STC16300-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC16300-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2021-02283-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de primero de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00b0) de diciembre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 25 de octubre de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Jennifer Alejandra L\u00f3pez Avellaneda, en calidad de \u00abapoderada general\u00bb de Chevyplan S.A, contra la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes e intervinientes del juicio de protecci\u00f3n al consumidor a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante en la condici\u00f3n referida, reclama la protecci\u00f3n constitucional del derecho fundamental de su mandante al debido proceso, presuntamente conculcado por la autoridad jurisdiccional convocada, con la sentencia de \u00fanica instancia, pronunciada a la luz de la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor que adelantaron Vivian Montenegro y el se\u00f1or H\u00e9ctor Alfonso Ocampo en contra de la sociedad por ella representada, identificada con el consecutivo 20-361315. <\/p>\n
Por tal motivo, solicita para la protecci\u00f3n de la mencionada prerrogativa, \u00abse deje sin efectos la sentencia No. 10828 del 23 de septiembre de 2021, proferida por la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales de la SIC\u00bb, y que en consecuencia, \u00abse realice la audiencia aplicando las normas pertinentes al caso tratado y profiera sentencia en derecho garantizando el derecho fundamental al debido proceso\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de lo pretendido y en cuanto resulta relevante para la definici\u00f3n de la instancia, aduce en lo esencial la accionante, luego de hacer una breve narraci\u00f3n del acontecer procesal acaecido en desarrollo de la contienda objeto de an\u00e1lisis, que en con la determinaci\u00f3n proferida en la audiencia que tuvo lugar el pasado 23 de septiembre, la superintendencia convocada, desconoci\u00f3 la Circular B\u00e1sica Jur\u00eddica 100-000005 del 22 de noviembre de 2017 expedida por la Superintendencia de Sociedades, la cual, trat\u00e1ndose de planes de autofinanciamiento establece, que la devoluci\u00f3n de los saldos al contratante que desiste del negocio debe realizarse un (1) mes despu\u00e9s de la terminaci\u00f3n del plazo del plan escogido, y no como lo dispuso en el caso de marras, de manera inmediata, raz\u00f3n por la cual estima que el reclamo que eleva en favor de su apadrinada debe ser acogido a trav\u00e9s del presente mecanismo excepcional de protecci\u00f3n. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA <\/p>\n
El Coordinador del Grupo de Gestion de Judicial de la Superintendencia de Industria y Comercio, solicit\u00f3 la desestimaci\u00f3n de la salvaguarda inquirida, tras aducir que la acci\u00f3n de tutela resulta improcedente \u00abpara este tipo de casos ya que adem\u00e1s de generar un desgaste innecesario al aparato judicial, termina por activar una herramienta constitucional que no es la adecuada para este tipo de inconformidades. De llegar a ser as\u00ed, se estar\u00eda enviando el mensaje que cuando la parte vencida o inconforme no est\u00e9 de acuerdo con la decisi\u00f3n tomada en los procesos de \u00fanica instancia, puede acudir a la acci\u00f3n de tutela para debatir temas ya resueltos por el juez competente\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente indic\u00f3, que ya espec\u00edficamente en lo que toca con lo debatido en el caso sub examine, se concluy\u00f3 que la entidad all\u00e1 demandada, \u00abdilata la devoluci\u00f3n del dinero que ya reconocieron que si se van a entregar lo cual afecta patrimonialmente a la parte. Adicionalmente la aqu\u00ed accionante acept\u00f3 que le entregaron dineros y acepta que desistieron del negocio y por tanto se da la suspensi\u00f3n, pero luego procede a indicar que realiza la entrega hasta el a\u00f1o 2026. <\/p>\n
Es claro que al realizar la devoluci\u00f3n se efectuar\u00e1n las deducciones correspondientes a la terminaci\u00f3n anticipada, impuestos y gastos de administraci\u00f3n. Por lo que, si la accionante va a realizar dichos descuentos, no hay diferencia para ellos en entregarlo posterior al fallo o en el a\u00f1o 2026. Donde s\u00ed se ve que hay una gran diferencia y afectaci\u00f3n es en el consumidor ya que, desiste del negocio, es decir, no continua con la intenci\u00f3n de adquirir un bien. Sin embargo, siendo consciente de que se les har\u00e1 una deducci\u00f3n a sus aportes, estos no los recibe de inmediato sino hasta dentro de cuatro a\u00f1os m\u00e1s. Tiempo en el cual el consumidor no podr\u00eda disfrutar de su dinero. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, teniendo claro que la devoluci\u00f3n se va a efectuar resulta menos lesivo para el consumidor que se genere la devoluci\u00f3n en este mismo a\u00f1o y no hasta la finalizaci\u00f3n de un contrato del cual ya desisti\u00f3 y sobre el cual no obtendr\u00e1 ning\u00fan bien. As\u00ed como tampoco tendr\u00eda derecho a intereses o cualquier suma adicional por el dinero entregado y que se mantendr\u00eda en poder de la aqu\u00ed accionante. Conforme a lo mencionado, es totalmente claro que la Superintendencia de Industria y Comercio fall\u00f3 de acuerdo con lo establecido en la norma aplicable para la materia. Tuvo en cuenta las disposiciones constitucionales que revisten el derecho del consumidor. Respet\u00f3 y dio cumplimiento al debido proceso tal y como se evidenci\u00f3 a lo largo del desarrollo del litigio\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 desestim\u00f3 la protecci\u00f3n suplicada, tras considerar, en suma, que \u00abla sociedad gestora, pretende la infirmaci\u00f3n de un fallo emitido por el Juez competente, para soslayar un deber econ\u00f3mico de connotaci\u00f3n privada, argumentando una indebida interpretaci\u00f3n de las pruebas y de una circular jur\u00eddica, asunto que de tajo se torna en una discusi\u00f3n legal, m\u00e1s no se trata de \u2018juicio de validez\u2019, es decir, busca que la acci\u00f3n de tutela se convierta en un recurso adicional para controvertir la decisi\u00f3n del juez que le fue desfavorable, torn\u00e1ndose improcedente el amparo. Mem\u00f3rese, adem\u00e1s, que de conformidad con la ley 1480 de 2011, cuando el togado debe resolver asuntos de protecci\u00f3n al consumidor, le son concedidas facultades ultra y extra petita\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La tutelante se mostr\u00f3 descontenta con lo resuelto, tras esgrimir similares argumentos a los expuestos en la demanda inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Se recuerda que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que, en cuanto a ellos, pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades o de los particulares, el cual se encuentra regulado en el Decreto 2591 de 1991, cuya procedencia est\u00e1 ligada a los presupuestos de que se acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable y no se tengan, est\u00e9n en tr\u00e1mite o se hayan desaprovechado otros caminos para conjurar la lesi\u00f3n. <\/p>\n
Ahora, cuando se promueve esta acci\u00f3n tuitiva contra una decisi\u00f3n adoptada por una autoridad judicial, la jurisprudencia constitucional ha decantado una serie de requisitos, hoy llamados, causales de procedibilidad, que posibilitan el estudio de fondo del asunto y que se subdividen en gen\u00e9ricas y espec\u00edficas1; las primeras, atinentes a que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; que se hayan agotado todos los medios (ordinarios y extraordinarios) de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio irremediable; que se cumpla el requisito de la inmediatez; que al tratarse de una irregularidad procesal quede claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la providencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; que \u00e9sta identifique los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n y las garant\u00edas superiores que considera quebrantadas, y que hubiere alegado tal afectaci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible; y, que la queja no est\u00e9 dirigida contra una sentencia de tutela, mientras que las segundas, alusivas a vicios o defectos denominados: org\u00e1nico; procedimental absoluto; f\u00e1ctico; material o sustantivo; error inducido; decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; desconocimiento del precedente; y, violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
2. En relaci\u00f3n con la legitimaci\u00f3n para acudir a este mecanismo de resguardo constitucional, el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991 establece, que \u00abpodr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb. <\/p>\n
Sobre el alcance del precepto legal en menci\u00f3n, la jurisprudencia constitucional ha estimado que: \u00abla legitimaci\u00f3n por activa en la acci\u00f3n de tutela se refiere al titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados. Sin embargo, tanto las normas como la jurisprudencia, consideran v\u00e1lidas tres v\u00edas procesales adicionales para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela: (i) a trav\u00e9s del representante legal del titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados (menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jur\u00eddicas); (ii) por intermedio de apoderado judicial (abogado titulado con poder o mandato expreso); y, (iii) por medio de agente oficioso\u00bb (C. C. T-878 de 2007). <\/p>\n
4. Sin embargo, revisadas las documentales allegadas al tr\u00e1mite y los informes rendidos al interior del mismo, no cabe duda del fracaso de lo reclamado a trav\u00e9s de la presente acci\u00f3n, teniendo en cuenta que el poder general otorgado por Chevyplan S.A, a la abogada L\u00f3pez Avellaneda mediante escritura p\u00fablica No. 0359 de 12 de julio de 2018, otorgada en la Notar\u00eda Setenta y Dos del C\u00edrculo Notarial de Bogot\u00e1, no habilita a \u00e9sta para cuestionar la actuaci\u00f3n adelantada por la Superintendencia de Industria y Comercio en ejercicio de sus atribuciones jurisdiccionales mediante este mecanismo extraordinario de defensa, puesto que ese tipo de representaci\u00f3n no \u00abpuede tener (\u2026) la virtud de transferirle al apoderado los derechos fundamentales de su poderdante, ni mucho menos habilitarle para interponer acciones de tutela adyacentes (\u2026), al ser este mecanismo un proceso judicial aut\u00f3nomo, que promovido a trav\u00e9s de abogado, requiere sujetarse a las reglas generales del derecho de postulaci\u00f3n\u00bb (CSJ STC3076-2021). <\/p>\n
5. Sobre el particular, en un caso similar esta Sala expres\u00f3, que \u00abal verificar la documentaci\u00f3n obrante en el plenario, advierte que si bien la titular de los derechos fundamentales cuya protecci\u00f3n aqu\u00ed se invoca, es decir, Jessica P\u00e9rez Bedoya, otorg\u00f3 poder general a favor de Luz Estela Bedoya Murillo, con el fin de que la represente \u00abante cualquier corporaci\u00f3n, entidad, funcionario o empleado de la rama ejecutiva y sus organismos vinculados o adscritos; en la rama judicial, y de la rama legislativa, del poder p\u00fablico, en cualquier petici\u00f3n, actuaci\u00f3n, diligencia, o proceso, sea como demandante, sea como demandado o como coadyuvante de cualquiera de las partes, para iniciar o seguir hasta su terminaci\u00f3n, los procesos, actos diligencias y actuaciones respectivas\u00bb\u2026, dicho mandato no habilita a esta \u00faltima para cuestionar las decisiones emitidas por las autoridades accionadas mediante este mecanismo extraordinario de defensa, puesto que si bien la formulaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela no exige la calidad de abogado en quien la suscribe, ya que puede ser interpuesta por la persona que estime pertinente solicitar ante un Juez el amparo de sus garant\u00edas constitucionales, ha sido criterio de esta Corte de tiempo atr\u00e1s, que cuando de derechos fundamentales ajenos se trata, es necesario que se acompa\u00f1e a la demanda poder especial por medio del cual se act\u00faa, o que se proceda en los t\u00e9rminos del inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991, valga decir, alegando agencia oficiosa\u00bb (CSJ STC4661-2020). <\/p>\n
En ese sentido, esta Sala ha precisado que \u00ab[c]uando la acci\u00f3n de tutela se ejerce a t\u00edtulo de otro, es necesario contar con poder especial para (\u2026) su interposici\u00f3n. La carencia de la citada personer\u00eda para iniciar la acci\u00f3n de amparo constitucional, no se suple con la presentaci\u00f3n del apoderamiento otorgado para un asunto diferente. (\u2026) La falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente (\u2026). (Sentencias T-658 de 2002; T-451 de 2006 y T. 2011-00118-01 de 10 de junio de 2011 y T. 2011-00153-01 de 27 de julio del mismo a\u00f1o, entre otras). (Subrayas fuera del texto)\u00bb (ver en CSJ STC19645-2017)\u00bb (CSJ, STC163-2021). <\/p>\n
6. Corolario de lo anterior, se impone ratificar el fallo cuestionado, pero por los motivos antes expuestos. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, env\u00edese el expediente de la tutela a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Consultar al respecto, C.C. SU-917\/10, SU-195\/12, SU-515\/13, SU-769\/14, SU-336\/17, SU-116\/18, SU-332\/19 y SU-020\/20. <\/p>\n
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