STC16297-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16297-2021 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de primero de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (01) de diciembre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 3 de noviembre de 2021, por la Sala \u00danica de Decisi\u00f3n del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por la Asociaci\u00f3n de Ind\u00edgenas S\u00e1libas de Orocu\u00e9 -ASAISOC, contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Yopal, tr\u00e1mite al que fueron vinculados el Ministerio del Interior, la Agencia Nacional de Tierras, el Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi \u2013Regional Casanare\u00b8 la Procuradur\u00eda Judicial II Ambiental y Agraria de Yopal, los Juzgados Promiscuo del Circuito de Paz de Ariporo y Promiscuo del Circuito de Orocu\u00e9, la Personer\u00eda Municipal de Orocu\u00e9\u00b8 as\u00ed como la las partes y dem\u00e1s intervinientes en el proceso declarativo a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La asociaci\u00f3n accionante reclamada por intermedio de su representante legal, la protecci\u00f3n constitucional sus derechos fundamentales a la propiedad colectiva, a la \u00abprotecci\u00f3n de territorios ancestrales ind\u00edgenas\u00bb, al \u00abejercicio del gobierno propio\u00bb, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, al debido proceso y a la \u00abinalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad de los Resguardos Ind\u00edgenas del Pueblo Salib\u00e1\u00bb, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional accionada, dentro del proceso declarativo especial de deslinde y amojonamiento que Mar\u00eda \u00c1ngel Adame promovi\u00f3 contra en su contra y de Zulma Rubiela Cisneros y Jos\u00e9 Jara Hern\u00e1ndez, identificado con el radicado 2008-00023-00. <\/p>\n
Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se conceda el resguardo deprecado, declarando que \u00abtodo juez ordinario de cualquier jurisdicci\u00f3n, est\u00e1n inhibidos para decidir sobre el proceso de deslinde y amojonamiento [antes individualizado], por no encontrarse dentro de sus facultades como autoridades, la competencia para modificar el per\u00edmetro de un Resguardo Ind\u00edgena constituido\u00bb, o de manera subsidiaria, que se ordene al Juzgado Primero Civil del Circuito de Yopal, \u00abla suspensi\u00f3n de todas las actuaciones [dentro del referido proceso] y que se integre de manera inmediata, como parte del proceso, a la Agencia Nacional de Tierras y a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n Delegada para Asunto \u00c9tnicos, una vez integradas se contin\u00fae con el tr\u00e1mite respectivo\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de sus reclamos aduce en compendio, que el pueblo S\u00e1liba, tambi\u00e9n conocido como \u00abSali\u00b4a o Saliva\u00bb, ha pose\u00eddo ancestralmente amplias \u00e1reas del Municipio de Orocu\u00e9, Casanare, en la zona conocida como El Duya, que tienen un \u00abalto valor cultural, espiritual y ecosist\u00e9mico\u00bb, y se dividen en \u00e1reas de protecci\u00f3n y conservaci\u00f3n y de importancia ecol\u00f3gica. <\/p>\n
Sostiene que mediante Resoluci\u00f3n 215 del 30 de noviembre de 1978, ese territorio junto con dos m\u00e1s, se constituyeron en Reserva Ind\u00edgena S\u00e1liva, decisi\u00f3n aprobada por el Gobierno Nacional a trav\u00e9s de la Resoluci\u00f3n 72 del 20 de marzo de 1979, actos administrativos que no tuvieron oposici\u00f3n alguna donde se alegara alg\u00fan \u00abderecho individual\u00bb, por lo que mediante Resoluci\u00f3n 099 del 27 de julio de 1982 del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria -INCORA, fue constituido el Resguardo \u00abEl Duya\u00bb, sin que ese acto administrativo haya sido discutido, ni hasta la fecha de inicio del referido juicio el territorio haya estado inmerso en alguna disputa civil, de manera que, desde que se declar\u00f3 la reserva ind\u00edgena, los integrantes del precitado resguardo han ejercido posesi\u00f3n ancestral y tradicional sobre toda el \u00e1rea que la comprende, sin ning\u00fan tipo de interrupci\u00f3n <\/p>\n
Afirma que en el referido proceso la demandante, propietaria del predio \u00abEl Carpi\u00f1o\u00bb, hoy \u00abLa Protuguesa\u00bb, con cabida o extensi\u00f3n sin determinar, indic\u00f3 que su inmueble fue adquirido mediante Escritura P\u00fablica No. 48 de 11 de agosto de 2005 de la Notar\u00eda \u00danica del C\u00edrculo de Orocu\u00e9, esto es, con posterioridad a la constituci\u00f3n del resguardo, por lo que a trav\u00e9s de ese decurso se pretende alterar el per\u00edmetro del Resguardo \u00abEl Duya\u00bb, el cual no puede ser modificado \u00abmediante un procedimiento civil ante la justicia ordinaria, pues no existe proceso privado que tenga el alcance jur\u00eddico de reformar de manera sustancial un acto administrativo\u00bb. <\/p>\n
Finalmente asegura, que al proceso cuestionado no se ha vinculado a la Agencia Nacional de Tierras \u2013ANT, pese a que est\u00e1 encargada de la \u00abformalizaci\u00f3n de los territorios ancestrales de los pueblos ind\u00edgenas\u00bb, por lo que el 8 de marzo del presente a\u00f1o denunciaron ante la Personer\u00eda Municipal de Orocu\u00e9 la invasi\u00f3n de su resguardo; as\u00ed mismo, en la diligencia del pasado 1\u00b0 de octubre realizada dentro del proceso del ep\u00edgrafe, se \u00abevidenci\u00f3 y reconoci\u00f3 la existencia de un supuesto traslape y en un abuso de autoridad, [se] requiri\u00f3 a la ANT para que le aclare al despacho sobre como formaliz\u00f3 el territorio ancestral del pueblo S\u00e1liba, cuestionando la validez del acto administrativo que reconoce el territorio inalienable, imprescriptible e inembargable, incluso plasma en el marco del auto la posibilidad de que el territorio formalizado colectivo del pueblo S\u00e1liba sea modificado\u00bb, situaciones que, en su criterio, justifican la intervenci\u00f3n del juez constitucional a su favor. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a.) El titular del Juzgado Promiscuo del Circuito de Orocu\u00e9 inform\u00f3, que el 27 de febrero de 2019 se declar\u00f3 impedido para conocer del proceso del ep\u00edgrafe, raz\u00f3n por la cual lo envi\u00f3 para su conocimiento al Juzgado Promiscuo del Circuito de Paz de Ariporo. <\/p>\n
b.) El Juez Promiscuo del Circuito de Paz de Ariporo indic\u00f3, que conoci\u00f3 del decurso criticado porque luego del impedimento manifestado por su hom\u00f3logo de Orocu\u00e9, remiti\u00f3 el expediente al reparto de los Juzgados Civiles del Circuito de Yopal, por ser los m\u00e1s cercanos al estrado judicial con impedimento. <\/p>\n
c.) La jefe de la Oficina Asesora Jur\u00eddica del Ministerio del Interior, pidi\u00f3 la desvinculaci\u00f3n de esa cartera del presente tr\u00e1mite, porque no ha vulnerado los derechos fundamentales cuya protecci\u00f3n se invoca. <\/p>\n
d.) El titular del Juzgado Primero Civil del Circuito de Yopal manifest\u00f3, que dentro del asunto la aqu\u00ed interesada alega tener derechos sobre el costado sur del predio que la demandante alega suyo, tr\u00e1mite dentro del cual el 13 de agosto de 2008, se tuvo por contestada extempor\u00e1neamente la demanda por parte del Gobernador del Cabildo Ind\u00edgena del Duya, y, luego de agotado el tr\u00e1mite de rigor, con m\u00faltiples aplazamientos de la diligencia de deslinde y amojonamiento, el 1\u00ba de octubre del corriente a\u00f1o se realiz\u00f3 esa diligencia, en la que se decretaron pruebas de oficio \u00abcon el fin de aclarar los l\u00edmites de los predios trabados en la lid, dado que existe superposici\u00f3n de los linderos del bien ra\u00edz de los demandantes con los del predio adjudicado por el entonces INCORA mediante Resoluci\u00f3n No. 0215 del 30 de noviembre de 2017 (sic) al Resguardo Ind\u00edgena Duya\u00bb. <\/p>\n
e.) La Oficina Asesora Jur\u00eddica de la Agencia Nacional de Tierras \u2013ANT indic\u00f3, que no tiene competencia para \u00abadelantar ni decidir los procesos de deslinde y amojonamiento de predios privados\u00bb, y, tras exponer argumentos sobre la imprescriptibilidad de los bienes bald\u00edos, acot\u00f3 que carece de legitimaci\u00f3n en la causa para intervenir en el presente tr\u00e1mite, \u00abdado que no es la entidad llamada a resolver el problema jur\u00eddico planteado por los accionantes\u00bb. <\/p>\n
f.) El Procurador 23 Judicial II para Asuntos Ambientales y Agrarios \u2013Casanare, pidi\u00f3 que se acceda a la protecci\u00f3n reclamada para que se declare terminado el juicio reprochado, y sea la Agencia Nacional de Tierras la que inicie un proceso de demarcaci\u00f3n sobre el \u00e1rea reconocida al Resguardo Ind\u00edgena Pi\u00f1alito \u2013El Duya, conforme establece el Decreto 2333 de 2014. <\/p>\n
g.) Mercedes Bello Alarc\u00f3n puso de presente, que fungi\u00f3 como apoderada de la aqu\u00ed accionante dentro del proceso cuestionado, hasta que el poder le fue revocado antes de realizada la diligencia de deslinde y amojonamiento del 1\u00ba de octubre pasado, motivo por el cual carece de legitimaci\u00f3n en la causa para intervenir en la presente actuaci\u00f3n. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala \u00danica de Decisi\u00f3n del Tribunal Superior de Yopal neg\u00f3 la salvaguarda reclamada, tras encontrar incumplido el requisito de procedibilidad de la subsidiariedad, comoquiera que \u00abno se agotaron los medios ordinarios de defensa al alcance de los afectados para atacar las actuaciones que se confutan en sede de tutela, dado que conforme al acta de diligencia de deslinde y amojonamiento realizada por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Yopal, el 1\u00ba de octubre de 2021, uno de los motivos por los cuales se suspendi\u00f3 esa diligencia, fue la necesidad probatoria de establecer el alcance del predio del resguardo ind\u00edgena Duya, respecto del inmueble de la parte demandante de ese proceso\u00bb, por lo que \u00abla presente tutela fue interpuesta de forma alterna a un proceso judicial en donde a\u00fan no se ha dirimido parte de lo pretendido mediante la presente acci\u00f3n, relativo a que en la actuaci\u00f3n fustigada se pretende la sustracci\u00f3n de parte de un terreno del resguardo ind\u00edgena, tem\u00e1tica que debe ser abordada al interior del proceso atacado antes de ventilarse en sede constitucional, con el objeto de preservar la subsidiariedad de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
Agreg\u00f3, que \u00abalgo similar ocurre con la pretensi\u00f3n de que el Juzgado 1\u00ba Civil del Circuito de Yopal se declare inhibido para resolver la causa pluricitada, que en \u00faltimas apunta a la declaraci\u00f3n de la carencia de jurisdicci\u00f3n y competencia por presuntamente tratarse de un asunto reservado al conocimiento de la Agencia Nacional de Tierras. Dicha petici\u00f3n debe primero ventilarse al interior del tr\u00e1mite cuestionado, en donde con observancia de las formas propias de cada juicio, se determine si asiste raz\u00f3n a lo parte hoy tutelante; resulta prematuro que el tema sea dirimido en este momento a trav\u00e9s de la demanda tuitiva\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la gestora, con similares motivos a los que expuso en su escrito inicial, pero con \u00e9nfasis en que lo pretendido con el proceso cuestionado es dejar sin efecto un acto administrativo y de paso reducir el territorio ancestral ind\u00edgena que le pertenece al Pueblo S\u00e1liba. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Bien se sabe, siguiendo los criterios jurisprudenciales de la Corporaci\u00f3n, que, en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n instaurada no procede contra providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los Jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantar\u00edan los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
2. En el presente asunto se observa, que la censura expuesta por la Asociaci\u00f3n de Ind\u00edgenas S\u00e1liba, se soporta, en lo fundamental, en la diligencia de deslinde y amojonamiento realizada el 1\u00ba de octubre del presente a\u00f1o por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Yopal, dentro del proceso que para ese prop\u00f3sito promovi\u00f3 Mar\u00eda \u00c1ngel Adame en su contra y de Zulma Rubiela Cisneros y Jos\u00e9 Jara Hern\u00e1ndez, pues en su sentir, el mencionado estrado no tiene jurisdicci\u00f3n ni competencia para modificar los linderos de su resguardo ind\u00edgena, y al proceso cuestionado deben ser vinculadas la Agencia Nacional de Tierras y la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n. <\/p>\n
3. De la revisi\u00f3n del expediente del proceso cuestionado se constata que, en la audiencia de deslinde y amojonamiento del pasado 1\u00ba de octubre, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Yopal resolvi\u00f3: \u00abAdvirtiendo lo se\u00f1alado por las partes y teniendo en cuenta que se identifica un \u00e1rea conjunta correspondiente a los dos predios como se se\u00f1al\u00f3 anteriormente, ser\u00e1 necesario previo a resolver la Litis de conformidad a lo se\u00f1alado en el art. 169 del CGP decretar unas pruebas de oficio, teniendo en cuenta que hay que fijar cual es el alcance de los linderos del predio objeto de la Litis, junto con los linderos del predio del resguardo ind\u00edgena El Duya, teniendo en cuenta que el nacimiento de dichos predios si bien el primero de ellos corresponde a Escritura P\u00fablica 012 de 3 de junio de 1966, otorgada en la Notar\u00eda \u00danica de Orocu\u00e9, vista a folio 19 a 21 del cuaderno principal del despacho de Orocu\u00e9, que ser\u00eda la directriz m\u00e1s antigua para fijar el lindero pero que se contrar\u00eda con la resoluci\u00f3n 0215 del 30 de noviembre de 1978, por cuanto hay un \u00e1rea que componen los dos predios como anteriormente se dijo de 20154 has, m\u00e1s 7824 mt, en consecuencia se requerir\u00e1 a la autoridad administrativa que corresponda el d\u00eda de hoy que en su momento fuera el INCORA, esto es a la Agencia Nacional de Tierras para que proceda a aclarar al despacho por qu\u00e9 raz\u00f3n se adjudic\u00f3 un \u00e1rea de terreno al resguardo ind\u00edgena El Duya de la cual comprend\u00eda parte del predio la Portuguesa antes el capricho y si el del caso aclare si se tuvo en cuenta la Escritura P\u00fablica No. 12 del 03\/06\/1966 advirtiendo que era un t\u00edtulo anterior de caracter\u00edstica privada; igualmente se sirva informar si los linderos descritos en la Escritura del predio del capricho ahora la portuguesa se encuentran inmersos dentro de la resoluci\u00f3n en virtud del tr\u00e1mite de este proceso, adicional a ello se oficiar\u00e1 al IGAC para que expida las fichas prediales y cartas catastrales de los predios en comento El Duya y la Portuguesa, identificado con el FMI 086-652 de la ORIP Orocu\u00e9, Casanare y c\u00f3digo catastral 0000000210020000, as\u00ed mismo el predio identificado con FMI 083-373 (\u2026). <\/p>\n
Por \u00faltimo, se requiere al se\u00f1or perito para que del dictamen presentado informe y adicione el mismo sobre los siguientes aspectos: <\/p>\n
1. Se sirva informar si los linderos descrito en la Escritura del predio El Capricho ahora La Protuguesa, se encuentran inmersos dentro de la resoluci\u00f3n en virtud del tr\u00e1mite de este proceso. <\/p>\n
2. Identifique y describa cual es el \u00e1rea en conflicto y si es as\u00ed determine si es posible colindancia espec\u00edfica entre el predio objeto de la Litis y el predio del resguardo ind\u00edgena El Duya. <\/p>\n
Pruebas que se requieren para poder fijar si se puede decretar la condici\u00f3n del lindero o no, igual mente advertir la suspensi\u00f3n del tr\u00e1mite de la audiencia para que una vez se allegue respuesta de la entidad administrativa, y las pruebas decretadas de oficio, se proceda nuevamente a fijar fecha para continuar con la audiencia (\u2026)\u00bb <\/p>\n
4. Bajo este panorama, no cabe duda para la Sala que lo reclamado a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional de protecci\u00f3n est\u00e1 llamado al fracaso, dado su car\u00e1cter subsidiario y residual, en raz\u00f3n a que la procedencia o no del referido deslinde y amojonamiento, es objeto de actual discusi\u00f3n dentro del proceso cuestionado, prop\u00f3sito para el cual, en la precitada diligencia, el juzgador del asunto suspendi\u00f3 el mismo hasta tanto se alleguen las pruebas que estim\u00f3 necesarias para adoptar la respectiva decisi\u00f3n, siendo esa la v\u00eda procesal para que la aqu\u00ed interesada obtenga lo pretendido en este tr\u00e1mite, ya que podr\u00e1 discutir esos medios de convicci\u00f3n y eventualmente atacar mediante el mecanismo ordinario pertinente, cualquier eventual decisi\u00f3n que resulte contraria a sus intereses, situaci\u00f3n que impide la intervenci\u00f3n en el asunto por parte del juez constitucional, dado que no puede actuar como si lo fuera de instancia y tampoco puede operar paralelamente con otras actuaciones, ni para interferir en el procedimiento o adelantar su definici\u00f3n. <\/p>\n
5. En casos como el presente, la Corte ha indicado a quien solicita la protecci\u00f3n, que \u00ab(\u2026) debe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva determinaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (CSJ STC1049-2021). <\/p>\n
6. En este orden de ideas, como no puede acudirse con \u00e9xito al amparo al estar pendiente el pronunciamiento del Juzgado Primero Civil del Circuito de Yopal, dentro de la actuaci\u00f3n antes individualizada, la asociaci\u00f3n gestora deber\u00e1 aguardar a que se d\u00e9 el mismo, pues \u00abal juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (Cit.). <\/p>\n
7. En todo caso, no se observa necesaria la intervenci\u00f3n transitoria en el asunto por parte del juez constitucional, en aras de evitar la ocurrencia de un da\u00f1o irremediable, pues, no se aprecia en este caso la concurrencia de los presupuestos establecidos por la doctrina constitucional para la configuraci\u00f3n de un detrimento de esa categor\u00eda, al no estar probado que el tiempo que tarde el mencionado estrado en recibir los aludidos medios de convicci\u00f3n, someterlos a contradicci\u00f3n y emitir pronunciamiento respecto del comentado debate, implique per se, la consumaci\u00f3n de un da\u00f1o de tal naturaleza para la accionante, sin que sea suficiente para ello la mera manifestaci\u00f3n de su existencia, \u00abpor cuanto que sin la presencia de los supuestos del perjuicio irremediable que la doctrina constitucional reclama para su prosperidad, lo alegado tampoco cumple con las caracter\u00edsticas de gravedad, inminencia y apremio de la intervenci\u00f3n del Juez Constitucional\u00bb (CSJ STC793-2021); de ah\u00ed que, no se justifique un actuar preventivo por parte del juez constitucional. <\/p>\n
Sobre las caracter\u00edsticas del perjuicio irremediable, esta Corporaci\u00f3n ha aplicado varios criterios para determinar su existencia, a saber: \u201cla inminencia, que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los hechos, que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales. La concurrencia de los elementos mencionados pone de relieve la necesidad de considerar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que legitima la acci\u00f3n de tutela, como mecanismo transitorio y como medida precautelativa para garantizar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se lesionan o que se encuentran amenazados\u201d (CSJ STC723-2021). <\/p>\n
9. Corolario de lo expuesto y sin m\u00e1s razones por innecesarias, habr\u00e1 de ratificarse la decisi\u00f3n refutada. <\/p>\n
I.DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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STC16297-2021 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente STC16297-2021 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de primero de diciembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., primero (01) de diciembre de dos mil veintiuno (2021).- Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 3 de noviembre de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[43],"tags":[],"class_list":["post-59964","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59964","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59964"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59964\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59964"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59964"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59964"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}