STC16288-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16288-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2021-01090-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de primero de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 8 de junio de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Bertha Tulia Cepeda Pe\u00f1a contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al que fueron vinculados las partes y los intervinientes del asunto a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Por conducto de apoderado judicial, la accionante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la seguridad social y debido proceso, presuntamente lesionados por las autoridades convocadas, dentro del decurso ordinario laboral iniciado por ella frente a la Administradora Colombiana de Pensiones \u2013Colpensiones-, radicado bajo el N\u00b0 11001310502720150058000. <\/p>\n
Solicita, en concreto, \u00abrevocar las sentencias proferidas por la H. Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 del 7 de marzo de 2017 y de la H. Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia del 2 de diciembre de 2020 y en su lugar se confirme la sentencia proferida por el Juzgado Veintisiete Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 del 12 de octubre de 2016\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de su queja sostiene, que impuls\u00f3 el decurso censurado para obtener el \u00abreajuste de la pensi\u00f3n de vejez teniendo en cuenta las cotizaciones que (\u2026) realiz\u00f3 a trav\u00e9s de la empresa Mesas y Sillas Ltda., correspondientes a los per\u00edodos de cotizaci\u00f3n entre enero de 1.996 y julio de 1998\u00bb, pedimento acogido en sentencia de primer grado; sin embargo, apelada esa decisi\u00f3n por su contraparte, el Tribunal la revoc\u00f3 para denegar sus pretensiones, y aunque inco\u00f3 el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, la Sala especializada de esta Corte resolvi\u00f3 no casar el fallo de segundo grado, tras considerar \u00abque la falta de afiliaci\u00f3n y no tener certeza de quien realizaba el pago, no permit\u00eda aceptar esas cotizaciones hechas con posterioridad, para reliquidar la pensi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Advierte que con las determinaciones de los acusados se quebrantaron sus prerrogativas, pues aqu\u00e9llos resolvieron el asunto con fundamento \u00aben normas inexistentes y\/o en normas claramente no aplicables al caso que se les plante\u00f3 (\u2026) [incurriendo en] defecto sustantivo, en lo que tiene que ver con los temas de las consecuencias jur\u00eddicas de la afiliaci\u00f3n al sistema de seguridad social en pensiones y las diferencias con el pago de aportes en mora y el c\u00e1lculo actuarial para cuando no se afilia un trabajador o persona a la seguridad social\u00bb, toda vez que seg\u00fan la misma jurisprudencia de la Sala de Casaci\u00f3n laboral el afiliado tiene derecho a pagar su seguridad social, \u00abcon miras a proteger su derecho a la pensi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1ade que los accionados desconocieron que correspond\u00eda a Colpensiones objetar su afiliaci\u00f3n al sistema, a trav\u00e9s de Mesas y Sillas Ltda., lo cual debi\u00f3 hacerse dentro del mes siguiente a las cotizaciones efectuadas, empero as\u00ed no se hizo, por lo que los \u00abpagos produc[\u00edan] plenos efectos jur\u00eddicos para que fueran tenidos en cuenta para liquidar la pensi\u00f3n\u00bb; adem\u00e1s, asegura, que sin importar que las cotizaciones se surtieran mediante dicha compa\u00f1\u00eda, deb\u00edan tenerse en cuenta, pues la Ley 100 de 1993 autoriza que tales pagos se realicen a trav\u00e9s de terceros, sin necesidad de acreditar una relaci\u00f3n laboral. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a. La Sala de Casaci\u00f3n Laboral defendi\u00f3 la legalidad de su actuaci\u00f3n, y explic\u00f3 que resolvi\u00f3 no casar el fallo de segundo grado, por cuanto \u00e9ste \u00abno quebrant\u00f3 el principio de legalidad, y se profiri\u00f3 con apego a las normas que regulan el asunto, pues lo pedido por la actora era la reliquidaci\u00f3n de la mesada pensional que le fue reconocida, para lo cual pretend\u00eda que se tuvieran en cuenta unos per\u00edodos que alegaba se encontraban en mora, sin embargo, en el caso particular de la reclamante lo que se advirti\u00f3 fue que durante el interregno reclamado no existi\u00f3 afiliaci\u00f3n, estableciendo las diferencias entre una y otra figura, as\u00ed como las consecuencias que de ella se derivan\u00bb. <\/p>\n
b. La Directora de Acciones Constitucionales de la Administradora Colombiana de Pensiones \u2013Colpensiones-, advirti\u00f3 que los accionados resolvieron correctamente el caso bajo su conocimiento, conforme a las normas y jurisprudencia aplicable y sin quebrantar las garant\u00edas invocadas. <\/p>\n
c. Mesas y Sillas S.A.S. se\u00f1al\u00f3 que no le conciernen los reproches de la accionante, pues \u00e9sta no le atribuy\u00f3 la lesi\u00f3n de sus prerrogativas sustanciales, adem\u00e1s, anot\u00f3 que no hizo parte del juicio criticado. <\/p>\n
d. Los dem\u00e1s guardaron silencio. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte deneg\u00f3 el amparo propuesto, por cuanto no hall\u00f3 irregularidad en la decisi\u00f3n confutada, pues, en su criterio, \u00abquedaron claras las razones por las cuales no hab\u00eda lugar a acceder a la solicitud de casar el fallo de segunda instancia, en aplicaci\u00f3n de los principios de autonom\u00eda e independencia judicial, consagrados en el art\u00edculo 228 de la Carta Pol\u00edtica, sin que le corresponda al juez constitucional entrar a emitir un nuevo juicio de valor diferente al efectuado por el juez natural, como lo pretende BERTHA TULIA CEPEDA PE\u00d1A\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la querellante, insistiendo en los cuestionamientos expuestos en el libelo introductor, los cuales, advirti\u00f3, no fueron definidos en su integridad por el a quo constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias o actuaciones judiciales es excepcional, pues s\u00f3lo tiene lugar cuando el funcionario judicial adopte una decisi\u00f3n por completo opuesta al r\u00e9gimen legal previamente se\u00f1alado, caso en el cual se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales que con tal decisi\u00f3n se genere, siempre que el afectado acuda al mecanismo dentro de un t\u00e9rmino prudencial, y no disponga de otro medio ordinario y efectivo para lograrlo. <\/p>\n
2. Examinada la queja, se advierte que la censura se dirige contra la sentencia SL5089-2020 de 2 de diciembre de 2020, dictada por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte, dentro del juicio impulsado por la tutelante frente a la Administradora Colombiana de Pensiones \u2013Colpensiones-, providencia mediante la cual se dispuso no casar el fallo del ad quem, donde se revoc\u00f3 el veredicto de primer grado para, en su lugar, negar las pretensiones de la querellante, orientadas a conseguir \u00abel reajuste de su pensi\u00f3n de vejez, teniendo en cuenta las cotizaciones efectuadas a trav\u00e9s de la empresa Mesas y Sillas Limitada, entre los meses de enero de 1996 y julio de 1998, adem\u00e1s del pago de las mesadas dejadas de percibir, debidamente indexadas, e intereses moratorios\u00bb. <\/p>\n
3. Fijado lo anterior, se establece, como lo concluy\u00f3 el a quo constitucional, el fracaso de la protecci\u00f3n incoada, pues de la determinaci\u00f3n rese\u00f1ada, con la cual se clausur\u00f3 el debate propuesto, no se extrae irregularidad o desafuero lesivo de garant\u00edas sustanciales y que imponga la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
3.1. En efecto, se encuentra que la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte, comenz\u00f3 por relatar los antecedentes del asunto para, luego, advertir que la censora formul\u00f3 un cargo \u00fanico, atacando la sentencia del Tribunal \u00abpor violaci\u00f3n directa de la ley en la modalidad de aplicaci\u00f3n err\u00f3nea del art\u00edculo 33 de la Ley 100 de 1993, (\u2026); todo dentro de los par\u00e1metros contemplados en el art\u00edculo 51 del Decreto 2651 de 1991 y 162 de la Ley 446 de 1998\u00bb, ciment\u00e1ndose en que, de acuerdo con la normatividad aplicable, para la pensi\u00f3n de vejez pod\u00eda tenerse en cuenta la suma de las semanas cotizadas en cualquier r\u00e9gimen, sin que fuese obligatorio demostrar \u00abla relaci\u00f3n laboral o conocer al empleador que hace los respectivos aportes\u00bb; adem\u00e1s, anot\u00f3 que dicha obligaci\u00f3n solo ten\u00eda lugar \u00aben el caso de los empleadores que ten\u00edan a su cargo el reconocimiento de pensiones, que no es la situaci\u00f3n de Mesas y Sillas Limitada, siempre y cuando se pague un c\u00e1lculo actuarial\u00bb. Por \u00faltimo, la recurrente reproch\u00f3 el fallo de segundo grado porque no se aplicaron los art\u00edculos 10 y 11 del Decreto 1161 de 1994, los cuales habr\u00edan llevado a concluir que las semanas canceladas por Mesas y Sillas Limitada eran v\u00e1lidas, toda vez que Colpensiones no las objet\u00f3 oportunamente, aceptando as\u00ed su validez. <\/p>\n
3.2. Para definir lo anterior, la accionada comenz\u00f3 por advertir que la estructuraci\u00f3n del cargo antes descrito, no ten\u00eda \u00abla solidez deseable, pues, adem\u00e1s de que se refiere a una confusa modalidad de infracci\u00f3n de aplicaci\u00f3n err\u00f3nea, acude tambi\u00e9n, de manera contradictoria, a una falta de aplicaci\u00f3n de un mismo conjunto normativo\u00bb; no obstante, se\u00f1al\u00f3 que atendiendo a la demostraci\u00f3n del cargo, era \u00abposible entender que la verdadera intenci\u00f3n de la censura est\u00e1 dada en demostrar que el Tribunal interpret\u00f3 con error el art\u00edculo 33 de la Ley 100 de 1993, al no tener en cuenta que, a partir de dicha norma, resultaba preciso convalidar las semanas en mora o pagadas extempor\u00e1neamente, sin que fuera necesario demostrar la existencia de alguna relaci\u00f3n laboral\u00bb. <\/p>\n
Enseguida record\u00f3, que \u00abel Tribunal subray\u00f3 que en este tipo de asuntos resultaba preciso diferenciar conceptualmente los escenarios de mora en el pago de los aportes, con los de falta de afiliaci\u00f3n al sistema de pensiones, por tener causas y consecuencias diferentes. As\u00ed, en el primer caso, aclar\u00f3 dicha corporaci\u00f3n, las semanas en mora resultaban v\u00e1lidas para el afiliado, si la respectiva administradora de pensiones no acreditaba el ejercicio de las acciones de cobro, mientras que en el segundo caso lo que proced\u00eda era la acreditaci\u00f3n de una relaci\u00f3n laboral con ausencia de la inscripci\u00f3n, para obligar al empleador a trasladar al respectivo fondo un c\u00e1lculo actuarial representativo de los periodos omitidos. <\/p>\n
Ahora bien, partiendo de la premisa f\u00e1ctica indiscutida en el cargo, dada la v\u00eda por la cual se encamina la acusaci\u00f3n, de que en este caso lo que se registr\u00f3 fue una falta de afiliaci\u00f3n de la demandante, por su empleador Ojalata Limitada, que intent\u00f3 ser remediada con posterioridad a trav\u00e9s de un extempor\u00e1neo e inconsulto pago de aportes (\u2026), sin certeza sobre qui\u00e9n realizaba el pago, las consideraciones jur\u00eddicas del Tribunal resultan del todo acertadas. <\/p>\n
En efecto, tal y como lo se\u00f1al\u00f3 el Tribunal, a partir de varias sentencias como las CSJ SL9856-2014, SL17300-2014 y CSJ SL14388-2015, esta sala de la Corte ha diferenciado efectivamente los contextos de mora en el pago de los aportes, con los de falta de afiliaci\u00f3n del trabajador, y ha precisado que mientras en el primer caso las semanas pueden ser convalidadas para el afiliado, si el respectivo fondo de pensiones no acredita el ejercicio de las acciones de cobro, en el segundo lo que resulta preciso es demostrar la existencia de un empleador omiso en la afiliaci\u00f3n, para obligarlo a trasladar a la correspondiente administradora el valor de un c\u00e1lculo actuarial, correspondiente a los periodos omitidos. <\/p>\n
Posteriormente, tras citar las consideraciones pertinentes de la sentencia CSJ SL4021-2019, concluy\u00f3 que lo sucedido en el caso fue \u00abuna falta de afiliaci\u00f3n de la trabajadora al sistema de pensiones, por parte de su empleador Ojalata Limitada, por tanto] no resultaba viable convalidar las semanas correspondientes al per\u00edodo transcurrido entre los meses de enero de 1996 y julio de 1998, por el solo hecho de que se hubieran pagado de forma extempor\u00e1nea, pues, como se lo advirti\u00f3 a la demandante la instituci\u00f3n demandada desde un inicio, entre otros a trav\u00e9s del oficio visible a folio 52, lo que proced\u00eda era la habilitaci\u00f3n de los tiempos, por medio de un c\u00e1lculo actuarial, lo que nunca fue llevado a cabo. <\/p>\n
Resta advertir que a la censura no le asiste raz\u00f3n al sostener que la exigencia del c\u00e1lculo actuarial solo es plausible en aquellos casos en los que se trata de la primera afiliaci\u00f3n del trabajador, pues, como lo ha advertido esta corporaci\u00f3n, tal remedio normativo, introducido a partir de disposiciones como el art\u00edculo 33 de la Ley 100 de 1993, procede para todos aquellos casos en los que los empleadores incumplen con la afiliaci\u00f3n de su servidor, tan pronto como se inicia la relaci\u00f3n laboral, sea cual sea la causa por la que se presenta dicha omisi\u00f3n (CSJ SL14388-2015). <\/p>\n
Igualmente, no puede aceptarse que la entidad demandada hubiera convalidado los aportes y, con ello, las semanas, pues no solo se trat\u00f3 de un pago inconsulto, sino que la instituci\u00f3n nunca reconoci\u00f3 la validez de dicha operaci\u00f3n y, contrario a ello, como ya se advirti\u00f3, puso de presente que lo que proced\u00eda en este especial caso era el traslado de un c\u00e1lculo actuarial y no el simple pago extempor\u00e1neo de cotizaciones (\u2026). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, sin que resulten necesarias m\u00e1s consideraciones, para la Sala es claro que el Tribunal no incurri\u00f3 en los errores jur\u00eddicos denunciados por la censura al no darle validez a los aportes correspondientes al lapso transcurrido entre enero de 1996 y julio de 1998\u00bb <\/p>\n
4. Las elucubraciones citadas no entra\u00f1an, como antes se expuso, irregularidad o arbitrariedad lesiva de prerrogativas sustanciales, pues se encuentra que el cargo formulado por la tutelante contra la sentencia de segundo grado, se decidi\u00f3 con suficiencia, explic\u00e1ndose la imposibilidad de tener por v\u00e1lidas las cotizaciones realizadas en su favor entre enero de 1996 y julio de 1998, por cuanto no se hallaba acreditado que estuviese afiliada al sistema, siendo necesario para \u00abla habilitaci\u00f3n de los tiempos\u00bb la realizaci\u00f3n de un \u00abc\u00e1lculo actuarial\u00bb, el cual no se elabor\u00f3; por tanto, la protecci\u00f3n demandada deviene frustr\u00e1nea, pues la simple divergencia conceptual, o el no compartir el sentido de la decisi\u00f3n anotada, no permite abrir camino a esta herramienta, dado que la tutela no es el instrumento para definir cu\u00e1l de las posibilidades de interpretaci\u00f3n se ajusta a la norma adjetiva o sustancial que est\u00e1 llamada a aplicarse al caso concreto. <\/p>\n
5. De manera invariable ha se\u00f1alado la Sala de tiempo atr\u00e1s, que \u00abindependientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC14010-2021). <\/p>\n
6. Corolario de lo esgrimido, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone mantener el fallo constitucional criticado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC16288-2021 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente STC16288-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2021-01090-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de primero de diciembre de dos mil veintiuno) Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 8 de junio de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[43],"tags":[],"class_list":["post-59956","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59956","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59956"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59956\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59956"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59956"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59956"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}