SC5662-2021 (2011-00693-01)<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
SC5662-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-10-008-2011-00693-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dos de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D. C., quince (15) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
La Corte decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por Luz Amparo Ulloa Hurtado frente a la sentencia proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 23 de mayo de 2017, en el proceso de petici\u00f3n de herencia acumulado con reivindicaci\u00f3n que instaur\u00f3 contra Rafael Guillermo y Jos\u00e9 Ricardo Ulloa Arciniegas y Gabriel G\u00f3mez Blanco (R.I.P.). <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
A. La pretensi\u00f3n. <\/p>\n
Con la demanda repartida al Juzgado 28 de Familia de Bogot\u00e1, la demandante pretende que se declare que tiene vocaci\u00f3n de heredar al causante Jos\u00e9 Guillermo Ulloa Fajardo. En consecuencia, pidi\u00f3 que se rehaga el trabajo de partici\u00f3n y se ordene la restituci\u00f3n del inmueble que pertenece a la sucesi\u00f3n. <\/p>\n
B. Causa petendi. <\/p>\n
Como fundamentos f\u00e1cticos, la actora alega que obtuvo el reconocimiento de su estado civil con proceso de filiaci\u00f3n1, por lo cual present\u00f3 demanda de petici\u00f3n de herencia acumulada con reivindicaci\u00f3n, para que se reconociera su vocaci\u00f3n hereditaria para suceder a su difunto padre. Y se ordenara la restituci\u00f3n del inmueble inventariado y adjudicado en el sucesorio, posteriormente enajenado a Gabriel G\u00f3mez Blanco. <\/p>\n
La gestora, no incluida en el tr\u00e1mite notarial de sucesi\u00f3n, solicit\u00f3 la adjudicaci\u00f3n de la cuota hereditaria que le pertenece, rehacer el trabajo de partici\u00f3n, ordenar la cancelaci\u00f3n de los registros de las transferencias de propiedad, grav\u00e1menes y limitaciones al dominio del \u00fanico bien relicto de la sucesi\u00f3n. Como pretensi\u00f3n reivindicatoria, pidi\u00f3 la restituci\u00f3n del inmueble en manos del tercero adquirente. Y, como subsidiaria, la reivindicaci\u00f3n del valor de la venta de su parte -m\u00e1s la indemnizaci\u00f3n de perjuicios por configurarse la mala fe-. <\/p>\n
A modo de s\u00edntesis, indica la parte actora en su escrito genitor, que \u00abes hija extramatrimonial de Jos\u00e9 Guillermo Ulloa Fajardo, y obtuvo el reconocimiento de su estado civil mediante proceso de filiaci\u00f3n con prueba de ADN tomada en el momento de las exequias de su padre, con la resistencia de sus hermanos, quienes prontamente desaparecieron la herencia mediante los actos que se acusan en este proceso, todo antes que ella pudiera participar en el proceso por no haber obtenido el estatus de hija del causante\u00bb2, por ello \u00abacudi\u00f3 como heredera preterida para ser restituida en sus derechos\u00bb. <\/p>\n
C. Posici\u00f3n de los demandados y tr\u00e1mite del proceso. <\/p>\n
1. Admitida la demanda (fl. 134) y notificados Rafael Guillermo y Jos\u00e9 Ricardo Ulloa Arciniegas y Gabriel G\u00f3mez Blanco (fl. 135), en tiempo contestaron con expresa oposici\u00f3n a las pretensiones y precisi\u00f3n de algunos hechos. Los demandados en petici\u00f3n de herencia no propusieron excepciones. El demandado en reivindicaci\u00f3n propuso excepciones que denomin\u00f3 \u00abjusto t\u00edtulo\u00bb y \u00abbuena fe exenta de culpa\u00bb3. En concreto, fundamenta que el bien inmueble fue obtenido por compraventa que le hicieren los hermanos copart\u00edcipes de la causa sucesoral por medio de escritura p\u00fablica No. 1739 del 8 de septiembre de 2009 de la Notar\u00eda Cuarta del C\u00edrculo de Villavicencio, \u00abadquisici\u00f3n que se hizo como continuaci\u00f3n de una negociaci\u00f3n que en vida el se\u00f1or Jos\u00e9 Guillermo Ulloa Fajardo hiciere con \u00e9l\u2026\u00bb y que, a pesar de su fallecimiento, culmin\u00f3 \u00abpor la gesti\u00f3n de sus herederos Rafael y Jos\u00e9 Ricardo Ulloa\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Veintiocho de Familia de Bogot\u00e1 culmin\u00f3 la primera instancia con sentencia del 27 de abril de 2016 (fls. 294-303 C. 5), en que declar\u00f3 probadas las excepciones de justo t\u00edtulo y buena fe exenta de culpa, neg\u00f3 la restituci\u00f3n del bien inmueble y dej\u00f3 sin efectos la partici\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la masa sucesoral -contenida en la escritura p\u00fablica No. 4826 del 4 de septiembre de 2009 en la Notaria Segunda de Villavicencio-. Adicionalmente, orden\u00f3 rehacer la partici\u00f3n y adjudicaci\u00f3n de los bienes correspondientes al causante, a fin de que se incluya a la recurrente. <\/p>\n
3. La apelaci\u00f3n de la demandante fue desatada con fallo del 23 de mayo de 2017 -objeto del recurso extraordinario-, en el que el ad quem revoc\u00f3 el ordinal primero4. Adem\u00e1s, adicion\u00f3 la decisi\u00f3n impugnada, en el sentido de condenar a los hermanos Ulloa Arciniegas a restituir a Luz Amparo Ulloa Hurtado -como heredera concurrente-, la suma de $2.053.339.781. <\/p>\n
4. El recurso de casaci\u00f3n fue concedido por auto del 5 de junio de 2017, en atenci\u00f3n a que \u00abel avalu\u00f3 del inmueble identificado con folio de matr\u00edcula inmobiliaria 230-35679, para el mes de septiembre del a\u00f1o 2009, ascend\u00eda a la suma de $4.583.347.725\u00bb, cuant\u00eda que supera la fijada por el art\u00edculo 338 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
El Tribunal comenz\u00f3 por realizar un recuento procesal. Y destac\u00f3 que el motivo de la impugnaci\u00f3n consiste en que el juez de la primera instancia no accedi\u00f3 a la pretensi\u00f3n reivindicatoria, por cuanto, argumenta la recurrente \u00ab(\u2026) dej\u00f3 de observar que el demandado Gabriel G\u00f3mez Blanco no prob\u00f3 en el proceso que, al momento de adquirir el predio rural denominado \u201cBRISAS DEL OCOA\u201d hubiera actuado de buena fe exenta de culpa\u2026\u00bb pues, \u00abno prob\u00f3 el haber tenido en su poder el certificado de tradici\u00f3n y libertad\u00bb que acreditara la titularidad del inmueble en cabeza de los hermanos Ulloa Arciniegas para el 8 de septiembre de 2009, fecha en que se realiz\u00f3 la venta. <\/p>\n
Luego de destacar lo pretendido en este asunto por la demandante frente a los demandados y qu\u00e9 fue lo decidido por el juez de primera instancia, encontr\u00f3 satisfechos todos los requisitos para tener a Gabriel G\u00f3mez Blanco como tercero adquirente de buena fe exenta de culpa. Esto por cuanto \u00ab(\u2026) ostenta la condici\u00f3n de tercero frente a los copart\u00edcipes de la causa sucesoral del extinto JOS\u00c9 GUILLERMO ULLOA FAJARDO (\u2026)\u00bb y, \u00ab(\u2026) la adquisici\u00f3n que hizo aqu\u00e9l del inmueble rural\u2026fue a t\u00edtulo de compraventa, al tenor de lo estipulado\u2026en la escritura p\u00fablica 1739 del 8 de septiembre de 2009 de la Notaria 4 de Villavicencio\u2026el adquiriente cancel\u00f3 por el inmueble la suma de $1.360.000. 000.oo (\u2026)\u00bb. Sostuvo que, si bien la parte actora tambi\u00e9n hab\u00eda reprochado que en los interrogatorios se afirm\u00f3 por todos los demandados que la trasmisi\u00f3n del dominio se realiz\u00f3 a trav\u00e9s de un contrato de permuta, \u00abno es posible desatender la voluntad expresa en el t\u00edtulo escriturario, so pretexto de la existencia de otro negocio jur\u00eddico, pues para cuestionar la validez -art. 1740 C.C.-, o eventual simulaci\u00f3n -art. 1766 C.C- del negocio jur\u00eddico de compraventa, deb\u00eda tramitarse la acci\u00f3n legal pertinente y, como se desprende de la demanda, ninguna de esas pretensiones forma parte del petitum de la misma\u00bb. <\/p>\n
Respecto del actuar del demandado en reivindicaci\u00f3n, hall\u00f3 que actu\u00f3 de buena fe exenta de culpa, \u00aben la medida que la adquisici\u00f3n del inmueble por parte de este se llev\u00f3 a cabo bajo el conocimiento del contenido en una declaraci\u00f3n escritural del mismo instrumento donde se consign\u00f3 en la cl\u00e1usula 2da: \u201cTRADICI\u00d3N: Que el inmueble objeto de la presente venta lo adquirieron LOS VENDEDORES en el mismo estado civil actual por adjudicaci\u00f3n en el juicio de sucesi\u00f3n de JOS\u00c9 GUILLERMO ULLOA FAJARDO\u2026\u00bb. En el punto, el Tribunal precis\u00f3 que, al momento de comprar el bien, Gabriel G\u00f3mez lo hizo con la conciencia de adquirirlo de quienes eran los verdaderos propietarios al momento de celebrar el negocio. Y \u00abcon la certeza de que los enajenantes eran realmente los \u00fanicos due\u00f1os de la cosa vendida, sin que se haya demostrado lo contrario en este asunto\u00bb. <\/p>\n
Por consiguiente, descart\u00f3 la prosperidad de la pretensi\u00f3n reivindicatoria formulada en la demanda respecto del inmueble rural denominado \u201cBrisas del Ocoa\u201d. En consecuencia, concluy\u00f3 que, ante la inviabilidad, resultaba improcedente el estudio de las excepciones de m\u00e9rito propuestas por el tercero adquirente y que se declararon probadas en el ordinal primero de la sentencia, por cuanto, \u00abno es dable estudiar los medios exceptivos que apuntar\u00edan a contrarrestar su \u00e9xito, por lo que ello conduce a la revocatoria de dicho ordinal\u00bb. Por consiguiente, adicion\u00f3 el fallo en torno a la pretensi\u00f3n reivindicatoria subsidiaria, \u00abya que no siendo viable jur\u00eddicamente la restituci\u00f3n del bien al acervo sucesoral, porque los demandados en petici\u00f3n de herencia\u2026 vendieron el \u00fanico bien relicto\u2026son ellos, que no el adquirente de buena fe exenta de culpa del inmueble, quienes deben restituir a la demandante ad valorem la cuota parte de la herencia que le corresponda\u00bb. As\u00ed las cosas, dio aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 955 del C\u00f3digo Civil. Y orden\u00f3 a los demandados restituir a la demandante el valor de la cuota parte del bien, al momento de la venta que le correspond\u00eda como herencia, valor que en respaldo del dictamen pericial obrante en el proceso ascendi\u00f3 a la suma de $2.053.339.781. <\/p>\n
III. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Antes de comenzar con el estudio de los correspondientes cargos, es pertinente realizar una precisi\u00f3n preliminar: los alcances del embate son muy parciales, porque frente al \u00e9xito de las aspiraciones de petici\u00f3n de herencia y al fracaso de la acci\u00f3n reivindicatoria, que fueron acumuladas, solo se discute las determinaciones tomadas en torno a esta \u00faltima. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Con soporte en el motivo quinto de casaci\u00f3n, se acusa la sentencia impugnada de haberse incurrido en causal de nulidad originada en ella, con sujeci\u00f3n al numeral 1\u00ba del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, como consecuencia de la violaci\u00f3n a la competencia fijada por el canon 328 ibidem. Con miras a demostrarlo, explica que \u00abel Tribunal carec\u00eda de competencia para cualquier cosa respecto a aquella decisi\u00f3n fraccional de la sentencia que \u201cdeclar\u00f3 sin valor ni efecto el trabajo de partici\u00f3n presentado en la sucesi\u00f3n notarial del causante Jos\u00e9 Guillermo Ulloa\u201d, de modo que esa determinaci\u00f3n ha ganado firmeza, es cosa juzgada definitiva e inmodificable pues no es ni puede ser parte de este recurso de casaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Agrega que \u00abla nulidad de la partici\u00f3n y la orden de rehacerla, restituyeron la competencia del juez de la sucesi\u00f3n\u2026 no pod\u00edan fragmentarse las decisiones sobre el patrimonio herencial, remitiendo algunas al juez de la sucesi\u00f3n y conservando el Tribunal otras para ser decididas en segunda instancia\u00bb. En consecuencia, determina que el juzgador no ten\u00eda competencia para tomar la determinaci\u00f3n de adicionar la sentencia de primera instancia y ordenar una reivindicaci\u00f3n por equivalencia. Ello pues, \u00ababolida la partici\u00f3n mediante decisi\u00f3n de primera instancia no recurrida, quedaron igualmente eliminadas las adjudicaciones, de lo cual se sigue l\u00f3gicamente, que no puede haber equivalencia respecto de las cuotas herenciales que desaparecieron con la abolici\u00f3n de la partici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Con apoyo en ese fundamento f\u00e1ctico, solicita decretar la nulidad de la sentencia recurrida, en cuanto neg\u00f3 la reivindicaci\u00f3n intentada contra el demandado Gabriel G\u00f3mez Blanco. Y, en su lugar, se disponga el cumplimiento del numeral cuarto de la providencia de primera instancia -que dispuso rehacer el trabajo de partici\u00f3n en el juicio sucesorio debatido-. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Se plantea -como causal quinta- la nulidad de la decisi\u00f3n de segunda instancia al considerar que el Tribunal decidi\u00f3 sobre aspectos que no fueron alegados en la apelaci\u00f3n, espec\u00edficamente, al ejercer \u00abfunci\u00f3n jurisdiccional respecto de una partici\u00f3n y sus secuelas, despu\u00e9s que el Juzgado de primera instancia, mediante providencia en firme, porque no fue apelada, anul\u00f3 la partici\u00f3n y orden\u00f3 rehacerla, disposiciones de la sentencia no apeladas\u2026 Viol\u00f3 igualmente el Tribunal la competencia que le fija el art\u00edculo 328 del C.G.P., pues desaparecida la partici\u00f3n y ordenada su refacci\u00f3n, no pod\u00eda el Tribunal tomar determinaciones sobre esa partici\u00f3n y sus efectos\u2026\u00bb. <\/p>\n
Por supuesto, esa restricci\u00f3n, aplicable al ejercicio de la competencia funcional, no es pauta relativa al reparto de la jurisdicci\u00f3n entre los jueces -distribuci\u00f3n de funciones-. Por el contrario, es operativa para acotar los t\u00f3picos materia de decisi\u00f3n, cuya desatenci\u00f3n deber\u00e1 ser cuestionada con la incongruencia o la reforma peyorativa, por referirse al contenido del fallo.5 <\/p>\n
2. En atenci\u00f3n a lo anterior, la alegaci\u00f3n planteada en este cargo, por referirse a la armon\u00eda entre el fallo y los reparos plasmados en la apelaci\u00f3n, se resalta, debi\u00f3 cuestionarse por v\u00eda incongruencia -causal tercera de casaci\u00f3n-. Esto es, no es posible proponerla como una nulidad por falta de competencia funcional. Ello es as\u00ed, porque no se discute la aptitud del Tribunal para desatar la apelaci\u00f3n, sino que est\u00e1 circunscrita al contenido de la decisi\u00f3n adoptada. T\u00e9ngase en cuenta que, s\u00f3lo es dable incurrir \u00aben nulidad por falta de competencia funcional cuando un juez de segunda instancia resuelve la apelaci\u00f3n formulada contra una sentencia dictada en un proceso de \u00fanica instancia; o cuando el fallador de segundo grado no es el que la ley procesal tiene previsto para tal funci\u00f3n; cuando un Tribunal resuelve una solicitud de exequ\u00e1tur; cuando un juez de circuito adelanta un proceso contra agente diplom\u00e1tico, entre otros casos\u00bb (SC14427, 10 oct. 2016, rad. n.\u00b0 2013-02839-00). <\/p>\n
Por lo expuesto, en el caso en concreto, no puede estructurarse la nulidad invocada, porque el Tribunal ten\u00eda atribuci\u00f3n para decidir en segunda instancia la controversia sometida a su consideraci\u00f3n, por tratarse de un asunto decidido en primer grado por un juez del circuito del mismo distrito judicial, sin que el conocimiento de estas pretensiones estuviera asignado especialmente a otro juzgador. <\/p>\n
3. Sumado a lo anterior, en la censura se acot\u00f3 que el a-quem debi\u00f3 resolver el litigio dentro de los l\u00edmites fijados por la apelaci\u00f3n de la demandante. Y que al apartarse de ese marco incurri\u00f3 en la falta de competencia mencionada. Sin embargo, desde el punto de vista procesal, si el funcionario de conocimiento tiene la atribuci\u00f3n para decidir el debate no habr\u00eda manera para predicar su falta de competencia funcional y, de paso, la nulidad. Por lo dem\u00e1s, se destaca que, en los reparos concretos del recurso de alzada, la recurrente solicit\u00f3 \u00abtal como lo hab\u00eda pedido en la demanda que se condene a los hermanos ULLOA a devolver a mi representada, el valor de la tercera parte del bien que ellos vendieron, el cual le correspond\u00eda por herencia\u2026\u00bb. De manera que s\u00ed correspond\u00eda al Tribunal proferir una determinaci\u00f3n al respecto, como en efecto lo hizo. <\/p>\n
4. Lo anterior es suficiente para concluir que el cargo no prospera. Ello pues, la causal escogida no guarda relaci\u00f3n con los hechos que le sirven de soporte. Error t\u00e9cnico que se aleja de la claridad y precisi\u00f3n requerida. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
En este cargo se acusa la providencia de violar el principio de la reformatio in pejus y haber hecho m\u00e1s gravosa la situaci\u00f3n del apelante \u00fanico. Para sustentarlo, controvierte que, una vez aniquilada la partici\u00f3n del tr\u00e1mite sucesorio, con la sentencia de primera instancia se reabri\u00f3 la posibilidad de reanudar el proceso partitivo para restablecer sus derechos. Empero, sostiene que dicha posibilidad se la impidi\u00f3 la segunda instancia al negar la reivindicaci\u00f3n del \u00fanico bien herencial y que le \u00abpriva del derecho al debido proceso y hace in\u00fatil la nueva partici\u00f3n y deja en firme la anulada en el fallo del juzgado que ha hecho tr\u00e1nsito a cosa juzgado por ausencia de apelaci\u00f3n\u00bb. Por lo expuesto, remata solicitando casar la sentencia y en la sustitutiva \u00abreiterar de su contenido la negativa de reivindicaci\u00f3n del \u00fanico bien herencial, por hacer m\u00e1s gravosa la situaci\u00f3n del apelante \u00fanico y revocar la adici\u00f3n que concedi\u00f3 la reivindicaci\u00f3n por equivalencia y que redujo los derechos herenciales de Luz Amparo Ulloa Hurtado a una suma de dinero\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La comprensi\u00f3n de este asunto supone entender que cuando se cuestione la decisi\u00f3n por trasgredir el principio de la no reformatio in pejus -causal cuarta-, es necesario acreditar, \u00aba m\u00e1s de la condici\u00f3n de apelante \u00fanico, las precisas resoluciones que se adoptaron en la decisi\u00f3n de segunda instancia que confrontadas con las de primer grado tornen m\u00e1s gravosa la situaci\u00f3n del recurrente\u00bb (AC-5476-2018). De tal manera que en la presentaci\u00f3n de la causal el casacionista debe estructurarla con claridad y precisi\u00f3n. Esto es, cotejando las determinaciones tomadas en las instancias a efectos de mostrar notoriamente la incursi\u00f3n del perjuicio que sufri\u00f3 en calidad de apelante \u00fanico con la determinaci\u00f3n ahora rebatida. <\/p>\n
En adici\u00f3n, esta Corte ha precisado que \u00abel recurrente, como acusador que es de la sentencia, est\u00e1 obligado a proponer cada cargo en forma concreta, completa y exacta para que la Corte, situada dentro de los l\u00edmites que demarca la censura, pueda decidir el recurso sin tener que moverse oficiosamente a completar la acusaci\u00f3n planteada, por imped\u00edrselo el car\u00e1cter eminentemente dispositivo de la casaci\u00f3n (G.J. t. CXLVIII, p\u00e1g. 221) (CSJ, auto del 28 de septiembre de 2004)\u00bb (AC3769-2014 de 9 jul 2014, Exp. 2008-00530-01). <\/p>\n
2. As\u00ed, presentada la acusaci\u00f3n, se anticipa su descalabro. Ello pues, la falta de t\u00e9cnica implica la necesaria desestimaci\u00f3n del cargo, en atenci\u00f3n a que no se argument\u00f3 de manera clara y precisa los motivos por los que la recurrente considera que la decisi\u00f3n del Tribunal haya hecho m\u00e1s gravosa su situaci\u00f3n como apelante \u00fanico. Por el contrario, el a-quo reconoci\u00f3 una suma de dinero a t\u00edtulo de herencia, que no hab\u00eda sido fijada por la primera instancia. <\/p>\n
Empero, la actora se limit\u00f3 a alegar que las determinaciones tomadas por el Tribunal vulneraron su derecho al debido proceso, pues \u00ab\u2026al negar la reivindicaci\u00f3n del \u00fanico bien herencial, predio \u201cBrisas del Ocoa\u201d, la rehechura de la partici\u00f3n es una cruel befa que agrede a la demandante que recurri\u00f3 en apelaci\u00f3n, blandiendo la posibilidad de discutir desde cero sus derechos como heredera, discusi\u00f3n que se cierra con la sustracci\u00f3n de \u00fanico bien herencial ordenada por el Tribunal\u2026\u00bb. Por lo expuesto, est\u00e1 incompleto el cargo. En una palabra, se reitera, la recurrente debi\u00f3 mostrar cuales fueron las trasgresiones en que incurri\u00f3 el tribunal que hicieron m\u00e1s gravosa su situaci\u00f3n. <\/p>\n
3. Por lo anterior, el cargo se debe desestimar. <\/p>\n
Con fundamento en el primer motivo de casaci\u00f3n, en este cargo se denuncia la sentencia del Tribunal de violar directamente los art\u00edculos \u00ab1321, 1322, 1323, 1324, 1325, este \u00faltimo por indebida interpretaci\u00f3n y por aplicaci\u00f3n indebida del art\u00edculo 768, del art\u00edculo 8 de la Ley 153 de 1887, 955 del C.C. y del art\u00edculo 6 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica\u2026y en la falta de aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 764, 765 y 2528 del C.C.\u00bb. En orden a fundamentarlo, debate que el Tribunal al negar la reivindicaci\u00f3n del \u00fanico bien hereditario en manos del demandado Gabriel G\u00f3mez Blanco, \u00abprodujo el vaciamiento absoluto de la herencia, en atenci\u00f3n a la insolvencia de los hermanos de la demandante\u00bb. Se\u00f1ala, adem\u00e1s, que el Tribunal \u00abaplic\u00f3 indebidamente el art\u00edculo 768 del C.C., pues las reglas de la posesi\u00f3n de buena fe no se aplican a la reivindicaci\u00f3n intentada por un heredero preterido, como secuela de la acci\u00f3n de petici\u00f3n de herencia contra el tercero que las ha recibido del heredo putativo\u00bb. <\/p>\n
Sostiene que \u00aben el caso juzgado por el Tribunal no hay laguna, anomia o vac\u00edo normativo, en tanto el ordenamiento s\u00ed provee una \u201cley exactamente aplicable al caso controvertido\u201d \u2026el art\u00edculo 1325 del C.C.\u00bb. As\u00ed, destaca que, aunque el Colegiado aplic\u00f3 el se\u00f1alado art\u00edculo, \u00ablo interpret\u00f3 fracturando su sentido, pues elimin\u00f3 de la regla aquel fragmento que tan solo excluye de la reivindicaci\u00f3n de las cosas hereditarias en manos de terceros, aquellos casos en que estas \u201chayan sido prescritas por ellos\u201d, es decir por los terceros\u00bb. Y contin\u00faa diciendo que el juzgador dej\u00f3 de aplicar el fragmento del art\u00edculo 1325 del C.C. que solo preserva contra la reivindicaci\u00f3n propuesta por el heredero preterido y \u00abdeform\u00f3 la norma a la categor\u00eda de los que han ganado por prescripci\u00f3n, por tanto, inmunes a la reivindicaci\u00f3n, hizo un a\u00f1adido espurio para incluir a los terceros de buena fe exenta de culpa\u00bb. <\/p>\n
Prosigue su disertaci\u00f3n mencionando que la interpretaci\u00f3n que hizo el ad quem del principio de buena fe, \u00ablleva a la paradoja insalvable de que el heredero putativo solo gana el derecho de herencia por prescripci\u00f3n extraordinaria de diez a\u00f1os, mientras que al tercero le basta con ser adquirente de buena fe y su t\u00edtulo, que no es justo por provenir de heredero putativo quedar\u00eda sanado\u00bb. En consecuencia, sostiene que el Tribunal aplic\u00f3 indebidamente al caso el art\u00edculo 8 de la ley 153 de 1887, hizo operar el principio de error communis facit ius y dej\u00f3 de aplicar el art\u00edculo 1325 del C.C. Por lo tanto, solicita se acceda a las s\u00faplicas de la demanda de reivindicaci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El numeral 2\u00ba del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso establece como requisito de la demanda de casaci\u00f3n \u00abla exposici\u00f3n de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n, en forma clara, precisa y completa\u00bb. Adicionalmente, cuando la censura se enfila por la causal primera del art\u00edculo 336 ibidem, el recurrente est\u00e1 compelido a indicar las normas de estirpe sustancial que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a su juicio, considere violentadas. <\/p>\n
Sin embargo, el recurrente habr\u00e1 de tener en cuenta que tienen el car\u00e1cter de normas sustanciales aquellas que \u00ab\u2026en raz\u00f3n de una situaci\u00f3n f\u00e1ctica concreta, declaran, crean, modifican o extinguen relaciones jur\u00eddicas tambi\u00e9n concretas entre las personas implicadas en tal situaci\u00f3n\u2026\u00bb, por lo que no ostentan esa naturaleza las que se \u00ablimitan a definir fen\u00f3menos jur\u00eddicos o a descubrir los elementos de \u00e9stos o a hacer enumeraciones o enunciaciones, como tampoco las tienen las disposiciones ordenativas o reguladoras de la actividad in procedendo\u00bb. (CSJ AC, 5 May. 2000) (reiterada AC 4144-2017 de 29 de junio de 2017, exp. 2014-00555-01). <\/p>\n
2. Se\u00f1alados esos derroteros, desde ya, puede asegurarse que la sustentaci\u00f3n de la impugnaci\u00f3n formulada no satisface el m\u00ednimo de requisitos establecidos en la normativa vigente. En efecto, la actora dise\u00f1\u00f3 la censura a partir de la presunta violaci\u00f3n directa de los art\u00edculos 13236, 7687, 7648, 7659 y 252810 del C\u00f3digo Civil, 8\u00ba11 de la ley 153 de 1887 y del 6\u00ba12 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia. Empero, ninguna de dichas disposiciones tiene el car\u00e1cter de normas sustanciales. De manera que, dado que el recurso extraordinario est\u00e1 soportado en la violaci\u00f3n de reglas sustanciales, y al no indicar las normas que de ese linaje fueron transgredidas con la decisi\u00f3n impugnada, se desatendi\u00f3 la exigencia cardinal para el estudio del cargo frente a estos preceptos. <\/p>\n
3. No obstante, de la lectura minuciosa del cargo, se observa que tambi\u00e9n se alega la violaci\u00f3n directa del art\u00edculo 1325 del C\u00f3digo Civil -norma sustancial-. En efecto, la demanda se fundamenta en que el yerro ostensible del Tribunal consiste en \u00abfracturar el sentido y alcance de la norma, pues aun admitiendo en este caso que el tercero demandado es adquirente de buena fe, y que esa buena fe est\u00e1 exenta de culpa, con todo y eso la reivindicaci\u00f3n procede contra \u00e9l, porque el legislador soberano solo excluy\u00f3 al tercero que hubiere adquirido por prescripci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En particular, tambi\u00e9n censur\u00f3 que \u00abel Tribunal extendi\u00f3 una salvaguarda al tercero demandado en la reivindicaci\u00f3n del \u00fanico bien de la herencia, bajo el pretexto de que se trata de un tercero de buena fe, en reparar que el art\u00edculo 1325 del C.C. consagra la reivindicaci\u00f3n contra el tercero y no exonera de esa reivindicaci\u00f3n a quien simplemente ha obrado de buena fe\u00bb. Contin\u00faa diciendo que \u00abel Tribunal cre\u00f3 entonces una novedosa causa de exoneraci\u00f3n contra la reivindicaci\u00f3n, la buena fe del adquirente, causa que no est\u00e1 prevista en el la ley, falta de aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 1325 del C.C. que desde luego se erige en violaci\u00f3n directa de la ley sustancial\u00bb. <\/p>\n
3.1. La hermen\u00e9utica que le ha dado esta Corporaci\u00f3n al art\u00edculo 1325 del C\u00f3digo Civil, sostiene que \u00absi los bienes hereditarios han pasado a terceros, se predica la persecuci\u00f3n reivindicatoria en m\u00e9rito del derecho erga omnes reconocido judicialmente al verdadero se\u00f1or de la herencia. No distingue entonces la ley seg\u00fan sea de buena o de mala fe la posesi\u00f3n de los terceros, y es porque en general la conciencia honesta de los hombres no alcanza de suyo a conferir derecho a quien no lo tiene conforme al ordenamiento, ni es bastante para que alguien pueda trasferir lo que no le pertenece\u00bb. En el punto, se destaca que \u00aben general, la buena fe del poseedor regula el sistema de prestaciones mutuas, pero no evita la prosperidad de juicio reivindicatorio, salvo que la prescripci\u00f3n se haya consumado\u00bb (Gaceta Judicial XCI Parte 1 n. 2214-2216 (1959), p\u00e1g. 443). <\/p>\n
Recientemente, en un caso de similares contornos al analizado, y de cara a la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo precitado -1325 del C.C.- esta Corte destac\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab\u2026 Para dar cumplida respuesta a esa inquietud comienza la Corte por precisar que si, como ha quedado dicho, los principios como el de esta especie carecen de supuestos f\u00e1cticos expl\u00edcitos o acabados, de modo que solamente adquieren preeminencia operativa haci\u00e9ndolos obrar frente alg\u00fan caso concreto, las aristas f\u00e1cticas relevantes de este asunto (que el Tribunal tuvo en consideraci\u00f3n y el recurrente no refuta, dado el perfil del cargo) y de frente a las cuales se contrasta el referido axioma, son las siguientes: a) se trata de una venta efectuada por herederos reconocidos en el proceso de sucesi\u00f3n; b) a quienes se les adjudic\u00f3 el bien reivindicado; c) mediante partici\u00f3n que fue debidamente inscrita en el registro inmobiliario; d) que el tercero adquirente es de buena fe; e) que incurri\u00f3 en un error com\u00fan e invencible; y f) que aqu\u00e9l, el tercero, adquiri\u00f3 de los adjudicatarios el inmueble a t\u00edtulo de compraventa, es decir, de manera onerosa. A todo lo anterior s\u00f3lo resta agregar que ninguna consideraci\u00f3n hizo el Tribunal en torno de la buena o mala fe de los herederos putativos, cuesti\u00f3n que, por consiguiente, es irrelevante>>.13 <\/p>\n
3.2. Con base en lo anterior, la Sala advierte que este cargo no est\u00e1 llamado a prosperar. Ello pues, se observa que el alegato es desenfocado, pues atribuye al pronunciamiento un alcance que no va con su contenido, al punto que distorsiona gravemente los fundamentos bajo los cuales el Tribunal profiri\u00f3 su determinaci\u00f3n. Ciertamente, el juzgador, neg\u00f3 la reivindicaci\u00f3n suplicada y concluy\u00f3 que \u00abse encuentran satisfechos todos los requisitos para tener al se\u00f1or Gabriel G\u00f3mez Blanco como tercero adquirente de buena fe exenta de culpa\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior, en primer lugar, \u00abporque ostenta la condici\u00f3n de tercero frente a los coparticipes de la causa sucesoral del extinto Jos\u00e9 Guillermo Ulloa Fajardo\u00bb. En segundo t\u00e9rmino, \u00abpor cuanto la adquisici\u00f3n que hizo aqu\u00e9l del inmueble rural denominado \u201cBrisas del Ocoa\u201d, fue a t\u00edtulo de compraventa, al tenor de los estipulado por los contratantes en la escritura p\u00fablica 1739 del 8 de septiembre de 2009 de la Notaria 4\u00aa de Villavicencio, pues conforme a la cl\u00e1usula tercera, el adquirente cancel\u00f3 por el inmueble la suma de $1.360.000.000, que es el precio que se declar\u00f3 como el correspondiente al valor total del mismo\u2026 Y en tercer lugar, porque \u00abde lo dicho por los demandados y por los testigos, se desprende que el demandado en reivindicaci\u00f3n, quien es el actual propietario inscrito de acuerdo con la anotaci\u00f3n 7 del folio de matr\u00edcula 230-35679, actu\u00f3 de buena fe exenta de culpa, en la medida que la adquisici\u00f3n del inmueble por parte de este, se llev\u00f3 a cabo bajo el conocimiento del contenido en una declaraci\u00f3n escritural del mismo instrumento donde se consign\u00f3 en la cl\u00e1usula 2\u00aa: tradici\u00f3n: Que el inmueble objeto de la presente venta lo adquirieron los vendedores en el mismo estado civil actual por adjudicaci\u00f3n en el juicio de sucesi\u00f3n de Jos\u00e9 Guillermo Ulloa Fajardo, por medio de escritura p\u00fablica n\u00famero 4826 del 04 de septiembre del a\u00f1o 2009\u2026\u00bb. Finalmente, puntualiz\u00f3 que, aunque Gabriel G\u00f3mez Blanco hubiera adoptado todas las precauciones y medidas prudentes, \u00abno habr\u00eda podido advertir irregularidad alguna que afectara la transacci\u00f3n y lo persuadiera de no adquirir el bien\u2026 para que, en tal caso, de haber conocido una realidad diferente, ello permitiera establecer un actuar de mala fe, al menos de parte del comprador al celebrar el contrato de compraventa, en perjuicio de la parte actora, pues ninguna evidencia probatoria conduce a esa conclusi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3.3. Bajo tales consideraciones, del cotejo del yerro denunciado con los fundamentos expuestos en la determinaci\u00f3n impugnada, se reitera su desenfoque, pues el Tribunal asent\u00f3 su decisi\u00f3n seg\u00fan los lineamientos jurisprudenciales esbozados -que no refutados, dado el perfil del cargo-. A continuaci\u00f3n, se reiteran estos lineamientos: i) Se trata de una compraventa – t\u00edtulo traslaticio oneroso de adquisici\u00f3n-, efectuada por herederos reconocidos en el proceso de sucesi\u00f3n -a quienes se le adjudic\u00f3 el bien pretendido en reivindicaci\u00f3n-. ii) La partici\u00f3n fue asentada en el registro inmobiliario. iii) El adquirente -tercero con buena fe exenta de culpa14- padeci\u00f3 un yerro o error com\u00fan e invencible15, a prop\u00f3sito de las actuaciones escriturales y registrales. Es decir, se evidencia la \u201cconciencia y persuasi\u00f3n en el adquirente de recibir el derecho de quien es leg\u00edtimo due\u00f1o.\u201d16 <\/p>\n
4. En consecuencia el cargo no prospera. <\/p>\n
CARGO CUARTO <\/p>\n
En este cargo se denuncia al Tribunal de violar indirectamente \u00ablos art\u00edculos 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, el art\u00edculo 764, 765, 955 y 2528 del C.C., del art\u00edculo 8 de la Ley 153 de 1887, y del art\u00edculo 6 de la Constituci\u00f3n pol\u00edtica\u00bb, como consecuencia de errores de hecho en la apreciaci\u00f3n de las pruebas, alterando \u00ab\u2026su contenido atribuy\u00e9ndole una inteligencia contraria por entero a la real\u00bb. Ello pues, \u00abdej\u00f3 de ver lo inocultable, que los demandados obraron con manifiesta mala fe o que por lo menos el adquiriente del bien herencial de llegar a ser que obr\u00f3 con buena fe, esa buena fe no est\u00e1 exenta de culpa\u00bb. A partir de esto, manifiesta que los herederos putativos \u2013demandados- eran sabedores de la existencia de su hermana y del juicio de filiaci\u00f3n del cual ellos fueron parte, as\u00ed como de la relaci\u00f3n de amistad y cercan\u00eda del tercero adquirente con la familia Ulloa, por lo que \u00abno hubo entonces debida diligencia de Gabriel G\u00f3mez Blanco y por tanto err\u00f3 el Tribunal al reconocerle que obr\u00f3 con buena fe y adem\u00e1s exenta de culpa\u00bb. <\/p>\n
En consonancia con lo expuesto, arguye que de los medios de convicci\u00f3n testimoniales solicitados por el demandado en reivindicaci\u00f3n, el Tribunal omiti\u00f3 la prueba de confesi\u00f3n \u00absobre el tipo de negocio jur\u00eddico realmente convenido que fue una permuta, pero que en la escritura p\u00fablica No. 1739 del 8 de septiembre de 2009, se consign\u00f3 una compraventa\u00bb, lo cual afect\u00f3 sus derechos por desaparici\u00f3n del bien permutado que ingresar\u00eda al haber de la herencia. <\/p>\n
Para finalizar, la recurrente discute que si el Tribunal no hubiera cometido los errores de hecho enrostrados, \u00ab\u2026hubiera tenido que concluir que el demandado Gabriel G\u00f3mez Blanco no es tercero de buena fe, y menos de buena fe exenta de culpa\u2026no habr\u00eda aplicado el art\u00edculo 768 del C.C\u2026.y hubiera aplicado el art\u00edculo 1325 del C.C. disponiendo la reivindicaci\u00f3n del predio \u201cBrisas del Ocoa\u201d para la sucesi\u00f3n de Jos\u00e9 Guillermo Ulloa Fajardo y la refacci\u00f3n del trabajo de partici\u00f3n\u00bb. En ese orden, solicita casar la sentencia recurrida y en sede de instancia acceder a las s\u00faplicas de la demanda. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El ataque por la incursi\u00f3n de un error de hecho, conforme se ha dicho invariablemente17, est\u00e1 vinculado al defecto en la contemplaci\u00f3n, existencia y percepci\u00f3n de determinado medio convictivo. De esta manera, se trata de un cuestionamiento de la percepci\u00f3n material de las probanzas con la indisoluble incidencia en la decisi\u00f3n por parte del sentenciador, a contragolpe de la trasgresi\u00f3n de las normas sustanciales que han debido disciplinar el asunto sometido a la jurisdicci\u00f3n. Entonces, en el error de hecho en la apreciaci\u00f3n de las pruebas, error facti in judicando, el sentenciador parte de premisas f\u00e1cticas equivocadas. Como se sabe, no es posible, en sede casacional, entrar en la disputa de los hechos y en su correlativo entendimiento por parte del Tribunal. Y tampoco definir cu\u00e1l es la \u00fanica y correcta interpretaci\u00f3n de determinado medio de prueba, cuando es posible la concurrencia de diversas conclusiones f\u00e1cticas. \u00abDe ah\u00ed la necesidad de respetar la valoraci\u00f3n de las pruebas que hacen los jueces de instancia, porque ser\u00eda insostenible que s\u00f3lo el juez de la casaci\u00f3n tuviera el monopolio de la raz\u00f3n a la hora de elucidar el recto entendimiento de las pruebas allegadas18\u00bb. <\/p>\n
2. De ah\u00ed que \u00ab[p]ara que se produzca esa clase de error -como lo ha pregonado la Corte en constante jurisprudencia- que la equivocaci\u00f3n del sentenciador haya sido de tal magnitud que sin mayor esfuerzo en el an\u00e1lisis de las probanzas se debe a que la apreciaci\u00f3n probatoria pugna evidentemente y de manera manifiesta con la realidad del proceso. La duda que genera el punto de hecho o la pluralidad de interpretaciones que sugiera, excluyen, en consecuencia, la existencia de un error de la naturaleza indicada\u00bb19. <\/p>\n
3. En este cargo la recurrente atribuye al Tribunal un error de hecho en la interpretaci\u00f3n del contenido de las declaraciones de los demandados -Rafael Guillermo y Jos\u00e9 Ricardo Ulloa Arciniegas y del tercero adquirente Gabriel G\u00f3mez Blanco- por cuanto \u00abcercen\u00f3 su contenido objetivo, pues no vio que en ellos, reposa la confesi\u00f3n de una mentira\u2026 dej\u00f3 de ver lo inocultable, que los demandados obraron con manifiesta mal (sic) o que por lo menos el adquirente del bien herencial de llegar a ser que obro con buena fe, esa buena fe no est\u00e1 exenta de culpa\u00bb. Agreg\u00f3, adem\u00e1s, que el ad quem \u00abno apreci\u00f3 esa parte de las declaraciones de los testigos Orlando Alberto Lovo Bernal y Horacio Ulloa Fajardo, ni la contestaci\u00f3n de la demanda, ni las confesiones de los demandados sobre el ocultamiento de bienes de la sucesi\u00f3n\u00bb. Tales yerros, adujo, condujeron equivocadamente a que se considerara que el demandado Gabriel G\u00f3mez Blanco era un tercero de buena fe exenta de culpa, que deb\u00eda quedar al margen de la reivindicaci\u00f3n. <\/p>\n
Al respecto, la sentencia del Tribunal sent\u00f3 tres conclusiones para reconocer a Gabriel G\u00f3mez Blanco como tercero adquirente de buena fe exenta de culpa: i) Que ostenta la condici\u00f3n de tercero frente a los copart\u00edcipes de la causa sucesoral del extinto Jos\u00e9 Guillermo Ulloa Fajardo. ii) Que la adquisici\u00f3n del inmueble rural denominado \u201cBrisas del Ocoa\u201d se hizo a t\u00edtulo de compraventa, seg\u00fan lo asentado en la escritura p\u00fablica 1739 del 8 de septiembre de 2009 de la Notaria 4\u00aa de Villavicencio. iii) Que se actu\u00f3 con buena fe exenta de culpa, porque la adquisici\u00f3n del inmueble se realiz\u00f3 con el conocimiento del contenido en una declaraci\u00f3n escritural. <\/p>\n
4. En efecto, la motivaci\u00f3n de la providencia cuestionada descans\u00f3 en los siguientes medios de convicci\u00f3n para encontrar satisfechos los requisitos de la buena fe exenta de culpa. A saber: <\/p>\n
a. Copia de la escritura p\u00fablica No. 1739 del 8 de septiembre de 2009, con la cual los herederos Rafael Guillermo y Jos\u00e9 Ricardo Ulloa Arciniegas vendieron a Gabriel G\u00f3mez Blanco el inmueble que les fue adjudicado en la sucesi\u00f3n de su padre, por la suma de $1.360.000.000, dinero que, seg\u00fan la cl\u00e1usula tercera de dicho instrumento, afirmaron los vendedores haber recibido de manos del comprador a entera satisfacci\u00f3n. Asimismo, en la cl\u00e1usula cuarta, los vendedores se\u00f1alaron \u00abque el inmueble objeto de esta escritura est\u00e1 libre de embargos, demandas judiciales, hipotecas, arrendamiento, patrimonio de familia, condiciones resolutorias y limitaciones de dominio y que se encuentra a paz y salvo de impuestos y contribuciones\u00bb. Y, en la quinta, consignaron \u00abque han hecho entrega real y material del inmueble que se enajena por medio del presente instrumento y que los vendedores, saldr\u00e1n al saneamiento legal de esta venta. V\u00e9anse los folios 31 a 35 del C-1\u00bb. <\/p>\n
b. Copia de la matr\u00edcula inmobiliaria No. 230-35679 del inmueble rural denominado \u201cBRISAS DEL OCOA\u201d, donde se observa en la anotaci\u00f3n No. 6 que el 4 de septiembre de 2009 fue registrada la partici\u00f3n sucesoral del causante Jos\u00e9 Guillermo Ulloa Fajardo y, en la anotaci\u00f3n No. 7 fue registrada el 9 de septiembre de ese mismo a\u00f1o, la venta del predio por parte de los herederos a favor de Gabriel G\u00f3mez Blanco. <\/p>\n
c. Testimonios solicitados por el demandado en reivindicaci\u00f3n -Orlando Alberto Lovo Bernal y Horacio Ulloa Fajardo-. Tambi\u00e9n los interrogatorios de parte -Rafael Guillermo Ulloa Arciniegas, Jos\u00e9 Ricardo Ulloa Arciniegas, Gabriel G\u00f3mez Blanco y Luz Amparo Ulloa Hurtado-, los cuales, para el Tribunal, si bien afirmaron que el negocio real fue una permuta, no era posible desatender la voluntad expresada en el t\u00edtulo escriturario, \u00abso pretexto de la existencia de otro negocio jur\u00eddico, pues, para cuestionar la validez -art. 1740 C.C.-, o eventual simulaci\u00f3n -art. 1766 C.C.- del negocio jur\u00eddico de compraventa, deb\u00eda tramitarse la acci\u00f3n legal pertinente y, como se desprende de la demanda, ninguna de esas pretensiones forma parte del petitum de la misma\u2026\u00bb. <\/p>\n
Bajo esos fundamentos, la Sala concluye que la recurrente cuestiona el entendimiento que el Tribunal hizo de las pruebas. Sin embargo, -haciendo el cotejo de las probanzas y la naturaleza propia de la acci\u00f3n de reivindicaci\u00f3n impetrada-, dicha valoraci\u00f3n no resulta manifiestamente equivocada. Esto es, no hubo alteraci\u00f3n, cercenamiento o pretermisi\u00f3n. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 23 de mayo de 2017, en el proceso ordinario que instaur\u00f3 Luz Amparo Ulloa Hurtado contra Rafael Guillermo Ulloa Arciniegas, Jos\u00e9 Ricardo Ulloa Arciniegas y Gabriel G\u00f3mez Blanco. <\/p>\n
Sin costas en casaci\u00f3n, por el amparo de pobreza. <\/p>\n
En su oportunidad, devu\u00e9lvase el expediente a la Corporaci\u00f3n de origen. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Fls. 2. 48 a 66 C-Ppal. Sentencia proferida por el Juzgado Segundo de Familia de Villavicencio el 30 de septiembre de 2010. <\/p>\n
2\u0002 Fl. 27 ibidem. <\/p>\n
4\u0002 \u00ab(\u2026) ante la conclusi\u00f3n de inviabilidad de la pretensi\u00f3n reivindicatoria del tercero adquiriente, resultaba improcedente el estudio de las excepciones por \u00e9l propuestas y que declar\u00f3 probadas el ordinal primero de la sentencia\u00bb. Fls. 18-19 ibidem. <\/p>\n
5\u0002 En el punto, esta Corporaci\u00f3n tiene sentado que \u201c[P]ronunciarse sobre puntos o extremos del litigio que no fueron materia de la apelaci\u00f3n -ni est\u00e1n \u00edntimamente conectados con ella- no es un problema de competencia funcional del juez ad quem sino un asunto que ata\u00f1e al derecho sustancial que tiene el recurrente para que la resoluci\u00f3n de su impugnaci\u00f3n no toque puntos que no quiso llevar al debate de la segunda instancia. De ah\u00ed que cuando se pretenda atacar la sentencia de segunda instancia susceptible de recurso de casaci\u00f3n por violaci\u00f3n al principio de la no reformatio in pejus, tal acusaci\u00f3n deber\u00e1 plantearse en el \u00e1mbito de la causal cuarta del art\u00edculo 368 de la ley adjetiva; en tanto que si el fundamento de la acusaci\u00f3n obedece a una desviaci\u00f3n del tema que fue objeto de la pretensi\u00f3n deducida en la sustentaci\u00f3n del recurso, el ataque deber\u00e1 dirigirse por la senda de la causal segunda de casaci\u00f3n, por vicio de incongruencia entre lo pedido por el impugnante y lo resuelto por el ad quem\u2026\u201d <\/p>\n
Y se agreg\u00f3 que: \u201c[P]ara el ataque de ambos tipos de errores en la sentencia de segunda instancia, la ley procesal tiene reservado el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, toda vez que ata\u00f1en al fondo de la decisi\u00f3n, sin que tengan relaci\u00f3n con las nulidades procesales. De ah\u00ed que ninguna de esas figuras est\u00e1 enlistada como motivo de nulidad en el art\u00edculo 140 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil.\u201d (SC14427, 10 oct. 2016, rad. n.\u00b0 2013-02839-00), reiterado en (SC de 1 nov. 2013, rad. 1999-00355-01, SC de 12 dic. 2007, rad. 1982-24646-01 y SC4415, 13 abr. 2016, rad. 2012-02126-00. Y recientemente en SC4174-2021, 13 oct. 2021, rad. 2013-11138-01). <\/p>\n
6\u0002 Norma de interpretaci\u00f3n. <\/p>\n
7\u0002 AC852-2021. Norma descriptiva de un fen\u00f3meno jur\u00eddico. <\/p>\n
8\u0002 Norma descriptiva. CSJ AC-1774-2018. CASJ AC 6 mar. 2013, rad. 2008-00162. <\/p>\n
9\u0002 Ibidem <\/p>\n
10\u0002 Norma descriptiva. AC2891-2019 <\/p>\n
11\u0002 Norma que refiere a la aplicaci\u00f3n de la analog\u00eda. AC8651-2017. <\/p>\n
12\u0002 Norma que estipula la cl\u00e1usula general de responsabilidad de los particulares y de los funcionarios p\u00fablicos. No establece ning\u00fan derecho. <\/p>\n
13\u0002 Y se agrega lo que viene: \u201cPues bien, si quisieran aplicarse con rigor exeg\u00e9tico los art\u00edculos\u2026 1325, entre otros, del C\u00f3digo Civil, habr\u00eda que contestar afirmativamente esa pregunta, ya que, se dir\u00eda, como los enajenantes no eran en realidad herederos, no ten\u00edan tampoco ning\u00fan derecho sobre los bienes hereditarios, luego mal podr\u00edan transmitirlos a terceros. Pero esta respuesta, adem\u00e1s de simplista, es inadmisible, am\u00e9n que hiere principios hondamente arraigados en el ordenamiento, a los que aqu\u00ed ya se ha hecho alusi\u00f3n, y que constituyen su nervio fundamental; por supuesto que se trata de una soluci\u00f3n anarquizante, que adem\u00e1s de lesionar gravemente al tercero que ha contratado de buena fe y a t\u00edtulo oneroso, introduce un factor de incertidumbre en todos aquellos t\u00edtulos de propiedad (que son muchedumbre), en los que figure como antecedente del dominio alguna transmisi\u00f3n hereditaria. No habr\u00eda en esta hip\u00f3tesis t\u00edtulos perfectos, ni estar\u00eda nadie exento, por m\u00e1s precavido que fuera, del evento de ser despojado de su derecho\u00bb (CSJ SC 16 de ago. 2007, exp. 1994-00200-01) \/se resalta). <\/p>\n
14\u0002 \u201c[U]na cosa es la buena fe exenta de culpa o cualificada o creadora de derechos (\u2026) y otra bien distinta la buena fe simple o buena fe posesoria.\u201d CSJ, Sentencia de 25 de septiembre de 1997. Tambi\u00e9n, CSJ, Sentencia de 4 de febrero de 2014. Esto es, \u201cla buena fe simple exige tan s\u00f3lo conciencia, la buena fe cualificada o creadora de derechos, conciencia y certeza.\u201d CSJ, SC del 23 de junio de 1958. <\/p>\n
Esto es, cualquier otro adquirente, incluso uno muy diligente, pod\u00eda creer que el derecho \u201crealmente exist\u00eda, sin existir\u201d (SC 27 de febrero de 2012, rad. 110013103002003142701). En efecto, este especial arquetipo de \u201cbuena fe\u201d reclama del adquirente un d\u00e9bito, una deuda o un deber jur\u00eddico \u201crelativo\u201d: debe haber adquirido con una alta diligencia (este an\u00e1lisis es pr\u00f3ximo a aquel de la culpa lev\u00edsima, art. 63 C.C.). Desde su g\u00e9nesis -algo pr\u00f3xima a nuestro d\u00edas- se aclaraba que \u201cni siquiera haya sospecha de culpa.\u201d D. 16.3.11 (D\u2019ors, T. I., Aranzadi, Pamplona, 1968, p. 612). <\/p>\n
En una palabra, cualquier persona, incluso una muy aplicada, no podr\u00eda \u201cdescubrir la verdadera situaci\u00f3n\u201d (SC19903- 2017, reiterada en SC2845-2020, rad. 2017- 00408, 10 ago. 2020). <\/p>\n
15\u0002 \u201c[S]i el [yerro] es de tal naturaleza, que cualquier persona prudente o diligente tambi\u00e9n lo hubiera cometido, nos encontramos ante la llamada buena fe cualificada o exenta de toda culpa, que permite que la apariencia se vuelva realidad y el derecho se adquiera\u2019\u201d (SC19903-2017- SC339-2019). Esto es, \u201cde manera que cualquier persona [aplicada] (…) no pueda descubrir la verdadera situaci\u00f3n\u201d (SC19903- 2017, citada y reiterada en SC2845-2020, rad. 2017- 00408, 10 ago. 2020). <\/p>\n
Como se sabe, tambi\u00e9n las normas 947, 1547, 1548, 1634. 1766, 1933, 1940, 1944, 2140 y 2199, acu\u00f1adas en el C\u00f3digo Civil, est\u00e1n \u201cencaminadas a la protecci\u00f3n de terceros de buena fe reconocen efectos jur\u00eddicos trascendentales a una apariencia de la cual se ha derivado un error invencible\u201d (CSJ SC 16 de ago. 2007, exp. 1994-00200-01). <\/p>\n
16\u0002 SC19903- 2017, reiterada en SC2845-2020, rad. 2017- 00408, 10 ago. 2020. <\/p>\n
17\u0002 Por todas: CSJ SSC del 23 de mayo de 1955 (M.P. Jos\u00e9 J. G\u00f3mez); 19 de noviembre de 1956 (M.P. Guillermo Garavito); 24 de abril de 1986 (M.P. H\u00e9ctor Mar\u00edn Naranjo); 2 de julio de 1993 (M.P. Eduardo Garc\u00eda Sarmiento); 9 de noviembre de 1993 (M.P. Eduardo Garc\u00eda Sarmiento). <\/p>\n
18\u0002 CSJ SC del 15 de abril de 2011 (exp. 2006-0039). <\/p>\n
Esto lo ha precisado la jurisprudencia en multitud de fallos, algunos de vieja data seg\u00fan los cuales: \u201c[e]rror evidente, es el notorio, el que aparece de bulto, aquel que se descubre f\u00e1cilmente sin necesidad de escol\u00e1sticas alegaciones o de tremendos esfuerzos de imaginaci\u00f3n.\u201d CSJ SC del 2 de agosto de 1958. <\/p>\n
Bajo el mismo tenor, en prove\u00eddo del 25 de noviembre de 1993, se sostuvo que: \u201cEl yerro f\u00e1ctico, para que tenga entidad en casaci\u00f3n y pueda, por ende, ocasionar la rotura de un fallo, tiene que ser manifiesto, particularidad que alcanza, cuando es tan grave y notorio que a simple vista se impugna a la mente, sin mayor esfuerzo ni raciocinio, o, en otros t\u00e9rminos, de tal magnitud, que resulte contrario a la evidencia del proceso\u201d. M\u00e1s recientemente, record\u00f3 esta Corporaci\u00f3n que: \u00abNo sobra rememorar que cuando se aducen yerros de facto en la apreciaci\u00f3n de los medios de convicci\u00f3n, el recurrente tiene la carga, una vez individualizado el medio en que recae el error, de indicarlo y demostrarlo se\u00f1alando c\u00f3mo se gener\u00f3 la suposici\u00f3n o preterici\u00f3n o cercenamiento, sin perder de vista que debe aparecer de manera manifiesta en los autos (\u2026)\u00bb. Sentencia de 15 de septiembre de 1998, expediente 5075. <\/p>\n
19\u0002 C.S.J- Sala de casaci\u00f3n Civil, Sentencia de 16 de agosto de 2005, expediente 1999-00954-01. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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SC5662-2021 (2011-00693-01) FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente SC5662-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-10-008-2011-00693-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dos de diciembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1 D. C., quince (15) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). La Corte decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por Luz […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[43],"tags":[],"class_list":["post-59931","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59931","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59931"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59931\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59931"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59931"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59931"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}