STC16269-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16269-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n. 11001-02-04-000-2021-00995-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de primero de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 1\u00b0 de junio de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Sor Amanda Ca\u00f1averal Galeano contra la Sala de Descongesti\u00f3n No. 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n y la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medell\u00edn, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los dem\u00e1s intervinientes del proceso declarativo laboral a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, al m\u00ednimo vital y a la seguridad social, los cuales estima vulnerados por la autoridad judicial convocada, con la providencia SL4623 del 18 de noviembre de 2020, a trav\u00e9s de la cual se dispuso no casar la sentencia de segunda instancia atacada, mediante la cual se confirm\u00f3 el fallo de primer grado parcialmente estimatorio de las pretensiones que elev\u00f3 la aqu\u00ed interesada en causa propia y en el de su menor hija XXX en contra de Colpensiones y a la ESE Hospital Santamar\u00eda de Santa B\u00e1rbara. <\/p>\n
Por tal motivo solicita que por esta v\u00eda se conceda el resguardo deprecado, dejando sin valor ni efecto la memorada determinaci\u00f3n, y en consecuencia, ordenar a la Sala de Descongesti\u00f3n convocada, \u00abemitir un nuevo pronunciamiento, en el cual se decida bajo el supuesto de que estaba acreditada la convivencia entre [ella y su] c\u00f3nyug[e] Jorge Alberto Bedoya Bedoya\u00bb; de manera subsidiaria, que \u00aben aplicaci\u00f3n de la sentencia SU-219 de 2021 y en relaci\u00f3n con [lo dispuesto frente a ella] (\u2026), se deje sin efectos el fallo emitido por la Sala de Descongesti\u00f3n N\u00b0 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Honorable Corte Suprema de Justicia, el 18 de noviembre de 2020 y, parcialmente sin efectos la sentencia del 6 de diciembre de 2016 de la Sala Tercera de Decisi\u00f3n Laboral del Tribunal Superior de Medell\u00edn y se ordene a dicho Tribunal el decreto de las pruebas necesarias para establecer si existi\u00f3 convivencia entre [ella y su] c\u00f3nyug[e] (\u2026) y que se dicte una nueva sentencia de fondo en el asunto\u00bb. <\/p>\n
2. Como sustento de tales pedimentos, y luego de hacer una s\u00edntesis cronol\u00f3gica del tr\u00e1mite adelantado en desarrollo de la contienda ordinaria laboral que adelant\u00f3 en su nombre y en el de su descendiente, frente a Colpensiones y a la ESE Hospital Santamar\u00eda de Santa B\u00e1rbara, para que se condenara a las demandadas al reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de sobrevivientes, como consecuencia del fallecimiento de su esposo y padre, Jorge Albeiro Bedoya Bedoya, ocurrido el 3 de octubre de 2011, junto con el respectivo retroactivo pensional, las mesadas adicionales, los intereses moratorios, la indexaci\u00f3n de las mesadas adeudadas y las costas del proceso, aleg\u00f3 la inconforme que con lo resuelto por la Sala de Descongesti\u00f3n No. 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la providencia memorada, se incurri\u00f3 en un defecto f\u00e1ctico, pues, de un lado, si Colpensiones \u00abconsider\u00f3 que no estaba acreditado el requisito de convivencia al momento de la muerte de [su] c\u00f3nyuge, no debi\u00f3 indicarle que ten\u00eda derecho a la indemnizaci\u00f3n sustitutiva, prestaci\u00f3n para la cual tambi\u00e9n era necesario acreditar la convivencia. Luego, las autoridades judiciales que conocieron del proceso, debieron valorar esa circunstancia y dar por acreditada la convivencia. No es posible que, por una negligencia de [dicha entidad] en verificar el requisito de semanas cotizadas, no solo se haya sometido a [su] grupo familiar (\u2026) a un proceso de m\u00e1s de siete (7) a\u00f1os, sino que [hasta hubiere] perdido el derecho a una pensi\u00f3n vitalicia por esa misma circunstancia\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, que \u00absi bien el recurso de casaci\u00f3n tiene un car\u00e1cter extraordinario, excepcional, riguroso y dispositivo, existen algunos eventos en los que es necesario hacer menos r\u00edgido el estudio de la prosperidad de los cargos a efectos de \u2018atender la prevalencia del derecho sustancial\u2019, como desarrollo de los principios contenidos en los art\u00edculos 53 y 228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica\u00bb, por lo que, en \u00faltimas, si se \u00abconsideraba que no se hab\u00eda acreditado la convivencia, debi\u00f3 requerir[se] a COLPENSIONES para que enviara copia de los documentos que se hab\u00edan aportado a la actuaci\u00f3n administrativa y si era del caso, llamar a ratificar los testimonios de las declaraciones extraproceso\u00bb, pero ello no ocurri\u00f3, circunstancias las anteriores por las que, adem\u00e1s de no contar con otra herramienta judicial para salvaguardar los bienes jur\u00eddicos primarios que invoc\u00f3, acude a la presente v\u00eda residual. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. El Magistrado ponente de la Sala de Descongesti\u00f3n No. 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, hizo \u00e9nfasis en que, \u00abno incurri\u00f3 en violaci\u00f3n de derecho fundamental alguno de la accionante (\u2026) al no casar la sentencia del Tribunal que reconoci\u00f3 el derecho pensional \u00fanicamente a su hija menor XXX, toda vez que tal determinaci\u00f3n obedeci\u00f3 a que, si bien se present\u00f3 un yerro jur\u00eddico por parte del juez colegiado al exigir a la c\u00f3nyuge demandante Ca\u00f1averal Galeano la demostraci\u00f3n de m\u00ednimo cinco a\u00f1os de convivencia con el afiliado fallecido, no hab\u00eda lugar a quebrar la decisi\u00f3n impugnada habida consideraci\u00f3n que en el proceso no qued\u00f3 demostrado, por ning\u00fan medio probatorio, el requisito de la convivencia real y efectiva de la pareja para el momento de la muerte del afiliado, esto es, la conformaci\u00f3n del n\u00facleo familiar entre la c\u00f3nyuge y su esposo fallecido, con vocaci\u00f3n de permanencia, as\u00ed sea sin consideraci\u00f3n a un tiempo espec\u00edfico\u00bb y, que si \u00absi la hoy tutelante no comparte la decisi\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, no es ninguna raz\u00f3n valedera para hacer uso del amparo constitucional, pues el citado mecanismo no es una instancia adicional a la cual pueden acudir los administrados a efectos de buscar reexaminar la valoraci\u00f3n de las pruebas o revivir controversias ya concluidas, con sentencia en firme y ejecutoriada con efectos de cosa juzgada, que se es lo que en este asunto se pretende\u00bb. <\/p>\n
b. Por su parte, la Juez Quince Laboral del Circuito de Medell\u00edn, se limit\u00f3 a manifestar que frente a las alegaciones de la promotora de la salvaguarda \u00abpara dejar sin validez la sentencia emitida por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, deber\u00e1 mencionarse que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo residual que tienen los ciudadanos que crean que se les ha conculcado un derecho, para buscar su protecci\u00f3n; pero ese car\u00e1cter residual no quiere decir que sea el remedio para pasar por alto las disposiciones de tipo normativo\u00bb. <\/p>\n
c. Finalmente, el representante legal de la ESE Hospital Santamar\u00eda del Municipio de Santa B\u00e1rbara, como Fiduagraria S.A, vocera y administradora del Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en liquidaci\u00f3n, instaron la desvinculaci\u00f3n de esas entidades del tr\u00e1mite constitucional de la referencia, luego de esgrimir al efecto que ninguna injerencia tienen en las peticiones de la se\u00f1ora Ca\u00f1averal Galeano. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 el amparo invocado, tras advertir, que \u00ab[l]uego de examinar las pruebas obrantes en el expediente, la Sala considera que la presente solicitud de amparo debe ser denegada, debido a que no existe una vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de la parte actora, dentro del proceso ordinario laboral 2014-01058 que pueda endilg\u00e1rsele al accionado y al Tribunal vinculado. <\/p>\n
En el presente asunto, la accionante censura las decisiones de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn y la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia dentro del proceso ordinario laboral 2014-01058, mediante las cuales se emitieron unos pronunciamientos contrarios a los intereses de la accionante. Esta Sala en su condici\u00f3n de juez de tutela de primera instancia revis\u00f3 el expediente y encontr\u00f3 que la petici\u00f3n de amparo no prospera en la medida que, lo que busca la se\u00f1ora SOR AMANDA CA\u00d1AVERAL GALEANO es que, por v\u00eda de tutela, se sustituya la apreciaci\u00f3n del an\u00e1lisis que al efecto hicieron los jueces designados por el legislador para tomar la decisi\u00f3n correspondiente. <\/p>\n
Resulta improcedente fundamentar la queja constitucional en las discrepancias de criterio de la accionante frente a las interpretaciones normativas o valoraciones probatorias realizadas por el juez natural dentro del recurso de apelaci\u00f3n y el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto dentro del proceso de referencia, para que se impartan unos tr\u00e1mites sobre asuntos donde las autoridades judiciales actuaron dentro del marco de autonom\u00eda e independencia que le han sido otorgadas por la Constituci\u00f3n y la ley. <\/p>\n
A partir de las alegaciones presentadas por la accionante, la Sala advierte que el fundamento de su solicitud de amparo es el desacuerdo con las determinaciones adoptadas por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn y Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, al fallar en contra de sus pretensiones dentro del proceso ordinario laboral. Lo anterior, teniendo en cuenta que, las autoridades judiciales mencionadas, consideraron que de las pruebas recaudadas dentro del proceso, no qued\u00f3 demostrado el requisito de convivencia real y efectiva de la pareja para el momento de la muerte del se\u00f1or Jorge Alberto Bedoya Bedoya; es decir, no se comprob\u00f3 la conformaci\u00f3n del n\u00facleo familiar entre la se\u00f1ora CA\u00d1AVERAL GALEANO y su esposo fallecido, con vocaci\u00f3n de permanencia, as\u00ed sea sin consideraci\u00f3n a un tiempo espec\u00edfico. <\/p>\n
Siendo as\u00ed, la circunstancia expuesta, no configura un requisito de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. La simple discrepancia o desacuerdo con el contenido de una decisi\u00f3n, no habilita la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela porque es un mecanismo excepcional, el cual no fue dise\u00f1ado como una instancia adicional. Dentro de la autonom\u00eda que se garantiza y reconoce a los funcionarios judiciales, est\u00e1 la de interpretar las normas para resolver el caso concreto, y esa labor permite que la comprensi\u00f3n que lleguen a tener distintos jueces sobre una misma norma sea diversa, y que unas interpretaciones sean mejor recibidas que otras. <\/p>\n
De manera que, la razonabilidad de la argumentaci\u00f3n presentada resulta relevante al momento de hacer la valoraci\u00f3n respectiva. As\u00ed las cosas, no puede la accionante, pretender que, en sede de tutela, se impartan decisiones diferentes a las admitidas dentro del proceso ordinario laboral, cuando se evidencia que, las autoridades judiciales accionadas actuaron en derecho, y la acci\u00f3n de amparo constitucional, solo se fundamenta en las discrepancias de criterios frente a interpretaciones normativas realizadas por el juez natural dentro del proceso ordinario laboral 2014-01058\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La gestora del amparo recurri\u00f3 el anterior fallo, luego de aducir como motivo de su descontento, similares argumentos a los esbozados en la demanda de amparo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias o actuaciones judiciales es excepcional, pues s\u00f3lo tiene lugar cuando el funcionario judicial adopte una decisi\u00f3n por completo opuesta al r\u00e9gimen legal previamente se\u00f1alado, caso en el cual se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales que con tal decisi\u00f3n se genere, siempre que el afectado acuda al mecanismo dentro de un t\u00e9rmino prudencial, y no disponga de otro medio ordinario y efectivo para lograrlo. <\/p>\n
2. Descendiendo al caso concreto, se concluye con vista en los elementos de juicio militantes en el expediente digital, que el amparo resulta improcedente, tal y como lo consider\u00f3 el juez constitucional de primer grado, comoquiera que las cuestiones planteadas por la inconforme resultan ajenas al campo de acci\u00f3n del juez constitucional, toda vez que el razonamiento realizado por esta Corporaci\u00f3n en v\u00eda del mentado recurso extraordinario, de manera alguna resulta arbitrario o caprichoso, lo cual excluye la posible ocurrencia de causal de procedencia del amparo y deja sin piso la acusaci\u00f3n de aqu\u00e9lla, tal y como pasa a verse: <\/p>\n
Ciertamente, con el fin de desatar del primero de los cargos interpuestos por la casacionista, frente a la sentencia de segundo grado, empez\u00f3 por se\u00f1alar la Sala de Descongesti\u00f3n convocada, que aqu\u00e9lla la atac\u00f3 por la v\u00eda indirecta, al \u00ab1. No dar establecido, est\u00e1ndolo, que la convivencia entre el se\u00f1or JORGE ALBEIRO BEDOYA BEDOYA y la se\u00f1ora SOR AMANDA CA\u00d1AVERAL GALEANO, se infer\u00eda del acto administrativo que neg\u00f3 el reconocimiento pensional\u00bb; \u00ab2. No dar por demostrado, est\u00e1ndolo, que la convivencia entre el se\u00f1or JORGE ALBEIRO BEDOYA BEDOYA y la se\u00f1ora SOR AMANDA CA\u00d1AVERAL GALEANO, no fue objeto de controversia en sede administrativa y que no era exigible en sede judicial\u00bb y; \u00ab3. Dar por establecido, sin estarlo, que la se\u00f1ora SOR AMANDA CA\u00d1AVERAL GALEANO, no demostr\u00f3 convivencia con el occiso\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed entonces, expres\u00f3 el \u00f3rgano de cierre en materia laboral, que se circunscribir\u00eda a determinar si \u00abdesde el punto de vista probatorio, (\u2026) el requisito de la convivencia para obtener la pensi\u00f3n de sobrevivientes por la muerte de su c\u00f3nyuge estaba por fuera de debate, en la medida que en sede administrativa dicha exigencia qued\u00f3 establecida, al tener Colpensiones a la actora Sor Amanda Ca\u00f1averal Galeano como beneficiaria del afiliado fallecido y, por ende, no era del caso que se exigiera prueba de la misma en el proceso judicial, para lo cual formula tres errores de hecho y denuncia la apreciaci\u00f3n equivocada de piezas procesales y algunas documentales\u00bb. <\/p>\n
I. <\/p>\n
En ese orden, la promotora del proceso ten\u00eda la carga de acreditar sus afirmaciones, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 167 del CGP, antes art\u00edculo 177 del CPC, ello a trav\u00e9s de los distintos medios de prueba; empero no cumpli\u00f3 tal cometido como quiera que la documental allegada no conduce a tal conclusi\u00f3n. <\/p>\n
En efecto, los registros civiles de nacimiento de la actora y el de defunci\u00f3n del causante Jorge Albeiro Bedoya Bedoya (f.\u00b0 11 y 8), no acreditan nada de cara a la existencia de un n\u00facleo familiar con vocaci\u00f3n de permanencia, vigente para el momento en que el afiliado falleci\u00f3, pues solo dan fe de las fechas de nacimiento de la accionante y de la muerte del asegurado. <\/p>\n
Ahora, en cuanto al registro civil de matrimonio (f.\u00b09) consta que Jos\u00e9 Albeiro Bedoya Bedoya y Sor Amanda Ca\u00f1averal Galeano, el d\u00eda 3 de septiembre de 1994, contrajeron matrimonio cat\u00f3lico en el Municipio de Santa B\u00e1rbara. Esta documental simplemente demuestra la existencia del v\u00ednculo matrimonial vigente, pero en modo alguno acredita un proyecto de vida de pareja, responsable, estable, permanente o continuo, que busque una comunidad de vida, fundada en el amor, afecto entra\u00f1able y apoyo econ\u00f3mico, para la data de la muerte del c\u00f3nyuge. <\/p>\n
Igualmente, el registro civil de nacimiento de XXX (f.\u00b010), prueba que en el citado matrimonio se procre\u00f3 una hija que naci\u00f3 el 14 de enero de 2002, pero para efectos de demostrar una convivencia al momento de la muerte del afiliado, no aporta elemento de juicio alguno, toda vez que el procrear hijos no significa per se comunidad de vida marital y menos para la fecha del deceso de Jorge Albeiro Bedoya Bedoya, que ocurri\u00f3 ocho a\u00f1os despu\u00e9s del nacimiento de la hija com\u00fan de la pareja. <\/p>\n
En este punto cumple puntualizar que, aunque la actora afirma en el hecho dos de la demanda inicial, que en el matrimonio procrearon dos hijos, XYX y XXX, supuesto f\u00e1ctico que acepta la demandada, no se alleg\u00f3 prueba documental que respalde esa afirmaci\u00f3n, sin que tal respuesta dada por Colpensiones signifique, como lo asegura la recurrente, que exista alguna confesi\u00f3n de la convivencia\u00bb. <\/p>\n
Y frente al Acto Administrativo GNR207881 del 15 de agosto de 2013, mediante el cual se le neg\u00f3 el reconocimiento de la pensi\u00f3n de sobrevivientes por parte de Colpensiones, estableci\u00f3 que del mismo, no es dable \u00abestablecer que entre los c\u00f3nyuges Bedoya Ca\u00f1averal existiera un n\u00facleo familiar con vocaci\u00f3n de permanencia, vigente para el momento en que el esposo falleci\u00f3, toda vez que Colpensiones no hizo ninguna consideraci\u00f3n respecto a que la hoy demandante reuniera o no las exigencias de ley para ser beneficiaria de la pensi\u00f3n reclamada, pues como qued\u00f3 visto, la \u00fanica raz\u00f3n esgrimida para no otorgarle el derecho reclamado consisti\u00f3 en no haber reunido las semanas exigidas para el efecto. <\/p>\n
No sobra se\u00f1alar que, aunque all\u00ed se alude a declaraciones extrajuicio, no se indic\u00f3 sobre qu\u00e9 versaban las mismas, en la medida que simplemente se se\u00f1al\u00f3 que se hab\u00edan allegado al tr\u00e1mite administrativo y tampoco fueron aportadas al presente proceso. <\/p>\n
En suma, esta documental no es demostrativa de que la actora conformara con el afiliado un n\u00facleo familiar, como ya se dijo, con vocaci\u00f3n de permanencia, que existiera para el momento de la muerte, y que se traduzca en una convivencia real y efectiva de los c\u00f3nyuges en los t\u00e9rminos ya explicados\u00bb. <\/p>\n
Ya frente a los dem\u00e1s cargos -mismos que analiz\u00f3 en conjunto porque en el desarrollo de esta acusaci\u00f3n, las censuras exponen id\u00e9nticos razonamientos, pero desde diferentes perspectivas de la aplicaci\u00f3n normativa- a trav\u00e9s de los cuales la se\u00f1ora Ca\u00f1averal Galeano acus\u00f3 la sentencia impugnada de ser violatoria de la ley sustancial, por la v\u00eda directa, en la modalidad de interpretaci\u00f3n err\u00f3nea de los literales a) y b) del art\u00edculo 13 de la Ley 797 de 2003, que modific\u00f3 el literal a) de los art\u00edculos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993, advirti\u00f3 la Colegiatura enjuiciada, que deb\u00eda dilucidarse \u00absi existe un tiempo m\u00ednimo de convivencia que se exija para acceder a la pensi\u00f3n de sobrevivientes, cuando la persona que reclama la condici\u00f3n de beneficiario corresponde a la c\u00f3nyuge del afiliado\u00bb. <\/p>\n
En respuesta a ese interrogante, consider\u00f3 que si bien en principio la recurrente ten\u00eda raz\u00f3n al alegar que no era dable que se le exigiera \u00abpara efectos de acceder a la pensi\u00f3n de sobrevivientes deprecada, la demostraci\u00f3n del requisito de cinco a\u00f1os de convivencia con el afiliado al momento de la muerte\u00bb, pues \u00ab[e]n efecto, la Corte al interpretar el literal a) del art\u00edculo 13 de la Ley 797 de 2003, en un comienzo ten\u00eda establecido como presupuesto esencial para el reconocimiento de la pensi\u00f3n de sobrevivientes, el requisito de la convivencia efectiva, real y material entre la pareja durante un tiempo m\u00ednimo de cinco a\u00f1os, exigencia que la corporaci\u00f3n ha entendido como el \u00ab[\u2026] acompa\u00f1amiento espiritual permanente, apoyo econ\u00f3mico y con vida en com\u00fan que se satisface cuando se comparten los recursos que se tienen, con vida en com\u00fan o a\u00fan en la separaci\u00f3n cuando as\u00ed se impone por fuerza de las circunstancias, ora por limitaci\u00f3n de medios, ora por oportunidades laborales\u00bb, conforme se dej\u00f3 adoctrinado en providencias CSJ SL, 31 ene. 2007, rad. 29601 y CSJ SL5640-2015. Y en dicho sentido la Corte hab\u00eda dejado por sentado que en los eventos de que trata el literal a) del art\u00edculo 13 de la Ley 797 de 2003, quien pretenda la pensi\u00f3n de sobrevivientes alegando la condici\u00f3n de c\u00f3nyuge o compa\u00f1era del afiliado o pensionado fallecido, deb\u00eda necesariamente acreditar como presupuesto esencial para el reconocimiento de la pensi\u00f3n de sobrevivientes, el requisito de la convivencia efectiva, real y material entre la pareja, por un tiempo m\u00ednimo de cinco a\u00f1os, tal como se expuso, entre otras, en las decisiones CSJ SL14068-2016, CSJ SL5046-2018 y CSJ SL347-2019\u00bb, lo cierto era que \u00abla Sala de Casaci\u00f3n Laboral al reexaminar recientemente el tema, a partir de una nueva intelecci\u00f3n arm\u00f3nica de la normativa antes trascrita, abandon\u00f3 el anterior criterio jurisprudencial y en su lugar adoctrin\u00f3 que los cinco a\u00f1os de convivencia que se exigen por ley para acceder a la pensi\u00f3n de sobrevivientes, respecto del c\u00f3nyuge o compa\u00f1ero (a) permanente, solo opera en el caso que se trate de la muerte de un pensionado, m\u00e1s no de un afiliado\u00bb, postulado que sustent\u00f3 en lo establecido en la sentencia SL1730-2020 <\/p>\n
Con base en ese precedente, ultim\u00f3 que \u00aba fin de acceder a una pensi\u00f3n de sobrevivientes por la muerte de un afiliado, el presunto beneficiario (con independencia de su edad o si tienen hijos en com\u00fan), que aduce o invoca la condici\u00f3n de c\u00f3nyuge o compa\u00f1era (o), bajo el escenario de una pareja con convivencia singular y no simult\u00e1nea, su situaci\u00f3n necesariamente ha de gobernarse o regirse por el literal a) del citado art\u00edculo 13 de la Ley 797 de 2003, el cual, como qued\u00f3 visto, a la luz de la nueva orientaci\u00f3n de la Sala, prev\u00e9 como requisitos para acceder a la pensi\u00f3n los siguientes: a) cuando el finado es un pensionado una convivencia m\u00ednima de cinco a\u00f1os; y b) trat\u00e1ndose de la pensi\u00f3n de sobrevivientes derivada del fallecimiento de un afiliado, no es exigible tiempo espec\u00edfico de convivencia, pues basta con acreditar la condici\u00f3n de c\u00f3nyuge o compa\u00f1ero (a) y la conformaci\u00f3n del n\u00facleo familiar, con vocaci\u00f3n de permanencia, vigente para el momento de la muerte, y as\u00ed se cumple con el presupuesto normativo en comento, que da lugar al reconocimiento de las prestaciones derivadas de esa contingencia, para el caso la pensi\u00f3n de sobrevivientes reclamada. <\/p>\n
Cabe aclarar que lo anterior no significa como lo sostiene el casacionista en algunos pasajes del ataque, que, trat\u00e1ndose de la c\u00f3nyuge de un afiliado, no se exija el requisito de la convivencia, ya que como qued\u00f3 visto, lo que no se requiere demostrar son los cinco a\u00f1os a la fecha de la muerte, empero s\u00ed se debe cumplir, como se dijo, con la acreditaci\u00f3n de un proyecto de vida de pareja, responsable, estable, permanente o continuo, que busque una comunidad de vida, fundada en el amor, afecto entra\u00f1able, apoyo econ\u00f3mico, una mutua comprensi\u00f3n, solidaridad, acompa\u00f1amiento espiritual, que se traduzca en una convivencia real y efectiva al momento del fallecimiento, sin consideraci\u00f3n a un tiempo espec\u00edfico. <\/p>\n
Siguiendo las directrices anteriores, es claro que se present\u00f3 un yerro jur\u00eddico por parte del juez colegiado al exigir a la c\u00f3nyuge demandante Sor Amanda Ca\u00f1averal Galeano la demostraci\u00f3n de m\u00ednimo cinco a\u00f1os de convivencia con el afiliado fallecido. <\/p>\n
En ese orden de ideas, los cargos segundo y tercero son fundados, sin embargo, no pueden prosperar para lograr quebrar la sentencia impugnada, porque como qued\u00f3 ampliamente explicado al resolverse el primer ataque orientado por la v\u00eda indirecta, en el proceso no est\u00e1 demostrado por ning\u00fan medio probatorio el requisito de la convivencia real y efectiva para el momento de la muerte del afiliado, esto es, como se dijo, la conformaci\u00f3n del n\u00facleo familiar entre la c\u00f3nyuge y su esposo fallecido, con vocaci\u00f3n de permanencia, as\u00ed sea sin consideraci\u00f3n a un tiempo espec\u00edfico. <\/p>\n
3. A la saz\u00f3n, y a diferencia de lo considerado por la promotora del amparo, lo determinado reposa sobre el contenido de los medios de convicci\u00f3n, a la par de un razonable entendimiento de los mismos, y la aplicaci\u00f3n de las normas aplicables a la materia, cuesti\u00f3n que impide sostener, entonces, que en esa actividad se hubiera incurrido en alguna de las causales de procedencia del amparo invocadas, \u00fanico supuesto que, como repetidamente se ha se\u00f1alado, le abre paso al mecanismo excepcional interpuesto, respecto de prove\u00eddos o actuaciones judiciales, no siendo, pues, la simple discrepancia con lo decidido una raz\u00f3n para que se admita la intervenci\u00f3n del juez de tutela, en tanto que tal y como lo dej\u00f3 anotado la Corporaci\u00f3n criticada en la sentencia debatida, se estableci\u00f3 con suficiencia, en \u00faltimas, que pese a que era cierto la improcedencia de la exigencia efectuada por el ad quem acerca de la demostraci\u00f3n de los cinco (5) a\u00f1os de convivencia que se requieren por ley para acceder a la pensi\u00f3n de sobrevivientes, pues ello es aplicable al caso del fallecimiento de un pensionado, m\u00e1s no de un afiliado, calidad \u00e9sta \u00faltima que ostentaba el c\u00f3nyuge de aqu\u00e9lla al momento de su deceso, lo cierto era que no prob\u00f3 de manera alguna que para dicha data, conviv\u00eda con el causante, requisito \u00e9ste necesario para poder acceder a la pensi\u00f3n de sobrevivientes solicitada. <\/p>\n
4. Queda claro entonces, que lo pretendido por la querellante es anteponer su propio criterio al de la autoridad accionada y atacar, por esta v\u00eda la decisi\u00f3n que la desfavoreci\u00f3, finalidad que resulta ajena a la tutela, la cual no fue establecida para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ordinarios, en raz\u00f3n a que \u00abal juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (CSJ STC304-2021). <\/p>\n
As\u00ed mismo, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que, \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb y, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (ib.). <\/p>\n
5. Finalmente, y acerca de la vedada interpretaci\u00f3n que efectu\u00f3 la varias veces mencionada Sala de Descongesti\u00f3n, de los medios de convicci\u00f3n arrimados a las diligencias, debe tenerse en cuenta que no siendo, pues, la simple discrepancia con lo decidido una raz\u00f3n para que se admita la intervenci\u00f3n del juez de tutela, en tanto que en este escenario no es posible debatir la valoraci\u00f3n probatoria que hizo el sentenciador de la causa y tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda la m\u00e1s adecuada, ya que \u00abel campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC3070-2021). <\/p>\n
En ese sentido, se reitera que se comparta o no la hermen\u00e9utica utilizada por el juzgador, \u00abello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (ejusdem)\u00bb; de este modo queda claro, que como lo pretendido por la querellante es anteponer su propio criterio al de la autoridad accionada, y atacar por esta v\u00eda, la decisi\u00f3n que la desfavoreci\u00f3, esa finalidad resulta ajena a la tutela, la cual no fue establecida para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ordinarios. <\/p>\n
6. Corolario de lo esgrimido, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone ratificar el fallo constitucional confutado. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Como en el presente asunto se encuentra involucrado un menor de edad, tanto la Secretar\u00eda como la Relator\u00eda de esta Sala, deber\u00e1n ocultar su nombre, \u00fanicamente para efectos de publicidad; por tanto, en todas las copias que se expidan a terceros, deber\u00e1 suprimirse dicha identidad. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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STC16269-2021 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente STC16269-2021 Radicaci\u00f3n n. 11001-02-04-000-2021-00995-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de primero de diciembre de dos mil veintiuno) Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 1\u00b0 de junio de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[43],"tags":[],"class_list":["post-59941","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59941","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59941"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59941\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59941"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59941"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59941"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}