SC5616-2021 (2018-02472-00)<\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-02472-00 <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
<\/p>\n
SC5616-2021 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
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<\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
<\/p>\n
La Corte decide por sentencia anticipada, sobre la solicitud de exequ\u00e1tur presentada por Gabriel Garc\u00eda Sandoval, respecto del fallo de divorcio proferido por el Tribunal del Circuito Judicial No. 20 en y para el Condado Lee, Florida (Estados Unidos de Norteam\u00e9rica) -el 9 de enero de 2008-. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El solicitante, por medio de apoderada judicial especialmente constituida para tal fin, deprec\u00f3 el otorgamiento de efecto jur\u00eddico a la providencia extranjera ab initio citada. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Del soporte de la solicitud y las pruebas allegadas, se evidencia la siguiente situaci\u00f3n f\u00e1ctica: <\/p>\n
<\/p>\n
2.1. Yanisvette Garc\u00eda y el aqu\u00ed actor contrajeron matrimonio cristiano, registrado el 25 de diciembre de 2004, en la iglesia Adventista de la ciudad de C\u00facuta, el cual fue registrado en esa misma calenda, en la Notar\u00eda Tercera del C\u00edrculo de esa ciudad. Uni\u00f3n de la que no se procrearon hijos. <\/p>\n
<\/p>\n
2.2. Los c\u00f3nyuges, de mutuo acuerdo, solicitaron ante la autoridad judicial correspondiente el divorcio, el cual se tramit\u00f3 y decret\u00f3 en sentencia proferida por el Tribunal del Circuito Judicial No. 20, en y para el Condado Lee, Florida Estados Unidos de Norteam\u00e9rica -el 9 de enero de 2008-. <\/p>\n
<\/p>\n
2.3. Anexo al escrito inicial, se arrimaron documentos como: ejemplar aut\u00e9ntico de la sentencia objeto de homologaci\u00f3n debidamente traducida y apostillada1 y el registro civil de matrimonio2. <\/p>\n
<\/p>\n
II. EL TR\u00c1MITE OBSERVADO <\/p>\n
<\/p>\n
1. Cumplidas las exigencias formales3, el 10 de octubre de 2018, fue admitida la solicitud. Y en el mismo prove\u00eddo, se orden\u00f3 correr traslado al Ministerio P\u00fablico. Entidad que, en t\u00e9rmino, a trav\u00e9s de la Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, concluy\u00f3 que: <\/p>\n
<\/p>\n
\u00ab[\u2026] desde lo sustancial dicha decisi\u00f3n de divorcio no se opone a los principios y leyes de orden p\u00fablico del derecho colombiano y se desprende de su texto y sus anexos que no tiene visos de transgresi\u00f3n a la legislaci\u00f3n ni al orden p\u00fablico interno, por el contrario, guarda razonable consonancia en lo que ata\u00f1e a la causal apelada para declarar el divorcio como lo es la voluntad conjunta de los c\u00f3nyuges, tambi\u00e9n prevista en el numeral 9 del art. 6 de la Ley 25 de 1992, modificatorio del art\u00edculo 154 del C\u00f3digo Civil colombiano. En otras palabras, hay identidad de la causal de divorcio acogida en la sentencia con la contemplada como tal en Colombia\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Despacho, en uso de la facultad oficiosa en materia probatoria, con auto de 16 de abril de 2020, orden\u00f3 incorporar a esta causa, copia de los testimonios rendidos por los miembros del Colegio de abogados de la Florida, los cuales reposan en el expediente de radicado 2016-00045-00. <\/p>\n
<\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Seg\u00fan lo reglado por el C\u00f3digo General del Proceso (art. 678), es permitido que el juez si bien lo considera, y bajo el cumplimiento de ciertos par\u00e1metros legales, profiera sentencia anticipada. Ahora, si bien el numeral 4\u00ba del canon 607 ibidem presupone que \u00abVencido el traslado se decretar\u00e1n las pruebas y se fijar\u00e1 audiencia para practicarlas, o\u00edr los alegatos de las partes y dictar la sentencia\u00bb, la presente decisi\u00f3n, escrita y por fuera de audiencia oral, es procedente toda vez que se cumple lo dispuesto por el numeral 2\u00ba del precepto 278. Aunado a que las pruebas documentales requeridas para este especial procedimiento se encuentran configuradas seg\u00fan la naturaleza propia del asunto, lo que a todas luces permite resolver de forma adelantada. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Sobre el punto, esta Corporaci\u00f3n ha plasmado que: <\/p>\n
<\/p>\n
\u00abTal codificaci\u00f3n, en su art\u00edculo 278, prescribi\u00f3 que \u00ab[e]n cualquier estado del proceso, el juez deber\u00e1 dictar sentencia anticipada, total o parcial\u2026 [c]uando no hubiere pruebas por practicar. <\/p>\n
<\/p>\n
Significa que los juzgadores tienen la obligaci\u00f3n, en el momento en que adviertan que no habr\u00e1 debate probatorio o que el mismo es inocuo, de proferir sentencia definitiva sin otros tr\u00e1mites, los cuales, por cierto, se tornan innecesarios, al existir claridad f\u00e1ctica sobre los supuestos aplicables al caso. <\/p>\n
<\/p>\n
Por consiguiente, el respeto a las formas propias de cada juicio se ve aminorado en virtud de los principios de celeridad y econom\u00eda procesal, que reclaman decisiones prontas, adelantadas con el menor n\u00famero de actuaciones posibles y sin dilaciones injustificadas. Total, que las formalidades est\u00e1n al servicio del derecho sustancial, por lo que cuando se advierta su futilidad deber\u00e1n soslayarse, como cuando en la foliatura se tiene todo el material suasorio requerido para tomar una decisi\u00f3n inmediata. <\/p>\n
<\/p>\n
En consecuencia, el proferimiento de una sentencia anticipada, que se hace por escrito, supone que algunas etapas del proceso no se agoten, como una forma de dar prevalencia a la celeridad y econom\u00eda procesal, lo que es arm\u00f3nico con una administraci\u00f3n de justicia eficiente, diligente y comprometida con el derecho sustancial\u00bb (CSJ SC132-2018. 12 feb. 2018. Rad. 2016-01173-00. Reiterado en SC439-2021 y SC4161-2021). <\/p>\n
Asimismo, ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
<\/p>\n
\u00abPor supuesto que la esencia del car\u00e1cter anticipado de una resoluci\u00f3n definitiva supone la pretermisi\u00f3n de fases procesales previas que de ordinario deber\u00edan cumplirse; no obstante, dicha situaci\u00f3n est\u00e1 justificada en la realizaci\u00f3n de los principios de celeridad y econom\u00eda que informan el fallo por adelantado en las excepcionales hip\u00f3tesis que el legislador habilita dicha forma de definici\u00f3n de la litis. <\/p>\n
<\/p>\n
De igual manera, cabe destacar que, aunque la esquem\u00e1tica preponderantemente oral del nuevo ordenamiento procesal civil, supone por regla general una sentencia dictada de viva voz, es evidente que tal pauta admite numerosas excepciones, de la que es buen ejemplo la presente, donde la causal para proveer de fondo por anticipado se configur\u00f3 cuando la serie no ha superado su fase escritural y la convocatoria a audiencia resulta inane (SC12137, 15 ago. 2017, rad. n.\u00b0 2016-03591-00. Reiterado en SC439-2021). <\/p>\n
<\/p>\n
3. Bajo ese panorama, y al abordar el caso objeto de estudio, es procedente el fallo anticipado. Ello pues, conforme a las pruebas allegadas, la situaci\u00f3n de facto particular y la normativa internacional respectiva, no son necesarios elementos adicionales que permitan el convencimiento del fallador, siendo insustancial llevar el juicio, incluso, hasta la etapa de alegaciones finales, como as\u00ed lo refiere el numeral 4\u00ba del art\u00edculo 607 del C.G.P. Efectivamente, el Ministerio P\u00fablico no present\u00f3 contradicciones al respecto, ni tampoco elev\u00f3 solicitud alguna sobre pruebas en esta causa. Por el contrario, concluy\u00f3 que debe salir avante la concesi\u00f3n del exequ\u00e1tur. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Con respecto al exequ\u00e1tur, se reclama, entre otras condiciones, que en ese pa\u00eds de donde proviene el veredicto objeto de homologaci\u00f3n se brinde un tratamiento similar a los pronunciamientos de los juzgadores nacionales. Es decir, que all\u00ed tambi\u00e9n pueden ser cumplidas las providencias emitidas por las autoridades de Colombia facultadas para ello. Esa directriz est\u00e1 consagrada expresamente en el art\u00edculo 605 del C\u00f3digo General del Proceso. La Corte se ha ocupado de esta exigencia de manera reiterada y constante. Por ello, en varios pronunciamientos, ha plasmado que para otorgar valor a las decisiones extranjeras se debe: <\/p>\n
<\/p>\n
\u00ab[\u2026] en primer lugar se atiende a las estipulaciones de los tratados que tenga celebrados Colombia con el Estado de cuyos tribunales emane la sentencia que se pretende ejecutar en el pa\u00eds. Y en segundo lugar, a falta de derecho convencional, se acogen las normas de la respectiva ley extranjera para darle a la sentencia la misma fuerza concedida por esa ley a las proferidas en Colombia [\u2026]\u00bb (G. J. t. LXXX, p\u00e1g. 464, CLI, p\u00e1g. 69, CLVIII, p\u00e1g. 78 y CLXXVI, p\u00e1g. 309, entre otras). <\/p>\n
<\/p>\n
Lo anterior significa, en primer lugar, que debe establecerse si entre los pa\u00edses involucrados existe un acuerdo que haya regulado de manera directa y expresa por los propios Estados, la validez o no de las sentencias emitidas en uno u otro. En defecto de un tratado sobre el asunto, surge el imperativo de constatar la presencia de un texto legal alusivo al tema. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Pues bien, en el expediente se encuentra manifestaci\u00f3n de la C\u00f3nsul de Colombia en Miami, Florida \u2013 Estados Unidos de Norteam\u00e9rica, en que resalt\u00f3 que <\/p>\n
<\/p>\n
\u00aben los Estados Unidos, para el reconocimiento de una sentencia extranjera, la jurisprudencia, aplica el concepto: \u201ccomity\u201d. Es dif\u00edcil definir \u201cComity\u201d, este no implica reciprocidad. No es una obligaci\u00f3n de absoluto cumplimiento, ni tampoco una mera cortes\u00eda o buena voluntad. Es el reconocimiento que un pa\u00eds le da a los actos legislativos, ejecutivos y judiciales del otro, teniendo en cuenta las obligaciones internacionales y la conveniencia, as\u00ed como los derechos de sus ciudadanos y otras personas que se encuentran bajo la protecci\u00f3n de sus leyes\u00bb4. <\/p>\n
<\/p>\n
As\u00ed las cosas, se advierte que no existe reciprocidad diplom\u00e1tica entre los dos Estados, pues seg\u00fan la certificaci\u00f3n citada, entre nuestro pa\u00eds y Estado Unidos no hay tratado internacional vigente respecto a la ejecuci\u00f3n rec\u00edproca de sentencias. Por tanto, resulta menester analizar lo relativo a la reciprocidad legislativa, como a continuaci\u00f3n se verifica. <\/p>\n
<\/p>\n
En el punto, el inciso 4\u00ba del art\u00edculo 177 del C\u00f3digo General del Proceso establece que, trat\u00e1ndose de normatividad for\u00e1nea no escrita -como en el presente caso-, el requisito puede demostrarse con el testimonio de dos o m\u00e1s abogados del pa\u00eds originario de la providencia a homologar. <\/p>\n
<\/p>\n
En efecto, ordenado por el despacho y a costa del interesado, en el expediente aparecen documentos que reconocen la efectividad de los fallos extranjeros. A saber, el concepto rendido por la abogada Gisselle C. Rosario5, la cual resalt\u00f3 que \u00ablos tribunales de Florida han aceptado durante mucho tiempo el principio de derecho civil de la cortes\u00eda. Cortes\u00eda es el principio de reciprocidad mutua mediante el cual una jurisdicci\u00f3n reconoce como v\u00e1lidas las acciones ejecutivas, legislativas y judiciales de otra jurisdicci\u00f3n. En general, se utiliza con objeto de reconocer y ejecutar decretos o sentencias extranjeros emitidos en otro pa\u00eds. Los tribunales de Florida reconocen todos los decretos o sentencias emitidos en el extranjero\u00bb, siempre y cuando se trate de una providencia v\u00e1lida, esto es, siempre que \u00ab(a) el estado en el cual se emite tenga jurisdicci\u00f3n para actuar legalmente en el caso, (b) se utilice un m\u00e9todo razonable de notificaci\u00f3n, as\u00ed como una oportunidad razonable para escuchar a las personas afectadas, y (c) la sentencia extranjera no viole la pol\u00edtica p\u00fablica del Estado de la Florida\u00bb6. <\/p>\n
<\/p>\n
En similar direcci\u00f3n, el jurista Hern\u00e1n D. Cardeno7, anot\u00f3 que \u00ab[l]as autoridades en Florida, con objeto de reconocer las sentencias extranjeras emitidas fuera del pa\u00eds, se basan en la Ley de reconocimiento uniforme de la sentencia extranjera sobre divisas emitida fuera del pa\u00eds. En Florida, el reconocimiento de sentencias extranjeras emitidas fuera del pa\u00eds tiene lugar cuando una copia de la sentencia emitida en el extranjero se certifica de conformidad con las leyes de los estados Unidos de Norte Am\u00e9rica\u00bb. Adem\u00e1s, se\u00f1al\u00f3 que seg\u00fan \u00abla ley estatal, para que la sentencia extranjera emitida fuera del pa\u00eds sea reconocida, el tribunal extranjero (sistema judicial de Colombia), debe haber tenido jurisdicci\u00f3n personal sobre el demandado y jurisdicci\u00f3n sobre el asunto\u00bb8. <\/p>\n
<\/p>\n
De las anteriores aserciones -que resultan ser el punto medular para acreditar la reciprocidad legislativa-, se desprende que son dos los fundamentos por los cuales en el Estado de la Florida (U.S.A), se reconocen efectos a las sentencias judiciales extranjeras. El primero, que podr\u00eda denominarse de analog\u00eda, el cual tiene como principio la \u00abLey de reconocimiento uniforme de la sentencia extranjera sobre divisas\u00bb. El segundo, sustentado en el principio de la cortes\u00eda o \u00abcomity\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
En un asunto de an\u00e1loga situaci\u00f3n f\u00e1ctica, la Corte se\u00f1al\u00f3 que <\/p>\n
<\/p>\n
\u00ab\u2026 dos son los fundamentos por los cuales, en la Florida, Estados Unidos de Am\u00e9rica, se reconocen efectos a las sentencias judiciales extranjeras, el primero que podr\u00eda llamarse el de analog\u00eda con base en la \u00abLey de reconocimiento uniforme de la sentencia extranjera sobre divisas\u201d, y el segundo con base en el principio de la cortes\u00eda o comity. Ha de recordarse, entonces que esta Corporaci\u00f3n ha entendido la pr\u00e1ctica judicial for\u00e1nea como una forma de reciprocidad -de hecho- legislativa para aquellos pa\u00edses cuyo sistema jur\u00eddico le otorga tal fuerza vinculante a las decisiones judiciales\u00bb (CSJ SC12886-2015. 24 de septiembre de 2015. Rad. 2012-02133-00. Reiterado en SC5499-2018). <\/p>\n
<\/p>\n
De esa manera, se vislumbra que la pr\u00e1ctica judicial extranjera resulta una forma de reciprocidad legislativa con relaci\u00f3n aquellos pa\u00edses cuyo sistema jur\u00eddico otorga fuerza vinculante a las decisiones proferidas por sus jueces. En ese orden, es dable determinar que las sentencias colombianas encuentran reconocimiento en el Estado de Florida U.S.A. Por lo tanto, la reciprocidad legislativa se encuentra acreditada. <\/p>\n
<\/p>\n
6. Ahora bien, comprobada la referida exigencia, la Corte procede a verificar el cumplimiento de los restantes requisitos previstos en el art\u00edculo 606 del C.G.P. <\/p>\n
<\/p>\n
Entre ellos se destacan: <\/p>\n
<\/p>\n
6.1. Constancia de ejecutoria del fallo objeto de convalidaci\u00f3n, en la misma providencia se resalt\u00f3 que es un \u00abjuicio final de disoluci\u00f3n de matrimonio con propiedad, pero sin hijos menores o dependiente (no impugnado)\u00bb9. <\/p>\n
<\/p>\n
6.2. Copia del prove\u00eddo extranjero debidamente traducido y legalizado. Tambi\u00e9n, copia de los conceptos rendidos por los abogados del pa\u00eds de origen, lo cual satisface lo estipulado por los art\u00edculos 251 y 177 del C.G.P. <\/p>\n
<\/p>\n
6.3. Del an\u00e1lisis efectuado a la decisi\u00f3n objeto de exequ\u00e1tur se verifica que no transgrede principios o leyes de orden p\u00fablico, pues las partes son mayores de edad y capaces de disponer de sus derechos. Sobre la causal de divorcio, se concluye que fue por mutuo acuerdo -voluntad expresada en el fallo extranjero-, lo que se acompasa con la regulaci\u00f3n colombiana consagrada en el art\u00edculo 154 del C\u00f3digo Civil, modificado por el 6\u00ba de la Ley 25 de 199210. Por lo dem\u00e1s, la controversia no es de competencia exclusiva de los jueces nacionales, toda vez que no hay norma que as\u00ed lo se\u00f1ale, ni se conoce de la existencia de un proceso que haya sido adelantado o se surta por la misma causa en nuestro pa\u00eds. Igualmente, se puede constatar que la determinaci\u00f3n no versa sobre derechos reales constituidos en bienes ubicados en territorio patrio. <\/p>\n
<\/p>\n
7. En las condiciones referidas, por cuanto est\u00e1n reunidos a plenitud los presupuestos que determinan los art\u00edculos 606 y 607 del C\u00f3digo General del Proceso y las dem\u00e1s normas concordantes \u2013numeral 9\u00b0 del canon 154 de la ley sustancial civil que permite la terminaci\u00f3n del v\u00ednculo marital por mutuo consenso-, es procedente otorgar efecto jur\u00eddico a la sentencia referenciada. En consecuencia, se ordena la inscripci\u00f3n de esta decisi\u00f3n en el respectivo registro civil de nacimiento y de matrimonio. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
<\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
PRIMERO: Conceder el exequ\u00e1tur conforme a lo expresado en la parte motiva de esta determinaci\u00f3n, solicitado por Gabriel Garc\u00eda Sandoval, con respecto a la sentencia proferida por el Tribunal del Circuito Judicial No. 20, en y para el Condado Lee, Florida (Estados Unidos de Norteam\u00e9rica) -el 9 de enero de 2008-, con la cual se decret\u00f3 el divorcio del matrimonio celebrado entre Yanisvette Garc\u00eda y el ac\u00e1 promotor. <\/p>\n
<\/p>\n
SEGUNDO: Inscribir esta providencia, junto con el fallo reconocido, tanto en el folio correspondiente al registro civil de matrimonio como en el de nacimiento del solicitante, para los efectos previstos en los art\u00edculos 6\u00ba, 106 y 107 del Decreto 1260 de 1970, y de conformidad con el canon 13 del Decreto 1873 de 1971. Por Secretar\u00eda l\u00edbrense las comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
<\/p>\n
TERCERO: Sin costas en la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
CUARTO: Cumplido lo anterior, arch\u00edvese el expediente. <\/p>\n
<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Folio 2 del expediente. <\/p>\n
2\u0002 Folio 5 Ib\u00eddem. <\/p>\n
3\u0002 Contempladas en el Art. 605 y siguientes del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
4\u0002 Folios 44 a 46 Ib\u00eddem. <\/p>\n
5\u0002 Miembro del Colegio de Abogados de la Florida. <\/p>\n
6\u0002 Folios 59 a 75 Ib\u00eddem. <\/p>\n
7\u0002 Habilitado para ejercer ante los tribunales de la circunscripci\u00f3n territorial de Florida. <\/p>\n
8\u0002 Folios 79 a 93 Ib\u00eddem. <\/p>\n
9\u0002 Folio 15 Ib\u00eddem. <\/p>\n
10\u0002 \u00ab[\u2026] consentimiento de ambos c\u00f3nyuges manifestado ante juez competente y reconocido por \u00e9ste mediante sentencia [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
5 <\/p>\n
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