SC5473-2021 (2017-40845-01)_2<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
SC5473-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-31-99-001-2017-40845-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dos de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecis\u00e9is (16) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la demandante frente a la sentencia proferida el 28 de marzo de 2019, por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en el proceso verbal que Inalambria Internacional S.A. promovi\u00f3 contra Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante solicit\u00f3 declarar que la convocada incurri\u00f3 en el acto de competencia desleal de violaci\u00f3n de normas, prohibido en el art\u00edculo 18 de la ley 256 de 1996, que le impidi\u00f3 desempe\u00f1arse en condiciones competitivas en el mercado de servicio de mensajes de texto; y se le condene al pago de los perjuicios ocasionados y que en lo sucesivo se causen, los cuales estim\u00f3 en $6.508\u2019248.905. <\/p>\n
2. Tales pretensiones tuvieron como sustento f\u00e1ctico el que a continuaci\u00f3n se sintetiza: <\/p>\n
2.1. El 1 de enero de 2010 el Banco BBVA e Inalambria Internacional celebraron contrato para la prestaci\u00f3n del servicio de mensajer\u00eda m\u00f3vil empresarial \u00abSMS\u00bb (Short Message Service), por medio del cual esta entidad se oblig\u00f3 con aquella a transmitir mensajes de datos en pantalla de telefon\u00eda celular con destino a los clientes del Banco, convenio que fue modificado a trav\u00e9s de 10 otros\u00edes. <\/p>\n
2.2. Con el fin de cumplir sus actividades de Integrador Tecnol\u00f3gico y especialmente las adquiridas con el Banco BBVA, Inalambria suscribi\u00f3 otro acuerdo de voluntades con Colombia Telecomunicaciones, como Proveedor de Redes de Servicios y Telecomunicaciones \u00abPRST\u00bb, para el env\u00edo y\/o recepci\u00f3n de mensajes de texto SMS, por lo cual entre \u00e9stas dos empresas naci\u00f3 una relaci\u00f3n de acceso a la red. <\/p>\n
2.3. A ra\u00edz de la expedici\u00f3n de la Resoluci\u00f3n 4458 de 14 de abril de 2014 de la Comisi\u00f3n de Regulaci\u00f3n de Comunicaciones, en virtud de la cual ampli\u00f3 la regulaci\u00f3n que fija l\u00edmites a las tarifas de acceso eficiente para el segmento de mensajes SMS, los precios m\u00e1ximos de este servicio fueron reducidos en los t\u00e9rminos de la Resoluci\u00f3n 3500 de 2011 de tal Comisi\u00f3n, favoreciendo a todos los proveedores que hicieran uso de las redes, lo que incluye a otros proveedores de redes y servicios, a los Proveedores de Contenidos y Aplicaciones \u00abPCA\u00bb y a los Integradores Tecnol\u00f3gicos. <\/p>\n
2.4. Con ocasi\u00f3n de la nueva regulaci\u00f3n plasmada en la Resoluci\u00f3n 4458 mencionada, el 2 de mayo de 2014 Inalambria firm\u00f3 con el Banco BBVA un otros\u00ed al contrato de prestaci\u00f3n del servicio de mensajer\u00eda m\u00f3vil empresarial \u00abSMS\u00bb, para reducir las tarifas pactadas; pero el Banco insisti\u00f3 en valores inferiores por lo que durante el a\u00f1o 2014 ambas empresas cruzaron diversas propuestas, sin lograr acuerdo, trunc\u00e1ndose tal relaci\u00f3n a partir del 17 de febrero de 2015. <\/p>\n
2.5. Este rompimiento contractual deriv\u00f3 de la negativa de Colombia Telecomunicaciones a ajustar la tarifa convenida con Inalambria Internacional, no obstante la solicitud radicada el 2 de mayo de 2014, porque impidi\u00f3 el traslado de los nuevos y menores costos al Banco BBVA. Tal reticencia gener\u00f3 que la demandante iniciara, ante la Comisi\u00f3n de Regulaci\u00f3n de Comunicaciones, tr\u00e1mite administrativo para dirimir la contienda, el cual culmin\u00f3 con Resoluci\u00f3n 4779 de 28 de agosto de 2015, confirmada con similar 4827 de 15 de diciembre siguiente, que accedi\u00f3 a los reclamos de Inalambria, tras considerar que la relaci\u00f3n existente entre esta y la convocada era de acceso y, por ende, sujeta a las tarifas plasmadas en las Resoluciones 2501 de 2011 y 4458 de 2014. <\/p>\n
2.6. Colombia Telecomunicaciones s\u00f3lo acat\u00f3 esas decisiones a partir de 28 de marzo de 2016, seg\u00fan Acta N\u00b0 3 del Comit\u00e9 Mixto de Acceso, en la que adem\u00e1s reconoci\u00f3 a favor de Inalambria los valores cobrados en exceso entre el 15 de abril de 2014 y el 28 de marzo de 2016, periodo durante el cual transgredi\u00f3 las Resoluciones 4458 de 2014, 4779 y 4827 de 2015 de la CRC, la primera de car\u00e1cter general y las dos restantes de \u00edndole particular, pues aplic\u00f3 a Inalambria una tarifa superior a la regulada para el acceso a su red, incurriendo en la conducta de competencia desleal prohibida en el art\u00edculo 18 de la ley 256 de 1996, ya que vulner\u00f3 tal normativa, obtuvo una ventaja competitiva y significativa frente a Inalambria, como competidor directo en el mercado de mensajer\u00eda de texto corporativa SMS, gener\u00e1ndole perjuicios. <\/p>\n
2.7. En el mes de octubre de 2016 fue restablecida la relaci\u00f3n comercial entre Inalambria y el Banco BBVA. <\/p>\n
3. Tras su vinculaci\u00f3n al pleito, Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP guard\u00f3 silencio dentro del lapso concedido para contestar la demanda. <\/p>\n
4. Una vez agotadas las fases del juicio, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, con sentencia de 8 de agosto de 2018, accedi\u00f3 a la pretensi\u00f3n declarativa y conden\u00f3 a la convocada al pago de $3.473\u2019600.000 por concepto de perjuicios. <\/p>\n
5. El 28 de marzo de 2019 el superior revoc\u00f3 tal decisi\u00f3n al resolver la apelaci\u00f3n interpuesta por ambas partes, en su lugar desestim\u00f3 las s\u00faplicas del libelo y conden\u00f3 en costas en ambas instancias a la promotora. <\/p>\n
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
1. El juzgador ad-quem inicialmente precis\u00f3 cumplidos los presupuestos procesales, inexistente vicio que impidiera dictar sentencia y record\u00f3 que su competencia era ilimitada, habida cuenta que ambas partes apelaron la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
2. A continuaci\u00f3n record\u00f3 el marco te\u00f3rico de la competencia desleal y coligi\u00f3 satisfechos los \u00e1mbitos requeridos para la aplicaci\u00f3n de la ley 256 de 1996, que, anot\u00f3, son el subjetivo, en la medida en que las dos empresas litigantes son comerciantes, y el objetivo porque las conductas fueron desplegadas en el sector de las telecomunicaciones y espec\u00edficamente en el de transmisi\u00f3n de mensajes de datos \u00abSMS\u00bb, pues la convocada funge como proveedora, al paso que la reclamante es usuaria. <\/p>\n
3. Despu\u00e9s de citar el ordenamiento jur\u00eddico atinente a la competencia desleal refiri\u00f3, respecto del acto de violaci\u00f3n de norma atribuido a la demandada, que al tenor del art\u00edculo 18 de la ley 256 de 1996 requiere tres presupuestos para su configuraci\u00f3n: 1) la inadvertencia normativa; 2) la obtenci\u00f3n de una ventaja competitiva significativa; y 3) el nexo de causalidad entre aquella y esta: <\/p>\n
3.1. En cuanto a la inadvertencia normativa se\u00f1al\u00f3 que Colombia Telecomunicaciones desobedeci\u00f3 la Resoluci\u00f3n 4458 de 2014 de la CRC, pues as\u00ed lo decidi\u00f3 esta entidad en el tr\u00e1mite administrativo que culmin\u00f3 con las Resoluciones 4779 y 4827 de 2015, en las cuales se\u00f1al\u00f3 que el cobro por el servicios de mensajes cortos de texto \u00abSMS\u00bb, que realizaba a la convocante por usar la red de aquella, deb\u00eda regirse por el primero de esos actos administrativos, que a su vez remit\u00eda a los l\u00edmites tarifarios plasmados en el art\u00edculo 35 de la Resoluci\u00f3n 3501 de 2011 y sus modificaciones. <\/p>\n
3.2. En cuanto a la obtenci\u00f3n de una ventaja competitiva y significativa consider\u00f3 que debe ser de tal impacto que posicione en el mercado al infractor, otorg\u00e1ndole mayor beneficio sobre el resto de los competidores, lo que no fue acreditado en el plenario con las pruebas documentales y testimoniales recaudadas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, el dictamen pericial practicado s\u00f3lo tuvo el prop\u00f3sito de establecer los valores dejados de percibir por la demandante respecto del contrato que suscribi\u00f3 con el Banco BBVA, as\u00ed como el cobro excesivo que hizo la convocada al desatender la Resoluci\u00f3n 4458 de 2014 de la CRC; entonces lo \u00fanico que acredit\u00f3 la accionante fueron los contratos que suscribi\u00f3 con la enjuiciada y con el Banco BBVA. <\/p>\n
El desconocimiento de los l\u00edmites m\u00e1ximos tarifarios por s\u00ed s\u00f3lo no constituye acto de competencia desleal, porque no devela provecho de gran magnitud para la convocada en tanto existen otros factores en el mercado que determinan al consumidor en la elecci\u00f3n para proveerse de un bien o servicio. <\/p>\n
Tampoco aparece prueba de que el alto precio ofrecido por Colombia Telecomunicaciones a Inalambria generara desplazamiento o extinci\u00f3n de la competencia, porque para la \u00e9poca de los hechos otros proveedores de red, como Avantel, prestaron el mismo servicio a un menor precio, tal cual lo acept\u00f3 la promotora en su libelo. <\/p>\n
Por ende, aunque la actuaci\u00f3n de Colombia Telecomunicaciones s\u00ed implic\u00f3 la p\u00e9rdida para Inalambria Internacional de la relaci\u00f3n que ten\u00eda con el Banco BBVA por los costos elevados en el uso de la red de la demandada, no se configura el acto de competencia desleal deprecado. <\/p>\n
4. De otro lado, la transacci\u00f3n mencionada por la encartada con posterioridad al lapso concedido para contestar la demanda no basta para desestimar las pretensiones, pues el perjuicio reclamado corresponde a la tarifa excesiva aplicada por Colombia Telecomunicaciones a la accionante, entre el 15 de abril de 2014 y el 28 de marzo de 2016, y aunque ambas transigieron los efectos de dicho incumplimiento, este acuerdo s\u00f3lo tuvo por objeto la relaci\u00f3n contractual que las ataba, no los efectos adversos de dicha desproporci\u00f3n en las dem\u00e1s relaciones contractuales de la promotora. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Inalambria Internacional plante\u00f3 dos cargos contra la sentencia del tribunal, fundados en las causales 3\u00aa y 1\u00aa del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, por lo que el estudio de la Corte iniciar\u00e1 por aquel embate, al ser el orden l\u00f3gico, en la medida en que es de rigor despachar primero los embates que imputan al Tribunal errores in procedendo. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Al amparo de la causal 3\u00aa de casaci\u00f3n, la recurrente censura al tribunal por pronunciarse sobre aspectos ajenos a los expuestos en las apelaciones interpuestas por ambas partes contra la sentencia de primera instancia, a pesar de que el canon 320 del ordenamiento adjetivo citado limita la competencia del juzgador ad-quem a los reparos expuestos en las alzadas, salvo que todas las partes hubieren recurrido \u00edntegramente el fallo seg\u00fan se desprende del tenor literal del inciso 2\u00b0 del canon 328 de la misma obra, lo que no ocurri\u00f3 en el sub lite pues la convocante expresamente anunci\u00f3 que s\u00f3lo disent\u00eda de los apartes que le fueron desfavorables, espec\u00edficamente la negativa al reconocimiento del da\u00f1o emergente pedido y estimado con juramento. <\/p>\n
Y la demandada esgrimi\u00f3 apelar toda la sentencia por no haber incurrido en el acto de competencia desleal endilgado ya que su conducta fue at\u00edpica, adem\u00e1s aleg\u00f3 la inexistencia de relaci\u00f3n causal entre los da\u00f1os reclamados y concedidos por el tribunal respecto de la conducta desplegada por Colombia Telecomunicaciones, que el juzgador no observ\u00f3 los errores de los dict\u00e1menes periciales recaudados, que el fallo fue incongruente por afirmar que Colombia Telecomunicaciones rob\u00f3 a la demandante el cliente Banco BBVA, no valor\u00f3 c\u00f3mo las alegaciones de Inalambria desdicen de sus propios actos y del principio de vigencia de los actos administrativos particulares expedidos por la Comisi\u00f3n de Regulaci\u00f3n de Comunicaciones, que tampoco existi\u00f3 violaci\u00f3n de la regulaci\u00f3n sectorial vigente porque la relaci\u00f3n entre los litigantes no era de acceso, que las diferencias de interpretaci\u00f3n normativas no pueden dar lugar al acto de competencia desleal demandado y que la sentencia de primer grado debi\u00f3 acoger la transacci\u00f3n alegada. <\/p>\n
Por consecuencia, no era de recibo que el tribunal se pronunciara sobre todos los presupuestos axiol\u00f3gicos del acto de competencia desleal alegado, como quiera que las dos apelantes no censuraron \u00edntegramente la decisi\u00f3n de primera instancia, pues la promotora expresamente refiri\u00f3 que su alzada era parcial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Es pertinente indicar que por entrar en vigencia de manera \u00edntegra el C\u00f3digo General del Proceso, a partir del 1\u00ba de enero de 2016, al sub judice resulta aplicable ya que consagr\u00f3, en los art\u00edculos 624 y 625 numeral 5\u00ba, que los recursos, entre otras actuaciones, deber\u00e1n surtirse bajo \u00ablas leyes vigentes cuando se interpusieron\u00bb, tal cual sucede con el que ahora ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, en raz\u00f3n a que fue radicado con posterioridad a la fecha citada. <\/p>\n
2. El art\u00edculo 305 del anterior estatuto procesal civil, equivalente al 281 del C\u00f3digo General del Proceso, establece que \u00abla sentencia deber\u00e1 estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las dem\u00e1s oportunidades que este c\u00f3digo contempla, y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si as\u00ed lo exige la ley. No podr\u00e1 condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto al pretendido en la demanda, ni por causa diferente a la invocada en \u00e9sta\u00bb. <\/p>\n
De all\u00ed se desprende que al juzgador le est\u00e1 vedado imponer una condena que supere las s\u00faplicas del reclamante, pronunciarse sobre un objeto distinto al delimitado por los contendores o por una causa diferente a la invocada por ellos, al paso que est\u00e1 obligado a resolver los que s\u00ed fueron expuestos; todo sin menoscabo del ejercicio de sus facultades oficiosas. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con esto la Sala ha decantado: <\/p>\n
(\u2026) son los involucrados en el conflicto, con sus escritos, quienes delimitan el contorno del debate, fijando las pautas a tener en cuenta al momento de desatar la litis y restringiendo, por ende, la labor del funcionario encargado de resolverla. De esa forma, el desconocimiento del querer explicitado se constituye en una irregularidad en la producci\u00f3n del fallo, ya sea por referirse a puntos no sometidos a discusi\u00f3n, acceder a menos de lo pedido o desbordando los alcances esbozados (\u2026) Al respecto la Sala en SC de 18 de diciembre de 2013, rad. 2000-01098-01, precis\u00f3 que (\u2026) validada la suficiencia del texto de la demanda, mediante su admisi\u00f3n, y concedida la oportunidad de contradecir a aquellos contra quienes se dirige, no puede el funcionario dirimir la disputa por fuera de los lineamientos que le imponen las partes, ya sea al hacer ordenamientos excesivos frente a las expectativas de \u00e9stas, al dejar de lado aspectos sometidos a su escrutinio o al resolver puntos que no han sido puestos a consideraci\u00f3n, salvo cuando procede en estricto cumplimiento de las facultades oficiosas conferidas por la ley (\u2026) Y en ese mismo pronunciamiento record\u00f3 como (\u2026) La Corporaci\u00f3n tiene dicho al respecto que \u2018[e]l principio dispositivo que inspira el proceso civil, conduce a que la petici\u00f3n de justicia que realizan las partes delimite la tarea del juez y a que \u00e9ste, por consiguiente, al dictar sentencia, deba circunscribir su pronunciamiento a lo reclamado por ellas y a los fundamentos de hecho que hubieren delineado, salvo el caso de las excepciones que la ley permite reconocer de oficio, cuando aparecen acreditadas en el proceso\u2019. (CSJ SC8410 de 2014, rad. 2005-00304). <\/p>\n
Como regla de principio, no incurre en incongruencia el fallador cuando desestima totalmente las s\u00faplicas de la demanda, porque tal decisi\u00f3n repele cualquier exceso u omisi\u00f3n en la resoluci\u00f3n del debate, habida cuenta que \u00ab(e)ste motivo de impugnaci\u00f3n, en principio, es ajeno a los fallos completamente adversos a quien provoca el conflicto, en la medida que brindan una soluci\u00f3n \u00edntegra frente a lo requerido y sus alcances totalizadores no dejan campo para la duda o la ambivalencia. En otras palabras, se niega lo que se pide y, por ende, no puede decirse que exista una contradicci\u00f3n por el s\u00f3lo hecho de que el reclamante insista en un prop\u00f3sito y el funcionario no encuentre soporte al mismo.\u00bb (CSJ SC de 18 dic. 2013, rad. 2000-01098-01). <\/p>\n
No obstante, excepcionalmente el juez puede incurrir en el vicio de incongruencia -a pesar de negar todo lo pedido-, cuando toma un camino ajeno al debatido por los involucrados en la litis, es decir, desconoce abiertamente la situaci\u00f3n de facto sometida a su conocimiento y lo solicitado con base en esta. <\/p>\n
Igual yerro comete el funcionario judicial si tiene por probadas defensas no esgrimidas en tiempo y que eran del resorte exclusivo de una de las partes, como la prescripci\u00f3n, la nulidad relativa y la compensaci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed lo precis\u00f3 la Corte al considerar: <\/p>\n
(\u2026) en el caso de que la decisi\u00f3n absolutoria sea el producto de un desv\u00edo considerable de los hechos consignados en el libelo o haciendo caso omiso a los alegatos oportunamente presentados por los intervinientes, desbordando los l\u00edmites all\u00ed trazados al elaborar una interpretaci\u00f3n personal del asunto, que dista del querer expreso de las partes, tal proceder constituye un defecto que puede ser objeto de revisi\u00f3n. Lo que tambi\u00e9n ocurre si se tienen por probadas, de oficio, las defensas que omiti\u00f3 plantear el opositor al apersonarse del proceso, estando a su exclusivo cargo, como sucede con la prescripci\u00f3n, la nulidad relativa y la compensaci\u00f3n. (CSJ SC de 18 dic. 2013, rad. 2000-01098). <\/p>\n
Por lo tanto, para la prosperidad de la causal segunda prevista en el art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, hoy numeral tercero del canon 336 del C\u00f3digo General del Proceso, es menester que el recurrente demuestre un exabrupto palpable entre lo narrado y exigido en la demanda, as\u00ed como lo planteado en las defensas del oponente, frente a lo que aparece consignado en el fallo, de tal manera que se note de bulto c\u00f3mo lo decidido es extra\u00f1o al debate. <\/p>\n
3. Otra modalidad de incongruencia corresponde al exceso en que incurre el funcionario judicial de segunda instancia al decidir el recurso de apelaci\u00f3n desbordando los temas objeto de la alzada. <\/p>\n
Ciertamente, se trata de la aplicaci\u00f3n del principio tantum devolutum quantum appellatum, consagrado en el art\u00edculo 357 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, hoy 328 del C\u00f3digo General del Proceso, a cuyo tenor \u00abla apelaci\u00f3n se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podr\u00e1 enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en raz\u00f3n de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos \u00edntimamente relacionados con aqu\u00e9lla.\u00bb <\/p>\n
Entonces, las facultades del funcionario que conoce de la impugnaci\u00f3n interpuesta por un apelante \u00fanico est\u00e1n restringidas a las recriminaciones exteriorizadas por este, lo cual corresponde al desarrollo del principio de congruencia, en tanto al fallador de segunda instancia le est\u00e1 vedado manifestarse sobre asuntos no propuestos ante \u00e9l. <\/p>\n
Sobre esto la Sala razon\u00f3 que: <\/p>\n
Esta limitaci\u00f3n es la expresi\u00f3n de un principio general del derecho procesal, seg\u00fan el cual el juez que conoce de un recurso est\u00e1 circunscrito a lo que es materia de agravios, dado que no est\u00e1 facultado para despojar al apelante \u00fanico del derecho material que le fue reconocido en la providencia recurrida, y que fue aceptado por la contraparte que no impugn\u00f3 un extremo del litigio que le desfavoreci\u00f3. De este modo, lo que no es materia de impugnaci\u00f3n se tiene como consentido, sea beneficioso o perjudicial, por lo que la alzada (y de hecho, cualquier recurso) se resuelve en la medida de los agravios expresados. (CSJ SC4415 de 2016, rad. 2012-02126). <\/p>\n
En la misma providencia esta Corporaci\u00f3n concluy\u00f3 \u00ab[l]uego, la incongruencia no se presenta solo cuando existe una disonancia entre lo invocado en las pretensiones de la demanda y lo fallado, sino que tambi\u00e9n se patentiza cuando la sentencia no armoniza con lo pedido en la sustentaci\u00f3n del recurso (pretensi\u00f3n impugnaticia), que indudablemente corresponde a una invocaci\u00f3n del derecho sustancial controvertido.\u00bb <\/p>\n
En efecto, la resoluci\u00f3n de este mecanismo de defensa trae impl\u00edcitos, adem\u00e1s de los reproches incoados por los recurrentes, otros de forzoso pronunciamiento, tal cual lo revela el canon 328 del C\u00f3digo General del Proceso, al se\u00f1alar que \u00ab[e]l juez de segunda instancia deber\u00e1 pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley\u00bb. (Destacado ajeno). <\/p>\n
En este orden se tiene que, como regla de principio, la decisi\u00f3n del superior est\u00e1 restringida a los argumentos expuestos por el apelante, lo que no obsta para que sentencie sobre tem\u00e1ticas respecto de las cuales el ordenamiento le impone pronunciarse motu proprio, por estar \u00edntimamente relacionadas con el asunto sometido a su conocimiento, verbi gratia, las restituciones mutuas derivadas de distintas modalidades de decaimiento de un acuerdo de voluntades (CSJ SC 020 de 2003, rad. 6610; SC10097 de 2015, rad. 2009-00241); el deber de reexaminar en juicios coactivos el t\u00edtulo ejecutivo aportado a efectos de determinar la cabal concurrencia de sus requisitos (CSJ STC15169 de 2019, rad. 2019-01721; CSJ STC13428 de 2019, rad. 2019-01460); entre otros eventos. <\/p>\n
Uno de estos pronunciamientos oficiosos que debe asumir el funcionario ad-quem corresponde al se\u00f1alado en el art\u00edculo 282 de la obra en menci\u00f3n, a cuyo tenor \u00ab[e]n cualquier tipo de proceso, cuando el juez halle probados los hechos que constituyen una excepci\u00f3n deber\u00e1 reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo las de prescripci\u00f3n, compensaci\u00f3n y nulidad relativa, que deber\u00e1n alegarse en la contestaci\u00f3n de la demanda\u00bb. <\/p>\n
Otro lo constituye el an\u00e1lisis de los presupuestos del derecho reclamado por el demandante, sin que este proceder implique la desatenci\u00f3n del principio de la congruencia, porque como lo tiene dicho la Corte, \u00ab[d]esde esa perspectiva si lo que pasa por alto el sentenciador es la inexistencia del derecho reclamado, no quiere decir que el fallo sea inconsonante, que s\u00f3lo se da si no declara de oficio una \u00abexcepci\u00f3n\u00bb que forzosamente deb\u00eda reconocer. Esto es, no corresponde a un yerro in procedendo\u2026.\u00bb (CSJ SC4574 de 2015, rad. 2007-00600-02). <\/p>\n
Es decir, la resoluci\u00f3n del derecho reclamado por el solicitante, accediendo o negando, previamente al estudio de los mecanismos de defensa propuestos o a los reparos se\u00f1alados por el recurrente por v\u00eda de apelaci\u00f3n, no comporta la conculcaci\u00f3n del principio de congruencia, por tratarse del cumplimiento del deber de administrar justicia de que est\u00e1 investido todo funcionario judicial, ya de primera instancia ora de segundo grado, en desarrollo del derecho a la tutela judicial efectiva. <\/p>\n
La Corte sobre el punto decant\u00f3, en pronunciamiento que refer\u00eda a la legitimaci\u00f3n de las partes pero que guarda simetr\u00eda con el presente, que \u00abcuando los sentenciadores de instancia asumen el estudio de la legitimaci\u00f3n y determinan su ausencia en relaci\u00f3n con alguna de las partes, lo que los lleva a negar la pretensi\u00f3n, est\u00e1n, en estricto sentido, resolviendo oficiosamente sobre los presupuestos indispensables para desatar de m\u00e9rito la cuesti\u00f3n litigada.\u00bb (CSJ SC2642 de 2015, rad. 1993-05281). <\/p>\n
5. En suma, no se configura el vicio de incongruencia cuando el juzgador de segundo grado analiza la satisfacci\u00f3n de los presupuestos de la pretensi\u00f3n radicada por el demandante, aun cuando estos no sean objeto de reparo en la apelaci\u00f3n (SC3918 de 2021, rad. 2008-00106). <\/p>\n
Y como en el sub ex\u00e1mine el tribunal analiz\u00f3 la concurrencia de los dos \u00faltimos requisitos axiol\u00f3gicos del acto de competencia desleal evocado en la demanda, consagrado en el art\u00edculo 18 de la ley 256 de 1996, cual es que la violaci\u00f3n de normas all\u00ed prohibida generara a la convocada una ventaja competitiva, que en adici\u00f3n fuera significativa, el fallo no incursion\u00f3 en incongruencia, aun cuando esto no fue objeto de reclamo por v\u00eda de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Prevalida del primer motivo de casaci\u00f3n previsto en el art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, se invoca la conculcaci\u00f3n directa del canon 18 de la ley 256 de 1996, en raz\u00f3n a que la ventaja significativa a que all\u00ed se alude como necesaria para configurar el acto de competencia desleal de violaci\u00f3n de normas, al tenor de la jurisprudencia desarrollada por los juzgadores de instancia, puede serlo respecto de reglas dictadas en funci\u00f3n de corregir situaciones generadas por la informalidad de un agente prestador del servicio o para subsanar fallas del mercado que benefician a ciertos agentes econ\u00f3micos. <\/p>\n
En la segunda eventualidad, a\u00f1adi\u00f3 el reproche, cuando las normas son expedidas para corregir una ventaja competitiva que genera falla o desviaci\u00f3n en el mercado, no es necesaria la concurrencia de la ventaja competitiva significativa prevista en el art\u00edculo 18 de la ley 256 de 1996 para que se configure el acto de competencia desleal all\u00ed previsto, porque la trasgresi\u00f3n del precepto implica por si misma la obtenci\u00f3n de esa ventaja competitiva a favor del infractor, la cual se entiende significativa. <\/p>\n
Ejemplo de estas reglas son las resoluciones expedidas por la Comisi\u00f3n de Regulaci\u00f3n de Comunicaciones en virtud de las cuales interviene el mercado de las comunicaciones, buscando corregir fallas o desviaciones que generan ventajas competitivas a favor de uno o varios participantes y en contra de sus competidores. <\/p>\n
Y en el sub judice se tuvo por acreditado que ambas partes son comerciantes; su condici\u00f3n de competidores en el mercado de transmisi\u00f3n de mensajes datos SMS; la violaci\u00f3n de las Resoluciones 4458 de 2014, 4779 y 4827 de 2015 de la Comisi\u00f3n de Regulaci\u00f3n de Comunicaciones por la enjuiciada al cobrar a la demandante $73.99 por cada mensaje de texto, no obstante que el valor m\u00e1ximo para el a\u00f1o 2014 era de $9.28, en el 2015 era de $5.45 y en el 2016 $3.18; que Colombia Telecomunicaciones suscribi\u00f3 con el Banco BBVA una orden de servicio de fecha 12 de noviembre de 2014 cobrando mensajes de texto a $22,04 cada uno; y que la primera de las aludidas Resoluciones fue expedida para corregir una falla en el mercando porque los Proveedores de Redes de Servicios y Telecomunicaciones \u00abPRST\u00bb consegu\u00edan una ventaja competitiva al ejercer poder monop\u00f3lico, encareciendo la prestaci\u00f3n del servicio para los Proveedores de Contenidos y Aplicaciones. <\/p>\n
Entonces, el tribunal err\u00f3 porque le dio un alcance no previsto al concepto de ventaja significativa consagrado en el art\u00edculo 18 de la ley 256 de 1996 y desarrollado jurisprudencialmente, seg\u00fan el cual la expedici\u00f3n de normas reguladoras del mercado para intervenirlo con el objetivo de corregir fallas o desviaciones que por s\u00ed mismas generan ventajas competitivas significativas libera al demandante de esa exigencia normativa, falencia que adopt\u00f3 sin argumentaci\u00f3n que lo habilitara para alejarse del precedente, no obstante su obligatoriedad para todo operador judicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El art\u00edculo 333 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica consagra que \u00ab[l]a libre competencia econ\u00f3mica es un derecho de todos que supone responsabilidades\u00bb; asimismo, ordena que \u00ab[e]l Estado, por mandato de la ley, impedir\u00e1 que se obstruya o se restrinja la libertad econ\u00f3mica y evitar\u00e1 o controlar\u00e1 cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posici\u00f3n dominante en el mercado nacional\u00bb. <\/p>\n
La libre competencia se instituy\u00f3, entonces, como una condici\u00f3n para el correcto funcionamiento del circuito econ\u00f3mico, tendiente a garantizar que los agentes puedan participar seg\u00fan sus capacidades -tales como el prestigio comercial, calidad de los productos, antecedentes profesionales, condiciones negociales, propaganda, ubicaci\u00f3n-, dentro del engranaje de oferta y demanda de bienes y servicios (SC, 10 jul. 1986, GJ CLXXXVII); derecho que se socava por figuras como la deslealtad negocial, los comportamientos colusorios o el abuso de mercado, de all\u00ed que se imponga su desaprobaci\u00f3n. <\/p>\n
Y es que la palabra \u00abcompetencia\u00bb trasluce una \u00ab[s]ituaci\u00f3n de empresas que rivalizan en un mercado ofreciendo o demandando un mismo producto o servicio\u00bb1, la cual s\u00f3lo es posible con la participaci\u00f3n del mayor n\u00famero de agentes posible, actuando en condiciones de simetr\u00eda y lealtad. <\/p>\n
La Sala tiene dicho que \u00abla \u2018libre competencia econ\u00f3mica\u2019\u2026 responde a las necesidades del mercado de capitales y act\u00faa en contraposici\u00f3n a las pr\u00e1cticas monopol\u00edsticas, proscritas en la Carta Magna al tenor del art\u00edculo 336, salvo que se instituyan como arbitrio rent\u00edstico \u2018con una finalidad de inter\u00e9s p\u00fablico o social y en virtud de la ley\u2019\u00bb (SC, 13 oct. 2011, rad. n.\u00b0 2007-00209-01). Esto debido a que \u00abni desde el punto de vista mercantil, ni mucho menos del jur\u00eddico, es posible concebir una competencia omn\u00edmoda o ilimitada, donde solamente rija la salvaje y desenfrenada lucha por el mercado, porque en el marco del Estado Social de Derecho, este derecho, como todos los otros, s\u00f3lo tiene sentido si se entiende bajo la pauta interpretativa de un principio de igualdad de los competidores frente a la ley\u00bb (SC, 19 nov. 1999, rad. n.\u00b0 5091). <\/p>\n
La Corte Constitucional ha conceptuado: <\/p>\n
La libertad de competencia\u2026 acontece cuando un conjunto de empresarios o de sujetos econ\u00f3micos, bien se trate de personas naturales o jur\u00eddicas, dentro de un marco normativo y de igualdad de condiciones, ponen sus esfuerzos o recursos a la conquista de un mercado de bienes y servicios en el que operan otros sujetos con intereses similares. Se trata propiamente de la libertad de concurrir al mercado ofreciendo determinados bienes y servicios, en el marco de la regulaci\u00f3n y en la ausencia de barreras u obst\u00e1culos que impidan el despliegue de la actividad econ\u00f3mica l\u00edcita que ha sido escogida por el participante\u2026 <\/p>\n
La Corte ha identificado los contenidos del derecho a la libre competencia, se\u00f1alando que \u2018La libre competencia, por su parte, consiste en la facultad que tienen todos los empresarios de orientar sus esfuerzos, factores empresariales y de producci\u00f3n a la conquista de un mercado, en un marco de igualdad de condiciones. Seg\u00fan la jurisprudencia constitucional, esta libertad comprende al menos tres prerrogativas: (i) la posibilidad de concurrir al mercado, (ii) la libertad de ofrecer las condiciones y ventajas comerciales que se estimen oportunas, y (iii) la posibilidad de contratar con cualquier consumidor o usuario. En este orden de ideas, esta libertad tambi\u00e9n es una garant\u00eda para los consumidores, quienes en virtud de ella pueden contratar con quien ofrezca las mejores condiciones dentro del marco de la ley y se benefician de las ventajas de la pluralidad de oferentes en t\u00e9rminos de precio y calidad de los bienes y servicios, entre otros.\u2019 (C-032\/17). <\/p>\n
1.1. Por la variedad de temas involucrados, el estudio del derecho de la competencia \u00abse ha dividido, tradicionalmente, en dos grandes segmentos, a saber, por una parte, las denominadas pr\u00e1cticas comerciales restrictivas, que incluyen actualmente el estudio de los abusos de posici\u00f3n dominante as\u00ed como el an\u00e1lisis de algunas integraciones empresariales, y por la otra, los actos de competencia desleal\u00bb (SC, 13 nov. 2013, rad. n.\u00b0 1995-02015-01); vertientes que tienen una finalidad propia, como lo ha sostenido esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
[L]a regulaci\u00f3n de la competencia desleal, que protege y estimula la actividad empresarial y la libertad de quienes intervienen en el mercado, compitiendo entre s\u00ed con el prop\u00f3sito individual de cada uno de ellos de hacerse a la clientela; y por el otro, la de las pr\u00e1cticas comerciales restrictivas, cuyas normas persiguen impedir, conjurar, y eventualmente sancionar, los acuerdos o convenios de los empresarios, as\u00ed como las pr\u00e1cticas unilaterales y las concentraciones de empresas que en el escenario del mercado se encaminen a limitar la competencia o a restringir la oferta de bienes y servicios, en perjuicio de los consumidores, de la eficiencia econ\u00f3mica, as\u00ed como de la libre participaci\u00f3n de las empresas en el mercado (\u00eddem). <\/p>\n
Por esta senda, en el \u00e1mbito nacional se establecieron normas diferenciadas para reprimir las conductas contrarias a la libre competencia, agrupadas seg\u00fan la finalidad maliciosa del comportamiento, a saber: (I) pr\u00e1cticas restrictivas y (II) conductas desleales. <\/p>\n
Frente a las primeras, la ley 155 de 1959 vet\u00f3 todos \u00ablos acuerdos o convenios que directa o indirectamente tengan por objeto limitar la producci\u00f3n abastecimiento, distribuci\u00f3n o consumo de materias primas, productos, mercanc\u00edas o servicios nacionales o extranjeros, y en general toda clase de pr\u00e1cticas, procedimientos o sistemas tendientes a limitar, la libre competencia, con el prop\u00f3sito de determinar o mantener precios inequitativos en prejuicio de los consumidores y de los productores de materias primas\u00bb (art\u00edculo 1\u00b0). <\/p>\n
Adicionalmente, con el decreto 2153 de 1992 se realiz\u00f3 un listado de conductas consideradas como contrarias a la libre competencia (art\u00edculos 47 y 48) y enumer\u00f3 los casos que constituyen abuso de posici\u00f3n dominante (art\u00edculo 50). <\/p>\n
M\u00e1s recientemente se expidi\u00f3 la ley 1340 de 2009, en la que se agregaron reglas \u00aben materia de protecci\u00f3n de la competencia para adecuarla a las condiciones actuales de los mercados, facilitar a los usuarios su adecuado seguimiento y optimizar las herramientas con que cuentan las autoridades nacionales para el cumplimiento del deber constitucional de proteger la libre competencia econ\u00f3mica en el territorio nacional\u00bb (art\u00edculo 1\u00b0). <\/p>\n
En el \u00e1mbito subregional andino se tiene un r\u00e9gimen especial \u00abde pr\u00e1cticas restrictivas de la libre competencia\u00bb, comprensivo de los \u00abacuerdos, actuaciones paralelas o pr\u00e1cticas concertadas\u00bb y el \u00ababuso de posici\u00f3n dominante en el mercado\u00bb (Decisi\u00f3n 285 de 21 de marzo de 1991 de la Comunidad Andina de Naciones). <\/p>\n
Frente a la deslealtad negocial, con la ley 256 de 1996 se consagr\u00f3 el principio de que \u00ab[l]os participantes en el mercado deben respetar en todas sus actuaciones el principio de la buena fe comercial\u00bb, y se tipificaron los actos que se estiman contrarios a este principio (art\u00edculos 7\u00b0 a 19). <\/p>\n
Se suma, trat\u00e1ndose de la propiedad industrial, el listado especial de conductas contrarias a la sana competencia contenido en el art\u00edculo 10 bis del Convenio de Par\u00eds para la Protecci\u00f3n de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 2 de octubre de 1979. <\/p>\n
1.2. Ahora, por su importancia para el presente caso, conviene rememorar que la competencia desleal es el conjunto de actos que tienden a falsear el recto funcionamiento del mercado por medio de conductas tendientes a \u00abprovocar la confusi\u00f3n del comerciante con otro, o los productos del comerciante con los del competidor, las maniobras de descr\u00e9dito respecto de los productos de \u00e9ste, los actos que persiguen la desorganizaci\u00f3n de la empresa rival, o, en fin, los que buscan la llamada desorganizaci\u00f3n del mercado\u00bb (SC, 12, sep. 1995, rad. 3939), el cual ha sido objeto de variados desarrollos legislativos en nuestro pa\u00eds. <\/p>\n
1.2.1. Inicialmente, con el art\u00edculo 65 de la ley 31 de 1925 se acot\u00f3 la competencia desleal al \u00abacto de mala fe que tiene por objeto producir una confusi\u00f3n entre los art\u00edculos de dos fabricantes o de dos comerciantes o agricultores, o que sin producir confusi\u00f3n, tiende a desacreditar un establecimiento rival\u00bb. <\/p>\n
Con posterioridad, mediante la ley 59 de 1936 se aprob\u00f3 la Convenci\u00f3n sobre protecci\u00f3n marcaria y comercial, firmada en Washington el 20 de febrero de 1929, la cual consider\u00f3 como desleal \u00ab[t]odo acto o hecho contrario a la buena fe comercial al normal y honrado desenvolvimiento de las actividades industriales o mercantiles\u00bb (art\u00edculo 20), para lo cual se hizo un listado de conductas (art\u00edculo 21). <\/p>\n
El C\u00f3digo de Comercio represent\u00f3 un cambio de paradigma al establecer, como uno de los deberes de los comerciantes, el de \u00ababstenerse de ejecutar actos de competencia desleal\u00bb (numeral 6\u00b0 del art\u00edculo 19), as\u00ed como consagrar un listado exhaustivo de conductas constitutivas de la misma -art\u00edculos 75 a 77- y se\u00f1alar las consecuencias derivadas de este comportamiento. <\/p>\n
1.2.2. En concordancia con el art\u00edculo 333 de la Carta Pol\u00edtica y en armon\u00eda con el ordenamiento convencional, Colombia adhiri\u00f3 al Convenio de Par\u00eds para la Protecci\u00f3n de la Propiedad Industrial, mediante la expedici\u00f3n de la ley 178 de 1994, adquiriendo la obligaci\u00f3n de \u00abasegurar a los nacionales de los pa\u00edses de la uni\u00f3n una protecci\u00f3n eficaz contra la competencia desleal\u00bb (n\u00fam. 1, art. 10 bis) y acoger en su legislaci\u00f3n interna las reglas seg\u00fan las cuales \u00ab[c]onstituye acto de competencia desleal todo acto contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial\u00bb (num. 2, \u00eddem). <\/p>\n
Particularmente deb\u00eda prohibir \u00ab1) [c]ualquier acto capaz de crear una confusi\u00f3n, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; 2) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; 3) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir a p\u00fablico a error sobre la naturaleza, el modo de fabricaci\u00f3n, las caracter\u00edsticas, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.\u00bb (Ejusdem). <\/p>\n
En desarrollo de tal compromiso convencional fue promulgada la ley 256 de 1996, cuyo cap\u00edtulo inicial, contentivo de las disposiciones generales, se\u00f1al\u00f3 como objeto de la ley garantizar la libre y leal competencia econ\u00f3mica, mediante la prohibici\u00f3n de actos y conductas de competencia desleal, en beneficio de todos los participantes en el mercado; su \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n a los actos de competencia desleal realizados en el mercado y con fines concurrenciales; innecesaria la condici\u00f3n de comerciante para el sometimiento a las restricciones all\u00ed previstas; un marco territorial enfocado en los efectos de las conductas descritas y su incidencia o que est\u00e9 llamada a tenerla en el mercado colombiano; el concepto de las prestaciones mercantiles y la regla de interpretaci\u00f3n seg\u00fan la cual la hermen\u00e9utica que rige ese ordenamiento debe guardar consonancia con los principios constitucionales de actividad econ\u00f3mica e iniciativa privada libres, con la limitante del bien com\u00fan, as\u00ed como competencia econ\u00f3mica y libre, leal pero responsable. <\/p>\n
A su vez, en el cap\u00edtulo II relacion\u00f3 los actos de competencia desleal empezando con una prohibici\u00f3n de tipo general, seguida de las particulares denominadas desviaci\u00f3n de la clientela, desorganizaci\u00f3n, confusi\u00f3n, enga\u00f1o, descr\u00e9dito, comparaci\u00f3n, imitaci\u00f3n, explotaci\u00f3n de la reputaci\u00f3n ajena, violaci\u00f3n de secretos, inducci\u00f3n a la ruptura contractual, violaci\u00f3n de normas y pactos desleales de exclusividad. <\/p>\n
El enfoque de la competencia desleal, por ende, est\u00e1 dirigido a la defensa de los consumidores, preservar el buen funcionamiento del mercado, as\u00ed como los intereses de los empresarios que intervienen en \u00e9l. Se trata de un r\u00e9gimen en el cual se abordan los casos espec\u00edficos entre comerciantes, consumidores y dem\u00e1s participantes, al contrario del r\u00e9gimen de pr\u00e1cticas comerciales restrictivas que apunta a resolver una finalidad colectiva. <\/p>\n
De all\u00ed que el inicial \u00abmodelo profesional\u00bb o de corte individualista, erigido en criterios de enjuiciamiento sopesados en la incorrecci\u00f3n profesional y en razonamientos morales, experiment\u00f3 gran cambio al establecer deberes objetivos de abstenci\u00f3n o reglas objetivas de conducta2, con el advenimiento del \u00abmodelo social\u00bb3, que tiene como sus dos pilares fundamentales la pol\u00edtica de defensa de la competencia (por el Estado, ya que antes se designaba al mercado mismo) y la pol\u00edtica de tutela del consumidor (que se le hab\u00eda otorgado en su totalidad al mercado). <\/p>\n
Ciertamente, el marco legal de competencia desleal no s\u00f3lo vela por los intereses entre los empresarios, tambi\u00e9n incluye a los consumidores como sujetos de protecci\u00f3n y garant\u00eda cuando en las relaciones de mercado se defraude el orden p\u00fablico que reclama el Estado en las actuaciones econ\u00f3micas.4 <\/p>\n
En efecto, la ley 256 de 1996 regul\u00f3 l\u00edmites en el ejercicio de aquella actividad, incluso para quienes no ostenten la condici\u00f3n de negociantes, prohibiendo conductas que atenten contra la competencia, siempre y cuando se realicen en el mercando y con fines concurrenciales (art. 2\u00b0), es decir, en su orden, sobrepasen el fuero interno de quien los ejecuta para tener relevancia en el mercado y sea adecuado para mantener o aumentar la participaci\u00f3n que un comerciante ostenta en una actividad espec\u00edfica. <\/p>\n
Todos esos comportamientos han sido incluidos por parte de la doctrina5 en una clasificaci\u00f3n tripartita en cuanto al actor del mercado que afectan. Estas ofensas podr\u00e1n cometerse entonces en contra de: los competidores, los consumidores y del orden del mercado. <\/p>\n
Total, mediante la Ley 256 de 1996 fue regulada la competencia desleal, derogando las disposiciones establecidas para tal materia en el C\u00f3digo de Comercio, siendo su objetivo principal \u00abgarantizar la libre y leal competencia econ\u00f3mica, mediante la prohibici\u00f3n de actos y conductas de competencia desleal, en beneficio de todos los que participen en el mercado\u00bb. <\/p>\n
1.2.3. En concreto, la compilaci\u00f3n legal aludida prohibi\u00f3 de forma general toda actuaci\u00f3n que viole el principio de buena fe comercial, las sanas costumbres mercantiles, los usos honestos en materia comercial e industrial, o que est\u00e9 dirigido a afectar o afecte la libre decisi\u00f3n del comprador o consumidor (art. 7\u00b0). <\/p>\n
Ya de forma particular ved\u00f3 los actos de: I) desviaci\u00f3n de clientela, considerado como el que tiene el fin o genera el traslado de los usuarios de una actividad, prestaci\u00f3n mercantil o establecimiento ajeno, siempre y cuando sea contrario a las sanas costumbres mercantiles o a los usos honestos en esta materia y en la industrial (art. 8); II) desorganizaci\u00f3n, entendida como la que propende desordenar internamente la empresa, incluso de forma parcial (art. 9); III) confusi\u00f3n, aquella conducta que pretende mostrar equivocada la actividad, prestaci\u00f3n mercantil o establecimiento ajenos, o lo hace al margen de su intencionalidad (art. 10); IV) enga\u00f1o, el que tiende o logra incitar al p\u00fablico para que erre acerca de la actividad, prestaci\u00f3n mercantil o establecimiento ajenos, presumi\u00e9ndose arquetipos de enga\u00f1o la utilizaci\u00f3n o difusi\u00f3n de indicaciones o afirmaciones incorrectas o falsas, la omisi\u00f3n de las reales y cualquiera otra pr\u00e1ctica que pretenda o lleve a la desacreditaci\u00f3n de la naturaleza, modo de fabricaci\u00f3n, caracter\u00edsticas, aptitud en el empleo o cantidad de los productos (art. 11); V) descr\u00e9dito, esto es, en el cual se utiliza o difunde indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas, se omite las verdaderas o cualquier pr\u00e1ctica que tenga el fin o llegue a desacreditar la actividad, prestaciones, establecimiento o relaciones mercantiles de terceros, salvo que sean exactas, ver\u00eddicas y pertinentes (art. 12). <\/p>\n
Igualmente previ\u00f3 como actos de competencia desleal los de: VI) comparaci\u00f3n, asumiendo por tal el cotejo p\u00fablico de la actividad, prestaci\u00f3n mercantil o establecimiento propios o ajenos con los de un tercero, siempre y cuando dicho parang\u00f3n se valga de indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas, omita las verdaderas, o sea realizado respecto de extremos incomparables por su diversidad o imposibles de comprobar (art. 13); VII) imitaci\u00f3n, es decir, la reproducci\u00f3n exacta y minuciosa de prestaciones de un tercero que genera confusi\u00f3n sobre la procedencia empresarial o implica el aprovechamiento indebido de la reputaci\u00f3n ajena, as\u00ed como la imitaci\u00f3n sistem\u00e1tica de prestaciones e iniciativas empresariales de un competidor encaminada a impedir su asentamiento en el mercado excediendo la respuesta natural de este (art. 14); VIII) explotaci\u00f3n de la reputaci\u00f3n ajena, traducida como el aprovechamiento en beneficio propio o de un tercero de la popularidad industrial, comercial o profesional de otro, verbi gratia, el empleo no autorizado de signos distintivos for\u00e1neos o de denominaciones de origen falsas o enga\u00f1osas aun cuando est\u00e9n acompa\u00f1adas de la indicaci\u00f3n real de la procedencia del producto (art. 15); IX) violaci\u00f3n de secretos, consistente en la divulgaci\u00f3n o explotaci\u00f3n, sin autorizaci\u00f3n del titular, de confidencias industriales o empresariales, adquiridas leg\u00edtimamente pero con deber de reserva, o ileg\u00edtimamente a trav\u00e9s de espionaje, procedimientos similares o violaci\u00f3n de una norma jur\u00eddica, aun cuando todas estas conductas no se realicen en el mercando y carezcan de fines concurrenciales (art. 16). <\/p>\n
Por \u00faltimo, fueron tipificados como de competencia desleal los actos de: X) inducci\u00f3n a la ruptura contractual, concebida como la persuasi\u00f3n a trabajadores, proveedores, clientes y cualquiera obligado, a infringir los compromisos b\u00e1sicos acordados, pero si se trata de la terminaci\u00f3n de un pacto o el aprovechamiento en beneficio propio o ajeno de un infracci\u00f3n contractual ser\u00e1 menester que, siendo conocida, tenga por objeto la expansi\u00f3n de un sector industrial, empresarial o vaya acompa\u00f1ada de la intenci\u00f3n de enga\u00f1ar, eliminar a un competidor u otras similares (art. 17); XI) violaci\u00f3n de normas con obtenci\u00f3n de una ventaja competitiva importante (art. 18); XII) pactos desleales de exclusividad, entendidos como los contratos de suministro con cl\u00e1usulas de exclusividad que tengan por objeto o logren restringir el acceso de competidores, monopolizar la distribuci\u00f3n de productos o servicios, salvo que se trate de las industrias licoreras de propiedad de las entidades territoriales (art. 19). <\/p>\n
Esta consagraci\u00f3n traduce que Colombia adopt\u00f3 el modelo mixto en cuanto a conductas de competencia desleal, al igual que en el Reino de Espa\u00f1a: \u00abla apuesta que se asumi\u00f3 en la d\u00e9cada de los noventa en Espa\u00f1a a la hora de configurar y decidirse por un modelo de deslealtad fue de naturaleza restrictiva, esto es, se prefiri\u00f3 configurar una lista de deslealtades y ofrecer una cl\u00e1usula general que inspirase e integrase los diversos supuestos, am\u00e9n de un control f\u00e9rreo por parte de los tribunales, que pudieran impedir ese crecimiento en aras de una pol\u00edtica benefactora del contrario, mediante posibles pr\u00e1cticas que en todo caso o casi siempre resultan inc\u00f3modas para los competidores.\u00bb6 <\/p>\n
1.2.4. As\u00ed las cosas, la competencia desleal es la conducta que distorsiona el plano de igualdad previsto legal o consuetudinariamente para el ejercicio de una actividad mercantil y que carece de justificaci\u00f3n (aquella creada por un actor del mercado con desarrollos ingeniosos, eficientes, h\u00e1biles, innovadores, etc., que no contrar\u00edan el ordenamiento) am\u00e9n de que tal comportamiento debe ser realizado por un interviniente en el ramo (\u00e1mbito subjetivo), en el mercado y con fines concurrenciales (\u00e1mbito objetivo) y dentro de la misma circunscripci\u00f3n geogr\u00e1fica (\u00e1mbito territorial). <\/p>\n
El \u00e1mbito subjetivo traduce que en el acto criticado sea ejecutado por uno o varios de los involucrados en la industria, ya sea como competidores directos o indirectos, proveedores, productores, consumidores o cualquier otro interviniente, de donde la afecci\u00f3n tambi\u00e9n puede irradiar a cualquiera de estos o al propio Estado, al punto de que el Ministerio P\u00fablico est\u00e1 legitimado para incoar las acciones de competencia desleal, as\u00ed como asociaciones gremiales y profesionales, entre otras personas (arts. 3 y 21, LCD). <\/p>\n
El \u00e1mbito objetivo es, de un lado, la exigencia de que el acto ejecutado o potencial trascienda de la esfera personal de su autor para generar efectos en otro u otros de los agentes o sectores comerciales referidos; y de otro lado, que tenga fin concurrencial o intenci\u00f3n comercial, esto es, que el acto desplegado o potencial tenga el prop\u00f3sito de crear, mantener o incrementar la participaci\u00f3n en el mercado de su autor o de otro interviniente. <\/p>\n
Sobre este aspecto -el fin concurrencial- vale destacar que el inciso 2 del art\u00edculo 2 de la Ley de Competencia Desleal consagra su presunci\u00f3n legal -susceptible de ser desvirtuada-, al se\u00f1alar que \u00ab[l]a finalidad concurrencial del acto se presume cuando \u00e9ste, por las circunstancias en que se realiza, se revela objetivamente id\u00f3neo para mantener o incrementar la participaci\u00f3n en el mercado de quien lo realiza o de un tercero\u00bb. <\/p>\n
Teniendo en cuenta sus perfiles, aun cuando el concepto de fin concurrencial no fue previsto en dicha legislaci\u00f3n, la doctrina especializada tiene consagrado que \u00ab[la finalidad concurrencial viene a complementar el acto que se realiza en el mercado, al darle sentido, por cuanto le exige que se dirija hacia la consecuci\u00f3n de un fin comercial, \u2018mantener o incrementar la participaci\u00f3n en el mercado de quien lo realiza o de un tercero\u2019, m\u00e1s all\u00e1 de una finalidad puramente personal.\u00bb7 <\/p>\n
Entonces, el aludido fin concurrencial, indispensable para que el acto que lo contiene se configure como de competencia desleal, es la intenci\u00f3n de un interviniente en el mercado para crear, mantener o incrementar su participaci\u00f3n como agente en una actividad espec\u00edfica, o la de un tercero que ostenta esta condici\u00f3n, prop\u00f3sito que se presume legalmente. <\/p>\n
Y el \u00e1mbito territorial es la caracter\u00edstica de que todos los actores o intervinientes est\u00e9n regidos por igual ordenamiento jur\u00eddico, esto es, sometidos a las mismas reglas de competencia aplicables en una determinada circunscripci\u00f3n. <\/p>\n
Por consecuencia, los presupuestos axiol\u00f3gicos para calificar un acto como generador de competencia desleal son, conforme a la Ley 256 de 1996 y la doctrina jurisprudencial: I) que sea realizado en el mercado; II) que sea de \u00edndole concurrencial, es decir, que tenga el prop\u00f3sito de mantener o incrementar la participaci\u00f3n en el mercado de quien lo realiza o de un tercero; y III) que corresponda a una de las conductas expresamente prohibidas por el ordenamiento, sea general o espec\u00edfica. (SC, 13 nov. 2013, rad. n.\u00b0 1995-02015-01, reiterada en SC4174 de 2021, rad. 2013-11183-01). <\/p>\n
2. En trat\u00e1ndose del acto de competencia desleal de violaci\u00f3n de normas, objeto de la presente litis, la doctrina especializada tiene sentado que \u00ab[l]a violaci\u00f3n de una norma jur\u00eddica como acto de competencia desleal surge como consecuencia del modelo social de competencia desleal que se dirige a lograr que los competidores se distingan sobre los dem\u00e1s por sus propias virtudes, calidad e innovaci\u00f3n de sus productos y no por ventajas logradas artificialmente, violando la ley.\u00bb8 <\/p>\n
\u00abEn suma, el car\u00e1cter desleal de la infracci\u00f3n se fundamenta en que esta impida una competencia basada en el principio de competencia eficiente o de las propias prestaciones (\u2026), en la que, como es sabido, se pretende que en el mercado prevalezca quien ofrezca las prestaciones m\u00e1s eficientes (leistungswettberwerb) logradas de forma l\u00edcita y transparente, no a trav\u00e9s del incumplimiento de normas legales reguladoras del mercado, que desnaturalice las condiciones de dicho mercando.\u00bb9 <\/p>\n
De all\u00ed que el art\u00edculo 18 de la ley 256 de 1996 la defini\u00f3 como \u00abla realizaci\u00f3n en el mercado de una ventaja competitiva adquirida frente a los competidores mediante la infracci\u00f3n de una norma jur\u00eddica. La ventaja ha de ser significativa\u00bb. <\/p>\n
\u00ab[E]xiste una norma que es contravenida por el infractor consiguiendo a estos efectos una ventaja en el mercado, siendo diversos los planos sobre los que materialmente se proyecta esa conducta, (\u2026) Rep\u00e1rese, sin embargo, que no se trata de que una violaci\u00f3n de norma sea acto de competencia desleal, sino que se tratar\u00e1 de aquellos supuestos en que el infractor, al contravenir la norma, (\u2026) est\u00e1 incidiendo en el desarrollo del mercado y espec\u00edficamente en el \u00e1mbito competencial, a saber, en el equilibrio de posiciones que la ley ofrece a quienes desarrollan su actividad econ\u00f3mica en aquel. Ello no exige, en absoluto, como se ver\u00e1, que se trate de precepto espec\u00edfico de la legislaci\u00f3n sobre competencia desleal. En cualquier caso, y sin perjuicio de lo que se expondr\u00e1, se pretende con este precepto asegurar un funcionamiento correcto del mercado, conforme a las reglas de la eficiencia y lo hace, como se\u00f1ala la SAP de Barcelona de 26 de enero de 2000 (AC 2000\/6881), mediante el expediente de sancionar la obtenci\u00f3n de posiciones de ventaja logradas con la infracci\u00f3n de normas, ya porque con ella obtiene el infractor una ventaja o, si se quiere, se causa una desventaja a quienes cumplen \u2018par conditio concurrentium\u2019, ya porque los preceptos violentados son precisamente los que establecen las reglas por las que se ha de regir el propio mercado. En cualquier caso, rep\u00e1rase que es misi\u00f3n de este precepto contribuir a la protecci\u00f3n de la competencia en inter\u00e9s de todos los que participan en el mercado.\u00bb10 <\/p>\n
Del precepto legal en cita se desprende que son requisitos configuradores de este acto de competencia desleal los siguientes: I) la conculcaci\u00f3n de una norma jur\u00eddica; II) la obtenci\u00f3n de ventaja competitiva; III) que esta sea significativa; y IV) que la ventaja derive de la transgresi\u00f3n normativa. <\/p>\n
2.1. En cuanto al primero de esos requisitos se tiene que la realizaci\u00f3n de cualquiera actividad mercantil puede estar sometida a la intervenci\u00f3n estatal, dependiendo del inter\u00e9s p\u00fablico que comporte, en concordancia con el art\u00edculo 6\u00b0 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, a cuyo tenor \u00ab[l]os particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constituci\u00f3n y las leyes\u00bb. <\/p>\n
En desarrollo de este postulado el ordenamiento jur\u00eddico prev\u00e9 las reglas a tener en cuenta por los distintos actores o competidores para ejercer cada actividad econ\u00f3mica en t\u00e9rminos de igualdad, por lo que su desatenci\u00f3n revela, en principio, contrariedad de cara a esa codificaci\u00f3n. <\/p>\n
De all\u00ed que tal contravenci\u00f3n constituya el primero de los elementos indispensables para establecer el acto de competencia desleal de violaci\u00f3n de normas. <\/p>\n
2.2. La obtenci\u00f3n de ventaja competitiva traduce la alteraci\u00f3n del principio par conditio concurrentium (reglas iguales entre competidores), que tiene el prop\u00f3sito de que el funcionamiento del mercado entre participantes sea realizado en plano sim\u00e9trico. <\/p>\n
Como lo ideal es que los comerciantes est\u00e9n en igual punto de partida para ejercer su actividad, en tanto competidores dentro del mismo ramo, la obtenci\u00f3n de ventaja competitiva sancionada es aquella derivada del incumplimiento de preceptos normativos, en la medida en que esta transgresi\u00f3n puede colocar al infractor desde el inicio de su desenvolvimiento comercial en situaci\u00f3n de privilegio en relaci\u00f3n con sus contrincantes directos e indirectos. <\/p>\n
De all\u00ed que ser\u00e1 v\u00e1lida la ventaja de marras que no tiene origen en esa infracci\u00f3n o, con otras palabras, que fue producida por el desarrollo ingenioso, eficiente, innovador u otras probables virtudes del comerciante; por el contrario implicar\u00e1 ventaja competitiva el ahorro de costos en materia fiscal o administrativa, obligatorios para ejercer la actividad, entre otros eventos. <\/p>\n
\u00ab[S]e ha de demostrar, adem\u00e1s de la infracci\u00f3n de las leyes, que el infractor ha obtenido la ventaja efectiva que le permite una mejor posici\u00f3n competitiva en el mercado (\u2026) Es por ello que la deslealtad se integra cuando el infractor obtiene provecho efectivo del ahorro de costes que por razones legales ha de satisfacer y a efectos de diferenciarse y hacer frente de esta manera y con ventaja a la competencia\u2026\u00bb11 <\/p>\n
2.3. La significatividad, como tercer presupuesto del acto de competencia desleal bajo estudio, alude a que la alteraci\u00f3n del plano de igualdad que obtiene el comerciante o interviniente en el mercado con la conculcaci\u00f3n del respectivo precepto sea importante o trascendental, esto es, que se vea favorecido de forma especial teniendo en cuenta el punto de partida de los competidores. <\/p>\n
Sobre este requisito la doctrina patria tiene dicho que: <\/p>\n
\u00abPara la procedencia de este supuesto f\u00e1ctico se requiere que como consecuencia de la vulneraci\u00f3n al ordenamiento especial se obtenga una ventaja competitiva significativa (da\u00f1o indirecto). Esa ventaja competitiva significativa debe ser de una dimensi\u00f3n importante, que permita al infractor ser m\u00e1s competitivo o amenazar la competitividad de otros. Dicho ingrediente resulta ser muy subjetivo, pero no por ello no demostrable.\u00bb12 <\/p>\n
Por supuesto que casos habr\u00e1 en los cuales la ventaja no se muestra representativa en raz\u00f3n a que el adquirente potencial del bien o servicio, al momento de escoger entre los diversos oferentes, puede estar motivado por otras circunstancias diversas a aquellas reguladas en la norma transgredida, por lo que el juzgador en cada caso concreto debe sopesar las variadas circunstancias que rodean la prestaci\u00f3n del servicio o las caracter\u00edsticas del producto, seg\u00fan sea el caso, a efectos de determinar la aludida significatividad. <\/p>\n
De all\u00ed que la doctrina for\u00e1nea tenga sentado que la deslealtad est\u00e1 \u00abpresent\u00e1ndose significativa cuando se produce desviaci\u00f3n acreditada de la clientela de los competidores a su favor con tal pr\u00e1ctica que la Ley sanciona y ataja\u2026\u00bb13 <\/p>\n
La insatisfacci\u00f3n de estos presupuestos traducir\u00e1, entonces, que la competencia de los diferentes actores en el mercado no se har\u00e1 en un plano de igualdad, en transgresi\u00f3n de este principio de nuestro ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Aplicando las anteriores nociones al caso concreto, espec\u00edficamente acerca de la obtenci\u00f3n de una ventaja competitiva y significativa, la legislaci\u00f3n espa\u00f1ola regul\u00f3 el acto de competencia desleal de violaci\u00f3n de normas se\u00f1alando: \u00ab1. Se considera desleal prevalerse en el mercado de una ventaja competitiva adquirida mediante la infracci\u00f3n de leyes. La ventaja ha de ser significativa. 2. Tendr\u00e1 tambi\u00e9n la consideraci\u00f3n de desleal la simple infracci\u00f3n de normas jur\u00eddicas que tengan por objeto la regulaci\u00f3n de la actividad concurrencial. 3. Igualmente, en el marco de lo dispuesto en el art\u00edculo 2, se considera desleal la contrataci\u00f3n de extranjeros sin autorizaci\u00f3n para trabajar obtenida de conformidad con lo previsto en la legislaci\u00f3n sobre extranjer\u00eda.\u00bb (Art\u00edculo 15 de la ley 3 de 1991). <\/p>\n
Cual se desprende de dicha regulaci\u00f3n, en el Reino de Espa\u00f1a para que se configure el acto de competencia desleal de violaci\u00f3n de normas es necesaria la obtenci\u00f3n de una ventaja competitiva y que adem\u00e1s sea significativa, pero s\u00f3lo en el evento de que la vulneraci\u00f3n recaiga sobre una disposici\u00f3n de \u00edndole legal que no fue expedida para reglamentar la actividad concurrencial. <\/p>\n
Por el contrario, si la conculcaci\u00f3n recay\u00f3 respecto de norma jur\u00eddica expedida para regular la actividad concurrencial, esto es, de un determinado mercado, no ser\u00e1 indispensable auscultar si existi\u00f3 obtenci\u00f3n de ventaja competitiva y significativa a favor del infractor. <\/p>\n
La distinci\u00f3n resulta de cardinal importancia en tanto revela c\u00f3mo esa legislaci\u00f3n extranjera presume que, a ra\u00edz de la transgresi\u00f3n de una norma jur\u00eddica reguladora de cualquiera actividad concurrencial, el infractor obtiene, per se, la aludida ventaja competitiva y significativa. <\/p>\n
No sucede lo propio en el ordenamiento patrio, habida cuenta que la ley 256 de 1996, a trav\u00e9s de la cual fue codificada la competencia desleal, previ\u00f3 en el art\u00edculo 18 que \u00ab[s]e considerara desleal la efectiva realizaci\u00f3n en el mercado de una ventaja competitiva adquirida frente a los competidores mediante la infracci\u00f3n de una norma jur\u00eddica. La ventaja ha de ser significativa.\u00bb <\/p>\n
Es decir, en Colombia la legislaci\u00f3n regul\u00f3, de manera clara y expresa, que la calificaci\u00f3n de una determinada actividad como acto de competencia desleal de violaci\u00f3n de norma jur\u00eddica \u2013ya fuera esta expedida con el prop\u00f3sito de regular un espec\u00edfico sector mercantil o no-, siempre deber\u00e1 caracterizarse por otorgar ventaja competitiva y significativa a favor del imputado, de donde en cada caso concreto deber\u00e1 ser objeto de estudio y prueba. <\/p>\n
Variadas se muestran las razones de la referida exigencia normativa, en tanto prohijar innecesaria la ventaja competitiva y significativa cuando se aduce la conculcaci\u00f3n de una norma promulgada para regular un determinado mercado, esto es, con fines concurrenciales, impondr\u00eda acoger siempre una interpretaci\u00f3n finalista en relaci\u00f3n con el canon que se alegue infringido, a pesar de que podr\u00eda concurrir otra u otras circunstancias que impongan hermen\u00e9uticas distintas. <\/p>\n
Por v\u00eda de ejemplo, que la legislaci\u00f3n trasgredida se muestre obsoleta, fen\u00f3meno que desde una \u00f3ptica sociol\u00f3gica resulta com\u00fan, en tanto no son pocas las veces en las cuales las din\u00e1micas sociales, con mayor raz\u00f3n las pr\u00e1cticas mercantiles, tienen desarrollo m\u00e1s c\u00e9lere en comparaci\u00f3n con el ordenamiento legal que las rige. <\/p>\n
Igualmente puede ocurrir que la persona trasgresora de la norma jur\u00eddica prohibitiva no haga uso de la ventaja competitiva y significativa que dicho precepto intent\u00f3 evitar, a pesar de tenerla a su alcance, porque, adem\u00e1s de la obsolescencia citada a espacio, decide prestar el servicio a una gama de clientes a quienes desinteresa la aludida prerrogativa, o porque aquel decide destacar su producto o servicio con otras cualidades, a m\u00e1s de diversas opciones. <\/p>\n
Muestra sin igual de una de tales elecciones es el caso de autos, en tanto la difusi\u00f3n de contenidos a trav\u00e9s de mensajes SMS (Short Message Service) requiere, entre otros requisitos, que la red usada garantice la cobertura y prontitud del envi\u00f3 por los Proveedores de Contenidos y Aplicaciones \u00abPCA\u00bb o los Integradores Tecnol\u00f3gicos y la recepci\u00f3n para el usuario final con igual caracter\u00edstica, entre otras, de donde el precio cobrado por dicho servicio no es el \u00fanico factor valorado por el adquirente del servicio. <\/p>\n
Acoger la tesis esgrimida por la recurrente implicar\u00eda aceptar que toda vulneraci\u00f3n de una regla jur\u00eddica expedida para regular un determinado mercando constituir\u00eda el acto de competencia desleal de violaci\u00f3n de normas, sin parar mientes en las consecuencias de dicha infracci\u00f3n, esto es, dejando de auscultar si gener\u00f3 alguna val\u00eda para el infractor en desmedro de sus competidores, ni las connotaciones de esta utilidad, aceptaci\u00f3n que, por ende, se muestra desproporcionada porque omite escudri\u00f1ar los efectos de la situaci\u00f3n denunciada. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el art\u00edculo 18 de la ley 256 de 1996 s\u00ed exige, para calificar un acto de violaci\u00f3n de norma jur\u00eddica como constitutivo de competencia desleal, que otorgue una ventaja competitiva y significativa a favor del infractor, lo que, por ende, debe ser objeto de estudio y acreditaci\u00f3n en cada caso concreto. <\/p>\n
Consecuentemente, no existi\u00f3 la conculcaci\u00f3n directa del precepto legal denunciado en el cargo cuando el tribunal exigi\u00f3 el cumplimiento del presupuesto de marras, con el fin de calificar si la conducta atribuida a la enjuiciada se enmarcaba dentro de la prohibici\u00f3n plasmada en tal canon. <\/p>\n
Y como quiera que el reproche casacional bajo an\u00e1lisis se fund\u00f3 en la supuesta conculcaci\u00f3n directa de la ley sustancial, v\u00eda en la cual la valoraci\u00f3n de los elementos de convicci\u00f3n recaudados en el plenario es \u00edntegramente aceptada por la recurrente (inciso inicial, literal a, numeral 2, art\u00edculo 344 C.G.P.), relevada queda la Corte de auscultar cualquier aspecto adicional. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que cuando se invoca la afectaci\u00f3n por la senda recta de la ley sustancial es necesario partir de la aceptaci\u00f3n \u00edntegra de los hechos tenidos por acreditados en el fallo, sin que exista campo para disentir de la valoraci\u00f3n ni de los medios de convicci\u00f3n recaudados, por cuanto la cr\u00edtica debe estar dirigida a derruir los falsos raciocinios de las normas sustanciales que gobiernan el caso, bien sea porque el Tribunal no las tuvo en cuenta, se equivoc\u00f3 al elegirlas o, a pesar de ser las correctas, les da un entendimiento ajeno a su alcance. <\/p>\n
Al respecto tiene dicho la Corte que: <\/p>\n
al acudir en casaci\u00f3n invocando la violaci\u00f3n directa de la ley sustancial, se debe partir de la aceptaci\u00f3n \u00edntegra de los hechos tenidos por probados en la sentencia, sin que se permita plantear inconformidad alguna relacionada con los medios de convicci\u00f3n recaudados, debi\u00e9ndose limitar la formulaci\u00f3n del ataque a establecer la existencia de falsos juicios sobre las normas sustanciales que gobiernan el caso, ya sea por falta de aplicaci\u00f3n, al no haberlas tenido en cuenta; por aplicaci\u00f3n indebida, al incurrir en un error de selecci\u00f3n que deriva en darles efectos respecto de situaciones no contempladas; o cuando se acierta en su escogencia pero se le da un alcance que no tienen, present\u00e1ndose una interpretaci\u00f3n err\u00f3nea. (CSJ SC 24 abr. 2012, rad. n\u00ba 2005-00078). <\/p>\n
Todo impone afirmar que el juzgador de \u00faltima instancia no conculc\u00f3 de forma directa la ley sustancial al exigir a la promotora prueba acerca de que su enjuiciada con su actuar obtuvo ventaja competitiva y significativa, reproche al cual se limit\u00f3 la censura. <\/p>\n
4. En suma, el segundo y \u00faltimo cargo estudiado tampoco prospera. <\/p>\n
CONCLUSION <\/p>\n
De lo analizado emerge que el juzgador ad quem no incurri\u00f3 en los errores in procedendo e in iudicando a \u00e9l enrostrados en los dos cargos propuestos, circunstancia que conlleva la frustraci\u00f3n de la impugnaci\u00f3n extraordinaria, la imposici\u00f3n de costas a su proponente, seg\u00fan lo previsto en el inciso final del art\u00edculo 349 del C\u00f3digo General del Proceso, y el se\u00f1alamiento de agencias en derecho como lo dispone el precepto 365 numeral 1\u00ba ib\u00eddem, para lo cual se tendr\u00e1 en cuenta que la parte opositora replic\u00f3 la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 28 de marzo de 2019, por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en el proceso verbal que Inalambria Internacional S.A. promovi\u00f3 contra Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP. <\/p>\n
Se condena en costas a la recurrente en casaci\u00f3n. Pract\u00edquese su liquidaci\u00f3n en los t\u00e9rminos del canon 366 ib\u00eddem, incluyendo por concepto de agencias en derecho la suma de $6\u2019000.000. <\/p>\n
Se reconoce al abogado Henry Sanabria Santos como apoderado judicial de la demandada en los t\u00e9rminos del poder a \u00e9l conferido. <\/p>\n
Cumplido lo anterior devu\u00e9lvase el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de la Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n
ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n
SC5473-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-31-99-001-2017-40845-01 <\/p>\n
Si bien estoy completamente de acuerdo con la decisi\u00f3n tomada en el sentido de no casar la sentencia de 28 de marzo de 2019, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en el proceso verbal de Inalambria Internacional S.A. contra Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP., estimo necesario hacer precisi\u00f3n sobre un tema en el que he venido insistiendo desde la aclaraci\u00f3n de voto a la SC3918-2021 y que reiter\u00e9 en el salvamento parcial de voto a la SC5107-2021. <\/p>\n
En el aparte de las consideraciones para el despacho del primer cargo, relacionado con la denunciada incongruencia por el desv\u00edo del ad quem al excederse en sus facultades sin atender las limitaciones impuestas en la formulaci\u00f3n de la alzada, se expone en la providencia que <\/p>\n
En efecto, la resoluci\u00f3n de este mecanismo de defensa trae impl\u00edcitos, adem\u00e1s de los reproches incoados por los recurrentes, otros de forzoso pronunciamiento, tal cual lo revela el canon 328 del C\u00f3digo General del Proceso, al se\u00f1alar que \u00ab[e]l juez de segunda instancia deber\u00e1 pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley\u00bb. (Destacado ajeno). <\/p>\n
En este orden se tiene que, como regla de principio, la decisi\u00f3n del superior est\u00e1 restringida a los argumentos expuestos por el apelante, lo que no obsta para que sentencie sobre tem\u00e1ticas respecto de las cuales el ordenamiento le impone pronunciarse motu proprio, por estar \u00edntimamente relacionadas con el asunto sometido a su conocimiento, verbi gratia, las restituciones mutuas derivadas de distintas modalidades de decaimiento de un acuerdo de voluntades (CSJ SC 020 de 2003, rad. 6610; SC10097 de 2015, rad. 2009-00241); el deber de reexaminar en juicios coactivos el t\u00edtulo ejecutivo aportado a efectos de determinar la cabal concurrencia de sus requisitos (CSJ STC15169 de 2019, rad. 2019-01721; CSJ STC13428 de 2019, rad. 2019-01460); entre otros eventos. <\/p>\n
Uno de estos pronunciamientos oficiosos que debe asumir el funcionario ad-quem corresponde al se\u00f1alado en el art\u00edculo 282 de la obra en menci\u00f3n, a cuyo tenor \u00ab[e]n cualquier tipo de proceso, cuando el juez halle probados los hechos que constituyen una excepci\u00f3n deber\u00e1 reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo las de prescripci\u00f3n, compensaci\u00f3n y nulidad relativa, que deber\u00e1n alegarse en la contestaci\u00f3n de la demanda\u00bb. <\/p>\n
Otro lo constituye el an\u00e1lisis de los presupuestos del derecho reclamado por el demandante, sin que este proceder implique la desatenci\u00f3n del principio de la congruencia, porque como lo tiene dicho la Corte, \u00ab[d]esde esa perspectiva si lo que pasa por alto el sentenciador es la inexistencia del derecho reclamado, no quiere decir que el fallo sea inconsonante, que s\u00f3lo se da si no declara de oficio una \u00abexcepci\u00f3n\u00bb que forzosamente deb\u00eda reconocer. Esto es, no corresponde a un yerro in procedendo\u2026.\u00bb (CSJ SC4574 de 2015, rad. 2007-00600-02). <\/p>\n
Es decir, la resoluci\u00f3n del derecho reclamado por el solicitante, accediendo o negando, previamente al estudio de los mecanismos de defensa propuestos o a los reparos se\u00f1alados por el recurrente por v\u00eda de apelaci\u00f3n, no comporta la conculcaci\u00f3n del principio de congruencia, por tratarse del cumplimiento del deber de administrar justicia de que est\u00e1 investido todo funcionario judicial, ya de primera instancia ora de segundo grado, en desarrollo del derecho a la tutela judicial efectiva. <\/p>\n
La Corte sobre el punto decant\u00f3, en pronunciamiento que refer\u00eda a la legitimaci\u00f3n de las partes pero que guarda simetr\u00eda con el presente, que \u00abcuando los sentenciadores de instancia asumen el estudio de la legitimaci\u00f3n y determinan su ausencia en relaci\u00f3n con alguna de las partes, lo que los lleva a negar la pretensi\u00f3n, est\u00e1n, en estricto sentido, resolviendo oficiosamente sobre los presupuestos indispensables para desatar de m\u00e9rito la cuesti\u00f3n litigada.\u00bb (CSJ SC2642 de 2015, rad. 1993-05281). <\/p>\n
5. En suma, no se configura el vicio de incongruencia cuando el juzgador de segundo grado analiza la satisfacci\u00f3n de los presupuestos de la pretensi\u00f3n radicada por el demandante, aun cuando estos no sean objeto de reparo en la apelaci\u00f3n (SC3918 de 2021, rad. 2008-00106). <\/p>\n
Y como en el sub ex\u00e1mine el tribunal analiz\u00f3 la concurrencia de los dos \u00faltimos requisitos axiol\u00f3gicos del acto de competencia desleal evocado en la demanda, consagrado en el art\u00edculo 18 de la ley 256 de 1996, cual es que la violaci\u00f3n de normas all\u00ed prohibida generara a la convocada una ventaja competitiva, que en adici\u00f3n fuera significativa, el fallo no incursion\u00f3 en incongruencia, aun cuando esto no fue objeto de reclamo por v\u00eda de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
Dicho aparte contiene una visi\u00f3n ajena al querer de la normativa adjetiva vigente, en virtud de la cual las potestades del superior se encuentran restringidas por la lectura conjunta de los art\u00edculos 282 y 328 del C\u00f3digo General del Proceso, como dej\u00e9 esbozado en el salvamento parcial de voto a la SC5107-2021 en el que expres\u00e9 que el primer precepto en menci\u00f3n <\/p>\n
(\u2026.) se refiere estrictamente al reconocimiento oficioso de excepciones en la sentencia de primer grado, la posibilidad de que no se estudien todas las defensas si alguna conduce al rechazo de todas las pretensiones de la demanda y el deber del superior de pronunciarse sobre las restantes si estima que aquella era infundada, pero que no confiere al ad quem facultades para un examen indiscriminado de las situaciones sometidas a su escrutinio, m\u00e1xime cuando el primer inciso del art\u00edculo 328 del C\u00f3digo General del Proceso expresa que \u00ab[e]l juez de segunda instancia deber\u00e1 pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley\u00bb -se resalta-. <\/p>\n
Como dej\u00e9 expuesto en la aclaraci\u00f3n de voto a la SC3918-2021, que se cita en el aparte del cual discrepo, <\/p>\n
(\u2026) con la expedici\u00f3n del C\u00f3digo General del Proceso, trat\u00e1ndose del recurso de apelaci\u00f3n se introdujo la figura de la \u00abpretensi\u00f3n impugnaticia\u00bb, por virtud de la cual, en principio, el funcionario de segundo grado solo deber\u00e1 ocuparse de los temas que sean propuestos por el o los inconformes, como ant\u00edtesis a la visi\u00f3n panor\u00e1mica que en dicho marco imper\u00f3 en anteriores sistemas adjetivos. <\/p>\n
Sin embargo, al tenor del art\u00edculo 328 ib\u00eddem, esta regla general encuentra excepciones o salvedades en los siguientes eventos: i) cuando sea menester adoptar decisiones \u00abde oficio, en los casos previstos por la ley\u00bb, lo que armoniza con el inciso 3\u00b0 del canon 282 del mismo estatuto, evento en el cual, el superior est\u00e1 habilitado para resolver sobre las otras excepciones de m\u00e9rito \u00abaunque quien la aleg\u00f3 no haya apelado de la sentencia\u00bb; y, ii) en aquellos casos que ambas partes apelen toda la sentencia o cuando quien no recurre adhiera al medio propuesto por su contendiente, circunstancias en las cuales \u00abel superior resolver\u00e1 sin limitaciones\u00bb. <\/p>\n
A lo anterior hay que a\u00f1adir que entre las determinaciones oficiosas que por expresa consagraci\u00f3n normativa puede tomar el superior est\u00e1n el llamamiento de oficio (art. 72 id.), el impulso del tr\u00e1mite para la reconstrucci\u00f3n del expediente (art. 126 id), el decreto de pruebas necesarias para resolver una recusaci\u00f3n (art. 143), la acumulaci\u00f3n de procesos declarativos (art. 148), la aclaraci\u00f3n, correcci\u00f3n, adici\u00f3n y saneamiento de irregularidades en la firma de autos y sentencias (arts. 285 a 288 id), el decreto de pruebas (arts. 312 y 327 id.) y la terminaci\u00f3n por desistimiento t\u00e1cito (art. 317.2 id), todas ellas de estirpe procesal y sin que dejen un margen de discrecionalidad tal que permita alterar relaciones jur\u00eddico procesales consolidadas (\u2026). <\/p>\n
Por ende, aunque coincido en que en el presente caso no se configura el vicio de inconsonancia predicado por la inconforme, no es por la raz\u00f3n expuesta en el fallo sino porque el an\u00e1lisis del Tribunal se hizo dentro de los alcances que le permit\u00edan las apelaciones de ambas litigantes. <\/p>\n
Fecha ut supra. <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Acepci\u00f3n tercera del Diccionario de la Real Academia Espa\u00f1ola, disponible en www.rae.es. <\/p>\n
2\u0002 Men\u00e9ndez, Aurelio. La competencia desleal. Primera edici\u00f3n. Editorial Civitas S.A. 1988. <\/p>\n
3\u0002 Ib\u00eddem. <\/p>\n
4\u0002 Ib\u00eddem. <\/p>\n
5\u0002 Men\u00e9ndez, Aurelio. La competencia desleal. Primera edici\u00f3n. Editorial Civitas S.A. 1988. p\u00e1g. 115 y ss. <\/p>\n
6\u0002 Barona Vilar, Silvia. Competencia desleal. Tutela jurisdiccional -especialmente proceso civil- y extra jurisdiccional. Tomo I. Editorial Tirant lo Blanch. Valencia, 2008, p\u00e1g. 290. <\/p>\n
7\u0002 De la Cruz Camargo, Dionisio Manuel. 2014. La competencia desleal en Colombia, un estudio sustantivo de la ley. Universidad Externado de Colombia. P\u00e1g. 13. <\/p>\n
8\u0002 De la Cruz Camargo, Dionisio Manuel. (2014). La competencia desleal en Colombia, un estudio sustantivo de la ley. Universidad Externado de Colombia, 1\u00aa edici\u00f3n, p\u00e1g. 146. <\/p>\n
9\u0002 Emparanza Sobejano, Alberto. (2009). Violaci\u00f3n de normas, comentario a la Ley de Competencia Desleal, director Fernando Mart\u00ednez Sanz, Editorial Tecnos, p\u00e1g. 257, citado por Dionisio Manuel De la Cruz Camargo. Ob. Cit. <\/p>\n
10\u0002 Barona Vilar, Silvia. Competencia desleal. Tutela jurisdiccional -especialmente proceso civil- y extra jurisdiccional. Tomo I. Editorial Tirant lo Blanch. Valencia, 2008, p\u00e1g. 610. <\/p>\n
11\u0002 Ib\u00eddem, p\u00e1g. 611. <\/p>\n
12\u0002 Velandia, Mauricio. (2011). Derecho de la competencia y del consumo. Universidad Externado de Colombia, 2\u00aa Edici\u00f3n, p\u00e1g. 387. <\/p>\n
13\u0002 Barona Vilar, Silvia. Competencia desleal. Tutela jurisdiccional -especialmente proceso civil- y extra jurisdiccional. Tomo I. Editorial Tirant lo Blanch. Valencia, 2008, p\u00e1g. 611. <\/p>\n
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SC5473-2021 (2017-40845-01)_2 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente SC5473-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-31-99-001-2017-40845-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dos de diciembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1 D.C., diecis\u00e9is (16) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[43],"tags":[],"class_list":["post-59922","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59922","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59922"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59922\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59922"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59922"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59922"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}