STC16296-2021<\/p>\n
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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16296-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 76001-22-03-000-2021-00328-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de primero de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00b0) de diciembre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 4 de noviembre de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Carlos Alberto Raga Hurtado contra los Juzgados Diecis\u00e9is Civil del Circuito y Noveno Civil Municipal, ambos de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculados las partes y los intervinientes del asunto a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y seguridad jur\u00eddica, entre otros, presuntamente lesionados por la autoridad convocada, dentro del decurso de responsabilidad civil contractual iniciado por \u00e9l frente a Bancolombia S.A. y la Fiduciaria Bancolombia S.A., radicado bajo el N\u00b0 76001400300920190054200. <\/p>\n
Solicita, en concreto, \u00abdejar sin efectos el auto que inadmite la demanda proferido por el Juzgado 9 Civil Municipal de Cali y el auto que la confirma proferido por el Juzgado 16 Civil del Circuito de Cali, ya que est\u00e1n totalmente desconectadas de los precedentes judiciales de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional y, es por ello, y que la Sala que asuma el estudio y decisi\u00f3n de esta Acci\u00f3n Constitucional est\u00e1 en el deber de adecuarla en caso que sea necesario\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de su queja sostiene, que la demanda impetrada en el asunto censurado fue inadmitida por el Despacho municipal querellado, con auto de 31 de julio de 2019, indic\u00e1ndosele que deb\u00eda enmendarla en cuanto a la \u00abacumulaci\u00f3n de pretensiones, la adecuaci\u00f3n de la cuant\u00eda de la demanda, el juramento estimatorio, correcci\u00f3n de pruebas, correcci\u00f3n de anexos, el objeto de la prueba de 2 testimonios y el aporte de manera \u00edntegra en un CD de la demanda, anexos, escrito de subsanaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Asegura que a\u00fan cuando subsan\u00f3 los defectos advertidos, en prove\u00eddo de 14 de agosto de 2019 se rechaz\u00f3 su libelo, por cuanto se consider\u00f3 que persist\u00eda \u00abuna indebida acumulaci\u00f3n de pretensiones [y] que no le fue suficiente con la determinaci\u00f3n de la cuant\u00eda\u00bb, pronunciamiento recurrido en reposici\u00f3n y, en subsidio, apelaci\u00f3n; no obstante, el primer remedio se neg\u00f3 el 18 de noviembre de 2019 y, el segundo fue desatado de forma adversa a sus intereses, por el estrado del circuito atacado, el 15 de enero de 2020. <\/p>\n
Refiere que el 5 de abril de los corrientes el fallador municipal emiti\u00f3 auto obedeciendo lo resuelto por su superior y dispuso el archivo del expediente. <\/p>\n
Asevera que los Juzgados accionados quebrantaron sus garant\u00edas porque sus decisiones \u00abno se encuentran ajustadas a los lineamientos constitucionales y jurisprudenciales aplicables al caso concreto, ni a la realidad jur\u00eddica y f\u00e1ctica del caso[; adem\u00e1s,] la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en las sentencias SC780-2020 y SC4232-2021, recientes ha manifestado que la adecuaci\u00f3n al r\u00e9gimen de responsabilidad aplicable no es una tarea reservada a las partes, sino un deber que le corresponde al juez, en aplicaci\u00f3n del principio iura novit curia, y que cuando el demandante se equivoca en la elecci\u00f3n del tipo de acci\u00f3n sustancial que rige el caso, el juez tiene que adecuar la controversia al instituto jur\u00eddico que le corresponda, pues esa es una de sus funciones. La prohibici\u00f3n de opci\u00f3n est\u00e1 dirigida al juez y no a las partes\u00bb. <\/p>\n
Finalmente pone de presente, que debe conced\u00e9rsele el amparo como mecanismo transitorio, por cuanto est\u00e1 padeciendo un perjuicio irremediable \u00abya que se [le] sustrajo un dinero il\u00edcitamente de la entidad que lo custodiaba, no hizo ni dio explicaciones al respecto, siendo una entidad profesional en el manejo del dinero y no t[iene] otro camino ni otra instancia a la cual acudir para dirimir esta injusticia\u00bb; asimismo, expresa que cumple el presupuesto de inmediatez si se tiene en cuenta la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos por el virus Covid-19, las \u00abmarchas nacionales\u00bb y la \u00e9poca de archivo de las diligencias. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a. El Juzgado Noveno Civil Municipal de Cali relat\u00f3 los antecedentes del asunto y expuso que no conculc\u00f3 las prerrogativas del censor, pues rechaz\u00f3 la demanda por \u00e9l presentada, al no subsanarse como correspond\u00eda. Adem\u00e1s, arguy\u00f3 que \u00abla decisi\u00f3n de rechazar la demanda qued\u00f3 zanjada a trav\u00e9s del auto notificado en estados el 29 de enero del 2020, de all\u00ed que aflora la improcedencia de la tutela por incumplirse con el requisito de inmediatez, pues la Corte Suprema de Justicia Sala Civil, ha sido reiterada en expresar que el t\u00e9rmino prudencial para ser promovida la acci\u00f3n constitucional es de 6 meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se considera vulneradora de los derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
b. El Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito de la misma ciudad, defendi\u00f3 la legalidad de la decisi\u00f3n emitida en el caso criticado y advirti\u00f3 el incumplimiento del presupuesto de inmediatez, comoquiera que dicho prove\u00eddo se emiti\u00f3 el 15 de enero de 2020, super\u00e1ndose el plazo establecido por la jurisprudencia para promover esta acci\u00f3n. <\/p>\n
c. Los dem\u00e1s guardaron silencio. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali deneg\u00f3 la salvaguarda por improcedente, al formularse pasado m\u00e1s de un (1) a\u00f1o y nueve (9) meses desde el presunto hecho vulnerador, \u00abpor manera que carece de fundamento que apenas ahora [el accionante] pretenda criticar el comportamiento jurisdiccional teniendo en cuenta que no obra en el expediente prueba alguna que permita justificar la tardanza para promover la tutela\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el accionante, reiterando los argumentos de su libelo e indicando la procedencia del auxilio propuesto, pues en su caso debe tenerse por satisfecho el requisito de inmediatez, toda vez que se encuentra en \u00abindefensi\u00f3n frente a una entidad bancaria, que no [le] ha solucionado el il\u00edcito del que fu[e] objeto, siendo una entidad profesional en el manejo y custodia del dinero quien [le] debe responder, no lo ha hecho, se ha quedado callada y el perjuicio sigue latente, [le] toca acudir a un juez con el fin de que sea el que dirima esta grave afrenta\u00bb; adem\u00e1s, el proceso reprochado apenas fue archivado el 16 de abril de 2021. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias o actuaciones judiciales es excepcional, pues s\u00f3lo tiene lugar cuando el funcionario judicial adopte una decisi\u00f3n por completo opuesta al r\u00e9gimen legal previamente se\u00f1alado, caso en el cual se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales que con tal decisi\u00f3n se genere, siempre que el afectado acuda al mecanismo dentro de un t\u00e9rmino prudencial, y no disponga de otro medio ordinario y efectivo para lograrlo. <\/p>\n
2. El querellante reprocha, particularmente, el rechazo de la demanda que formul\u00f3 frente a Bancolombia S.A. y la Fiduciaria Bancolombia S.A., por cuanto sostiene que la corrigi\u00f3 conforme a lo ordenado. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, deber\u00e1 confirmarse el fallo impugnado, toda vez que resulta evidente el fracaso del amparo exigido, pues la gesti\u00f3n censurada qued\u00f3 zanjada con la providencia del Juzgado del circuito acusado, dictada el 15 de enero de 2020, al definir la apelaci\u00f3n propuesta por el accionante, en tanto que la presente demanda constitucional se radic\u00f3 solo hasta el 26 de octubre hoga\u00f1o, circunstancia que evidencia la tardanza en la proposici\u00f3n del reclamo tutelar. <\/p>\n
Al punto es suficientemente conocido, que pese a que las disposiciones que disciplinan el amparo tutelar no fijan un t\u00e9rmino espec\u00edfico para su formulaci\u00f3n, de acuerdo con los principios y criterios que gobiernan dicho mecanismo, relacionados con la urgencia, celeridad y eficacia -art\u00edculo 3\u00ba del Decreto 2591 de 1991-, se requiere que el interesado act\u00fae tan pronto tenga ocurrencia el hecho generador de la supuesta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales. <\/p>\n
Se establece, entonces, que la pretensi\u00f3n no se formul\u00f3 dentro de un moderado y prudencial plazo, pues como se rese\u00f1\u00f3, transcurri\u00f3 un tiempo significativo -m\u00e1s de 1 a\u00f1o y 9 meses-, sin que sea dable reparar en la fecha de archivo del expediente, comoquiera que esa actuaci\u00f3n, adem\u00e1s de no estar criticada, es resultado consecuencial del rechazo del libelo censurado. <\/p>\n
4. La Corte, sobre la materia, ha se\u00f1alado que \u00aba pesar de la desaparici\u00f3n del t\u00e9rmino de caducidad de dos meses que el art\u00edculo 11 del Decreto 2591 de 1991 hab\u00eda consagrado para ejercer la acci\u00f3n de tutela, declarado inexequible por sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional, con posterioridad a ese pronunciamiento se ha determinado por la jurisprudencia constitucional, incluida la de esta Sala, que aunque no existe propiamente un plazo espec\u00edfico para el ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, por su propia naturaleza, por lo que constituye el objeto de protecci\u00f3n al que apunta, y, en fin, por el prop\u00f3sito inherente a esa herramienta de defensa judicial, la interposici\u00f3n del amparo debe llevarse a cabo en un t\u00e9rmino que se avenga con la inmediatez que contempla el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, al punto de permitir que la decisi\u00f3n no sea tard\u00eda o extempor\u00e1nea. <\/p>\n
Con fundamento en lo anterior, se declarar\u00e1 improcedente la acci\u00f3n de tutela por causa de la inobservancia del principio de la inmediatez que caracteriza su ejercicio adecuado. Esta limitaci\u00f3n tiene como objetivo conservar y resaltar el car\u00e1cter \u00e1gil, expedito, inmediato, de la tutela como mecanismo de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se estiman vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica acusada. <\/p>\n
Aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no deben, en principio, ser amparadas, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos s\u00ed actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC1994-2020). <\/p>\n
5. Adicionalmente, la tardanza verificada en la solicitud de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales no puede excusarse en la coyuntura generada por el Covid-19, pues con la emisi\u00f3n del Acuerdo PCSJA20-11518 del 16 de marzo de 2020 del Consejo Superior de la judicatura, se modific\u00f3 la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos judiciales que para la interposici\u00f3n de acciones de tutela y h\u00e1beas corpus hab\u00eda sido implementada el d\u00eda anterior mediante Acuerdo PCSJA20-11517 del d\u00eda 15 del mismo mes, inici\u00e1ndose adem\u00e1s con la medida de emergencia de \u00abtrabajo en casa\u00bb de los funcionarios judiciales. <\/p>\n
De igual modo, desde el 20 de marzo de 2020 se habilitaron distintas direcciones electr\u00f3nicas para la interposici\u00f3n de las acciones de tutela y h\u00e1beas corpus, comunicadas en la p\u00e1gina web de la Rama Judicial, v\u00eda reemplazada posteriormente por la plataforma de \u00abrecepci\u00f3n de tutelas y habeas corpus en l\u00ednea\u00bb que funciona hasta la fecha1; de modo que, contrario a lo argumentado por el gestor, las desavenencias generadas por la pandemia o por cuestiones de orden p\u00fablico, no imped\u00edan la utilizaci\u00f3n de tal v\u00eda expedita para concurrir de forma oportuna a esta jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
6. Finalmente, la protecci\u00f3n tampoco progresa como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, pues \u00abla demora en acudir a este medio excepcional desvirt\u00faa que est\u00e9 en presencia de una circunstancia de urgencia o peligro. La jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha expuesto que (\u2026) no se han demostrado las circunstancias necesarias para conceder la tutela como mecanismo transitorio, por cuanto que sin la presencia de los supuestos del perjuicio irremediable que la doctrina constitucional reclama para su prosperidad, lo alegado tampoco cumple con las caracter\u00edsticas de gravedad, inminencia y apremio de la intervenci\u00f3n del Juez Constitucional (SJ STC de 11 mayo de 2010, exp. 00249-01, reiterada en STC799-2015 y STC4941-2017, entre otras) <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n