STC16290-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16290-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2021-01068-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de primero de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00b0) de diciembre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 22 de junio de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por la Isidoro Ll\u00e1\u00f1ez Rosado contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, tr\u00e1mite al que fueron vinculados las partes y los intervinientes del asunto a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
Solicita, en concreto, ordenarle a la querellada \u00abque expida una nueva providencia que respete [sus] derechos (\u2026), en reemplazo de la expedida el d\u00eda 18 de septiembre de 2019\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de su queja sostiene, que en el juicio reprochado pretendi\u00f3 se le otorgara la pensi\u00f3n convencional, reconocida por la extinta Electrificadora del Magdalena S.A., sin ser \u00e9sta \u00abcompartida con la pensi\u00f3n de vejez que le otorg\u00f3 el ISS, sino compatible\u00bb y, en consecuencia, que se le pagara \u00abel valor resultante de la diferencia de las dos pensiones (\u2026) a partir del mes de abril de 2000 hasta que se produzca el fallo y se le contin\u00fae pagando la referida pensi\u00f3n como le fue reconocida junto con sus intereses moratorios\u00bb, demanda desestimada por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Santamarta, mediante sentencia de 15 de noviembre de 2013, providencia apelada por el querellante, pero ratificada por el Tribunal Superior de la misma ciudad, el 8 de abril de 2014. <\/p>\n
Expone que formul\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n frente a la decisi\u00f3n del ad quem; sin embargo, en fallo de 18 de septiembre de 2019, la Corporaci\u00f3n accionada resolvi\u00f3 no casar ese pronunciamiento, proceder que lesiona sus garant\u00edas, pues su caso, sin ninguna justificaci\u00f3n, fue fallado de manera distinta a lo decidido en las sentencias de 27 de agosto de 2019, 5 de febrero de 2020 y 3 de febrero de 2021, donde los interesados Nicol\u00e1s Esteban Orozco, Jos\u00e9 del Carmen Padilla Viloria y Arturo Enrique Pacheco Pacheco, respectivamente, se encontraban en condiciones similares a las suyas y all\u00ed s\u00ed fueron acogidos sus pedimentos. <\/p>\n
Advierte que cumple el presupuesto de inmediatez, comoquiera que \u00abdesconoc\u00eda que a otros pensionados en iguales circunstancias a las suyas les hubieran reconocido la compatibilidad de las pensiones\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a. La Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n defendi\u00f3 la legalidad de su actuaci\u00f3n, toda vez que no lesion\u00f3 las garant\u00edas del querellante. Anot\u00f3 que los casos referidos por \u00e9ste como fuente del supuesto tratamiento discriminatorio, no evidencian tal acusaci\u00f3n, pues \u00abel \u00fanico cargo propuesto [por el accionante] por la v\u00eda directa o puramente jur\u00eddica, intentaba poner en entredicho un aspecto f\u00e1ctico para lo cual existe dentro de las reglas del recurso de casaci\u00f3n laboral otra v\u00eda o sendero, por lo que ante esa falencia, la Corte no pod\u00eda abordar sino las conclusiones jur\u00eddicas del Tribunal, las cuales resultaron acertadas en comparaci\u00f3n con el criterio que inveteradamente ha sostenido su jurisprudencia en materia de compatibilidad o compartibilidad de las pensiones extralegales, y por ello, no hab\u00eda otra salida que desestimar la acusaci\u00f3n (\u2026). [Adem\u00e1s,] en esta misma sentencia al final explic\u00f3 que no pod\u00eda darle la soluci\u00f3n que aplic\u00f3 a otros casos similares, porque en ellos los recurrentes s\u00ed cumplieron las cargas m\u00ednimas de formulaci\u00f3n adecuada de los cargos y su debida sustentaci\u00f3n, particularmente un aspecto f\u00e1ctico sobre el cual giraba toda la discusi\u00f3n, como fue el hecho de determinar en qu\u00e9 momento se caus\u00f3 la prestaci\u00f3n pensional concedida por el empleador, dado que ese es el punto de referencia para ubicar si encaja o no dentro de las previsiones legales de la compatibilidad o compartibilidad pensional, y como en el caso que estudi\u00f3 la Sala, el recurrente no cuestion\u00f3 ese aspecto central de la decisi\u00f3n del Tribunal, no se pod\u00eda abordar oficiosamente ese punto, manteniendo la presunci\u00f3n de legalidad y acierto de la sentencia de segunda instancia\u00bb. <\/p>\n
b. Electricaribe S.A. E.S.P. -en liquidaci\u00f3n- advirti\u00f3 la improcedencia de este auxilio para obtener prestaciones laborales y beneficios econ\u00f3micos y sostuvo su falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, pues adem\u00e1s de reprocharse decisiones judiciales, lo relativo a las pensiones convencionales lo maneja, en la actualidad, la Fiduprevisora, en calidad de vocera del Patrimonio Aut\u00f3nomo Foneca. <\/p>\n
c. El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Santa Marta relat\u00f3 los antecedentes del asunto y manifest\u00f3 que no conculc\u00f3 las prerrogativas del querellante. <\/p>\n
d. Los dem\u00e1s guardaron silencio. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte deneg\u00f3 el amparo al no encontrar arbitrariedad en la decisi\u00f3n criticada; adem\u00e1s, resalt\u00f3 que el interesado \u00abdej\u00f3 pasar la oportunidad para que el m\u00e1ximo \u00f3rgano de la justicia ordinaria laboral estudiara de fondo su caso. <\/p>\n
La Sala, incluso, en la sentencia confutada explic\u00f3 porque no era posible resolver el caso de ISIDORO LLA\u00d1EZ ROSADO, de igual manera que en la providencia SL3650 \u2013 2019, pues la censura all\u00ed planteada, se efectu\u00f3 en dos cargos, uno por la v\u00eda directa, lo que les permiti\u00f3 darle un alcance que se acompasara con el querer del impugnante, circunstancia que en este caso no ocurri\u00f3. <\/p>\n
Adem\u00e1s, los otros fallos que invoc\u00f3 el tutelante para sustentar el derecho a la igualdad se emitieron con posterioridad al fallo confutado y en los mismos se plantearon discusiones f\u00e1cticas y probatorias que permitieron dilucidar lo relacionado con la fecha de causaci\u00f3n del derecho pensional\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el accionante expresando que \u00abno es cierto (\u2026) que los otros fallos decididos por la accionada hayan sido atacados por v\u00edas diferentes a la propuesta en favor del actor, pues de ellas la \u00fanica que atac\u00f3 el fallo de segunda instancia por las v\u00edas directa e indirecta fue el \u00faltimo. Los otros dos fallos aportados en la tutela atacan la sentencia tambi\u00e9n por la v\u00eda indirecta (\u2026). Esa circunstancia no se tuvo en cuenta (\u2026), pues las demandas de casaci\u00f3n tienen id\u00e9nticas bases y todas atacan los respectivos fallos por la v\u00eda indirecta, teniendo distintas decisiones a pesar de poseer los mismos fundamentos\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias o actuaciones judiciales es excepcional, pues s\u00f3lo tiene lugar cuando el funcionario judicial adopte una decisi\u00f3n por completo opuesta al r\u00e9gimen legal previamente se\u00f1alado, caso en el cual se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales que con tal decisi\u00f3n se genere, siempre que el afectado acuda al mecanismo dentro de un t\u00e9rmino prudencial, y no disponga de otro medio ordinario y efectivo para lograrlo. <\/p>\n
2. El tutelante cuestiona, particularmente, la sentencia SL3870-2019, dictada por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte, dentro del juicio ordinario laboral impulsado por aqu\u00e9l frente a la Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, surge evidente la improcedencia del reproche, pues la gesti\u00f3n censurada data del 18 de septiembre de 2019, en tanto que la presente demanda constitucional se radic\u00f3 solo hasta el 25 de mayo hoga\u00f1o, circunstancia que evidencia la tardanza en la proposici\u00f3n del reclamo tutelar. <\/p>\n
Al punto es suficientemente conocido, que pese a que las disposiciones que disciplinan el amparo tutelar no fijan un t\u00e9rmino espec\u00edfico para su formulaci\u00f3n, de acuerdo con los principios y criterios que gobiernan dicho mecanismo, relacionados con la urgencia, celeridad y eficacia -art\u00edculo 3\u00ba del Decreto 2591 de 1991-, se requiere que el interesado act\u00fae tan pronto tenga ocurrencia el hecho generador de la supuesta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales. <\/p>\n
Se establece, entonces, que la pretensi\u00f3n no se formul\u00f3 dentro de un moderado y prudencial plazo, pues como se rese\u00f1\u00f3, transcurri\u00f3 un tiempo significativo -m\u00e1s de 1 a\u00f1o y 8 meses-, sin que el accionante solicitara la protecci\u00f3n de los derechos que considera vulnerados con la providencia criticada; adem\u00e1s, el hecho de haberse emitido pronunciamientos en decursos similares al suyo, pero con decisiones favorables a los all\u00ed reclamantes (una de \u00e9stas antes de la aqu\u00ed censurada), no torna tempestiva la presente demanda, comoquiera que si el actor estimaba deficiente la argumentaci\u00f3n de la Sala atacada al proveer de forma contraria a sus intereses, sobre la diferencia pensional exigida, nada le imped\u00eda concurrir a esta jurisdicci\u00f3n, de manera oportuna, esgrimiendo las consideraciones del caso, t\u00e9ngase en cuenta que \u00abla demora en acudir a este medio excepcional desvirt\u00faa que est\u00e9 en presencia de una circunstancia de urgencia o peligro\u00bb (CSJ STC de 11 mayo de 2010, exp. 00249-01, reiterada en STC799-2015 y STC4941-2017, entre otras) <\/p>\n
La Corte, en la materia, ha se\u00f1alado que \u00aba pesar de la desaparici\u00f3n del t\u00e9rmino de caducidad de dos meses que el art\u00edculo 11 del Decreto 2591 de 1991 hab\u00eda consagrado para ejercer la acci\u00f3n de tutela, declarado inexequible por sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional, con posterioridad a ese pronunciamiento se ha determinado por la jurisprudencia constitucional, incluida la de esta Sala, que aunque no existe propiamente un plazo espec\u00edfico para el ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, por su propia naturaleza, por lo que constituye el objeto de protecci\u00f3n al que apunta, y, en fin, por el prop\u00f3sito inherente a esa herramienta de defensa judicial, la interposici\u00f3n del amparo debe llevarse a cabo en un t\u00e9rmino que se avenga con la inmediatez que contempla el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, al punto de permitir que la decisi\u00f3n no sea tard\u00eda o extempor\u00e1nea. <\/p>\n
Con fundamento en lo anterior, se declarar\u00e1 improcedente la acci\u00f3n de tutela por causa de la inobservancia del principio de la inmediatez que caracteriza su ejercicio adecuado. Esta limitaci\u00f3n tiene como objetivo conservar y resaltar el car\u00e1cter \u00e1gil, expedito, inmediato, de la tutela como mecanismo de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se estiman vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica acusada. <\/p>\n
Aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no deben, en principio, ser amparadas, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos s\u00ed actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC1994-2020). <\/p>\n
4. Ahora, aun soslayando el aludido requisito, el resguardo no tendr\u00eda vocaci\u00f3n de prosperidad, en cuanto al derecho fundamental a la igualdad que el censor esgrime como quebrantado, pues revisadas las sentencias por \u00e9l referidas, no se advierte que la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte le hubiese impartido un trato diferenciado sin justificaci\u00f3n. <\/p>\n
En efecto, se constata que el ataque del promotor a la sentencia del ad quem, realizado por la v\u00eda directa, no fue correctamente planteado, pues adujo aspectos f\u00e1cticos que no pudieron ser revisados por la accionada, limit\u00e1ndose \u00e9sta a estudiar las conclusiones jur\u00eddicas del Tribunal de segundo grado, las cuales hall\u00f3 acertadas, sin resultar viable pronunciarse en cuanto al momento en cual se caus\u00f3 la prestaci\u00f3n pensional concedida por el empleador del tutelante, punto necesario para definir lo concerniente a la compatibilidad o compatibilidad pensional, y correctamente atacado -por la v\u00eda indirecta- en los asuntos tra\u00eddos a colaci\u00f3n por el peticionario, empero no as\u00ed en el tr\u00e1mite rebatido, pues aqu\u00e9l no efectu\u00f3 ataques puntuales sobre ese particular. <\/p>\n
Sobre lo acotado, as\u00ed discurri\u00f3 la autoridad querellada: <\/p>\n
\u00ab[E]l ataque resulta inane, pues desde el punto de vista jur\u00eddico, los referidos c\u00e1nones eran los que regentaban la situaci\u00f3n controvertida, pues ante los hechos indiscutidos dada la orientaci\u00f3n del cargo, el demandante caus\u00f3 la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n de origen extralegal reconocida por Electromag a partir del 16 de febrero de 1986, y tambi\u00e9n la pensi\u00f3n de vejez por parte del ISS el 18 de septiembre de 1999, era palmario afirmar con acierto, que tales prestaciones eran compartibles, respecto de lo cual ha sido invariable la jurisprudencia de esta Sala de Casaci\u00f3n, en reiterar que desde cuando entr\u00f3 en vigencia el Acuerdo 029 de 85, aprobado por el Decreto 2879 de la misma anualidad, se consagr\u00f3 la compartibilidad de las pensiones extralegales convencionales con la de vejez, la cual opera por ministerio de la ley, quedando a cargo del empleador el mayor valor si lo hubiere, aspecto sobre el que esta Sala se ha pronunciado de manera reiterada y pac\u00edfica, entre otras en la sentencia CSJ SL8768-2015, rad.55215, rememorada en la CSJ SL17085-2017- rad. 58486, en donde sostuvo: \u00ab[\u2026] lo cierto es que la compartibilidad pensional, en el caso de pensiones de car\u00e1cter convencional, opera por ministerio de la ley, en aquellos eventos en que el derecho pensional se estructure -como en el sub lite, el 12 de noviembre de 2002- con posterioridad a la entrada en vigencia del Acuerdo 029 de 1985, normatividad que consagr\u00f3 la compartibilidad de pensiones de car\u00e1cter extralegal con las de vejez que llegare a reconocer el ISS.\u00bb. <\/p>\n
Ahora bien, si lo que pretend\u00eda demostrar la censura, es que el tribunal se esquiv\u00f3 al no determinar que el derecho pensional convencional del demandante se caus\u00f3 el 23 de abril de 1985, como lo adujo en la demanda y en el recurso de alzada, y no el 16 de febrero de 1986, como lo infiri\u00f3 el sentenciador de alzada, con base en la resoluci\u00f3n de reconocimiento y la convenci\u00f3n colectiva de trabajo de 1972, debi\u00f3 como lo advierte la r\u00e9plica, formular el cargo por la v\u00eda indirecta, pues solo de esa manera podr\u00eda haber entrado la Corte a analizar tales pruebas, y concretamente la cl\u00e1usula 10 del acuerdo convencional referido, con el que reafirm\u00f3 que el derecho pensional se caus\u00f3 con el reconocimiento de la prestaci\u00f3n, que tuvo lugar el 17 de febrero de 1986, esto es, con posteridad a la entrada en vigencia del Acuerdo 029 de 1985; sin embargo, no lo hizo, dejando as\u00ed inc\u00f3lumes los verdaderos pilares f\u00e1cticos de la decisi\u00f3n cuestionada, es decir, que la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n reconocida ten\u00eda la virtualidad de ser compartida con la de vejez, determinaci\u00f3n que est\u00e1 amparada de la presunci\u00f3n de acierto y legalidad. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Cabe agregar que el presente caso es diferente al que se resolvi\u00f3 a trav\u00e9s de la providencia CSJSL 3650 \u2013 2019, o rad. 79055, por cuanto all\u00ed se adopt\u00f3 una decisi\u00f3n contraria a este, en tanto se formularon dos cargos, uno por la v\u00eda indirecta, pero en este asunt\u00f3, la t\u00e9cnica no nos permite hacer lo propio\u00bb. <\/p>\n
5. Ciertamente, revisadas las sentencias de 27 de agosto de 2019, 5 de febrero de 2020 y 3 de febrero de 2021, donde fungieron como demandados Nicol\u00e1s Esteban Orozco, Jos\u00e9 del Carmen Padilla Viloria y Arturo Enrique Pacheco Pacheco, respectivamente, se constata, sin ambig\u00fcedad, que todos, hall\u00e1ndose en circunstancias similares a las del promotor, s\u00ed refutaron los fallos emitidos en sus casos en segunda instancia por la \u00abv\u00eda indirecta\u00bb, habilitando a la Corporaci\u00f3n denunciada para pronunciarse sobre cuestiones f\u00e1cticas que incid\u00edan en las fechas relativas al reconocimiento de sus pensiones; no obstante, como se refleja de la transcripci\u00f3n antes efectuada, el tutelante s\u00f3lo formul\u00f3, en su asunto, \u00abun cargo por la v\u00eda directa\u00bb; por tanto, se insiste, ning\u00fan quebranto se halla de cara al derecho a la igualdad. <\/p>\n
6. Corolario de lo esgrimido, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone mantener el fallo constitucional criticado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
<\/p>\n
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