STC16286-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16286-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2020-01600-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de primero de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00b0) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo dictado el 15 de octubre de 2020 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por la Empresa de Servicio P\u00fablico de Aseo Emsirva EPS en liquidaci\u00f3n, contra la Sala de Descongesti\u00f3n No. 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Laboral de Descongesti\u00f3n del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, y el Juzgado D\u00e9cimo Laboral de Descongesti\u00f3n de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes e intervinientes del juicio laboral a que alude el escrito introductorio. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad promotora del amparo, a trav\u00e9s de apoderada judicial, reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la defensa y a la \u00abseguridad jur\u00eddica\u00bb, presuntamente conculcados por el \u00f3rgano de cierre convocado, con la providencia SL211-2020 del 5 de febrero, mediante la cual no se cas\u00f3 la sentencia de segundo grado que estim\u00f3 las pretensiones de Olga Luc\u00eda Bustos Herr\u00e1n, en el marco del juicio ordinario laboral que \u00e9sta instaur\u00f3 en su contra, radicado bajo el consecutivo 2010-00324. <\/p>\n
Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se acceda a la protecci\u00f3n rogada, dejando sin valor ni efecto no solo dicha determinaci\u00f3n, sino tambi\u00e9n el fallo pronunciado en sede de apelaci\u00f3n, de fecha 19 de diciembre de 2012. <\/p>\n
2. Como sustento f\u00e1ctico de lo reclamado, y luego de realizar un copioso resumen de las actuaciones surtidas dentro del juicio ordinario laboral en comento, en el que la se\u00f1ora Bustos Herr\u00e1n solicit\u00f3 que se declarara que \u00abla relaci\u00f3n laboral entre las partes esta[ba] regida por un contrato de trabajo que fuera violado por el demandado al darlo por terminado sin mediar justa causa comprobada\u00bb, y en consecuencia, \u00abla ilegalidad del despido y (\u2026) [el reconocimiento] de la indemnizaci\u00f3n conforme a lo establecido en el art\u00edculo 17 de la convenci\u00f3n colectiva de trabajo \u00fanica suscrita entre EMSIRVA ESP y SINTRAEMSIRVA E.S.P., pactada para el a\u00f1o 2004-2007 que se aplica a [su] caso (\u2026), con su correspondiente INDEXACI\u00d3N\u00bb, adujo en lo fundamental, que mediante sentencia del 24 de mayo de 2012, el Juzgado D\u00e9cimo Laboral de Descongesti\u00f3n de Cali, estim\u00f3 las pretensiones instadas, determinaci\u00f3n que apel\u00f3 sin \u00e9xito, pues el Tribunal la modific\u00f3 en beneficio de su contraparte, en providencia del 19 de diciembre siguiente. <\/p>\n
Que en vista de lo anterior, dice, acudi\u00f3 a la v\u00eda extraordinaria de casaci\u00f3n, la cual fue zanjada en prove\u00eddo datado 5 de febrero de 2020, manteni\u00e9ndose inc\u00f3lume la determinaci\u00f3n de segundo grado, motivo por el cual acude a la presente v\u00eda excepcional, pues lo cierto es que la Colegiatura convocada no realiz\u00f3 un debido an\u00e1lisis del caso, lo que transgrede los bienes jur\u00eddicos primarios que invoc\u00f3, m\u00e1xime cuando existe \u00abuna disparidad de posiciones jur\u00eddicas que han mantenido a lo largo del tiempo tanto la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cali como el \u00f3rgano de cierre de la respectiva jurisdicci\u00f3n ordinaria, la Sala de Casaci\u00f3n laboral de la Corte Suprema de Justicia, lo cual ha implicado una grave afectaci\u00f3n del principio de igualdad, el derecho al debido proceso, el derecho de defensa y la seguridad jur\u00eddica de EMSIRVA\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a. El Magistrado Sustanciador de Descongesti\u00f3n N.\u00ba 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, adem\u00e1s de remitir copia digital de la sentencia objeto del reclamo, advirti\u00f3 que en momento alguno se vulneraron las garant\u00edas fundamentales de la empresa accionante, adem\u00e1s de establecer con suficiencia que la decisi\u00f3n del ad quem de ordenar el pago de los salarios dejados de percibir desde la desvinculaci\u00f3n laboral de la demandante hasta la liquidaci\u00f3n definitiva de la entidad accionante, era acertada, situaci\u00f3n que se fundament\u00f3, adem\u00e1s, con los precedentes SL3993-2018 y SL1792-2019. <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia deneg\u00f3 la salvaguarda suplicada, pues luego de transcribir algunas de las consideraciones efectuadas por la autoridad convocada en la sentencia de casaci\u00f3n, advirti\u00f3 que \u00abque no existi\u00f3 ninguna irregularidad en las \u00f3rdenes dadas por las autoridades accionadas, comoquiera que resultaba procedente ordenar el pago de los salarios dejados de percibir por OLGA LUC\u00cdA BUSTOS HERR\u00c1N hasta que se liquid\u00f3 la empresa accionante, pues sus decisiones se fundamentaron en lo se\u00f1alado por esa Corporaci\u00f3n en sentencias SL3993-2018 y SL1792-2019. <\/p>\n
Por lo anterior, es claro que la parte accionante busca cuestionar el raciocinio jur\u00eddico de la jurisdicci\u00f3n laboral y, con ello, protestar por el sentido de la decisi\u00f3n adoptada por la accionada. <\/p>\n
Entendiendo, como se debe, que la acci\u00f3n de tutela no es una herramienta jur\u00eddica complementaria, que, en este evento, se convertir\u00eda pr\u00e1cticamente en una instancia adicional, no es adecuado plantear por esta senda la incursi\u00f3n en causales de procedibilidad, originadas en las determinaciones emitidas por los accionados, en adversidad de la firma actora\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La actora recurri\u00f3 el anterior fallo, esgrimiendo como sustento de su inconformidad, similares argumentos a los esbozados en el escrito inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Respecto de la procedencia de la acci\u00f3n de tutela frente a decisiones judiciales, por v\u00eda jurisprudencial se le ha reconocido un car\u00e1cter eminentemente excepcional y subsidiario, de acuerdo con el cual, dicha protecci\u00f3n s\u00f3lo puede abrirse paso cuando se establezcan tres situaciones, a saber: la ausencia de mecanismos judiciales para atacarla, la prontitud del reclamo, y, la existencia de causal de procedencia del amparo, es decir, cuando la acci\u00f3n u omisi\u00f3n del funcionario judicial carece de fundamento objetivo y responde m\u00e1s a su capricho o voluntad, valga decir, sea el producto de su arbitrariedad. <\/p>\n
2. De entrada se advierte que la decisi\u00f3n de primer grado debe mantener, ello porque como de lo que se duele en \u00faltimas el accionante, es de la providencia que resolvi\u00f3 el recurso extraordinario de casaci\u00f3n que propuso contra la sentencia de segundo grado, la presente acci\u00f3n residual resulta improcedente por incumplir con el presupuesto general de la inmediatez que la gobierna, si en cuenta se tiene que tal prove\u00eddo fue dictado por la Sala de Descongesti\u00f3n No. 1 mencionada, el 5 de febrero de 2020, en tanto que la presente demanda constitucional se radic\u00f3 v\u00eda correo electr\u00f3nico s\u00f3lo hasta el 6 de octubre de 2020, circunstancia que evidencia la tardanza en la formulaci\u00f3n del reclamo. <\/p>\n
Al punto es suficientemente conocido que, pese a que las disposiciones que disciplinan el amparo tutelar no fijan un t\u00e9rmino espec\u00edfico para su formulaci\u00f3n, de acuerdo con los principios y criterios que gobiernan dicho mecanismo, relacionados con la urgencia, celeridad y eficacia -art\u00edculo 3\u00ba del Decreto 2591 de 1991, se requiere que el interesado act\u00fae tan pronto tenga ocurrencia el hecho generador de la supuesta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales. <\/p>\n
Se establece, entonces, que la pretensi\u00f3n frente a la rese\u00f1ada determinaci\u00f3n no se formul\u00f3 dentro de un moderado y prudencial plazo, pues como se acot\u00f3, transcurri\u00f3 un periodo significativo \u2013m\u00e1s de 7 meses-, sin que el tutelante solicitara la protecci\u00f3n de los derechos que considera hoy vulnerados con la misma, cuesti\u00f3n que pone de relieve su inactividad y denota el quebranto del mencionado presupuesto, seg\u00fan el cual, el menoscabo de una garant\u00eda de linaje constitucional fundamental impone, en el terreno que se trata, una pronta reacci\u00f3n del supuesto lesionado o agraviado. <\/p>\n
La Corte, en la materia, ha se\u00f1alado que <\/p>\n
\u00aba pesar de la desaparici\u00f3n del t\u00e9rmino de caducidad de dos meses que el art\u00edculo 11 del Decreto 2591 de 1991 hab\u00eda consagrado para ejercer la acci\u00f3n de tutela, declarado inexequible por sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional, con posterioridad a ese pronunciamiento se ha determinado por la jurisprudencia constitucional, incluida la de esta Sala, que aunque no existe propiamente un plazo espec\u00edfico para el ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, por su propia naturaleza, por lo que constituye el objeto de protecci\u00f3n al que apunta, y, en fin, por el prop\u00f3sito inherente a esa herramienta de defensa judicial, la interposici\u00f3n del amparo debe llevarse a cabo en un t\u00e9rmino que se avenga con la inmediatez que contempla el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, al punto de permitir que la decisi\u00f3n no sea tard\u00eda o extempor\u00e1nea. <\/p>\n
Con fundamento en lo anterior, se declarar\u00e1 improcedente la acci\u00f3n de tutela por causa de la inobservancia del principio de la inmediatez que caracteriza su ejercicio adecuado. Esta limitaci\u00f3n tiene como objetivo conservar y resaltar el car\u00e1cter \u00e1gil, expedito, inmediato, de la tutela como mecanismo de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se estiman vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica acusada. <\/p>\n
Aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no deben, en principio, ser amparadas, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos s\u00ed actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC6633-2021). <\/p>\n
3. Por otra parte, y para ahondar en razones desestimatorias de lo reclamado a trav\u00e9s del amparo, basta decir, que el an\u00e1lisis efectuado por la autoridad de cierre fue concienzudo y detallado, en punto de establecer si, en efecto, exist\u00eda lugar o no a ordenar el pago de los salarios dejados de percibir por la trabajadora, desde el momento de su despido injusto y hasta la liquidaci\u00f3n definitiva de la empresa, ello, debido a la imposibilidad de su reintegro, circunstancia especifica de la que se duele la tutelante. <\/p>\n
Para ello, explic\u00f3 que deb\u00eda tenerse en cuenta el criterio jurisprudencial de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral establecido en los precedentes SL3993-2018 y SL1792-2019, que disponen frente a esa articular tem\u00e1tica lo siguiente: <\/p>\n
– SL 3993-2018: \u00ab[l]as razones expuestas en sede de casaci\u00f3n relacionadas con la validez y eficacia del acta extra convencional, son suficientes para ordenar el reintegro del accionante, comoquiera que fue despedido sin justa causa pero no en los t\u00e9rminos que orden\u00f3 el fallador de segundo grado, pues como se concluy\u00f3, la reubicaci\u00f3n se hace imposible por la liquidaci\u00f3n de la empresa, y lo que procede entonces es a t\u00edtulo compensatorio el pago de los salarios y prestaciones legales y extralegales dejados de percibir desde la fecha de la desvinculaci\u00f3n del demandante hasta la data de la culminaci\u00f3n de la liquidaci\u00f3n de la entidad, debidamente indexados, as\u00ed como los respectivos aportes al sistema de seguridad social, por el mismo lapso, como si la relaci\u00f3n laboral hubiese continuado hasta cuando dej\u00f3 de existir la accionada. <\/p>\n
– SL1792- 2019: \u00abla Corte, ante el hecho indiscutible de la extinci\u00f3n total de la entidad accionada, debe acoger otras soluciones jur\u00eddicas que compensen en forma adecuada y proporcional los derechos que le fueron vulnerados al demandante. Esto es as\u00ed debido a que, la ocurrencia de un hecho externo al trabajador, como lo es la extinci\u00f3n de la entidad empleadora por la culminaci\u00f3n del proceso liquidatorio, no debe conducir a la absoluci\u00f3n o a que el juez decline su deber de administrar justicia. <\/p>\n
Por el contrario, frente a situaciones como estas, lo razonable es adoptar decisiones compensatorias de los derechos constitucionales y legales de los trabajadores, a trav\u00e9s de sentencias viables, completas y de posible ejecuci\u00f3n. Por ello y en aras de garantizar la materialidad del derecho a la justicia efectiva, la Sala, en reemplazo del aludido reintegro y a t\u00edtulo compensatorio, considera procedente disponer el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir desde la fecha de la desvinculaci\u00f3n del demandante hasta la fecha de culminaci\u00f3n de la liquidaci\u00f3n de la entidad, debidamente indexados, as\u00ed como los respectivos aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, por el mismo lapso. <\/p>\n
Tal soluci\u00f3n se acompasa con el criterio expuesto por la Corte Constitucional, donde, ante la imposibilidad del reintegro por finalizaci\u00f3n del proceso liquidatorio, ha considerado procedente \u00abel pago de los salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir por el trabajador (\u2026) desde la fecha en que \u00e9ste fue retirado del servicio, hasta la fecha en que culmine la liquidaci\u00f3n de la entidad demandada\u00bb. <\/p>\n
De este modo, y a diferencia de lo considerado por el gestor del amparo, lo determinado reposa sobre un razonable entendimiento de la jurisprudencia existente sobre la materia, a la par de la aplicaci\u00f3n de la sana critica, cuesti\u00f3n que impide sostener, as\u00ed, que en esa actividad se hubiera incurrido en alguna de las causales de procedencia del amparo invocadas, \u00fanico supuesto que, como repetidamente se ha se\u00f1alado, le abre paso al mecanismo excepcional interpuesto, respecto de prove\u00eddos o actuaciones judiciales, no siendo, pues, la simple discrepancia con lo decidido una raz\u00f3n para que se admita la intervenci\u00f3n del juez de tutela, pues a \u00e9ste, \u00able est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (CSJ STC304-2021). <\/p>\n
As\u00ed mismo, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que, \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb y, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (ib.). <\/p>\n
4. Por expuesto, y sin m\u00e1s consideraciones por innecesarias, se impone la ratificaci\u00f3n del fallo impugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto por el medio m\u00e1s expedito, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
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