STC16284-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16284-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-00863-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de primero de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00b0) de diciembre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 13 de mayo de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Ricardo Manuel Basilio \u00c1lvarez contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia y el Juzgado Promiscuo del Circuito de El Bagre, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes e intervinientes del proceso penal a que alude el escrito de tutela. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales de petici\u00f3n y debido proceso, presuntamente conculcados por las autoridades jurisdiccionales convocadas, en el marco de la causa penal que se le sigui\u00f3 por el delito de acceso carnal violento agravado. <\/p>\n
Solicita entonces de manera concreta, para salvaguardar sus prerrogativas, que se ordene a la Colegiatura convocada, contestar el derecho de petici\u00f3n que elev\u00f3 el pasado el 10 de mayo de 2012, a trav\u00e9s del cual solicit\u00f3 que se resolviera el recurso apelaci\u00f3n que interpuso contra la decisi\u00f3n condenatoria, emitida el 14 de marzo de 2011. <\/p>\n
2. En apoyo de su reparo indic\u00f3 el actor en desordenada s\u00edntesis, que \u00abel Tribunal Superior de Antioquia desde hace 9 a\u00f1os vulner\u00f3 [su] derecho de petici\u00f3n conexo al debido proceso\u00bb, al no contestarle la solicitud que elev\u00f3 con miras a obtener informaci\u00f3n acerca del recurso de apelaci\u00f3n que present\u00f3 en contra de la sentencia de primer grado mediante la cual result\u00f3 condenado, as\u00ed como tambi\u00e9n el Juzgado Promiscuo del Circuito de El Bagre, autoridad que continu\u00f3 con el tr\u00e1mite procesal sin \u00abesperar la decisi\u00f3n del Superior Jer\u00e1rquico\u00bb, circunstancias que lo habilitan para acudir a la presente v\u00eda excepcional. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a. El Fiscal 115 Delegado manifest\u00f3, que en efecto \u00aben la unidad 115 seccional de El Bagre \u2013 Antioquia, se adelant\u00f3 una investigaci\u00f3n con radicado en el SPOA 052506000332201080037, donde se acus\u00f3 al accionante Ricardo Manuel Basilio \u00c1lvarez, por el delito de acceso carnal abusivo en menor de catorce (14) a\u00f1os, siendo condenado \u00e9sta persona, por el juzgado promiscuo del circuito de \u00e9sta localidad, en el mes de marzo de a\u00f1o dos mil once (2011)\u00bb, y que \u00ab[h]asta este momento no ten[\u00eda] conocimiento de las peticiones enviadas por [aqu\u00e9l] y tampoco la unidad a [su] cargo, ha recibido alg\u00fan derecho de petici\u00f3n en tal sentido\u00bb, motivo por cual solicit\u00f3 que se le \u00abexcluyera\u00bb de la acci\u00f3n de amparo de la referencia. <\/p>\n
b. De otro lado, el Magistrado Plinio Mendieta Pacheco de la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia inform\u00f3, que \u00abel referido proceso tramitado en contra [del accionante] (\u2026) por el delito de acceso carnal violento, [l]e fue asignado el 11 de abril de 2011, a fin de resolver el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por su defensor contra la sentencia condenatoria proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de El Bagre, Antioquia; sin embargo, dicho recurso no se desat\u00f3 (\u2026) en raz\u00f3n al Acuerdo PSAA12- 9774 de 2012, de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, [mediante el cual] fue creado otro cargo de magistrado en es[a] Sala Penal, despacho al cual fue remitida la [aludida] actuaci\u00f3n penal (\u2026), el 15 de enero de 2013\u00bb. <\/p>\n
Adujo que ese Despacho mediante auto del 21 de mayo de 2013 declar\u00f3 la nulidad de lo actuado, devolviendo las diligencias al Juzgado Promiscuo del Circuito de El Bagre, Antioquia, el que una vez rehecho el tr\u00e1mite, dict\u00f3 sentencia el 12 de noviembre siguiente, condenando al procesado a la pena principal de 19 a\u00f1os y 6 meses de prisi\u00f3n. Que si bien esa determinaci\u00f3n fue apelada por la defensa, dicho recurso fue declarado desierto en auto del 20 de noviembre siguiente, por falta de sustentaci\u00f3n. <\/p>\n
c. Por su parte, el abogado Jos\u00e9 Javier N\u00fa\u00f1ez de Aguas, quien obr\u00f3 como defensor p\u00fablico del actor, tras efectuar un recuento de todo lo acontecido en el memorado juicio, se\u00f1al\u00f3, que la solicitud que promovi\u00f3 el actor s\u00ed fue resuelta, solo que de forma desfavorable. <\/p>\n
d. A su turno, la titular del Juzgado Promiscuo del Circuito de El Bagre, quien tambi\u00e9n efectu\u00f3 un resumen de las diligencias adelantadas, dijo que la petici\u00f3n del promotor de la salvaguarda fue contestada mediante oficio 4795 del 30 de agosto de 2012, por el Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia, Dr. Plinio Mendieta. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte neg\u00f3 la protecci\u00f3n suplicada, tras considerar que \u00abdesde la fecha en que se impetr\u00f3 el requerimiento del actor -10 de mayo de 2012-, hasta cuando se presenta la demanda -28 de abril de 2020-, han transcurrido m\u00e1s de ocho (8) a\u00f1os, aproximadamente, lo cual es contrario al principio de inmediatez\u00bb; adem\u00e1s, que debe tenerse en cuenta que en contrav\u00eda de lo manifestado por el quejoso, \u00absu solicitud fue respondida el 30 de agosto de esa anualidad. Ahora si lo pretendido es atacar el fallo condenatorio igualmente, se advierte el quebranto al principio en cita toda vez que aquel se emiti\u00f3 el 12 noviembre de 2013. Adem\u00e1s, tambi\u00e9n se evidencia el desconocimiento al principio de subsidiariedad pues contra esa decisi\u00f3n no se hicieron uso de los recursos de ley adecuadamente, pues a pesar de interponerse la alzada, aquella no se sustent\u00f3, lo que llev\u00f3 a que se declare desierta\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El tutelante replic\u00f3 el fallo anterior, sin esgrimir las razones de su descontento. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Por consagraci\u00f3n constitucional y legal, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo preferente y sumario al alcance de las personas para la efectiva protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando \u00e9stos son vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas, y en ciertos casos, de los particulares. <\/p>\n
Del mismo modo, la jurisprudencia constitucional de esta Sala ha ahondado en la necesidad de verificar los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad, en forma previa a efectuar cualquier otra consideraci\u00f3n sobre el fondo del asunto debatido, toda vez que ellos se erigen en requisitos esenciales del mecanismo que definen si se est\u00e1 en presencia de un asunto susceptible de protecci\u00f3n tutelar; adem\u00e1s, tambi\u00e9n ha insistido la Corte, en que a falta de cualquiera de las aludidas exigencias debe negarse la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n
2. Descendiendo al caso concreto, se advierte con vista en los elementos de juicio obrantes en las diligencias, que la protecci\u00f3n rogada por el se\u00f1or Ricardo Manuel Basilio \u00c1lvarez resulta improcedente, tal y como lo advirti\u00f3 el a quo constitucional, conforme se pasa a explicar: <\/p>\n
2.1. De un lado, el promotor del auxilio pretende desconocer el requisito de la prontitud que gobierna las acciones de este linaje, si en cuenta se tiene que lo que expresamente cuestiona, es la falta de respuesta al derecho de petici\u00f3n que present\u00f3 en tr\u00e1mite del juicio penal que en su contra se sigui\u00f3 por el delito de acceso carnal violento, el 10 de mayo de 2012 ante la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, en tanto que la presente demanda constitucional se radic\u00f3 s\u00f3lo hasta el 28 de abril de 2021. <\/p>\n
Lo anterior deja en evidencia, que el tutelante para acudir al amparo constitucional dej\u00f3 trascurrir casi nueve (9) a\u00f1os de radicada tal solicitud, t\u00e9rmino que supera ostensiblemente el que la jurisprudencia de esta Corte ha considerado como razonable y prudencial para promover el mecanismo de defensa de los derechos fundamentales, sin que de manera alguna se justificara la tardanza en su interposici\u00f3n. <\/p>\n
En lo que toca con este tema, la jurisprudencia de esta Sala ha sostenido que, \u00abaquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb. <\/p>\n
En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC7554-2021). <\/p>\n
2.2. De otro lado, haciendo abstracci\u00f3n del incumplimiento del mentado requisito, y en aras de ahondar en razones desestimatorias de la salvaguarda, se pone de presente que trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales, se ha reiterado de vieja data ha reiterado, que \u00ablas peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo a las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ejusdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u00bb (CSJ STC9715-2021). <\/p>\n
En igual sentido se ha precisado que, \u00abno resulta factible inferir vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n dentro de una actuaci\u00f3n judicial, cuando se presenta una solicitud sobre ella misma y no se responde dentro de los t\u00e9rminos previstos en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo, ya que el juez o magistrado que conduce un proceso est\u00e1 sometido a las reglas procesales que disciplinan el mismo y debe distinguirse con claridad entre los actos judiciales y los administrativos que puedan tener a su cargo \u00e9stos. Ante la eventual morosidad en resolver, el derecho fundamental que puede invocar el interesado y ser protegido, si fuere el caso, no es propiamente el de petici\u00f3n sino el debido proceso\u00bb (Cit.). <\/p>\n
Luego, cuando por v\u00eda de tutela se aduce la vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n por parte de una autoridad judicial en curso de una actuaci\u00f3n reglada por las normas procedimentales, incumbe establecer si aquella existi\u00f3 vulneraci\u00f3n entonces, del derecho al debido proceso, examen este \u00faltimo del que se establece con suficiencia, que la vulneraci\u00f3n alegada por el se\u00f1or Ricardo Manuel es inexistente, pues el pedimento por \u00e9l elevado el 10 de mayo de 2012, a trav\u00e9s del cual solicit\u00f3 celeridad en el tr\u00e1mite de alzada, fue atendido mediante oficio No. 4795 del 30 de agosto siguiente, remitido al Centro Penitenciario Bellavista, donde se encontraba recluido el actor, quien la recibi\u00f3 en esa misma calenda. <\/p>\n
3. Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone mantener inc\u00f3lume el fallo controvertido. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto por el medio m\u00e1s expedito a las partes, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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