SC5312-2021 (2016-00040-01)<\/p>\n
Rad. No. 47001-31-03-005-2016-00040-01 <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
SC5312-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 47001-31-03-005-2016-00040-01 <\/p>\n
(Aprobada en sesi\u00f3n de diez de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
<\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., primero (1) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n que Inversiones Inmobiliaria y Agropecuaria S.A.S. -Invinag S.A.S.- interpuso contra la sentencia dictada el 7 de febrero de 2018 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta dentro del proceso verbal que le adelantaron Miriam Nieto de Benavides, N\u00e9stor Jos\u00e9 Benavides L\u00f3pez y Compa\u00f1\u00eda Comercial y Ganadera Tico Benavides Ltda. <\/p>\n
<\/p>\n
a.-)EL LITIGIO <\/p>\n
1.- Los actores pidieron declarar resuelta la compraventa contenida en las escrituras p\u00fablicas n\u00fameros 465 de 30 de diciembre de 2013 y 108 de 1\u00ba de abril de 2014 (aclaratoria del precio), ambas de la Notar\u00eda \u00danica de Santa Ana (Magd.), y, en consecuencia, condenar a la sociedad demandada a restituirles los predios objeto del contrato y a pagarles $800.000 diarios desde el 4 de diciembre de 2013 por lucro cesante, $350.000.000 por la parte insoluta del precio y $116.085.941 que, seg\u00fan aseguraron, perdieron como resultado de que la anterior suma no fue satisfecha, en los dos casos postreros con intereses de mora a partir del 26 de octubre de ese a\u00f1o. Adem\u00e1s, solicitaron se\u00f1alar que la convocada obr\u00f3 de mala fe en la celebraci\u00f3n y ejecuci\u00f3n del acuerdo e imponerle las costas del juicio. <\/p>\n
<\/p>\n
Refirieron que el 20 de septiembre de 2013 prometieron en venta a Invinag S.A.S. 8 fundos por un valor de $1.720.000.000, de los cuales $1.370.000.000 deb\u00edan cancel\u00e1rseles en efectivo y $350.000.000 mediante la daci\u00f3n en pago a Serfinansa S.A. de un apartamento situado en Santa Marta, esto \u00faltimo en el plazo de treinta d\u00edas que venci\u00f3 el 26 de octubre siguiente. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
De esta falta solo se enteraron el 23 de abril de 2014, por una comunicaci\u00f3n que el d\u00eda 14 anterior Serfinansa S.A. remiti\u00f3 a Luis Fernando Mendoza Plaza, el abogado que encargaron para concretar el negocio, sin que la llamada atendiera los repetidos requerimientos que desde entonces le efectuaron para que cumpliera, as\u00ed fuera tard\u00edamente. <\/p>\n
<\/p>\n
La omisi\u00f3n ocasion\u00f3 que a su vez Miriam y N\u00e9stor Jos\u00e9 deshonraran el convenio paralelo que el 20 de septiembre de 2013 firmaron con Serfinansa S.A. para solucionar sus deudas, el cual inclu\u00eda un descuento de $116.085.941 si satisfac\u00edan debidamente las prestaciones que all\u00ed contrajeron, entre las que se hallaba el aludido traspaso, a m\u00e1s tardar el 26 de octubre de la siguiente mensualidad. <\/p>\n
<\/p>\n
Las fincas objeto de la compraventa son colindantes, suman 430 hect\u00e1reas, generan un provecho diario de $800.000 en pasturas y las entregaron a la sociedad adquirente el 4 de diciembre de 2013. <\/p>\n
<\/p>\n
Por lo relatado, la convocada debe ser considerada como poseedora de mala fe (fls. 1 al 9, 310 y 311, cuaderno 1). <\/p>\n
<\/p>\n
2.- Invinag S.A.S. admiti\u00f3 algunos hechos, neg\u00f3 otros y formul\u00f3 las excepciones de m\u00e9rito que denomin\u00f3: \u00abIncumplimiento no resolutorio\u00bb, porque el contrato se \u00abcumpli\u00f3 en un gran porcentaje\u00bb; \u00abRenuncia a la condici\u00f3n resolutoria\u00bb en la cl\u00e1usula quinta escritural; \u00abImposibilidad de cumplimiento de la prestaci\u00f3n debida en la forma que fue pactada\u00bb, comoquiera que la \u00abentidad financiera no acept\u00f3 recibir el inmueble en daci\u00f3n de pago\u00bb; \u00abBuena fe\u00bb, puesto que su obligaci\u00f3n no era \u00abpura y simple\u00bb, en la medida en que el traspaso de la vivienda precisaba la aceptaci\u00f3n de un tercero que correspond\u00eda gestionar a sus contradictores, am\u00e9n de que en octubre de 2013 la entregaron materialmente al apoderado que estos designaron para ese fin; \u00abMejoras\u00bb cuantiosas a los terrenos que recibieron; y \u00abDoble Cobro\u00bb, dado que un laudo arbitral de 4 de mayo de 2016 les orden\u00f3 pagar los $350.000.000 en que fue tasado aquel bien (fls. 396 al 408 idem). <\/p>\n
<\/p>\n
3.- El 7 de julio de 2017, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Santa Marta desestim\u00f3 las defensas y accedi\u00f3 a la resoluci\u00f3n, ordenando cancelar las citadas escrituras y tomar nota en los folios de matr\u00edcula correspondientes; dispuso que los actores devolviesen a su contradictora $1.280.441.324 resultantes de descontar a $1.492.826.924 que percibieron como precio (indexado) la cantidad de $212.385.600 que les reconoci\u00f3 por frutos, y que una vez inscrita la decisi\u00f3n se les restituyeran las heredades. Neg\u00f3 las restantes reclamaciones de los extremos litigiosos e impuso al vencido las costas (fls. 568 al 581 id.). <\/p>\n
4.- Apelada la sentencia por Invinag S.A.S., el Tribunal la confirm\u00f3 con apoyo en los argumentos que enseguida se compendian: <\/p>\n
Los temas planteados en la audiencia, atinentes al plazo para cumplir la sentencia y a la indexaci\u00f3n del dinero, no son objeto de estudio porque \u00abno fueron motivo de reparo en primera instancia\u00bb. <\/p>\n
No prospera el reproche concerniente a que falt\u00f3 desatar la excepci\u00f3n de incumplimiento no resolutorio, pues de ser as\u00ed pudo solicitarse adicionar el fallo (art. 287 idem), aunque lo cierto es que expresamente se declar\u00f3 no probada en el decisum. <\/p>\n
La daci\u00f3n en pago constituye una prestaci\u00f3n principal porque ata\u00f1e a uno de los elementos sine qua non del contrato de compraventa examinado, en \u00abuna nada despreciable proporci\u00f3n superior al 20% de su monto total\u00bb, cuya \u00absatisfacci\u00f3n era evidentemente trascendente para los vendedores, pues les hubiese permitido a su vez honrar sus compromisos adquiridos con terceros\u00bb. No obstante que haberla omitido represent\u00f3 un incumplimiento parcial, este se torn\u00f3 definitivo, porque despu\u00e9s de 4 a\u00f1os y pese a que la demandada fue requerida judicial y arbitralmente, insiste en que la actora es quien debe reclamar el saldo insoluto, coligi\u00e9ndose su renuencia a obrar voluntariamente y un indicio fuerte de que no act\u00faa de buena fe. <\/p>\n
La manifestaci\u00f3n de los impulsores en el libelo inicial, en el sentido que con motivo de esa daci\u00f3n delegaron al abogado Luis Fernando Mendoza Plaza ante Serfinansa S.A., no es una confesi\u00f3n porque no les genera efectos adversos ni favorece a la opositora, pues \u00abde ninguna manera puede entenderse como un acto de exoneraci\u00f3n\u00bb de consumar el negocio jur\u00eddico, \u00absino como una medida adicional para intentar garantizar su cumplimiento, aunque a todas luces fue infructuosa. De hecho, aunque los vendedores, ahora demandantes, hubieran conferido potestad expresa al mencionado abogado para efectuar la m\u00e1s que nombrada daci\u00f3n en pago, esa facultad ser\u00eda inane como causa exculpativa para Invinag S.A.S., pues debe recordarse que en nuestro medio jur\u00eddico la tradici\u00f3n de inmuebles como modo de adquirir el dominio requiere la entrega no solo material sino jur\u00eddica de la heredad tradida (sic), acto que est\u00e1 reservado para el titular del derecho de dominio inscrito en el respectivo folio de matr\u00edcula inmobiliaria de la oficina de registro de instrumentos p\u00fablicos correspondiente, seg\u00fan los art\u00edculos 741 y 756 del C\u00f3digo Civil\u00bb. Adem\u00e1s, el canon 2176 \u00eddem indica que, ante la imposibilidad de obrar conforme a las instrucciones recibidas, el mandatario no est\u00e1 obligado a ir en contra de la ley. <\/p>\n
Ninguna de las pruebas documentales que la apelante dice err\u00f3neamente apreciadas \u00abcomprueba que la obligaci\u00f3n adquirida por Invinag S.A.S. de trasladar el dominio de un apartamento a Serfinansa S.A. se haya cumplido o que se haya trasladado a otro titular o que oper\u00f3 alg\u00fan fen\u00f3meno que exonerara aquellos de honrar lo pactado, pues, se itera, como obligada por pacto expreso con su cocontratante y como titular del derecho de dominio sobre el referido apartamento era la \u00fanica que pod\u00eda y deb\u00eda cumplir con lo pactado\u00bb. Si el togado se extralimit\u00f3, no es la enjuiciada la habilitada para reprocharlo porque no fue parte en el mandato. <\/p>\n
Nada aportan al debate las copias del pago por consignaci\u00f3n que la llamada promovi\u00f3, debido a que la demanda fue rechazada. <\/p>\n
El pleno m\u00e9rito demostrativo que se reconoce a los documentos que contienen los testimonios de Natalia Bouder y Luis Fernando Mendoza, trasladados del arbitramento, no suple la falta de voluntad de Invinag S.A.S. de honrar su compromiso, pues debi\u00f3 acreditar que dentro de los 30 d\u00edas siguientes a la promesa o antes de la escritura atacada \u00abestuvo realmente dispuesta a materializar la tradici\u00f3n ofrecida en modalidad de daci\u00f3n en pago, por ejemplo, acudiendo a una Notar\u00eda y dejando constancia de ello, y de paz y salvos y documentos necesarios para llevar a cabo el traspaso al que se comprometi\u00f3\u00bb. <\/p>\n
Aunque merece total credibilidad la versi\u00f3n del segundo deponente, cuya apreciaci\u00f3n por el a quo echa en falta la apelante, lo \u00fanico que prueba es que recibi\u00f3 de Invinag S.A.S. la documentaci\u00f3n para la daci\u00f3n en pago, pero no que esta haya cumplido con el d\u00e9bito que le correspond\u00eda. \u00abN\u00f3tese que ni siquiera alega la recurrente que actu\u00f3 ante Serfinansa S.A.S (sic), para lo cual estaba facultada, no solo por el pacto expreso al que se viene haciendo alusi\u00f3n\u00bb, sino porque el art\u00edculo 1630 del C\u00f3digo Civil permite que cualquier persona pague a nombre del deudor. <\/p>\n
Es innegable que las partes pueden renunciar expresamente a la condici\u00f3n resolutoria t\u00e1cita, como ocurri\u00f3 en el sub lite por medio de la cl\u00e1usula quinta del contrato sobre el que versa la controversia. Sin embargo, la afirmaci\u00f3n que cobija \u00abtodas las obligaciones emanadas de esa negociaci\u00f3n, no solo las que quedaron pendientes como el levantamiento de hipoteca, sino tambi\u00e9n las que all\u00ed se declararon como satisfechas\u00bb ri\u00f1e con el criterio jurisprudencial que presume que las estipulaciones claras, precisas y sin asomo de ambig\u00fcedad son el fiel reflejo de la voluntad de los contratantes, por lo que resulta inocuo cualquier intento de interpretaci\u00f3n \u00ab\u2026del pacto, pues all\u00ed se estipularon expresamente obligaciones para ser satisfechas en el futuro\u00bb, verbigracia, el levantamiento de algunas hipotecas, en tanto que \u00abrevisado el referido instrumento p\u00fablico se constat\u00f3 que en \u00e9l no se alude a la daci\u00f3n en pago a Serfinansa S.A., como una obligaci\u00f3n pendiente a que deber\u00eda cumplirse con posterioridad al contrato, sino como un acto consumado que, por tanto, escapaba al convenio excluyente\u2026\u00bb. <\/p>\n
3.- Oportunamente, Invinag S.A.S. interpuso recurso de casaci\u00f3n que el Tribunal concedi\u00f3 y la Corte admiti\u00f3. <\/p>\n
<\/p>\n
4.- En el tr\u00e1mite, se alleg\u00f3 una \u00abtransacci\u00f3n\u00bb respecto de la cual el Ponente requiri\u00f3 el cumplimiento de algunos requisitos, con la advertencia de que de no satisfacerse se continuar\u00eda el curso normal de la actuaci\u00f3n extraordinaria, como en efecto sucede ante el silencio de las partes. <\/p>\n
<\/p>\n
b.-)DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
<\/p>\n
Dentro del t\u00e9rmino legal, la impugnante present\u00f3 el correspondiente libelo sustentatorio, contentivo de tres cargos, cuyo estudio acometer\u00e1 la Sala de manera conjunta porque todos denuncian en com\u00fan la violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial por error de hecho derivado de la indebida o inexistente apreciaci\u00f3n de algunos hechos de la demanda y pruebas, el primero rechazando que el ad quem le atribuyera el incumplimiento de la obligaci\u00f3n de transferir el predio urbano a Serfinansa S.A. sin ver que estaba sujeta a una condici\u00f3n casual y que hizo todo lo que estaba a su alcance para lograrlo; el segundo porque, a su juicio, esa prestaci\u00f3n qued\u00f3 cobijada por la renuncia de las partes a la condici\u00f3n resolutoria en relaci\u00f3n con obligaciones futuras; y el restante apoyado en la supuesta irrelevancia de la falta que se le endilg\u00f3. Adicionalmente, porque est\u00e1n atravesados por algunos defectos formales que en su momento se evidenciar\u00e1n. <\/p>\n
<\/p>\n
PRIMER CARGO <\/p>\n
<\/p>\n
Denuncia la violaci\u00f3n indirecta por falta de aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 2\u00ba, 83 y 229 de la Constituci\u00f3n, 1501, 1505, 1507, 1518, 1530, 1534, 1622, 1627, 1638, 2144 y 1260 del C\u00f3digo Civil, \u00aby como violaci\u00f3n medio, el art\u00edculo 176 del C\u00f3digo General del Proceso, a consecuencia de lo cual aplic\u00f3 indebidamente los art\u00edculos 741, 756, 1546, 1630, 2142, 2176 y 2180 del mismo estatuto sustantivo, y los art\u00edculos 191 y 287 del C.G.P.\u00bb (sic), al \u00ab[d]ar por acreditado, contrario a la evidencia\u00bb que no cumpli\u00f3 y que \u00abno realiz\u00f3 ning\u00fan acto tendiente a materializar o hacer efectiva la daci\u00f3n de pago a la cual se oblig\u00f3 en virtud de la promesa de contrato\u00bb y \u00ab[n]o dar por demostrado, est\u00e1ndolo\u00bb, que \u00abcumpli\u00f3 cabalmente\u00bb en la medida que \u00abla referida obligaci\u00f3n no hizo parte del contrato de venta sino de la promesa\u00bb y, si se entendiese lo contrario, que \u00abno fue cumplida por causas ajenas a su voluntad y, en todo caso, por (\u2026) la renuencia de Serfinansa S.A. de aceptarla sin condicionamiento alguno\u00bb y que \u00abcumpli\u00f3 con lo que le era posible cumplir para llevar a cabo la daci\u00f3n\u00bb, entregando el bien al apoderado que los actores delegaron para tramitarla y concretarla ante esa entidad financiera. <\/p>\n
<\/p>\n
Precis\u00f3 que entre los elementos sobre los que recay\u00f3 la mala lectura que atribuye al ad quem se encuentra la cl\u00e1usula tercera de la promesa de compraventa, que en el punto de discordia establec\u00eda una obligaci\u00f3n \u00abcondicional\u00bb casual (arts. 1530 y 1534 idem), en la medida en que para su materializaci\u00f3n era esencial la aceptaci\u00f3n (ratificaci\u00f3n) de Serfinansa S.A., que los demandantes deb\u00edan obtener (1507 id.) y que este no dio al realizar nuevas exigencias, conforme lo acreditan el testimonio de Luis Fernando Mendoza Plaza y la carta que dicho tercero dirigi\u00f3 a este togado el 21 de noviembre de 2014. <\/p>\n
<\/p>\n
Igualmente, la cl\u00e1usula tercera del contrato aqu\u00ed cuestionado, que dio \u00abcomo un hecho cumplido\u00bb el compromiso adquirido en el acuerdo preparatorio a favor de la acreedora financiera, \u00abcon lo cual salta a la vista que la referida daci\u00f3n no fue una obligaci\u00f3n propia del contrato de venta sino de la promesa\u00bb. Esto era sabido por la parte actora, quien en el hecho 10 del libelo introductorio da cuenta de \u00ab[l]a omisi\u00f3n de la demandada en realizar a Serfinansa S.A. la daci\u00f3n de pago a la que se hab\u00eda comprometido en la promesa\u2026\u00bb; lo asever\u00f3 el mentado abogado en su testimonio; lo concluy\u00f3 el Tribunal al decir que la prestaci\u00f3n debi\u00f3 satisfacerse dentro de los 30 d\u00edas siguientes a la celebraci\u00f3n del convenio preparatorio; y no pod\u00eda entenderse de otra manera en atenci\u00f3n al criterio hermen\u00e9utico que proporciona el art\u00edculo 1622 ejusdem. <\/p>\n
<\/p>\n
Asegur\u00f3 que se equivoc\u00f3 el ad quem al endilgarle la obligaci\u00f3n pura y simple de hacer la daci\u00f3n en pago, dado que desconoci\u00f3 \u00abque para este efecto concreto los demandantes hab\u00edan constituido previamente a un apoderado, con plenas facultades para materializarla\u00bb, conforme se demuestra con el respectivo poder; con el convenio entre este delegado y Serfinansa S.A. para la cancelaci\u00f3n de las deudas de aquellos; con la comunicaci\u00f3n de la precitada sociedad al mandatario (14 ab. 2014) replanteando el pago por incumplimiento del anterior convenio; y con las actas de entrega del apartamento al jurista (18 oct. 2013) \u00abpara los efectos que all\u00ed mismo se establecieron en las cl\u00e1usulas segunda y tercera\u00bb y de restituci\u00f3n de este a su propietaria (15 ab. 2015) \u00ab\u2026por no haberse podido concretar la daci\u00f3n de pago a Serfinansa S.A. en raz\u00f3n de las nuevas condiciones impuestas por \u00e9sta\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
Tambi\u00e9n reprueba la valoraci\u00f3n del testimonio que Natalia Boude Mutis rindi\u00f3 ante un tribunal de arbitramento entre los mismos extremos, que narra las vicisitudes del convenio que ella suscribi\u00f3 a nombre de Serfinansa S.A. con Mendoza Plaza, permitiendo establecer con certeza que siempre lo reconoci\u00f3 \u00abcomo apoderado de los se\u00f1ores N\u00e9stor Benavides L\u00f3pez y Miriam Nieto de Benavides para todos los tr\u00e1mites concernientes a la concreci\u00f3n de \u00e9sta, si bien le achaca los efectos negativos de tal gesti\u00f3n, cuesti\u00f3n que\u00bb no \u00abpuede repercutir contra la sociedad demandada, sino solo contra las personas que representaba\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
De la misma manera, la versi\u00f3n del prenombrado togado, quien \u00abfue gestor de los aqu\u00ed demandantes\u00bb ante Serfinansa S.A., al punto que elabor\u00f3 las minutas de la promesa (donde firm\u00f3 como testigo) y de la compraventa, seg\u00fan la cual \u00abla daci\u00f3n en pago fue un tr\u00e1mite que en todo tiempo estuvo dentro del objeto del contrato de mandato que celebr\u00f3 con los aqu\u00ed demandantes y que \u00e9stos estuvieron enterados en todo el tiempo de tales gestiones hasta cuando se les notific\u00f3 por Serfinansa, la terminaci\u00f3n del convenio de pago y, por \u00faltimo, que la daci\u00f3n no fue posible debido a las nuevas condiciones impuestas por Serfinansa (\u2026) para la aceptaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
Como octavo elemento, cit\u00f3 el aviso de 21 de noviembre de 2014 que Serfinansa S.A. remiti\u00f3 a los actores inform\u00e1ndoles sobre el incumplimiento del acuerdo de pago de 30 de septiembre de 2013 y su disposici\u00f3n a recibir el apartamento por el 80% de un aval\u00fao reciente. <\/p>\n
<\/p>\n
Por \u00faltimo, la declaraci\u00f3n de parte de N\u00e9stor Benavides L\u00f3pez, quien reconoci\u00f3 que el 21 de noviembre de 2013 fue al inmueble donde resid\u00eda el pluricitado litigante, con el fin de celebrar el cumplea\u00f1os de su esposa, aunque afirm\u00f3 desconocer si ese bien coincid\u00eda con el objeto de la daci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
Precis\u00f3 que tales yerros condujeron al Tribunal a ignorar \u00abque el tr\u00e1mite de la daci\u00f3n de pago era una gesti\u00f3n espec\u00edficamente encomendada al apoderado que para ese efecto constituyeron los demandantes, desconociendo de esa manera la naturaleza propia del contrato de mandato\u00bb, que dio por establecido, aunque le rest\u00f3 las consecuencias que le eran propias. <\/p>\n
<\/p>\n
Cuestion\u00f3 que el juzgador concluyera que la delegaci\u00f3n al profesional del derecho, a\u00fan con la facultad de agotar tr\u00e1mites ante Serfinansa S.A., no exoneraba a Invinag S.A.S. de consumar la daci\u00f3n en pago a que se oblig\u00f3, sino que apenas era una medida adicional para garantizar su cumplimiento, pues pas\u00f3 por alto que esa prestaci\u00f3n \u00ab\u2026era parte fundamental del convenio de pago realizado por el abogado Luis Fernando Mendoza Plaza con Serfinansa S.A. en ejercicio del mandato conferido, por lo cual el tr\u00e1mite para que aquella se concretara era un elemento natural de ese contrato\u00bb al tenor de los art\u00edculos 1501 y 2160 del C\u00f3digo Civil, por lo que \u00abno era menester que estuviere expresamente autorizado por los demandantes para recibir el apartamento y gestionar la daci\u00f3n, como lo entendi\u00f3 el Tribunal y menos a\u00fan que fuere menester alg\u00fan poder por parte de la sociedad demandada que ninguna obligaci\u00f3n ten\u00eda con Serfinansa S.A.\u00bb. Resalt\u00f3 que, seg\u00fan el art\u00edculo 1505 idem, el sentenciador no pod\u00eda ignorar que todos los actos del encargado deb\u00edan entenderse realizados por los mandantes, y que del canon 2144 ejusdem se desprende que la facultad de representar y obligar a otra persona est\u00e1 inmersa en el mandato. Puso de presente que incluso el convenio de pago que sus contradictores suscribieron daba cuenta de que estos asumir\u00edan los gastos de escrituraci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
Remat\u00f3 que, por lo anterior, el fallador de segundo grado dej\u00f3 de aplicar el art\u00edculo 1627 id. que indica que el pago se har\u00e1 conforme el tenor de las obligaciones, sin perjuicio de lo que en casos especiales dispongan las leyes, pues aqu\u00ed \u00abbien pod\u00edan los prometientes vendedores diputar para recibir el precio de la venta a cualquier persona\u00bb a trav\u00e9s de un simple mandato, conforme el 1638 ejusdem, tal y como hicieron en este caso. <\/p>\n
<\/p>\n
SEGUNDO CARGO <\/p>\n
<\/p>\n
Acus\u00f3 a la sentencia de ser violatoria, por la v\u00eda indirecta, en la modalidad de indebida aplicaci\u00f3n, de los art\u00edculos 1544, 1546 y 1602 del C\u00f3digo Civil, y de falta de aplicaci\u00f3n de los c\u00e1nones 1620, 1621, 1622 y 1624 idem, as\u00ed como por \u00abviolaci\u00f3n medio, los art\u00edculos 176, 191 y 193 del C.G.P.\u00bb, al \u00ab[d]ar por acreditado, contrario a la evidencia\u00bb, que la daci\u00f3n en pago contenida en la cl\u00e1usula tercera del contrato de compraventa no hizo parte de las \u00abobligaciones futuras\u00bb a que se refiere la quinta disposici\u00f3n de la escritura p\u00fablica No. 465 del 30 de diciembre de 2013 \u00ab\u2026respecto de las cuales las partes renunciaron a la condici\u00f3n resolutoria t\u00e1cita del contrato\u00bb; igualmente, al no dar por demostrado, est\u00e1ndolo, \u00abque la referida obligaci\u00f3n, no hizo parte de las que se consignaron en la Escritura P\u00fablica citada\u00bb, porque los t\u00e9rminos de la cl\u00e1usula tercera \u00abno permiten conclusi\u00f3n diferente a entender que de ella ninguna obligaci\u00f3n pod\u00eda derivarse por tratarse de un hecho cumplido que, adem\u00e1s, los vendedores aceptaron y declararon tener recibido a satisfacci\u00f3n\u00bb y, si se entendiese que tuvo origen en ese contrato, que las partes eran conscientes de que para entonces no hab\u00eda podido concretarse ese acto por razones ajenas a la voluntad de la demandada y que tal posibilidad se prolong\u00f3 hasta el 21 de noviembre de 2014, por lo que hac\u00eda parte de las \u00abobligaciones futuras\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
Sostuvo que la trasgresi\u00f3n devino de la indebida apreciaci\u00f3n del contrato de compraventa, as\u00ed como de la falta de apreciaci\u00f3n del hecho 7\u00ba de la demanda introductoria, de la cl\u00e1usula 3\u00aa de la promesa de compraventa, del poder que los demandantes confirieron a Luis Fernando Mendoza Plaza ante Serfinansa S.A., del convenio que estos \u00faltimos firmaron, de la comunicaci\u00f3n que esa entidad env\u00edo al mandatario el 14 de abril de 2014 y de las declaraciones que este y Natalia Boude Mutis rindieron. <\/p>\n
<\/p>\n
Explic\u00f3 que el yerro recay\u00f3 en la literalidad de la cl\u00e1usula quinta de la compraventa, a partir de la cual el Tribunal estim\u00f3 que la daci\u00f3n en pago no era una de las obligaciones futuras sobre la cual las partes dispusieron la ineficacia de la cl\u00e1usula resolutoria, pues los t\u00e9rminos textuales de la tercera idem sobre \u00abprecio y forma de pago\u00bb permiten advertir \u00abcon facilidad que en ella se consagr\u00f3 la daci\u00f3n en pago como un hecho cumplido, lo cual reconoce el mismo tribunal. Incluso, los vendedores declaran haber recibido ese valor a satisfacci\u00f3n\u00bb, por lo que no es cierta la claridad que el Tribunal le asign\u00f3, \u00abpues no puede incumplirse lo que ya se ha cumplido y, adem\u00e1s, recibido a satisfacci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
Precis\u00f3 que, en virtud de las citadas reglas hermen\u00e9uticas, debe preferirse el sentido en que una cl\u00e1usula produzca efectos (1620) y, cuando no aparece voluntad en contrario, el que mejor cuadre a la naturaleza del contrato; unas disposiciones se interpretan por otras, d\u00e1ndole el mejor entendimiento que convenga al acuerdo en su totalidad, o por las de otro negocio jur\u00eddico entre las mismas partes y materia, o por la aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica que ambas les hayan dado, o una de ellas con la aprobaci\u00f3n de la otra (1622); y, finalmente, si lo anterior no fuere posible, a favor del deudor. <\/p>\n
<\/p>\n
TERCER CARGO <\/p>\n
<\/p>\n
Nuevamente denuncia la violaci\u00f3n indirecta, por aplicaci\u00f3n indebida de los art\u00edculos 1544, 1546 y 1602 del C\u00f3digo Civil, por falta de aplicaci\u00f3n de los c\u00e1nones 830 y 831 del C\u00f3digo de Comercio, \u00aby como violaci\u00f3n de medio, los art\u00edculos 176, 191 y 193 del C.G.P.\u00bb, al dar por acreditado, \u00abcontrario a la evidencia\u00bb, que el contrato fue insatisfecho en m\u00e1s de un 20% de valor de la venta y que esto signific\u00f3 para los demandantes una suma considerable, por cuanto con ella hubieran podido honrar sus obligaciones con terceros, en vez de que solo represent\u00f3 el 12.73% y no fue determinante para que incumplieran el trato que ten\u00edan con Serfinansa S.A. <\/p>\n
<\/p>\n
Igualmente, al dar por probado, sin que as\u00ed fuera, que por medio de los procesos arbitral y judicial los \u00abdemandantes requirieron el pago de la suma insoluta\u00bb en vez de \u00ab\u2026la anulaci\u00f3n de los efectos del contrato a trav\u00e9s de la resoluci\u00f3n de ambos contratos (sic), con claro y ostensible abuso del derecho\u00bb; y que Invinag S.A.S. \u00abse ha rehusado a cumplir voluntariamente (\u2026) la obligaci\u00f3n a su cargo\u00bb y su comportamiento contractual estuvo desprovisto de buena fe. <\/p>\n
<\/p>\n
Por \u00faltimo, al no dar por sentado, est\u00e1ndolo, que la obligaci\u00f3n relacionada con la daci\u00f3n en pago se torn\u00f3 imposible de cumplir por la falta de aceptaci\u00f3n de Serfinansa S.A., quien solo admiti\u00f3 recibir el apartamento por un monto equivalente al 80% del valor por el que se tas\u00f3, planteamiento sobre el que los acreedores no dispusieron nada, am\u00e9n de que ellos mismos no quisieron recepcionarlo. <\/p>\n
<\/p>\n
Adver\u00f3 que lo anterior deriv\u00f3 de la deficiente apreciaci\u00f3n de la escritura No. 465 y de la demanda de pago por consignaci\u00f3n que promovi\u00f3, as\u00ed como de la preterici\u00f3n del contrato de promesa de compraventa, de la escritura aclaratoria No. 108 de 1\u00ba de abril de 2014, del oficio que Serfinansa S.A. envi\u00f3 al abogado Mendoza Plaza de 14 de abril de 2014, del convenio de pago entre aquella y los demandantes a instancia de este, de la demanda arbitral, del acta de entrega del inmueble a dicho apoderado para que adelantara la daci\u00f3n en pago, de la demanda gestora de este proceso y de las declaraciones de Natalia Boude Mutis y Luis Fernando Mendoza Plaza. <\/p>\n
<\/p>\n
Adujo que el valor asignado en la compraventa del apartamento fue de $219.000.000, en tanto que el total de la venta, teniendo en cuenta la adici\u00f3n contenida en el \u00faltimo instrumento, ascendi\u00f3 a $1.400.000.000, por lo que aqu\u00e9l monto corresponde al 15.64%. <\/p>\n
<\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que la cifra de $350.000.000 que tuvo en cuenta el ad quem \u00abparece aludir\u00bb a la anotada en la promesa, \u00abpor lo que resulta incontrovertible el error en que incurri\u00f3 el tribunal en la apreciaci\u00f3n de los citados medios de convicci\u00f3n, toda vez que el objeto de la acci\u00f3n lo fue el contrato de compraventa y no el de la promesa\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
Reproch\u00f3 que el fallador de segundo grado, sin mayores elementos de juicio, concluy\u00f3 que la falta fue trascedente, pero rest\u00f3 valor a la prueba documental que indica que \u00abel incumplimiento de las obligaciones de los demandantes con el sector financiero obedeci\u00f3 a la dif\u00edcil situaci\u00f3n econ\u00f3mica por la que atravesaban\u00bb, lo que refuerzan las versiones de los terceros. Lo mismo en relaci\u00f3n con \u00abel supuesto requerimiento arbitral y judicial que, seg\u00fan lo expresado por el tribunal, los demandantes realizaron a la sociedad convocada para la satisfacci\u00f3n de la obligaci\u00f3n insoluta\u2026\u00bb, de lo que en su lugar debi\u00f3 reparar que sus contendores abusan del derecho. <\/p>\n
<\/p>\n
Se doli\u00f3 de que el fallador tampoco valor\u00f3 \u00abel m\u00e9rito de la promesa de venta\u00bb, pues le hubiese permitido ver que todo el precio fue solucionado antes de la compraventa, quedando pendiente exclusivamente la daci\u00f3n en pago, como lo refiere Mendoza Plaza, lo cual comprueba su buena fe; el documento de entrega del predio, indicativo de que siempre estuvo dispuesta a cumplir, en tanto entendi\u00f3 que este \u00abera el representante de los apoderados para llevarla a t\u00e9rmino\u00bb; la demanda de pago que constituye \u00abmuestra inequ\u00edvoca de la voluntad o intenci\u00f3n de la sociedad demandada de cumplir con lo \u00fanico que le resultaba posible, es decir; (sic) la entrega del apartamento a los demandantes, a\u00fan contra la voluntad de estos\u00bb; y la declaraci\u00f3n de N\u00e9stor Benavides L\u00f3pez, quien confes\u00f3 que no quer\u00edan el apartamento. En consecuencia, frente a la renuencia de Serfinansa S.A. de aceptar la daci\u00f3n y la actitud de los demandantes de rehusar su traspaso, la obligaci\u00f3n se torn\u00f3 imposible de cumplir, por lo que no es acertado que el Tribunal concluyera que el pago a\u00fan estaba pendiente despu\u00e9s de 4 a\u00f1os. <\/p>\n
<\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
2.- Algunos aspectos de la t\u00e9cnica de casaci\u00f3n en relaci\u00f3n con la necesidad de atacar todas las motivaciones fundamentales de la sentencia y la distinci\u00f3n entre los errores de hecho y de derecho. <\/p>\n
<\/p>\n
2.1.- Concerniente a la trasgresi\u00f3n de normas sustanciales por las sendas directa e indirecta, el recurso de casaci\u00f3n no constituye una instancia adicional a las ordinarias que faculte ampliamente a la Corte para entrar a juzgar de nuevo el asunto y verter su criterio jur\u00eddico, pues es un mecanismo extraordinario que solo le permite controlar si la sentencia del Tribunal es ostensible y trascendentemente contraria al recto entendimiento que corresponde a los mandatos del legislador o que se desprende de las piezas procesales y del material suasorio. <\/p>\n
<\/p>\n
En an\u00e1loga medida, la labor que ata\u00f1e al casacionista no es traer a cuento su particular visi\u00f3n sobre la manera como el juzgador de segundo grado debi\u00f3 resolver el caso con apoyo en tales insumos jur\u00eddicos y f\u00e1cticos, pues en semejantes circunstancias simplemente estar\u00eda presentando un t\u00edpico alegato de instancia al que es refractaria la casaci\u00f3n, sino que debe desplegar una actividad argumentativa comprensiva de todos los fundamentos que dan cimiento a la decisi\u00f3n que combate o, cuando menos, los que corresponden a los aspectos puntuales que aspira derruir, mediante la demostraci\u00f3n de los protuberantes dislates. <\/p>\n
<\/p>\n
As\u00ed las cosas, por m\u00e1s juicioso, elaborado y sesudo que sea el escrito con que sustenta su impugnaci\u00f3n, si no se ocupa cabalmente de todos los argumentos que por s\u00ed solos proporcionan soporte l\u00f3gico y necesario al prove\u00eddo de fondo que reprocha, resulta ineficaz para su quiebre, pues, en esa medida, teniendo en cuenta el car\u00e1cter dispositivo del remedio, la Corte est\u00e1 inhabilitada para pronunciarse oficiosamente, excepto si advirtiera la violaci\u00f3n de derechos fundamentales o el compromiso del patrimonio p\u00fablico. En otras palabras, el ataque debe ce\u00f1irse a los fundamentos del pronunciamiento reprochado, de tal manera que los abarque sim\u00e9tricamente y haga brillar el desacierto evidente y determinante de la resoluci\u00f3n final. <\/p>\n
<\/p>\n
2.2.- Tambi\u00e9n es pertinente memorar que la afrenta indirecta a la normatividad sustancial por error de hecho en la apreciaci\u00f3n de los medios suasorios y de las piezas procesales, entre las que destaca la demanda y su contestaci\u00f3n, exige del censor la singularizaci\u00f3n de tales elementos y los aspectos que a su juicio fueron cercenados o tergiversados por el fallador, evidenciando lo que objetivamente revelan y cotej\u00e1ndolos con lo que este extrajo de ellos, para hacer brotar di\u00e1fano el desacierto cometido, que en todo caso debe ser trascendente en la decisi\u00f3n final, comoquiera que no cualquier preterici\u00f3n o indebida apreciaci\u00f3n es suficiente para el quiebre del fallo. <\/p>\n
<\/p>\n
Al respecto, es doctrina de la Corte que <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
(\u2026) como los jueces y tribunales de instancia gozan de discreta autonom\u00eda para adoptar sus decisiones y como las sentencias impugnadas ante la Corte, arriban a esta precedidas de la presunci\u00f3n de acierto y legalidad en la aplicaci\u00f3n de las normas y en la apreciaci\u00f3n de las pruebas, la exigente tarea del impugnante debe estar dirigida a demostrar, si de error de hecho se trata, que la pifia que le enrostra al juzgador es notoria o evidente; en otras palabras, que hay entre la conclusi\u00f3n del Tribunal y lo que la prueba revela una clara contrariedad. Para decirlo de otro modo, en el \u00e1mbito de la prueba, y para los prop\u00f3sitos casacionales, en el camino a la prosperidad de un cargo fincado en errores de hecho probatorios, lo que debe refulgir es la abierta e irreconciliable afirmaci\u00f3n extra\u00edda por el Tribunal frente a la verdad indiscutible que esos medios muestran. Esa ant\u00edtesis de may\u00fascula envergadura, expresamente prevista para el error de hecho cuando exige que \u00e9ste sea \u201cmanifiesto\u201d (art\u00edculos 368, #1\u00ba CPC y 336, #2 CGP) excluye que los supuestos errores tengan que ser demostrados a partir de una esforzada argumentaci\u00f3n, pues han de quedar comprobados a simple vista en el expediente, distinci\u00f3n que, dicho esto de margen, caracteriza al recurso de casaci\u00f3n y lo diferencia de la instancia del proceso. <\/p>\n
Por lo tanto, la tarea del recurrente, enderezada a contrastar criterios de apreciaci\u00f3n, o a formular una visi\u00f3n probatoria m\u00e1s afinada, no resulta suficiente (SC777-2021). <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
Por otra parte, tambi\u00e9n resulta necesario recordar que la violaci\u00f3n indirecta por error de derecho implica la demostraci\u00f3n de que se incurri\u00f3 en una equivocaci\u00f3n trascendente en \u00abla diagnosis jur\u00eddica de los elementos de prueba, al ser desconocidas las reglas sobre aducci\u00f3n e incorporaci\u00f3n de los mismos, m\u00e9rito demostrativo asignado por el legislador, contradicci\u00f3n de la prueba o valoraci\u00f3n del acervo probatorio en conjunto\u00bb (SC1929-2021). Es en esos casos que se predica la \u00abtrasgresi\u00f3n medio\u00bb de las normas probatorias que disciplinan la materia, en cuanto el error lleva al juez a apreciar un medio suasorio que legalmente no pod\u00eda tener en cuenta o lo hace por fuera del marco prefijado por la ley para ese fin. <\/p>\n
<\/p>\n
Entonces, los errores de hecho y derecho son vertientes diferentes por los cuales el fallador de instancia puede caer en violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial, por lo que su formulaci\u00f3n simult\u00e1nea y sin distinci\u00f3n alguna resta claridad al cargo que los denuncie. <\/p>\n
<\/p>\n
3.- De la acci\u00f3n resolutoria t\u00e1cita y el incumplimiento esencial. <\/p>\n
<\/p>\n
Que los contratos son para cumplirlos es el axioma en el que las partes asientan sus expectativas al celebrarlos, de tal manera que el comportamiento que cada una espera de la otra es que voluntariamente y en la oportunidad fijada ejecute cabalmente las prestaciones a su cargo. <\/p>\n
<\/p>\n
Sin embargo, ante la no poco infrecuente eventualidad de que alguno de los extremos no satisfaga sus obligaciones, la ley establece en beneficio del cumplido la alternativa de que reclame judicialmente su ejecuci\u00f3n o que se deshaga el v\u00ednculo, en ambos casos con indemnizaci\u00f3n de perjuicios, al prever el art\u00edculo 1546 del C\u00f3digo Civil que \u00ab[e]n los contratos bilaterales va envuelta la condici\u00f3n resolutoria en caso de no cumplirse, por uno de los contratantes lo pactado. Pero en tal caso podr\u00e1 el otro contratante, pedir a su arbitrio, o la resoluci\u00f3n o el cumplimiento del contrato con indemnizaci\u00f3n de perjuicios\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
Siguiendo ese derrotero, la jurisprudencia tiene establecido desde hace ya tiempo de manera pac\u00edfica que para que fructifique la opci\u00f3n de que goza el acreedor para aniquilar el acto debe demostrar: a) la existencia de un contrato bilateral v\u00e1lido, b) el incumplimiento total o parcial de las prestaciones a cargo del demandado, y c) que \u00e9l cumpli\u00f3 o se allan\u00f3 a cumplir los deberes que la convenci\u00f3n le impone (CSJ SC, 27 en. 1981). <\/p>\n
<\/p>\n
Sin embargo, ata\u00f1edero al presupuesto del literal b), en desarrollo del principio de estabilidad de los contratos, es preciso reconocer que no todo incumplimiento puede dar al traste con el acuerdo de voluntades, pues permitir\u00eda que infracciones menores, que f\u00e1cilmente podr\u00edan remediarse mediante el simple despliegue de la buena fe que los art\u00edculos 1603 civil y 871 mercantil reclaman de las partes en la ejecuci\u00f3n de los contratos1, terminaran erigi\u00e9ndose en factores dirimentes, con grave desprecio de un c\u00famulo abrumadoramente mayor de prestaciones satisfechas. <\/p>\n
<\/p>\n
Semejante proceder ser\u00eda manifiestamente injusto al prohijar la utilizaci\u00f3n torticera de peque\u00f1as faltas como pretexto para el logro de fines ajenos al ordenamiento, pues permitir\u00eda que antojadizamente una parte que est\u00e1 arrepentida por otros motivos se prevaliera de ellas para instar el aniquilamiento. <\/p>\n
<\/p>\n
Se trata de nimiedades cuya objetividad no puede determinarse a priori, mediante la fijaci\u00f3n de un porcentaje del valor del contrato o de una prestaci\u00f3n, am\u00e9n de que su an\u00e1lisis tambi\u00e9n involucra la importancia que los extremos de la relaci\u00f3n jur\u00eddica le han conferido, por lo que, en principio, su establecimiento incumbe a la soberana apreciaci\u00f3n del fallador de instancia atendiendo las circunstancias de cada evento concreto. <\/p>\n
<\/p>\n
Por consiguiente, su valoraci\u00f3n no puede ser discutida con \u00e9xito en casaci\u00f3n, excepto si las bases de las que parti\u00f3 ese juzgador son protuberantemente err\u00f3neas, como cuando arranca de un \u00edndice manifiestamente ajeno a la realidad (vgr. 50% en vez de 5%), o al examinar el aspecto subjetivo le atribuye una val\u00eda absolutamente distorsionada de la que tiene para los directos interesados. <\/p>\n
Al respecto, la jurisprudencia ha se\u00f1alado que <\/p>\n
<\/p>\n
En el punto el art. 1546 es silente, esto es, en relaci\u00f3n con los rasgos, las caracter\u00edsticas y la naturaleza del incumplimiento capaz de legitimar la disoluci\u00f3n del negocio. Pero ello no puede verse con un criterio eminentemente subjetivista y mezquino fundado en el exclusivo inter\u00e9s del acreedor, que atente contra el principio de conservaci\u00f3n del contrato. Un criterio as\u00ed ser\u00e1 insuficiente y parcial para establecer cu\u00e1ndo un incumplimiento es resolutorio y cu\u00e1ndo no lo es. Es, como dice Scognamiglio, un elemento de juicio demasiado vago y equ\u00edvoco, al fundarse en la voluntad presunta del interesado-demandante. Adem\u00e1s, no puede pretenderse que el juez efect\u00fae un an\u00e1lisis psicol\u00f3gico en aras de establecerla. Pero, tampoco puede ser un criterio puramente objetivo fincado en el objeto que est\u00e1 llamado a cumplir el negocio en s\u00ed mismo y en el \u00e1mbito de la econom\u00eda negocial que no tenga en cuenta el perfil subjetivo o los intereses del acreedor, o las circunstancias especiales que se presenten. En consecuencia, han de tenerse en cuenta tanto el perjuicio al inter\u00e9s del acreedor (perfil subjetivo) como si la desatenci\u00f3n, compromete seriamente el sinalagma negocial (perfil objetivo).Deber\u00e1 verificarse si la infracci\u00f3n incidi\u00f3 gravemente en la econom\u00eda de la relaci\u00f3n (considerada en abstracto, por su entidad; y en concreto, respecto al perjuicio efectivamente causado al otro contrayente), creando un desequilibrio sensible \u2013y apreciable- del equilibrio contractual; an\u00e1logamente, habr\u00e1 de establecerse si la inejecuci\u00f3n lesiona con gravedad el inter\u00e9s del acreedor interesado. Tal como se ha propuesto en antecedentes de esta Sala, el incumplimiento ha de revestir entidad y trascendencia. La infracci\u00f3n debe ser significativa al programa negocial, de tal forma que sea lo suficientemente grave o, sea de car\u00e1cter esencial, que rompa la simetr\u00eda contractual, puesto que la prestaci\u00f3n de un contratante, pende del cumplimiento del otro; esto es, a manera de ejemplo: 1) Cuando afecta y hace imposible sustancialmente la satisfacci\u00f3n de los intereses o finalidades del contratante cumplido; 2) Cuando las partes previeron en el programa contractual en forma expresa, concreta y espec\u00edfica obligaciones esenciales y determinantes para la ejecuci\u00f3n del contrato y estas son infringidas; 3) Cuando por causa del incumplimiento no existen razones, indicios, inferencias que permitan al acreedor confiar que el deudor incumplido no podr\u00e1 hacia el futuro subsanar o cumplir las obligaciones desatendidas, y por tanto, el deudor no tendr\u00e1 inter\u00e9s en conservar el negocio; 4) Cuando se transforma en irreversible la econom\u00eda negocial del contratante incumplido; 5) Cuando se evidencia mala fe o fraude en el comportamiento contractual del incumplido; entre otras muchas circunstancias (SC5569-2019). <\/p>\n
<\/p>\n
Se concluye, entonces, que en general la desatenci\u00f3n a las obligaciones contractuales conlleva la resoluci\u00f3n y que solo pueden exceptuarse aquellas que tras un an\u00e1lisis en concreto y comprensivo de sus diversas implicaciones lleve a establecer que en realidad ten\u00edan una importancia m\u00ednima. <\/p>\n
<\/p>\n
4.- De la renuncia a la condici\u00f3n resolutoria t\u00e1cita <\/p>\n
<\/p>\n
La doctrina de la Corte ha previsto la posibilidad de que las partes renuncien a la condici\u00f3n resolutoria que los contratos bilaterales llevan envuelta, ora de forma expresa al as\u00ed manifestarlo, ora t\u00e1citamente por el no ejercicio de la correspondiente acci\u00f3n, comoquiera que ha entendido que se trata de una alternativa que consulta un inter\u00e9s netamente privado y que, por lo tanto, en su consagraci\u00f3n no est\u00e1n comprometidos el orden p\u00fablico ni las buenas costumbres, de tal suerte que resulta disponible. <\/p>\n
<\/p>\n
En tal sentido, en SC 23 feb. 2012, exp. 2007-00067-01 se\u00f1al\u00f3 que <\/p>\n
<\/p>\n
(\u2026) la renuncia expresa o t\u00e1cita de la potestad resolutoria, en l\u00ednea de principio, no vulnera normas de aquel linaje, en la medida en que su prescindencia s\u00f3lo implica desechar la posibilidad de terminar el contrato por una de tantas circunstancias que pueden conducir a ese fin, esto es, el incumplimiento de la prestaci\u00f3n debida, determinaci\u00f3n que ata\u00f1e solo a los individuos que concurrieron a perfeccionar el acuerdo y, concretamente, a aquel que declina tal prerrogativa. En consecuencia, las partes, con las limitaciones anunciadas, tienen el poder de decidir si se desprenden o no de la opci\u00f3n de reclamar la terminaci\u00f3n del v\u00ednculo cuando no ha habido el acatamiento debido de los compromisos asumidos por una de ellas. Y para corroborar tal aserto basta memorar que una vez acaezca la hip\u00f3tesis f\u00e1ctica inserta en el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 1546 del C. C., o sea, sobrevenido el incumplimiento, por obvias razones, el contratante cumplido ve frustrada la prestaci\u00f3n de que trata el pacto celebrado, evento que, como all\u00ed aparece consagrado, le habilitar\u00eda una u otra alternativa, esto es, demandar la cesaci\u00f3n de los efectos generados u optar por el cumplimiento, circunstancia que lo compromete, en cualquiera de las v\u00edas seleccionadas, de acudir, inevitablemente, a la acci\u00f3n pertinente para que un juez dilucide la controversia, pues, no es de aquellos casos en que la resoluci\u00f3n opera por el solo ministerio de la ley. Sin embargo, como la situaci\u00f3n surgida impacta un derecho subjetivo, nada obsta que el contratante avenido a lo concertado, a pesar de encontrarse legitimado por haber cumplido con ellos, una vez resulte afectado decida no incoar el juicio respectivo; en otras palabras, se abstenga de reclamar las consecuencias derivadas de no haberse observado por la otra parte la obligaci\u00f3n asumida, coyuntura que trasluce, sin duda, un abandono o dejaci\u00f3n de la posibilidad de lograr la culminaci\u00f3n del contrato, o sea, renunci\u00f3 de manera t\u00e1cita a este resultado. <\/p>\n
<\/p>\n
As\u00ed las cosas, no existe ning\u00fan obst\u00e1culo para que la judicatura reconozca plenos efectos a una disposici\u00f3n contractual que abdica de la posibilidad de reclamar la resoluci\u00f3n por incumplimiento. <\/p>\n
<\/p>\n
5.- De la interpretaci\u00f3n de un contrato a la luz del que lo promete. <\/p>\n
<\/p>\n
En l\u00ednea de principio, es dable sostener que el contrato de promesa conserva autonom\u00eda respecto del que la cumple, pues, sin perjuicio de los requisitos generales de validez que uno y otro deben llenar, es claro que aquel debe colmar los presupuestos especiales que le fija el art\u00edculo 89 de la Ley 153 de 1887 y sin cuya concurrencia no produce efecto alguno, y que la principal obligaci\u00f3n que genera es la de hacer, es decir, celebrar otro acuerdo de voluntades; por su lado, este se halla sujeto a las formalidades que la ley consagra seg\u00fan su especie, y las prestaciones que engendra no son otras que las que los intervinientes establezcan y que resulten compatibles con su naturaleza. Por lo tanto, uno y otro no dependen rec\u00edproca y necesariamente en su pervivencia o desaparici\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
Sin embargo, en lo concerniente a la interpretaci\u00f3n de las estipulaciones del contrato final, cuando no son claras o completas, esa independencia apenas es relativa, pues no es cosa infrecuente que los part\u00edcipes, a la hora de plasmar sus compromisos, lo hagan de manera inconclusa, obscura o falaz, por ejemplo, cuando guardan silencio por entender que ciertas disposiciones ya aparecen en el convenio anterior; son confusos en la elaboraci\u00f3n del articulado; o declaran un precio diferente al verdadero que aparece en el negocio jur\u00eddico antecedente. <\/p>\n
<\/p>\n
En esa medida, la promesa constituye el contrato espejo del subsiguiente, por lo que en muchas ocasiones su contenido sirve de manera relevante para develar la voluntad genuina que los intervinientes tuvieron en este, con mayor raz\u00f3n si se repara que una de las estipulaciones esenciales sin la cual no produce efecto alguno es \u00ab[q]ue se determine de tal suerte el contrato, que para perfeccionarlo s\u00f3lo falte la tradici\u00f3n de la cosa o las formalidades legales\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
As\u00ed las cosas, sin perjuicio de que otros criterios legales de interpretaci\u00f3n resulten puntualmente de recibo en cada caso particular, de manera general, se puede afirmar que las reglas principales que corresponde aplicar para desentra\u00f1ar las previsiones obscuras de un contrato perfilado por otro son las que apuntan a que \u00ab[c]onocida claramente la intenci\u00f3n de los contratantes, debe estarse a ella m\u00e1s que a lo literal de sus palabras\u00bb (art. 1618 idem) y a que las cl\u00e1usulas \u00ab[p]odr\u00e1n tambi\u00e9n interpretarse por las de otro contrato entre las mismas partes y sobre la misma materia\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
6.- El caso concreto <\/p>\n
<\/p>\n
6.1. Lo primero que la Corte advierte es que la censura plantea de manera com\u00fan a los tres cargos una \u00abviolaci\u00f3n de medio, [de] los art\u00edculos 176, 191 y 193 del C.G.P.\u00bb que resulta incomprensible en el marco del error de hecho que en todos ellos denuncia, por cuanto seg\u00fan se dej\u00f3 sentado en el numeral 2.2. dedicado a la t\u00e9cnica del recurso, este debe encaminarse a la denuncia de un yerro trascendente en la apreciaci\u00f3n de la demanda, su contestaci\u00f3n o las pruebas, mientras que el de derecho ata\u00f1e a la \u00abla diagnosis jur\u00eddica de los elementos de prueba\u00bb. Sin embargo, como la recurrente no persisti\u00f3 en esta falta al desarrollar los embates, en donde se aplic\u00f3 exclusivamente a demostrar el defecto f\u00e1ctico, lo anterior queda como una observaci\u00f3n con la simple aspiraci\u00f3n de depurar el recurso. <\/p>\n
<\/p>\n
6.2.- En el primer cargo, la casacionista se centra en demostrar que su obligaci\u00f3n de traspasar el inmueble no era pura y simple, porque estaba sujeta a una condici\u00f3n casual consistente en la ratificaci\u00f3n de un tercero beneficiario, Serfinansa S.A., benepl\u00e1cito que a su juicio exclusivamente incumb\u00eda a los actores lograr, pero que no alcanzaron pese a que para ello constituyeron un mandatario, argumento que empalma directamente con el contenido de las excepciones de m\u00e9rito denominadas \u00abImposibilidad de cumplimiento de la prestaci\u00f3n debida en la forma que fue pactada\u00bb y \u00abbuena fe\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
No obstante el importante esfuerzo desplegado, resulta vano porque pasa de largo el argumento toral de la decisi\u00f3n del Tribunal, seg\u00fan el cual, \u00ab\u2026aunque los vendedores, ahora demandantes, hubieran conferido potestad expresa al mencionado abogado para efectuar la m\u00e1s que nombrada daci\u00f3n en pago, esa facultad ser\u00eda inane como causa exculpativa para Invinag S.A.S., pues debe recordarse que en nuestro medio jur\u00eddico la tradici\u00f3n de inmuebles como modo de adquirir el dominio requiere la entrega no solo material sino jur\u00eddica de la heredad, acto que est\u00e1 reservado para el titular del derecho de dominio inscrito en el respectivo folio de matr\u00edcula inmobiliaria de la oficina de registro de instrumentos p\u00fablicos correspondiente, seg\u00fan los art\u00edculos 741 y 756 del C\u00f3digo Civil\u00bb. Fundamentaci\u00f3n que en la que insisti\u00f3 al decir que Invinag S.A.S. \u00ab\u2026como obligada por pacto expreso con su cocontratante y como titular del derecho de dominio sobre el referido apartamento era la \u00fanica que pod\u00eda y deb\u00eda cumplir con lo pactado\u00bb\u00b8 y que aterriz\u00f3 al precisar que esa sociedad debi\u00f3 acreditar que \u00ab\u2026estuvo realmente dispuesta a materializar la tradici\u00f3n ofrecida en modalidad de daci\u00f3n en pago, por ejemplo, acudiendo a una Notar\u00eda y dejando constancia de ello, y de paz y salvos y documentos necesarios para llevar a cabo el traspaso al que se comprometi\u00f3\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
La opugnante se aplica a fondo demostrar que no se valoraron adecuadamente las pruebas que a su juicio dan cuenta que la obligaci\u00f3n de gestionar la recepci\u00f3n del inmueble por parte de Serfinansa S.A. recay\u00f3 exclusivamente en sus contradictores y que, precisamente, para tal fin constituyeron infructuosamente un mandatario con amplias facultades en los t\u00e9rminos del respectivo poder y la ley, m\u00e1xime que \u00e9ste recibi\u00f3 materialmente el bien para cumplir ese cometido. <\/p>\n
<\/p>\n
Sin embargo, lo cierto es que no controvierte debidamente la tajante y basilar aseveraci\u00f3n consistente en que solamente la sociedad demandada era la llamada y habilitada para cumplir lo pactado, teniendo en cuenta la manera como nuestro ordenamiento regula la tradici\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
En tal sentido, la Corte insiste en que para que un cargo en casaci\u00f3n sea eficaz debe ser sim\u00e9trico a las razones que Tribunal proporcion\u00f3 para resolver, por lo que resulta inane aquel que, no obstante, las importantes alegaciones que contenga, se desentienden de ellas y configura el objeto de su ataque de la forma que mejor le parece y conviene al censor. <\/p>\n
6.3.- Adicionalmente, la Corte no advierte ning\u00fan desprop\u00f3sito en la motivaci\u00f3n del ad quem sobre este tema, pues no ignor\u00f3 que los demandantes constituyeron un mandatario ante Serfinansa S.A. para los efectos del acuerdo de pago que ellos suscribieron, a quien incluso la demandada le entreg\u00f3 el predio, en lo que reconoci\u00f3 su intenci\u00f3n de cumplir; empero, no hall\u00f3 que esto fuera suficiente para honrar el compromiso entre los contendientes porque estaba pendiente la tradici\u00f3n que solo puede hacer el propietario, de tal suerte que para reconocer que Invinag S.A.S. realmente tuvo la disposici\u00f3n de materializar el acto jur\u00eddico prometido, le reclam\u00f3 porque no radic\u00f3 ante una notar\u00eda la documentaci\u00f3n necesaria, a lo que no sobra a\u00f1adir que debi\u00f3 citar a la destinataria del predio en una fecha y hora determinada, acudir presta a ejecutar el acto y, de ser necesario, obtener constancia de la eventual inasistencia. Actuaciones que no son esencialmente distintas de las que diariamente despliega una persona diligente dispuesta a otorgar un t\u00edtulo traslaticio de dominio que ha prometido, sobre las que ninguna discusi\u00f3n probatoria propone la censura ni en puridad pudiera hacerlo exitosamente, pues brillan por su ausencia. <\/p>\n
<\/p>\n
Cabe anotar que semejante conducta omisiva resulta explicada con el testimonio de la representante legal de Serfinansa S.A., Natalia Boude Mutis, sobre cuya aptitud demostrativa no hay reparo de las partes ni la Corte lo encuentra, en cuando devela que lo que sucedido fue que el extremo pasivo pretendi\u00f3 pagarle el valor del inmueble y conservarlo, con desprecio de su obligaci\u00f3n, mientras que el abogado recib\u00eda una comisi\u00f3n por la negociaci\u00f3n, actuaci\u00f3n por dem\u00e1s reprochable de cara a la buena fe contractual. <\/p>\n
<\/p>\n
Fracasado lo anterior fue que surgi\u00f3 la reclamaci\u00f3n de esa entidad financiera por el incumplimiento del acuerdo de pago que suscribi\u00f3 con Miriam Nieto de Benavides y N\u00e9stor Jos\u00e9 Benavides L\u00f3pez, y su intenci\u00f3n de recibir el bien objeto del mismo por el 80% de su aval\u00fao reciente, plasmada en la comunicaci\u00f3n postrera de 21 de noviembre de 2014, que la demandada pretende erigir en prueba de que si no cumpli\u00f3 fue porque aquella no acept\u00f3 recibir en los t\u00e9rminos monetarios pactados con sus acreedores, cuando lo que en \u00faltimas le correspond\u00eda era demostrar su disposici\u00f3n acorde con el car\u00e1cter de la obligaci\u00f3n que contrajo, de lo que se itera, no existe prueba alguna. <\/p>\n
<\/p>\n
No se trat\u00f3, entonces, de que el ad quem ignorara o tergiversara las pruebas que dan cuenta del mandato y su alcance, la entrega f\u00edsica de su objeto al abogado y su posterior devoluci\u00f3n y las reclamaciones del tercero, sino que vi\u00e9ndolas en su verdadera dimensi\u00f3n concluy\u00f3, con raz\u00f3n, que no serv\u00edan para el prop\u00f3sito de descargar en los demandantes la responsabilidad adquirida por la demandada de transferir el bien, simplemente porque legalmente nadie pod\u00eda sustituir al due\u00f1o para materializar la \u00abentrega jur\u00eddica\u00bb a favor de Serfinansa S.A. <\/p>\n
<\/p>\n
No sobra agregar que no se discute que la actora haya cumplido lo que le correspond\u00eda, ni la Sala encuentra prueba en contrario, en la medida que su obligaci\u00f3n era la entrega de 8 fundos rurales y su tradici\u00f3n, as\u00ed como la purificaci\u00f3n de algunas hipotecas. <\/p>\n
<\/p>\n
6.4.- No es cierto que la pluricitada obligaci\u00f3n dependiera de un acontecimiento futuro e incierto propio de la esfera volitiva de Serfinansa S.A. y que, por lo tanto, estuviera sujeta a la condici\u00f3n casual a que se refieren los art\u00edculos 1530 y 1534 del C\u00f3digo Civil, pues la recurrente confunde la suspensi\u00f3n de la adquisici\u00f3n del derecho, que es a lo que apunta esa figura, con la necesaria conformidad del tercero acreedor para recibir la prestaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
Esta anuencia nada tiene que ver con una condici\u00f3n casual, porque no es un hecho futuro e incierto del que dependa la obligaci\u00f3n, que como tal naci\u00f3 con la promesa y fue refrendada en la compraventa. Es lo que sucede con cualquier obligaci\u00f3n de dar, por ejemplo, una suma de dinero, pues, aunque no parezca, porque en principio casi nadie la reh\u00fasa, lo cierto es que su materializaci\u00f3n siempre requiere que el acreedor, en efecto, reciba, lo que solo se sabe cu\u00e1ndo efectivamente lo hace. <\/p>\n
<\/p>\n
Por la equivocada senda que propone la censura, la mayor\u00eda de las obligaciones estar\u00eda sujeta a una ap\u00f3crifa condici\u00f3n consistente en que el beneficiario reciba su objeto, y su \u00abcumplimiento\u00bb siempre quedar\u00eda en vilo mientras no se produzca. Frente a tal renuencia la ley provee como remedio el proceso de pago por consignaci\u00f3n, no la excusa del car\u00e1cter futuro e incierto de esa recepci\u00f3n. <\/p>\n
Con todo y aunque en gracia de discusi\u00f3n se admitiera que deb\u00eda obtenerse la ratificaci\u00f3n de la entidad financiera, es claro que estaba dada desde un comienzo con el acuerdo de pago que suscribi\u00f3 con integrantes de la parte demandante el 20 de septiembre de 2013, donde acept\u00f3 recibir el inmueble por $350.000.000. <\/p>\n
<\/p>\n
6.5.- La recurrente pretende hacer obrar a su favor el art\u00edculo 1507 idem, que se refiere al compromiso que un contratante adquiere para que otro d\u00e9, haga o se abstenga de realizar una cosa, donde l\u00f3gicamente este tercero no contrae obligaci\u00f3n mientras no la ratifique. Sin embargo, quien ac\u00e1 ocupa este lugar, es decir Serfinansa S.A., no fue a quien la parte actora le atribuy\u00f3 la obligaci\u00f3n cuyo incumplimiento reclama y, por lo tanto, no era quien deb\u00eda confirmarla; apenas fue instituida como beneficiaria de un pago al que ten\u00eda derecho por virtud de un convenio al que Invinag S.A.S. era ajena, por lo cual, se reitera, a esta le bastaba allanarse a hacerlo en la forma ya indicada. <\/p>\n
<\/p>\n
Tambi\u00e9n trae a cuento los art\u00edculos 1501, 1505, 1627, 1638, 2144 y 2160 del C\u00f3digo Civil, atinentes a los contratos en general, al de mandato en particular y a la manera como puede producirse el pago, en el inane esfuerzo de zafarse de demostrar que satisfizo lo que le correspond\u00eda para hacer la tradici\u00f3n, intentando hacer recaer la carga en el apoderado que N\u00e9stor Benavides L\u00f3pez y Miriam Nieto de Benavides comisionaron para concretar la daci\u00f3n en pago a Serfinansa S.A. y, en \u00faltimas, en estos, con lo que apenas opone su visi\u00f3n particular e interesada a la del Tribunal conforme a la cual esta delegaci\u00f3n \u00abde ninguna manera puede entenderse como un acto de exoneraci\u00f3n\u00bb de consumar el negocio jur\u00eddico, \u00absino como una medida adicional para intentar garantizar su cumplimiento, aunque a todas luces infructuosa\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
6.6.- Se concluye, entonces, que no se est\u00e1 ante la situaci\u00f3n en que el juzgador no vio en su verdadera dimensi\u00f3n los elementos de juicio que invoca la recurrente, consistentes en el acuerdo de pago entre Serfinansa S.A. y los demandantes; el poder otorgado por estos a un abogado para gestionar ese convenio; la cl\u00e1usula tercera de la promesa de compraventa de los fundos rurales sobre precio y forma de pago; el acta de 18 de octubre de 2013 de entrega que Invinag S.A.S. hizo del inmueble a dicho mandatario; la cl\u00e1usula 3\u00aa de la escritura 465 de 30 de diciembre de 2013 que dio por satisfecha dicha obligaci\u00f3n; la misiva de 14 de abril de 2014 en la que el tercero inform\u00f3 al togado que la actual demandada no le hab\u00eda colmado esa prestaci\u00f3n; el hecho 7\u00ba de la demanda seg\u00fan el cual los demandantes solo se enteraron de lo anterior el 23 de ese mes; la comunicaci\u00f3n de 21 de noviembre de dicho a\u00f1o en la que la entidad financiera indica al mandatario el incumplimiento del acuerdo de pago y su disposici\u00f3n a recibir el inmueble por el 80% de un aval\u00fao reciente; el acta de 15 de octubre de 2015 de devoluci\u00f3n del bien; y los testimonios del jurista en menci\u00f3n y de la representante legal de Serfinansa S.A., Natalia Boude Mutis. <\/p>\n
<\/p>\n
Se trata m\u00e1s bien de una divergencia de criterio en torno a la apreciaci\u00f3n de ese material a la luz de la normatividad, disputa en la que no puede prevalecer el de la recurrente, siendo que ni siquiera constituye una visi\u00f3n alternativa v\u00e1lida en la medida que no combate eficazmente el argumento consistente en que solo el propietario podr\u00eda desarrollar las actividades necesarias tendientes a la escrituraci\u00f3n del inmueble urbano, es decir, Marlenis Florian, quien a su vez era su representante legal. <\/p>\n
<\/p>\n
Por \u00faltimo, se advierte que se reprocha al Tribunal no haber visto la confesi\u00f3n del demandante de no haber aceptado recibir el inmueble, lo que no es relevante frente a lo acabado de explicar ampliamente, pues, no era esa la obligaci\u00f3n, sino hacer la tradici\u00f3n a favor de un tercero, en la medida que el acreedor no est\u00e1 obligado a recibir nada distinto. <\/p>\n
<\/p>\n
6.7.- El primer cargo tambi\u00e9n aduce de manera tangencial que la obligaci\u00f3n que se enrostra a Invinag S.A.S. no solo no aparece en el contrato de compraventa, que es el objeto del ataque en este proceso, sino que en la cl\u00e1usula tercera las partes declaran satisfecha la adquirida en la promesa que la precedi\u00f3, planteamiento que reitera en el segundo embate, en el que tambi\u00e9n sostiene que a\u00fan si no se aceptara esa afirmaci\u00f3n, lo cierto es que la prestaci\u00f3n qued\u00f3 cobijada por la renuncia a la acci\u00f3n resolutoria respecto de las obligaciones futuras, plasmada en la cl\u00e1usula quinta de la convenci\u00f3n final. <\/p>\n
<\/p>\n
6.7.1. En relaci\u00f3n con el primer aspecto, es decir, la inexistencia de la obligaci\u00f3n en el acto que es objeto de este proceso, la denuncia se apoya en la presunta err\u00f3nea apreciaci\u00f3n de la cl\u00e1usula 3\u00aa de la promesa de 20 de septiembre de 2013, que previ\u00f3 el pago de una parte del precio mediante la transferencia del apartamento a Serfinansa S.A. dentro de los 30 d\u00edas siguientes, as\u00ed como de la cl\u00e1usula 3\u00aa del contrato de compraventa que dio por colmada esa prestaci\u00f3n. Adem\u00e1s, por la preterici\u00f3n del hecho 10 de la demanda, donde la parte actora relata que era una obligaci\u00f3n \u00abque se estipul\u00f3 en el contrato de promesa\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
Nuevamente se observa que la discusi\u00f3n no se sit\u00faa estrictamente en el campo de la objetividad de las pruebas, pues las dos primeras fueron objeto de examen en la medida que la apelante as\u00ed lo plante\u00f3 al sustentar la alzada y la restante no hace m\u00e1s que ratificar lo se\u00f1alado en las anteriores, sino en una discrepancia con las conclusiones del Tribunal. <\/p>\n
<\/p>\n
Disparidad de criterios en la que solo podr\u00eda prevalecer el de la censora si demostrara, en primer lugar, que la intelecci\u00f3n de dichos elementos por parte del fallador es completamente desatinada y, abatida la misma, que la suya es la que mejor les conviene. <\/p>\n
<\/p>\n
En efecto, tal y como est\u00e1 concebida la estipulaci\u00f3n postrera que asevera el cumplimiento del d\u00e9bito contractual, no resulta clara frente a la realidad indiscutida que indica que ello no hab\u00eda sucedido para el 30 de diciembre de 2013 en que se sent\u00f3 en la escritura p\u00fablica No. 465 de la Notar\u00eda \u00danica de Santa Ana (Magd.), lo cual reclama una interpretaci\u00f3n de acuerdo con los elementos que la ley provee en materia de convenciones. <\/p>\n
<\/p>\n
Necesidad que de inmediato conduce a desentra\u00f1ar la voluntad de las partes, prefiriendo el sentido en que la disposici\u00f3n produzca efecto al que se lo niegue, advirti\u00e9ndose delanteramente que en ning\u00fan momento tuvieron la intenci\u00f3n de ignorar esa prestaci\u00f3n porque en el contrato final la tuvieron presente, a lo que se suma que las reglas de la experiencia indican que desde el punto de vista del acreedor mercantil no es l\u00f3gico que la abandone sin explicaci\u00f3n alguna, m\u00e1xime si en ello va, como en este caso, la satisfacci\u00f3n de apremiantes deudas insolutas con un tercero, como lo refleja el acuerdo de pago con Serfinansa S.A. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
6.7.2.- Lo anterior conduce examinar el otro t\u00f3pico sobre el que versa el segundo cargo, mediante el que la censura se duele que el Tribunal no encasillara la pluricitada obligaci\u00f3n entre las \u00abfuturas\u00bb cobijadas por la renuncia a la condici\u00f3n resolutoria t\u00e1cita contenida en la cl\u00e1usula quinta, por supuesta falta de apreciaci\u00f3n del poder que los demandantes confirieron al abogado Luis Fernando Mendoza Plaza para concretar la daci\u00f3n en pago; del convenio que este celebr\u00f3 con Serfinansa para ese fin; y de la misiva de 14 de abril de 2014 en la que esta entidad inform\u00f3 a su mandatario que Invinag S.A.S. no hab\u00eda realizado la transferencia. <\/p>\n
<\/p>\n
De conformidad con dichos elementos y atendiendo que lo cuestionado en este proceso es la obligaci\u00f3n de transferir el inmueble urbano, renovada en la compraventa, se observa que aunque el Tribunal estableci\u00f3 que su incumplimiento se produjo antes de esa fecha, por la mera observaci\u00f3n de que estaba fijada a m\u00e1s tardar el 26 de octubre de 2013, no menos cierto es que su car\u00e1cter \u00abno futuro\u00bb lo decant\u00f3 al se\u00f1alar que \u00abrevisado el referido instrumento p\u00fablico se constat\u00f3 que en \u00e9l no se alude a la daci\u00f3n en pago a Serfinansa S.A. como una obligaci\u00f3n pendiente o que deber\u00eda cumplirse con posterioridad al contrato, sino como un acto consumado que, por tanto, escapa al convenio excluyente\u00bb, lo cual impide enrostrarle que apenas se hubiese basado en que la oportunidad de su cumplimiento hab\u00eda vencido el 30 de octubre de 2013. <\/p>\n
<\/p>\n
Con todo, en la medida que la citada obligaci\u00f3n fue renovada en la escritura de 30 de diciembre de ese a\u00f1o es claro que su incumplimiento no pod\u00eda juzgarse por lo ocurrido o dejado de pasar previamente, lo que lleva a desentra\u00f1ar si en verdad qued\u00f3 cubierta por la cl\u00e1usula de renuncia a la acci\u00f3n resolutoria. <\/p>\n
<\/p>\n
En tal sentido, lo primero que se advierte es que la disposici\u00f3n convencional, en cuanto entra\u00f1a la renuncia al privilegio de ejercer una acci\u00f3n que, en principio, el ordenamiento se\u00f1ala \u00ednsito en todo contrato bilateral, solo puede aplicarse restrictivamente a los casos que claramente est\u00e9n comprendidos en ella. <\/p>\n
<\/p>\n
Por otra parte, resulta apresurado concluir que \u00abobligaciones futuras\u00bb son aquellas que deben cumplirse m\u00e1s adelante en el tiempo, porque si bien nuestra legislaci\u00f3n no brinda una definici\u00f3n, su conceptualizaci\u00f3n es deducible al observar, por ejemplo, el inciso segundo del art\u00edculo 2365 del C\u00f3digo Civil que al referirse a las mismas como objeto de fianza indica que el \u00abno podr\u00e1 el fiador retractarse mientras la obligaci\u00f3n principal no exista\u00bb, (se destaca) lo que claramente indica que en realidad alude a una obligaci\u00f3n que \u00abes indeterminada en su existencia y cuant\u00eda\u00bb (CSJ SC 1\u00ba jul. 2008, exp. 2001-00803-01). <\/p>\n
<\/p>\n
En el mismo sentido, la doctrina extranjera da claridad al se\u00f1alar que \u00ab[l]a ‘obligaci\u00f3n futura’ es \u00abaquella que no existe todav\u00eda al momento de la constituci\u00f3n de hipoteca, pero que existir\u00e1 en raz\u00f3n de que hay cierta seguridad o posibilidad de que ello ocurra\u00bb (Cueva, 2008, p. 265). <\/p>\n
<\/p>\n
Desde luego que no se est\u00e1 afirmando que ello corresponda a un concepto exclusivo de las garant\u00edas, sino que la regulaci\u00f3n que trata sobre las mismas responde a la pregunta sobre qu\u00e9 es una obligaci\u00f3n futura. <\/p>\n
<\/p>\n
Adicionalmente, ning\u00fan elemento diferente sugiere que los contratantes quisieran dejar la espec\u00edfica obligaci\u00f3n de la compradora de transferir el inmueble al tercero desprovista de la acci\u00f3n resolutoria, por lo que se concluye que no se equivoc\u00f3 el fallador de instancia al desestimar el alegato respectivo que reproduc\u00eda la excepci\u00f3n de m\u00e9rito que precisamente se denomin\u00f3 \u00abRenuncia a la condici\u00f3n resolutoria\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
7.- Despejado lo anterior, es preciso examinar si el incumplimiento fue nimio y, por ende, inapto para fulminar la resoluci\u00f3n del contrato, en torno a lo cual la recurrente aduce que el Tribunal se equivoc\u00f3 al dictaminar que representaba m\u00e1s de un 20% de las prestaciones a cargo de Invinag S.A.S., porque en realidad apenas correspond\u00eda al 15.64%. del negocio, para lo cual parte de la base de que el valor que se le asign\u00f3 en la compraventa fue de $219.000.000 y que el total de esta fueron $1.400.000.000 <\/p>\n
<\/p>\n
Lo cierto es que, no obstante la declaraci\u00f3n sobre el precio en las escrituras atacadas, no existe discusi\u00f3n que el valor realmente convenido y satisfecho parcialmente es el anotado en la promesa, es decir, $1.720.000.000, pues as\u00ed se afirm\u00f3 en el hecho cuarto de la demanda, que fue aceptado por la llamada y constituy\u00f3 la base de la que parti\u00f3 el a quo para efecto de las restituciones mutuas, sin que ello fuera materia de la alzada. <\/p>\n
<\/p>\n
Por consiguiente, es el referente firme para determinar el precio asignado al apartamento, es decir, $350.000.000, lo que de entrada deja sin piso el cargo que parte de una base irreal para obtener el \u00edndice que se propone como constitutivo de obligaci\u00f3n nimia. <\/p>\n
<\/p>\n
En la anterior medida, es claro que el porcentaje real de la obligaci\u00f3n insoluta ascendi\u00f3 a 20.34%, de tal suerte que no se equivoc\u00f3 el Tribunal en su apreciaci\u00f3n en el sentido de que, en t\u00e9rminos relativos, su incumplimiento era importante; incluso, si se aceptara el \u00edndice que propone el recurrente, nada indica que sea irrelevante. <\/p>\n
<\/p>\n
Lo dicho sin contar con que en t\u00e9rminos absolutos la suma de $350.000.000 en el a\u00f1o 2013 ni ahora es despreciable, pues entonces equival\u00eda a 593 salarios m\u00ednimos legales mensuales y alcanzaban para comprar un apartamento de 280 metros situado en el centro de la ciudad de Santa Marta. <\/p>\n
<\/p>\n
Desde la perspectiva de la parte actora, tambi\u00e9n es claro que le era de gran significaci\u00f3n, pues de conformidad con el acuerdo de pago que suscribi\u00f3 con Serfinansa S.A. le hubiese permitido amortizar una parte sustancial de los $1.230.000.000 en que se liquid\u00f3 la obligaci\u00f3n, cuya debida satisfacci\u00f3n le permit\u00eda acceder a un no menos importante descuento de $116.085.945, equivalentes a 111.08 salarios. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
<\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO casa la sentencia proferida el 7 de febrero de 2018 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta dentro del proceso verbal que Miriam Nieto de Benavides, N\u00e9stor Jos\u00e9 Benavides L\u00f3pez y Compa\u00f1\u00eda Comercial y Ganadera Tico Benavides Ltda. siguieron a Inmobiliaria y Agropecuaria S.A.S. -Invinag S.A.S. <\/p>\n
<\/p>\n
Costas a cargo de la recurrente y a favor de los accionados. Incl\u00fayase $12\u2019000.000 como agencias en derecho. <\/p>\n
<\/p>\n
En su oportunidad, devu\u00e9lvase el expediente a la Corporaci\u00f3n de origen. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Art\u00edculos 1603 del C\u00f3digo Civil y 871 del C\u00f3digo de Comercio <\/p>\n
15 <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
SC5312-2021 (2016-00040-01) Rad. No. 47001-31-03-005-2016-00040-01 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado Ponente SC5312-2021 Radicaci\u00f3n […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[43],"tags":[],"class_list":["post-59919","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59919","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59919"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59919\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59919"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59919"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59919"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}