SC5509-2021 (2016-00315-01)<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
SC5509-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-99-002-2016-00315-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dos de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por Oscar Emilio Restrepo Pati\u00f1o, Jorge Enrique Escobar Mesa, Ken Morris Kadowaki Piedrahita, Luis Fernando de Zubir\u00eda Mar\u00edn y Blanca Luz Cumplido Posada contra la sentencia de 18 de marzo de 2019, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro del proceso que promovieron contra Diego F\u00e9lix \u00c1lvarez Tob\u00f3n, Juan Carlos Neira Pel\u00e1ez, Andr\u00e9s Hurtado N\u00fa\u00f1ez de Prado, H\u00e9ctor Jaime G\u00f3mez Montoya, Juan Fernando Mora Rojas, Francisco Berm\u00fadez Ocampo, Tania Mora Acosta y Oscar Alonso Chavarriaga Pati\u00f1o. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los demandantes, por conducto de apoderado judicial, solicitaron declarar que los convocados, como administradores del Centro de Fracturas CEFRA S.A.1, acordaron la \u201cdespatrimonializaci\u00f3n\u201d de la sociedad, mediante la cesi\u00f3n de los derechos sobre los inmuebles identificados con folios de matr\u00edcula inmobiliaria Nos. 001-0000672 y 001-0000673 y la toma de decisiones ventajosas sin previa aprobaci\u00f3n de la totalidad de los asociados, actos que, a su juicio, constituyen conflicto de intereses y, por contera, est\u00e1n viciados de nulidad absoluta. <\/p>\n
En raz\u00f3n de ello pretendieron, principalmente, que se les condene a \u201creintegrar las ganancias obtenidas y\/o a indemnizar los da\u00f1os ocasionados a los demandantes con la realizaci\u00f3n de las operaciones cuya nulidad (\u2026) se solicit\u00f3 como sanci\u00f3n\u201d y, de forma subsidiaria, que se declare que los llamados a juicio incumplieron sus deberes, violaron la ley y los estatutos en calidad de administradores de CEFRA S.A. y, por ello, son solidariamente responsables de los da\u00f1os y perjuicios que les ocasionaron, en la forma descrita en el libelo. <\/p>\n
2. Como sustento de sus pedimentos adujeron que, en el a\u00f1o 2004, Centro de Fracturas CEFRA S.A. celebr\u00f3 contratos de arrendamiento financiero respecto de los inmuebles identificados en precedencia, con el fin de desplegar su objeto social, cu\u00e1l era la prestaci\u00f3n de servicios m\u00e9dicos de ortopedia. <\/p>\n
2.1. Diego F\u00e9lix \u00c1lvarez, Andr\u00e9s Hurtado y Juan Carlos Neira, quienes ven\u00edan ejerciendo el control absoluto de la compa\u00f1\u00eda, coadyuvados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de los revisores fiscales Francisco Berm\u00fadez Ocampo, Tania Mora Acosta y Oscar Alonso Chavarriaga Pati\u00f1o y del miembro de la junta directiva Juan Fernando Mora, \u201cpremeditaron, planificaron y desarrollaron una serie de actos y maniobras con el fin de despatrimonializar, disponer, distraer o apropiarse ileg\u00edtimamente de los derechos que ten\u00eda dicha sociedad (\u2026) en los inmuebles (\u2026)\u201d. Algunos de tales estratagemas se materializaron en: <\/p>\n
i) La comunicaci\u00f3n enviada a todos los socios el 17 de septiembre de 2013 por Diego \u00c1lvarez Tob\u00f3n, gerente de CEFRA, en la cual inform\u00f3 hechos alejados de la realidad, como la realizaci\u00f3n de una asamblea el 5 de septiembre de 2013 en la que aparentemente se acord\u00f3 la venta de un inmueble de CEFRA a una nueva empresa conformada por los socios que estuvieran de acuerdo en participar en ella, para lo cual les otorg\u00f3 un plazo de diez d\u00edas a fin de adherirse a la propuesta, ente moral que se denomin\u00f3 DAHJ Centro de Inversiones Inmobiliaria S.A.S.2 <\/p>\n
ii) La aprobaci\u00f3n de una reforma estatutaria para aumentar el capital autorizado, as\u00ed como tambi\u00e9n de la cesi\u00f3n de los contratos de leasing celebrados respecto de los aludidos bienes, primero en favor de DAHJ S.A.S. y, posteriormente, a la tercera Pro Diagn\u00f3stico S.A., sin ninguna contraprestaci\u00f3n para CEFRA que, adem\u00e1s, sigui\u00f3 asumiendo el pago de los c\u00e1nones mensuales de los convenios de leasing (folios 3 a 53, cno. 1, expediente digital). <\/p>\n
3. Admitido el libelo introductor, Andr\u00e9s Hurtado, Juan Mora, Francisco Berm\u00fadez, Oscar Chavarriaga, Diego \u00c1lvarez, Juan Neira y H\u00e9ctor G\u00f3mez se opusieron a las pretensiones y, para el efecto excepcionaron \u201cfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa\u201d; \u201cfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u201d; \u201cAusencia de perjuicios\u201d e \u201cInexistencia de presupuestos para la declaraci\u00f3n de nulidad absoluta\u201d (folios 477 a 503, 512 a 537, 540 a 564 cno. 3, ib.). <\/p>\n
3.1. Tania Mora Acosta, obrando en nombre propio, solicit\u00f3 que se le declarara exonerada de cualquier responsabilidad, contestaci\u00f3n que no recibi\u00f3 tr\u00e1mite alguno en raz\u00f3n de carecer del derecho de postulaci\u00f3n (folios 594 a 600, ib.). <\/p>\n
3.2. Mediante prove\u00eddo de 13 de diciembre de 2017, el juez de conocimiento dispuso la vinculaci\u00f3n, en calidad de litisconsortes necesarios, de Jaime Alberto Londo\u00f1o Restrepo, Edgar Alfonso Pulido Junco, Fabio Maya Aristiz\u00e1bal y Gustavo Consuegra Restrepo, quienes tambi\u00e9n se registraron como socios en el libro de accionistas de la extinta CEFRA S.A. (folio 1034 dorso y anverso, cno. 5, ib.) <\/p>\n
4. Agotado el tr\u00e1mite de la instancia, el 21 de agosto de 2018, el a quo profiri\u00f3 sentencia que declar\u00f3 al demandado Diego F\u00e9lix \u00c1lvarez Tob\u00f3n responsable del incumplimiento de su deber de lealtad con la sociedad respecto de la cual ejerc\u00eda la representaci\u00f3n legal, al ceder la posici\u00f3n contractual de locataria que ostentaba dicha compa\u00f1\u00eda en los contratos de leasing Nos. 43915 y 44864 a favor de DAHJ Centro de Inversiones Inmobiliarias S.A.S. y, como consecuencia de ello, conden\u00f3 a sus herederos a indemnizar a los demandantes los perjuicios causados. <\/p>\n
As\u00ed mismo declar\u00f3 que Francisco Berm\u00fadez incumpli\u00f3 las funciones que le correspond\u00edan como revisor fiscal de CEFRA S.A.; conden\u00f3 a Oscar Emilio Restrepo Pati\u00f1o, Jorge Enrique Escobar, Ken Morris Kadowaki, Luis Fernando de Zubir\u00eda y Blanca Luz Cumplido a pagar al Consejo Superior de la Judicatura el 10% de la diferencia entre los perjuicios estimados y aquellos probados, y desestim\u00f3 las dem\u00e1s pretensiones de la demanda (folios 1193 y 1194, ib.). <\/p>\n
Consider\u00f3 incontestable el conflicto de intereses con que obr\u00f3 el gerente de CEFRA S.A. al celebrar las cesiones objeto de la controversia, pues a la vez ostentaba la condici\u00f3n de representante legal de la cedente y de la cesionaria, lo que le permiti\u00f3 definir los t\u00e9rminos de la negociaci\u00f3n, de los cuales se ver\u00eda beneficiado como accionista del ente cesionario. <\/p>\n
Pese a ello no puso de presente la existencia del conflicto a la Asamblea General de Accionistas, ni le suministr\u00f3 toda la informaci\u00f3n relevante que le permitiera adoptar la decisi\u00f3n de autorizar o no la realizaci\u00f3n del connotado acuerdo. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con la conducta de los asociados Andr\u00e9s Alberto Hurtado, Juan Carlos Neira y Juan Fernando Mora no fue acreditada su participaci\u00f3n en la adopci\u00f3n de decisiones relacionadas con las cesiones que motivaron el proceso, ausencia probatoria que tambi\u00e9n cobij\u00f3 las acusaciones hechas frente a H\u00e9ctor Jaime G\u00f3mez, accionista de CEFRA S.A. <\/p>\n
Respecto de los revisores fiscales Francisco Berm\u00fadez, Tania Mora y Oscar Alonso Chavarriaga, estim\u00f3 transgresora de los estatutos de la compa\u00f1\u00eda y del art\u00edculo 207 del C\u00f3digo de Comercio la conducta del primero, en tanto no reaccion\u00f3 frente a la comunicaci\u00f3n en la que \u00c1lvarez Tob\u00f3n inform\u00f3 sobre la venta de un inmueble y la creaci\u00f3n de una nueva sociedad, mientras que a los dos \u00faltimos los exoner\u00f3 de responsabilidad por cuanto no ejercieron la indicada posici\u00f3n para la \u00e9poca en que tuvieron lugar las cesiones (folios 1196 a 1205, cno. 5, ib.). <\/p>\n
5. Contra la anterior decisi\u00f3n, ambos extremos procesales interpusieron el recurso de apelaci\u00f3n (folios 1208 a 1213 y 1214 a 1217, cno.5, expediente digital). <\/p>\n
II. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El ad quem revoc\u00f3 los numerales segundo, quinto y sexto de la sentencia de primer grado y adicion\u00f3 el primero para \u201cDeclarar que Diego F\u00e9lix \u00c1lvarez Tob\u00f3n, Andr\u00e9s Alberto Hurtado y Juan Carlos Neira Pel\u00e1ez incumplieron su deber de lealtad que les correspond\u00eda en su calidad de gerente y miembros de junta directiva del Centro de Fracturas CEFRA S.A., en la cesi\u00f3n de la posici\u00f3n contractual efectuada a favor de DAHJ Centro de Inversiones Inmobiliarias S.A.S. de las operaciones de leasing Nos. 43915 y 44864\u201d. <\/p>\n
Al abordar el an\u00e1lisis de los reparos concretos, destac\u00f3 que la Ley 222 de 1995 impone a los administradores de sociedades obrar de buena fe, con lealtad y diligencia, as\u00ed como tambi\u00e9n, abstenerse de participar directa o indirectamente en actividades que impliquen competencia con la sociedad o en actos respecto de los cuales exista conflicto de intereses, a menos que, obre expresa autorizaci\u00f3n de la asamblea de accionistas o de la junta de socios, de ah\u00ed que, al no comunicar al primer \u00f3rgano que se encontraba inmerso en conflicto de intereses, el cual era notorio por su doble condici\u00f3n de representante legal de las empresas involucradas, el enjuiciado Diego \u00c1lvarez Tob\u00f3n falt\u00f3 a su deber de lealtad. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que los tambi\u00e9n convocados Juan Carlos Neira y Andr\u00e9s Hurtado, en su calidad de miembros de la junta directiva de CEFRA S.A., se desentendieron del cumplimiento de sus deberes, pues respaldaron con su voto el actuar del representante legal, incurso en conflicto de intereses, predicable tambi\u00e9n de ellos, dada su condici\u00f3n de socios y miembros de la junta directiva de la cesionaria DAHJ Centro de Inversiones Inmobiliarias S.A.S., lo que no ocurri\u00f3 con el demandado Juan Fernando Mora, quien no era parte de la preindicada sociedad. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con los perjuicios reconocidos por el juzgador de primer grado, repar\u00f3 en su falta de acreditaci\u00f3n, la cual acarreaba la denegaci\u00f3n de las pretensiones consecuenciales, habida cuenta que \u201clo cedido fue la posici\u00f3n de locatario en un contrato de leasing, el cual -en rigor- no es t\u00edtulo de dominio para as\u00ed reclamar como indemnizaci\u00f3n una parte del precio en el que estar\u00eda valorado ese derecho de propiedad\u201d, de ah\u00ed que no pueda sostenerse que el menoscabo sufrido por los demandantes corresponda al aval\u00fao de los predios. <\/p>\n
Consider\u00f3 que tampoco era constitutivo de tal da\u00f1o, la diferencia entre la cantidad de dinero recibida en la primera cesi\u00f3n y el valor de la segunda negociaci\u00f3n, puesto que, \u201ctal operaci\u00f3n no toma en cuenta que esa \u00faltima enajenaci\u00f3n se verific\u00f3 varios meses despu\u00e9s, es decir, cuando ya se hab\u00edan abonado m\u00e1s c\u00e1nones por el arrendamiento financiero -lo que sin duda afecta su valor, pues restar\u00eda una proporci\u00f3n menor de la deuda por saldar-, desconoci\u00e9ndose del mismo modo la posible valorizaci\u00f3n del predio durante ese lapso o las condiciones de mercado que llevaron a contratar en esa \u00faltima \u00e9poca\u201d. <\/p>\n
Ratific\u00f3 el incumplimiento de las obligaciones a cargo del revisor fiscal predicado en primera instancia y descart\u00f3 la sanci\u00f3n impuesta por raz\u00f3n del juramento estimatorio, en tanto, \u201cla ausencia de demostraci\u00f3n de perjuicios no obedeci\u00f3 a un actuar temerario o negligente del extremo actor, quien aport\u00f3 la prueba del aval\u00fao comercial de los inmuebles sobre los que recay\u00f3 su pedimento indemnizatorio\u201d (folios 15 a 34, cno. Tribunal, expediente digital). <\/p>\n
Inconformes con lo resuelto, los demandantes interpusieron la impugnaci\u00f3n extraordinaria, concedida por esta Corte en prove\u00eddo de 6 de noviembre de 2019, mediante el cual resolvi\u00f3 el recurso de queja. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
La censura se erigi\u00f3 sobre cinco cargos enderezados por la senda de la violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial, a excepci\u00f3n del segundo que invoc\u00f3 la infracci\u00f3n recta v\u00eda de mandatos materiales. La Sala resolver\u00e1 \u00fanicamente este \u00faltimo, en virtud de su prosperidad con alcance para ocasionar el quiebre total de la sentencia impugnada. <\/p>\n
SEGUNDO CARGO <\/p>\n
Recrimin\u00f3 el quebranto, por falta de aplicaci\u00f3n, de los art\u00edculos 899 del estatuto mercantil y 1742 y 1746 del C\u00f3digo Civil, am\u00e9n de los c\u00e1nones 4\u00ba y 5\u00ba del Decreto 1925 de 2009. <\/p>\n
En apoyo de la cr\u00edtica se acus\u00f3 la inobservancia del mandato 1742 de la codificaci\u00f3n civil, materializada en que a pesar de estimar el sentenciador ad quem que la transgresi\u00f3n del mandato 23 de la Ley 222 de 1995 refulg\u00eda evidente en el caso, vislumbr\u00e1ndose directamente en el negocio, no procedi\u00f3 a declarar la nulidad absoluta que impone la precitada disposici\u00f3n, potestad que pudo ejercer, incluso, de oficio, omisi\u00f3n que igualmente denota el desconocimiento de los restantes c\u00e1nones invocados, en tanto proced\u00eda la restituci\u00f3n de las cosas a su estado inicial, \u201clo que podr\u00eda incluir, entre otros, el reintegro de las ganancias obtenidas con la realizaci\u00f3n de la conducta sancionada\u201d. <\/p>\n
Recalc\u00f3 que, si el fallador no se hubiese apartado de las reglas apuntadas, la determinaci\u00f3n cuestionada no habr\u00eda \u201creducido\u201d su alcance a la simple declaraci\u00f3n de responsabilidad de los administradores \u201csin ninguna sanci\u00f3n, efecto o consecuencia al respecto, quedando de paso impune dicha transgresi\u00f3n de la norma (\u2026)\u201d. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el ejercicio de sus funciones, los administradores de las sociedades mercantiles deben comprometerse con la observancia cabal de una serie de imperativos de conducta establecidos por la ley y las reglas estatutarias del ente moral, y para ello deben actuar con la diligencia exigible a un comerciante diligente y probo. <\/p>\n
As\u00ed lo estatuye el canon 23 de la Ley 222 de 1995, precisando que los administradores \u201cdeben obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios. Sus actuaciones se cumplir\u00e1n en inter\u00e9s de la sociedad, teniendo en cuenta los intereses de sus asociados\u201d. <\/p>\n
La Circular Externa No. 100-006 de 2008, expedida por la Superintendencia de Sociedades en ejercicio de su funci\u00f3n de supervisi\u00f3n y conocida como \u201cR\u00e9gimen de los Administradores\u201d, se\u00f1ala que el conjunto de deberes consagrado en la precitada norma impone \u201cuna conducta transparente y una actividad que vaya m\u00e1s all\u00e1 de la diligencia ordinaria porque la ley exige un grado de gesti\u00f3n profesional, caracterizada por el compromiso en la soluci\u00f3n de los problemas actuales y en el aprovechamiento de las oportunidades en curso, por el an\u00e1lisis de la informaci\u00f3n contable de la compa\u00f1\u00eda y por el diagn\u00f3stico del futuro de los negocios sociales, procurando en cada caso satisfacer las exigencias de los mismos, actuando siempre con lealtad y privilegiando los intereses de la sociedad sobre los propios o los de terceros\u201d. <\/p>\n
2. Con miras al cabal y recto cumplimiento de su labor, el legislador le asign\u00f3 a los administradores de las sociedades un conjunto de deberes espec\u00edficos, entre los cuales se enlista el de \u201cabstenerse de participar por s\u00ed o por interpuesta persona en inter\u00e9s personal o de terceros, en actividades que impliquen competencia con la sociedad o en actos respecto de los cuales exista conflicto de intereses, salvo autorizaci\u00f3n expresa de la junta de socios o asamblea general de accionistas. <\/p>\n
En estos casos, el administrador suministrar\u00e1 al \u00f3rgano social correspondiente toda la informaci\u00f3n que sea relevante para la toma de la decisi\u00f3n. De la respectiva determinaci\u00f3n deber\u00e1 excluirse el voto del administrador, si fuere socio. En todo caso, la autorizaci\u00f3n de la junta de socios o asamblea general de accionistas s\u00f3lo podr\u00e1 otorgarse cuando el acto no perjudique los intereses de la sociedad\u201d. <\/p>\n
2.1. El conflicto de intereses -explic\u00f3 un connotado tratadista del derecho societario- afecta el poder de representaci\u00f3n org\u00e1nica del administrador. Se presenta como \u201cun impedimento para el desarrollo normal de la relaci\u00f3n representativa. El que act\u00faa en conflicto queda privado del ejercicio del poder representativo, por incompatibilidad con el fin por el que le ha sido conferido\u201d.3 <\/p>\n
Lo anterior entra\u00f1a un peligro o riesgo razonable de da\u00f1o para la sociedad, el cual, explica el autor, \u201cno se determina en relaci\u00f3n con las consecuencias patrimoniales del acto por s\u00ed mismas, sino con referencia a la ilegitimidad del ejercicio del poder\u201d.4 <\/p>\n
En tales eventos, la satisfacci\u00f3n del inter\u00e9s propio del administrador o de los terceros a quienes pretende beneficiar, se materializa \u201cen sacrificio del inter\u00e9s social\u201d5, de modo que no se garantiza la independencia o autonom\u00eda de cada uno de los procesos de formaci\u00f3n y validaci\u00f3n de las voluntades negociales concernidas. <\/p>\n
2.2. En la estructura interna del conflicto de intereses, la doctrina especializada ha identificado algunos elementos principales, como: <\/p>\n
<\/p>\n
a. La existencia de una situaci\u00f3n antag\u00f3nica entre intereses diversos. <\/p>\n
<\/p>\n
b. Un inter\u00e9s concreto y particular del asociado que puede ser propio o ajeno. <\/p>\n
<\/p>\n
c. Un nexo causal entre el inter\u00e9s particular o extrasocietario del asociado y el perjuicio del inter\u00e9s societario. <\/p>\n
<\/p>\n
d. El car\u00e1cter patrimonial de ese inter\u00e9s. <\/p>\n
<\/p>\n
e. La irrelevancia de la intenci\u00f3n del socio de causar perjuicio a la sociedad.6 <\/p>\n
La colisi\u00f3n de intereses normalmente contrapuestos ocasiona que uno pretenda prevalecer sobre el otro, relaci\u00f3n de contrapeso en el que la consecuci\u00f3n de uno de ellos implica la afectaci\u00f3n del otro7, de ah\u00ed que algunos autores consideren el riesgo real y actual de da\u00f1o a la sociedad como un presupuesto definidor del conflicto, reclamando que este pueda detectarse a partir de datos objetivos al momento de estimarse la existencia del enfrentamiento del inter\u00e9s propio o ajeno que persigue el administrador y el del ente social.8 <\/p>\n
3. El Decreto 1925 de 2009, por medio del cual se reglament\u00f3 parcialmente el canon 23 de la Ley 222 de 1995 estableci\u00f3 que el administrador que, directamente o por interpuesta persona, en inter\u00e9s propio o de terceros, incurra en comportamientos que involucren conflicto de inter\u00e9s o competencia con la sociedad, sin contar con la debida autorizaci\u00f3n de la asamblea general de accionistas o de la junta de socios, est\u00e1 obligado a responder \u201csolidaria e ilimitadamente\u201d de los perjuicios que, por dolo o culpa, ocasione a los asociados, a la sociedad o a terceros, \u201ccon el prop\u00f3sito de lograr, de conformidad con la ley, la reparaci\u00f3n integral\u201d (art. 1\u00b0). <\/p>\n
3.1. El canon siguiente de la normativa en cita fij\u00f3 el procedimiento a seguir cuando en una determinada situaci\u00f3n sea advertido el conflicto de inter\u00e9s o la competencia con el ente societario, preceptuando que el administrador deber\u00e1 convocar a la Asamblea General o Junta de Socios si tiene esa capacidad o pedir que se le convoque si carece de esa atribuci\u00f3n, especificando dentro del orden del d\u00eda la \u201csolicitud de autorizaci\u00f3n para la actividad que le representa conflicto de inter\u00e9s o competencia con la sociedad\u201d, y en el curso de la reuni\u00f3n, tendr\u00e1 que proporcionar a los asociados la informaci\u00f3n necesaria para que el m\u00e1ximo \u00f3rgano social adopte la decisi\u00f3n que estime pertinente, excluy\u00e9ndose de ella su voto cuando, adem\u00e1s, ostente la calidad de socio. <\/p>\n
La informaci\u00f3n suministrada por el administrador ha de ser precisa, id\u00f3nea y suficiente, pues con base en ella el \u00f3rgano social podr\u00e1 \u201cconocer la dimensi\u00f3n real del asunto\u201d y determinar \u201cla viabilidad de la autorizaci\u00f3n que le interesa al administrador o, en caso contrario, obrar de otra manera\u201d.9 <\/p>\n
3.2. En todo caso, la decisi\u00f3n de la junta de socios o de la asamblea general de accionistas debe propender por el bienestar de la sociedad, raz\u00f3n por la cual en aras de elucidar la conveniencia o no de emitir la autorizaci\u00f3n solicitada por el administrador, es necesaria la ponderaci\u00f3n de los factores econ\u00f3micos que rodean la operaci\u00f3n o acto respecto del cual existe el conflicto de intereses, la posici\u00f3n de la empresa en el mercado y las repercusiones de la negociaci\u00f3n o actuaci\u00f3n que pretende realizarse en los negocios societarios y en el patrimonio de la administrada, a fin de que se constate, previamente, si lesiona o no sus intereses pecuniarios. <\/p>\n
Si, como resultado de ese an\u00e1lisis reflexivo, se concluye no avalar la actuaci\u00f3n, el administrador debe abstenerse de ejecutar los actos de competencia o que le generen situaciones de conflicto de inter\u00e9s. La desobediencia a dicho mandato, acarrea la remoci\u00f3n del cargo y lo deja incurso en la responsabilidad consignada en el canon 200 del estatuto mercantil. <\/p>\n
De otra parte, en el evento de obtenerse la venia del \u00f3rgano social, habi\u00e9ndose suministrado por el administrador una \u201cinformaci\u00f3n incompleta, falsa o a sabiendas de que la operaci\u00f3n ocasionar\u00eda perjuicios a la sociedad\u201d, el ordenamiento castiga este incorrecto modo de obrar, impidi\u00e9ndole que pueda resguardarse en la licencia concedida para exonerarse de responsabilidad por sus actos y, en consecuencia, est\u00e1 llamado a responder \u201cfrente a la sociedad, los socios o terceros perjudicados\u201d (art. 3\u00b0). <\/p>\n
<\/p>\n
4. Son de tal envergadura las evocadas cargas, que de ellas emerge el instituto de la solidaridad entre quienes detentan el indicado rol en las sociedades comerciales, e incluso se hace extensivo a los socios que acojan con expreso benepl\u00e1cito la realizaci\u00f3n de un acto donde sea patente el conflicto de inter\u00e9s o competencia con la persona jur\u00eddica que sea lesivo para los intereses societarios, pues el precepto 4\u00b0 de la comentada normativa los considera \u201cresponsables solidaria e ilimitadamente por los perjuicios que ocasionen a esta, a los socios y a terceros, salvo que dicha autorizaci\u00f3n se haya obtenido de manera enga\u00f1osa\u201d. Ello, con independencia de la declaratoria de nulidad de los actos amparados en esas decisiones transgresoras de las previsiones legales. <\/p>\n
Claro est\u00e1, la solidaridad es atribuible a los administradores y asociados a quienes les sea imputable la responsabilidad, bien por haber sido art\u00edfices directos de los actos reprochados, contrarios a la ley o que contravienen las disposiciones reglamentarias, o porque se abstuvieron de prevenir su ocurrencia a trav\u00e9s de una acuciosa vigilancia y control respecto de su autor, o siendo conocedores de la falta no desplegaron esfuerzo alguno tendiente a impedirla, la consintieron expresamente o permitieron que se concretara al abstenerse de reprocharla. <\/p>\n
A diferencia del r\u00e9gimen com\u00fan de responsabilidad civil contractual, los damnificados no tienen la carga de demostrar la culpa del administrador, pues esta se presume en los casos de \u201cincumplimiento o extralimitaci\u00f3n de sus funciones, violaci\u00f3n de la ley o de los estatutos\u201d (art. 200 C. de Co.10), pero si deber\u00e1n acreditar la extensi\u00f3n de la lesi\u00f3n econ\u00f3mica que hayan sufrido y que \u00e9sta fue generada por la culpa del administrador, esto es, la existencia de un nexo causal entre una y otra. <\/p>\n
5. De lo discurrido deviene que son dos las acciones judiciales que pueden promoverse cuando los encargados del gobierno de una sociedad obran a pesar de la constataci\u00f3n de un conflicto de inter\u00e9s o de competencia con el ente moral, sin contar con la autorizaci\u00f3n informada de la Asamblea General de Accionistas o de la Junta de Socios. <\/p>\n
Se trata de dis\u00edmiles mecanismos que por virtud de la ley se tramitan en el mismo proceso judicial: la acci\u00f3n dirigida a que se declare la responsabilidad de los administradores con la consecuente reparaci\u00f3n de los da\u00f1os ocasionados, y aquella que persigue la nulidad absoluta de los actos ejecutados en contra de los deberes de quienes detentan la anotada funci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed se desprende de los art\u00edculos 4\u00b0 y 5\u00b0 del Decreto en cita11. La primera disposici\u00f3n a la par que consagra la responsabilidad solidaria e ilimitada de los socios que hayan autorizado expresamente la realizaci\u00f3n de un acto \u201crespecto del cual exista conflicto de inter\u00e9s o competencia con la sociedad\u201d y lesivo de los intereses del ente moral, prev\u00e9 la posibilidad de perseguir la \u201cdeclaratoria de nulidad que pudiese resultar de los actos amparados en tales decisiones por violaci\u00f3n de la ley\u201d. <\/p>\n
Con arreglo al segundo precepto, la causa judicial dirigida a \u201cobtener la declaratoria de nulidad absoluta de los actos ejecutados en contra de los deberes de los administradores consagrados en el numeral 7\u00b0 del art\u00edculo 23 de la Ley 222 de 1995, se adelantar\u00e1 mediante el proceso legalmente establecido, de conformidad con el art\u00edculo 233 de la Ley 222 de 1995; sin perjuicio de otros mecanismos de soluci\u00f3n de conflictos establecidos en los estatutos\u201d. <\/p>\n
All\u00ed tambi\u00e9n se podr\u00e1 condenar al administrador a \u201cindemnizar a quien hubiese causado perjuicios\u201d, e incluso podr\u00e1 sancion\u00e1rsele con la imposici\u00f3n de \u201cmultas y\/o con la inhabilidad para ejercer el comercio, sin perjuicio de la responsabilidad penal que dicha conducta pudiese generar\u201d. <\/p>\n
5.1. El objeto de la reclamaci\u00f3n dirigida a evidenciar la responsabilidad de los administradores cuando se incurre en conflicto de inter\u00e9s o competencia con la sociedad, es el de recomponer el capital social perdido o mermado por la incorrecci\u00f3n de los administradores, raz\u00f3n por la cual es el ente moral, como guardi\u00e1n de su patrimonio, el sujeto habilitado, en principio, para impetrar la queja, pues la lesi\u00f3n no afecta al asociado de manera directa, sino en forma mediata, es decir, en raz\u00f3n del da\u00f1o ocasionado a la persona jur\u00eddica, que conserva el derecho prevalente de la acci\u00f3n social aun durante el periodo de liquidaci\u00f3n, a trav\u00e9s del liquidador designado. <\/p>\n
La regla 25 de la Ley 222 de 1995 establece que la \u201cacci\u00f3n social de responsabilidad\u201d corresponde a la compa\u00f1\u00eda, previa decisi\u00f3n de la asamblea general de accionistas o de la junta de socios, pero si no es ejercida dentro de los tres (3) meses siguientes a la adopci\u00f3n de la determinaci\u00f3n por el \u00f3rgano social respectivo, podr\u00e1 ser promovida por \u201ccualquier administrador, el revisor fiscal o por cualquiera de los socios en inter\u00e9s de la sociedad\u201d, y tambi\u00e9n por los acreedores que representen al menos el 50% del pasivo externo, \u201csiempre y cuando el patrimonio de la sociedad no sea suficiente para satisfacer sus cr\u00e9ditos\u201d, todo lo cual, debe entenderse, no es limitante de los derechos particulares \u201cque correspondan a los socios y a terceros\u201d, quienes tienen a su alcance la denominada \u201cacci\u00f3n individual\u201d, tendiente a procurar la indemnizaci\u00f3n de los perjuicios propios, no de la compa\u00f1\u00eda, que les ocasione el administrador, es decir, aquellos causados de modo directo y no reflejo como derivaci\u00f3n de la lesi\u00f3n infligida al patrimonio societario. <\/p>\n
5.1.1. En todo caso, la legitimaci\u00f3n reconocida a la sociedad cambia cuando el ente deja de existir, pues en tal caso, los facultados para comparecer a la litis, son quienes al momento de los actos enjuiciados ostentaban la calidad de socios o accionistas. <\/p>\n
As\u00ed lo se\u00f1al\u00f3 esta Corporaci\u00f3n en la providencia CSJ SC1182-2016, 8 feb., rad. 2008-00064-01 al precisar, con ocasi\u00f3n del reproche por lesi\u00f3n enorme frente a un contrato celebrado por un ente moral, que una vez liquidada la persona jur\u00eddica \u201ccualquiera de los socios estaba legitimado para incoar acciones judiciales tendientes a la protecci\u00f3n de sus derechos\u201d, explicando lo siguiente: <\/p>\n
(\u2026) aunque en vigencia de la sociedad, \u00e9sta \u00abforma una persona jur\u00eddica distinta de los socios individualmente considerados\u00bb seg\u00fan lo preceptuado por el art\u00edculo 98 del C\u00f3digo de Comercio, son innegables las relaciones que se forman entre los asociados y el ente moral, de las cuales dimanan una serie de derechos de contenido econ\u00f3mico para los primeros. <\/p>\n
Tales prerrogativas o potestades est\u00e1n relacionados principalmente con el aporte realizado por los primeros que genera para la sociedad la obligaci\u00f3n correlativa de reintegrarlos en las situaciones y en la forma establecida en la ley (arts. 143 a 148 C. Co.), de lo cual proviene su inter\u00e9s permanente en sus acciones, cuotas o partes de inter\u00e9s social, y tambi\u00e9n en el pago de las utilidades o dividendos generados por el ejercicio del objeto de la entidad, aprobados de manera peri\u00f3dica por la asamblea o junta de socios, del que son acreedores en forma proporcional a la parte pagada de su participaci\u00f3n (arts. 149 a 157 ib\u00eddem) (\u2026). <\/p>\n
En cuanto al reintegro de los aportes, establece el estatuto mercantil que la sociedad debe proceder a realizarlo durante la etapa liquidatoria, despu\u00e9s de pagar las obligaciones externas contra\u00eddas por \u00e9sta, y tambi\u00e9n cuando sea declarado nulo el contrato social respecto del correspondiente asociado. <\/p>\n
De ah\u00ed que desde el nacimiento de la persona jur\u00eddica, quienes la conforman tienen un inter\u00e9s jur\u00eddico indiscutible vinculado a los derechos que tienen dentro de ella, particularmente los de restituci\u00f3n de sus aportaciones y pago de las utilidades obtenidas\u201d. <\/p>\n
5.1.2. Sobre la acci\u00f3n en comento, esta Sala ha precisado que se enmarca dentro de \u00abun r\u00e9gimen particular de responsabilidad civil derivado del contrato social y de la actuaci\u00f3n de sus administradores; los sujetos que en ella participan est\u00e1n definidos en la ley, en tanto que los titulares de la correspondiente pretensi\u00f3n resarcitoria son solamente la sociedad, los socios y los terceros con inter\u00e9s leg\u00edtimo, mientras que los llamados a resistirla son quienes ostenten la calidad de administradores de la correspondiente persona jur\u00eddica, independientemente de que concurra en ellos la condici\u00f3n de socios; se deriva, exclusivamente, de los actos dolosos o culposos que \u00e9stos cometan en desarrollo de la administraci\u00f3n que ejerzan, es decir, que el factor de atribuci\u00f3n de la responsabilidad es de naturaleza subjetiva; en los supuestos de \u201cincumplimiento o extralimitaci\u00f3n de sus funciones, violaci\u00f3n de la ley o de los estatutos\u201d y de que los administradores \u201chayan propuesto o ejecutado la decisi\u00f3n sobre distribuci\u00f3n de utilidades en contravenci\u00f3n a lo prescrito en el art\u00edculo 151 del C\u00f3digo de Comercio y dem\u00e1s normas sobre la materia\u201d, se presume su culpabilidad..\u00bb (CSJ SC 26 ago. 2011, rad. 2002-00007-01). <\/p>\n
5.2. La otra acci\u00f3n es la encaminada a que se declaren absolutamente nulos los actos realizados por el administrador contraviniendo los deberes que le impone el numeral 7\u00b0 del art\u00edculo 23 de la Ley 222 de 1995, la cual da lugar a que se retrotraigan las cosas al estado anterior a la celebraci\u00f3n del acto o negocio y de acuerdo con el precepto 5\u00b0 del Decreto 1925 de 2009, dentro de las restituciones podr\u00e1 incluirse, entre otras, \u201cel reintegro de las ganancias obtenidas con la realizaci\u00f3n de la conducta sancionada\u201d. <\/p>\n
5.2.1. Lo primero a relievar es que, en materia mercantil12, el ordenamiento consagra como causas de nulidad absoluta de los negocios jur\u00eddicos las siguientes: <\/p>\n
i) Cuando se contrar\u00eda una norma imperativa, salvo que la ley disponga otra cosa. <\/p>\n
ii) Cuando tenga causa u objeto il\u00edcitos <\/p>\n
iii) Cuando se haya celebrado por persona absolutamente incapaz. <\/p>\n
5.2.2. Mem\u00f3rese que, como lo ha explicado esta colegiatura, la invalidez del negocio jur\u00eddico proyectada en la nulidad absoluta \u00abostenta tipicidad legal r\u00edgida (pas de nullit\u00e9 sans texte), presupone texto, norma o precepto legal previo y expreso, al corresponder exclusivamente a la ley establecer su disciplina, causas y efectos; exige declaraci\u00f3n judicial previo proceso con comparecencia de los contratantes y sujeci\u00f3n a las garant\u00edas constitucionales, en especial, el debido proceso; entra\u00f1a, la terminaci\u00f3n del acto y su restituci\u00f3n al statu quo ante si es total (\u2026) como si el negocio jur\u00eddico no se hubiere celebrado, excepto aquellos efectos no susceptibles de deshacer por su naturaleza, l\u00f3gica o consumici\u00f3n o, si afecta el n\u00facleo estructural o existencial del contrato (esentialia negotia); admite saneamiento, ratificaci\u00f3n o convalidaci\u00f3n, salvo norma legal expresa en contrario; puede oponerse por excepci\u00f3n o ejercerse como acci\u00f3n\u00bb y aunque la legitimaci\u00f3n para incoarla \u00abest\u00e1 reservada a la parte o sujeto contractual\u00bb debe declararse ex officio \u00ab\u201dcuando aparezca de manifiesto en el acto o contrato\u201d y podr\u00e1 invocarse por todo el que tenga inter\u00e9s en ello, el Ministerio P\u00fablico o quien \u201cacredite un inter\u00e9s directo para pedir que se declare la nulidad absoluta\u201d\u00bb (CSJ SC 7 febr. 2008, RAD. 2001-06915-01; CSJ SC 1\u00ba jul. 2008, rad. 2001-00803-01 y CSJ SC 6 mar. 2012, rad. 2001-00026-01). <\/p>\n
La anterior corresponde a una medida con la que se busca que el conflicto de inter\u00e9s no se concrete en un da\u00f1o para la persona jur\u00eddica representada por el administrador; por ello se exige una autorizaci\u00f3n o permisi\u00f3n cuya obtenci\u00f3n es imprescindible de forma antelada a la operaci\u00f3n econ\u00f3mica, negociaci\u00f3n o actuaci\u00f3n generadora de la colisi\u00f3n. <\/p>\n
5.2.3. La invalidaci\u00f3n puede exorarla cualquier persona a la que asista un inter\u00e9s leg\u00edtimo, as\u00ed como el Ministerio P\u00fablico en protecci\u00f3n de la ley, al aplicarse, por analog\u00eda, las reglas de la nulidad absoluta en negocios civiles, y podr\u00e1 declararse de oficio por el juez cognoscente siempre que el vicio aparezca de manifiesto en el acto o contrato. <\/p>\n
En ese sentido, esta colegiatura, recientemente, ha recordado que la facultad del juez de declarar la nulidad absoluta de un negocio jur\u00eddico consagrada en el art\u00edculo 2\u00b0 de la Ley 50 de 1936 no es ilimitada, pues \u00ab{n}o por ser una declaraci\u00f3n oficiosa el juez queda autorizado para formularla con prescindencia y menoscabo del derecho primordial de defensa\u00bb (G.J. t. XLVII pg. 238), doctrina esta por cierto reiterada en m\u00faltiples oportunidades posteriores tal como lo pone de manifiesto la sentencia del 27 de febrero de 1982 en la que se dijo: \u00abtradicionalmente la doctrina de la Corte viene afirmando que el poder excepcional que al fallador le concede la ley para declarar de oficio la nulidad absoluta, no es irrestricto, panor\u00e1mico o ilimitado, sino que, por el contrario se encuentra condicionado a la concurrencia de las tres circunstancias siguientes: 1a. Que la nulidad aparezca de manifiesto en el acto o contrato. 2a. Que el acto o contrato haya sido invocado en el litigio como fuente de derechos y obligaciones para las partes, y 3a. Que al litigio concurran, en calidad de partes, las personas que intervinieron en la celebraci\u00f3n de aquel o sus causahabientes, en guarda del postulado de que la nulidad de una convenci\u00f3n, en su totalidad, no puede declararse, sino con la audiencia de todos los que la celebraron\u00bb (G.J. t. CLXV)\u00bb (CSJ SC5185-2020, 18 dic., rad. 2016-00214-01, reiterando la providencia CSJ SC 10 oct. 2005, rad. 4541). <\/p>\n
Y a\u00f1adi\u00f3: <\/p>\n
La irregularidad, por supuesto, debe aparecer n\u00edtida, clara, sin lugar a ninguna clase de interpretaci\u00f3n. La raz\u00f3n estriba en que se trata de un control de legalidad excepcional de la actividad negocial en procura de proteger la autonom\u00eda de la voluntad de las partes y la estabilidad jur\u00eddica en los actos que celebran los particulares. Si el defecto sustancial es ostensible y directo en el contenido del acto o contrato, independiente de otros elementos de juicio, se entiende que es conocido de los sujetos en contienda y que nada habr\u00eda para investigar o contraprobar. En tal caso, la declaraci\u00f3n inquisitiva no pondr\u00eda en entredicho los derechos fundamentales de defensa y contradicci\u00f3n. <\/p>\n
En cambio, esas garant\u00edas se ver\u00edan menoscabadas cuando la falta constitutiva de nulidad absoluta debe ser auscultada en otros medios de convicci\u00f3n. La pesquisa probatoria, por s\u00ed, implica amplio debate y la posibilidad de aducir pruebas en contrario. Esto quedar\u00eda menguado cuando la decisi\u00f3n, sin m\u00e1s, deviene sorpresiva o s\u00fabita de la jurisdicci\u00f3n. La nulidad absoluta, en definitiva, estar\u00eda adopt\u00e1ndose a espaldas de quienes tienen inter\u00e9s en la subsistencia del respectivo acto o contrato.13 <\/p>\n
Desde luego que esa facultad oficiosa no es ajena a los asuntos mercantiles, pues dado que el compendio mercantil no se ocupa de prescribir los efectos concretos de cada una de las categor\u00edas de invalidez all\u00ed previstas, es procedente recurrir a las pautas que gobiernan ese tema en la legislaci\u00f3n civil, en virtud de la remisi\u00f3n normativa establecida en la pauta 822 del estatuto comercial, a cuyo tenor \u201clos principios que gobiernan la formaci\u00f3n de los actos y contratos y las obligaciones de derecho civil, sus efectos, interpretaci\u00f3n, modo de extinguirse, anularse o rescindirse, ser\u00e1n aplicables a las obligaciones y negocios jur\u00eddicos mercantiles, a menos que la ley establezca otra cosa\u201d. <\/p>\n
No obstante, a efectos de alcanzar un pronunciamiento como el que se comenta, es ineludible la presencia de los tres rasgos habilitantes decantados por la doctrina jurisprudencial de la Corte, reci\u00e9n evocados: i) Que el vicio generador de la nulidad aparezca de manifiesto en el acto o contrato; ii) Que el acto o convenci\u00f3n se haya invocado en el pleito como fuente de derechos y obligaciones para las partes, y iii) Que al litigio concurran, en calidad de contradictores procesales, los sujetos que intervinieron en la celebraci\u00f3n o sus causahabientes. <\/p>\n
5.2.4. En el sub iudice, el sentenciador ad quem repar\u00f3 en que los demandantes deprecaron la declaratoria de nulidad absoluta de los contratos respecto de los cuales se present\u00f3 el alegado conflicto de inter\u00e9s de los administradores de la sociedad CEFRA S.A., esto es, los de cesi\u00f3n de la posici\u00f3n contractual de locataria que dicho ente jur\u00eddico ostentaba en los convenios de leasing Nos. 43915 y 44864 celebrados con Suleasing, la cual fue absorbida por Leasing Bancolombia. <\/p>\n
Empero, deneg\u00f3 ese pedimento porque la pretensi\u00f3n restitutoria derivada de ese reclamo \u201cradica en la sociedad afectada por el actuar de su administrador desleal\u201d, de ah\u00ed que al perseguirla los accionistas \u201cobrando en nombre propio, m\u00e1s no para reconstruir el posible capital social de aquella extinta sociedad\u201d, no proced\u00eda acceder a su aspiraci\u00f3n.14 <\/p>\n
5.2.5. En la acusaci\u00f3n auscultada, el casacionista recrimin\u00f3 la transgresi\u00f3n directa de sendas normas por falta de aplicaci\u00f3n a la litis, yerro que, dijo, se materializ\u00f3 al no declarar de oficio la nulidad absoluta de las mencionadas convenciones, pese a que el vicio que las her\u00eda de nulidad absoluta, lo hall\u00f3 el tribunal \u201cde manifiesto\u201d al estimar desconocida, por el gerente y los miembros de la Junta Directiva de CEFRA S.A., la prohibici\u00f3n de participar en actos respecto de los cuales existiera conflicto de intereses, sin autorizaci\u00f3n expresa del m\u00e1ximo \u00f3rgano societario. <\/p>\n
5.3. El quebranto recta v\u00eda de normas sustanciales emerge cuando \u00abla discrepancia por la que se duele la censura reside exclusivamente en un plano de estricta juridicidad. Desligado, por consiguiente, de cualquier equivocaci\u00f3n en el \u00e1mbito probatorio. Sumado a ello, el embate debe estar dirigido a derruir los falsos juicios de las normas que gobiernan el caso. Ya porque el ad quem no las tuvo en cuenta -falta de aplicaci\u00f3n-, ya porque se equivoc\u00f3 al elegirlas -aplicaci\u00f3n indebida-. O, a pesar de ser las correctas, le dio una interpretaci\u00f3n ajena a su alcance -interpretaci\u00f3n err\u00f3nea-\u00bb (CSJ SC4115-2021, 25 oct., rad. 2015-00327-01). <\/p>\n
En ese orden, el dislate halla configuraci\u00f3n cuando el juzgador sin incurrir en yerro en la labor de contemplaci\u00f3n de los medios de convicci\u00f3n, no le aplica la normatividad sustancial que amerita la controversia, o lo hace desconociendo su genuina intelecci\u00f3n, o hace obrar disposiciones diferentes a las aplicables a la especie litigiosa. <\/p>\n
5.3.1. Contrastada la acusaci\u00f3n con el texto de la sentencia impugnada, encuentra la Sala que el fallador de segundo grado no incurri\u00f3 en la equivocaci\u00f3n que le endilg\u00f3 el primer segmento del embate, comoquiera que no se hallaban cumplidas las exigencias cardinales que habr\u00edan autorizado el pronunciamiento oficioso echado de menos en la censura. <\/p>\n
La raz\u00f3n del anterior aserto estriba en que el vicio no aparece \u201cde manifiesto\u201d en los negocios jur\u00eddicos celebrados en el mes de mayo de 2014, donde el gerente de la sociedad CEFRA S.A., obrando en nombre y representaci\u00f3n de ese ente, cedi\u00f3 a favor de la sociedad DAHJ S.A.S., de la que tambi\u00e9n era representante legal, la posici\u00f3n contractual de locataria que la cedente ostentaba en los convenios de leasing Nos. 43915 y 44864. <\/p>\n
Si el motivo de invalidez no es propiamente, como lo aceptan los recurrentes, que los administradores de la cedente hubieran obrado en una situaci\u00f3n donde era predicable un conflicto de inter\u00e9s, sino que no obtuvieron previo a la comentada cesi\u00f3n, la autorizaci\u00f3n para ejecutar el acto, conferida \u00e9sta por la asamblea general de accionistas en su condici\u00f3n de m\u00e1ximo \u00f3rgano de la sociedad, lo que supone un atentado contra el deber de lealtad que les es exigible y el desconocimiento de la norma imperativa que conmina a abstenerse de participar en ese tipo de actividades, si aquellas no fueron prohijadas por la instancia decisora, para la comprobaci\u00f3n de la irregularidad es necesario recurrir a medios suasorios diferentes a los propios negocios de cesi\u00f3n. <\/p>\n
En esa direcci\u00f3n, no viene a duda que se requer\u00eda corroborar la existencia de intereses contrapuestos en cabeza de los administradores denunciados, para lo cual era necesario verificar su condici\u00f3n de accionistas en las dos empresas, y en el caso de los miembros de la junta directiva de CEFRA S.A. Juan Carlos Neira Pel\u00e1ez y Andr\u00e9s Hurtado N\u00fa\u00f1ez, demostrar que respaldaron con su voto el proceder del representante legal Diego F\u00e9lix \u00c1lvarez Tob\u00f3n (q.e.p.d.), cuando \u00e9ste someti\u00f3 a la consideraci\u00f3n de la asamblea general de accionistas la celebraci\u00f3n de las cesiones, sin revelar ninguno de ellos que se encontraban incursos en la comentada pugna de intereses. <\/p>\n
A m\u00e1s de lo precedente, era imperioso establecer si el mencionado \u00f3rgano competente emiti\u00f3 o no el aval especial para la realizaci\u00f3n de los negocios disputados, y en el evento de haber impartido la necesaria autorizaci\u00f3n, si tales operaciones econ\u00f3micas lesionaban o no los intereses de la sociedad cedente. <\/p>\n
Luego, si era ineludible el apoyo de otras probanzas para dilucidar la configuraci\u00f3n de la causa de anulaci\u00f3n, ello bastaba para tornar improcedente su declaratoria oficiosa, a lo que se a\u00fana que las indicadas convenciones no fueron invocadas como fuente de derechos y obligaciones para las partes, reforzando la improcedencia de la decisi\u00f3n extra\u00f1ada por la cr\u00edtica planteada en esta sede extraordinaria. <\/p>\n
5.3.2. Puestas las cosas en ese punto, queda claro que el buen suceso de la nulidad absoluta de las cesiones depend\u00eda, en primer lugar, de su alegaci\u00f3n por la parte interesada y, en segundo t\u00e9rmino, de la constataci\u00f3n de la conducta generadora del enunciado efecto, siempre que los sujetos concernidos por esas negociaciones hagan parte del contradictorio conformado en el juicio. <\/p>\n
Y es, en este t\u00f3pico, precisamente, donde se torna patente el desacierto del sentenciador de la segunda instancia, pues a pesar de haber identificado la pretensi\u00f3n de los demandantes, encaminada a obtener la declaraci\u00f3n de nulidad absoluta de las comentadas relaciones contractuales, planteada desde los albores del pleito, y de no pasar por alto que la celebraci\u00f3n de \u00e9stas en contrav\u00eda del deber de lealtad que le asist\u00eda a los convocados Diego \u00c1lvarez Tob\u00f3n, Juan Carlos Neira Pel\u00e1ez y Andr\u00e9s Hurtado N\u00fa\u00f1ez, acarreaba la consecuencia de su invalidez integral, el tribunal se abstuvo de reconocer tal repercusi\u00f3n y de imponer las consecuentes condenas por concepto de las restituciones rec\u00edprocas anejas a esa declaraci\u00f3n. <\/p>\n
En efecto, el tribunal concord\u00f3 con el juez a quo en que el gerente de la empresa CEFRA S.A., Diego \u00c1lvarez Tob\u00f3n (q.e.p.d.), \u201cdesatendi\u00f3 su deber de lealtad al no poner en conocimiento de la Asamblea General de Accionistas el conflicto de inter\u00e9s en el que estaba incurso al ser tambi\u00e9n representante legal de la sociedad con la cual iba a contratar, esto es, DAHJ Centro de Inversiones Inmobiliarias S.A.S.\u201d.16 <\/p>\n
Y agreg\u00f3 que el mentado administrador no era el \u00fanico que se encontraba inmerso en esta situaci\u00f3n, toda vez que \u201clos se\u00f1ores Juan Carlos Neira y Andr\u00e9s Hurtado tambi\u00e9n infringieron ese preciso deber\u201d, por cuanto \u201ceran miembros de la junta directiva de CEFRA S.A. \u2013es decir, sus administradores- y tambi\u00e9n fueron accionistas de la entidad que actu\u00f3 como cesionaria, respaldando con su voto el actuar del representante legal en dicha negociaci\u00f3n\u201d17; sin embargo, a sabiendas de la intenci\u00f3n de las dos compa\u00f1\u00edas de efectuar la cesi\u00f3n respecto de la posici\u00f3n contractual de locatario, \u201comitieron manifestar su conflicto de inter\u00e9s que les provocaba tal operaci\u00f3n, al punto que finalmente mostraron su benepl\u00e1cito en la reuni\u00f3n extraordinaria de accionistas llevada a cabo el 24 de octubre de 2013, tal como lo muestra el acta No. 77 visible a folios 279 a 281 del cuaderno No. 2\u201d.18 <\/p>\n
5.3.3. Aunque a esa determinaci\u00f3n no arrib\u00f3 el ad quem irreflexivamente, es de notar que su razonamiento vulnera los derechos subjetivos de los reclamantes y les infiere agravio, al impedir que la declaraci\u00f3n de responsabilidad efectuada en el fallo alcance las repercusiones que le son propias. <\/p>\n
Concretamente, infringi\u00f3 el apartado del mandato 5\u00b0 del Decreto 1925 de 2009 relativo a las consecuencias de la declaraci\u00f3n de nulidad absoluta, verificada la realizaci\u00f3n de la falta sancionada por el r\u00e9gimen de responsabilidad de los administradores y el art\u00edculo 1746 del C\u00f3digo Civil, norma que asigna un conjunto de efectos a la nulidad de los negocios civiles y que, como antes se explic\u00f3, es preciso hacer actuar en los casos de invalidez de negocios comerciales, yerro cuya trascendencia para la resoluci\u00f3n del litigio es innegable, toda vez que priv\u00f3 a los sujetos procesales de su derecho a ser restituidas al mismo estado en que se hallar\u00edan si no hubiesen existido los contratos nulos. <\/p>\n
En ese sentido, mem\u00f3rese que lo usual en la din\u00e1mica de los v\u00ednculos negociales es que las obligaciones generadas para cada uno de los concertantes, o al menos una parte de ellas, se ejecute en el tiempo y forma debidos, de ah\u00ed que, ante el decaimiento de la convenci\u00f3n, refuljan los principios de equidad y justicia para imponer al juez proveer, incluso sin petici\u00f3n de las partes, sobre las restituciones rec\u00edprocas, aspecto en el que vienen \u00fatiles las reglas que regulan la materia de las prestaciones mutuas en la reivindicaci\u00f3n. <\/p>\n
Frente a ese particular, ha adoctrinado esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
Como el vicio invalidante se produce en el origen o conformaci\u00f3n del negocio, es natural que la invalidez se retrotraiga a ese instante, desapareciendo todos los efectos que pudo haber producido desde entonces. Esta retroactividad se da en las relaciones de los contratantes entre s\u00ed, o bien respecto de terceros, siempre que hayan sido parte en el proceso. <\/p>\n
Entre las partes contratantes, si el negocio jur\u00eddico no ha comenzado a ejecutarse por ninguna de ellas, la declaraci\u00f3n de nulidad o ineficacia impide el cumplimiento de las obligaciones que habr\u00edan nacido del negocio si hubiera sido v\u00e1lido. Desde luego que si el negocio jur\u00eddico no se ha cumplido, la cuesti\u00f3n se limita a la desaparici\u00f3n de las obligaciones, sin que pueda hablarse de restituciones, pues nada se ha dado. Con la declaraci\u00f3n de nulidad, la obligaci\u00f3n se extingue seg\u00fan lo establece el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 1625 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
Si el negocio ha sido cumplido, total o parcialmente, por una de las partes o por ambas, la situaci\u00f3n se retrotrae al estado en que las partes estar\u00edan de no haber celebrado el negocio. Es en esta circunstancia donde tienen cabida las restituciones de que trata el art\u00edculo 1746, que despu\u00e9s de consagrar la regla general seg\u00fan la cual la nulidad judicialmente pronunciada da a las partes derecho a ser restituidas al mismo estado en que se hallar\u00edan si no hubiese existido el negocio o contrato nulo, establece una serie de excepciones y pautas. <\/p>\n
Entre las excepciones est\u00e1 lo concerniente al objeto o causa il\u00edcita, casos en los cuales no es posible repetir lo que se haya dado o pagado a sabiendas de la ilicitud (1525); como tampoco lo que se haya dado o pagado al incapaz, salvo prueba de haberse hecho \u00e9ste m\u00e1s rico (1747). Tampoco hay lugar a la restituci\u00f3n material del bien cuando ello no sea posible por motivos de utilidad p\u00fablica o inter\u00e9s social, casos en los cuales se dar\u00e1 una reivindicaci\u00f3n ficta o compensatoria (art\u00edculo 58 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica). <\/p>\n
En cuanto a las pautas que da el segundo inciso del art\u00edculo 1746, est\u00e1 lo relativo a la posesi\u00f3n de buena o mala fe de las partes, tanto para las restituciones mutuas como para la conservaci\u00f3n o devoluci\u00f3n de frutos, intereses y mejoras, \u201cseg\u00fan las reglas generales\u201d, que son las que establece el art\u00edculo 961 y siguientes del C\u00f3digo Civil (CSJ SC3201-2018, 9 ago., rad. 2011-00338-01). <\/p>\n
5.3.4. De modo que estructurado el especial motivo de invalidaci\u00f3n consagrado en los art\u00edculos 4\u00b0 y 5\u00b0 del Decreto 1925 de 2009 para reprender la transgresi\u00f3n contemplada en el canon 1\u00b0 de la mencionada reglamentaci\u00f3n y el numeral 7\u00b0 del mandato 23 de la Ley 222 de 1995, se impon\u00eda declarar la nulidad absoluta de los contratos de cesi\u00f3n celebrados el 2 de mayo de 2014 por CEFRA S.A. a favor de DAHJ S.A.S. respecto de la posici\u00f3n de locataria que detentaba en los convenios de leasing Nos. 43915 y 44864, celebrados originariamente con Suleasing S.A.S.A., y declarada la ineficacia jur\u00eddica de esos acuerdos de voluntades, la consecuencia es la de retrotraer la situaci\u00f3n como si jam\u00e1s hubieran existido las aludidas cesiones. <\/p>\n
La negativa de la nulidad no pod\u00eda fundarse, como la ciment\u00f3 el ad quem, en que la pretensi\u00f3n restitutoria derivada de la invalidaci\u00f3n radica \u00fanicamente en la sociedad afectada por el maniobrar desleal de sus administradores, de modo que a los demandantes no les estaba autorizado incoar el reclamo en nombre propio, pues sin desconocer que la acci\u00f3n social de responsabilidad es el mecanismo jur\u00eddico instituido en la ley para buscar el resarcimiento de los perjuicios sufridos por una compa\u00f1\u00eda a consecuencia de la infracci\u00f3n de los deberes asignados a los administradores, una vez liquidada la compa\u00f1\u00eda defraudada por la situaci\u00f3n de conflicto de inter\u00e9s, no revelada oportunamente por el gerente Diego F\u00e9lix \u00c1lvarez Tob\u00f3n (q.e.p.d.) y los miembros de junta directiva Juan Carlos Neira Pel\u00e1ez y Andr\u00e9s Hurtado N\u00fa\u00f1ez, ni autorizada la intervenci\u00f3n por la asamblea general de accionistas, esa legitimaci\u00f3n debe reconocerse en cabeza de quienes al momento de los pactos reprochados ten\u00edan la calidad de accionistas, como as\u00ed lo determin\u00f3 esta Sala en la providencia CSJ SC1182-2016 citada in extenso en otro ac\u00e1pite de esta motiva. <\/p>\n
Adicional a ello, el reconocimiento de la nulidad absoluta se habilitaba por hallarse integrado debidamente el contradictorio con los asociados tanto de la extinta compa\u00f1\u00eda CEFRA S.A. y los de la tambi\u00e9n finiquitada sociedad DAHJ S.A.S. <\/p>\n
6. Por lo expuesto en forma precedente, habi\u00e9ndose constatado la incursi\u00f3n del sentenciador de segundo grado en el error que le atribuy\u00f3 la censura, el cargo prospera. <\/p>\n
Sin embargo, en atenci\u00f3n a que se hace necesario cuantificar las restituciones mutuas, previo a situarse la Corte en sede de instancia, con fundamento en los art\u00edculos 169, 170 y 349 (inciso tercero) del C\u00f3digo General del Proceso, se decretar\u00e1, de oficio, la pr\u00e1ctica de un dictamen pericial a fin de justipreciar lo pertinente, conforme se resolver\u00e1 en la parte dispositiva de este fallo. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CASA la sentencia de 18 de marzo de 2019, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro del proceso referenciado en el encabezamiento de esta providencia. <\/p>\n
Previo a emitir la sentencia sustitutiva, se decreta la pr\u00e1ctica de un dictamen pericial, para que se determine lo siguiente: <\/p>\n
i)- El valor comercial que ten\u00edan las posiciones contractuales de locataria, ostentadas por la sociedad CEFRA S.A. en los contratos de leasing Nos. 43915 y 44864, para el d\u00eda 2 de mayo de 2014, data en que fueron cedidas a la persona jur\u00eddica DAHJ S.A.S., atendiendo los c\u00e1nones pagados a ese momento desde la celebraci\u00f3n de los convenios de arrendamiento financiero (2 de septiembre y 6 de diciembre de 2004 respectivamente), el monto de los c\u00e1nones por pagar a Leasing Bancolombia S.A. y las opciones de compra pactadas. Deber\u00e1 acreditarse el m\u00e9todo y t\u00e9cnicas de valuaci\u00f3n empleadas, acordes con la naturaleza de la posici\u00f3n contractual transferida. <\/p>\n
ii) El importe que tendr\u00edan los c\u00e1nones de renta como obligaci\u00f3n derivada de un contrato de arrendamiento comercial sobre el inmueble donde ten\u00eda su sede el Centro de Fracturas CEFRA S.A., para el periodo comprendido entre el 2 de mayo de 2014 y el 22 de enero de 2016. <\/p>\n
iii) El valor de los c\u00e1nones pagados por la sociedad DAHJ S.A.S. a Leasing Bancolombia S.A. en los convenios de leasing Nos. 43915 y 44864 entre el 2 de mayo de 2014 y el 22 de enero de 2016. <\/p>\n
Para la pr\u00e1ctica y contradicci\u00f3n de la prueba, la Magistrada sustanciadora comisiona al despacho de la ponente de la Sala de decisi\u00f3n que dirimi\u00f3 la segunda instancia en el presente asunto, quien estar\u00e1 facultada para designar el perito contable, economista o administrador de empresas que deba rendir la experticia, comunicar tal determinaci\u00f3n, atender la aceptaci\u00f3n del cargo, reemplazarlo en caso de ser necesario, recibir el trabajo pericial, dejarlo en conocimiento de las partes, fijar la fecha y hora de la audiencia en que se surtir\u00e1 su contradicci\u00f3n, practicar dicho acto y se\u00f1alar los honorarios del experto. La pericia deber\u00e1 cumplir los requisitos se\u00f1alados en el art\u00edculo 226 del C\u00f3digo General del Proceso y rendirse en el t\u00e9rmino de treinta (30) d\u00edas, contados desde el d\u00eda siguiente a la fecha de aceptaci\u00f3n del cargo por el designado. <\/p>\n
El comisionado podr\u00e1 fijar una partida de gastos provisionales de estimarlo pertinente. En tal evento, a\u00fan si no se suministran tales expensas, procede la rendici\u00f3n del dictamen en atenci\u00f3n a que es indispensable (inciso primero art\u00edculo 230 C.G.P.). <\/p>\n
L\u00edbrese el respectivo despacho comisorio, al cual se anexar\u00e1 copia de la demanda, los contratos de leasing19, los documentos relativos a la cesi\u00f3n realizada por CEFRA S.A. a DAHJ S.A.S.20, el aval\u00fao del inmueble21, las respuestas proporcionadas por Bancolombia S.A.22, los documentos de pagos realizados con cargo a los aludidos convenios de arrendamiento financiero23 y de este pronunciamiento. <\/p>\n
Sin condena en costas ante la prosperidad del recurso de casaci\u00f3n. <\/p>\n
En su oportunidad, devu\u00e9lvase el expediente a la Corporaci\u00f3n de origen. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 La empresa se liquid\u00f3 por acuerdo de los accionistas teniendo en cuenta las p\u00e9rdidas acumuladas de los \u00faltimos a\u00f1os y que en el \u00faltimo ejercicio contable se arroj\u00f3 un resultado negativo superior al 50% del capital suscrito, dej\u00e1ndola en causal legal de disoluci\u00f3n. La cuenta final de liquidaci\u00f3n se aprob\u00f3 el 10 de mayo de 2016 (fls. 116 a 119, cno. 1). <\/p>\n
2\u0002 Liquidada <\/p>\n
3\u0002 BRUNETTI, Antonio. Sociedades mercantiles. Tomo 2 – Sociedad An\u00f3nima. Serie Cl\u00e1sicos del derecho societario. San Jos\u00e9: Editorial Jur\u00eddica Universitaria, 2002, p. 429. <\/p>\n
4\u0002 Ibidem. <\/p>\n
5\u0002 HALPERIN, Isaac. Sociedades an\u00f3nimas. Buenos Aires: Depalma, 1988, p. 21. <\/p>\n
6\u0002 ALBORCH BATALLER, Carmen. El derecho de voto del accionista. Madrid: Editorial Tecnos, p\u00e1g. 262. <\/p>\n
7\u0002 ALCAL\u00c1 D\u00cdAZ, Mar\u00eda \u00c1ngeles. El deber de fidelidad de los administradores \u2013 el conflicto de inter\u00e9s administrador -sociedad, en: ESTEBAN VELASCO, Gaudencio (Coord.). El gobierno de las sociedades cotizadas, Madrid, 1999, p. 447-492. <\/p>\n
8\u0002 S\u00c1NCHEZ RUIZ, Mercedes. Conflictos de intereses entre socios en sociedades de capital. Revista Derecho de Sociedades. Pamplona, Editorial Aranzadi, 2000, p\u00e1gs. 151-152. <\/p>\n
9\u0002 Inciso final numeral 3.9.2., Circular Externa 100-006 de 25 de marzo de 2008 \u2013 Superintendencia de Sociedades, publicada en el Diario Oficial No. 46.941 del 26 de marzo de 2008. <\/p>\n
10\u0002 Subrogado por el art\u00edculo 24 de la Ley 222 de 1995. <\/p>\n
12\u0002 Art\u00edculo 899 C. de Co. <\/p>\n
13\u0002 \u00cddem. <\/p>\n
14\u0002 Folio 33, cno. Tribunal. <\/p>\n
15\u0002 Folio 24 reverso, cno. Corte. <\/p>\n
16\u0002 Folio 24, cno. Tribunal. <\/p>\n
17\u0002 Folios 25 y 26, \u00eddem. <\/p>\n
18\u0002 Folio 27, \u00eddem. <\/p>\n
19\u0002 Folios 183 a 193; 206 y ss., cno. 1. <\/p>\n
20\u0002 Folios 251 a 257 y 289, cno. 2. <\/p>\n
21\u0002 Folios 362 a 399, \u00eddem. <\/p>\n
22\u0002 Folios 770 y ss. <\/p>\n
; 945 y ss., cno. 4. <\/p>\n
23\u0002 Folio 641, cno. 3. <\/p>\n
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SC5509-2021 (2016-00315-01) HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente SC5509-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-99-002-2016-00315-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de dos de diciembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintiuno (2021) Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por Oscar Emilio Restrepo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[43],"tags":[],"class_list":["post-59923","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59923","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59923"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59923\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59923"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59923"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59923"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}