STC16322-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16322-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-03954-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de primero de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Santos David Aguill\u00f3n Ruiz, en contra de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a los intervinientes y partes dentro del asunto materia de resguardo. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos al debido proceso y petici\u00f3n, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial acusada. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, se ordene a la convocada dar respuesta a su solicitud elevada el \u201c27 de julio de 2021\u201d. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Sostiene el promotor que el 23 de diciembre pasado, impugn\u00f3 \u201cel fallo de tutela de 10 de noviembre de 2020, con rad. 112973 \u2013 STP-10075, emitido por la (\u2026) Sala de Casaci\u00f3n Penal\u201d. <\/p>\n
2.2. Adujo que, al no recibir notificaci\u00f3n sobre el comentado recurso, el 27 de julio de 2021, solicit\u00f3 a la convocada \u201cinformaci\u00f3n acerca del tr\u00e1mite y estado de la [referida] impugnaci\u00f3n\u201d; empero, a la fecha de presentaci\u00f3n de este ruego no ha obtenido ninguna respuesta a su exigencia, sin que exista raz\u00f3n alguna que justifique esa tardanza. <\/p>\n
3. Esta Sala admiti\u00f3 la demanda de amparo y orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor, pidiendo rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTA DEL CONVOCADO <\/p>\n
Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el presente asunto, la corporaci\u00f3n querellada no ha efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Al elevarse solicitudes a autoridades judiciales calificadas por los interesados como derechos de petici\u00f3n y concernientes con litigios a su cargo, deben diferenciarse las eventualidades en las cuales se est\u00e1 buscando el impulso del procedimiento o la emisi\u00f3n de una determinada providencia, de aqu\u00e9llas cuando se s\u00faplica una actuaci\u00f3n administrativa. Las primeras se relacionan con el proceso y se rigen bajo las reglas del mismo, simplemente se formulan, las m\u00e1s de las veces, para soslayar el cumplimiento y ejecuci\u00f3n de la ley de enjuiciamiento, que regula el derecho p\u00fablico subjetivo de acci\u00f3n, de contradicci\u00f3n o el de tutela judicial efectiva. Las segundas, por el contrario, se enmarcan dentro de la prerrogativa supralegal de petici\u00f3n y son susceptibles de ampararse por esta v\u00eda constitucional1. <\/p>\n
Lo esgrimido se explica porque son las normas procedimentales las que regulan las respuestas otorgadas a las exigencias de los sujetos procesales. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala ha sostenido: <\/p>\n
\u201c(\u2026) las peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo [con] las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ej\u00fasdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
Como quiera que las reclamaciones del censor se han referido a cuestiones de car\u00e1cter jurisdiccional, no hay lugar a establecer el quebranto a la garant\u00eda de petici\u00f3n, sino al debido proceso. <\/p>\n
4. La situaci\u00f3n que motiv\u00f3 la formulaci\u00f3n del presente ruego constitucional fue la supuesta falta de informaci\u00f3n respecto de la impugnaci\u00f3n presentada por el actor contra la sentencia de tutela STP-10075 emitida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, pues, el quejoso aduce, desconocer si frente a la misma se imparti\u00f3 o no el tr\u00e1mite pertinente. <\/p>\n
Ahora, revisado el sistema de consulta de la Rama Judicial, se desprende que, mediante auto de 25 de noviembre de 2021, la Sala fustigada concedi\u00f3 la impugnaci\u00f3n aludida por el censor, por tanto, las diligencias del caso ser\u00e1n remitidas al juez constitucional de segunda instancia para dirimir el remedio impetrado por el actor. <\/p>\n
De esta manera, es claro que se super\u00f3 la situaci\u00f3n denunciada como quebrantadora de derechos fundamentales, pues la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, en el transcurso de este salvaguarda, le dio tr\u00e1mite al remedio procesal incoado por el actor dentro del asunto bajo estudio, por tanto, actualmente no existe vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del promotor que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional, cumpli\u00e9ndose as\u00ed la pretensi\u00f3n constitucional del peticionario, por lo que carece de objeto impartir una orden con miras a que se emita el acto procesal extra\u00f1ado por el petente. <\/p>\n
Al respecto, la Sala ha precisado que: <\/p>\n
\u201c(\u2026) si la actuaci\u00f3n de hecho por la cual la persona se queja ya ha sido superada, en el sentido de que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente, la acci\u00f3n de tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez constitucional carecer\u00eda de sentido\u201d (CSJ STC, 3 jul. 2009, rad. 00080-01; reiterada en CSJ STC, 2 feb. 2012, rad. 2011-00541-01; y CSJ STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-00184-01). <\/p>\n
5. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 V\u00e9ase, entre otras, las sentencias dictadas en los exp. 2015-00229-01 y 2016-01329-01. <\/p>\n
2\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 20 de marzo de 2000, exp. 4822; reiterada el 31 de marzo de 2000, exp. 4867 y el 13 de febrero de 2014, exp. 11001-02-03-000-2014-00187-00, entre otras. <\/p>\n
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