STC16267-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC16267-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-01055-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de primero de diciembre de dos mil veintiuno). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00b0) de diciembre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 15 de junio de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de tutela formulada por Beatriz y Edulfo Peinado Castro contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, los Juzgados Primero Penal del Circuito y Primero Promiscuo Municipal, ambos de Chiriguan\u00e1, C\u00e9sar, as\u00ed como las partes y los intervinientes del asunto constitucional a que alude el escrito introductorio. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Las accionantes reclaman la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, a la vivienda digna y a la salud, que consideraron conculcados por las autoridades jurisdiccionales accionadas, al declarar la improcedencia del amparo constitucional, que en su momento interpuso uno de los quejosos, bajo el radicado n.\u00ba 2020-00043. <\/p>\n
Solicitan entonces, que se declare que los accionados quebrantaron sus prerrogativas superiores, \u00abal desconocer a los herederos determinados con la indebida notificaci\u00f3n de la demanda, y control de legalidad por la accionadas (sic), en los procesos ejecutivos 229-2016, 264-2016, sucesi\u00f3n intestada y proceso ejecutivo 290-2018 donde funge como demandada la finada LIGIA ESTHER FINADO CASTRO\u00bb. <\/p>\n
En el criterio de los quejosos, esas determinaciones desconocieron sus prerrogativas superiores, pues no se analiz\u00f3 de fondo su particular situaci\u00f3n, en la medida en que no fueron convocados en los juicios que finalmente ordenaron el desalojo de su vivienda, situaci\u00f3n que consideran suficiente para que el juez de tutela intervenga en su favor. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a.) La Sala Penal del Tribunal Superior de Valledupar precis\u00f3, que a esa magistratura correspondi\u00f3 el tr\u00e1mite de la impugnaci\u00f3n de la tutela radicada bajo en consecutivo 2020-00043-01, la cual fue confirmada en decisi\u00f3n del 18 de marzo actual, al considerar que la suspensi\u00f3n del \u00abproceso civil de sucesi\u00f3n intestada tramitado por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Chiriguan\u00e1-C\u00e9sar\u00bb que era el fin \u00faltimo del promotor del resguardo, no pod\u00eda salir airosa, en la medida en que el interesado contaba con la posibilidad de \u00abdefenderse en el decurso de proceso civil de sucesi\u00f3n intestada\u00bb, siendo ese el escenario id\u00f3neo para exponer las quejas objeto de auxilio. <\/p>\n
b.) Por su parte, el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Chiriguan\u00e1, C\u00e9sar, puso de presente que con su actuaci\u00f3n no ha quebrantado prerrogativas superiores, en la medida en que los \u00abprocesos se\u00f1alados por el accionante han sido tramitados en este despacho bajo la luz de las normas aplicables a cada caso, a su vez ajustados en su totalidad a derecho\u00bb. En ese orden, explic\u00f3 que uno de los juicios coercitivos que se promovi\u00f3 en contra de Ligia Esther Peinado Castro (q.e.p.d.) finaliz\u00f3 por pago total de la obligaci\u00f3n el 13 de julio de 2017; mientras que la sucesi\u00f3n de la causante se encuentra en tr\u00e1mite, escenario en el cual los aqu\u00ed accionantes se hicieron \u00abparte presentando demanda de excepci\u00f3n, la cual se dej\u00f3 de lado por improcedente y en su lugar se realiz\u00f3 la audiencia de Inventario y Avalu\u00f3\u00bb, dijo que se encuentra pendiente de resolver la solicitud elevada por los querellantes tendiente a que se rehaga el trabajo de partici\u00f3n. <\/p>\n
Finalmente se\u00f1al\u00f3, que en el marco de la ejecuci\u00f3n promovida por Pantale\u00f3n Avenda\u00f1o Pedrozo contra los herederos \u00abinciertos e indeterminados de la causante LIGIA ESTHER PEINADO CASTRO\u00bb, los aqu\u00ed accionantes ejercieron su derecho de contradicci\u00f3n; sin embargo, el asunto culmin\u00f3 con \u00abel remate del bien inmueble perseguido de propiedad de la causante con el cual se pag\u00f3 la totalidad de la obligaci\u00f3n\u00bb, afirm\u00f3 que a la fecha no ha sido posible realizar la entrega de ese predio \u00abdebido a la negaci\u00f3n rotunda por parte del se\u00f1or EDULFO PEINADO CASTRO quien funge como depositario\u00bb. <\/p>\n
c.) Del expediente digital remitido por el juez constitucional, no se advierte que los dem\u00e1s involucrados en el asunto hayan intervenido al interior de \u00e9ste. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia desestim\u00f3 la salvaguarda, tras indicar que \u00abla acci\u00f3n de tutela se torna improcedente para controvertir providencias de la misma naturaleza\u00bb, y en el caso bajo estudio no se advierte una circunstancia excepcional que permita la injerencia excepcional de un nuevo juez, conforme lo exige la sentencia SU-627 del 1 de octubre de 2015. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La promovieron los gestores del amparo, y en su sustento insistieron en los reproches primigenios. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Bien se sabe, siguiendo los criterios jurisprudenciales de la Corporaci\u00f3n, que en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n instaurada no procede contra providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los Jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantar\u00edan los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
El planteamiento anterior se aplica en una medida a\u00fan mayor, cuando la determinaci\u00f3n atacada fue proferida por un juez constitucional como ep\u00edlogo del tr\u00e1mite de amparo; de lo contrario, se abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza, en la que se controvertir\u00eda ad aeternum lo expresado en el primer fallo. As\u00ed las cosas, de manera sumamente excepcional, la Corte ha admitido la intervenci\u00f3n de un segundo juez de amparo cuando en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n se ha incurrido en una vulneraci\u00f3n clara y ostensible al debido proceso de alguna de las partes o de terceros con inter\u00e9s en el resultado del respetivo tr\u00e1mite. <\/p>\n
2. Frente de esta especial tem\u00e1tica, la Corte Constitucional, en sentencia SU-627 adiada 1\u00ba de octubre de 2015, consolid\u00f3 los criterios dispuestos desde el a\u00f1o 2001 acerca de los casos en los cuales, de manera excepcional, resulta procedente la acci\u00f3n de tutela frente a una controversia suscitada con ocasi\u00f3n de un tr\u00e1mite de igual naturaleza, de la siguiente manera: <\/p>\n
\u00ab4.6. Unificaci\u00f3n jurisprudencial respecto de la procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra sentencias de tutela y contra actuaciones de los jueces de tutela anteriores o posteriores a la sentencia. <\/p>\n
4.6.1. Para establecer la procedencia de la acci\u00f3n de tutela, cuando se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si \u00e9sta se dirige contra la sentencia proferida dentro de \u00e9l o contra una actuaci\u00f3n previa o posterior a ella. <\/p>\n
<\/p>\n
4.6.2. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede. <\/p>\n
<\/p>\n
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepci\u00f3n cuando la sentencia ha sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisi\u00f3n de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional. <\/p>\n
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la Rep\u00fablica, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, adem\u00e1s de cumplir con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n. <\/p>\n
4.6.3. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si \u00e9stas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia. <\/p>\n
4.6.3.1. Si la actuaci\u00f3n acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisi\u00f3n del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que ser\u00edan afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, la acci\u00f3n de tutela s\u00ed procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisi\u00f3n. <\/p>\n
4.6.3.2. Si la actuaci\u00f3n acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las \u00f3rdenes impartidas en dicha sentencia, la acci\u00f3n de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protecci\u00f3n de un derecho fundamental que habr\u00eda sido vulnerado en el tr\u00e1mite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional\u00bb. <\/p>\n
3. Aqu\u00ed, tras realizarse el correspondiente escrutinio a la demanda de resguardo constitucional presentada por los hermanos Peinado Castro, se revela sin asomo de duda que la misma debe desestimarse habida cuenta que, como arriba se dej\u00f3 establecido, su objetivo es atacar, en \u00faltimas, la decisi\u00f3n proferida en sede de impugnaci\u00f3n por la Sala Penal del Tribunal Superior de Valledupar, a trav\u00e9s de la cual confirm\u00f3 el fallo del 15 de enero hoga\u00f1o, emitido por el Juzgado Penal del Circuito de Chiriguan\u00e1, C\u00e9sar, \u00aba trav\u00e9s del cual deneg\u00f3 la solicitud de amparo deprecado por el se\u00f1or Edulfo Peinado Castro\u00bb, en el marco de la acci\u00f3n constitucional que el se\u00f1or Peinado Castro promovi\u00f3 para suspender el juicio de sucesi\u00f3n de la causante Ligia Esther Peinado Castro, radicada bajo el consecutivo n.\u00ba 2020-00043-01. <\/p>\n
4. Ante ese panorama, comporta se\u00f1alar que la acci\u00f3n del ep\u00edgrafe desemboca en la causal de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, pues no se evidencia la ocurrencia de la hip\u00f3tesis prevista en el punto 4.6.3.2. de la providencia citada l\u00edneas atr\u00e1s, para que de manera excepcional\u00edsima se autorice la intervenci\u00f3n de un segundo juez de tutela, m\u00e1xime, cuando en efecto, no se est\u00e1 cuestionando de manera alguna el tr\u00e1mite en s\u00ed mismo de la tutela, sino la decisi\u00f3n que la resolvi\u00f3 de fondo. <\/p>\n
La Sala, al examinar el tema se\u00f1al\u00f3, que proceder de esta manera \u00abevita la cadena ilimitada de litigios que se generar\u00edan en caso de admitirse acciones de tutela contra sentencias que decidan el amparo constitucional, de modo que instituy\u00f3 a la Corte Constitucional como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales\u00bb (CSJ 2255-2021). <\/p>\n
5. Corolario de lo anterior, y sin m\u00e1s razones por innecesarias se impone mantener inc\u00f3lume el fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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