STC16271-2021<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC16271-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-04104-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de primero de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se dirime la tutela que Yana Milet Forero Bernal y Gabriel Hern\u00e1n Santana Braidy instauraron contra la Sala Civil del Tribunal Superior y el Juzgado Octavo Civil del Circuito, ambos del Distrito Judicial de Bogot\u00e1; la Delegatura para Procedimientos de Insolvencia de la Superintendencia de Sociedades y el Banco de Occidente, extensiva al Juzgado Quince Civil Municipal de la misma ciudad y a los intervinientes en los consecutivos 2018-0387, 2019-01111 y 2019-00950. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Los libelistas, actuando en nombre propio, requirieron la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso, vivienda digna, igualdad, dignidad, educaci\u00f3n y de los menores\u00bb, para que: (i) Se \u00abDEJ[E] SIN EFECTO la sentencia proferida por el Juzgado Octavo (08) Civil del Circuito de Bogot\u00e1, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y el Grupo de Reorganizaci\u00f3n empresarial de la Superintendencia de Sociedades\u00bb y, (ii) Se les permita \u00abde buena fe, continuar con el contrato de leasing tendiente a lograr la adquisici\u00f3n de los inmuebles objeto del mismo\u00bb. <\/p>\n
En compendio se\u00f1alaron que el Juzgado Octavo Civil del Circuito de esta capital, en el juicio declarativo de restituci\u00f3n de inmueble \u201carrendado\u201d (n\u00b0 2018-00387) promovido por el Banco de Occidente contra el Grupo Comercial Jordania S.A.S., declar\u00f3 la terminaci\u00f3n del contrato de leasing financiero n\u00b0 180-113669 y orden\u00f3 la restituci\u00f3n del apartamento 302, el garaje 153 y el dep\u00f3sito 48, identificados con matr\u00edculas 50C-1387750, 50C-1387948 y 50C-1388005 (5 feb. 2019), providencia que apelaron sin \u00e9xito, pues fue confirmada por el superior (11 mar. 2019). <\/p>\n
Sostuvieron que, inconformes, interpusieron demanda de revisi\u00f3n (Rad. 11001220300020190111100) que el Tribunal declar\u00f3 infundada (16 dic. 2020). <\/p>\n
Adujeron que la Superintendencia de Sociedades admiti\u00f3 a reorganizaci\u00f3n empresarial al Grupo Comercial Jordania S.A.S. (18 dic. 2018), en el marco de la ley 1116 de 2006 y, en audiencia de objeciones (31 may. 2021), excluy\u00f3 de la masa patrimonial los bienes antes referenciados, indicando lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Revisados los documentos obrantes en el expediente y los argumentos presentados por el apoderado de la concursada como quiera que, la empresa no pudo demostrar que el bien es necesario para su operaci\u00f3n, esto en concordancia con el art\u00edculo 167 del C\u00f3digo General del Proceso, aunado a que tampoco se pudo demostrar la calidad de este inmueble en el proceso de restituci\u00f3n. Adicionalmente, para su decisi\u00f3n el Despacho tuvo en cuenta que el contrato celebrado fue de leasing habitacional familiar, \u00fanica y exclusivamente destinado a la habitaci\u00f3n de un n\u00facleo familiar, lo cual no lo hace operativo, ni corresponde a la operaci\u00f3n de la empresa, de conformidad con la definici\u00f3n dada por el decreto 2555 de 2010 a esta modalidad del contrato de leasing (\u2026)\u00bb <\/p>\n
Criticaron de tales procedimientos, \u00abla omisi\u00f3n en las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas\u00bb pues, al interior de la restituci\u00f3n era imprescindible determinar la operatividad de los \u00abbienes\u00bb, ya que serv\u00edan al objeto social del Grupo Comercial Jordania S.A.S. y as\u00ed las cosas, no pod\u00edan ser excluidos de la reorganizaci\u00f3n, y menos, ser objeto de \u00abrestituci\u00f3n\u00bb en el declarativo, porque \u00abel cese en el pago de c\u00e1nones no fue un acto voluntario, por el contrario, correspondi\u00f3 a una prohibici\u00f3n legal que contempla el art\u00edculo 17 de la Ley de Insolvencia, y que, estando estas obligaciones en cabeza de la sociedad mercantil, imped\u00eda que se realizar\u00e1 dicho pago\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n cuestionaron el proceder del Banco de Occidente, de un lado, porque \u00abA la fecha han sido cancelados m\u00e1s de CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M\/Cte. ($150.000.000) por c\u00e1nones post-reorganizaci\u00f3n, los cuales resultan il\u00f3gicos ante un enterramiento (sic), m\u00e1xime, cuando en la zona donde est\u00e1n los bienes un arrendamiento no supera los DOS MILLONES DE PESOS M\/Cte. ($2.000.000)\u00bb y de otro, porque \u00abno se ha tenido en cuenta que la utilizaci\u00f3n de dicho inmueble corresponde a un uso habitacional tal y como lo sostuvo la entidad bancaria dentro del proceso de reorganizaci\u00f3n y que a su vez sirve para el desarrollo de las actividades diarias de la familia como son el recibo de las clases de los menores residentes del inmueble, sitio de trabajo de la se\u00f1ora YANA MILET FORERO BERNAL y residencia as\u00ed mismo del se\u00f1or Gabriel Santa Braidy sujetos que conforman un n\u00facleo familiar\u00bb. <\/p>\n
2.- El Juzgado Octavo Civil del Circuito defendi\u00f3 la legalidad de lo actuado. <\/p>\n
Las dem\u00e1s autoridades convocadas remitieron el expediente digital para su estudio. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Se ha dicho que m\u00e1s all\u00e1 de la excepcional naturaleza de la \u00abtutela\u00bb, a la misma no le son ajenos algunos de los presupuestos b\u00e1sicos de ciertos actos procesales, como el de la \u00ablegitimaci\u00f3n en la causa por activa\u00bb, ya que en observancia del art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991, se predica que \u00e9sta: <\/p>\n
\u00abse refiere al titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados. Sin embargo, tanto las normas como la jurisprudencia, consideran v\u00e1lidas tres v\u00edas procesales adicionales para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela: (i) a trav\u00e9s del representante legal del titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados (menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jur\u00eddicas); (ii) por intermedio de apoderado judicial (abogado titulado con poder o mandato expreso); y, (iii) por medio de agente oficioso\u00bb (CC T-878\/07 citada en STC1148-2021). <\/p>\n
1.1.- En el caso concreto, la salvaguarda de Forero Bernal y Santana Braidy no est\u00e1 llamada a prosperar porque los impulsores deben ser los titulares de la dispensa infringida o, en su defecto, actuar en nombre o como agente oficioso del perjudicado, lo que en el sub judice no se verifica toda vez que, si bien dicen tener un inter\u00e9s como \u00abaccionistas\u00bb del \u00abGrupo\u00bb societario, carecen de legitimidad para ello. <\/p>\n
De la evidencia allegada al plenario, surge palmario que quien funge como demandado en el verbal de restituci\u00f3n y a su vez, es sujeto de reorganizaci\u00f3n empresarial, es el Grupo Comercial Jordania S.A.S.; de suerte que las disertaciones planteadas apuntan al anhelo de eventuales \u00abprerrogativas\u00bb de las que no son \u00abtitular\u00bb los actores. <\/p>\n
Como se desprende del libelo, sus alegaciones derivan de un \u00abinter\u00e9s\u00bb en las propiedades objeto de la \u00abrestituci\u00f3n\u00bb, lo que resulta insuficiente para cuestionar actuaciones judiciales originadas en litigios de los que no son parte ni en lo que han formulado intervenci\u00f3n a \u00abt\u00edtulo personal\u00bb, y menos, cuando el prop\u00f3sito es obtener la invalidaci\u00f3n total \u00e9stos. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala en STC2076-2020 y reiterada en STC10908-2021, insisti\u00f3 en que \u00abcuando la presunta violaci\u00f3n de los derechos fundamentales dimana de actuaciones cumplidas en un espec\u00edfico tr\u00e1mite judicial, la legitimidad para pretender su reparaci\u00f3n s\u00f3lo est\u00e1 radicada en quienes son parte en tal asunto y no, como aqu\u00ed acontece, en quien no tiene tal calidad\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior impide examinar el fondo del debate instado, esto es, si se violaron las garant\u00edas de los \u00absujetos procesales\u00bb frente a cada uno de los prove\u00eddos debatidos. <\/p>\n
2.- Ahora, la aspiraci\u00f3n de los impulsores encaminada a que \u00abpuedan continuar con el contrato de leasing tendiente a lograr la adquisici\u00f3n de los inmuebles objeto del mismo\u00bb, adem\u00e1s de escapar de la esfera de esta especial\u00edsima senda, instituida para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, no satisface el presupuesto de la subsidiariedad, porque corresponde a los petentes exponer dicha inquietud bien sea ante el Banco de Occidente, o ante los procesos adelantados contra el Grupo Comercial Jordania S.A.S. <\/p>\n
3.- Ergo, deviene impertinente el auxilio suplicado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto por el medio m\u00e1s \u00e1gil y, de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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