STC16323-2021<\/p>\n
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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16323-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-04058-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual del primero de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00b0) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Grupo Energ\u00eda Bogot\u00e1 S.A. ESP contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, Sala Civil-Familia; tr\u00e1mite al que fueron vinculados el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Palmira y Mayag\u00fcez S.A. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. La empresa convocante deprec\u00f3, a trav\u00e9s de apoderado, el respeto de sus prerrogativas fundamentales al debido proceso, \u00abACCESO A LA ADMINISTRACI\u00d3N DE JUSTICIA\u00bb y \u00abTUTELA JUDICIAL EFECTIVA\u00bb, presuntamente conculcadas por la colegiatura fustigada. <\/p>\n
En concreto, se ordene desatar de nuevo la apelaci\u00f3n de fallo dentro del dossier verbal de servidumbre de energ\u00eda el\u00e9ctrica n.\u00b0 \u00ab2017-00040\u00bb. <\/p>\n
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2. Son hechos relevantes, los que enseguida se develan: <\/p>\n
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1. Ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Palmira se surti\u00f3 el litigio arriba descrito, por demanda de la aqu\u00ed accionante frente a Mayag\u00fcez S.A. y de cuyo cauce provino sentencia favorable a las pretensiones el 27 de septiembre de 2019, misma que fij\u00f3 a t\u00edtulo de indemnizaci\u00f3n (a la enjuiciada) la suma de $3\u2019872.456, por da\u00f1o emergente. <\/p>\n
2. Dicha determinaci\u00f3n fue modificada por el tribunal encausado con veredicto de 23 de noviembre de 2020, en senda de apelaci\u00f3n interpuesta por la demandada, para \u00abincluir\u00bb como d\u00e9bito indemnizatorio \u00ab$6\u2019827.154 por concepto de lucro cesante\u00bb. <\/p>\n
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3. A la titular del amparo (all\u00ed demandante) se le desestim\u00f3 la \u00abaclaraci\u00f3n y adici\u00f3n\u00bb pedida respecto al prenotado fallo, en auto de 10 de diciembre siguiente. <\/p>\n
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4. Con ocasi\u00f3n de una anterior acci\u00f3n de tutela, incoada por la ahora promotora, esta Sala de la Corte orden\u00f3 al tribunal repelido \u2013por virtud de sentencia CSJ STC1647-2021, 24 feb., rad. 00367-00, que concedi\u00f3 parcialmente el auxilio rogado\u2013 \u00abemit[ir] una nueva providencia que res[olviera] el recurso de apelaci\u00f3n\u00bb1 en comento (de ser necesario, con apoyo en el \u00abdecreto oficioso de pruebas\u00bb), excluida de la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
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5. El colegiado de Buga profiri\u00f3 auto el 20 de mayo de la anualidad en curso, en aparente \u00abcumplimiento\u00bb de lo ordenado en el fallo de amparo precitado, y all\u00ed dispuso, igualmente, previo a dictar nuevo veredicto de alzada en la servidumbre, la ampliaci\u00f3n del dictamen rendido de oficio en primera instancia, a fin de que se cuantificara el lucro cesante, cuya \u00abaclaraci\u00f3n y complementaci\u00f3n\u00bb a solicitud de la actual tutelante devino demeritada el d\u00eda 28 posterior. <\/p>\n
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6. A trav\u00e9s de prove\u00eddo calendado el 24 de junio de los corrientes el tribunal opt\u00f3 por poner en conocimiento de las partes la referida ampliaci\u00f3n, por el t\u00e9rmino de tres (3) d\u00edas, ratificado el 7 de julio siguiente, en sede de reposici\u00f3n intentada por la promotora. <\/p>\n
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7. Finalmente, el d\u00eda 22 de julio del mismo mes se profiri\u00f3 nuevo fallo de apelaci\u00f3n en el juicio disentido, que resolvi\u00f3 adicionar el de primera instancia, para \u00abincluir en la indemnizaci\u00f3n a favor de MAYAGUEZ S.A[.] la suma de CUARENTA MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS ($40.192.709) MONEDA CORRIENTE, por concepto del lucro cesante\u00bb.<\/p>\n
8. La compa\u00f1\u00eda promotora de la salvaguarda de marras reproch\u00f3, en apretado compendio, la extensi\u00f3n del lucro cesante que se hizo en la sentencia de 22 de julio pasado, \u00abhasta el a\u00f1o 2057\u00bb sin \u00abjustificaci\u00f3n t\u00e9cnica o legal\u00bb y agrav\u00e1ndose su situaci\u00f3n con relaci\u00f3n al fallo que revoc\u00f3 la Corte, en v\u00eda supralegal. <\/p>\n
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9. De otro lado, se doli\u00f3 de que fuera impedida \u00abla contradicci\u00f3n del dictamen pericial ampliado\u00bb, en aras de \u00abdiscutir y confrontar t\u00e9cnicamente esa decisi\u00f3n\u00bb (la del hito temporal del lucro cesante), acorde a lo previsto en el art\u00edculo 228 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
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3. Esta Sala de Casaci\u00f3n admiti\u00f3 el libelo de amparo, libr\u00f3 las comunicaciones de rigor e inst\u00f3 a rendir los informes de que trata el canon 19 del decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA INTERVENCI\u00d3N DEL CONVOCADO Y DE LOS VINCULADOS <\/p>\n
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1. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, Sala Civil-Familia, defendi\u00f3 la pertinencia de sus \u00faltimas providencias, dimanadas en cumplimiento de lo conminado en el veredicto CSJ STC1647-2021. <\/p>\n
Por ello, adujo que la interesada tendr\u00eda el \u00abincidente de desacato\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Palmira memor\u00f3 su gesti\u00f3n y se opuso a la clama, por ausencia de vulneraci\u00f3n. <\/p>\n
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3. Mayag\u00fcez S.A. guard\u00f3 silencio. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, por los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar los escenarios comunes de defensa. <\/p>\n
Es de lineamiento jurisprudencial que, en trat\u00e1ndose de actuaciones jurisdiccionales, el resguardo cabe de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable anomal\u00eda, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183-01), y por antonomasia, se cumpla la exigencia de inmediatez. <\/p>\n
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2. Para principiar, es de importancia desechar el argumento del tribunal al contestar la demanda de marras, sobre la conducencia del \u00abincidente de desacato\u00bb para blandir los embistes ah\u00ed reflejados, por cuanto lo que se atisba es que tal corporaci\u00f3n judicial s\u00ed cumpli\u00f3 con la orden emanada de la sentencia STC1647-2021 (de la Corte), cual fue la de, grosso modo, \u00abemit[ir] una nueva providencia que res[olviera] el recurso de apelaci\u00f3n\u00bb en el juicio de servidumbre. Y ello ocurri\u00f3, preciso, con el pronunciamiento de 22 de julio, objeto de an\u00e1lisis m\u00e1s tarde. <\/p>\n
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3. Aclarada la precitada cuesti\u00f3n, toca resolver los ataques ahora propuestos, aunque en sentido inverso al que se plasmaron, por dictado de la l\u00f3gica. <\/p>\n
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1. De un lado, al margen de que la contradicci\u00f3n al \u00abdictamen pericial ampliado\u00bb no haya sido como la quejosa a\u00f1oraba, lo cierto es que el tribunal acusado termin\u00f3 permitiendo alguna refutaci\u00f3n a dicha experticia por virtud del auto de 24 de junio de los corrientes, en el que corri\u00f3 traslado de la misma a las partes. T\u00f3pico que, al margen de compartirse, no denota una conculcaci\u00f3n ostensible. <\/p>\n
Total que, en trat\u00e1ndose del mandato de la trascendencia, la Corte Constitucional ha decantado que \u00ab(\u2026)se cumple cuando se demuestra que el caso involucra alg\u00fan debate jur\u00eddico que gira en torno al contenido, alcance y goce de cualquier derecho fundamental\u2026\u00bb (CC T-291\/16). <\/p>\n
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2. Sin embargo de lo anterior, y ya en lo que se refiere a la extensi\u00f3n temporaria del \u00ablucro cesante\u00bb, cuando el funcionario de conocimiento incurra en una actuaci\u00f3n claramente opuesta a la ley, por arbitraria o antojadiza, puede injerir el juez de amparo con el fin de recuperar el orden jur\u00eddico si el afectado no dispone de otro medio de respaldo judicial. <\/p>\n
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Al respecto, en este nivel se ha manifestado que, <\/p>\n
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\u2026el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u2018se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado… (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183; reiterada en STC4269-2015, 16 abr. 2015). <\/p>\n
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En ese contexto, se ha reconocido que cuando el juzgador natural se aparta de la jurisprudencia, sin aportar argumentos valederos o, de presentarse un defecto sustantivo en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
1. Hecha la anterior precisi\u00f3n, se apresta a auscultar en sus cimientos la sentencia dimanada del tribunal accionado, el 22 de julio pasado. <\/p>\n
N\u00f3tese que, en lo pertinente, all\u00ed se esgrimi\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) [El Tribunal] empez\u00f3 a implementar los [correctiv]os a partir del auto de fecha 19-05-2021, cuando no solo dej\u00f3 sin efectos la sentencia de fecha 23-11-2020\u2026, sino que atendiendo la directriz fijada por el juez constitucional orden\u00f3 la ampliaci\u00f3n del dictamen pericial rendido ante el juzgado a-quo por los ingenieros CARLOS GREGORIO CALERO DAZA y YEISON FABI\u00c1N MAR\u00cdN ALZATE. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
\u2026[E]l par\u00e1metro temporal para determinar el quantum del lucro cesante padecido (\u2026) no puede ser otro que el de la fecha prevista en [lo]s estatutos sociales para [la] terminaci\u00f3n [de la demandada] como persona jur\u00eddica, esto es, el 31 de diciembre de 2057, desde luego que si conforme el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal expedido por la C\u00e1mara de Comercio de Cali una de las actividades que constituye el objeto social de MAYAG\u00dcEZ S.A. es la \u201c\u2026[s]iembra, cultivo, corte mec\u00e1nico, alce y transporte de ca\u00f1a de az\u00facar y otros productos agr\u00edcolas, en terrenos propios o de terceros, cuya explotaci\u00f3n y administraci\u00f3n se tenga contratada\u2026\u201d (p\u00e1gina 3 del documento, visible a folio 283, cdo. 2o), ante la ocupaci\u00f3n permanente de la franja de terreno de su propiedad sometida a servidumbre (562.04 metros cuadrados) se le generar\u00e1n perjuicios que deben ser indemnizados durante el t\u00e9rmino de su existencia como persona jur\u00eddica. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
\u2026A pesar [de] que la contradicci\u00f3n (\u2026) se surti\u00f3 exclusivamente RESPECTO DE LA AMPLIACI[\u00d3]N AL DICTAMEN [pues la contradicci\u00f3n del dictamen inicial se surti\u00f3 durante la audiencia celebrada en el juzgado a-quo el 27-09-2019], es refulgente que los reproches formulados del G.E.B. S.A. ESP est\u00e1n perfilados contra [e]ste, y no contra aqu[e]l, circunstancia que por s\u00ed sola impide acceder a la exclusi\u00f3n de la ampliaci\u00f3n a la liquidaci\u00f3n del lucro cesante, como lo pretende dicha empresa. <\/p>\n
\u2026Recu\u00e9rdese, por otra parte, que el resguardo dispensado por la Corte Suprema de Justicia en su sentencia STC1647-2021 se debi\u00f3 a un \u00fanico yerro de la Sala, el cual consisti\u00f3 en que \u201c\u2026para cuantificar el da\u00f1o ocasionado por lucro cesante a la demandada, tuvo en cuenta la experticia allegada por dicha parte con su escrito de contestaci\u00f3n, elemento de juicio que no era susceptible de valoraci\u00f3n, al haber sido aportado en contravenci\u00f3n de lo establecido en la ley 56 de 1981\u2026\u201d. <\/p>\n
De ah\u00ed que frente al desvar\u00edo en la cuantificaci\u00f3n del lucro cesante, consistente, se itera, en haber tenido \u201c\u2026en cuenta un medio de convicci\u00f3n que no pod\u00eda ser objeto de valoraci\u00f3n\u2026\u201d, la Corte puntualiz\u00f3 que \u201c\u2026para esclarecer dicha cuesti\u00f3n [quantum del LUCRO CESANTE] pudo hacer uso de las potestades oficiosas que le confiere el ordenamiento jur\u00eddico en materia probatoria, decretando, por ejemplo, la ampliaci\u00f3n del dictamen que se practic\u00f3 en el proceso, con miras a que los peritos rindieran concepto sobre tal aspecto, partiendo de los par\u00e1metros que fijara dicha Colegiatura\u2026\u201d, derrotero o pauta sobre la cual volvi\u00f3 a referirse en la parte resolutiva de su fallo de tutela, cuando tras ordenar \u201c\u2026a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga que, dentro del t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas, contado a partir de la notificaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n, deje sin efecto la sentencia de 23 de noviembre de 2020, mediante la cual resolvi\u00f3 la alzada formulada contra la dictada el 27 de septiembre de 2019, as\u00ed como tambi\u00e9n todas las actuaciones que de dicha determinaci\u00f3n se desprendieron\u2026\u201d, indic\u00f3 que de ser necesario acuda \u201c\u2026al decreto oficioso de pruebas en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 170 del C\u00f3digo General del Proceso\u2026\u201d, inequ\u00edvoca reiteraci\u00f3n -a la Sala accionada- de su obligaci\u00f3n de cuantificar el lucro cesante infligido a la propietaria del predio sirviente. <\/p>\n
Hasta sobra decirlo: para tal efecto se debe rendir venero a la regla establecida por el art\u00edculo 16 de la Ley 446 de 1998, la cual dispone que \u201c(..) la valoraci\u00f3n de da\u00f1os irrogados a las personas y a las cosas atender\u00e1 los principios de reparaci\u00f3n integral y equidad y observar\u00e1 los criterios t\u00e9cnicos actuariales (..[.])\u201d, lo cual traduce, para el juez, el deber jur\u00eddico de resarcir todos los da\u00f1os ocasionados a la persona o bienes de la persona afectada, que como en [e]ste caso, la Sala reput\u00f3 acreditados en la sentencia del 23-11-2020 a trav\u00e9s de razonamientos jur\u00eddicos y probatorios que la Corte Suprema de Justicia respald\u00f3 en su fallo constitucional. <\/p>\n
\u2026La interpretaci\u00f3n que la Sala hizo en el aludido fallo al Reglamento de Instalaciones El\u00e9ctricas \u201cRETIE\u201d, y la conclusi\u00f3n que de ello extrajo, no pueden ser sometidas ahora -en el escenario de contradicci\u00f3n a la ampliaci\u00f3n de un dictamen pericial, como lo pretende el G.E.B. S.A. ESP- a un nuevo debate enderezado a deslegitimar o impugnar una condena indemnizatoria [por lucro cesante] que la Corte Suprema de Justicia dej\u00f3 expresamente inc\u00f3lume, torn\u00e1ndola intocable. <\/p>\n
\u2026El cuestionamiento que el G.E.B. S.A. ESP edifica sobre la base de que el Tribunal no accedi\u00f3 en su momento [al resolver la(\u2026) solicitud de adici\u00f3n y complementaci\u00f3n del auto que oficiosamente orden\u00f3 tal ampliaci\u00f3n] a su solicitud de \u201c\u2026confirmar probatoriamente dentro de los puntos de la ampliaci\u00f3n ordenados, si en efecto, en el \u00e1rea de los 543 m2 solicitados en servidumbre y que fueron objeto de extensi\u00f3n del aval\u00fao, existe o no presencia de cultivos de ca\u00f1a o de cualquiera otra \u00edndole productiva, a la fecha y dentro de la mencionada franja, o en qu\u00e9 proporci\u00f3n\u2026\u201d, no es una cr\u00edtica a la ampliaci\u00f3n rendida por los peritos sino un embate o cuestionamiento al auto del 28-05-2021, donde al abrigo de las motivaciones all\u00ed explicitadas la Sala neg\u00f3 las solicitudes de adici\u00f3n, complementaci\u00f3n y aclaraci\u00f3n presentadas por la sociedad actora respecto de la providencia calendada a 20-05-2021 por medio de la cual la Sala, entre otros ordenamientos, dispuso que antes de emitir una nueva sentencia de segunda instancia, los peritos CARLOS CALERO DAZA y YEISON FABI\u00c1N MAR\u00cdN ALZATE ampliasen el dictamen presentado ante el juzgado a-quo el 14-08-2019 \u201c\u2026en el sentido de extender hasta el 31 de diciembre de 2057 la cuantificaci\u00f3n del lucro cesante ocasionado por la afectaci\u00f3n a la franja de terreno de 562.04 M2 perteneciente al predio LA SOLORZA\u2026\u201d. <\/p>\n
\u2026El planteamiento de la citada empresa de energ\u00eda consistente en que \u201c\u2026no es cierto que el \u00e1rea \u201cinexorablemente quedar\u00eda inhabilitada\u201d para sembrar o enviar trabajadores al sector. Y estos eran los fundamentos para decretar que ten\u00eda que extenderse la indemnizaci\u00f3n hasta el a\u00f1o 2057. Tanto as\u00ed, que hoy, despu\u00e9s de realizados los trabajos de tendido de las l\u00edneas, en la porci\u00f3n en que hay cultivo (aproximadamente de 100 m2), permanece inalterable y no qued\u00f3 inhabilitado\u2026\u201d, corresponde, cual lo se\u00f1al\u00f3 la Corte Suprema de Justicia [en su fallo de tutela] a \u201c\u2026una diferencia de criterio acerca de la forma en la que el ad-quem querellado interpret\u00f3 el Reglamento de Instalaciones El\u00e9ctricas RETIE26 y concluy\u00f3 que, por las disposiciones de seguridad all\u00ed establecidas, la franja de terreno afectada por la servidumbre impuesta, quedaba inhabilitada para seguir siendo explotada por su propietaria, en la forma en la que lo ven\u00eda haciendo, lo que impon\u00eda la concesi\u00f3n del lucro cesante que ello acarrear\u00eda\u2026\u201d. <\/p>\n
\u2026El se\u00f1alamiento del G.E.B. S.A. ESP referente a que la ampliaci\u00f3n rendida por los peritos \u201c\u2026no dice ni justifica al Tribunal para que se pueda decir que en efecto en la zona de servidumbre del proceso se impide seguir con los cultivos\u2026\u201d, no es m\u00e1s que un improcedente intento de cuestionar los fundamentos que esta Sala expuso en su sentencia del 23-11-2020 -que la Corte dejo inc\u00f3lumes- como soporte toral de la conclusi\u00f3n seg\u00fan la cual dicha empresa de energ\u00eda debe indemnizar a MAYAGUEZ S.A. por concepto del lucro cesante derivado de la imposibilidad permanente de seguir explotando \u201c\u2026agr\u00edcolamente, como lo ven\u00eda haciendo (con cultivo de ca\u00f1a de az\u00facar) la mentada franja de terreno\u2026\u201d. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Desestimadas las objeciones de la empresa de energ\u00eda demandante, solo resta agregar que la ampliaci\u00f3n allegada al Tribunal cumple con el prop\u00f3sito indicado en el art\u00edculo 29 de la Ley 56 de 1981 y se atempera a las exigencias de los art\u00edculos 226 del C\u00f3digo General del Proceso y 29 de la Ley 56 de 1981. Adem\u00e1s fue elaborada por dos (2) personas id\u00f3neas, ambos ingenieros peritos, uno del Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi y el restante avaluador que acredit\u00f3 contar con categor\u00eda No. 13 de \u201cintangibles especiales\u201d conforme las directrices contenidas en el Decreto 556 de 2014. La adici\u00f3n es clara y precisa. Lo que, armonizado con las restricciones que legalmente existen sobre la franja de terreno que soporta la servidumbre el\u00e9ctrica, permite concluir que el procedimiento utilizado por los peritos para calcular la indemnizaci\u00f3n allana el camino para se\u00f1alar una suma de dinero que compense adecuadamente el lucro cesante causado. <\/p>\n
En efecto, la complementaci\u00f3n del dictamen (aval\u00fao del lucro cesante) ha tomado como par\u00e1metros: (i) el \u00e1rea afectada en metros cuadrados, concretamente 564,04 mts2 ; (ii) la cantidad de kilogramos de az\u00facar producida en trece (13) meses, correspondiente a 871,16; (iii) el valor del az\u00facar por kilogramo ($1.300); (iv) el lucro cesante ocasionado en el periodo de trece (13) meses (una cosecha); y, (v) el n\u00famero de periodos, a raz\u00f3n de trece (13) meses que, calculados desde el 18 de julio de 2019(\u2026) hasta el 31 de diciembre de 2057\u2026 <\/p>\n
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2. Puestas as\u00ed las cosas, deviene palpable la incursi\u00f3n en un exceso que amerita la injerencia de esta especial jurisdicci\u00f3n, como pasa a dilucidarse. <\/p>\n
El tribunal fustigado, aun cuando hizo alusi\u00f3n a los reparos decantados por la accionante tras descorrer traslado al dictamen ampliado, no los tuvo en cuenta en su totalidad, y en concreto los referentes a i) si en el \u00e1rea materia de la imposici\u00f3n de servidumbre \u00abexiste o no presencia de cultivos de ca\u00f1a o de cualquiera otra \u00edndole productiva(\u2026) o en qu\u00e9 proporci\u00f3n\u00bb y ii) el basamento t\u00e9cnico de \u00abvaloraci\u00f3n de da\u00f1os\u00bb para sustentar el pago de lucro cesante hasta 2057, pese a que \u00aben el dictamen presentado en primera instancia\u00bb por los mismos peritos que lo ampliaron \u00abfue tasado y considerado [con car\u00e1cter de] permanente y\u00bb, por ende, dicha prueba pericial \u00abatendi\u00f3 tambi\u00e9n al concepto de la perpetuidad\u2026\u00bb. <\/p>\n
Argumentos que se erigen como de gran significaci\u00f3n para la estipulaci\u00f3n de la descrita condena por lucro cesante, en la medida en que, por un lado, en sentir de la actora no habr\u00eda quedado suficientemente precisada la proporcionalidad del impacto de la servidumbre el\u00e9ctrica en la franja de terreno objeto de demanda, con todo y los par\u00e1metros abordados en la ampliaci\u00f3n pericial (que tambi\u00e9n reprodujo el fallo en an\u00e1lisis) y, de otra parte, no se detall\u00f3 el porqu\u00e9 de la extensi\u00f3n temporaria hasta mediados del presente siglo, m\u00e1s all\u00e1 del supuesto cumplimiento del fallo de tutela y la presunta vigencia jur\u00eddica de la enjuiciada Mayag\u00fcez S.A. hasta entonces, si de relieve se pone que el concepto de afectaci\u00f3n en estudio (lucro cesante) ya hab\u00eda sido tasado, sobre el asidero de la aparente perpetuidad, en la prueba pericial rendida desde la primera instancia por los mismos auxiliares encargados de la ampliaci\u00f3n. <\/p>\n
Y es que, si bien, frente al embate ata\u00f1edero a la existencia o no de cultivos, el colegiado de Buga contest\u00f3 en el veredicto auscultado que \u00abno es una cr\u00edtica a la ampliaci\u00f3n rendida (\u2026) sino (\u2026) al auto [que] neg\u00f3 las solicitudes de adici\u00f3n, complementaci\u00f3n y aclaraci\u00f3n presentadas por la [gestora] respecto de la providencia\u00bb que dispuso as\u00ed sobre el multicitado dictamen, lo cierto es que tal pronunciamiento para nada alberga una respuesta de fondo a la cuesti\u00f3n. Luego, debi\u00f3 el ad-quem asumir la censura a ra\u00edz de una lectura sesuda de lo que sobre el punto hubiera arrojado la pericia ampliada. <\/p>\n
Igualmente, con relaci\u00f3n a la fijaci\u00f3n temporal del plurimencionado lucro cesante hasta el 2057 (31 dic.), ins\u00edstase, flu\u00eda importante que el juez de alzada ponderara el argumento de la empresa accionante concerniente a que ya en el dictamen oficioso practicado en primer grado s\u00ed se calcul\u00f3 dicho factor de menoscabo con criterio de perpetuidad2, en tanto que, valga anotarlo, lo que sugerir\u00eda la censura es que la ampliaci\u00f3n a la probanza y la delimitaci\u00f3n hasta el citado a\u00f1o ser\u00edan vanos, en el entendido de que en el primigenio peritaje y en sus pertinentes ac\u00e1pites, s\u00ed fue esgrimido un enfoque de permanencia en el tiempo, sin embargo de si la tasaci\u00f3n dineraria ah\u00ed arrojada fuera o no del todo acertada. <\/p>\n
A la postre, tampoco mereci\u00f3 indagaci\u00f3n alguna el anexo tra\u00eddo por la promotora junto a sus reparos, denominado \u00abOBSERVACIONES T\u00c9CNICAS\u00bb, en el que por dem\u00e1s se adujo que no toda el \u00e1rea materia de servidumbre era zona de cultivos y, de igual modo, que no existen lineamientos t\u00e9cnicos y legales de peso para sostener la condena por lucro cesante hasta 2057. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Es que, mucho menos es verdadero que esta Sala de Casaci\u00f3n hubiera ordenado al tribunal, a trav\u00e9s de la sentencia de tutela STC1647-2021, la aplicaci\u00f3n al caso de poderes oficiosos en t\u00e9rminos de pruebas (ni la ampliaci\u00f3n del dictamen); s\u00f3lo se los enunci\u00f3 como una posibilidad3 al alcance, que en efecto la tiene. <\/p>\n
De suerte que la respuesta de la colegiatura de Buga tuvo que fincarse m\u00e1s all\u00e1 del acatamiento a lo supuestamente conminado en el fallo tutelar en cuesti\u00f3n, para lo cual debi\u00f3 estudiar el fondo de los reparos impetrados al dictamen ampliado. No hacerlo de forma apropiada supuso un serio dislate de motivaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Total, el aut\u00e9ntico fundamentar de los jueces, en palabras de esta Corte, equivale a \u00ab(\u2026)un imperativo dimanado del debido proceso en garant\u00eda del derecho de las partes e intervinientes a asentir o disentir de la actividad intelectual desplegada por el operador jur\u00eddico frente al caso materia de juzgamiento\u2026\u00bb (CSJ STC, 4 dic. 2009, rad. 02174-00; reiterada en STC10798-2018, rad. 00102-02). <\/p>\n
Mismo t\u00f3pico por el que el m\u00e1ximo \u00f3rgano de constitucionalidad, en consonancia, decant\u00f3: <\/p>\n
(\u2026)La motivaci\u00f3n de los fallos judiciales es un deber de los jueces y un derecho fundamental de los ciudadanos, como posici\u00f3n jur\u00eddica concreta derivada del debido proceso. Desde el punto de vista del operador judicial, la motivaci\u00f3n consiste en un ejercicio argumentativo por medio del cual el juez establece la interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas, de una parte, y determina c\u00f3mo, a partir de los elementos de convicci\u00f3n aportados al proceso y la hip\u00f3tesis de hecho que se construye con base en esos elementos, es posible subsumir el caso concreto en el supuesto de hecho de una regla jur\u00eddica aplicable al caso. (T-247\/06, T-302\/08, T-868\/09). <\/p>\n
\u2026 En el estado constitucional de derecho, la motivaci\u00f3n adquiere mayor importancia. La incidencia de los derechos fundamentales en todas las \u00e1reas del derecho y la obligaci\u00f3n de los jueces y operadores jur\u00eddicos de aplicar las reglas legales y\/o reglamentarias s\u00f3lo en la medida en que sean conformes con la Carta Pol\u00edtica (aspectos conocidos en la doctrina constitucional como efecto irradiaci\u00f3n, interpretaci\u00f3n conforme y car\u00e1cter normativo de la Constituci\u00f3n) exigen del juez un ejercicio interpretativo calificado que d\u00e9 cuenta del ajuste entre su interpretaci\u00f3n y los mandatos superiores, y que le permita, mediante el despliegue de una argumentaci\u00f3n que tome en cuenta todos los factores relevantes, administrar el pluralismo de los principios constitucionales. <\/p>\n
(\u2026)Desde el punto de vista de la determinaci\u00f3n de los hechos, la \u00edntima convicci\u00f3n del juez como medio para la fijaci\u00f3n de la hip\u00f3tesis f\u00e1ctica, o la posibilidad de que el legislador defina previamente el valor de cada prueba, se ha visto desplazada de forma casi absoluta, en los actuales estados constitucionales, por la sana cr\u00edtica y la valoraci\u00f3n basada en la persuasi\u00f3n cr\u00edtica y racional del juez (C-202\/06), lo que supone similares exigencias argumentativas a las ya expuestas sobre la interpretaci\u00f3n de las normas. <\/p>\n
\u2026 Dado que el juez debe pronunciarse sobre hechos del pasado, a los que no puede acceder directamente, su tarea consiste en exponer c\u00f3mo, mediante el uso de reglas de la experiencia, puede inferir la existencia de hechos pasados a partir de determinados hechos presentes recaudados mediante las v\u00edas legales de decreto y pr\u00e1ctica de pruebas. <\/p>\n
La comprensi\u00f3n del razonamiento en materia de hechos como uno de car\u00e1cter primordialmente inductivo, dirigido m\u00e1s a fortalecer la probabilidad de una hip\u00f3tesis que a lograr la certeza sobre \u00e9sta, la importancia de la pluralidad de medios de prueba para fortalecer tales hip\u00f3tesis, el an\u00e1lisis individual de cada medio de convicci\u00f3n y el posterior an\u00e1lisis conjunto de las pruebas, la fuerza de las reglas de la experiencia (generalizaciones de hechos previamente observados) utilizadas por el juez, son las herramientas con las que cuenta y a las que debe recurrir el juez para fundar su premisa f\u00e1ctica. (C-202\/05, T589\/10, T-1015\/l0). <\/p>\n
\u2026 La Corte Constitucional ha efectuado importantes avances en determinar los est\u00e1ndares de racionalidad y razonabilidad que exige la determinaci\u00f3n de los hechos del caso y ha explicado c\u00f3mo el deber de motivaci\u00f3n no se agota en una exposici\u00f3n sobre la interpretaci\u00f3n de las normas jur\u00eddicas, sino que involucra tambi\u00e9n la explicaci\u00f3n de ese paso entre pruebas y hechos, a trav\u00e9s de la sana cr\u00edtica, la aplicaci\u00f3n de reglas de inferencia plausibles, y los criterios de escogencia entre hip\u00f3tesis de hecho alternativas. (ib\u00eddem). <\/p>\n
(\u2026)La motivaci\u00f3n, por todo lo expuesto, es un derecho constitucional derivado, a su vez, del derecho gen\u00e9rico al debido proceso. Esto se explica porque s\u00f3lo mediante la motivaci\u00f3n pueden excluirse decisiones arbitrarias por parte de los poderes p\u00fablicos, y porque s\u00f3lo cuando la persona conoce las razones de una decisi\u00f3n puede controvertirla y ejercer as\u00ed su derecho de defensa. En el caso de los jueces de \u00faltima instancia, la motivaci\u00f3n es, tambi\u00e9n, su fuente de legitimaci\u00f3n democr\u00e1tica, y el control ciudadano se convierte en un valioso medio para corregir posturas adoptadas en el pasado y eventualmente injustas o poco adecuadas para nuevas circunstancias jur\u00eddicas y sociales\u2026 (\u00c9nfasis ajeno – CC T-214\/12). <\/p>\n
En ese marco de factores, toda grave falencia de motivaci\u00f3n \u00absupone una clara vulneraci\u00f3n al derecho del debido proceso ya que existe un deber en cabeza de los funcionarios judiciales\u00bb, dirigido a divulgar \u00ablas razones f\u00e1cticas y jur\u00eddicas que sustentan\u00bb sus providencias (SU-635\/15). <\/p>\n
4. Se impone, entonces, abrir paso parcial a la ayuda supralegal protestada, habida cuenta que el operador judicial recriminado, sumido en ausente e inadecuada fundamentaci\u00f3n, escatim\u00f3 mayor esfuerzo en desatar un pronunciamiento valedero de cara a la apelaci\u00f3n que le brind\u00f3 atribuci\u00f3n para terciar al interior del juicio disentido; situaci\u00f3n por la que se le conminar\u00e1 a restarle efecto y proveer otra vez, acorde a lo plasmado en precedencia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, concede parcialmente el resguardo implorado por Grupo Energ\u00eda Bogot\u00e1 S.A. ESP. <\/p>\n
Por consecuencia, se ordena al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, Sala Civil-Familia, que en un t\u00e9rmino no mayor a quince (15) d\u00edas, contado a partir del momento en que deje sin valor la sentencia de 22 de julio pasado, as\u00ed como todas las resoluciones que de ello dependan, adopte la determinaci\u00f3n que en derecho corresponda sobre el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra el fallo proferido en primera instancia dentro del proceso verbal n.\u00b0 \u00ab2017-00040\u00bb, instaurado por la tutelante frente a Mayag\u00fcez S.A., acorde a lo plasmado en la considerativa de este pronunciamiento. <\/p>\n
A su turno, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Palmira deber\u00e1 enviar el descrito dossier al tribunal, en el lapso m\u00e1ximo de un (1) d\u00eda siguiente a su notificaci\u00f3n, a fin de que esta \u00faltima corporaci\u00f3n pueda impartir cumplimiento a lo aqu\u00ed mandado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, de no impugnarse, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de la Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 En un plazo no superior a quince (15) d\u00edas a su notificaci\u00f3n y luego de dejar sin valor la sentencia de 23 de noviembre de 2020 (que zanj\u00f3 inicialmente la alzada), as\u00ed como todas las resoluciones que de tal fallo dependieran. <\/p>\n
2\u0002 Esgrimi\u00f3 la tutelante en su memorial de reparos a la ampliaci\u00f3n del dictamen -al respecto-, lo siguiente: (\u2026)el Dictamen Pericial inicial y original, en su p\u00e1gina 25 -folio 241-, define la estimaci\u00f3n sobre la servidumbre, bajo el rubro de lucro cesante y con el entendimiento que la servidumbre es perpetua [y por ello calcul\u00f3 el monto del menoscabo en un per\u00edodo de cosecha de ca\u00f1a de az\u00facar], teniendo en cuenta que una vez construida la l\u00ednea, se podr\u00e1 seguir explotando sin mayores restricciones, lo cual precisa que el lucro cesante como elemento de los da\u00f1os materiales, no es un da\u00f1o autom\u00e1tico\u2026 (Se enfatiz\u00f3). <\/p>\n
3\u0002 Fallo en el que, en lo tocante, se dijo: (\u2026) Por lo dem\u00e1s, cabe a\u00f1adir que, si el Tribunal consider\u00f3 que las experticias allegadas eran insuficientes para calcular el valor del lucro cesante, para esclarecer dicha cuesti\u00f3n pudo hacer uso de las potestades oficiosas que le confiere el ordenamiento jur\u00eddico en materia probatoria, decretando, por ejemplo, la ampliaci\u00f3n del dictamen que se practic\u00f3 en el proceso, con miras a que los peritos rindieran concepto sobre tal aspecto, partiendo de los par\u00e1metros que fijara dicha Colegiatura\u2026 Mientras que en la resolutiva se le orden\u00f3 a la misma corporaci\u00f3n aqu\u00ed involucrada emitir (\u2026) una nueva providencia en la que resuelva el recurso de apelaci\u00f3n\u2026, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia y, en caso de ser necesario, acudir al decreto oficioso de pruebas en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 170 del C\u00f3digo General del Proceso\u2026 (Resaltado de la Corte). <\/p>\n
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STC16323-2021 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC16323-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-04058-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual del primero de diciembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00b0) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Grupo Energ\u00eda Bogot\u00e1 S.A. […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[43],"tags":[],"class_list":["post-59977","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59977","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59977"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59977\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59977"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59977"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59977"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}