquier tipo de proceso, cuando el juez halle probados los hechos que constituyen una excepci\u00f3n deber\u00e1 reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo las de prescripci\u00f3n, compensaci\u00f3n y nulidad relativa, que deber\u00e1n alegarse en la contestaci\u00f3n de la demanda\u00bb. (CSJ SC3918 de 2021, rad. 2008-00106-01). <\/p>\n
5. En el recurso de casaci\u00f3n no hay lugar a condena en costas, por su prosperidad, conforme lo reglado en el inciso final del art\u00edculo 349 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Por mandato del numeral 4\u00b0 del art\u00edculo 365 ib\u00eddem, las costas de ambas instancias correr\u00e1n a cargo de la convocante y a favor de las sociedades mercantiles demandadas, pues s\u00f3lo a favor de estas aparecen causadas (n\u00fam. 8\u00b0). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida el 13 de septiembre de 2018 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en el proceso verbal que promovi\u00f3 Concesi\u00f3n Autopista Bogot\u00e1 Girardot S.A. contra \u00c1lvaro Jos\u00e9 Soto Garc\u00eda, Enrique D\u00e1vila Lozano EDL S.A.S., Dise\u00f1os Interventor\u00edas y Servicios S.A.S. e Ingenieros Proyectos Consultor\u00edas IPC S.A.S.; y en sede de instancia revoca el prove\u00eddo de 10 de junio de 2017, dictado por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bogot\u00e1, para en su lugar negar todas las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
Las costas de ambas instancias correr\u00e1n a cargo de la demandante y a favor de las empresas convocadas. Pract\u00edquese su liquidaci\u00f3n en los t\u00e9rminos del canon 366 idem, incluyendo por concepto de agencias en derecho correspondiente a la segunda instancia la suma de $6\u2019000.000, que fija el magistrado ponente. <\/p>\n
Sin costas en casaci\u00f3n. <\/p>\n
En su oportunidad, vuelva el proceso al despacho de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de la Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO <\/p>\n
SC5107-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-31-03-005-2015-00707-01 <\/p>\n
Aunque estoy de acuerdo con la decisi\u00f3n tomada en el sentido de casar la sentencia proferida el 13 de septiembre de 2018 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en el proceso verbal que promovi\u00f3 Concesi\u00f3n Autopista Bogot\u00e1 Girardot S.A. contra \u00c1lvaro Jos\u00e9 Soto Garc\u00eda, Enrique D\u00e1vila Lozano EDL S.A.S., Dise\u00f1os Interventor\u00edas y Servicios S.A.S. e Ingenieros Proyectos Consultor\u00edas IPC S.A.S.; y en sede de instancia revocar el prove\u00eddo de 10 de junio de 2017, dictado por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bogot\u00e1, mi disentimiento es frente a la providencia sustitutiva en el aparte donde se hace extensivo el resultado de la determinaci\u00f3n de remplazo a uno de los demandados, que no apel\u00f3. <\/p>\n
Para poner en contexto la situaci\u00f3n es de resaltar que el pleito se plante\u00f3 contra tres personas jur\u00eddicas que para la \u00e9poca de los hechos integraban un consorcio interventor y una persona natural; este \u00faltimo como consecuencia de sus actuaciones en calidad de gerente del Instituto Nacional de Concesiones (INCO), con el fin de que se les condenara a pagar $1.784\u2019960.696 cada uno, por el desembolso que hizo la promotora a la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica en cumplimiento al fallo de responsabilidad fiscal 6-010-09, donde se les consider\u00f3 codeudores solidarios. <\/p>\n
Como se dej\u00f3 consignado en los antecedentes, \u00c1lvaro Jos\u00e9 Soto Garc\u00eda \u00abtras ser notificado personalmente del auto admisorio de la contienda, guard\u00f3 silencio\u00bb8 y a pesar de que el fallo del a quo le fue adverso mantuvo ese comportamiento, de lo que se deduce su aceptaci\u00f3n al resultado condenatorio. Por si fuera poco, toda vez que la decisi\u00f3n del superior fue confirmatoria no contaba con la posibilidad de acudir en casaci\u00f3n9, de ah\u00ed que su situaci\u00f3n particular ya quedaba definida. <\/p>\n
Como dej\u00e9 expuesto en la aclaraci\u00f3n de voto a la SC3918-2021, que se cita en el aparte del cual discrepo, <\/p>\n
(\u2026) con la expedici\u00f3n del C\u00f3digo General del Proceso, trat\u00e1ndose del recurso de apelaci\u00f3n se introdujo la figura de la \u00abpretensi\u00f3n impugnaticia\u00bb, por virtud de la cual, en principio, el funcionario de segundo grado solo deber\u00e1 ocuparse de los temas que sean propuestos por el o los inconformes, como ant\u00edtesis a la visi\u00f3n panor\u00e1mica que en dicho marco imper\u00f3 en anteriores sistemas adjetivos. <\/p>\n
Sin embargo, al tenor del art\u00edculo 328 ib\u00eddem, esta regla general encuentra excepciones o salvedades en los siguientes eventos: i) cuando sea menester adoptar decisiones \u00abde oficio, en los casos previstos por la ley\u00bb, lo que armoniza con el inciso 3\u00b0 del canon 282 del mismo estatuto, evento en el cual, el superior est\u00e1 habilitado para resolver sobre las otras excepciones de m\u00e9rito \u00abaunque quien la aleg\u00f3 no haya apelado de la sentencia\u00bb; y, ii) en aquellos casos que ambas partes apelen toda la sentencia o cuando quien no recurre adhiera al medio propuesto por su contendiente, circunstancias en las cuales \u00abel superior resolver\u00e1 sin limitaciones\u00bb. <\/p>\n
A lo anterior hay que a\u00f1adir que entre las determinaciones oficiosas que por expresa consagraci\u00f3n normativa puede tomar el superior est\u00e1n el llamamiento de oficio (art. 72 id.), el impulso del tr\u00e1mite para la reconstrucci\u00f3n del expediente (art. 126 id), el decreto de pruebas necesarias para resolver una recusaci\u00f3n (art. 143), la acumulaci\u00f3n de procesos declarativos (art. 148), la aclaraci\u00f3n, correcci\u00f3n, adici\u00f3n y saneamiento de irregularidades en la firma de autos y sentencias (arts. 285 a 288 id), el decreto de pruebas (arts. 312 y 327 id.) y la terminaci\u00f3n por desistimiento t\u00e1cito (art. 317.2 id), todas ellas de estirpe procesal y sin que dejen un margen de discrecionalidad tal que permita alterar relaciones jur\u00eddico procesales consolidadas, como ahora acontece. <\/p>\n
Es m\u00e1s, los otros dos precedentes de la Corporaci\u00f3n que se traen en referencia con el \u00e1nimo de justificar el proceder que reprocho (SC2642-2013 y SC4574-2015), ni siquiera tienen relaci\u00f3n con la situaci\u00f3n presente donde no estaba en duda la legitimaci\u00f3n de las partes y a quien se busca favorecer nada expuso sobre la inexistencia del derecho reclamado, a pesar de que cont\u00f3 con las debidas garant\u00edas para ejercer su derecho de defensa y sin que siquiera se pudiera decir que era litisconsorte necesario de los otros contendientes a la luz del art\u00edculo 61 del C\u00f3digo General del Proceso, ya que la raz\u00f3n fundamental para que se casara el fallo del ad quem es precisamente que <\/p>\n
(\u2026) al alcance de cualquier deudor est\u00e1 demostrar su cuota en el pasivo inicial, porque a esta se limitar\u00e1 la devoluci\u00f3n que naci\u00f3 en su contra en la nueva prestaci\u00f3n, surgida a ra\u00edz del pago cumplido por uno de los deudores solidarios o solvens. <\/p>\n
Incluso, nada obsta que uno de tales obligados carezca de inter\u00e9s en el compromiso originario, porque realmente lo contrajo de forma solidaria en aras de garantizar el pago al acreedor, eventualidad en la que, como lo consagra el inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 1579 citado, \u00ab[s]i el negocio para el cual ha sido contra\u00edda la obligaci\u00f3n, concern\u00eda solamente a alguno o algunos de los deudores solidarios, ser\u00e1n estos responsables entre s\u00ed, seg\u00fan las partes o cuotas que les correspondan en la deuda, y los otros codeudores ser\u00e1n considerados como fiadores.\u00bb. <\/p>\n
Vistas as\u00ed las cosas, el que la diligencia y ejercicio de todos los medios de contradicci\u00f3n por los integrantes de la firma interventora lograran desvirtuar la existencia de una obligaci\u00f3n a su cargo, no conllevaba inexorablemente a que la misma suerte corriera el demandado que con su comportamiento daba a entender lo contrario. <\/p>\n
En consecuencia, por muy loable que se pueda entender la intromisi\u00f3n de la decisi\u00f3n de reemplazo en temas que le estaban vedados, su efecto resulta contraproducente ya que en aras de beneficiar a una de las partes se termina vulnerando el derecho constitucional del debido proceso del accionante que obtuvo un \u00e9xito parcial en justa lid. <\/p>\n
Dejo en estos t\u00e9rminos planteado mi descontento. <\/p>\n
Fecha ut supra. <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Jorge Nieva Fenoll. El recurso de casaci\u00f3n ante el Tribunal de Justicia de la Comunidades Europeas, J.M. Bosh, Barcelona, 1998. <\/p>\n
2\u0002 Josserand Louis. Derecho Civil, Tomo II, vol I, Teor\u00eda general de las obligaciones, traducci\u00f3n de Santiago Cunchillos y Manterola, Ediciones Jur\u00eddicas Europa \u2013 Am\u00e9rica, Bosch y C\u00eda. Editores, Buenos Aires, 1993, p\u00e1gs. 620 a 621. <\/p>\n
3\u0002 Ospina Fern\u00e1ndez Guillermo. R\u00e9gimen general de las obligaciones. 5\u00aa Edici\u00f3n, Ed. Temis, 1994, Santa Fe de Bogot\u00e1, p\u00e1g. 249. <\/p>\n
4\u0002 Ib, p\u00e1g. 250. <\/p>\n
5\u0002 Fernando V\u00e9lez. Derecho Civil Colombiano, segunda edici\u00f3n, tomo sexto, Par\u00eds. P\u00e1gs. 168-169. <\/p>\n
6\u0002 Ib, p\u00e1gs. 170-171. <\/p>\n
7\u0002 Art\u00edculo 119. Solidaridad. En los procesos de responsabilidad fiscal, acciones populares y acciones de repetici\u00f3n en las cuales se demuestre la existencia de da\u00f1o patrimonial para el Estado proveniente de sobrecostos en la contrataci\u00f3n u otros hechos irregulares, responder\u00e1n solidariamente el ordenador del gasto del respectivo organismo o entidad contratante con el contratista, y con las dem\u00e1s personas que concurran al hecho, hasta la recuperaci\u00f3n del detrimento patrimonial. <\/p>\n
8\u0002 P\u00e1g. 3. <\/p>\n
9\u0002 De conformidad con el inciso final del art\u00edculo 337 del C\u00f3digo General del Proceso, \u00ab[n]o podr\u00e1 interponer el recurso (en alusi\u00f3n al de casaci\u00f3n) quien no apel\u00f3 de la sentencia de primer grado, cuando la proferida por el tribunal hubiere sido exclusivamente confirmatoria de aquella\u00bb. <\/p>\n
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SC5107-2021 (2015-00707-01) AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente SC5107-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-31-03-005-2015-00707-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de once de noviembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1 D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por Enrique […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[43],"tags":[],"class_list":["post-59917","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59917","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59917"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59917\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59917"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59917"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59917"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}