STC16292-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16292-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 25000-22-13-000-2021-00440-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de primero de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (01) de diciembre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 3 de noviembre de 2021, por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por La Casa del Futbolista S.A.S, contra el Juzgado Civil del Circuito de Funza y el Juzgado Promiscuo Municipal de Cota, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y dem\u00e1s intervinientes en el proceso declarativo a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se conceda el resguardo deprecado, ordenando al Juzgado Civil del Circuito de Funza, \u00absuspenda la diligencia de desalojo programada para el pr\u00f3ximo dieciocho (18) del mes de octubre del a\u00f1o que corre, toda vez que se evidencia la vulneraci\u00f3n al derecho al trabajo\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de su reclamo aduce en compendio, que el 24 de septiembre del presente a\u00f1o se enter\u00f3 de la aludida diligencia de entrega, que practicar\u00eda el Juzgado Promiscuo de Cota por comisi\u00f3n que le hizo el Juzgado Civil del Circuito de Funza, dentro del referido proceso, por lo que acudi\u00f3 al precitado estrado y solicit\u00f3 la nulidad del juicio por indebida notificaci\u00f3n. <\/p>\n
Finalmente sostiene, que en el inmueble objeto de la diligencia se construyeron unas sedes administrativas y se adecuaron dos campos para la pr\u00e1ctica deportiva, con una inversi\u00f3n de m\u00e1s de seiscientos millones de pesos ($600\u00b4000.000,oo) obtenidos con endeudamiento, generando empleo para varias personas (Deisy Hern\u00e1ndez Contreras, Mar\u00eda Isabel Hern\u00e1ndez Contreras, David Alexander Beltr\u00e1n Claros, Edgar Su\u00e1rez Reyes, Geisimar Yesid Izquierdo y Jorge Gregorio Ochoa G\u00e1lea), quienes tambi\u00e9n se ven afectados con las \u00abvarias irregularidades que afectaron la notificaci\u00f3n e impidieron a la parte demandada en dicha acci\u00f3n se enterara de la demanda en su contra\u00bb, situaci\u00f3n que en su criterio, justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional a su favor. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
El titular del Juzgado Civil del Circuito de Funza inform\u00f3, que ocupa el cargo desde el 8 de junio de 2021; que dentro del proceso cuestionado se dict\u00f3 sentencia el 4 de junio de 2020, ordenando la restituci\u00f3n del bien, y; que el 28 de octubre del presente a\u00f1o requiri\u00f3 a la aqu\u00ed interesada para que, previo a dar curso al incidente de nulidad por indebida notificaci\u00f3n, allegue poder especial al profesional del derecho que afirm\u00f3 actuar en su representaci\u00f3n, as\u00ed mismo, dict\u00f3 mandamiento de pago por los c\u00e1nones en mora, situaciones por las cuales pidi\u00f3 denegar la protecci\u00f3n por carencia actual de objeto. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca neg\u00f3 la salvaguarda reclamada, tras encontrar incumplido el requisito de procedibilidad de la inmediatez \u00abdado que lo pretendido por la actora es derribar la providencias proferidas por el Juzgado Civil del Circuito de Funza el 4 de junio de 2020, con las cuales se dispuso, declarar por terminado el contrato de arrendamiento suscrito entre Luis Sorel Castellanos Salazar como arrendador y La Casa del Futbolista S.A.S. como locatario, respecto del lote de terreno ubicado en la vereda Vuelta Granda, en tanto que, la solicitud de amparo fue presentada el 20 de octubre de 2021, es decir, cuando hab\u00edan transcurrido cerca de un a\u00f1o\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s advirti\u00f3, que \u00abse ha superado el hecho que motiv\u00f3 el amparo reclamado, al encontrar que la solicitud presentada el 5 de octubre de 2021, por el abogado que dice obrar como apoderado de la accionante est\u00e1 en tr\u00e1mite, sin que trascienda si las determinaciones a las que llegue el Juez de conocimiento satisfacen o no lo pretendido por la tutelista, no obstante, es de advertir que frente a dichas decisiones existen los medios de impugnaci\u00f3n establecidos en el estatuto procesal para controvertirlas\u00bb. <\/p>\n
Finalmente anot\u00f3, que el apoderado judicial de la accionante no estaba legitimado para pedir la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de Deisy Hern\u00e1ndez Contreras, Mar\u00eda Isabel Hern\u00e1ndez Contreras, David Alexander Beltr\u00e1n Claros, Edgar Su\u00e1rez Reyes, Geisimar Yesid Izquierdo y Jorge Gregorio Ochoa G\u00e1lea, porque a pesar de que se lo requiri\u00f3, no aport\u00f3 poder especial que lo facultara para ello. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el gestor, alegando que estaba cumplido el requisito de la inmediatez de la tutela, porque fue el demandante dentro del proceso cuestionado quien tard\u00f3 en adelantar las gestiones necesarias para que se programara la diligencia de entrega; que no fue notificado del auto con que se le requiri\u00f3 poder para representar a las mentadas personas, quienes en todo caso van a promover sus respectivos amparos de manera separada. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Bien se sabe, siguiendo los criterios jurisprudenciales de la Corporaci\u00f3n, que, en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n instaurada no procede contra providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los Jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantar\u00edan los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
2. En el presente asunto se observa, que la censura expuesta por La Casa del Futbolista S.A.S., se soporta, en lo fundamental, en la diligencia de entrega de inmueble programada para el 18 de octubre del presente a\u00f1o por el Juzgado Promiscuo Municipal de Cota, por comisi\u00f3n que le encomend\u00f3 el Juzgado Civil del Circuito de Funza, dentro del proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado que en su contra promovi\u00f3 Luis Sorel Castellanos Salazar, pues en su sentir, debe suspenderse esa diligencia hasta tanto se decida la nulidad por indebida notificaci\u00f3n que solicit\u00f3 al estrado cognoscente, ya que est\u00e1 en riesgo la inversi\u00f3n realizada sobre el bien a restituir y la fuente de ingresos de las personas que all\u00ed prestan sus servicios. <\/p>\n
3. Bajo este panorama, no cabe duda para la Sala que lo reclamado a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional de protecci\u00f3n est\u00e1 llamado al fracaso, dado su car\u00e1cter subsidiario y residual, en raz\u00f3n a que la firmeza de la sentencia de 4 de junio de 2020 del Juzgado Civil del Circuito de Funza, con que se orden\u00f3 la restituci\u00f3n del inmueble objeto del asunto y por ende, la orden de entrega derivada de dicha determinaci\u00f3n, son objeto de discusi\u00f3n dentro del proceso cuestionado, pues, la aqu\u00ed interesada pidi\u00f3 la nulidad de ese proceso por su supuesta indebida notificaci\u00f3n, ante lo cual, aquel estrado, mediante prove\u00eddo del pasado 28 de octubre, la requiri\u00f3 para que aportara poder especial que facultara al profesional del derecho que elev\u00f3 dicha solicitud de invalidaci\u00f3n, siendo esa la v\u00eda procesal para que \u00e9sta obtenga lo pretendido en este tr\u00e1mite, situaci\u00f3n que impide la intervenci\u00f3n en el asunto por parte del juez constitucional, dado que no puede actuar como si lo fuera de instancia y tampoco puede operar paralelamente con otras actuaciones, ni para interferir en el procedimiento o adelantar su definici\u00f3n. <\/p>\n
Para casos como el presente, la Corte ha indicado a quien solicita la protecci\u00f3n, que \u00ab(\u2026) debe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva determinaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (CSJ STC1049-2021). <\/p>\n
En este orden de ideas, como no puede acudirse con \u00e9xito al amparo al estar pendiente el pronunciamiento del Juzgado Civil del Circuito de Funza, dentro de la actuaci\u00f3n antes individualizada, la gestora deber\u00e1 aguardar a que se d\u00e9 el mismo, pues \u00abal juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (Cit.). <\/p>\n
4. Ahora bien, resulta oportuno citar lo dicho por esta Sala cuando se pretende por v\u00eda de tutela evitar la pr\u00e1ctica de diligencias de entrega, so pretexto del acaecimiento de un perjuicio irremediable, pues esta v\u00eda \u00abno se erige como un mecanismo id\u00f3neo para obtener la interrupci\u00f3n de las diligencias judiciales, verbigracia, remate o entrega de bienes, cuando quiera que ellas son el resultado de una decisi\u00f3n judicial adoptada en el marco de un proceso tramitado con el pleno respeto del derecho al debido proceso de quienes intervienen en \u00e9l, por cuanto su fin exclusivo es la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales. (CSJ STC, 28 oct. 2009, rad. 01496-01, reiterada en la STC 6 feb. 2013, rad. 2012-01950-01). (\u2026) tampoco es posible acceder al resguardo solicitado como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, como quiera que seg\u00fan ha advertido esta Corte, \u2018en principio, la pr\u00e1ctica de una diligencia (\u2026) no constituye un perjuicio irremediable, en tanto que esa circunstancia, por s\u00ed misma, no es demostrativa de que se vulneren los derechos fundamentales y, adem\u00e1s, tampoco impide al afectado procurarse otra vivienda para s\u00ed y su familia. De hecho, ese tipo de medidas responde a \u00f3rdenes leg\u00edtimas de autoridades jurisdiccionales que no pueden ser supeditadas al ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, porque en todo caso, el juez constitucional no podr\u00eda impedir que se cumplan los mandatos dictados por los juzgadores de instancia en ejercicio de sus atribuciones legales\u2019 (sentencia de tutela de 29 de noviembre de 2006, Exp. No. 8001-2213-000-2006-00079-01)\u00bb (CSJ STC367-2021). <\/p>\n
5. En todo caso, no se observa necesaria la intervenci\u00f3n transitoria en el asunto por parte del juez constitucional, en aras de evitar la ocurrencia de un da\u00f1o irremediable, pues, no se aprecia en este caso la concurrencia de los presupuestos establecidos por la doctrina constitucional para la configuraci\u00f3n de un detrimento de esa categor\u00eda, al no estar probado que el tiempo que tarde el mencionado estrado en emitir pronunciamiento frente a la comentada solicitud de nulidad, implique per se, la consumaci\u00f3n de un da\u00f1o de tal naturaleza para la accionante, sin que sea suficiente para ello la mera manifestaci\u00f3n de su existencia, \u00abpor cuanto que sin la presencia de los supuestos del perjuicio irremediable que la doctrina constitucional reclama para su prosperidad, lo alegado tampoco cumple con las caracter\u00edsticas de gravedad, inminencia y apremio de la intervenci\u00f3n del Juez Constitucional\u00bb (CSJ STC793-2021); de ah\u00ed que, no se justifique un actuar preventivo por parte del juez constitucional. <\/p>\n
Sobre las caracter\u00edsticas del perjuicio irremediable, esta Corporaci\u00f3n ha aplicado varios criterios para determinar su existencia, a saber: \u201cla inminencia, que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los hechos, que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales. La concurrencia de los elementos mencionados pone de relieve la necesidad de considerar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que legitima la acci\u00f3n de tutela, como mecanismo transitorio y como medida precautelativa para garantizar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se lesionan o que se encuentran amenazados\u201d (CSJ STC723-2021). <\/p>\n
6. Finalmente, contrario a lo manifestado por la gestora del amparo, respecto a que no le fue notificado el requerimiento para que su mandatario aportara poder especial para agenciar los derechos fundamentales de Deisy Hern\u00e1ndez Contreras, Mar\u00eda Isabel Hern\u00e1ndez Contreras, David Alexander Beltr\u00e1n Claros, Edgar Su\u00e1rez Reyes, Geisimar Yesid Izquierdo y Jorge Gregorio Ochoa G\u00e1lea, consta en el expediente constitucional que tal solicitud se le hizo a ella y a dicho profesional del derecho, en el auto admisorio de 21 de octubre pasado, el cual se notific\u00f3 el d\u00eda 27 del mismo mes, mediante su env\u00edo a la direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico marcoa.torresb@gmail.com, la cual fue informada en el escrito inicial como apta para realizar notificaciones. <\/p>\n
Dicho mandato es indispensable para el pretendido agenciamiento de derechos fundamentales y su ausencia impide que el mandatario de la aqu\u00ed inconforme tenga derecho de postulaci\u00f3n tambi\u00e9n a favor de los prenombrados, ya que, en relaci\u00f3n con la legitimaci\u00f3n para acudir a este mecanismo de resguardo constitucional, el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991 establece que, \u00abpodr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb. <\/p>\n
Sobre el alcance del precepto legal en menci\u00f3n, la jurisprudencia constitucional ha estimado que: \u00ab[L]a legitimaci\u00f3n por activa en la acci\u00f3n de tutela se refiere al titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados. Sin embargo, tanto las normas como la jurisprudencia, consideran v\u00e1lidas tres v\u00edas procesales adicionales para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela: (i) a trav\u00e9s del representante legal del titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados (menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jur\u00eddicas); (ii) por intermedio de apoderado judicial (abogado titulado con poder o mandato expreso); y, (iii) por medio de agente oficioso\u00bb (STC14316-2021). <\/p>\n
7. Corolario de lo expuesto y sin m\u00e1s razones por innecesarias, habr\u00e1 de ratificarse la decisi\u00f3n refutada. <\/p>\n
I.DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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