STC16270-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16270-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-01862-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de primero de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00b0) de diciembre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 23 de septiembre de 20211 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por William Roberto Rodr\u00edguez Motivar contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, y el Juzgado Treinta y Uno Penal del Circuito de la misma urbe, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes e intervinientes de la causa penal a que alude el escrito introductorio. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus garant\u00edas esenciales al debido proceso, a la defensa, y a la igualdad, que consider\u00f3 quebrantadas por las autoridades convocadas al condenarlo sin contar con una adecuada defensa, en el marco del juicio radicado bajo el consecutivo n.\u00ba 2016-80653. <\/p>\n
Aunque no lo indica de manera expresa, se colige del an\u00e1lisis del escrito inicial, que lo pretendido a trav\u00e9s de este mecanismo especial de protecci\u00f3n por el actor, es que a trav\u00e9s de esta senda excepcional se deje sin valor ni efecto la sentencia del 11 de febrero de 2020 con la que la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 confirm\u00f3 la condena en su contra. <\/p>\n
2. En su sustento relata, que el asunto de marras correspondi\u00f3 por reparto al Juzgado Cuarto Penal del Circuito de esta ciudad, autoridad que mediante sentencia del 29 de mayo de 2019 lo conden\u00f3 a la pena privativa de la libertad de 264 meses, como autor responsable del punible de acceso carnal abusivo con menor de catorce a\u00f1os agravado, en concurso homog\u00e9neo con actos sexuales abusivos con menor de catorce a\u00f1os, decisi\u00f3n que a la postre fue convalidada por la Sala Penal del Tribunal Superior de la misma urbe, la que a su vez cuestion\u00f3 sin \u00e9xito mediante recurso extraordinario de casaci\u00f3n, pues el 15 de marzo de los corrientes esta Corporaci\u00f3n lo declar\u00f3 desierto ante la falta de sustentaci\u00f3n oportuna. <\/p>\n
Explica que la condena impuesta en su contra quebranta sus garant\u00edas superiores, pues se incurri\u00f3 en m\u00faltiples irregularidades tanto en la (i) pr\u00e1ctica de pruebas como en la valoraci\u00f3n de aqu\u00e9llas; (ii) defectos en los razonamientos hechos en ambas instancias, comoquiera que no se tuvo en cuenta, entre otras, que \u00abla persona que [le] imput[\u00f3] la conducta nunca se present[\u00f3] a las audiencias\u00bb, el \u00e1mbito psicosocial de la v\u00edctima ni su edad mental, lo que sin duda, asevera, redund\u00f3 en una v\u00eda de hecho, pues adicionalmente no cont\u00f3 con una (iii) adecuada defensa t\u00e9cnica, circunstancias que, en su criterio, ameritan la intervenci\u00f3n del juez de tutela en su favor. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a.) La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 tras hacer un recuento de la actuaci\u00f3n, concluy\u00f3 que con su actuaci\u00f3n no quebrant\u00f3 de modo alguno las prerrogativas del actor, recabando en que \u00e9ste no hizo uso adecuado del recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
b.) El Juzgado Treinta y Uno Penal del Circuito de Conocimiento de esta ciudad, pidi\u00f3 declarar la improcedencia del resguardo por carecer del presupuesto de la subsidiariedad que gobierna este tr\u00e1mite residual. <\/p>\n
c.) Gilberto Tinoco Ram\u00edrez, vinculado, dijo que obr\u00f3 como defensor del procesado y en el ejercicio de dicho encargo despleg\u00f3 una \u00abadecuada defensa t\u00e9cnica\u00bb; sin embargo, lo que sucedi\u00f3 en el asunto fue que su representado \u00abno entendi\u00f3 que acceder carnalmente a su hijastra menor de 14 a\u00f1os constitu\u00eda un delito, lo considero una conducta innocua\u00bb. Aclar\u00f3 adicionalmente que frente al remedio extraordinario de casaci\u00f3n \u00abno estaba obligado legalmente a tramitarlo gratuitamente, al igual que a los se\u00f1ores Magistrados no les es exigible trabajar sin remuneraci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
d.) Del expediente digital remitido por el juez constitucional, no se advierte que los dem\u00e1s involucrados en el asunto hayan intervenido al interior de este. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte neg\u00f3 la protecci\u00f3n invocada, al extra\u00f1ar satisfecho el requisito de la subsidiariedad, toda vez que el auxilio procede \u00abante la ausencia de dichos senderos o cuando las mismas no son id\u00f3neas para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, resulta admisible acudir a dicho instituto\u00bb, y en el caso bajo estudio, el actor dej\u00f3 de \u00abemplear satisfactoriamente el instrumento de la casaci\u00f3n, en aras de salvaguardar sus intereses, contra la decisi\u00f3n de segundo grado refutada, mediante el servicio de asesor\u00eda y representaci\u00f3n jur\u00eddica gratuito que ofrece la Defensor\u00eda del Pueblo, si era del caso\u00bb. <\/p>\n
Explic\u00f3 adem\u00e1s, que si bien el quejoso acudi\u00f3 en casaci\u00f3n, sin explicaci\u00f3n alguna \u00abdej\u00f3 de sustentarlo, se itera, as\u00ed sea a trav\u00e9s de otro profesional del derecho de confianza, o incluso, por intermedio de abogado adscrito a dicha instituci\u00f3n p\u00fablica, pese a que su mandatario lo interpuso oportunamente, con el objeto de cuestionar la referida determinaci\u00f3n y obtener, por esa v\u00eda, el estudio de fondo de su asunto\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Inconforme con esa decisi\u00f3n, el convocante insisti\u00f3 en las primigenias alegaciones y recab\u00f3 en que su defensor no actu\u00f3 de manera \u00abgratuita\u00bb como en su oportunidad lo afirm\u00f3, pues pag\u00f3 por los servicios prestados por su poderdante. Dijo que de haber sido informado sobre la imposibilidad de sustentar el recurso, hubiere acudido a otro profesional del derecho para ese particular fin. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme a lo dispuesto en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo judicial preferente y sumario para alcanzar la protecci\u00f3n inmediata y efectiva de los derechos fundamentales, pero de car\u00e1cter subsidiario y residual, dado que solamente puede acudirse a ella en ausencia de otros medios ordinarios de defensa, o cuando existiendo \u00e9stos, el amparo se tramita como mecanismo transitorio de defensa judicial para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
De lo anterior se desprende entonces, que la acci\u00f3n de tutela no es una v\u00eda judicial adicional o paralela a los mecanismos judiciales previstos por el legislador, y tampoco puede ser empleada como un recurso de \u00faltimo minuto al que se puede acudir para corregir sus propios errores, o para revivir t\u00e9rminos ya fenecidos a consecuencia del propio descuido procesal. <\/p>\n
2. En el presente asunto se observa, que la censura del ciudadano Rodr\u00edguez Motivar est\u00e1 encaminada, en lo fundamental, a cuestionar la decisi\u00f3n del 11 de febrero de 2020, proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 a mediante el cual confirm\u00f3 \u00abla sentencia de 29 de mayo de 2019, proferida el Juzgado 31 Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de la ciudad, por medio de la cual conden\u00f3 a WILLIAM ROBERTO RODR\u00cdGUEZ MOTIVAR, como autor del delito de acceso carnal abusivo con menor de catorce a\u00f1os agravado en concurso homog\u00e9neo y sucesivo, en concurso heterog\u00e9neo con actos sexuales abusivos con menor de catorce a\u00f1os agravados\u00bb, pues considera que los jueces que conocieron del asunto incurrieron en erradas interpretaciones de las disposiciones jur\u00eddicas aplicables al caso, lo que redund\u00f3 en la aludida condena, aunado a que dentro del asunto no cont\u00f3 con una adecuada defensa t\u00e9cnica. <\/p>\n
3. No obstante, revisado el escrito de tutela y las documentales allegadas al expediente digital, se advierte el incumplimiento del presupuesto general de procedibilidad de la subsidiariedad, ya que en un acto constitutivo de incuria, el actor dej\u00f3 de aprovechar el medio que proced\u00eda ante el juez natural para procurar la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales, por lo que a voces del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, cerrada le qued\u00f3 toda posibilidad de acudir con \u00e9xito a la tutela, dado que no puede pretender ahora subsanar su propia incuria a trav\u00e9s de este mecanismo especial de protecci\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior, porque si el descontento del se\u00f1or William Roberto se soporta, b\u00e1sicamente, en lo determinado por el juez cognoscente al interior de la causa penal donde result\u00f3 condenado, sin reparar en que presuntamente se incurri\u00f3 en una deficiente valoraci\u00f3n probatoria, y no cont\u00f3 con una adecuada defensa t\u00e9cnica, ha debido no solo formular el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, sino propender por su debida sustentaci\u00f3n en tiempo, luego mal podr\u00eda ahora el juez de tutela entrar a modificar o invalidar lo resuelto dentro del proceso, pues, no puede admitirse que por medio de este tr\u00e1mite especial\u00edsimo se provea la soluci\u00f3n de una cuesti\u00f3n que correspond\u00eda dirimir al juez natural en un escenario procesal que no se suscit\u00f3 porque el aqu\u00ed inconforme no utiliz\u00f3 con la t\u00e9cnica necesaria, las herramientas que contempla la normatividad adjetiva, en tanto que el amparo no se ha concebido como sustituto de los mecanismos de defensa establecidos por la ley, que el quejoso ha desaprovechado debido a su incuria. <\/p>\n
La Sala en supuestos similares al aqu\u00ed estudiado ha indicado, que \u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC7574-2021). <\/p>\n
4. Ahora, frente al puntal de la queja relacionado con la ausencia \u00abde defensa t\u00e9cnica\u00bb al interior del litigio en comento, las diligencias informan que desde el momento mismo en que se le vincul\u00f3 a la actuaci\u00f3n penal, el tutelante cont\u00f3 con un profesional del derecho que defendi\u00f3 sus intereses, con quien no solo se agotaron las diversas etapas procesales, sino que se realizaron acciones de participaci\u00f3n y contradicci\u00f3n que se consideraron pertinentes; de este modo, para la Sala afirmarse que existe vulneraci\u00f3n del derecho a la defensa t\u00e9cnica que se ejerce mediante abogado, no puede simplemente se\u00f1alarse la ausencia de actos tales como la interposici\u00f3n de recursos, la presentaci\u00f3n de alegatos, la solicitud de pruebas, etc., con un absoluto abandono del cargo, pues si bien \u00e9stas suelen coincidir con aquellas manifestaciones de la actividad defensiva, no constituyen en estricto sentido, en la mayor\u00eda de los casos, m\u00e1s que aparentes expresiones del ejercicio de la defensa que no siempre es posible confundir con el derecho mismo, ya que \u00e9ste puede presentarse de diversas formas como estrategia defensiva, sin que ello de modo alguno pueda compararse con la evidente desatenci\u00f3n irresponsable de los compromisos inherentes al defensor. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, cabe precisar que el concepto de derecho de defensa no se puede construir en la abstracta anticipaci\u00f3n del resultado absolutorio del juicio, sino que se soporta en las posibilidades reales de contradicci\u00f3n de los cargos imputados, lo que adem\u00e1s, depende en buena medida de la informaci\u00f3n que sobre el asunto le suministre el procesado, o de un silencio que impida la deducci\u00f3n de situaciones, a la espera entonces de que sea el Estado quien cumple cabalmente con la carga de probar el hecho y la responsabilidad, por lo que, entonces, la garant\u00eda de una defensa id\u00f3nea no siempre se materializa bajo la apariencia de inactividad, m\u00e1xime cuando la observancia de dicha garant\u00eda no se garantiza \u00fanicamente con la participaci\u00f3n activa que el defensor despliegue, sino tambi\u00e9n con la actividad del procesado, quien dentro de sus conocimientos en derecho, puede intervenir al interior de la causa adelantada en su contra interponiendo los recursos procedentes. <\/p>\n
Entonces, no cabe duda que el gestor del amparo adem\u00e1s de denunciar las omisiones del defensor, debe demostrar la trascendencia que la conducta de \u00e9ste tuvo en la decisi\u00f3n final, o c\u00f3mo una distinta implicar\u00eda una suerte tambi\u00e9n diferente para ella, an\u00e1lisis que el ciudadano William Roberto lejos estuvo de realizar, por lo que al quedar hu\u00e9rfana de sustentaci\u00f3n la censura elevada por el pretensor frente al abogado, vedado queda el juez constitucional para intervenir, en tanto que no puede asumir como propio la misi\u00f3n encomendada al abogado en cuanto a decidir de manera aut\u00f3noma qu\u00e9 acciones debe desplegar en cada asunto en aras de garantizar la defensa y el derecho de las garant\u00edas superiores de quien es objeto de la acci\u00f3n penal. <\/p>\n
5. Con todo, como el quejoso insisti\u00f3 que fue la conducta de su apoderado la que redund\u00f3 en la condena en su contra, a quien adem\u00e1s calific\u00f3 de mentiroso, bien puede el querellante, si es su deseo, hacer uso de los mecanismos institucionales para formular la queja disciplinaria en contra de este, eso s\u00ed, soportando su dicho y consiente de las implicaciones de sus afirmaciones. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, env\u00edese el expediente de la tutela a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Remitida a esta Sala el 10 de noviembre actual. <\/p>\n
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