STC16277-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16277-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 50001-22-14-000-2021-00290-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de primero de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00b0) de diciembre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 27 de octubre de 2021 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Luis Fernando Mosquera y Acened G\u00f3mez Pintor, esta \u00faltima en su nombre y en representaci\u00f3n de la menor XXX, contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito, la Inspecci\u00f3n Quinta de Polic\u00eda, ambos de la misma ciudad, y Bancolombia S.A., tr\u00e1mite al que fueron vinculados las partes y los intervinientes del asunto a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
Solicitan, en concreto, anular el juicio censurado \u00abdesde el auto de fecha 21 de septiembre del a\u00f1o 2012, (\u2026) por la indebida y falta de notificaci\u00f3n personal, la inexistencia de notificaci\u00f3n por aviso, por violaci\u00f3n al derecho de acceder a la administraci\u00f3n de justicia, por violaci\u00f3n al derecho de aportar y controvertir pruebas, por violaci\u00f3n al derecho de defensa, el derecho a la vivienda digna, y protecci\u00f3n de los derechos de la menor XXX Art.44 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. (\u2026) y ORDENAR al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Villavicencio, que una vez le sea comunicada la presente decisi\u00f3n de tutela, proceda a notificar al accionante del auto que libro mandamiento de pago\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de sus reparos expresan, en s\u00edntesis, seg\u00fan se extracta de su extenso escrito, que la existencia del litigio cuestionado \u00abnunca\u00bb fue puesta en conocimiento de demandado Luis Fernando Mosquera, pues las certificaciones obrantes en el asunto, relativas a la notificaci\u00f3n por aviso efectuada respecto del mandamiento de pago, no fueron recepcionadas por la administraci\u00f3n del conjunto donde aqu\u00e9l resid\u00eda, seg\u00fan lo certific\u00f3 la propiedad horizontal. <\/p>\n
Advierten que la entidad financiera ejecutante fue desleal con el deudor, toda vez que adem\u00e1s de no enterarlo de las diligencias reprochadas, continu\u00f3 recibiendo los pagos tard\u00edos de las cuotas pactadas por el pr\u00e9stamo hipotecario objeto del juicio, y si bien dicho banco deprec\u00f3 la terminaci\u00f3n del pleito por hallarse cancelada la obligaci\u00f3n, ante los requerimientos de la titular del estrado querellado, permiti\u00f3 la reanudaci\u00f3n del cobro. <\/p>\n
Agregan que en el proceso criticado se cometieron m\u00faltiples irregularidades, pues no se accedi\u00f3 a la clausura del mismo cuando as\u00ed lo pidi\u00f3 la ejecutante, se aprob\u00f3 una liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito a pesar de sustentarse en un pagar\u00e9 distinto del usado como base del recaudo, se procedi\u00f3 al remate del bien cautelado y se aprob\u00f3 la almoneda, desconoci\u00e9ndose la falta de vinculaci\u00f3n del demandado al decurso y todos los pagos por \u00e9l realizados. <\/p>\n
Cimentado en la situaci\u00f3n descrita, Luis Fernando Mosquera reclam\u00f3 la nulidad del decurso censurado; no obstante, en auto de 8 de junio de 2021 se neg\u00f3 su pedimento al encontrarse subsanado el vicio aducido. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS1 <\/p>\n
a. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Villavicencio asever\u00f3, que en el prove\u00eddo de 8 de junio de 2021 rechaz\u00f3 la invalidez exigida por el all\u00ed demandado, comoquiera que la misma estaba saneada \u00abporque el ejecutado particip\u00f3 en el tr\u00e1mite desde el 11 de noviembre de 2014, cuando solicit\u00f3, junto al extremo activo, la suspensi\u00f3n procesal por el plazo de seis meses y en adelante no aleg\u00f3 el vicio que actualmente invoca\u00bb. Advirti\u00f3 la improcedencia del resguardo, dado que frente al enunciado pronunciamiento no se incoaron los recursos pertinentes. <\/p>\n
b. Bancolombia S.A. asegur\u00f3 la ausencia de lesi\u00f3n a los derechos invocados, expuso que el remate del bien hipotecado se surti\u00f3 el 9 de septiembre de 2019 y resalt\u00f3 que la nulidad exigida por el ejecutado se defini\u00f3 adversamente, decisi\u00f3n que cobr\u00f3 firmeza ante el silencio del interesado. <\/p>\n
c. La Inspecci\u00f3n Quinta de Polic\u00eda de Villavicencio manifest\u00f3, que tiene asignada la pr\u00e1ctica de la diligencia de entrega del inmueble objeto del caso refutado; no obstante, atendiendo a la petici\u00f3n de suspensi\u00f3n de la misma, realizada por la parte aqu\u00ed actora, a\u00fan no la ha adelantado. <\/p>\n
d. Los dem\u00e1s guardaron silencio. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio deneg\u00f3 la salvaguarda al desconocer el presupuesto de subsidiariedad, pues el ejecutado en el proceso reprochado no agot\u00f3 los medios de defensa a su alcance contra el prove\u00eddo de 8 de junio de 2021; agreg\u00f3 adem\u00e1s, no observar lesi\u00f3n a los derechos de Acened G\u00f3mez Pintor y de la menor por ella representada, por cuanto no fueron parte en el asunto y tampoco expusieron c\u00f3mo se quebrantaron sus garant\u00edas; por otra parte expuso, que la entrega ordenada no constitu\u00eda un perjuicio irremediable, y por \u00faltimo, destac\u00f3 que \u00abel demandado, seg\u00fan se afirma en el auto que orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n, (\u2026) fue notificado por aviso, y posteriormente suscribi\u00f3 un memorial solicitando la suspensi\u00f3n del proceso, sin que alegara la nulidad que ahora pretende formular. Por lo tanto, le asiste raz\u00f3n al se\u00f1or Juez accionado al negar el tr\u00e1mite de la nulidad propuesta y que es objeto de esta acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpusieron los accionantes, se\u00f1alando que el Tribunal no comprendi\u00f3 el prop\u00f3sito de la salvaguarda formulada, pues la misma no se orient\u00f3 a refutar el auto de 8 de junio de 2021, sino que \u00abse presenta la acci\u00f3n de tutela por I) la indebida y falta de notificaci\u00f3n personal al se\u00f1or Luis Fernando Mosquera, II) la inexistencia de notificaci\u00f3n por aviso al se\u00f1or Luis Fernando Mosquera, III) el no permitirle el acceso real y efectivo a la administraci\u00f3n de justica IV) por violaci\u00f3n al derecho de aportar y controvertir pruebas dentro del proceso civil ejecutivo hipotecario de Bancolombia en contra del accionante, V) se tutele el derecho de defensa, ya que el accionante nunca logro contestar demanda, ni presentar excepciones dentro del proceso ejecutivo en su contra, VI) se tutele el derecho a la vivienda, y tutelar los derechos superiores de la menor XXX Art.44 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, como lo es el de la vivienda\u00bb. Adem\u00e1s, sostuvieron que la protecci\u00f3n prospera para evitar un perjuicio irremediable, dado que la menor agenciada y su familia perder\u00e1n su vivienda. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias o actuaciones judiciales es excepcional, pues s\u00f3lo tiene lugar cuando el funcionario judicial adopte una decisi\u00f3n por completo opuesta al r\u00e9gimen legal previamente se\u00f1alado, caso en el cual se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales que con tal decisi\u00f3n se genere, siempre que el afectado acuda al mecanismo dentro de un t\u00e9rmino prudencial, y no disponga de otro medio ordinario y efectivo para lograrlo. <\/p>\n
2. Luis Fernando Mosquera y Acened G\u00f3mez Pintor, en representaci\u00f3n de la menor XXX, reprochan la actividad surtida en la ejecuci\u00f3n hipotecaria denunciada, por cuanto, el primero, no fue enterado del proceso y, por ello le fue cercenado su derecho de defensa y contradicci\u00f3n en todas las etapas del asunto; adem\u00e1s, esgrimen la ocurrencia de un perjuicio irremediable porque pueden perder su vivienda. <\/p>\n
3. Delanteramente, se precisa que Acened G\u00f3mez Pintor y la ni\u00f1a XXX no integran ninguno de los extremos de la litis ni han sido reconocidas como parte o terceras interesadas, luego es incontrovertible que no ostentan legitimaci\u00f3n en la causa para concurrir a este asunto a controvertir el decurso rese\u00f1ado, por lo que, tal y como lo se\u00f1al\u00f3 est\u00e1 Sala en un asunto similar, \u00abno es dable a un tercero ajeno al proceso judicial, vale anotar, que no integra ninguno de los extremos que en \u00e9l se enfrentan, impetrar la acci\u00f3n de tutela para protestar contra las decisiones adoptadas por el juzgador, pues est\u00e1 claro que esas determinaciones solo pueden ser atacadas por quienes intervienen en el escenario procesal, los cuales est\u00e1n facultados para acudir, si es del caso, al mecanismo del amparo, cuando adem\u00e1s de verificarse la conculcaci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales, y a pesar de su actuar diligente dentro del tr\u00e1mite, no lograron que estas fueran protegidas por el director del proceso, a trav\u00e9s de los medios ordinarios consagrados en la ley\u00bb (CSJ STC2014-00598-01). <\/p>\n
4. Precisado lo anterior, corresponde se\u00f1alar que la queja entablada por Luis Fernando Mosquera, tal como lo dispuso el Tribunal, fracasa al incumplir el presupuesto de subsidiariedad, pues el prenombrado omiti\u00f3 ejercer los mecanismos de defensa a su alcance para lograr, en el escenario natural, un pronunciamiento sobre todas las cuestiones aducidas en el libelo genitor, sin que sea dable, a trav\u00e9s de este auxilio, conseguir una determinaci\u00f3n con la que se definan sus reclamos, dado que, se insiste, compete al juez del proceso decidir lo ocurrido en los asuntos a su cargo. <\/p>\n
En el caso, se constata que el mencionado accionante, mediante apoderado judicial, pidi\u00f3 la nulidad de lo actuado en el litigio con argumentos id\u00e9nticos a los aqu\u00ed ventilados y, posteriormente, la titular del Despacho convocado, en pronunciamiento de 8 de junio de 2021, rechaz\u00f3 la invalidez rogada porque estim\u00f3 saneada la causal que se invoc\u00f3, concerniente a la indebida notificaci\u00f3n del querellante. Ese prove\u00eddo, susceptible de ser recurrido a trav\u00e9s de reposici\u00f3n (art. 318, C.G.P.) y, en subsidio, apelaci\u00f3n (num. 6\u00b0, art. 321, \u00eddem) o, incluso, de complementaci\u00f3n (art. 287 \u00eddem), si se estimaban insuficientes los argumentos de la juzgadora de cara a las irregularidades denunciadas por el petente, cobr\u00f3 firmeza ante el silencio de \u00e9ste, incuria que impide reclamar la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n sobre los reproches alegados, dado su car\u00e1cter eminentemente residual y subsidiario. <\/p>\n
En torno a lo expuesto, la Corte de vieja data, en diversos pronunciamientos ha dicho que, \u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC5293-2021). <\/p>\n
Puntualizando que, \u00abno basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (ejusdem). <\/p>\n
5. Finalmente, tampoco procede el auxilio para evitar un perjuicio irremediable, el cual, seg\u00fan el extremo actor, consistente en la entrega del predio rematado, pues basta se\u00f1alar que el amparo \u00abno se erige como un mecanismo id\u00f3neo para obtener la interrupci\u00f3n de las diligencias judiciales, verbigracia, remate o entrega de bienes, cuando quiera que ellas son el resultado de una decisi\u00f3n judicial adoptada en el marco de un proceso tramitado con el pleno respeto del derecho al debido proceso de quienes intervienen en \u00e9l, por cuanto su fin exclusivo es la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales (\u2026). Tampoco es posible acceder al resguardo solicitado como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, como quiera que seg\u00fan ha advertido esta Corte, \u2018en principio, la pr\u00e1ctica de una diligencia (\u2026) no constituye un perjuicio irremediable, en tanto que esa circunstancia, por s\u00ed misma, no es demostrativa de que se vulneren los derechos fundamentales y, adem\u00e1s, tampoco impide al afectado procurarse otra vivienda para s\u00ed y su familia. De hecho, ese tipo de medidas responde a \u00f3rdenes leg\u00edtimas de autoridades jurisdiccionales que no pueden ser supeditadas al ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, porque en todo caso, el juez constitucional no podr\u00eda impedir que se cumplan los mandatos dictados por los juzgadores de instancia en ejercicio de sus atribuciones legales\u2019 (sentencia de tutela de 29 de noviembre de 2006, Exp. No. 8001-2213-000-2006-00079-01)\u00bb (CSJ STC791-2021). <\/p>\n
6. Resta indicar, que si los accionantes estiman la presencia de alguna ilicitud en el comportamiento de Bancolombia S.A., lo cual aqu\u00ed no fue demostrado, cuentan con la posibilidad de formular las denuncias del caso ante las autoridades competentes. <\/p>\n
7. Corolario de lo esgrimido, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone mantener el fallo constitucional criticado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Como en el presente asunto se encuentra involucrada una menor de edad, tanto la Secretar\u00eda como la Relator\u00eda de esta Sala, deber\u00e1n ocultar su nombre, \u00fanicamente para efectos de publicidad; por tanto, en todas las copias que se expidan a terceros, deber\u00e1 suprimirse dicha identidad. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 De acuerdo con lo consignado por el a quo constitucional en la sentencia impugnada, pues los archivos adjuntos al expediente digital figuran \u00abda\u00f1ados\u00bb. <\/p>\n
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