SC5453-2021 (2014-00085-01)<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
SC5453-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 52001-31-03-002-2014-00085-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dos de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecis\u00e9is (16) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide el recurso de casaci\u00f3n resultante de la selecci\u00f3n positiva realizada por el magistrado ponente, frente a la sentencia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Pasto, Sala Civil-Familia, de 1\u00b0 de febrero de 2017, en el proceso que L\u00e1cteos Andinos de Nari\u00f1o Ltda. promovi\u00f3 contra Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En el escrito inaugural de la controversia, despu\u00e9s de corregido, la demandante deprec\u00f3 \u00abcondenar a Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A. a pagar en favor de L\u00e1cteos Andinos de Nari\u00f1o Ltda\u2026 en su condici\u00f3n de tomador de la p\u00f3liza Todo Riesgo Pyme No. 190120700096 expedida el 30 de mayo de 2013\u2026 la suma de\u2026 ($777\u2019092.808,oo), correspondiente al valor asegurado parcial\u00bb (folio 75 del cuaderno 1), as\u00ed como intereses moratorios desde el 21 de octubre del mismo a\u00f1o aumentados en un 50%. <\/p>\n
2. En apoyo la actora relat\u00f3 que, entre el 19 de agosto y 2 de septiembre de 2013, se present\u00f3 el Paro Agrario Nacional y el bloqueo de la v\u00eda Panamericana entre Ipiales, Pasto, Popay\u00e1n y Cali, con des\u00f3rdenes, confusi\u00f3n, alteraci\u00f3n del orden p\u00fablico y disturbios de car\u00e1cter violento y tumultuario, con la consecuente par\u00e1lisis de la actividad empresarial de la demandante, bajo la amenaza de destrucci\u00f3n de sus instalaciones; adem\u00e1s, \u00ablas turbas\u2026 no permitieron el funcionamiento normal\u2026, se bloque\u00f3\u2026 el suministro de materias primas\u2026 el acceso de los obreros, personal administrativo, t\u00e9cnico, lo cual ocasion\u00f3 enormes p\u00e9rdidas, que oblig\u00f3 a acudir a la p\u00f3liza, para sortear las p\u00e9rdidas\u00bb (folio 72). <\/p>\n
Mencion\u00f3 que incumpli\u00f3 los suministros establecidos con clientes mayoristas y minoristas, en desmedro de su imagen y del pago de obligaciones financieras. Tambi\u00e9n se detuvieron las obras que estaban en ejecuci\u00f3n para el montaje de las l\u00edneas de leche larga vida. <\/p>\n
Calific\u00f3 la desprotecci\u00f3n como total, \u00abtanto as\u00ed que se orden\u00f3 a los celadores previa autorizaci\u00f3n telef\u00f3nica, la entrega de grandes cantidades de leche, que estaba en buenas condiciones y productos para el consumo de los enfurecidos participantes de los bloqueos\u2026 La entrega se hizo bajo la amenaza de destruir las instalaciones de la Empresa. Es decir por f\u00edsico temor a grandes represalias, se entreg\u00f3 lo \u00fanico bueno que quedaba de los productos\u00bb (folio 73). <\/p>\n
Rememor\u00f3 que present\u00f3 el aviso de siniestro el 11 de septiembre de 2013, en respuesta de lo cual la entidad aseguradora solicit\u00f3 m\u00faltiples documentos y finalmente se abstuvo de pagar el siniestro, bajo el argumento de que el paro agrario no estaba cubierto. <\/p>\n
Arguy\u00f3 que fue enga\u00f1ada con la p\u00f3liza pues \u00abal inici[o] ofrecen\u2026 todas las coberturas\u2026 pero en el cuadernillo de condiciones generales, en el numeral 3.35, presentan exclusiones que el tomador desconoce\u00bb (folio 74), tales como el riesgo pol\u00edtico. <\/p>\n
3. La convocada fue notificada personalmente (folio 93) y, al contestar, manifest\u00f3 no constarle los hechos y plante\u00f3 las excepciones que intitul\u00f3 \u00abcarencia de derecho para demandar\u00bb y \u00abexclusi\u00f3n de cobertura\u00bb (folios 94 a 99). <\/p>\n
4. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pasto dict\u00f3 sentencia el 15 de junio de 2016, en la cual deneg\u00f3 las pretensiones (folios 156 a 160). <\/p>\n
5. Apelada esta decisi\u00f3n por la convocante el superior desat\u00f3 la alzada el 1\u00b0 de febrero de 2017, confirmando la providencia de primera instancia por las razones que se compendian adelante (folios 28 a 30 del cuaderno Tribunal). <\/p>\n
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
1. Despu\u00e9s de recordar el deber de valoraci\u00f3n judicial de las pruebas, el ad quem desech\u00f3 que el fallador de primer grado incurriera en un error de hecho, en atenci\u00f3n a que, en los juicios por responsabilidad contractual, el primer insumo para evaluar la existencia, validez, oponibilidad y cumplimiento del acuerdo de voluntades es el escrito contentivo del mismo; m\u00e1xime frente al contrato de seguro, porque la \u00fanica forma de demostrar su celebraci\u00f3n es la confesi\u00f3n o el escrito, de all\u00ed que la p\u00f3liza constituya un insumo necesario para establecer si el asegurador observ\u00f3 sus deberes convencionales. <\/p>\n
En consecuencia, la falta de revisi\u00f3n de las certificaciones, inventarios o declaraciones criticada por la apelante, mal podr\u00eda considerarse como una indebida valoraci\u00f3n del material demostrativo por parte del a quo. <\/p>\n
2. Centrado en el contrato celebrado entre L\u00e1cteos Andinos de Nari\u00f1o Ltda. y Mapfre Seguros, el Tribunal estim\u00f3 que estaba conformado por la p\u00f3liza y el clausulado general, ante la remisi\u00f3n expresa y en negrilla que la primera hizo al \u00faltimo, en cumplimiento de los requisitos fijados en los art\u00edculos 1048 y 1049 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
Documentos en los que, seg\u00fan el ad quem, se limitaron los bienes asegurados al \u00ab\u00edndice variable edificio\u00bb e \u00ab\u00edndice variable contenidos\u00bb, por un monto de $3.373.637.901, con exclusi\u00f3n de la cobertura por ganancias dejadas de obtener en desarrollo del objeto social, como lo pretendi\u00f3 la tomadora; colof\u00f3n ratificado por el condicionado general. <\/p>\n
3. Frente al amparo por huelga, mot\u00edn, asonada, conmoci\u00f3n interior y actos mal intencionados de terceros, resalt\u00f3 que \u00fanicamente se cubri\u00f3 el incendio, destrucci\u00f3n o da\u00f1os materiales ocasionados sobre los bienes asegurados. <\/p>\n
De all\u00ed que, como en la demanda se pretendi\u00f3 la reparaci\u00f3n de los da\u00f1os originados en la imposibilidad de desarrollar el objeto social, tal reclamaci\u00f3n no se encuentra cubierta. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, en aplicaci\u00f3n del numeral 3.35 del condicionado general, el hecho da\u00f1oso que se configur\u00f3 fue expresamente excluido de la cobertura, como son los dem\u00e9ritos ocasionados por la imposibilidad de acceso a la f\u00e1brica de la demandante. <\/p>\n
Clarific\u00f3 que la utilizaci\u00f3n de la expresi\u00f3n \u00abtodo riesgo\u00bb debe entenderse dentro del contexto de las coberturas y exclusiones pactadas entre las partes, la que precisamente se configur\u00f3 en el caso por lo explicado en precedencia. <\/p>\n
4. Frente a las cr\u00edticas por indebida interpretaci\u00f3n del contrato de seguro, estim\u00f3 que la p\u00f3liza y anexidades no son confusas o ambiguas, pues los riesgos cubiertos est\u00e1n claramente redactados, as\u00ed como la exclusi\u00f3n por el impedimento de acceder al predio. <\/p>\n
5. Por \u00faltimo, record\u00f3 el par\u00e1grafo del art\u00edculo 1048 del C\u00f3digo de Comercio, el cual permite al tomador solicitar al asegurador los anexos de la p\u00f3liza, facultad de la cual pudo hacer uso la demandante para acceder al clausulado general cuya existencia fue advertida en la p\u00f3liza, m\u00e1xime porque la car\u00e1tula no constituye el seguro en s\u00ed mismo, raz\u00f3n para descartar que la convocada actuara de mala fe. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
El convocado propuso dos (2) embistes (folios 12 a 27 del cuaderno Corte). El primero fue inadmitido por auto AC5460 de 13 de diciembre de 2018 (folios 30 a 36 idem). En esta misma providencia el magistrado sustanciador resolvi\u00f3 \u00abseleccionar positivamente el libelo respecto al segundo reproche\u00bb, el cual se decidir\u00e1 en lo subsiguiente con el fin de establecer si la sentencia del Tribunal es susceptible de ser casada oficiosamente en los t\u00e9rminos del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
1. La selecci\u00f3n oficiosa. <\/p>\n
1.1. La casaci\u00f3n, asentada hist\u00f3ricamente en el principio dispositivo, sufri\u00f3 una profunda transformaci\u00f3n con la entrada en vigencia del nuevo estatuto adjetivo, que imbuido de la prevalencia del derecho sustancial sobre el adjetivo, admiti\u00f3 la oficiosidad para este recurso extraordinario. <\/p>\n
Precisamente, el canon 336 de la nueva codificaci\u00f3n procesal dispuso: \u00abLa Corte no podr\u00e1 tener en cuenta causales de casaci\u00f3n distintas de las que han sido expresamente alegadas por el demandante. Sin embargo, podr\u00e1 casar la sentencia, a\u00fan de oficio, cuando sea ostensible que la misma compromete gravemente el orden o el patrimonio p\u00fablico, o atenta contra los derechos y garant\u00edas constitucionales\u00bb. <\/p>\n
En concordancia, al definir los objetivos de este remedio, el C\u00f3digo General del Proceso no se limit\u00f3 a los reconocidos hist\u00f3ricamente en el art\u00edculo 365 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, sino que tambi\u00e9n previ\u00f3 como tales \u00abdefender el ordenamiento jur\u00eddico, lograr la eficacia de los instrumentos internacionales suscritos por Colombia en el derecho interno, proteger los derechos constitucionales, controlar la legalidad de los fallos, unificar y reparar los agravios irrogados a las partes con ocasi\u00f3n de la providencia recurrida\u00bb (art\u00edculo 333). <\/p>\n
Frente a este cambio de paradigma, la Corte Constitucional se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
Se trata de un instrumento de significativa relevancia que adem\u00e1s de limitar la naturaleza marcadamente dispositiva que ha caracterizado el recurso de casaci\u00f3n -con impactos negativos importantes en la prevalencia del derecho sustancial-, contribuye en plena armon\u00eda con los nuevos fines que lo inspiran, a promover el influjo directo de contenidos constitucionales en la comprensi\u00f3n e interpretaci\u00f3n de los asuntos civiles, comerciales, agrarios y de familia. Tiene la Corte Suprema de Justicia, por expresa disposici\u00f3n del legislador procesal, el deber de transformar cualitativamente el significado del recurso. En el \u00e1mbito de sus atribuciones, la Corte Suprema debe asegurar que las normas de la Constituci\u00f3n adquieran real vigencia y efectividad en el derecho ordinario. Es a la luz de estas consideraciones que ese Tribunal deber\u00e1 interpretar esta nueva instituci\u00f3n. El legislador ya ha dado un paso, el siguiente le corresponde a la Corte (C-213\/17). <\/p>\n
La casaci\u00f3n, entonces, dej\u00f3 de limitarse a las m\u00edticas funciones de unificaci\u00f3n jurisprudencial y nomofil\u00e1quica, de importancia sinigual para la unidad del sistema jur\u00eddico, con el fin de, adicionalmente, propender por un acercamiento entre la justicia material y el caso concreto, siempre que se configure alguno de los motivos que dan lugar a la intervenci\u00f3n oficiosa. <\/p>\n
Para hacer efectivos estos fines se facult\u00f3 a la Corte, en caso de que advierta la necesidad de unificar la jurisprudencia, proteger los derechos constitucionales o efectuar un control de legalidad de los fallos, en los t\u00e9rminos del inciso segundo del art\u00edculo 16 de la ley 270 de 1996, hacer uso de la selecci\u00f3n e intervenir ex officio. <\/p>\n
1.2. Agotado el tr\u00e1mite de selecci\u00f3n, la Corporaci\u00f3n \u00abpodr\u00e1 casar la sentencia\u00bb de alzada cuando \u00absea ostensible que la misma compromete gravemente el orden o el patrimonio p\u00fablico, o atenta contra los derechos y garant\u00edas constitucionales\u00bb (art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso). <\/p>\n
Sobre este mandato, la jurisprudencia sostuvo: <\/p>\n
Al disponer que esta Corporaci\u00f3n \u2018podr\u00e1 casar la sentencia, a\u00fan de oficio\u2019, est\u00e1 comprometiendo \u2018in radice\u2019 a la Corte de Casaci\u00f3n con la construcci\u00f3n del Estado Social de Derecho, para cumplir las finalidades del recurso, autorizando quebrar la sentencia al margen de la prosperidad t\u00e9cnica de las causales esgrimidas por el recurrente cuando al momento de fallar, en su tarea de control constitucional y legal atribuida por el legislador, como derecho propio en el \u00e1mbito casacional, se hallen en juego valores, principios y derechos supremos, y en forma patente y paladina aparezcan comprometidos: 1. El orden p\u00fablico, 2. El patrimonio p\u00fablico, o 3. Se atente gravemente contra los derechos y garant\u00edas constitucionales (SC1131, 5 feb. 2016, rad. n.\u00b0 00433, reiterada SC5568, 18 dic. 2019, rad. n.\u00b0 2011-00101-01). <\/p>\n
Trasluce que para poder anular oficiosamente el veredicto de instancia deben satisfacerse, concomitantemente, tres (3) requisitos: (I) El error del Tribunal debe ser ostensible, huelga decirlo, \u00abclaro, manifiesto, patente\u00bb1; (II) La afectaci\u00f3n irrogada a la parte ha de ser grave: \u00abde mucha entidad o importancia\u00bb2; y (III) Es necesario que se configure alguna de las causales se\u00f1aladas en la legislaci\u00f3n: desconocimiento del orden p\u00fablico, del patrimonio p\u00fablico o de los derechos y garant\u00edas de los sujetos procesales. <\/p>\n
En este contexto, no es manifiesto el error contenido en \u00abla decisi\u00f3n del sentenciador que no se aparta de las alternativas de razonable apreciaci\u00f3n que ofrezca la prueba [o del derecho aplicable al caso] o que no se impone frente a \u00e9sta como afirmaci\u00f3n il\u00f3gica y arbitraria, es decir, cuando s\u00f3lo se presente apenas como una posibilidad de que se haya equivocado\u00bb (SC048, 3 jun. 2008, rad. n.\u00b0 1997-11872-01). <\/p>\n
1.2.2. La gravedad de la pifia hace referencia a que la misma \u00abhaya sido determinante en el sentido de la decisi\u00f3n confutada, \u2018vale decir, en la medida que haya sido determinante de la decisi\u00f3n final, en una relaci\u00f3n necesaria de causa a efecto\u2019\u00bb (SC4232, 23 sep. 2021, rad. n.\u00b0 2013-00757-01). <\/p>\n
1.2.3. Por \u00faltimo, debe configurarse alguno de los motivos concretos para la casaci\u00f3n de oficio, esto es: <\/p>\n
(I) El desconocimiento del orden p\u00fablico, entendido como el conjunto de normas -instituciones, principios y reglas- que interesan a la sociedad en su conjunto, que no pueden derogarse o modificarse por convenios particulares, ni ser renunciados por los interesados (cfr. SC003, 18 en. 2021, rad. n.\u00b0 2010-00682-01). <\/p>\n
Dicho en breve, el orden p\u00fablico consulta \u00abintereses de car\u00e1cter general\u00bb (SC, 29 ab. 1969, GJ CXXX, n.\u00b0 2310-2311-2312), as\u00ed como \u00ablos principios fundamentales en que se inspira el ordenamiento jur\u00eddico nacional\u00bb (SC080, 5 nov. 1996; reiterada SC, 22 sep. 1999, exp. n.\u00b0 6702 y SC, 16 jul. 2001, exp. n.\u00b0 7528) y \u00ablos principios b\u00e1sicos\u2026 que inspiran las instituciones estatuidas en Colombia\u00bb (SC, 30 en. 2004, rad. n.\u00b0 2002-00008-01; reiterada SC077, 6 ag. 2004, rad. n.\u00b0 2001-00190-01 y SC, 28 may. 2010, rad. n.\u00b0 2008-00596-00). <\/p>\n
(II) La afectaci\u00f3n del patrimonio p\u00fablico, esto es, el menoscabo, detrimento, p\u00e9rdida o deterioro a los bienes o recursos p\u00fablicos y dem\u00e1s intereses patrimoniales del Estado3. <\/p>\n
La Corte Constitucional, al adentrarse en esta noci\u00f3n, manifest\u00f3 que \u00abel patrimonio p\u00fablico, en sentido amplio, se entiende aquello que est\u00e1 destinado, de una u otra manera a la comunidad y que est\u00e1 integrado por los bienes y servicios que a ella se le deben como sujeto de derechos\u00bb (C-479\/95). <\/p>\n
(III) La vulneraci\u00f3n de los derechos y garant\u00edas constitucionales de los intervinientes en el proceso, que corresponden a los contenidos en la parte dogm\u00e1tica de este cuerpo normativo, como lo asever\u00f3 recientemente esta Sala: \u00abla Corte hoy tiene la facultad de casar de oficio el fallo impugnado\u2026 cuando a las partes del proceso sus derechos -sobre todo constitucionales fundamentales- le han sido conculcados\u00bb (negrilla fuera de texto, AC4862, 3 dic. 2018, rad. n.\u00b0 2015-00573-01). <\/p>\n
Ya la Corte Constitucional fij\u00f3 como derrotero que la casaci\u00f3n \u00abes una instituci\u00f3n jur\u00eddica destinada a hacer efectivo el derecho material y las garant\u00edas fundamentales de las personas que intervienen en un proceso\u00bb (negrilla fuera de texto, C-998\/04). <\/p>\n
1.3. En el presente caso, como se rememor\u00f3, el magistrado ponente hizo uso de la selecci\u00f3n positiva con el objeto de \u00abrealizar un estudio de fondo de la valoraci\u00f3n probatoria que se denunci\u00f3 en el segundo cargo, con el fin de establecer el alcance del amparo de las \u2018existencias\u2019 que fue alegada en las instancias por el demandante y su interrelaci\u00f3n con las exclusiones, de cara al tipo de seguro contratado\u00bb; adem\u00e1s, para \u00abrevisar la valoraci\u00f3n de las varias car\u00e1tulas que conformaban el contrato, de forma sistem\u00e1tica y sin limitarse a la inicial\u2026 [a efectos de] descartar la configuraci\u00f3n de situaciones que atenten contra el orden p\u00fablico o desatiendan el derecho de contradicci\u00f3n de la accionante\u00bb (negrilla fuera de texto, folio 35 reverso). <\/p>\n
Procede entonces adentrarse en el estudio de los t\u00f3picos mencionados, con el fin de establecer si es posible acudir a la casaci\u00f3n oficiosa de la providencia. <\/p>\n
2. Lo debatido y decidido en el sub examine. <\/p>\n
2.1. La demandante, como se evoc\u00f3, pretendi\u00f3 el pago parcial del valor asegurado por cuanto el paro agrario impidi\u00f3 su funcionamiento normal, porque \u00abse bloque\u00f3 permanente[mente] durante ese per\u00edodo el suministro de\u2026 materias primas\u2026, as\u00ed como se bloque\u00f3 el acceso de los obreros, personal administrativo, t\u00e9cnico, lo cual\u2026 ocasion\u00f3 enormes p\u00e9rdidas\u00bb (folio 72 del cuaderno 1). <\/p>\n
Adicionalmente fundament\u00f3 su pedimento en que los intervinientes en el paro emitieron \u00abamenazas de destruir las instalaciones\u00bb (idem), lo que condujo a que se viera forzada a entregar los productos elaborados que estaban en buen estado. De forma literal, histori\u00f3 que \u00ab[l]a desprotecci\u00f3n fue total, tanto as\u00ed que se orden\u00f3 a los celadores previa autorizaci\u00f3n telef\u00f3nica, la entrega de grandes cantidades de leche\u2026 y productos para el consumo de los enfurecidos participantes de los bloqueos\u2026 La entrega se hizo bajo la amenaza de destruir las instalaciones de la empresa. Es decir[,] por f\u00edsico temor a grandes represalias, se entreg\u00f3 lo \u00fanico bueno que quedaba de los productos\u00bb (negrilla fuera de texto, folio 73). <\/p>\n
2.2. Refulge que el reclamo judicial se orient\u00f3 a obtener de la sociedad aseguradora la indemnizaci\u00f3n de las consecuencias generadas por dos (2) causas diferentes: (i) la imposibilidad de que los empleados accedieran a los predios de la pretendiente y la subsiguiente par\u00e1lisis empresarial; y (ii) las supuestas amenazas realizadas por los protestantes que condujeron a la entrega coactiva de los inventarios existentes. <\/p>\n
Predicamento sobre el cual insisti\u00f3 la demandante a lo largo del proceso. As\u00ed, al alegar de conclusi\u00f3n en primera instancia, fue enf\u00e1tica en subrayar que, \u00abdentro de su protesta, muchos malintencionados procedieron[,] aprovechando la oportunidad, a amenazar con quemar la empresa, a detener la entrega de insumos a la empresa y a presionar para que se les diera el producto elaborado\u00bb (negrilla fuera de texto, folio 152 del cuaderno 1). <\/p>\n
Adem\u00e1s, al sustentar la apelaci\u00f3n, se puso de presente que \u00abtoda la materia prima se perdi\u00f3, pero no as\u00ed al producto que estaba elaborado, [que] exigieron que se entregara a los amotinados, o a los conmocionados civilmente, a efectos de procurarles alimentaci\u00f3n\u00bb (negrita fuera de texto, minutos 11:00 a 11:19 de la audiencia de 1\u00b0 de febrero de 2017). <\/p>\n
2.3. No obstante el contenido de la causa petendi – pago del lucro cesante e indemnizaci\u00f3n por la p\u00e9rdida de existencias-, el Tribunal circunscribi\u00f3 su actividad decisoria al primero de los t\u00f3picos, sin analizar lo tocante al segundo. <\/p>\n
Para esclarecimiento, se transcriben las expresiones exactas del ad quem: <\/p>\n
De lo hasta aqu\u00ed analizado, dentro de los bienes asegurados, \u00fanicamente se encuentran, como se hizo constar en la p\u00f3liza, el \u00edndice variable edificio y el \u00edndice variable contenidos, lo que da a entender que lo mencionado en el recurso de apelaci\u00f3n como p\u00e9rdidas econ\u00f3micas no est\u00e1n amparadas por la p\u00f3liza a la que se ha hecho menci\u00f3n, puesto que lo asegurado, como ya se dijo, es el edificio, el inmueble, con la producci\u00f3n y lo que se encontraba dentro de \u00e9l, no las ganancias que se pudieran llegar a obtener como consecuencia del desarrollo de la actividad econ\u00f3mica u objeto social de l\u00e1cteos andino\u2026 <\/p>\n
Ahora, la anterior conclusi\u00f3n no s\u00f3lo se desprende de la lectura de la parte denominad[a] bienes asegurados, sino del documento P\u00f3liza todo riesgo condicionado p\u00f3liza de seguros, allegado con la contestaci\u00f3n de la demanda\u2026, as\u00ed en la secci\u00f3n primera\u2026 se advierte que la compa\u00f1\u00eda cubre los da\u00f1os materiales s\u00fabitos e imprevistos que afecten al predio asegurado e indicados en la car\u00e1tula de la p\u00f3liza y a los bienes ubicados en su interior, pero de ninguna forma a las p\u00e9rdidas causadas por la par\u00e1lisis en la actividad comercial o en la imposibilidad de desarrollar el objeto social de la empresa tomadora, bienes que son de naturaleza muy distinta al inmueble o a los haberes materiales que se resguarden en su interior\u2026 (negrita fuera de texto, minutos 33:09 a 35:56 de la audiencia de 1\u00b0 de febrero de 2017). <\/p>\n
Y prosigui\u00f3: <\/p>\n
\u2026para el caso que nos ocupa se aleg\u00f3, tanto en los hechos de la demanda, como en la sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n, que los da\u00f1os y perjuicios ocasionados a la sociedad L\u00e1cteos Andinos del Nari\u00f1o Ltda. tuvieron como origen el bloqueo de las v\u00edas que permiten el tr\u00e1nsito en la carretera panamericana\u2026 afectando el ingreso y movilidad de sus trabajadores, personal t\u00e9cnico y administrativo, lo que consecuentemente origin\u00f3 una suspensi\u00f3n en el desarrollo del objeto social de la empresa\u2026 (negrita fuera de texto, minutos 37:05 a 37:41 ibidem) <\/p>\n
Refulge que el an\u00e1lisis de la alzada se acot\u00f3 al tema de la imposibilidad de acceso a la empresa, sin analizar la reclamaci\u00f3n de forma comprensiva, para incluir lo relativo a la p\u00e9rdida de \u00abexistencias\u00bb. <\/p>\n
[S]i el fundamento de la acusaci\u00f3n obedece a una desviaci\u00f3n del tema que fue objeto de la pretensi\u00f3n deducida en la sustentaci\u00f3n del recurso, el ataque deber\u00e1 dirigirse por la senda de la causal segunda de casaci\u00f3n, por vicio de incongruencia entre lo pedido por el impugnante y lo resuelto por el ad quem (SC1916, 31 may. 2018, rad. n.\u00b0 2005-00346-01; en el mismo sentido SC4415, 13 ab. 2016, rad. n.\u00b0 2012-02126-00). <\/p>\n
Entendimiento que encuentra respaldo en <\/p>\n
\u2026el art\u00edculo 305 del estatuto procesal [actual 281 del CGP] el cual se\u00f1ala que \u2018la sentencia deber\u00e1 estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las dem\u00e1s oportunidades que este C\u00f3digo contempla, y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si as\u00ed lo exige la ley\u2019. Luego, la incongruencia no se presenta solo cuando existe una disonancia entre lo invocado en las pretensiones de la demanda y lo fallado, sino que tambi\u00e9n se patentiza cuando la sentencia no armoniza con lo pedido en la sustentaci\u00f3n del recurso que, indudablemente, corresponde a una pretensi\u00f3n del derecho sustancial controvertido (SC5142, 16 dic. 2020, rad. n.\u00b0 2010-00197-01). <\/p>\n
En el mismo sentido pueden consultarse los prove\u00eddos SC3627-2021 (rad. n.\u00b0 2014-58023-01), SC4174-2021 (rad. n.\u00b0 2013-11183-01), SC4106-2021 (rad. n.\u00b0 2018-02233-00) y AC2610-2021 (rad. n.\u00b0 2012-00100-01), constituyendo una doctrina probable de obligatoria observancia. <\/p>\n
2.5. El cercenamiento descrito le impidi\u00f3 al sentenciador tener en cuenta que, dentro de los bienes asegurados en la p\u00f3liza n.\u00b0 1901207000096, expedida el 30 de mayo de 2013 por Mapfre Seguros, de acuerdo con la car\u00e1tula, se incluyeron los \u00ab\u00edndice variable edificio\u00bb e \u00ab\u00edndice variable contenidos\u00bb (folio 10 del cuaderno 1), que al ser especificados frente a cada uno de los inmuebles se disgregaron en edificio, equipos de c\u00f3mputo, equipos, equipos m\u00f3viles y port\u00e1tiles, muebles y enseres, maquinaria y existencia. <\/p>\n
Frente a esta \u00faltima se previ\u00f3: <\/p>\n
<\/p>\n
Datos del riesgo (inmueble) <\/p>\n
Valor total asegurado por inmueble <\/p>\n
Bienes asegurados <\/p>\n
Valor de los bienes (por existencias) <\/p>\n
F\u00e1brica de Productos L\u00e1cteos, v\u00eda Panamericana v\u00eda sur km 7, Pasto <\/p>\n
3.270.436.236 <\/p>\n
Existencias <\/p>\n
400.000.0004 <\/p>\n
F\u00e1brica de Productos L\u00e1cteos, cra 5 N 20-18, Ipiales <\/p>\n
32.760.000 <\/p>\n
Existencias <\/p>\n
10.000.0005 <\/p>\n
F\u00e1brica de Productos L\u00e1cteos, calle del comercio, Tumaco <\/p>\n
45.000.000 <\/p>\n
Existencias <\/p>\n
15.000.0006 <\/p>\n
F\u00e1brica de Productos L\u00e1cteos, calle 11 cra 33 \u2013 2, Mocoa <\/p>\n
25.441.665 <\/p>\n
Existencias <\/p>\n
15.894.1907 <\/p>\n
La expresi\u00f3n existencias, conforme al condicionado, comprende las \u00ab[m]aterias primas, insumos y material de empaque o de envase con los cuales se fabrican los productos. Igualmente, los bienes semiprocesados y los productos terminados y listos para entregar\u00bb (negrilla fuera de texto, folio 118 reverso del cuaderno 1). En suma, abarca tres (3) componentes: (I) materias primas; (II) productos en fabricaci\u00f3n; y (III) bienes fabricados; en todos los casos, bajo la premisa de que sean propiedad de la asegurada o se encuentren bajo su custodia. <\/p>\n
En este punto conviene precisar que, contrario a lo se\u00f1alado por el Tribunal, las existencias fueron cubiertas para todos los riesgos, como se extrae de las siguientes disposiciones negociales: <\/p>\n
(I) en la p\u00f3liza se listaron las existencias dentro de los bienes asegurados, sin preverse ninguna exclusi\u00f3n. De hecho, si se revisan los otros activos amparados (edificios, equipos de c\u00f3mputo, equipos, equipos m\u00f3viles y port\u00e1tiles, muebles, enseres y maquinaria), algunos fueron exceptuados seg\u00fan el inmueble resguardado, sin que se hiciera lo mismo con las existencias, las cuales se ampararon en todos los casos; <\/p>\n
(II) dentro del valor de los bienes asegurados, discriminados por inmueble ($3.270.436.236, $32.760.000, $45.000.000 y $25.441.665), se introdujo un rubro espec\u00edfico para las existencias ($400.000.000, $10.000.000, $15.000.000 y $15.894.190), lo que trasluce su incorporaci\u00f3n; <\/p>\n
(III) el valor total de los bienes asegurados, que como se dijo incluye las existencias, es id\u00e9ntico al asegurado para el riesgo por HMACC-AMIT8, estipulaci\u00f3n que desvela su inclusi\u00f3n; y <\/p>\n
2.5. En la forma planteada queda en evidencia el yerro en que incurri\u00f3 el ad quem, no s\u00f3lo por cercenar el contenido de la apelaci\u00f3n, sino porque esta omisi\u00f3n le impidi\u00f3 evaluar de forma integral la p\u00f3liza de seguros, con el fin de establecer que los da\u00f1os sobre las existencias originados en actos mal intencionados de terceros daban origen el d\u00e9bito indemnizatorio en cabeza de la aseguradora, incluso frente a actos mal intencionados de terceros, como los provenientes de la \u00abminga ind\u00edgena\u00bb. <\/p>\n
2.6. Sin embargo, advierte la Corte que este dislate carece de la trascendencia necesaria para dar paso a la intervenci\u00f3n oficiosa, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, por las razones que se explican a continuaci\u00f3n. <\/p>\n
2.6.1. Remem\u00f3rese, como ya se explic\u00f3, que no basta la ocurrencia de un error de juzgamiento o procedimental para dar cabida a la casaci\u00f3n de oficio, sino que el mismo debe revestir las condiciones de ser ostensible y grave. <\/p>\n
Total, \u00abpara no alterar la naturaleza de la casaci\u00f3n como remedio extraordinario, a la comentada facultad [oficiosa] solo puede acudirse excepcionalmente, y ante la inequ\u00edvoca evidencia de la lesi\u00f3n que el fallo recurrido irroga al orden o el patrimonio p\u00fablico, los derechos o las garant\u00edas constitucionales\u00bb (negrilla fuera de texto, CSJ, AC3057, 1\u00b0 ag. 2019, rad. n.\u00b0 2015-00360-01). <\/p>\n
De all\u00ed que la Corte, de forma insistente, al calificar los escritos de sustentaci\u00f3n sometidos a su conocimiento, haga hincapi\u00e9 en que la oficiosidad \u00fanicamente puede abrirse paso frente a dislates que refuljan evidentes y con materialidad10. <\/p>\n
2.6.2. En el caso, al margen de que los dislates del ad quem se materializaron, lo cierto es que la demandante, con su comportamiento procesal al cierre del litigio, abandon\u00f3 el reclam\u00f3 relativo a la p\u00e9rdida de existencias fruto de los actos mal intencionados de terceros, determinaci\u00f3n que debe ser respetada por esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
Basta revisar con detenimiento la demanda de casaci\u00f3n para encontrar que L\u00e1cteos Andinos de Nari\u00f1o Ltda. propuso dos (2) embistes, estructurados alrededor de una eventual nulidad por vencimiento del t\u00e9rmino para fallar en segunda instancia y el alcance de la cobertura (folios 12 a 27 del cuaderno Corte), sin referir lo relativo a la p\u00e9rdida de productos inventariados como mecanismo para evitar que se cristalizaran las presiones de los manifestantes. <\/p>\n
Dicho en otras palabras, ninguna queja se alz\u00f3 sobre la resoluci\u00f3n citra petita de la pretensi\u00f3n impugnaticia, ni sus consecuencias concretas frente al objeto reclamado, lo que desvela la determinaci\u00f3n impl\u00edcita de la opugnante de que este asunto quedara saldado con la providencia que resolvi\u00f3 la apelaci\u00f3n. <\/p>\n
Es cierto que en el escrito casacional se invoc\u00f3 el tema de las existencias, bajo el argumento de que el veredicto de segunda instancia dej\u00f3 de lado esta cobertura \u00aba sabiendas de que estaban en primer lugar en la p\u00e1gina principal de la p\u00f3liza, por no haber aplicado el literal \u2018c\u2019 del numeral 2 del art\u00edculo 184 del Estatuto Org\u00e1nico del Sistema Financiero Colombiano\u00bb (folio 26 del cuaderno Corte); en embargo, este reproche no se asoci\u00f3 a las amenazas elevadas por los manifestantes, sino que por el contrario insisti\u00f3 en el punto nodal de las instancias, como es que \u00abdada la oferta de ser todo riesgo\u00bb el segundo se entiende que \u00abprotege los bienes muebles e inmuebles, contra toda clase de riesgos\u00bb (\u00eddem). <\/p>\n
La ausencia de formulaci\u00f3n de un embiste, en el marco del principio dispositivo, \u00abseg\u00fan el cual las partes tienen la iniciativa de la acci\u00f3n, el impulso del proceso, la fijaci\u00f3n de los l\u00edmites de la decisi\u00f3n, la formulaci\u00f3n de los recursos e, incluso, los efectos de la cosa juzgada\u00bb (SC282, 15 feb. 2021, rad. n.\u00b0 2008-00234-01), trasluce una decisi\u00f3n impl\u00edcita de abandonar el reclamo tocante a las existencias perdidas fruto de actos mal intencionados de terceros. <\/p>\n
Y es que, la \u00ab[r]enuncia es sin\u00f3nimo de abandono o abdicaci\u00f3n\u2026 es un acto unilateral realizado de forma expresa o impl\u00edcita (facta concludentia) por el titular de un derecho subjetivo o de una facultad\u00bb11, como precisamente sucedi\u00f3 en el caso por el comportamiento de la convocante. <\/p>\n
La oficiosidad, en este contexto, no puede servir para socavar un acto de renuncia v\u00e1lido, frente al abandono de derechos patrimoniales que s\u00f3lo interesan al renunciante; m\u00e1xime porque no se advierte una afrenta grave contra el orden o el patrimonio p\u00fablicos, ni a los derechos y garant\u00edas constitucionales. <\/p>\n
Remem\u00f3rese, \u00ab[c]ualquier clase de derechos instituidos en inter\u00e9s particular de su titular, aunque sean eventuales o condicionales, pueden ser renunciados\u00bb, lo que constituye una verdadera \u00ablibertad de renunciar a los derechos propios\u00bb12, lo que salvaguarda caros principios constitucional como la libertad individual, el libre desarrollo de la personalidad y la libertad econ\u00f3mica, de all\u00ed que su restricci\u00f3n s\u00f3lo sea posible frente a situaciones excepcionales, ninguna de las cuales se advierte en el sub examine. <\/p>\n
3. Por las razones dilucidada encuentra esta Corporaci\u00f3n que la casaci\u00f3n oficiosa no puede abrirse paso, en el marco de la selecci\u00f3n positiva de la cual hizo uso el magistrado sustanciador, como se reconocer\u00e1 en la parte resolutiva de esta providencia. <\/p>\n
En consecuencia y como la resoluci\u00f3n del remedio extraordinario tuvo su origen en el ejercicio de facultades ex officio, no se cumplen las condiciones se\u00f1aladas en los art\u00edculos 349 y 365 -numeral 1\u00b0- del CGP para la imposici\u00f3n de condena en costas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, no casa la sentencia de 1\u00b0 de febrero de 2017, proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Pasto, Sala Civil-Familia, en el proceso que L\u00e1cteos Andinos de Nari\u00f1o Ltda. promovi\u00f3 contra Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A. <\/p>\n
No habr\u00e1 condena en costas en casaci\u00f3n por corresponder a una actuaci\u00f3n oficiosa. <\/p>\n
En su oportunidad devu\u00e9lvase la actuaci\u00f3n al Tribunal de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese <\/p>\n
FRANCISCO JOS\u00c9 TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
2\u0002 \u00cddem. <\/p>\n
3\u0002 Cfr. CE, Secci\u00f3n 1\u00aa, 29 oct. 2020, rad. n.\u00b0 2018-00020-01A <\/p>\n
4\u0002 Folio 13 del cuaderno 1. <\/p>\n
5\u0002 Folio 16 idem. <\/p>\n
6\u0002 Folio 19 idem. <\/p>\n
7\u0002 Folio 22 idem. <\/p>\n
8\u0002 Folios 13, 16, 19 y 22 del cuaderno 1. <\/p>\n
9\u0002 Folios 14, 16, 19 y 22 idem. <\/p>\n
10\u0002 Cfr. AC4549, 30 sep. 2021, rad. n.\u00b0 2018-00234-01; AC3327, 26 ag. 2021, rad. n.\u00b0 2017-00405-01; AC3705, 25 ag. 2021, rad. n.\u00b0 2016-00182-01; entre muchas otras. <\/p>\n
11\u0002 Benigno Pend\u00e1s, Enciclopedia de las Ciencias Morales y Pol\u00edticas para el Siglo XXI, Real Academia de Ciencias Morales y Pol\u00edticas, Madrid, 2020, p. 737. <\/p>\n
12\u0002 Jorge Joaquin Llambias, et. al., Manual de Derecho Civil, Obligaciones, Ed. Perrot, Buenos Aires, 1997, p. 478. <\/p>\n
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SC5453-2021 (2014-00085-01) AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente SC5453-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 52001-31-03-002-2014-00085-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dos de diciembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1 D.C., diecis\u00e9is (16) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). Se decide el recurso de casaci\u00f3n resultante de la selecci\u00f3n […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[43],"tags":[],"class_list":["post-59921","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59921","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59921"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59921\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59921"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59921"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59921"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}