SC5698-2021 (2010-00484-01)_1<\/p>\n
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FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
SC5698-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-03-027-2010-00484-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de mayo de dos mil <\/p>\n
veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n, interpuesto por la demandante Elvia Rosa Mateus S\u00e1nchez frente a la sentencia proferida el 26 de agosto de 2015 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en el proceso de responsabilidad civil contractual que instaur\u00f3 frente a BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. y la Compa\u00f1\u00eda Suramericana de Seguros de Vida S.A. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
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A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n
Con la demanda (fls. 65 a 76, c. 1), el escrito que la subsan\u00f3 (fls. 91 a 102) y el que la reform\u00f3 (fls. 260-272), la actora pretende, de manera principal, que se declare civilmente responsables a BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. y a Suramericana de Seguros de Vida S.A. por el no pago de las prestaciones aseguradas en los Contratos de Seguro de Vida Grupo Deudores instrumentados en las p\u00f3lizas No. VGD-0110043 y VGD-112481, suscritos entre las demandadas y los Bancos BBVA S.A. y Bancolombia, respectivamente. Por ende, solicit\u00f3 que se condene a las convocadas a pagar a la se\u00f1ora Elvia Rosa Mateus S\u00e1nchez los saldos insolutos de los cr\u00e9ditos asegurados con tales instrumentos. Como petici\u00f3n subsidiaria, frente a las declaraciones de condena, inst\u00f3 a que se ordene a la pasiva a pagar en favor de los bancos BBVA S.A. y Bancolombia S.A., en calidad de beneficiarios del contrato de seguro, \u00abla suma que resultare probada en el tr\u00e1mite del proceso, correspondiente al saldo insoluto de la obligaci\u00f3n referente a los cr\u00e9ditos otorgados (\u2026) al se\u00f1or HECTOR JULIO PE\u00d1A VEGA, pendiente de pago al momento de su fallecimiento\u00bb. <\/p>\n
Por su parte, Erika Pe\u00f1a Mateus y Diana Giovanna Pe\u00f1a Salinas pidieron que se declare a Suramericana de Seguros de Vida S.A. civilmente responsable por la omisi\u00f3n en el pago de la prestaci\u00f3n asegurada en el seguro de vida instrumentado en la p\u00f3liza No. 004150570. <\/p>\n
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B. Causa petendi <\/p>\n
1.- Adujo que entre ella y el se\u00f1or H\u00e9ctor Julio Pe\u00f1a Vega existi\u00f3 una uni\u00f3n marital de hecho, que se mantuvo durante veintitr\u00e9s (23) a\u00f1os hasta la fecha de la muerte de aqu\u00e9l el 15 de agosto del 2008. Durante la relaci\u00f3n, procrearon a Erika Yuranny Pe\u00f1a Mateus. El difunto, adem\u00e1s, era padre de Diana Giovanna Pe\u00f1a Salinas, concebida por fuera de la uni\u00f3n marital. <\/p>\n
2.- H\u00e9ctor Julio Pe\u00f1a Vega, al momento de su fallecimiento, manten\u00eda diversos contratos bancarios con el Banco BBVA S.A., dentro de los que destacan los siguientes: a) Cuenta corriente No. 901008904; b) tarjeta adelante (Visa Electron) No. 4912684045697885; c) tarjeta de negocios (Visa) No. 45041840500477500209870; d) cr\u00e9dito No. 00130901379600027961; e) cr\u00e9dito No. 00130901339600023911. Adem\u00e1s, que con dicha entidad financiera ten\u00eda obligaciones insolutas que alcanzaban la suma de cien millones de pesos ($100.000.000) al momento de su muerte. <\/p>\n
3.- Tales cr\u00e9ditos se encontraban asegurados con la p\u00f3liza VDG-0110043, producto de un contrato de seguro de vida grupo deudores que suscribieron el Banco BBVA S.A. y la sociedad BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. <\/p>\n
4.- El 01 de septiembre del 2008, la aseguradora objet\u00f3 la reclamaci\u00f3n presentada por la demandante el 22 de agosto anterior, \u00abcon fundamento en la supuesta omisi\u00f3n en que incurriera el asegurado en la declaraci\u00f3n efectuada en la solicitud certificado de seguro diligenciado por el Banco en calidad de tomador\u00bb. Por tanto, la actora pag\u00f3 los saldos insolutos de los cr\u00e9ditos otorgados por el banco al causante, \u00abhecho con el cual la demandante, adquiri\u00f3 la calidad de subrogataria de dicho banco, respecto del contrato de seguro de marras\u00bb. <\/p>\n
5.- De igual manera, el se\u00f1or Pe\u00f1a Vega adquiri\u00f3 los cr\u00e9ditos No. 460082918, 468101288, 4681013530 y 4681013568 y las tarjetas de cr\u00e9dito No. 5491570675328029, 4513083106362070 y 0377815376137820 con Bancolombia S.A. Tales obligaciones, que a la fecha de fallecimiento ascend\u00edan a cien millones de pesos ($100.000.000), se encontraban garantizadas por Suramericana de Segura de Vida S.A. con la p\u00f3liza VDG-112481. <\/p>\n
6.- Pese a que la demandante present\u00f3 la correspondiente reclamaci\u00f3n el 04 de septiembre del 2008, el 01 de octubre siguiente la compa\u00f1\u00eda objet\u00f3 la petici\u00f3n \u00abcon fundamento en la supuesta omisi\u00f3n en que incurriera el asegurado en la declaraci\u00f3n efectuada en la solicitud certificado de seguro diligenciado por el Banco en calidad de tomador, al momento de incluir a su cuenta-habiente y deudor HECTOR JULIO PE\u00d1A VEGA, como asegurado del contrato de seguro referido\u00bb. <\/p>\n
7.- La reclamante pag\u00f3 los saldos insolutos de las deudas a nombre de su excompa\u00f1ero permanente con Bancolombia. Por ende, alega que adquiri\u00f3 la calidad de subrogataria de tal banco respecto del contrato de seguro de vida grupo deudores tomado con Suramericana. <\/p>\n
8.- Por \u00faltimo, -las demandantes- Erika Pe\u00f1a Mateus y Diana Giovanna Pe\u00f1a Salinas, manifestaron que su padre, H\u00e9ctor Julio Pe\u00f1a Vega, suscribi\u00f3 con la Compa\u00f1\u00eda Suramericana de Seguros de Vida S.A. un contrato de seguro de vida Plan Vida Ideal No. 04150570 por un monto de diez millones de pesos ($10.000.000). Sin embargo, la aseguradora guard\u00f3 silencio frente a la reclamaci\u00f3n formal presentada ante Bancolombia \u00abquien se encontraba autorizado por la aseguradora demandada para este fin, con el prop\u00f3sito de obtener el reconocimiento y pago de la prestaci\u00f3n asegurada bajo el contrato de seguro de vida aqu\u00ed referido\u00bb. <\/p>\n
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C. Posici\u00f3n de la demandada y tr\u00e1mite del proceso <\/p>\n
1. Seguros de Vida Suramericana, en oportunidad, se opuso a las pretensiones (fls. 276 a 284, c. 1). Propuso las excepciones de \u00abFalta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa respecto de las pretensiones formuladas por la demandante Elvia Rosa Mateus\u00bb, \u00abNo se agot\u00f3 el requisito de procedibilidad respecto de las pretensiones derivadas de la p\u00f3liza VGD-112481\u00bb, \u00abAusencia de subrogaci\u00f3n legal respecto de la se\u00f1ora Elvia Rosa Mateus\u00bb, \u00abNulidad relativa del contrato de seguro contenido en la p\u00f3liza VGD-112481 por reticencia del se\u00f1or H\u00e9ctor Julio Pe\u00f1a Vega\u00bb, \u00abPrescripci\u00f3n de la acci\u00f3n formulada por la demandante Rosa Mateus\u00bb; \u00abNulidad relativa del contrato de seguro contenido en la p\u00f3liza de seguro de vida \u201cPlan Vida Ideal\u201d 004150570 por reticencia del se\u00f1or H\u00e9ctor Julio Pe\u00f1a\u00bb y \u00abPrescripci\u00f3n de la acci\u00f3n formulada por las demandantes Erika Pe\u00f1a Mateus y Diana Pe\u00f1a Salinas\u00bb. <\/p>\n
En s\u00edntesis, explic\u00f3 que ambos contratos se encontraban viciados de nulidad relativa pues, al revisar la historia cl\u00ednica del asegurado, se corrobor\u00f3 su reticencia al suscribir el seguro. Ciertamente, el 25 de abril del 2005, se le diagnostic\u00f3 Diabetes mellitus al se\u00f1or Pe\u00f1a Vega, enfermedad que fue posteriormente confirmada el 14 de febrero del 2006, 11 de abril del 2006, noviembre del 2006 y abril del 2007. Sin embargo, \u00aben la declaraci\u00f3n suscrita al contratar el seguro de vida grupo deudores, fecha para la cual el se\u00f1or Pe\u00f1a estaba en pleno tratamiento de la Diabetes Mellitus, el propio paciente declar\u00f3 ante la aseguradora, (\u2026) que su estado de salud era normal y preguntado espec\u00edficamente respecto al padecimiento de diabetes respondi\u00f3 que no\u00bb. <\/p>\n
Por otra parte, destacaron la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa de la demandante, toda vez que \u00abla p\u00f3liza grupo de vida deudores tiene como beneficiario a Bancolombia, como asegurado al H\u00e9ctor Julio Pe\u00f1a, siendo el \u00fanico legitimado para reclamar los derechos derivados del contrato de seguro: Bancolombia como beneficiario\u00bb. Adujo, por lo dem\u00e1s, que en el caso en concreto no se cumple con ninguno de los presupuestos para que opere la subrogaci\u00f3n legal prescrita en el art\u00edculo 1668 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
Por \u00faltimo, aleg\u00f3 la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n formulada por Elvia Rosa Mateus, pues el asegurado muri\u00f3 \u00abel 15 de agosto de 2008, mientras que la demanda fue presentada hasta el 26 de agosto de 2010\u00bb, de manera que transcurrieron m\u00e1s de dos a\u00f1os entre la ocurrencia del siniestro y el d\u00eda en que se instaur\u00f3 la demanda. Aunado a ello, asegur\u00f3 que respecto de las pretensiones relacionadas con la p\u00f3liza VGD-112481 no se agot\u00f3 el requisito de procedibilidad. <\/p>\n
2. Por su parte, BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. manifest\u00f3 no constarle la mayor\u00eda de los hechos y admiti\u00f3 parcialmente otros (fls. 201-232, c. 1). En documento posterior, propuso las excepciones de \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa\u00bb, \u00abinexistencia de contrato de seguro por el cual se haya amparado el pago del saldo insoluto de las obligaciones de cuenta corriente y tarjetas de cr\u00e9dito tomadas por el se\u00f1or H\u00e9ctor Julio Pe\u00f1a con el Banco BBVA\u00bb, \u00abNulidad relativa del contrato de seguro, por el cual se ampar\u00f3 el pago de los cr\u00e9ditos No. 9019600023911 y 9019600027961, por la reticencia e inexactitud incurrida por el asegurado, en la declaraci\u00f3n del estado del riesgo\u00bb y \u00abprescripci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Comenz\u00f3 por precisar que \u00abel se\u00f1or H\u00e9ctor Julio Pe\u00f1a no fue incluido como asegurado dentro del grupo asegurado de la P\u00f3liza de Vida Grupo Deudores (\u2026) respecto de los cr\u00e9ditos otorgados al mismo por concepto de cuenta corriente y tarjetas de cr\u00e9dito, ello ,por cuanto \u00e9sta Entidad nunca formul\u00f3 solicitud alguna a la aseguradora para el efecto\u00bb. De manera que el amparo se circunscribi\u00f3 \u00fanicamente a los cr\u00e9ditos 9019600023911 y 9019600027961. Sumado a ello, apuntal\u00f3 que la se\u00f1ora Mateus S\u00e1nchez no est\u00e1 legitimada para impetrar la presente acci\u00f3n \u00abal no ser ella la persona que legal y contractualmente ostenta la condici\u00f3n de Beneficiaria de la P\u00f3liza de Vida Grupo Deudores No. 0110043\u00bb. Bajo los mismos presupuestos descritos en anterioridad, solicit\u00f3 que fuera declarado relativamente nulo el contrato de seguro \u00abdada la reticencia e inexactitud en la cual incurri\u00f3 el Asegurado en la declaraci\u00f3n del estado del riesgo\u00bb al omitir informar que sufr\u00eda de diabetes al momento de solicitar el seguro el 13 de abril del 2007. <\/p>\n
Por \u00faltimo, aleg\u00f3 la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n. <\/p>\n
B. Resoluci\u00f3n en las instancias <\/p>\n
1.- El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Descongesti\u00f3n de Bogot\u00e1 declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n denominada \u201cnulidad relativa del contrato de seguro contenidas en las p\u00f3lizas Nro. VGD-0110043, VGD-112481 y Plan Vida Ideal Nro. 004150570, por reticencia de H\u00e9ctor Julio Pe\u00f1a Vega\u201d y, consecuentemente, declar\u00f3 terminado el proceso, condenando en costas a las demandantes (folios 148 al 158, cuaderno continuaci\u00f3n cd. 1). <\/p>\n
2.- Impugnada la referida determinaci\u00f3n, el superior la revoc\u00f3, para en su lugar negar las pretensiones principales y subsidiarias formuladas por la se\u00f1ora Elvia Rosa Mateus S\u00e1nchez. As\u00ed mismo declar\u00f3, que seguros de Vida Suramericana S.A. es civil y contractualmente responsable, por no pagar la prestaci\u00f3n asegurada bajo el contrato de seguro de vida que se instrument\u00f3 en la p\u00f3liza N.\u00b0 004150570. Por consiguiente, la conden\u00f3 a pagar a favor de las se\u00f1oras Erika Pe\u00f1a Mateus y Diana Giovanna Pe\u00f1a Salinas la suma de $11.565.745, junto con los intereses moratorios causados a partir del 24 de septiembre de 2008, a la tasa del inter\u00e9s bancario corriente que peri\u00f3dicamente certifica la Superintendencia Financiera, aumentado en la mitad -pago que se har\u00eda en proporci\u00f3n del 50% para cada una de ellas-. <\/p>\n
3.- Conden\u00f3 en costas de ambas instancias a la se\u00f1ora Elvia Rosa Mateus S\u00e1nchez a favor de las dos aseguradoras demandadas. E impuso id\u00e9ntica condena a Seguros de Vida Suramericana, a favor de las se\u00f1oras Erika Pe\u00f1a Mateus y Diana Giovanna Pe\u00f1a Salinas (folios 35 al 57, cuaderno 7). <\/p>\n
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II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
De manera inicial, el Tribunal pone de presente el desacierto del a quo, en cuanto dio por acreditada la excepci\u00f3n de nulidad relativa \u2013por causa de reticencia- de los contratos que soportaron las pretensiones. El yerro se present\u00f3 porque las acciones de invalidez ya estaban prescritas cuando fueron planteadas por v\u00eda de excepci\u00f3n – con soporte en las previsiones contenidas en los art\u00edculos 1080, 1081 del C\u00f3digo de Comercio y lo discurrido por esta Corporaci\u00f3n en relaci\u00f3n con el tema-, lo que impon\u00eda abordar el examen de fondo de las pretensiones. <\/p>\n
En ese orden, en punto de las peticiones planteadas por la demandante Elvia Rosa Mateus comienza el estudio por la definici\u00f3n del contrato de seguro vida deudores. Se se\u00f1al\u00f3 que se trata \u00absin duda, de un seguro que le brinda amparo al deudor para el evento de muerte o configuraci\u00f3n de un motivo de invalidez, pero que tambi\u00e9n protege \u2013 o le brinda respaldo- al acreedor, quien puede ver afectado su patrimonio por raz\u00f3n de tales eventos. Por eso, aunque no es un seguro de cr\u00e9dito \u2013dado que no se hace efectivo en caso de incumplimiento en el pago-, el acreedor s\u00ed tiene inter\u00e9s asegurable en la vida del deudor, de conformidad con los art\u00edculos 1083 y 1137 del C\u00f3digo de Comercio, el \u00faltimo de los cuales prev\u00e9 en su numeral 3\u00ba, que toda persona tiene inter\u00e9s pasible de aseguramiento en la vida de \u201caquellas [personas] cuya muerte o incapacidad puedan aparejarle un perjuicio econ\u00f3mico\u2026\u201d\u00bb. Precis\u00f3 que \u00abpor su propia estructuraci\u00f3n y dise\u00f1o, en dicho seguro funge como beneficiario el acreedor, quien es, por tanto, la persona legitimada para reclamar la prestaci\u00f3n asegurada. No obstante, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha considerado que en caso de muerte del deudor y si el acreedor se abstiene de hacer efectiva la p\u00f3liza o la aseguradora objeta la reclamaci\u00f3n, sin que el beneficiario ejerza las acciones respectivas, bien pueden la viuda y los herederos de aquel ejercer la acci\u00f3n indemnizatoria correspondiente, para que el asegurador pague la prestaci\u00f3n asegurada\u00bb. <\/p>\n
Luego de rese\u00f1ar precedente de esta Corte (sent. 28 de julio de 2005, exp. 199-00449-041), \u00abdestaca que esa legitimaci\u00f3n extraordinaria -en la que se pide para otro- la tienen la viuda y los herederos desde la perspectiva de la responsabilidad extracontractual, toda vez que, se insiste, en principio es el acreedor, en su condici\u00f3n de beneficiario, el que tiene la legitimaci\u00f3n para ejercer la acci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 1080 del C\u00f3digo de Comercio\u201d. Adicionalmente, que lo apuntado no se aplica solamente al c\u00f3nyuge sobreviviente, sino que se extiende tambi\u00e9n al compa\u00f1ero permanente que le sobrevive al causante, pero que, en este \u00faltimo evento, quien alegue esta condici\u00f3n debe \u00aballegar al proceso la prueba respectiva, de conformidad con las directivas establecidas en el art\u00edculo 4\u00ba de la Ley 54 de 1990, reformado por el art\u00edculo 2\u00ba de las Ley 979 de 2005\u00bb. <\/p>\n
En cuanto a la prueba de la uni\u00f3n marital de hecho, asegur\u00f3 que \u00abPor supuesto que ante los jueces de familia, como funcionarios competentes para definir si entre dos personas se configur\u00f3 una uni\u00f3n marital de hecho, es posible acudir a cualquiera de los medios probatorios regulados por el C\u00f3digo de Procedimiento Civil. Pero eso es all\u00e1, no ac\u00e1, en donde la discusi\u00f3n gira en torno al derecho a unas determinadas prestaciones aseguradas\u00bb. Al amparo de lo anterior, determin\u00f3 que la se\u00f1ora Elvia Rosa Mateus carece de legitimaci\u00f3n para reclamar la prestaci\u00f3n asegurada respecto de las p\u00f3lizas Nos. VGD 110043 y 112481, porque \u00abm\u00e1s all\u00e1 de haber planteado erradamente sus pretensiones principales y subsidiarias desde la perspectiva de la responsabilidad contractual, lo cierto es que no acredit\u00f3 su condici\u00f3n de compa\u00f1era permanente del se\u00f1or H\u00e9ctor Julio Pe\u00f1a, dado que no aport\u00f3 la escritura p\u00fablica, el acta de conciliaci\u00f3n o la sentencia en la que se hubiere hecho ese reconocimiento\u00bb. Sostuvo el Tribunal que, de aceptar la \u00abposibilidad de analizar los elementos definitorios de la uni\u00f3n marital de hecho por funcionarios diversos a los competentes para declararla y con fines diferentes a los de su declaraci\u00f3n judicial\u00bb. En efecto, estim\u00f3 que el \u00fanico medio de prueba obrante para acreditar tal situaci\u00f3n (testimonio de Armando G\u00f3mez Mar\u00edn) est\u00e1 ayuno de otros elementos de juicio y \u00abno permite afirmar la presencia de los elementos que le son propios a la uni\u00f3n marital de hecho (comunidad de vida, permanente y singular; Ley 54\/90, art. 1)\u00bb. <\/p>\n
Por otra parte, asever\u00f3 que no pod\u00eda asign\u00e1rsele la calidad de subrogataria a la demandante \u00abrespecto de los acreedores beneficiarios de los seguros, por cuanto no se presenta ninguno de los presupuestos previstos en el art\u00edculo 1668 del C\u00f3digo Civil\u00bb por dos razones basilares: <\/p>\n
i.- En primer lugar, respecto del cr\u00e9dito No. 9019600023911, la actora era tambi\u00e9n deudora solidaria, de suerte que \u00abel pago que hizo la demandante no la torn\u00f3 en subrogataria del Banco BBVA como que, en estrictez, solvent\u00f3 una obligaci\u00f3n propia y no una deuda ajena, sin que tampoco pueda ampararse en la subrogaci\u00f3n que opera en favor del obligado solidario, en la medida en que el seguro de vida grupo deudores no es una garant\u00eda m\u00e1s, ni la aseguradora es una garante\u00bb, por lo que \u00abni el numeral 3\u00ba, ni el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 1668 del C\u00f3digo Civil, le sirven de acicate a la demandante para ubicarse como subrogataria.\u201d <\/p>\n
ii.- En cuanto a las dem\u00e1s obligaciones aseguradas, \u00abaunque ella no era deudora solidaria de las dem\u00e1s obligaciones incluidas en las dos p\u00f3lizas de seguro, la conclusi\u00f3n es la misma por cuanto en el expediente no aparece probada una subrogaci\u00f3n convencional, sujeta, como se sabe, a las reglas de la cesi\u00f3n de derechos (C.C., art. 1669; cfme C.S.J., sent. de 25 de mayo de 2005, expe. c-7198). Tampoco se estructur\u00f3 una subrogaci\u00f3n legal, porque no aparece prueba de que el pago que hizo la se\u00f1ora Mateus fue consentido expresa o t\u00e1citamente por el deudor, como lo reclama el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 1668 del C.C., ya referido, sin que ese consentimiento \u2013as\u00ed sea impl\u00edcito- pueda deducirse del solo hecho de haber pagado la deuda, como lo sugiere la parte recurrente, no s\u00f3lo porque, se insiste, el seguro de vida grupo deudores no es un seguro de cr\u00e9dito, sino tambi\u00e9n porque si las aseguradoras objetaron el pago de la indemnizaci\u00f3n en modo alguno es posible inferir que asintieron en el pago que la demandante hizo a los Bancos beneficiarios\u00bb. <\/p>\n
Respecto de las pretensiones relacionadas con el seguro de vida -elevadas por las hijas del causante-, asegur\u00f3 que no procede la excepci\u00f3n de nulidad relativa, por haber acaecido la prescripci\u00f3n de su acci\u00f3n. Respecto de la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n, afirm\u00f3 que se \u00abpas\u00f3 por alto que la solicitud de conciliaci\u00f3n extrajudicial en derecho suspendi\u00f3 dicho t\u00e9rmino -de dos a\u00f1os- hasta el momento de la expedici\u00f3n de la constancia de fracaso por parte del conciliador\u00bb. Por ende, tales peticiones estaban llamadas a prosperar. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
En su momento, la Corte inadmiti\u00f3 el sexto de los seis cargos elevados contra la sentencia impugnada. As\u00ed las cosas, el estudio que ahora emprende se confina a los restantes cinco cargos. Los cargos primero, cuarto y quinto se estudiar\u00e1n en conjunto en atenci\u00f3n a que comparten id\u00e9nticas consideraciones. Por su parte, los cargos segundo y tercero tambi\u00e9n ser\u00e1n estudiados conjuntamente por sus similares argumentos. Debe advertirse, adem\u00e1s, que el recurso se interpuso en vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. Por ello, es este estatuto el llamado a regular el tr\u00e1mite. <\/p>\n
PRIMER CARGO <\/p>\n
Con amparo en la causal primera prevista en el art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, y por raz\u00f3n de errores de hecho en la apreciaci\u00f3n de la demanda, su contestaci\u00f3n, el traslado de excepciones y algunos medios de prueba, se acusa la sentencia del Tribunal de ser indirectamente violatoria de los art\u00edculos 1494, 1495, 1602, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1624 del C\u00f3digo Civil y los art\u00edculos 1054, 1072, 1077 y 1080 del C\u00f3digo de Comercio. El dislate lo focaliza el recurrente en la indebida apreciaci\u00f3n de la demanda integrada, su contestaci\u00f3n, el escrito con el que se descorri\u00f3 el traslado y los contratos de seguro de vida grupo deudores No. 0110043 y 112481. Yerros que condujeron -sostuvo- a concluir erradamente que la controversia giraba \u00abdentro de la \u00e9gida de una responsabilidad civil extracontractual\u00bb, cuando, en su sentir, la acci\u00f3n impetrada tuvo fundamento en lo pactado en los aludidos contratos de seguro, \u00abde los que se deriva una t\u00edpica responsabilidad civil contractual\u00bb. <\/p>\n
En tal sentido, explic\u00f3 que al presentarse el siniestro \u2013 fallecimiento del se\u00f1or H\u00e9ctor Julio Pe\u00f1a Vega -, consecuencialmente se \u00abdio origen al cumplimiento de la obligaci\u00f3n condicional a cargo de los aseguradores demandados, consistente en el pago de los saldos de los cr\u00e9ditos otorgados al deudor \u2013 asegurado por parte de los bancos beneficiarios de los citados contratos de seguro, que se encontraban pendientes de pago a la fecha de su fallecimiento\u00bb. Por ende, la controversia gir\u00f3 en torno a la responsabilidad civil contractual, \u00abraz\u00f3n por la que la controversia debi\u00f3 ser resuelta con aplicaci\u00f3n de la normatividad denunciada como violada por falta de aplicaci\u00f3n, para as\u00ed haber ordenado el pago de lo contratado, principalmente a la demandante como subrogataria de los beneficiarios contractuales, en su defecto, subsidiariamente haber ordenado el pago directamente a los respectivos bancos beneficiarios atendiendo la petici\u00f3n para un tercero as\u00ed formulada por la demandante (\u2026)\u00bb. Se asever\u00f3 que la falta de aplicaci\u00f3n de los mentados art\u00edculos llev\u00f3 a negarle a la demandante la calidad de subrogataria de los bancos beneficiarios de los contratos de seguro de vida grupo deudores \u00abmisma que la jurisprudencia de la Corte ha destacado en favor de la compa\u00f1era permanente del causante, pasa casos como el que nos ocupa, desconocida igualmente por el Ad Quem, al haber razonado de la manera que lo hizo para negarle a la demandada la condici\u00f3n de compa\u00f1era permanente, aducida para justificar su actitud pago frente a las obligaciones que figuraron en cabeza de su compa\u00f1ero\u00bb. <\/p>\n
CUARTO CARGO <\/p>\n
Con amparo en la causal primera prevista en el art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, y por raz\u00f3n de errores de hecho en la apreciaci\u00f3n de la demanda, su contestaci\u00f3n, el traslado de excepciones y algunos medios de prueba, se acusa la sentencia del Tribunal de ser indirectamente violatoria de los art\u00edculos 1494, 1495, 1602, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1624 del C\u00f3digo Civil y los art\u00edculos 1054, 1072, 1077 y 1080 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
En s\u00edntesis, reitera lo ya expuesto en el cargo primero en cuanto a que debido a la incorrecta apreciaci\u00f3n de las citadas piezas procesales, el Tribunal concluy\u00f3 de manera contraevidente \u00abque las pretensiones incoadas se fundaban en una t\u00edpica situaci\u00f3n de responsabilidad civil extracontractual, cuando lo cierto es que las pretensiones se fundaban en los Contratos de Seguro Vida Grupo Deudores adosados con la demanda, (\u2026) error conceptual que no le permiti\u00f3 al juzgado aplicar correctamente el r\u00e9gimen contractual denunciado como vulnerado\u00bb. <\/p>\n
QUINTO CARGO <\/p>\n
Con apoyo en la causal primera prevista en el art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, y por raz\u00f3n de errores de hecho en la apreciaci\u00f3n de la demanda, su contestaci\u00f3n, el traslado de excepciones y algunos medios de prueba, se acusa la sentencia del Tribunal de ser indirectamente violatoria, por aplicaci\u00f3n integral indebida, de los art\u00edculos 2341, 2342, 2343, 2344 del C\u00f3digo Civil. Nuevamente, aduce que el Colegiado incurri\u00f3 en error al entender que la controversia giraba en torno a la \u00e9gida de la responsabilidad civil extracontractual, cuando lo cierto es que la acci\u00f3n tuvo su origen en lo pactado con los contratos de Seguro Vida Grupo Deudores No. 0110043 y 112481, de los que se deriva una responsabilidad civil contractual. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- En atenci\u00f3n a que el casacionista se propone demostrar que el Tribunal incurri\u00f3 en una omisi\u00f3n o apreciaci\u00f3n defectuosa de pr\u00e1cticamente todas las pruebas recaudadas en el proceso, y por esa v\u00eda, le endilga la violaci\u00f3n de normas sustanciales, preliminarmente resalta la Sala que la tarea del impugnante debe estar dirigida a demostrar, si de error de hecho se trata, que la pifia que le enrostra al juzgador es notoria o evidente. <\/p>\n
2.- Sumado a ello el numeral 2 de art\u00edculo 344, del C\u00f3digo General del Proceso, dispone que \u00ablos fundamentos de cada acusaci\u00f3n, [deben plantearse] en forma clara, precisa y completa\u00bb. La claridad hace referencia a que la argumentaci\u00f3n sea inteligible. La precisi\u00f3n apunta al tino, lo que impide que prospere una acusaci\u00f3n desenfocada o ayuna de simetr\u00eda con los fundamentos del fallo. Esa precisi\u00f3n involucra adem\u00e1s \u201csimetr\u00eda\u201d, entendida \u201ccomo armon\u00eda de la demanda de casaci\u00f3n con la sentencia en cuanto a la plenitud del ataque, es decir, porque aquella combate todas y cada una de las apreciaciones jur\u00eddicas y probatorias que fundamentan la resoluci\u00f3n\u2019 (Auto No. 174 de 8 de agosto de 2003, citando G.J. CCLV-116)\u201d (CSJ AC-226-2004 del 19 de octubre de 2004, rad. 66682-31-03-001-2002-00051-01). Pero s\u00f3lo ellas y no otras, pues si desv\u00eda su ataque a aspectos ajenos incurrir\u00eda en \u201cdesenfoque\u201d o \u201cdesatino\u201d, dado que, si el recurrente debe dirigir su embate a los argumentos de la sentencia, resulta del todo inoficioso a m\u00e1s de confuso esgrimir otros delineados a su mejor conveniencia, pero con olvido de las aludidas bases jur\u00eddicas o f\u00e1cticas del fallo que combate. <\/p>\n
Sobre este \u00faltimo aspecto de la regla t\u00e9cnica que se examina, dijo la Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00abEl fen\u00f3meno del desatino de la acusaci\u00f3n ocurre \u201ccuando la argumentaci\u00f3n del recurrente se enfoca hacia aspectos que no fueron desarrollados por el fallador, es decir cuando van por caminos dis\u00edmiles\u201d, por lo que las razones del casacionista \u201ccarecen de la virtualidad necesaria para enervar el soporte de la sentencia impugnada, siendo inane la censura formulada. Precisamente a este defecto, que supone que el recurrente dirija su labor impugnaticia hacia fundamentos diferentes de los tenidos en cuenta por el fallador y no frente al soporte real de la decisi\u00f3n, de antiguo, en la esfera casacional se le conoce como desenfoque o desatino del cargo, que, por la misma raz\u00f3n anotada, le resta todo m\u00e9rito de prosperidad a la censura.\u201d (Sentencia del 18 de octubre de 2000, exp. 5638) <\/p>\n
En el com\u00fan de las veces, el desenfoque de la impugnaci\u00f3n se establece al momento del estudio de fondo de la cuesti\u00f3n litigiosa, esto es, en el fallo propiamente dicho, siempre y cuando el sentenciador de casaci\u00f3n haya verificado que la acusaci\u00f3n se orient\u00f3 en sentido muy diverso de los fundamentos tenidos en cuenta por el Tribunal\u00bb. (CSJ AC 323-2000, del 15 de diciembre de 2000, rad. 760013110008-1996-8690-02. Subraya ahora la Sala) <\/p>\n
3. Visto lo anterior, advierte esta Corte que ninguno de los tres cargos en estudio satisface los anotados requisitos, como sigue a explicarse: <\/p>\n
3.1. Pues bien, los cargos primero, tercero y quinto, como ya se vio, denuncian reiteradamente la violaci\u00f3n indirecta por aplicaci\u00f3n integral indebida de los art\u00edculos 1494, 1495, 1602, 1618, 1620, 1621, 1622, 1624 del C\u00f3digo Civil y 1054, 1072, 1077 y 1080 del C\u00f3digo de Comercio. As\u00ed como la correlativa falta de aplicaci\u00f3n de los art. 2341, 2342, 2343 y 2344 del C\u00f3digo Civil, todo ello a consecuencia de \u00abla apreciaci\u00f3n indebida de la demanda y de su contestaci\u00f3n, incluido el escrito mediante el cual se descorri\u00f3 el traslado de las excepciones y otros medios de prueba\u00bb. Asegur\u00f3 que tal falencia conllev\u00f3 a que el Tribunal concluyera desacertadamente que las pretensiones \u00abse fundaban en una t\u00edpica situaci\u00f3n de responsabilidad civil extracontractual, cuando lo cierto es que las pretensiones se fundaron en los contratos de Seguro Vida Grupo Deudores\u00bb, lo que a su turno conllev\u00f3 a que se aplicara indebidamente el r\u00e9gimen de responsabilidad civil extracontractual denunciado. <\/p>\n
<\/p>\n
2. De la lectura de los citados cargos se advierte su desenfoque, porque en parte alguna el Tribunal soport\u00f3 -o debi\u00f3 soportar- su fallo en ninguna de esas disposiciones, pues su argumento fundamental fue la falta de legitimaci\u00f3n de la actora para ejercer la acci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 1080 del C\u00f3digo de Comercio. De manera que los pilares bajo los que se fundament\u00f3 el fallo cuestionado refirieron exclusivamente a la existencia o no de legitimaci\u00f3n en la causa por activa. As\u00ed, al no encontrar acreditado uno de los presupuestos de m\u00e9rito de la litis, no fue necesario ahondar en la comprobaci\u00f3n de los elementos para la estructuraci\u00f3n de la alegada responsabilidad civil contractual. <\/p>\n
Sin embargo, en la censura esgrimida, la actora se duele de la falta de aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 1494, 1495, 1602, 1618, 1620, 1621, 1622, 1624 del C\u00f3digo Civil y 1054, 1072, 1077 y 1080 del C\u00f3digo de Comercio, referentes a la definici\u00f3n de la fuente de las obligaciones (1494) y del contrato o convenci\u00f3n (1495), los efectos de las obligaciones (1602), la interpretaci\u00f3n de los contratos (1618-1624), la definici\u00f3n del riesgo (1054) y del siniestro (1072), la carga de la prueba respecto a la ocurrencia del siniestro (1077) y el plazo para el pago de la indemnizaci\u00f3n (1080); argumentaci\u00f3n que denota el olvido de las bases jur\u00eddicas o f\u00e1cticas del fallo que combate que son, se insiste a riesgo de ser reiterativo, la legitimaci\u00f3n de la actora para impetrar la acci\u00f3n de indemnizaci\u00f3n de perjuicios por la renuencia en el pago de la p\u00f3liza. Empero, en ning\u00fan error incurri\u00f3 el sentenciador de segunda instancia cuando no hizo actuar las normas civiles y comerciales -cuya falta de aplicaci\u00f3n reproch\u00f3 el recurrente-, porque tales c\u00e1nones resultan francamente irrelevantes para dictaminar la existencia o no de legitimaci\u00f3n en cabeza de la actora para impetrar la acci\u00f3n contenida en el art\u00edculo 1080 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
3.3. Respecto de la otra arista del cargo -en relaci\u00f3n con el C\u00f3digo Civil-, alude la censora a la indebida aplicaci\u00f3n del canon 2341 \u2013 sobre la definici\u00f3n de responsabilidad extracontractual-, 2342 \u2013legitimaci\u00f3n para solicitar la indemnizaci\u00f3n -, 2343 \u2013personas obligadas a indemnizar \u2013 y 2344 \u2013 sobre la responsabilidad solidaria -. <\/p>\n
No obstante, al observar la fundamentaci\u00f3n esgrimida por el Tribunal, no se advierte que se haya aplicado alguna de las disposiciones que se critican como err\u00f3neamente invocadas. Por el contrario, al momento de exponer las razones por las cuales se decant\u00f3 por desestimar las pretensiones de la demanda, precis\u00f3 que \u00abm\u00e1s all\u00e1 de haber planteado erradamente sus pretensiones principales y subsidiarias desde la perspectiva de la responsabilidad contractual\u00bb, con lo que indic\u00f3 que tal yerro no ser\u00eda el fundamento de su decisi\u00f3n; lo que s\u00ed lo fue la ausencia de acreditaci\u00f3n de la condici\u00f3n de compa\u00f1era permanente del causante \u2013 asegurado- deudor. <\/p>\n
4. Por tanto, para esta Sala es claro el desatino de la casacionista cuando enarbola la presunta vulneraci\u00f3n en argumentos y normas que no sirvieron de base para tomar la decisi\u00f3n de la manera en que lo hizo. Con ello, se incurri\u00f3 en un defecto formal por desenfoque y ausencia de simetr\u00eda, que amerita la no prosperidad de los cargos formulados. <\/p>\n
SEGUNDO CARGO <\/p>\n
Con estribo en la primera de las causales de casaci\u00f3n, en este cargo se acusa la sentencia de haber violado indirectamente por aplicaci\u00f3n indebida del art\u00edculo 4 de la Ley 54 de 1990, reformado por el 2 de la Ley 979 de 2005 y los art\u00edculos 1666, 1667, 1668, 1669 y 1670 del C\u00f3digo Civil y ante la falta de aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 1494, 1495, 1602, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1624 del C\u00f3digo Civil y 1054, 1072, 1077 y 1080 del C\u00f3digo de Comercio, a consecuencia de errores de hecho en la apreciaci\u00f3n probatoria. <\/p>\n
Con miras a desarrollarlo, indica que el Tribunal err\u00f3 al aplicar el art\u00edculo 4 de la Ley 54 de 1990 para dictaminar que no se dio por probada su condici\u00f3n de compa\u00f1era permanente \u00abtoda vez que las citadas normas regulan lo relacionado con la definici\u00f3n de las uniones maritales de hecho para efectos del r\u00e9gimen patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes, que no es el caso, pues la demandante no est\u00e1 pretendiendo efectos patrimoniales de la presunta sociedad patrimonial de hecho nacida de la uni\u00f3n marital de hecho, sino exclusivamente la demostraci\u00f3n de la condici\u00f3n de compa\u00f1era permanente para de esta manera demostrar entre otros, su inter\u00e9s leg\u00edtimo para haber acudido al pago del saldo insoluto de los cr\u00e9ditos que figuraron a nombre de su compa\u00f1ero permanente hasta la fecha de su fallecimiento (\u2026)\u00bb. Asegur\u00f3 que hab\u00eda emprendido tal empresa a fin de corroborar la legitimaci\u00f3n en la causa por activa en virtud de: i) la subrogaci\u00f3n respecto de los beneficiarios de los seguros y; ii) frente a la petici\u00f3n para el tercero, \u00abcuya legitimaci\u00f3n se le ha conferido, per ser, a los c\u00f3nyuges, compa\u00f1era (o) permanente sup\u00e9rstites y herederos, quienes acuden al pago en defensa del patrimonio construido por el causante\u00bb. <\/p>\n
Aunado a ello, la valoraci\u00f3n probatoria realizada por el Colegiado sobre los medios de prueba presentados para corroborar su calidad de compa\u00f1era permanente adolece de falta de cuidado y rigor. En tal sentido, censur\u00f3 como indebida la apreciaci\u00f3n del testimonio de Armando G\u00f3mez Mar\u00edn al que le rest\u00f3 valor probatorio \u00abpor el s\u00f3lo hecho de ser testimonio \u00fanico\u00bb. Por el contrario, dice, si hubiera estudiado en debida forma la prueba testimonial al amparo de las reglas de la sana cr\u00edtica \u00abse encuentra que: la ciencia, la precisi\u00f3n y completud de su dicho, aunado a la coherencia y calidad del deponente, no permit\u00edan desecharlo de la manera que lo hizo el juzgador, por lo que incurri\u00f3 en el error de hecho enrostrado por apreciaci\u00f3n indebida\u00bb, del cual se concluye con acierto \u00abla existencia de la convivencia de car\u00e1cter singular y permanente sostenida por la pareja Pe\u00f1a Mateus, y de ella su realidad de compa\u00f1eros permanentes\u00bb. <\/p>\n
Aleg\u00f3, adem\u00e1s, que existen otros medios de prueba que permiten demostrar la existencia de la convivencia permanente y singular sostenida por los compa\u00f1eros Pe\u00f1a Mateus. As\u00ed, mencion\u00f3: i) la copia de la historia cl\u00ednica del causante en la que aparece consignado que este viv\u00eda en uni\u00f3n libre con la demandante; ii) registro civil de nacimiento de Erika Pe\u00f1a Mateus, en la que se declara que es hija com\u00fan de los compa\u00f1eros permanentes; iii) el informe presentado por el investigador Alberto Santacruz Alegr\u00eda, contratado por la asegurador BBVA Seguros de Vida Colombia S.A., en el que se da cuenta de la situaci\u00f3n personal y familiar del asegurado; iv) Pagar\u00e9 de Finagro No. 9019600023011, en el que se registra como domicilio la habitaci\u00f3n en com\u00fan de la pareja; \u00abtodo lo cual, de haber sido apreciado de manera individual y en su conjunto por el juzgador, habr\u00eda encontrada (sic) probada la convivencia que como compa\u00f1eros permanentes sostuvieron la pareja Pe\u00f1a Mateus\u00bb. <\/p>\n
Insisti\u00f3 en que el juez de la apelaci\u00f3n se equivoc\u00f3 en la interpretaci\u00f3n de la demanda, la contestaci\u00f3n, el escrito con el que descorri\u00f3 el traslado de las excepciones y algunos medios de prueba, de las cuales se infiere que lo pretendido principalmente es la declaratoria de responsabilidad civil contractual de las demandadas. Por dem\u00e1s, subray\u00f3 que, si \u00abhubiese apreciado en debida forma, abordando su estudio de manera conjunta los contratos de seguro y mutuo, la conclusi\u00f3n habr\u00eda sido diferente, pues (\u2026) aqu\u00ed nos encontramos en presencia de contratos de linaje diferentes (mutuo y seguros), los que est\u00e1n ligados en relaci\u00f3n de dependencia\u00bb. Anot\u00f3 que con la muerte del deudor, naci\u00f3 la obligaci\u00f3n aseguraticia, la que a su turno tiene la virtualidad para extinguir el cr\u00e9dito que figur\u00f3 en cabeza del deudor \u2013 asegurado, pues aquella \u00abtiene como su \u00fanico prop\u00f3sito la extinci\u00f3n de la aludida obligaci\u00f3n mutuaria pendiente de pago a la muerte del deudor \u2013 asegurado; obligaci\u00f3n aseguraticia que al haber sido resistida por los aseguradores demandados sin causa que lo justificara (\u2026) los constituy\u00f3 en mora en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 1080 Mercantil\u00bb. <\/p>\n
Todo ello para evidenciar que el pago que realiz\u00f3 la demandante correspondi\u00f3 exactamente a la obligaci\u00f3n que se encontraba a cargo de las aseguradoras, de forma tal que \u00abnegarle su condici\u00f3n de subrogataria, constituye un acto a todas luces ilegal, antijur\u00eddico, o por lo menos, de absoluta injusticia que ri\u00f1e con las buena fe y las buenas costumbres en favor de quienes han resistido el cumplimiento de sus obligaciones sin justa causa; para quienes como lo determina la ley y qued\u00f3 demostrado, no se extingui\u00f3 la obligaci\u00f3n aseguraticia que ten\u00edan como acreedor a los bancos, sino que, se reitera, la acreencia se traslad\u00f3 a la demandante en virtud de la figura jur\u00eddica de la subrogaci\u00f3n negada por el Tribunal\u00bb. Por dem\u00e1s, advirti\u00f3 que el pago realizado por la demandante fue consentido t\u00e1citamente por las aseguradoras demandadas, \u00aben la medida que es un hecho notorio que, de no efectuar ellas el pago, con justificaci\u00f3n o sin ella, el mismo ser\u00e1 requerido a la c\u00f3nyuge y\/o compa\u00f1era (o) permanente, a los herederos, o dem\u00e1s obligados, a la que no se opusieron\u00bb. <\/p>\n
TERCER CARGO <\/p>\n
Con fundamento en la causal primera de casaci\u00f3n, en este cargo se acusa la sentencia del Tribunal, a causa de errores de hecho en la apreciaci\u00f3n de algunas pruebas y la pretermisi\u00f3n de otros, por falta de aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 1602 del C\u00f3digo Civil y los art\u00edculos 1054, 1072, 1077 y 1080 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
Arguye que el Tribunal aplic\u00f3 una sentencia cuyo fundamento f\u00e1ctico es diametralmente opuesto al presente. En concreto, asegur\u00f3 que la providencia del 2 de marzo del 2005, exp. 8946, \u00aben nada se asimila al estudiado, pues, mientras en el referido por la Corte se hace relaci\u00f3n a la petici\u00f3n propia elevada por la v\u00edctima en contra de quien le ha propiciado perjuicios pretendiendo su resarcimiento, fundado, obviamente, sobre los par\u00e1metros de la responsabilidad civil extracontractual; en el caso aqu\u00ed estudiado, se pide para otro, es decir, que se cumpla el contrato entre quienes fueron parte\u00bb. En tal sentido, llam\u00f3 la atenci\u00f3n sobre el error conceptual en el que incurri\u00f3 el Tribunal, pues, se reitera, confundi\u00f3 la petici\u00f3n para otro con la petici\u00f3n propia. Este error lo lleva a concluir \u00abque la legitimaci\u00f3n por activa en la petici\u00f3n para un tercero, la tienen la viuda y los herederos, exclusivamente, cuando la verdad es que, como igualmente lo tiene precisado la Corte, esa legitimaci\u00f3n la tiene todo aquel que demuestre una afectaci\u00f3n patrimonial inminente, derivada del incumplimiento o cumplimiento imperfecto de la relaci\u00f3n contractual cuyo cumplimiento solicita el juez, no para s\u00ed, sino all\u00e1 entre sus contratantes\u00bb. A continuaci\u00f3n, procede a reproducir los argumentos expuestos en el cargo segundo sobre su calidad de compa\u00f1era permanente del causante, hecho plenamente probado en el pleito. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En resumen, el Tribunal hall\u00f3 probada la falta de legitimaci\u00f3n en la causa de la demandante Elvia Roda Mateus por dos razones fundamentales, que condujeron a la desestimaci\u00f3n de las pretensiones: i) No se prob\u00f3 su condici\u00f3n de compa\u00f1era permanente del se\u00f1or H\u00e9ctor Julio Pe\u00f1a. ii) No se cumplen con los requisitos para que acaeciera la subrogaci\u00f3n convencional, as\u00ed como tampoco se present\u00f3 ninguno de los presupuestos previstos para la configuraci\u00f3n de la subrogaci\u00f3n legal. En discernimiento del ad quem, en lo que concierne con el cr\u00e9dito No. 9019600023911, como la actora era codeudora de la obligaci\u00f3n, el pago se realiz\u00f3 a t\u00edtulo personal, sin que pueda ampararse en la subrogaci\u00f3n que opera en favor del obligado solidario, \u00aben la medida en que el seguro de vida grupo deudores no es una garant\u00eda m\u00e1s ni la aseguradora es un garante\u00bb. Respecto de las otras deudas, no aparece probada la subrogaci\u00f3n convencional, as\u00ed como tampoco la legal \u00abporque no aparece prueba de que el pago que hizo la se\u00f1ora Mateus fue consentido expresa o t\u00e1citamente por el deudor\u00bb. <\/p>\n
El segundo cargo se enfoca en desquiciar ambas conclusiones, para lo cual el impugnante atribuye al Tribunal un error de hecho en la falta de apreciaci\u00f3n de la historia cl\u00ednica, el informe presentado por el investigador privado Alberto Santacruz, el registro civil de nacimiento de Erika Pe\u00f1a Mateus, el interrogatorio practicado a la demandante, la demanda, contestaci\u00f3n y escrito que descorre el traslado de excepciones, los contratos de seguro de vida grupo deudores, el pagar\u00e9 de Finagro y el testimonio rendido por Armando G\u00f3mez Mar\u00edn. Precis\u00f3, por un lado, que s\u00ed estaba probada su calidad de compa\u00f1era permanente. Y, por el otro, que s\u00ed hab\u00eda operado la subrogaci\u00f3n al haber pagado una deuda que contrajo su compa\u00f1ero permanente en vida. <\/p>\n
2. Con respecto a la legitimaci\u00f3n para pedir el cumplimiento de la obligaci\u00f3n en contrato de seguros de vida grupo deudores, esta Sala ha sostenido que \u00ab(\u2026) los causahabientes del deudor fallecido o las personas afectadas indirectamente con el seguro no son los beneficiarios del mismo, pues la vida se asegura para bien del acreedor, hasta la concurrencia del saldo insoluto de la obligaci\u00f3n. De ah\u00ed que, en el caso, el banco demandado ser\u00eda el \u00fanico llamado a exigir las consecuencias directas del seguro contratado\u00bb (sent. cas. civ. de 15 de diciembre de 2008 exp. 2001-01021-01). <\/p>\n
Empero, en atenci\u00f3n a que tal axioma no es absoluto, se ha aceptado que los terceros interesados, cuyos patrimonios pueden verse afectados por la inejecuci\u00f3n del acto jur\u00eddico (seguro), puedan exigir a la aseguradora que pague lo que debe a quien corresponda. Al respecto, a rengl\u00f3n seguido, en la mentada sentencia se precis\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00abCon todo, como el principio de la relatividad de los contratos no es absoluto, en consideraci\u00f3n a que la ejecuci\u00f3n o inejecuci\u00f3n de un negocio jur\u00eddico puede beneficiar o afectar indirectamente otros patrimonios, se tiene aceptado que los terceros interesados se encuentran facultados para velar por la suerte del mismo. Es el caso, entre otros, del c\u00f3nyuge sobreviviente o de los herederos del asegurado, inclusive del socio o vocero de una sociedad, cuya vida estaba amparada, quienes en defensa de la sociedad conyugal, de la herencia o del patrimonio social, pueden exigir a la aseguradora que pague lo que debe y a quien corresponde. <\/p>\n
Lo anterior, porque como lo explic\u00f3 la Corte en un antecedente que con algunos matices guarda relaci\u00f3n con el presente, si el acreedor \u201chall\u00f3 gratuitamente qui\u00e9n le asegurara que a la muerte del deudor ten\u00eda derecho a un monto igual al saldo insoluto de la deuda, y si para as\u00ed ponerse a cubierto de eventuales p\u00e9rdidas acudi\u00f3 a que su deudor pagase por ello (las primas del seguro), la viuda puede elevar su voz, precisamente porque la funci\u00f3n econ\u00f3mico-jur\u00eddica del seguro ha sido puesta en vilo ante la paciencia, aquiescencia, pasividad o tolerancia [del banco]. Dicha actitud causa de rebote un perjuicio en el patrimonio del causante y a su turno en el de la herencia y sociedad conyugal. Perfectamente dir\u00e1 la viuda que los seguros, y m\u00e1s lo que le han costado, son para eso, para cumplirse, porque esa es su funci\u00f3n normal y corriente; que para algo ha de servir el seguro. Cuando el seguro disputado en este juicio se contrat\u00f3, es verdad meridiana que el deudor, tanto o m\u00e1s que el propio Banco prestamista, est\u00e1 interesad\u00edsimo y hasta muy confiado en las proyecciones econ\u00f3micas que tal seguro reflejar\u00eda en su \u00f3rbita patrimonial, y acaso fue por ello que decidi\u00f3 pasar por la condici\u00f3n de pagar, de buen grado o no, la prima a la aseguradora que de ordinario, dicho sea de ocasi\u00f3n, le se\u00f1ala el mismo Banco. Dif\u00edcil imaginar inter\u00e9s m\u00e1s f\u00falgido. Mandarle que no despegue sus labios porque no es parte en el seguro, o porque el Banco, que s\u00ed es parte, puede obrar a su antojo, resulta una orden desproporcionada e inicua. O\u00edrla, pues, parece lo m\u00e1s sensato y de elemental justicia. Su clamor no es otro que \u00e9ste: el pago a mi acreedor, al propio tiempo me libera; ord\u00e9nenle, por consiguiente, que cumpla\u201d (Sentencia 195 de 28 de julio de 2005, expediente 00449)\u00bb. <\/p>\n
3. Con respecto a la declaraci\u00f3n de compa\u00f1ero permanente, es pertinente citar lo consagrado en el art\u00edculo 2 de la Ley 979 del 2005. Por lo dem\u00e1s, seg\u00fan varias sentencias que en sede constitucional ha proferido esta Corporaci\u00f3n1, tambi\u00e9n se ha aceptado que el v\u00ednculo marital se pruebe por cualquiera de los medios de prueba dispuestos por el C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
4. Como se sabe, la Sala ha reconocido la posibilidad de que se produzca la figura de la subrogaci\u00f3n de acreedor en el contrato de seguro, la cual tiene como efecto trasferir los derechos, acciones y privilegios a un \u201ctercero que paga\u201d, seg\u00fan las reglas tra\u00eddas en los art\u00edculos 1666 y 1670, ambos del C\u00f3digo Civil. Sin embargo, se ha dejado claro que tal instituto no se configura cuando se paga la obligaci\u00f3n como codeudor solidario del causante, \u00abcaso en el que el pago realizado no les otorga la calidad de beneficiarios del seguro de vida grupo deudores que tom\u00f3 el acreedor inicial, porque con motivo de la solidaridad pasiva, el banco, ante la dificultad del cobro del seguro, por las circunstancias que fueren, bien hab\u00eda podido exigir el pago de la obligaci\u00f3n al codeudor o codeudores solidarios sobrevivientes, efectuado el cual, sin m\u00e1s, quedar\u00eda extinguida la obligaci\u00f3n para todos los deudores solidarios, sin perjuicio de la \u201csubrogaci\u00f3n legal\u201d, contra los herederos del obligado solidario fallecido, en el caso en que fuera el interesado en la deuda\u00bb (SC del 25 de mayo del 2005, exp. C-7198). <\/p>\n
En efecto, trat\u00e1ndose de un seguro de vida grupo deudores, como el del caso, y no un seguro de cr\u00e9dito, se reitera, se explic\u00f3 que en las circunstancias especiales que ofrec\u00eda el litigio, \u00aben el que se verifica que el acreedor beneficiario del seguro quiso hacer efectivo \u00e9ste para aplicarlo a la deuda, mas no obtuvo el resultado positivo por causas ajenas a su voluntad, cuanto fue la aseguradora quien propuso una objeci\u00f3n que determin\u00f3 en \u00faltimas que el otro deudor solidario procediera a efectuar el pago de la deuda; y en el que, adem\u00e1s, median las relaciones internas de la solidaridad entre quien hizo ese pago y los herederos del codeudor, los que por causa de la extinci\u00f3n de la obligaci\u00f3n pasaban a ser beneficiarios del seguro; debe concluirse que no hay lugar a que el demandante pueda tomar para s\u00ed igual t\u00edtulo, beneficiario, por v\u00eda de la subrogaci\u00f3n\u00bb (sentencia No. 025 de 23 de marzo de 2004, expediente 14576). <\/p>\n
5. Como ya se expuso, el primer embate se circunscribe a cuestionar la falta de reconocimiento de la calidad de compa\u00f1era permanente de la demandante a causa de los errores de hecho cometidos por el Tribunal ante la pretermisi\u00f3n de la historia cl\u00ednica del causante; el registro civil de nacimiento de Erika Pe\u00f1a Mateus; el informe presentado por el investigador privado Alberto Santacruz Alegr\u00eda y el pagar\u00e9 de Finagro No. 9019600023011. <\/p>\n
Sin embargo -sobre el particular-, ninguna de las probanzas demuestra los elementos de convivencia, ayuda, el socorro mutuo, y la permanencia juntos de la pareja, los cuales aparejan la comunidad de vida. Al respecto, esta Sala ha sostenido que: \u00abLo sustancial, entonces, es la convivencia marital, donde, respetando la individualidad de cada miembro, se conforma una aut\u00e9ntica comuni\u00f3n f\u00edsica y mental, con sentimientos de fraternidad, solidaridad y est\u00edmulo para afrontar las diversas situaciones del diario existir. Es el mismo proyecto de vida similar al de los casados, con objetivos comunes, dirigido a la realizaci\u00f3n personal y en conjunto, y a la conformaci\u00f3n de un hogar dom\u00e9stico, abierto, si se quiere, a la fecundidad\u00bb (cfr. SC3452-2018 de 21 ag 2018, rad. n\u00b0 54001-31-10-004-2014-00246-01, aprobado en Sala de 30 may 2018. En el mismo sentido, SC1656-2018 de 18 may 2018, rad. n\u00b0 68001-31-10-006-2012-00274-01, aprobado en Sala de 02 marz 2018). <\/p>\n
6. En relaci\u00f3n con la prueba testimonial, se encuentra que la \u00fanica declaraci\u00f3n a la que se hace alusi\u00f3n es la del se\u00f1or Armando G\u00f3mez Mar\u00edn, quien dijo conocer a los se\u00f1ores Elvia Mateus y Julio Pe\u00f1a desde 1993, cuando comenz\u00f3 a trabajar con el causante. Manifest\u00f3 que le contaba que aquellos convivieron hasta el 15 de agosto del 2008 y que, en el manejo de los negocios, ambos se pon\u00edan siempre de acuerdo para obtener cr\u00e9ditos, comprar ganado. Sin embargo, nada dijo sobre la existencia o no de comunidad de vida, de su proyecto de vida en com\u00fan. Es decir, del compromiso de la pareja de constituir una familia. Por su parte, en relaci\u00f3n con la prueba documental omitida (folios 124 a 165, c.1; 141, 155, 157, 158, c. 1; 82, c. 1; 352 a 359, c. 1; 399 a 402, c. 1), observa la Corte que aquellas tampoco logran corroborar los elementos de la uni\u00f3n marital deprecada. <\/p>\n
7. Por otro lado, en cuanto a la otra arista del ataque relativa a la ausencia de reconocimiento de la subrogaci\u00f3n, se observa que el Tribunal no incurri\u00f3 en el yerro alegado. Para empezar, al observar la cr\u00edtica del censor, pareciera que este propone que en el caso en concreto oper\u00f3 la subrogaci\u00f3n legal -por el solo hecho de pagar la obligaci\u00f3n ajena-. En tal sentido, en reiteradas ocasiones sostuvo que oper\u00f3 el presupuesto establecido en el numeral 5 del art\u00edculo 1668 del C\u00f3digo Civil pues <\/p>\n
\u00ab(\u2026) con la muerte del se\u00f1or Pe\u00f1a Vega, naci\u00f3 la obligaci\u00f3n aseguraticia a cargo de los aseguradores demandados, en virtud a que su objeto era el de garantizar el pago de los diferentes contratos de mutuo otorgados a \u00e9ste, en el estado en el que se encontraran para el momento de la configuraci\u00f3n del siniestro, lo que aunado a la vocaci\u00f3n de cumplimiento respecto de los citados contratos de seguro fundamento de las pretensiones, precisada por el Tribunal, se entiende f\u00e1cilmente que el pago efectuado por la demandante a los bancos referidos, solucion\u00f3 una obligaci\u00f3n ajena y no propia, como equivocadamente lo dedujo el Tribunal; pago que fue consentido t\u00e1citamente por las aseguradora demandadas, en la medida que es un hecho notorio que, de no efectuar ellas el pago, con justificaci\u00f3n o sin ella, el mismo ser\u00e1 requerido a la c\u00f3nyuge y\/o compa\u00f1era (o) permanente, a los herederos, o dem\u00e1s obligados, a lo que no se opusieron\u00bb. <\/p>\n
Empero, es precisamente el apartado subrayado aquel que denota la falencia del censor en la demostraci\u00f3n del yerro (que a pesar de haberse alegado de hecho, deviene m\u00e1s bien en un error de derecho por cuanto increpa reiteradamente la falta de valoraci\u00f3n conjunta de las p\u00f3liza de seguros y de los contratos de mutuo), puesto que no es cierto que la aseguradora haya consentido expresa o t\u00e1citamente al pago de la obligaci\u00f3n a su cargo. <\/p>\n
As\u00ed mismo, no se configura en el caso en concreto la causal tercera del art\u00edculo 1668 del C\u00f3digo Civil, comoquiera que la actora no ostent\u00f3 la calidad de deudora solidaria respecto del cr\u00e9dito a cargo de la aseguradora. Ello pues el contrato de seguro de vida grupo deudores no es un seguro de cr\u00e9dito, por cuanto no ampara el cumplimiento o no de la obligaci\u00f3n dineraria. Por el contrario, tal como se explic\u00f3 en precedencia, es un seguro que cobija la eventual muerte de la persona asegurada \u2013 deudor. <\/p>\n
Tampoco puede colegirse la alegada subrogaci\u00f3n convencional, pues si bien el Banco recibi\u00f3 de un tercero el pago de la deuda, no existe prueba de la menci\u00f3n expresa en la carta de pago de la subrogaci\u00f3n voluntaria a la accionante en todos los derechos y acciones que le corresponden como acreedor del contrato de seguro. <\/p>\n
Como se sabe, en principio, el tercero pagador -solvens-puede ejercer diferentes acciones con respecto al deudor. Entre ellas, aquellas propias del contrato de mandato -si recibi\u00f3 el encargo de pagar-o de la agencia oficiosa -si el solvens act\u00fao de manera espont\u00e1nea-. O, desde luego, aquellas propias de la denominada subrogaci\u00f3n convencional. Se trata, en este caso, de una rancia2 e transcendental hip\u00f3tesis de un pago sui generis3, un \u201cpago-transferencia del cr\u00e9dito\u201d4, que se somete a ciertas reglas puntuales- incluso formales 5-: aquellas de la cesi\u00f3n de derechos -arts. 1959 C.C. y ss.- Sobre el particular, mem\u00f3rese que, de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 1669 del C\u00f3digo Civil6, para que esta figura opere es necesario que concurran los siguientes requisitos: (a) la calidad de tercero de quien paga, (b) la voluntad del acreedor en subrogar, (c) la menci\u00f3n expresa en la carta de pago y (d) la sujeci\u00f3n a las reglas de la cesi\u00f3n de derechos. Por tanto, no se observa vulneraci\u00f3n alguna cuando el Tribunal concluy\u00f3 que \u00aben el expediente no aparece probada una subrogaci\u00f3n convencional, sujeta, como se sabe, a las reglas de la cesi\u00f3n de derechos\u00bb. <\/p>\n
8. Finalmente, con respecto al cr\u00e9dito No. 9019600023911, incluido en la p\u00f3liza VGD. 110043, se le halla raz\u00f3n al Colegiado cuando asegur\u00f3 que \u00abel pago que hizo la demandante no la torn\u00f3 en subrogataria del Banco BBVA, como que, en estrictez, solvent\u00f3 una obligaci\u00f3n propia y no una deuda ajena, sin que tampoco pueda ampararse en la subrogaci\u00f3n que opera en favor del obligado solidario, en la medida en que el seguro de vida grupo deudores no es una garant\u00eda m\u00e1s, ni la aseguradora es un garante\u00bb. En efecto, a folio 399 a 402 obra el aludido pagar\u00e9, suscrito por la se\u00f1ora Elvia Rosa Mateus, por lo que \u00e9sta adquiri\u00f3 la calidad de codeudora de la obligaci\u00f3n. Entonces, al haber efectuado el pago, para esta Corte es claro que lo hizo en su condici\u00f3n de obligada directa por lo que, al tenor del inciso 1\u00b0 del canon 1625 del C\u00f3digo Civil, se produjo la extinci\u00f3n de la deuda, \u00absin adquirir quien la satisface, la calidad de \u201cbeneficiario\u201d del aludido negocio jur\u00eddico y tampoco opera la \u201csubrogaci\u00f3n\u201d, porque \u00e9sta en principio favorece al tercero que cumpli\u00f3 aquel acto, seg\u00fan el precepto 1666 ib\u00eddem, y no al obligado\u00bb (sent. cas. civ. de 16 de mayo de 2011 exp. 2000-09221-01). <\/p>\n
En tal sentido, si hubiese de operar el numeral 5 del art\u00edculo 1668 del C\u00f3digo Civil, lo ser\u00eda pero frente a los herederos del causante, contra quien tendr\u00eda que repetir por virtud de la solidaridad que se predica respecto de tal obligaci\u00f3n. A este respecto, la Corte ha dicho: <\/p>\n
\u201c(\u2026) de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 1579 ibidem, el deudor solidario que ha pagado la deuda queda subrogado en la acci\u00f3n del acreedor, \u201cpero limitada respecto de cada uno de los codeudores a la parte o cuota que tenga este codeudor en la deuda\u201d, y de modo tal que \u201csi el negocio para el cual ha sido contra\u00edda la obligaci\u00f3n solidaria, concern\u00eda solamente a alguno o algunos de los deudores solidarios, ser\u00e1n estos responsables entre s\u00ed, seg\u00fan las partes o cuotas que le correspondan en la deuda, y los otros codeudores ser\u00e1n considerados como fiadores\u201d, de lo cual se infiere que cuando paga el deudor verdaderamente interesado en la deuda no s\u00f3lo se extingue la obligaci\u00f3n en relaci\u00f3n con el acreedor, sino que no deviene ninguna consecuencia en relaci\u00f3n con los dem\u00e1s deudores solidarios, quienes en tal caso simplemente han fungido apenas como garant\u00eda personal de pago, de la cual no tuvo necesidad de hacer uso el acreedor\u201d (CSJ SC del 27 de nov. de 2002). <\/p>\n
Sin embargo, como se vio, no puede decirse lo mismo respecto del contrato de seguro, frente al cual no concurrir\u00eda en su cabeza, ni la calidad de beneficiaria del seguro en cuesti\u00f3n, ni la de subrogataria. En un caso de connotaciones similares, esta Corte sostuvo que: \u00ab[d]istinto es que los demandantes o uno de ellos, hayan pagado la obligaci\u00f3n como codeudores solidarios del causante, caso en el que el pago realizado no les otorga la calidad de beneficiarios del seguro de vida grupo deudores que tom\u00f3 el acreedor inicial, porque con motivo de la solidaridad pasiva, el banco, ante la dificultad del cobro del seguro, por las circunstancias que fueren, bien hab\u00eda podido exigir el pago de la obligaci\u00f3n al codeudor o codeudores solidarios sobrevivientes, efectuado el cual, sin m\u00e1s, quedar\u00eda extinguida la obligaci\u00f3n para todos los deudores solidarios, sin perjuicio de la \u2018subrogaci\u00f3n legal\u2019, contra los herederos del obligado solidario fallecido, en el caso en que fuera el interesado en la deuda\u00bb (sent. cas. civ. de 25 de mayo de 2005 exp. 7198). <\/p>\n
9. En una palabra, los reproches auscultados fracasan. <\/p>\n
<\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 26 de agosto de 2015 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en el proceso de responsabilidad civil contractual promovido Elvia Rosa Mateus S\u00e1nchez que instaur\u00f3 frente a BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. y la Compa\u00f1\u00eda Suramericana de Seguros de Vida S.A. <\/p>\n
Como quiera que la parte opositora replic\u00f3 en tiempo la demanda, con la que se sustent\u00f3 la impugnaci\u00f3n extraordinaria, se fija como agencias en derecho la suma de $6.000.000. Por la Secretar\u00eda de la Sala, efect\u00faese la correspondiente liquidaci\u00f3n en el momento procesal correspondiente. <\/p>\n
En su oportunidad, devu\u00e9lvase el expediente a la Corporaci\u00f3n de origen. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(con aclaraci\u00f3n de voto) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(con aclaraci\u00f3n de voto) <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
(con salvamento de voto) <\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-03-027-2010-00484-01 <\/p>\n
Con el acostumbrado respeto que siempre he observado por la Sala y por esta Corte de Casaci\u00f3n, con relaci\u00f3n al asunto aseguraticio decidido, me veo en la necesidad de salvar mi voto, por cuanto, no comparto la decisi\u00f3n adoptada en el fallo de la referencia, ni los argumentos basilares sobre los cuales \u00e9sta se edific\u00f3, porque desnaturaliz\u00f3 los conceptos: partes del contrato de seguro, terceros ajenos al convenio y, subrogaci\u00f3n. Ello dio lugar a la negativa del reconocimiento de la pretensi\u00f3n de Elvia Rosa Mate\u00fas S\u00e1nchez, compa\u00f1era del fallecido, H\u00e9ctor Julio Pe\u00f1a Vega. <\/p>\n
1. Los hechos relevantes, base del litigio sometido al escrutinio de la Sala: <\/p>\n
La recurrente, en primera instancia solicit\u00f3 declarar responsables a las aseguradoras BBVA Seguros de Vida Colombia S. A. y a Suramericana de Seguros de Vida S.A. por el no pago de las prestaciones aseguradas en dos contratos de Seguro de Vida Grupo Deudores, suscritos entre las convocadas y los Bancos BBVA S.A. y Bancolombia, respectivamente, y en consecuencia, disponer el pago a favor de la demandante de los saldos insolutos de los cr\u00e9ditos asegurados, en relaci\u00f3n con el cr\u00e9dito otorgado a H\u00e9ctor Julio Pe\u00f1a Vega, fallecido y compa\u00f1ero de la actora. Al lado, demandaron dos herederos del causante con relaci\u00f3n a otra p\u00f3liza, quienes no vienen en casaci\u00f3n. <\/p>\n
En respaldo de sus pretensiones, arguy\u00f3 que era la compa\u00f1era del interfecto por 23 a\u00f1os, quien celebr\u00f3 diferentes negocios bancarios asegurados, motivo por el cual, Pe\u00f1a Vega, ten\u00eda obligaciones insolutas. Fallecido \u00e9ste, realiz\u00f3 la reclamaci\u00f3n, pero la aseguradora la objet\u00f3, por omisi\u00f3n del asegurado en la declaraci\u00f3n de asegurabilidad, en su condici\u00f3n de tomador del seguro. <\/p>\n
Ante el requerimiento bancario, la compa\u00f1era sobreviviente pag\u00f3 los saldos insolutos con su propio peculio, adquiriendo la calidad de subrogataria. <\/p>\n
2. Presentada la acci\u00f3n vino la oposici\u00f3n de la parte interpelada y el Juzgado Cuarto Civil del Circuito declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de nulidad relativa; impugnada la sentencia, el superior la revoc\u00f3 para en su lugar, acceder parcialmente a las s\u00faplicas, condenando en costas a la recurrente, Elvia Rosa Mate\u00fas. <\/p>\n
Encontr\u00f3 prescrita la defensa de invalidez relativa, pero en lo tocante con la apelante, como no alleg\u00f3 la prueba de ser la compa\u00f1era permanente del fallecido porque no aport\u00f3 escritura p\u00fablica, acta de conciliaci\u00f3n o sentencia demostrativa de su reconocimiento marital, desestim\u00f3 la s\u00faplica; a\u00f1adi\u00f3, tampoco se le pod\u00eda otorgar la calidad de subrogataria al no presentarse ninguno de los presupuestos previstos en el art. 1668 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que no aparec\u00eda probada la subrogaci\u00f3n convencional prevista en el precepto 1669, ni tampoco demostrada la hip\u00f3tesis del numeral 5 del canon. 1668 del C.C. correspondiente a la aceptaci\u00f3n expresa o t\u00e1cita del consentimiento por parte del deudor, as\u00ed fuera impl\u00edcito, porque el seguro de vida no era seguro de cr\u00e9dito, adem\u00e1s, porque las aseguradoras objetaron el pago de la indemnizaci\u00f3n, lo cual traduc\u00eda no asentir la subrogaci\u00f3n. <\/p>\n
3. La Corte, tras desatar los cargos que en su oportunidad se declararon admisibles, razon\u00f3 que no se configuraba la subrogaci\u00f3n prevista en el art. 1668 en los numerales 3\u00ba y 5\u00ba, ni mucho menos la convencional, al no reunirse los requisitos, esencialmente la hip\u00f3tesis 5\u00aa al no ser cierto que, \u201c(\u2026) la aseguradora haya consentido expresa o t\u00e1citamente el pago de la obligaci\u00f3n a su cargo\u201d; y en relaci\u00f3n con la convencional porque \u201c(\u2026) si bien el Banco recibi\u00f3 de un tercero el pago de la deuda, no existe prueba de la menci\u00f3n expresa en la carta de pago de la subrogaci\u00f3n voluntaria a la accionante en todos los derechos y acciones que le corresponden como acreedor del contrato de seguro (\u2026)\u201d. <\/p>\n
4. Disiento, como ya lo adelant\u00e9, pues aceptar la postura de la improcedencia de la subrogaci\u00f3n en la materia aseguraticia cuando fallece el deudor del cr\u00e9dito, y sus herederos, c\u00f3nyuge o compa\u00f1ero, o bien, un tercero, obran en condici\u00f3n de tercero – pagador-solvens, con respecto a ese cr\u00e9dito o a los saldos insolutos dejados de pagar, constituye juicio valorativo que ri\u00f1e frente a la estructura del C.C. y las finalidades del seguro. Ese criterio desconoce numerosos preceptos legales y constitucionales, la buena fe, la equidad y la justicia, pero tambi\u00e9n la funci\u00f3n del contrato de seguro. <\/p>\n
Si la vida misma del deudor o el contrato de mutuo con ocasi\u00f3n de ese mutuo est\u00e1n asegurados, y por virtud de ese convenio de seguro corresponde a la aseguradora pagar el siniestro por haberse operado la condici\u00f3n o el hecho futuro a que se contrae el negocio jur\u00eddico, no hay raz\u00f3n de justicia para permitir que el sistema aseguraticio burle y deshonre el propio contrato. <\/p>\n
La posici\u00f3n de los dos integrantes del sistema financiero, Banco y Aseguradora, pugna frente al ordenamiento jur\u00eddico, ante la l\u00f3gica y al sentido com\u00fan; frente a la esencia misma de los c\u00f3digos, frente a principios, valores y derechos fundamentales, porque hay una fraudulenta y torticera connivencia entre el Banco acreedor del deudor y la Aseguradora del cr\u00e9dito o del suceso del fallecimiento del deudor, puesto que el primero no le cobra a la segunda, ni la segunda le paga al primero, la prestaci\u00f3n asegurada, y cuyas primas aseguraticias, muy por el contrario si se le ven\u00edan exigiendo al deudor fallecido. <\/p>\n
De contrapartida, en lugar de cumplir cuanto contractualmente deben honrar, la emprenden en contra de la c\u00f3nyuge, compa\u00f1era o herederos del fallecido. Y si estos pagan el cr\u00e9dito debido o el saldo insoluto adeudado; o si lo hace un tercero, actuando todos o cualquiera de ellos, en calidad de tercero-pagador-solvens, porque a ninguno de los que deben hacerlo, les vino en gana hacerlo, para conservar a salvo sus propios activos, no hay raz\u00f3n de justicia para decir, que no hay subrogaci\u00f3n. Ello es un desprop\u00f3sito. <\/p>\n
No hay porqu\u00e9 amparar la injusticia, si el propio C\u00f3digo y la Constituci\u00f3n en las reglas 1668 del C.C. y 83 de la C. N. y sino en los principios, remedian ese atropello. Cuando un heredero, c\u00f3nyuge o tercero, pagan en nombre de la renuente y artificiosa aseguradora, se levanta erguido el instituto de la subrogaci\u00f3n y, sino, pues el enriquecimiento incausado se despunta justiciero, contra quienes en la premisa econ\u00f3mica se asocian en silencio para, tras incumplir la propio relaci\u00f3n contractual, esquilmar el patrimonio de los herederos, c\u00f3nyuge o terceros cuando pagan una prestaci\u00f3n que por el hecho del fallecimiento del deudor, no les corresponde. <\/p>\n
Si el banco es el dominus negotti; porque tiene el capital que va a ser mutuado, y en tal condici\u00f3n, impone a su cliente las condiciones del contrato, y del mismo modo, de manera unilateral la contrataci\u00f3n del seguro; si es quien ostenta el inter\u00e9s asegurable; es el beneficiario del seguro y, finalmente, es quien gana comisiones por la colocaci\u00f3n de las p\u00f3lizas, entonces, lo menos que puede esperarse de esa ventajosa condici\u00f3n que le apareja innegables ganancias econ\u00f3micas, es que asuma las obligaciones precontractuales y contractuales que dicha posici\u00f3n le acarrea, entre ellas la de responder por los deberes que tiene como tomador, actuar de buena fe y coherentemente con sus propios actos, declarar al asegurador la informaci\u00f3n que est\u00e9 a su disposici\u00f3n y que resulta trascendental para la perfecci\u00f3n del contrato, y evitar causar perjuicios a sus clientes con su descuido o negligencia. <\/p>\n
De modo que, estando asegurada una obligaci\u00f3n crediticia o el suceso de la muerte del deudor cliente del Banco, codeudores del cr\u00e9dito -si es que los hay-, o los sucesores del deudor que deja bienes de fortuna, ostentan inter\u00e9s jur\u00eddico, cuando por negligencia del banco o de la aseguradora no se satisfacen las sumas insolutas, en pos de demandar las declaraciones y condenas por causa de la deshonra de las reglas y principios del derecho aseguraticio. <\/p>\n
5. Entre los productos que con mayor frecuencia se ofrecen en el esquema de la banca\u2013seguros, se hallan los seguros de vida de grupo de deudores, en los que la entidad financiera \u2013en calidad de tomadora por cuenta de su deudor y beneficiaria del seguro\u2013 suscribe con la compa\u00f1\u00eda aseguradora una p\u00f3liza con el fin de garantizar el pago de la obligaci\u00f3n en caso de que se produzca la muerte del mutuario, imponi\u00e9ndole a este \u00faltimo la obligaci\u00f3n de pagar la prima respectiva. <\/p>\n
En este contrato, como ha dicho la jurisprudencia, por ejemplo, en la decisi\u00f3n de 29 de agosto de 2000, el contrato de Seguro de Vida Grupo Deudores, ostenta una tesitura diferente al seguro de cr\u00e9dito, por tanto, el primero es: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [A]quel seguro, [donde] el riesgo que asume el asegurador es la p\u00e9rdida de vida del deudor, evento que afecta tanto al asegurado mismo, como es obvio, como eventualmente a la entidad tomadora de la p\u00f3liza, en el entendido de que su acreencia puede volverse de dif\u00edcil cobro por la muerte de su deudor, pero el especifico riesgo asumido por la compa\u00f1\u00eda de seguros en la p\u00f3liza objeto de litigio, no es la imposibilidad de pago del deudor por causa de su muerte, porque as\u00ed fuera podr\u00eda inferirse que la p\u00f3liza pactada con un riesgo de tal configuraci\u00f3n tendr\u00eda una connotaci\u00f3n patrimonial y se asemejar\u00eda a una p\u00f3liza de seguro de cr\u00e9dito. Lo que se asegur\u00f3 es lisa y llanamente el suceso incierto de la muerte del deudor, independientemente de si el patrimonio que deja permite que la acreencia le sea pagada a la entidad bancaria prestamista\u201d7. <\/p>\n
Las cl\u00e1usulas que rigen este contrato se pactan entre el banco tomador y la compa\u00f1\u00eda aseguradora, quien se\u00f1ala a aqu\u00e9l las condiciones, requisitos y dem\u00e1s directrices que deben cumplirse para que los deudores queden amparados por la cobertura. <\/p>\n
Cuando se trata de una p\u00f3liza colectiva para asegurar la vida de los mutuarios, el convenio se perfecciona cuando la entidad financiera env\u00eda a la aseguradora la lista del grupo de deudores que, previamente, ha catalogado como susceptibles de ser asegurados. En este caso, es el banco quien asume la obligaci\u00f3n de corroborar que sus clientes cumplan las condiciones se\u00f1aladas en la p\u00f3liza y sus correspondientes anexos. <\/p>\n
En este tipo de acuerdo, suele presentarse un conglomerado de contratos. Si el banco junto con la aseguradora son los protagonistas en todos ellos, no existe justificaci\u00f3n alguna para negar la existencia de una subrogaci\u00f3n a favor del tercero-pagador-solvens. En efecto, en esa concurrencia contractual, se pueden identificar, por lo menos, los siguientes: <\/p>\n
i) Un contrato de mutuo entre el banco y el deudor, que es el que da origen a todos los dem\u00e1s convenios. De \u00e9l dimanan otros convenios. El banco impone, por ejemplo, el de seguro a su cliente como condici\u00f3n para el otorgamiento del cr\u00e9dito, a fin de garantizar el recaudo del dinero prestado ante el evento incierto de la muerte del deudor, en cuyo caso la aseguradora pagar\u00e1 al banco el saldo de la deuda; <\/p>\n
ii) Un contrato de seguro entre la compa\u00f1\u00eda aseguradora y el banco\u2013tomador, el cual nace ligado al mutuo por el prop\u00f3sito econ\u00f3mico que se acaba de explicar, y donde la entidad financiera asume las obligaciones que, en calidad de tomador, le impone el art\u00edculo 1041 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
iii) Un contrato de mediaci\u00f3n entre el banco y la aseguradora, con base en el cual el primero act\u00faa como agente de seguros; <\/p>\n
iv) Un contrato de mandato con representaci\u00f3n, en el que el banco al distribuir seguros act\u00faa en nombre y representaci\u00f3n de la empresa aseguradora, por cuya virtud el primero est\u00e1 facultado para cobrar y recibir la prima para su mandante, como si fuese este \u00faltimo quien lo hiciera. <\/p>\n
6. En estos casos la p\u00f3liza est\u00e1 vinculada a la concesi\u00f3n de un pr\u00e9stamo en el que el riesgo asegurable recae en la vida del deudor, por lo cual, no nos hallamos frente a una relaci\u00f3n negocial \u00fanica sino frente a una hip\u00f3tesis t\u00edpica de contratos vinculados o conexos, cuyo entorno obligacional ha de analizarse en raz\u00f3n de la operaci\u00f3n econ\u00f3mica vista en conjunto. La trascendencia de esta situaci\u00f3n radica en que el banco, como dominus negotii, dirige todo el sistema contractual y, por tanto, reasume las obligaciones que haya podido desplazar a cargo de la aseguradora, como quiera que es quien, impone la celebraci\u00f3n de un seguro del cual, es el principal interesado y beneficiario. Si esa es la estructura dentro de la cual emergi\u00f3 el seguro de vida grupo deudor, donde esta involucrada la viuda pagadora, no puede la judicatura afectar a la parte d\u00e9bil, usuaria del sistema, revictimizarla frente al entramado contractual, donde los \u00fanicos ganadores con apoyo en su propio incumplimiento contractual son quienes realmente deb\u00edan cumplir la prestaci\u00f3n. <\/p>\n
7. Los antecedentes jurisprudenciales. En relaci\u00f3n con la legitimaci\u00f3n (o el inter\u00e9s para obrar) que puedan tener los causahabientes del deudor fallecido o las personas que resultan afectadas ante la negativa de la aseguradora de hacer efectivo el amparo, se memoran, algunos de los antecedentes m\u00e1s relevantes sobre el particular, los cuales conceptualmente pod\u00edan edificar la decisi\u00f3n, y serv\u00edan de pont\u00f3n firme para hacer justicia. <\/p>\n
El 25 de mayo de 2005, la Corte dej\u00f3 sentado que el contrato de seguro vida grupo deudores, se diferencia del de cr\u00e9dito, porque el riesgo asumido por el asegurador es la p\u00e9rdida de la vida del deudor, con independencia de si el patrimonio dejado por el causante permite pagar la obligaci\u00f3n a la entidad bancaria acreedora. <\/p>\n
All\u00ed mismo y ata\u00f1edero a los derechos que le asisten a los causahabientes del asegurado con la p\u00f3liza grupo deudores, frente la negativa de la aseguradora de hacer efectivo el amparo y al verse compelidos a solucionar la deuda con el acreedor financiero luego del acaecimiento de aquel suceso, adoctrin\u00f3: <\/p>\n
\u201cCotejado lo anterior con lo que expres\u00f3 el Tribunal, se observa total fidelidad, porque como ya se observ\u00f3, luego de advertir que la demanda \u201cno adolec\u00eda de oscuridad\u201d, el sentenciador identific\u00f3 que la condena solicitada es \u201cpor el no pago del seguro\u201d, pues cuando los demandantes solucionaron las obligaciones \u201centendieron que efectuaban un pago al que no estaban obligados por ser a las aseguradoras a quienes correspond\u00eda\u201d. <\/p>\n
\u201cIgualmente, cuando consider\u00f3 que al ocurrir la muerte de Jorge Enrique Pach\u00f3n, las aseguradoras y el Banco Cafetero se hab\u00edan colocado en deudoras y acreedor, respectivamente, por lo que no pod\u00eda sostenerse que los herederos cancelaron deudas del difunto, porque el causante \u201cnada deb\u00eda al momento de\u2026su deceso\u201d, es decir, en virtud del contrato de seguro de vida grupo deudores las obligaciones adquirieron \u201cun nuevo deudor, espec\u00edficamente las aseguradoras\u201d, raz\u00f3n por la cual no pod\u00eda negarse legitimaci\u00f3n a los demandantes por no ser parte en el contrato de seguro\u201d. (subrayas para destacar) <\/p>\n
\u201cEn lo dem\u00e1s, no se ve c\u00f3mo la condici\u00f3n de \u201cc\u00f3nyuge sobreviviente\u201d e \u201chijos leg\u00edtimos\u201d del causante, afirmada bien en los poderes otorgados, ya en la demanda, pueda desvirtuar la subrogaci\u00f3n, porque am\u00e9n de ser ciertas esas calidades, precisamente el Banco Cafetero, apoyado en las mismas, requiri\u00f3 a los demandantes para el pago de las obligaciones\u201d. <\/p>\n
\u201cDe otra parte, si por la subrogaci\u00f3n, legal o convencional, se traspasan los \u201cderechos, acciones y privilegios\u201d del antiguo al nuevo acreedor, no es equivocado sostener, con relaci\u00f3n al seguro de vida grupo deudores, que los demandantes adquirieron la calidad de beneficiarios, a t\u00edtulo oneroso, porque esa era precisamente la posici\u00f3n del Banco Cafetero en el contrato de seguros, que no es lo mismo a que fueran beneficiarios \u201cdirectos\u201d del citado seguro de vida grupo deudores (\u2026)\u201d. (subrayas ajenas al texto). <\/p>\n
Enseguida, precis\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]l Tribunal calific\u00f3 a quienes hicieron los pagos como \u201cterceros\u201d con respecto a las relaciones entre las aseguradoras y el Banco Cafetero. Este requisito de la subrogaci\u00f3n convencional, que entre otras cosas no se controvierte, desvirt\u00faa que los demandantes hayan solucionado las deudas del difunto. Como se dijo en la sentencia recurrida, no lo es porque dicho causante \u201cnada deb\u00eda al momento de ocurrir el deceso\u201d, en consideraci\u00f3n a que \u201cpor efectos del contrato de seguro\u201d, esas obligaciones se trasladaron, surgiendo un nuevo deudor, \u201cespec\u00edficamente las aseguradoras, que asum\u00edan el riesgo originado el siniestro (\u2026)8\u201d. <\/p>\n
Luego, en un asunto, un tanto an\u00e1logo al presente, conceptu\u00f3 acerca del inter\u00e9s que le asiste a los herederos, con ocasi\u00f3n de la \u201caquiescencia\u201d o \u201ctolerancia\u201d de las entidades financieras de ejercer su deber contractual de reclamar su derecho en calidad de beneficiaria del seguro, as\u00ed: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [S]i el negocio jur\u00eddico es, seg\u00fan la met\u00e1fora jur\u00eddica m\u00e1s vigorosa que campea en el derecho privado, ley para sus autores (pacta sum servanda), queri\u00e9ndose con ello significar que de ordinario son soberanos para dictar las reglas que los regir\u00e1, asimismo es natural que esa \u201cley\u201d no pueda ponerse en hombros de personas que no han manifestado su consentimiento en dicho contrato, si todo ello es as\u00ed, rep\u00edtese, al pronto se desgaja el corolario obvio de que los contratos no pueden ensanchar sus lindes para ir m\u00e1s all\u00e1 de sus propios contornos. (\u2026) El principio de la relatividad del contrato significa entonces que a los extra\u00f1os ni afecta ni perjudica; lo que es decir, el contrato no los toca, ni para bien ni para mal. <\/p>\n
Es con fundamento en ese criterio que a viudas como la de ac\u00e1, y en su caso a los herederos, se les impide todo reclamo que roce siquiera con la prestaci\u00f3n surgida del contrato de seguro. Como no fueron parte en dicho negocio -como de hecho no lo fueron-, aquellos principios sirven \u2013al\u00e9gase- de fuerte cerrojo al contrato para repudiar las miradas de curiosos y extra\u00f1os. Se les dir\u00e1 que como el contrato a nadie importa, as\u00ed es elemental que nadie ose perturbar la autonom\u00eda privada. <\/p>\n
Ocurre, empero, que (\u2026) hay un mal entendimiento del principio de la relatividad de los contratos. Y todo por echarse al olvido que en los alrededores del contrato hay personas que ciertamente no fueron sus celebrantes, pero a quienes no les es indiferente la suerte final del mismo. Dicho de otro modo, no s\u00f3lo el patrimonio de los contratantes padece por la ejecuci\u00f3n o inejecuci\u00f3n del negocio jur\u00eddico; tambi\u00e9n otros patrimonios, de algunos terceros, est\u00e1n llamados a soportar las consecuencias de semejante comportamiento contractual. <\/p>\n
Es apod\u00edctico, as\u00ed, que en el buen o mal suceso de los contratos hay mucha gente interesada. Bien fuera admitir la expresi\u00f3n de que en los contornos de los contratos revolotean intereses ajenos al mismo, los cuales no es posible rehusar o acallar no m\u00e1s que con el argumento de que terceros son. Por caso, \u00bfc\u00f3mo dec\u00edrselo a la viuda de ac\u00e1? Cierto que el deudor fallecido no es el beneficiario del seguro contratado; que su vida se asegur\u00f3 para bien del acreedor, en este caso el Banco. \u00bfQui\u00e9n podr\u00eda negarlo ante la letra clar\u00edsima del art\u00edculo 1144 del c\u00f3digo de comercio? De modo que s\u00f3lo el Banco es titular de las consecuencias directas del seguro contratado. Pero a m\u00e1s de \u00e9l tambi\u00e9n est\u00e1 indiscutiblemente interesada la viuda y los herederos, dado que las secuelas indirectas del contrato, se\u00f1aladamente el no pago del seguro, le perjudica. De la suerte de aquel contrato pende y en mucho la de la sociedad conyugal que ten\u00eda con su marido fallecido. Y algo similar le acontece a los herederos. M\u00e1s todav\u00eda: incluso podr\u00eda ser que al beneficiario del seguro no le interese hacerlo valer \u2013lo demuestra este proceso- porque a la vista tiene otra garant\u00eda como la hipoteca y sacar\u00e1 ventaja de quienes atemorizados por la p\u00e9rdida de sus bienes pagar\u00e1n, y hasta con prisa, o que despu\u00e9s de todo no le duela el incumplimiento de la aseguradora cuando le ha reclamado \u2013 cosa no infrecuente porque la experiencia se ha encargado de develarlo as\u00ed m\u00e1s de una vez-, y entonces ser\u00eda exacto afirmar que no hay mayor interesada que la viuda misma. <\/p>\n
C\u00f3mo no va a venir en pos de la viuda todo lo explanado en torno al principio de la relatividad de los negocios. Mayormente si de contratos de seguro de vida se trata, en el que, como se sabe, son convenciones destinadas por antonomasia a producir efectos a favor de personas que no han participado en su celebraci\u00f3n. Y m\u00e1s todav\u00eda por el contexto en que suele contratarse tal tipo de seguros. <\/p>\n
[S]i el acreedor hall\u00f3 gratuitamente qui\u00e9n le asegurara que a la muerte del deudor ten\u00eda derecho a un monto igual al saldo insoluto de la deuda, y si para as\u00ed ponerse a cubierto de eventuales p\u00e9rdidas acudi\u00f3 a que su deudor pagase por ello (las primas del seguro), la viuda puede elevar su voz, precisamente porque la funci\u00f3n econ\u00f3mico-jur\u00eddica del seguro ha sido puesta en vilo ante la paciencia, aquiescencia, pasividad o tolerancia [del banco]. Dicha actitud causa de rebote un perjuicio en el patrimonio del causante y a su turno en el de la herencia y sociedad conyugal. Perfectamente dir\u00e1 la viuda que los seguros, y m\u00e1s lo que le han costado, son para eso, para cumplirse, porque esa es su funci\u00f3n normal y corriente; que para algo ha de servir el seguro. Cuando el seguro disputado en este juicio se contrat\u00f3, es verdad meridiana que el deudor, tanto o m\u00e1s que el propio Banco prestamista, est\u00e1 interesad\u00edsimo y hasta muy confiado en las proyecciones econ\u00f3micas que tal seguro reflejar\u00eda en su \u00f3rbita patrimonial, y acaso fue por ello que decidi\u00f3 pasar por la condici\u00f3n de pagar, de buen grado o no, la prima a la aseguradora que de ordinario, dicho sea de ocasi\u00f3n, le se\u00f1ala el mismo Banco. Dif\u00edcil imaginar inter\u00e9s m\u00e1s f\u00falgido. Mandarle que no despegue sus labios porque no es parte en el seguro, o porque el Banco, que s\u00ed es parte, puede obrar a su antojo, resulta una orden desproporcionada e inicua. O\u00edrla, pues, parece lo m\u00e1s sensato y de elemental justicia. Su clamor no es otro que \u00e9ste: el pago a mi acreedor, al propio tiempo me libera; ord\u00e9nenle, por consiguiente, que cumpla (\u2026)\u201d9. <\/p>\n
Mas tarde, reiter\u00f3 en la sentencia de 15 de diciembre de 2008: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Con todo, como el principio de la relatividad de los contratos no es absoluto, en consideraci\u00f3n a que la ejecuci\u00f3n o inejecuci\u00f3n de un negocio jur\u00eddico puede beneficiar o afectar indirectamente otros patrimonios, se tiene aceptado que los terceros interesados se encuentran facultados para velar por la suerte del mismo. Es el caso, entre otros, del c\u00f3nyuge sobreviviente o de los herederos del asegurado, inclusive del socio o vocero de una sociedad, cuya vida estaba amparada, quienes en defensa de la sociedad conyugal, de la herencia o del patrimonio social, pueden exigir a la aseguradora que pague lo que debe y a quien corresponde (\u2026)10\u201d. <\/p>\n
Luego, en providencia de 5 de octubre de 2009, conceptu\u00f3 que cuando los terceros pagan con sus propios bienes, est\u00e1n pagando en lugar del asegurador; empero, ello <\/p>\n
\u201c(\u2026) no significa dejar al asegurador liberado de su prestaci\u00f3n, porque en el evento de que los terceros hubieren solucionado, con sus propios bienes, las obligaciones que ten\u00edan su g\u00e9nesis en la realizaci\u00f3n del riesgo asegurado, simplemente se presentar\u00eda un cambio de beneficiario del seguro, legal o convencional, seg\u00fan fuere el caso, y no el desplazamiento del mismo, que es algo totalmente distinto. Ahora, si pagaron por error, creyendo que eran deudores, igualmente gozar\u00edan de la acci\u00f3n de repetici\u00f3n del pago de lo no debido. <\/p>\n
Es m\u00e1s, en el caso de no haber pagado nada, el c\u00f3nyuge y los herederos tambi\u00e9n se encuentran legitimados para solicitar, judicial o extrajudicialmente, el cumplimiento del contrato de seguro, todo a favor del beneficiario del mismo, cuando \u00e9ste obra a su antojo, ante la \u201cpaciencia, aquiescencia, pasividad o tolerancia\u201d11, porque como en el mismo antecedente se anot\u00f3, esas actitudes causan de \u201crebote un perjuicio en el patrimonio del causante y a su turno en el de la herencia y sociedad conyugal (\u2026)12\u201d. <\/p>\n
8. Como se dijo l\u00edneas atr\u00e1s, la postura mayoritaria, omite tener en cuenta que, si el banco y la aseguradora constituyen el fundamento del dominus negotti, e imponen a sus clientes de manera unilateral la contrataci\u00f3n del seguro; si el Banco es quien ostenta el inter\u00e9s asegurable; es el beneficiario del seguro y, finalmente, es quien gana comisiones por la colocaci\u00f3n de las p\u00f3lizas, lo menos que puede esperarse de esa ventajosa condici\u00f3n que le apareja innegables ganancias econ\u00f3micas, es que asuma las obligaciones que dicha posici\u00f3n le acarrea, exigiendo la prestaci\u00f3n a la aseguradora, pero de ning\u00fan modo a la viuda, a los herederos o, a los terceros. <\/p>\n
9. La buena fe13: Es principio, derecho y paradigma del sistema normativo. Irradia y rige de manera cardinal y transversal todas las relaciones entre los particulares, y de \u00e9stos con el Estado14. Permea incluso los acuerdos de comercio privado internacional15. <\/p>\n
En materia contractual, seg\u00fan el art\u00edculo 1603 del C\u00f3digo Civil, los \u201ccontratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligaci\u00f3n o que por ley pertenecen a ella\u201d. <\/p>\n
La instituci\u00f3n es comprendida como el deber de las partes de obrar con lealtad en las relaciones jur\u00eddicas y respetar lo pactado en los negocios y actos jur\u00eddicos. Tambi\u00e9n, la de propender, rec\u00edprocamente, la realizaci\u00f3n de las expectativas leg\u00edtimas que tiene su contraparte frente al acuerdo, aun cuando para ello, deban desplegar conductas no se\u00f1aladas literalmente en \u00e9l, pero si afines a este. De tal forma, el principio reviste importancia anal\u00edtica en los contratos en todas sus etapas16 y adquiere una actividad (i) integradora, (ii) interpretativa y (iii) equilibradora. <\/p>\n
La funci\u00f3n integradora (i)17 permite a la buena fe adherir todas aquellas obligaciones secundarias o adicionales no previstas por las partes al celebrar y ejecutar el contrato. Incorporadas, garantizan la consolidaci\u00f3n de los intereses leg\u00edtimos de la parte afectada por su silencio. El rol cobra vital importancia en los contratos comerciales, en tanto, sin interesar la remisi\u00f3n normativa que el C\u00f3digo de Comercio hace a la legislaci\u00f3n civil (art\u00edculos 2 y 82218), tambi\u00e9n lo destaca en el precepto el art\u00edculo 87119. <\/p>\n
La funci\u00f3n interpretativa (ii) de la buena fe, logra fijar el alcance de las cl\u00e1usulas ambiguas, imprecisas u obscuras. Configura un par\u00e1metro hermen\u00e9utico, consistente en preferir siempre el sentido que logre de mejor manera satisfacer los intereses de las partes involucradas, bajo el marco de los postulados de honradez, fidelidad y probidad derivados de dicho principio. <\/p>\n
La aplicaci\u00f3n de la funci\u00f3n equilibradora (iii), se utiliza para preservar y restablecer la paridad contractual de los contratantes. En particular, cuando su desajuste es consecuencia del sistema masivo de contrataci\u00f3n comercial. Su caracter\u00edstica, entre otras, es la estandarizaci\u00f3n de las relaciones jur\u00eddicas20, la asimetr\u00eda de las partes21, la posici\u00f3n dominante22, y la regulaci\u00f3n estatal23. <\/p>\n
En el caso de estos seguros se opera una condici\u00f3n suspensiva con la muerte del deudor, de tal modo, que cuando se materializa el riesgo acaeciendo el siniestro, se torna exigible la prestaci\u00f3n aseguraticia donde el beneficiario, el acreedor (banco), autom\u00e1ticamente debe hacer exigible la prestaci\u00f3n a la aseguradora, debiendo realizar las conductas para recaudar la prestaci\u00f3n. Y al no hacerlo, como en el presente caso, sin duda se hace solidario y corresponsables con su aliada la aseguradora, pues al omitir esa conducta de cobro del valor asegurado a la aseguradora, incurre en fraude obligacional. <\/p>\n
El hecho de que un fallecido tenga bienes y, por tanto, exista una garant\u00eda no puede afectar el patrimonio que quiso proteger el asegurado, abusando el sistema financiero de su posici\u00f3n dominante. Esto de tajo, afecta el principio de la buena fe. De modo que el juez, no puede favorecer a las partes que en la ejecuci\u00f3n de un contrato act\u00faan en contra de la \u00e9tica jur\u00eddica para sustraerse del cumplimiento del pacto que han celebrado; y de contera, desconociendo y cercenando el derecho para exigir el cumplimiento del v\u00ednculo de seguro grupo de deudores, para solicitar la restituci\u00f3n de lo indebidamente pagado, cuanto de conformidad con el contrato aseguraticio era prestaci\u00f3n propia y directa de la aseguradora frente al Banco. Ocurrida la muerte del deudor, correspond\u00eda a la aseguradora pagar, y si quien lo realiz\u00f3 fue la viuda, se trataba de un pago al cual no estaba obligada, y por tanto, se impon\u00eda abrir paso a la subrogaci\u00f3n. <\/p>\n
Por consiguiente, correspond\u00eda al juez de los jueces evitar el quebrantamiento de la buena fe y hacer justicia evitando abuso que afecta los intereses de la viuda, persona natural, cuyos derechos son fueron desconocidos en las instancias como subrogataria. <\/p>\n
10. Otros principios. Aquellos principios fueron infringidos por la relaci\u00f3n contractual abusiva Banco-Aseguradora frente a la viuda. Pero adem\u00e1s, se afectan los de simetr\u00eda y paridad contractual entre las partes del convenio de seguro, los de cumplimiento de los deberes primarios y secundarios ya expuestos junto a la buena fe y como parte de ella tambi\u00e9n, los principios generales de derecho con especial incidencia del de equidad, el principio de relaci\u00f3n exclusiva entre asegurador-asegurado y terceros mediados por virtud de la conexidad jur\u00eddica, funcional, t\u00e9cnica y econ\u00f3mica derivada eventualmente de las partes; y, por supuesto, por hallarse el negocio jur\u00eddico en el \u00e1mbito del Estado constitucional y social de Derecho, los principios, valores y derechos constitucionales como base de la \u00e9tica negocial en las circunstancias de carencias normativas para resolver los conflictos entre los contratantes. <\/p>\n
Desde esta perspectiva, si el acreedor, exigi\u00f3 el pago de la deuda no a la aseguradora sino a la viuda del causante, sin importarle las circunstancias anotadas, la recurrente, por tanto, estaba facultada para ejercer una acci\u00f3n de responsabilidad civil en contra del primero, tras acreditar tener un inter\u00e9s evidente en el cumplimiento del contrato. <\/p>\n
Cuando un tercero, un heredero, un c\u00f3nyuge o compa\u00f1ero asume las deudas de un causante, existiendo seguro de vida-grupo deudores, se subrogan en las acciones del acreedor, circunstancia que como se anot\u00f3, se explica por haber sido conminados a solucionar dichos cr\u00e9ditos, por tanto, adquirieron, un derecho propio (iure proprio), directo, inmediato y personal, con repercusi\u00f3n en sus bienes hereditarios, pues se les irrog\u00f3 un detrimento patrimonial, ello les confiere una acci\u00f3n personal para exigir el cumplimiento de las prestaciones propias de la relaci\u00f3n contractual aseguraticia, as\u00ed no hayan hecho parte de esta y, al margen de cualquier consideraci\u00f3n sucesoral (iure hereditario). <\/p>\n
En el caso, en efecto se da una subrogaci\u00f3n, por cuanto hubo traslado de un cr\u00e9dito, de que es titular la entidad financiera, el cual, por fuerza de los hechos, y por virtud de la mala fe de la entidad bancaria, debi\u00f3 ser asumido por un tercero que pag\u00f3. <\/p>\n
11. Hubo mala fe de la entidad bancaria porque en lugar de exigirle la prestaci\u00f3n debida por causa del fallecimiento del deudor, a la aseguradora, procedi\u00f3, contra la viuda, soslayando el plexo negocial que conoc\u00eda, al favorecer a su asociada, la aseguradora, para emprender contra los intereses de terceros la exigencia de la obligaci\u00f3n, afectando los derechos subjetivos de la parte, ahora demandante en este declarativo. Contrastada esta circunstancia con las seis hip\u00f3tesis de subrogaci\u00f3n legal que presenta el art. 1668 del C.C., esta situaci\u00f3n se subsume en el numeral \u201c(\u2026) 5. Del que paga una deuda ajena, consinti\u00e9ndolo expresa o t\u00e1citamente el deudor\u201d. <\/p>\n
Bajo estas premisas, las v\u00edctimas, son simplemente afectados en su patrimonio, dado el comportamiento asumido en forma torticera por la entidad financiera, y tomadora del seguro, al exigirles un cr\u00e9dito que se hallaba a cargo de la aseguradora, una vez acaecido el siniestro. <\/p>\n
La parte actora en su condici\u00f3n de afectada y subrogataria, por haber pagado una deuda que no era propia, ostentaban una legitimaci\u00f3n patente para la presente acci\u00f3n. Al contar el fallecido con un contrato aseguraticio que se ven\u00eda cumpliendo y tras haber acaecido su deceso, como siniestro asegurado, correspond\u00eda al Banco demandante cobrar a la aseguradora y no a los terceros o interesados en la sucesi\u00f3n del fallecido. <\/p>\n
Acontecido el siniestro, estaba entonces a cargo de la aseguradora la obligaci\u00f3n de pagar el correspondiente seguro al Banco demandado; empero, no lo hizo. El ente financiero, por su parte, tampoco hizo valer la acci\u00f3n propia dimanante del v\u00ednculo de seguro; y, por el contrario, de mala fe exigi\u00f3 a quienes no eran parte del contrato, la obligaci\u00f3n crediticia. <\/p>\n
La promotora en este decurso declarativo, al haber solucionado el cr\u00e9dito del difunto sin corresponderle, al no formar parte de esa relaci\u00f3n obligatoria aseguraticia, sin duda, estaba legitimada para solicitar la restituci\u00f3n de lo indebidamente pagado, o para ejercer la acci\u00f3n subrogatoria contra el Banco y la aseguradora. Tras haber solucionado la deuda, emerg\u00eda para el tercero-pagador-solvens un inter\u00e9s directo para subrogarse en lo pagado, por cuanto <\/p>\n
\u201c(\u2026) en los alrededores del contrato hay personas que ciertamente no fueron sus celebrantes, pero a quienes no les es indiferente la suerte final del mismo. Dicho de otro modo, no s\u00f3lo el patrimonio de los contratantes padece por la ejecuci\u00f3n o inejecuci\u00f3n del negocio jur\u00eddico; tambi\u00e9n otros patrimonios, de algunos terceros, est\u00e1n llamados a soportar las consecuencias de semejante comportamiento contractual (\u2026)24\u201d. <\/p>\n
12. Dejo de este modo mi salvamento, significando que se afectaron los derechos fundamentales de quien, sin ser parte en un contrato de seguro pag\u00f3; pero en el mismo sentido, para quien siendo codeudor solidario en el cr\u00e9dito del fallecido, demuestra, que la obligaci\u00f3n que garantizaba al fallecido, no le concern\u00eda parte alguna en esa deuda, o no ten\u00eda ninguna parte o cuota en la misma; pero del mismo modo, tampoco era garante o codeudor solidario de la aseguradora sino del causante, y quien era la directamente obligada a pagar el cr\u00e9dito del fallecido, por causa del siniestro asegurado, era la aseguradora, y nada m\u00e1s. <\/p>\n
Fecha, ut supra. <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
MAGISTRADA <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n
Radicaci\u00f3n no. 11001-31-03-027-2010-00484-01 <\/p>\n
Con el respeto acostumbrado por las decisiones mayoritarias, no obstante que en el presente asunto comparto lo decidido y parte de su argumentaci\u00f3n, debo aclarar mi voto en tanto discrepo de la consideraci\u00f3n general contenida en el numeral 3 de la p\u00e1gina 29 de la decisi\u00f3n, conforme a la cual \u201ccon respecto a la calidad de compa\u00f1ero permanente, es pertinente citar lo consagrado en el art\u00edculo 2 de la Ley 979 del 2005. Por lo dem\u00e1s, seg\u00fan varias sentencias que en sede constitucional ha proferido esta Corporaci\u00f3n25,tambi\u00e9n se ha aceptado que el v\u00ednculo marital se pruebe por cualquiera de los medios de prueba dispuestos por el C\u00f3digo General del Proceso\u201d. <\/p>\n
No la comparto porque creo que no obstante la necesaria relaci\u00f3n entre el v\u00ednculo marital de hecho y el estado civil de compa\u00f1ero o compa\u00f1era permanente26, la forma de acreditaci\u00f3n varia como que para el primero existe libertad probatoria mientras que para el segundo, debe atenderse la solemnidad probatoria que para ese efecto establece el legislador lo que impide traslapar la forma de acreditaci\u00f3n de la causa o hecho generador \u2013 uni\u00f3n marital de hecho – a la del efecto o situaci\u00f3n jur\u00eddica que surge de aquel \u2013 estado civil de compa\u00f1ero o compa\u00f1era permanente -. <\/p>\n
En consecuencia con aplicaci\u00f3n por expresa remisi\u00f3n del art. 4 del D.2158 de 1970, de las normas pertinentes contenidas en el Estatuto del Registro del Estado Civil de las Personas27, como estado civil que \u201cdebe constar en el registro del estado civil\u201d28, cuando se invoca la calidad de compa\u00f1ero o compa\u00f1era permanente, para que haga \u201cfe en proceso\u2026autoridad\u2026empleado o funcionario p\u00fablico\u2026\u201d29 debe ser acreditado \u201ccon copia de la correspondiente partida o folio, o con certificados expedidos con base en los mismos\u201d30 y no con \u201ccualquiera de los medios dispuestos por el C\u00f3digo General del Proceso\u201d. Es que, as\u00ed se exige para establecer el estado civil de casado o casada. De tal manera que no existe raz\u00f3n para la diferencia en el trato31 si la familia \u201cse constituye por v\u00ednculos naturales o jur\u00eddicos, bien por la decisi\u00f3n libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio, ya por la voluntad responsable de conformarla,\u2026\u201d32 <\/p>\n
Al efecto, es la misma Corporaci\u00f3n la que ha considerado que \u201cLa ley, es cierto, no designa expresamente a la uni\u00f3n marital de hecho como un estado civil, pero tampoco lo hace con ning\u00fan otro, simplemente los enuncia, aunque no limitativamente, y regula, como acontece con los nacimientos, matrimonios y defunciones, y lo propio con la referida uni\u00f3n. Por ello, el art\u00edculo 22 del Decreto 1260 de 1970, establece que los dem\u00e1s \u2018hechos, actos y providencias judiciales o administrativas relacionadas con el estado civil\u2019, en todo caso, \u2018distintos\u2019 a los que menciona, deben inscribirse, al igual que \u00e9stos, , en el registro respectivo, as\u00ed sea en el libro de varios de la notar\u00eda, como lo permite el art\u00edculo1\u00b0 de Decto 2158 de 1970\u2026\u201d33- subrayado fuera de texto-. <\/p>\n
Dejo as\u00ed consignada la aclaraci\u00f3n de mi voto. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n
Radicado n\u00b0 11001-31-03-027-2010-00484-01 <\/p>\n
Aunque estoy de acuerdo con la decisi\u00f3n de no casar la sentencia proferida el 26 de agosto de 2015 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 por cuanto los cargos formulados contienen deficiencias t\u00e9cnicas que los tornan inviables, aclaro mi voto respecto de dos apartados de la motivaci\u00f3n que, desde mi punto de vista, al haber sido abordados para la definici\u00f3n de la censura ameritaban mayor reflexi\u00f3n de la Sala. <\/p>\n
1.- Al examinar en conjunto los cargos primero, cuarto y quinto, que acusan violaci\u00f3n indirecta de normas sustanciales por error de hecho, se indica que el descontento de la recurrente se centra en que el Tribunal concluy\u00f3 de manera contraevidente que las pretensiones incoadas se fundaban en una t\u00edpica situaci\u00f3n de responsabilidad civil extracontractual, cuando lo cierto es que ten\u00edan respaldo en los contratos de seguro vida grupo deudores, de los que se deriva una responsabilidad contractual. <\/p>\n
Al circunscribir el an\u00e1lisis de tales reproches a una discusi\u00f3n acerca del r\u00e9gimen de responsabilidad aplicable para deducir que los cargos eran \u00abdesenfocados\u00bb, se pas\u00f3 por alto que la esencia de los mismos era el cuestionamiento de los argumentos del ad quem para desestimar la calidad de subrogataria de los \u00abbancos beneficiarios de los contratos de seguros de vida grupo deudores\u00bb, que se abrog\u00f3 la demandante desde la g\u00e9nesis del proceso para sustentar su legitimaci\u00f3n por activa en perspectiva de una acci\u00f3n contractual que, ciertamente, fue demeritada por el tribunal al aducir que la legitimaci\u00f3n extraordinaria que para ese efecto ten\u00edan la viuda y los herederos se inscrib\u00eda en la responsabilidad extracontractual. <\/p>\n
En ese contexto, calificar como desenfocado el cuestionamiento de la recurrente comporta soslayar un pronunciamiento concreto sobre un aspecto basilar del prove\u00eddo impugnado. No obstante, esa discusi\u00f3n ha debido darse frente a los supuestos de la primera causal de casaci\u00f3n por violaci\u00f3n directa de la ley en la medida que comportar\u00eda un error de juzgamiento, lo que supon\u00eda circunscribir los reproches a la cuesti\u00f3n jur\u00eddica sin extenderse a la materia probatoria como lo hizo la casacionista. <\/p>\n
2.- Los cargos segundo y tercero, que se estudiaron en forma conjunta, refieren violaci\u00f3n indirecta de disposiciones sustantivas por error de hecho derivado de la apreciaci\u00f3n indebida de algunos medios probatorios; en ellos se cuestiona el argumento toral del fallo de segunda instancia referente a la falta de legitimaci\u00f3n de Elvia Rosa Mateus para reclamar la prestaci\u00f3n asegurada, porque \u00abno acredit\u00f3 su condici\u00f3n de compa\u00f1era permanente del se\u00f1or H\u00e9ctor Julio Pe\u00f1a, dado que no aport\u00f3 la escritura p\u00fablica, el acta de conciliaci\u00f3n o la sentencia en la que se hubiere hecho ese reconocimiento\u00bb, de conformidad con el art\u00edculo 4\u00b0 de la Ley 54 de 1990, reformado por el art\u00edculo 2\u00b0 de la Ley 979 de 2005, y porque de aceptar otros medios de convicci\u00f3n para ese prop\u00f3sito solo se contaba con el testimonio de Armando G\u00f3mez Mar\u00edn, que resultaba insuficiente. <\/p>\n
Pese a los profusos elementos de an\u00e1lisis invocados por la recurrente para cuestionar la inferencia del sentenciador a ese respecto, la definici\u00f3n propuesta en la sentencia que se aclara es demasiado escueta y no brinda ninguna respuesta puntual frente a un tema controversial que exige mayor motivaci\u00f3n jur\u00eddica en sede de casaci\u00f3n, en cumplimiento de la labor unificadora de la jurisprudencia que le corresponde a la Corte, con independencia de lo infundados que pudieran resultar los cargos ante la mixtura evidenciada en la confusi\u00f3n de los errores de hecho con los de derecho. <\/p>\n
Sobre ese t\u00f3pico, vale la pena poner de relieve que el originario art\u00edculo 4\u00ba de la Ley 54 de 1990 se\u00f1alaba que la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho se establecer\u00eda por los medios ordinarios de prueba consagrados en el C\u00f3digo de Procedimiento Civil con conocimiento de los jueces de familia, es decir, mediante sentencia judicial, no obstante, esa exigencia fue flexibilizada por virtud de la modificaci\u00f3n que a esa norma introdujo el art\u00edculo 2\u00ba de la Ley 979 de 2005 \u00abpor medio de la cual se modifica parcialmente la Ley 54 de 1990 y se establecen unos mecanismos \u00e1giles para demostrar la uni\u00f3n marital de hecho y sus efectos patrimoniales entre compa\u00f1eros permanentes\u00bb, al establecer que dicha uni\u00f3n tambi\u00e9n pod\u00eda ser declarada por \u00abescritura p\u00fablica ante Notario por mutuo consentimiento de los compa\u00f1eros permanentes\u00bb y por \u00abacta de Conciliaci\u00f3n suscrita por los compa\u00f1eros permanentes, en centro legalmente constituido\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior no significa, necesariamente, que en esa materia el legislador haya abandonado el sistema de la sana cr\u00edtica basado en la racionalidad en el ejercicio de apreciaci\u00f3n probatoria para consagrar el de tarifa legal como lo entendi\u00f3 el juzgador de segundo grado, por lo mismo, ha debido la Sala discernir sobre el sentido y alcance de esa disposici\u00f3n por concernir a una tem\u00e1tica que suscita tan amplio espectro de posibilidades en diversos escenarios judiciales en los que resulta relevante establecer la existencia de una uni\u00f3n marital de hecho, para diferentes fines y con dis\u00edmiles consecuencias. <\/p>\n
No puede desconocerse que mientras en algunos procesos jurisdiccionales la definici\u00f3n del estado civil se erige como pretensi\u00f3n principal, sobre ella versa toda la fase cognoscitiva y, por lo tanto, la sentencia es de contenido declarativo susceptible de inscripci\u00f3n en el registro civil; en otros, por el contrario, la aducida calidad de compa\u00f1era o compa\u00f1ero permanente, ata\u00f1e a la verificaci\u00f3n del presupuesto de legitimaci\u00f3n en la causa, de manera que lo que llegare a resolverse a ese respecto solo tendr\u00e1 efectos para ese proceso y para los fines propios del mismo, tal y como ocurre, por ejemplo, en asuntos sometidos al conocimiento de la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, y en las especialidades laboral y civil de la ordinaria, esta \u00faltima, especialmente, en procesos de responsabilidad contractual o extracontractual. <\/p>\n
Lo discurrido devela lo \u00fatil y necesario que resultaba en este caso incursionar con mayor solvencia y rigor en la deliberaci\u00f3n, para esclarecer estos singulares problemas de hermen\u00e9utica que generan un constante debate en los estrados judiciales. <\/p>\n
En estos t\u00e9rminos dejo plasmada mi aclaraci\u00f3n. <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Entre las que se encuentran la STC9791-2018, STC-4963-2020 y STC2401-2019. <\/p>\n
2\u0002 Dentro de su hontanar se puede citar el siguiente texto: \u201cEn las acciones personales, los acreedores posteriores con cuyo dinero se pag\u00f3 a los acreedores anteriores, se subrogan en su lugar (Ulp. 21 ed.)\u201d. El Digesto de Justiniano. D. 42,3. Versi\u00f3n de D\u2019ors, Hern\u00e1ndez, Fuenteseca, Garc\u00eda y Burillo. T. III. Aranzadi, Pamplona, 1975, , p. 351. <\/p>\n
De all\u00ed que, en el caso concreto, tenga que acreditarse la respectiva convenci\u00f3n de subrogaci\u00f3n. V\u00e9ase a: P\u00e9rez Vives, \u00c1lvaro. Teor\u00eda General de las Obligaciones. Universidad Nacional. Bogot\u00e1, 1951, p.808. D\u00edez-Picazo, Luis. Las relaciones obligatorias. Thomson-Civitas, Navarra, 2008., pp. 991 y ss. Terr\u00e9, Fran\u00e7ois, Simler, Philippe y Lequette, Yves. Droit Civil. Les Obligations. Dalloz, Par\u00eds, 1996, p. 1015 <\/p>\n
4\u0002 Flour, Jacques, Aubert, Jean y Savaux, \u00c9ric. Droit Civil. Les Obligations. Sirey. Par\u00eds, 2011, p. 338. <\/p>\n
5\u0002 Por ejemplo, se ha afirmado que la \u201ccarta de pago es una solemnidad y tambi\u00e9n el medio \u00fanico de prueba. Como la subrogaci\u00f3n en este caso est\u00e1 sujeta a la regla de la cesi\u00f3n de derechos, para que produzca todos sus efectos debe el acreedor hacer al subrogado entrega del t\u00edtulo y debe practicarse la notificaci\u00f3n al deudor\u201d (sent. cas. de 26 de noviembre de 1935, G.J. No. 1907, p. 393). <\/p>\n
6\u0002 La doctrina chilena, leyendo el art\u00edculo 1611 del C\u00f3digo Civil de ese pa\u00eds, id\u00e9ntico en todas sus partes al nuestro 1669 CC, viene se\u00f1alando consistentemente que son, en efecto, esos cuatro los presupuestos que caracterizan a toda subrogaci\u00f3n convencional. V\u00e9ase, a este respecto: Abeliuk Manasevic, Ren\u00e9. Las Obligaciones. T. II. Ed. Temis S.A.\/Ed. Jur\u00eddica de Chile. Bogot\u00e1-Santiago. 1993. P\u00e1gs. 611 a 613; Barros Errasuriz, Alfredo. Curso de Derecho Civil. Segundo A\u00f1o. Imprenta Cervantes. Santiago. 1921. P\u00e1gs. 134-135. <\/p>\n
7\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 29 de agosto de 2000, Exp. 6379. M.P. Jorge Santos Ballesteros. <\/p>\n
8\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 25 de mayo de 2005, exp. C-7198. M.P. Jaime Alberto Arrubla Paucar. <\/p>\n
9\u0002 CSJ. Civil. Sentencia 195 de 28 de julio de 2005, expediente 00449. M.P. Manuel Isidro Ardila Vel\u00e1squez. <\/p>\n
10\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 15 de diciembre de 2008, Ref. C-2001-01021-01. M.P. Jaime Alberto Arrubla Paucar. <\/p>\n
11\u0002 Cfr. Sentencia 195 de 28 de julio de 2005, expediente 1999-00449. M.P. Manuel Isidro Ardila Vel\u00e1squez. <\/p>\n
12\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 5 de octubre de 2009. exp. 2002-03366-01. M.P. Jaime Alberto Arrubla Paucar. <\/p>\n
13\u0002 Denominado en el common law como \u201cGood Faith\u201d. <\/p>\n
14\u0002 CSJ SC-19903-2017. <\/p>\n
15\u0002 El art\u00edculo 1.7 de los principios Unidroit, se\u00f1ala: \u201c(1) Las partes deben actuar con buena fe y lealtad negocial en el comercio internacional. (2) Las partes no pueden excluir ni limitar este deber\u201d. <\/p>\n
16\u0002 Para la Sala, la buena fe contractual \u201ces proceder con la rectitud debida, con el respeto esperado, es la actitud correcta y desprovista de elementos de enga\u00f1o, de fraude o aprovechamiento de debilidades ajenas\u201d. (Cas. Sentencia 105 de 9 de agosto de 2007, exp. 2000-0025; Cas. 23 de agosto de 2011, exp. No. 2002-00297-01; Cas. 2 de agosto de 2001, exp. No. 6146, citada en Cas. 16\/12\/2010. Cfr. cas. junio 23 de 1958. <\/p>\n
17\u0002 Sobre la funci\u00f3n creadora del derecho, sentencia 114 de 16 de agosto de 2007, exp. 1994-00200. <\/p>\n
18\u0002 C. de Co., Art. 2\u00b0.- \u201cAplicaci\u00f3n de la legislaci\u00f3n civil. En las cuestiones comerciales que no pudieren regularse conforme a la regla anterior, se aplicar\u00e1n las disposiciones de la legislaci\u00f3n civil. Art. 822.- \u201cAplicaci\u00f3n del derecho civil. Los principios que gobiernan la formaci\u00f3n de los actos y contratos y las obligaciones de derecho civil, sus efectos, interpretaci\u00f3n, modo de extinguirse, anularse o rescindirse, ser\u00e1n aplicables a las obligaciones y negocios jur\u00eddicos mercantiles, a menos que la ley establezca otra cosa. La prueba en derecho comercial se regir\u00e1 por las reglas establecidas en el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, salvo las reglas especiales establecidas en la ley\u201d. <\/p>\n
19\u0002 C. de Co., Art. 871\u00b0.- \u201cLos contratos deber\u00e1n celebrarse y ejecutarse de buena fe y, en consecuencia, obligar\u00e1n no s\u00f3lo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos, seg\u00fan la ley, la costumbre o la equidad natural\u201d. <\/p>\n
20\u0002 Para adoptar un modelo de negocio eficiente que respondiera al mercado masivo de bienes y servicios, los empresarios acogieron la elaboraci\u00f3n de contratos con condiciones homog\u00e9neas, a trav\u00e9s de los cuales se fijaron reglas uniformes o \u201cmodelos contractuales fijos, estereotipados\u201d (Rezz\u00f3nico, J., \u201cContratos con cl\u00e1usulas predispuestas, condiciones negociales generales\u201d, Astrea, Buenos Aires, 1987, pp. 130 y 131). <\/p>\n
21\u0002 Sobresale, por regla general, una desigualdad patrimonial, jur\u00eddica y t\u00e9cnica entre los contratantes, como ocurre, por ejemplo, en el contrato de seguro, y por quienes intervienen en las relaciones de derecho del consumidor. <\/p>\n
22\u0002 La posici\u00f3n dominante en la relaci\u00f3n contractual, recae en la parte fuerte de \u00e9sta, quien tiene la prerrogativa, no solo de elaborar el contenido del contrato, creando un modelo tipo o est\u00e1ndar, sino adem\u00e1s, cuenta con un mayor margen de autonom\u00eda, al decidir c\u00f3mo y con quien contratar\u00e1 seg\u00fan su esquema o modelo de negocio, en tanto que s\u00f3lo lo har\u00e1n si su contraparte, acoge el contenido contractual predispuesto por ellos (Mosset Iturraspe, J. y Soto Coaguila, C. \u201cEl contrato en una econom\u00eda de mercado\u201d, colecci\u00f3n internacional, n\u00famero 5, Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Jur\u00eddicas, segunda edici\u00f3n, 2009, Bogot\u00e1 D.C. <\/p>\n
23\u0002 Por el virtual desequilibrio de las partes que ocasiona este tipo de relaci\u00f3n contractual, el Estado, a trav\u00e9s de su funci\u00f3n legislativa y judicial, fija normas imperativas, en perspectiva con las decisiones judiciales, atinentes a garantizar un m\u00ednimo de reciprocidad y justicia entre las partes, permitiendo a su vez la libre y honesta competencia en el mercado. <\/p>\n
25\u201c\u0002 Entre las que se encuentran la STC9791-2018, STC-4963-2020 y STC2401-2019\u201d <\/p>\n
26\u0002 Considerado as\u00ed desde junio 18 de 2008 seg\u00fan CSJ, AC 125; Cas Civ S 19-12-2012 exp. 2004-00003-01 . <\/p>\n
27\u0002 D.1260 de 1970 <\/p>\n
28\u0002 Arts. 1\u00b0,5\u00b0 y 101 D.1260 de 1970 <\/p>\n
29\u0002 Art. 106 D. 1260 de 1970 <\/p>\n
30\u0002 Art. 105 D. 1260 de 1970 <\/p>\n
31\u0002 Art. 13 Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia <\/p>\n
32\u0002 Art. 42 Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia <\/p>\n
33\u0002 Auto 125 citado <\/p>\n
1 <\/p>\n
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SC5698-2021 (2010-00484-01)_1 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente SC5698-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-03-027-2010-00484-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n, interpuesto por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[43],"tags":[],"class_list":["post-59936","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59936","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59936"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59936\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59936"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59936"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59936"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}