STC16274-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16274-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-30-000-2020-00742-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de primero de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00b0) de diciembre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 3 de diciembre de 2020 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por la Eduard Alex\u00e1nder D\u00edaz Le\u00f3n contra la Presidencia de la Rep\u00fablica, el Congreso de la Rep\u00fablica, los Ministerios del Trabajo y Justicia y del Derecho y el Consejo Superior de la Judicatura, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Defensor\u00eda del Pueblo. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la \u00abvida en condiciones dignas y justas\u00bb, m\u00ednimo vital, igualdad, libertad, trabajo y seguridad social, entre otros, presuntamente lesionados por las autoridades convocadas, al adoptar pol\u00edticas lesivas para \u00abla poblaci\u00f3n de trabajadores abogados litigantes afectados con la declaratoria de emergencia sanitaria nacional, por el COVID-19\u00bb. <\/p>\n
Solicita, en concreto, ordenarles a los accionados \u00ab[(i)] elaborar un censo nacional de la poblaci\u00f3n de trabajadores abogados litigantes afectados con la declaratoria de emergencia sanitaria nacional, por el COVID-19 (\u2026), [(ii)] la apropiaci\u00f3n presupuestal necesaria para mitigar el impacto de la violaci\u00f3n y amenaza de los derechos de la poblaci\u00f3n trabajadora de abogados litigantes del pa\u00eds, por el tiempo en que dure la emergencia sanitaria del COVID-19 (\u2026) [(iii)] elaborar un censo nacional de la poblaci\u00f3n de trabajadores abogados litigantes afectados con la realizaci\u00f3n de trabajos sociales y gratuitos, antes y despu\u00e9s de la expedici\u00f3n y funcionamiento en todo los Distritos Judiciales del Pa\u00eds, del art\u00edculo 48 numeral 7 del C\u00f3digo General del Proceso, (\u2026) [(iv)] se establezcan las necesidades de ajuste y l\u00edneas de pol\u00edtica, y la apropiaci\u00f3n presupuestal necesaria para mitigar el impacto de la violaci\u00f3n y amenaza de los derechos (\u2026) de la poblaci\u00f3n trabajadora de abogados litigantes del pa\u00eds, por la realizaci\u00f3n de trabajos sociales y gratuitos (\u2026), [(v)] se incluya en la reforma de la justicia todas las inquietudes de todos los COLEGIOS y AGREMIACIONES DE ABOGADOS del pa\u00eds, se designe UN DELEGADO INTERNACIONAL, VEEDUR\u00cdA INTERNACIONAL, y los Juristas m\u00e1s destacados, (\u2026) [y [(vi)] revisar y tomar las correspondientes medidas y acciones, y dar un informe a todo el pa\u00eds, y hacer seguimiento de la inoperabilidad de la puesta en marcha o funcionamiento del plan de justicia digital, la comisi\u00f3n de seguimiento a la ejecuci\u00f3n del plan de acci\u00f3n para la implementaci\u00f3n del C\u00f3digo General del Proceso, el uso de las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n y las comunicaciones en la gesti\u00f3n y tr\u00e1mite de los procesos judiciales, la litigaci\u00f3n en l\u00ednea y al expediente digital a trav\u00e9s de la previsi\u00f3n del plan de justicia digital, y en especial revisar y tomar las correspondientes medidas y acciones, y dar un informe a todo el pa\u00eds, y hagan seguimiento del cumplimiento de los acuerdos que estableci\u00f3 los compromisos del CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SALA ADMINISTRATIVA para implementar y poder en funcionamiento el C\u00f3digo General del Proceso, que le dieron vida al sistema oral y por audiencias concentradas, aprobado por la Secci\u00f3n Segunda del Consejo de Estado (\u2026) [y (vii) Se ordene la conformaci\u00f3n de una comisi\u00f3n de cumplimiento de la presente tutela\u00bb. <\/p>\n
Acota que la propia \u00abdin\u00e1mica dial\u00e9ctica procesal del servicio p\u00fablico esencial de la administraci\u00f3n de justicia, (\u2026) hace que no haya una REMUNERACI\u00d3N en tiempo oportuno\u00bb para los togados, pues los procesos pueden tardar entre diez (10) a veinte (20) a\u00f1os; adem\u00e1s, vienen siendo discriminados, por cuanto hay beneficios laborales para otros gremios, pero no para \u00ablos abogados litigantes, como independientes del sistema de la seguridad social integral en salud, pensiones y riesgos laborales, para amparar, proteger, reconocer, salvaguardar y respetar nuestros derechos laborales y de seguridad social\u00bb; razones, todas ellas, que evidencian la necesidad de una reforma a la justicia; sin embargo, asevera que no est\u00e1 de acuerdo con la presentada por la entonces Ministra de Justicia Margarita Cabello Blanco, porque \u00e9sta carece de imparcialidad. <\/p>\n
A\u00f1ade que la actividad de los abogados tambi\u00e9n se ha visto afectada porque en el C\u00f3digo General del Proceso se previ\u00f3 que deb\u00edan \u00abllevar seis curadur\u00edas gratuitas como trabajo social y gratuito sin remuneraci\u00f3n alguna\u00bb, norma \u00abinconstitucional\u00bb, impuesta antes de socializarse o concertarse con los perjudicados y sin que exista, en Santander, \u00abel listado de todos los abogados titulados\u00bb. Anota, adem\u00e1s, que dicha labor puede ser ejercida por la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Defensor\u00eda del Pueblo, las Personer\u00edas locales y los Consultorios Jur\u00eddicos y que resulta injusto que la sanci\u00f3n impuesta a un curador ad litem por ausentarse de la audiencia preceptuada en el art\u00edculo 372 \u00eddem, sea mayor a la establecida para las partes, situaci\u00f3n que se agrava si se observa que el ejercicio del enunciado cargo, puede conllevar correctivos disciplinarios. <\/p>\n
Afirma que no existe un presupuesto para desempe\u00f1arse como curador ad litem, as\u00ed como tampoco una compensaci\u00f3n o retribuci\u00f3n econ\u00f3mica y advierte que, ante la tardanza de los procesos en Colombia, se requiere una investigaci\u00f3n para establecer \u00ablas causas b\u00e1sicas o ra\u00edces inmediatas de la congesti\u00f3n y morosidad judicial\u00bb, informaci\u00f3n necesaria para la adopci\u00f3n de medidas \u00abcon la participaci\u00f3n de los abogados litigantes y la academia, en cada distrito judicial\u00bb. <\/p>\n
Cuestiona, igualmente, el cambio de horario laboral en el Distrito Judicial de Bucaramanga, pues se estipul\u00f3 \u00abde lunes a viernes, de 7:30 a.m. a 4:30 p.m., con horario de atenci\u00f3n al p\u00fablico de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.\u00bb, disposici\u00f3n que contribuye a la congesti\u00f3n judicial porque los empleados almuerzan de 12:00 del medio d\u00eda a 2:00 de la tarde y, adicionalmente, no existe un sistema para controlar el \u00abausentismo judicial\u00bb. <\/p>\n
Asegura que tampoco est\u00e1 funcionando \u00abel plan de justicia digital\u00bb a pesar de ser un requisito para el funcionamiento del sistema oral, circunstancia que le ha generado dificultades en el desarrollo de algunos procesos que asiste. <\/p>\n
Insiste en que el Gobierno Nacional omiti\u00f3 a los \u00ababogados litigantes\u00bb en las pol\u00edticas dictadas para mitigar los efectos econ\u00f3micos de la pandemia, dado que \u00abno se hizo un censo nacional de esta poblaci\u00f3n de trabajadores, ni se determin\u00f3 cu\u00e1les eran sus necesidades b\u00e1sicas y primarias afectadas, en aras de determinar cu\u00e1les son los derechos m\u00ednimos a satisfacer en estos d\u00edas de aislamiento\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, destaca que es un sujeto especial de protecci\u00f3n al ser v\u00edctima de desplazamiento forzado y defensor de derechos humanos; asimismo, expresa que los da\u00f1os pecuniarios padecidos por la actividad de los denunciados est\u00e1n afectando los m\u00ednimos necesarios para su subsistencia, pues adeuda bastante dinero por seguridad social, arrendamientos, servicios p\u00fablicos y alimentos, entre otros. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a. El Consejo Superior de la Judicatura se opuso a la prosperidad del amparo, por cuanto no ha lesionados los derechos del tutelante, pues las medidas adoptadas con ocasi\u00f3n de la pandemia, tuvieron como prioridad garantizar la vida de los servidores judiciales, abogados litigantes, auxiliares de la justicia y del p\u00fablico en general. Anot\u00f3 que se ha trabajado por la implementaci\u00f3n de las tecnolog\u00edas existentes para no paralizar el servicio de administraci\u00f3n de justicia, lo cual requiere planeaci\u00f3n y presupuesto. Acot\u00f3 que el tutelante no ha reclamado las ayudas econ\u00f3micas que busca por esta v\u00eda, a los entes gubernamentales competentes para ello. <\/p>\n
b. El Ministerio de Justicia y del Derecho adujo su falta de legitimaci\u00f3n por pasiva, dado que no est\u00e1 habilitado para dictar decisiones en materia de salud p\u00fablica; no obstante, expuso que el reparo incumpl\u00eda el presupuesto de subsidiariedad y sostuvo la improcedencia de esta salvaguarda frente a actos generales y abstractos, los cuales son susceptibles de control jurisdiccional. Anot\u00f3 que el Consejo Superior de la Judicatura adopt\u00f3 medidas urgentes para garantizar la continuidad del servicio y, al mismo tiempo, proteger la vida de los usuarios, empleados y funcionarios judiciales. A\u00f1adi\u00f3 que las afectaciones que pudieran gener\u00e1rsele a los abogados litigantes, no son desproporcionadas, pues est\u00e1n encaminadas \u00aba la protecci\u00f3n de la vida y salud de los mismos abogados, buscan garantizar la continuidad del servicio de justicia por medios no presenciales, haciendo uso de las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n y las comunicaciones, por los que los litigantes pueden seguir ejerciendo parcialmente su profesi\u00f3n por estos medios virtuales\u00bb. Pidi\u00f3, asimismo, denegar la protecci\u00f3n, por cuanto no se refirieron hechos concretos u omisiones que lesionen las garant\u00edas del censor. <\/p>\n
c. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n indic\u00f3 su falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, dado que no le competen los reproches del querellante. Agreg\u00f3 que \u00e9ste ha acudido a esta jurisdicci\u00f3n en otras oportunidades, aduciendo cuestiones similares. <\/p>\n
d. La apoderada de la Presidencia de la Rep\u00fablica y el Presidente de la Rep\u00fablica expres\u00f3, que dicho Departamento Administrativo es el responsable del programa Ingreso Solidario a quienes pueden acudir los hogares en pobreza extrema, en situaci\u00f3n de vulnerabilidad y registrados en el Sisb\u00e9n. Se\u00f1al\u00f3 que el petente no prob\u00f3 haber acudido a las entidades que manejan los programas establecidos para aliviar los efectos de la pandemia. Agreg\u00f3 que sus representados no tienen injerencia en la entrega de ayudas humanitarias y tampoco pueden modificar la justicia, la normatividad laboral o la de seguridad social, as\u00ed como tampoco la asignaci\u00f3n de auxilios en favor del solicitante, razones por las cuales solicit\u00f3 denegar el amparo, dado que no se han quebrantado las prerrogativas invocadas, y que la situaci\u00f3n del censor es similar a la de la mayor\u00eda de los colombianos. <\/p>\n
e. El Congreso de la Rep\u00fablica advirti\u00f3 que los reclamos del querellante son competencia de la Rama Ejecutiva y frente a las acusaciones por omitirse legislar en favor de los abogados litigantes, asever\u00f3 que \u00e9stos conocen el Derecho y saben que pueden concurrir a presentar proyectos de ley o reformas constitucionales, adem\u00e1s de impulsar demandas de inconstitucionalidad respecto de las normas que estimen contrarias a la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. Agreg\u00f3 haberse opuesto a otra acci\u00f3n formulada por el tutelante y otros, con igual prop\u00f3sito a la presente, la cual fue definida de manera adversa por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. <\/p>\n
f. Los dem\u00e1s guardaron silencio. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte deneg\u00f3 la protecci\u00f3n, por cuanto encontr\u00f3 que el peticionario hab\u00eda acudido a esta jurisdicci\u00f3n en pasada oportunidad, reprochando cuestiones id\u00e9nticas a las aqu\u00ed censuradas. <\/p>\n
La interpuso el accionante sin exponer motivos de disenso. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias o actuaciones judiciales es excepcional, pues s\u00f3lo tiene lugar cuando el funcionario judicial adopte una decisi\u00f3n por completo opuesta al r\u00e9gimen legal previamente se\u00f1alado, caso en el cual se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales que con tal decisi\u00f3n se genere, siempre que el afectado acuda al mecanismo dentro de un t\u00e9rmino prudencial, y no disponga de otro medio ordinario y efectivo para lograrlo. <\/p>\n
2. El tutelante cuestiona, particularmente, la actividad desarrollada por los entes denunciados para hacer frente a la \u00abemergencia sanitaria nacional, por el COVID-19\u00bb, pues considera que se han adoptado pol\u00edticas lesivas para \u00abla poblaci\u00f3n de trabajadores abogados litigantes\u00bb, adem\u00e1s de omitirse el decreto de medidas en favor de \u00e9stos. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, pronto se advierte la improcedencia de la protecci\u00f3n demandada como lo resolvi\u00f3 el a quo constitucional, pues las acusaciones propuestas ya fueron definidas por esta Sala en sede constitucional en dos ocasiones (STC 2020-00326-00 y 2020-00188-00), lo cual impide un nuevo pronunciamiento, de acuerdo con lo establecido en el art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
3.1. En efecto, en el amparo impetrado por el tutelante y otros, contra los mismos entes aqu\u00ed involucrados y dirigido a lograr iguales declaraciones, esta Sala decidi\u00f3 denegar la protecci\u00f3n en sentencia de 28 de mayo de 2020 (STC 2020-00326-00), con apoyo en las siguientes consideraciones: <\/p>\n
\u00ab[L]a acci\u00f3n est\u00e1 dirigida a cuestionar los decretos legislativos 417, 420 y 421 expedidos por el Ejecutivo el 17 y 18 de marzo de 2020, con motivo de la contingencia de salubridad mundial generada por la aparici\u00f3n y propagaci\u00f3n del Coronavirus COVID-19, lo mismo que las medidas restrictivas de movilidad y consecuente ejercicio de las actividades sociales y econ\u00f3micas, entre ellas las concernientes a la profesi\u00f3n de abogado litigante, en raz\u00f3n a que al cierre de las sedes judiciales y consecuente suspensi\u00f3n de los t\u00e9rminos procesales impide realizar adecuadamente su gesti\u00f3n profesional. <\/p>\n
Por consiguiente, los querellantes persiguen que el Gobierno Nacional, el Congreso de la Rep\u00fablica y el Consejo Superior de la Judicatura, adopten medidas encaminadas a salvaguardar los derechos laborales y a la vida digna de los abogados que derivan su subsistencia del ejercicio liberal de su profesi\u00f3n, evitando que la justicia siga \u00abparalizada\u00bb; tambi\u00e9n, que se incluya a este grupo poblacional dentro de los trabajadores independientes que reciben alivios, subsidios y\/o beneficios del Estado durante la vigencia del aislamiento obligatorio y cese de sus actividades. <\/p>\n
En ese sentido, la Sala encuentra que dichas pretensiones no est\u00e1n llamadas a salir avante a trav\u00e9s de ese mecanismo jur\u00eddico, en atenci\u00f3n a que no se fundan en la imperiosa necesidad de restablecer un derecho individual y singularizado, sino a controvertir una pol\u00edtica p\u00fablica que tiene fundamento en un estado transitorio de excepci\u00f3n, cuya connotaci\u00f3n es la de un acto de car\u00e1cter general, impersonal y abstracto. <\/p>\n
La improcedencia del resguardo frente a este tipo de situaciones fue prevista expresamente en el art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, al consagrar que \u00ab[l]a acci\u00f3n de tutela no proceder\u00e1: (\u2026) 5. Cuando se trate de actos de car\u00e1cter general, impersonal y abstracto\u00bb; ello, porque este excepcional instrumento de protecci\u00f3n, no est\u00e1 destinado a reprochar disposiciones que establecen reglas aplicables a un universo de destinatarios no determinados de antemano, es decir, a las consagradas en un acto de car\u00e1cter general, entendiendo por tal \u00abaqu\u00e9l que al no dirigirse contra alguien particular no es susceptible de consolidar situaciones jur\u00eddicas subjetivas y, como tal, de estructurar asuntos de competencia del juez de tutela\u00bb (CC T-725\/03). <\/p>\n
Concordante con lo anterior, se ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que las controversias que discuten la legalidad de los actos administrativos, sean estos generales, impersonales y abstractos, o en su defecto, particulares y concretos, deben llevarse ante la jurisdicci\u00f3n correspondiente a trav\u00e9s de los mecanismos legales dispuestos para ello, sin que esta acci\u00f3n pueda convertirse en un camino paralelo a los remedios ordinarios que el ordenamiento jur\u00eddico ha consagrado. <\/p>\n
(\u2026) Ciertamente, en raz\u00f3n a la naturaleza de las normas censuradas (decretos legislativos dictados en estado de excepci\u00f3n), no es el juez de tutela el llamado a ejercer control sobre ellos, sino que tal facultad se encuentra expresamente asignada a la Corte Constitucional seg\u00fan el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 241 de la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
Es decir, tales regulaciones cuentan con un procedimiento de revisi\u00f3n espec\u00edfico y aut\u00f3nomo que, dicho sea de paso, se encuentra en tr\u00e1mite seg\u00fan se extrae de la p\u00e1gina web de la Corte Constitucional1; all\u00ed se comunic\u00f3 que se efectu\u00f3 el reparto entre los magistrados que componen esa Corporaci\u00f3n, de cada uno de los decretos expedidos por el Ejecutivo en el marco del \u00abEstado de Emergencia\u00bb; de suerte que, es inevitable colegir la existencia \u00abde una v\u00eda judicial id\u00f3nea\u00bb que transcurre actualmente, es pertinente y suple el prop\u00f3sito perseguido por los actores, siendo aquel alto tribunal el competente para pronunciarse sobre la constitucionalidad de dichos actos. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Al resolver una acci\u00f3n tutela de similares contornos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos, la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura, se\u00f1al\u00f3 que dicho instrumento: \u00ab(\u2026) no puede interferir en las facultades extraordinarias de que goza el Presidente de la Rep\u00fablica para solventar el manejo de una situaci\u00f3n intempestiva y anormal que dio lugar a la declaratoria de la emergencia; como tampoco, en las potestades reglamentarias de los \u00f3rganos y estamentos de la administraci\u00f3n judicial, pues como ya se dijo, ese asunto se relega a un control espec\u00edfico, si bien de naturaleza constitucional; sin embargo ajeno a la tutela. <\/p>\n
\u2018Adem\u00e1s, en uno y otro evento, se trata de disposiciones impersonales, tendientes a zanjar la contingencia que devino de una situaci\u00f3n externa e irresistible como lo es la pandemia que se difumin\u00f3 por todo el mundo, no siendo Colombia la excepci\u00f3n. As\u00ed, mal podr\u00edan dichas disposiciones desplegar un efecto sesgado e inequitativo hacia un sector espec\u00edfico de la poblaci\u00f3n \u2500abogados litigantes\u2500 dado que el impacto de esos paquetes normativos trasciende de manera homog\u00e9nea y sim\u00e9trica al conglomerado social, transform\u00e1ndose en cargas que todo ciudadano debe soportar. <\/p>\n
\u2018En ese orden de ideas, todos los aspectos de la tutela relacionados con el corpus normativo que se ha ido conformando desde la declaratoria de la emergencia hasta el actual momento para paliar los efectos de la pandemia, resultan improcedentes a la luz de la tutela, lo que imposibilita a la sala adentrarse en el an\u00e1lisis de fondo de estos pedimentos\u00bb (Sala Jurisdiccional Disciplinaria, sentencia del 29 de abril de 2020, rad. 2020-00222-01)\u2019. <\/p>\n
Entonces, los Acuerdos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura (principalmente los Nos. PCSJA20-11517, PCSJA20-11526, PCSJA20-11532, PCSJA20-11546 y PCSJA20-11549), quedan sometidos al mismo control que los decretos legislativos dictados por el gobierno nacional, por cuanto se trata de medidas adoptadas bajo esa fuente normativa, el cual debe ejercerse por parte del Consejo de Estado. <\/p>\n
En suma, este medio excepcional no es apto para resolver las cuestiones planteadas, en tanto ata\u00f1e al \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n constitucional, dado que el amparo no se ha concebido como un sustituto de los medios establecidos en la ley o para anticiparse a las decisiones que debe proferir el competente. <\/p>\n
(\u2026) Ahora, en cuanto a los reproches por \u00abomisi\u00f3n legislativa\u00bb y de reglamentaci\u00f3n atribuibles al Congreso de la Rep\u00fablica y el Consejo Superior de la Judicatura, sobre garant\u00edas laborales para los abogados litigantes, la Corte reitera que esos t\u00f3picos escapan a la \u00f3rbita del juez de tutela, pues, en lo tocante al primer escenario: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la acci\u00f3n de tutela no fue instituida como una forma con la que se pueda activar el aparato legislativo (\u2026) en el caso colombiano se prev\u00e9n cuatro modalidades de \u00abiniciativa legislativa\u00bb, frente a las cuales se habilitan competencias espec\u00edficas, como lo son: i) \u00abla iniciativa de los miembros del congreso\u00bb; ii) \u00abla iniciativa popular\u00bb; iii) \u00abla iniciativa gubernamental\u00bb; y iv) \u00abla iniciativa funcional\u00bb (C.C. Set. C-031-17). En otras palabras, la \u00abnorma superior\u00bb y la \u00abley\u00bb confieren la facultad discrecional de proponer la \u00abconfecci\u00f3n de leyes\u00bb a los parlamentarios, a un n\u00famero significativo de ciudadanos, al Gobierno nacional, y a \u00ablos principales \u00f3rganos de la Rama Judicial, as\u00ed como a los organismos electorales y de control en materias relacionadas con su funci\u00f3n\u00bb (Arts. 150, 154 y 156 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica; y las leyes 5\u00aa de 1992 y 134 de 1994, entre otros). Con ese panorama, emerge con claridad que este remedio no es una de las maneras de iniciativa legislativa (\u2026)\u00bb (CSJ STC15443-2019, citada en STC, 4 may. 2020, rad. 00009-00). <\/p>\n
En similar sentido, de cara a la pretensi\u00f3n enfilada a que el Consejo Superior de la Judicatura y las carteras ministeriales realicen \u00abla implementaci\u00f3n del C\u00f3digo General del Proceso, el uso de las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n y las comunicaciones en la gesti\u00f3n y tr\u00e1mite de los procesos judiciales, la litigaci\u00f3n en l\u00ednea y el expediente digital\u00bb, la salvaguarda tambi\u00e9n se torna improcedente, principalmente porque los demandantes no acreditaron haber elevado tal requerimiento ante esas entidades, tampoco que ante la falta de respuesta satisfactoria hubieran acudido a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo para lo pertinente conforme a la ley. <\/p>\n
Adem\u00e1s, el precedente jurisprudencial ha sostenido que en lo atinente a \u00aberogaciones presupuestales\u00bb, esta acci\u00f3n deviene inviable, porque: \u00ab(\u2026) dada su especificidad, est\u00e1 destinada a proteger situaciones individuales frente a aquellas actuaciones u omisiones que constituyan una efectiva amenaza o afrenta concreta a una persona determinada. <\/p>\n
\u2018Por consiguiente, al juez constitucional no le corresponde interferir, por v\u00eda de tutela, en las decisiones generales abstractas e impersonales confiadas por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica a otras autoridades estatales, aunque si podr\u00eda, en defensa de aquellas situaciones concretas y particulares que le competen, ordenar que se adopten medidas excepcionales con el prop\u00f3sito de salvaguardar los derechos de aquellos que, por quedar cubiertos en una decisi\u00f3n general, resultan discriminados y por tanto desprotegidos. <\/p>\n
\u2018De tal manera que, tal como lo consideraron los jueces de instancia, mediante la acci\u00f3n de tutela no es posible sustituir al Gobierno Nacional en su gesti\u00f3n de formular y aplicar la pol\u00edtica fiscal del Estado, como tampoco resulta procedente, con el prop\u00f3sito por dem\u00e1s loable de proteger los derechos fundamentales, cuestionar las decisiones que con respecto a \u00e9sta facultad se tomen, porque de ser posibles la sustituci\u00f3n y la disputa, tendr\u00edamos que concluir que el constituyente le confi\u00f3 al juez constitucional, por v\u00eda de tutela, el poder omn\u00edmodo de decidir en todos los asuntos p\u00fablicos, incluyendo la direcci\u00f3n econ\u00f3mica del Estado lo cual, adem\u00e1s de impertinente, contradice abiertamente la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. Este ordenamiento determina con claridad las funciones de los diferentes \u00f3rganos del poder p\u00fablico delimitando las concurrencias, las cuales se establecen, como mecanismos de control y cooperaci\u00f3n en la consecuci\u00f3n de los fines del Estado, pero nunca como inmisiones o interferencias (Art. 113. C.P.)\u00bb (CC SU-1052\/00). <\/p>\n
Aunado a ello, en reciente sentencia desestimatoria de similar pretensi\u00f3n, esta Corporaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3: \u00ab(\u2026) al margen de ello, varios preceptos del C\u00f3digo General del Proceso avalan el uso de las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n y de las comunicaciones en las actuaciones judiciales, y aunque para su adecuado funcionamiento a\u00fan falten los recursos t\u00e9cnicos necesarios, no es de ignorar que la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura \u00abexpidi\u00f3 la Circular PCSJC20-11\u00bb por medio del cual inform\u00f3 acerca de las plataformas \u00abhabilitadas para el correcto y preferente uso de las herramientas tecnol\u00f3gicas que pueden apoyar las distintas labores actuales de los servidores de la Rama Judicial\u00bb, en medio de estas circunstancias (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 7 may. 2020, rad. 2020-00082-00). <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, frente a la aspiraci\u00f3n de que el Consejo Superior de la Judicatura, previo \u00abcenso nacional de la poblaci\u00f3n trabajadora de abogados litigantes\u00bb, regule la asignaci\u00f3n de las \u00abcuradur\u00edas gratuitas\u00bb entre todos los abogados inscritos en la seccional Santander, debe advertirse que, en principio, la soluci\u00f3n no es dable otorgarla mediante esta v\u00eda, pues los interesados no han acreditado haberse dirigido a la aludida corporaci\u00f3n para poner en conocimiento la posible inequidad en el reparto de tales asuntos entre los litigantes de esa zona del pa\u00eds, y que \u00e9sta hubiera omitido pronunciarse o lo hubiera hecho en t\u00e9rminos de arbitrariedad. <\/p>\n
Entonces, sin haber agotado ante la respectiva entidad y a trav\u00e9s de los conductos regulares, la invocaci\u00f3n de esta senda para elevar dicha petici\u00f3n est\u00e1 llamada al fracaso, m\u00e1xime cuando dicho tema no est\u00e1 ligado directamente con las medidas de emergencia que motivaron esta acci\u00f3n, sino a una situaci\u00f3n precedente, relacionada con las funciones administrativas y ordinarias a cargo de ese organismo\u00bb. <\/p>\n
3.2. Adem\u00e1s, en cuanto a la procedencia de la acci\u00f3n interpuesta como mecanismo transitorio, la Sala advirti\u00f3 que no resultaba suficiente arg\u00fcir la presencia de un perjuicio irremediable, \u00absino que incumbe aportar las pruebas que permitan acreditarlo. N\u00f3tese que para evaluar el remedio extraordinario como instrumento temporal, es menester que los reclamantes concreten las circunstancias por la que la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos judiciales, a\u00fan con las excepciones en algunos procesos y tr\u00e1mites, les han impedido el ejercicio de la actividad profesional y econ\u00f3mica independiente de abogados litigantes, y con ello la afectaci\u00f3n al derecho de acceso a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
Del mismo modo, es de anotar que pese a la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos judiciales, el Consejo Superior de la Judicatura ha venido garantizado el servicio y consecuente acceso a la administraci\u00f3n de justicia, habilitando canales virtuales y desarrollando medidas para afrontar la crisis de salubridad p\u00fablica, de manera que existen actualmente una serie de procesos en todas las jurisdicciones que est\u00e1n exceptuados de dicha suspensi\u00f3n, que se suman a aquellas actuaciones de \u00edndole penal, constitucional y las relacionada con menores de edad y entrega de dep\u00f3sitos judiciales, cuyo servicio ha sido continuo e ininterrumpido\u00bb. <\/p>\n
3.3. De igual modo, se observa que esta Sala, en sentencia de 17 de junio de 2020 (STC 2020-00188-00) frente a la reiteraci\u00f3n de los cuestionamientos ventilados por el querellante y otros, decidi\u00f3 denegar la protecci\u00f3n porque tales quejas ya hab\u00edan sido definidas en el fallo antes citado. <\/p>\n
4. A la luz de lo expuesto, se ratificar\u00e1 el fallo impugnado, dado que la protecci\u00f3n impetrada resulta improcedente, comoquiera que los reproches aqu\u00ed aducidos por el querellante, han sido definidos en esta jurisdicci\u00f3n en pret\u00e9ritas oportunidades, evidenci\u00e1ndose que, a la fecha, no han cambiado las circunstancias estudiadas en las decisiones atr\u00e1s rese\u00f1adas, pues, ciertamente, nada evidencia que el inconforme hubiese agotado las herramientas a su alcance para conseguir lo pretendido; en consecuencia, como lo ha reiterado la Sala, este mecanismo es inviable cuando \u00abla demanda versa sobre los mismos hechos y derechos que fueron materia de debate en [una] anterior tutela, (\u2026) [esto es, cuando se establece] (\u2026) que no ha habido sucesos distintos que justifiquen la proposici\u00f3n de [una] reciente demanda de amparo constitucional, ya que, ins\u00edstese, si bien los textos no son iguales, los hechos y derechos de esta acci\u00f3n son tambi\u00e9n id\u00e9nticos de la anterior (\u2026). Precisamente para evitar este tipo de abusos, el art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991 dispuso: \u2018cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u2019\u00bb (CSJ STC de 13 de febrero de 2013, exp. 00168-00; reiterada el 20 de marzo de 2013, 680122130002012-00517-01). <\/p>\n
5. Corolario de lo esgrimido, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone mantener el fallo constitucional criticado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/noticia.php?Corte-Constitucional-asume-el-control-autom%C3%A1tico-de-72-decretos-leyes-expedidos-en-el-desarrollo-por-la-emergencia-del-COVID-19-8890 \u00abBolet\u00edn No. 50 – Bogot\u00e1, 20 de abril de 2020. Tras realizar cuatro repartos en audiencia virtual, la Corte Constitucional asumi\u00f3 ahora el control autom\u00e1tico de los \u00faltimos 26 decretos leyes expedidos en desarrollo de la emergencia econ\u00f3mica, social y ambiental derivada del covid-19. Para un total de 72 decretos leyes bajo control autom\u00e1tico de constitucionalidad\u00bb <\/p>\n
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STC16274-2021 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente STC16274-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-30-000-2020-00742-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de primero de diciembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00b0) de diciembre de dos mil veintiuno (2021).- Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[43],"tags":[],"class_list":["post-59946","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59946","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59946"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59946\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59946"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59946"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59946"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}