STC16324-2021<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16324-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-01018-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del primero de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (01) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo de 10 de junio de 20211, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n en la acci\u00f3n de tutela que Linda Yulieth Dur\u00e1n Montoya, como agente oficioso de Luis Enrique Dur\u00e1n Arias, instaur\u00f3 frente a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, con vinculaci\u00f3n del Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Puerto L\u00f3pez, el Consejo Superior de la Judicatura y dem\u00e1s intervinientes en la causa n\u00b0 5056861056352014807800. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La libelista solicit\u00f3 que se ordene a la Magistratura dar respuesta a sus solicitudes, as\u00ed como la pronta resoluci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
Despu\u00e9s de una lectura del escrito tutelar, su aclaraci\u00f3n y los anexos adosados al expediente, se extrae que elevaron solicitudes ante el juez plural \u00abel d\u00eda 5 de octubre 2020 y allegada el 22 de octubre del 2020, reenviada para efectos de derecho de petici\u00f3n de fecha 12 de noviembre del 2020 y recibida el 13 de noviembre del 2020, recordatorio de derecho de petici\u00f3n de fecha del 28 de febrero del a\u00f1o 2021, acci\u00f3n de desacato por omisi\u00f3n del 30 de marzo del 2021 envi\u00f3 tutela 1\u00b0 instancia 12 de mayo 2021\u00bb, sin que obtuvieran respuesta. <\/p>\n
Tambi\u00e9n que Luis Enrique Dur\u00e1n Arias, padre de la accionante, fue condenado a 13 a\u00f1os de prisi\u00f3n por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 a\u00f1os por el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Puerto L\u00f3pez (15 jun. 2017), veredicto que apel\u00f3 y que se encuentra en tr\u00e1mite en la Sala Penal del Tribunal de la capital del Meta. <\/p>\n
Se doli\u00f3 de la falta de contestaci\u00f3n a las solicitudes y de que en el diligenciamiento seguido contra su ascendiente en primera instancia se incurri\u00f3 una indebida valoraci\u00f3n probatoria que llev\u00f3 a la imposici\u00f3n del castigo. <\/p>\n
3. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n desestim\u00f3 el amparo porque, i) en lo atinente a la desatenci\u00f3n de los derechos de petici\u00f3n, no obstante ser requerida la promotora para que \u00abaportara copia de tales escritos\u00bb, ello no se atendi\u00f3 y por ende no se acredit\u00f3 en ese sentido el hecho vulnerador; y ii) en cuanto a la mora judicial \u00abno se desprende del incumplimiento de las funciones por parte de la autoridad judicial (\u2026) tal situaci\u00f3n obedece a la congesti\u00f3n judicial ya conocida en decisiones pret\u00e9ritas, que afronta la convocada, que reviste caracter\u00edsticas de urgencia y gravedad (\u2026)\u00bb, aunado a que el expediente fue reasignado a otro Magistrado en cumplimiento del Acuerdo CSJMEA21-52. <\/p>\n
4. Recurrieron los promotores quienes alertaron sobre la falta de contestaci\u00f3n al ruego por parte de algunos sujetos procesales e insistieron en que en el caso objeto de estudio no se analizaron en debida forma los elementos de convicci\u00f3n \u00abdonde muestre la claridad de las pruebas si \u00e9stas son t\u00e9cnicas o cient\u00edficas y los elementos materiales probatorios para que haya un juicio justo\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El material suasorio incorporado al infolio permite prontamente advertir el fracaso del amparo y la convalidaci\u00f3n de la providencia opugnada, por las razones que pasan a explicarse: <\/p>\n
En lo atinente a los supuestos derechos de petici\u00f3n que los promotores elevaron, la Corte Constitucional tiene decantado que para la procedencia del ruego en ese espec\u00edfico punto resulta indispensable \u00abun m\u00ednimo de evidencia f\u00e1ctica, de suerte que sea razonable pensar en la realizaci\u00f3n del da\u00f1o\u00bb, as\u00ed, cuando un ciudadano acude a la v\u00eda tutelar, como en cualquier proceso, tiene la \u00abcarga procesal\u00bb de acreditar sus afirmaciones, lo que al no haber sido satisfecho en esta oportunidad, genera el decaimiento de lo perseguido. <\/p>\n
As\u00ed, por ejemplo, lo dijo la Corte Constitucional en T-131-07, cuando al respecto expuso que <\/p>\n
(\u2026) quien instaure una acci\u00f3n de tutela por estimar vulnerados o amenazados sus derechos fundamentales tiene la carga procesal de probar sus afirmaciones; tan s\u00f3lo en casos excepcionales, dadas las especiales condiciones de indefensi\u00f3n en que se encuentra el peticionario, se ha invertido jurisprudencialmente la carga de la prueba a favor de aqu\u00e9l. (CSJ STC16242-2019). <\/p>\n
En \u00faltimas, en raz\u00f3n a que los inconformes allegaron con su escrito introductorio las \u00abpeticiones\u00bb que dijeron formular, no probaron su dicho, y, por lo tanto, el resguardo resulta inadmisible. <\/p>\n
Ahora, frente al segundo reparo, concerniente en que se desate con prontitud la alzada, al margen de la pertinencia que puedan o no tener las elucubraciones de los impulsores, lo cierto es que resulta improcedente esta senda extraordinaria para alterar el turno para fallar la apelaci\u00f3n formulada contra la sentencia proferida por el juzgado de Puerto L\u00f3pez. <\/p>\n
Importa recordar que de conformidad con el art\u00edculo 85, numerales 5\u00b0 y 9\u00b0 de la Ley 270 de 1996, el Consejo Superior de la Judicatura tiene como funciones: <\/p>\n
\u00abCrear, ubicar, redistribuir, fusionar, trasladar, transformar y suprimir Tribunales, las Salas de \u00e9stos y los Juzgados, cuando as\u00ed se requiera para la m\u00e1s r\u00e1pida y eficaz administraci\u00f3n de justicia, as\u00ed como crear Salas desconcentradas en ciudades diferentes de las sedes de los Distritos Judiciales, de acuerdo con las necesidades de \u00e9stos\u00bb <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Determinar la estructura y las plantas de personal de las Corporaciones y Juzgados. Para tal efecto podr\u00e1 crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en la Rama Judicial, determinar sus funciones y se\u00f1alar los requisitos para su desempe\u00f1o que no hayan sido fijados por la ley\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed, en desarrollo de esas atribuciones deleg\u00f3 a los Consejos Seccionales de la Judicatura, mediante Acuerdo PSAA16-10561 de 2016, facultades para adoptar medidas tendientes a brindar equidad en la distribuci\u00f3n de cargas de trabajo (redistribuci\u00f3n de expedientes, exoneraci\u00f3n o disminuci\u00f3n de reparto), racionalizar el talento humano (traslado transitorio de empleados) y optimizar la oferta judicial (oralidad), entre otras, fundamentadas en los principios de desconcentraci\u00f3n, participaci\u00f3n, coordinaci\u00f3n, inmediaci\u00f3n, celeridad, econom\u00eda, eficacia, eficiencia, planificaci\u00f3n, seguimiento y control. <\/p>\n
Redistribuci\u00f3n de procesos. Como medida de equidad en la distribuci\u00f3n de las cargas de trabajo y de descongesti\u00f3n, los Consejos Seccionales podr\u00e1n reasignar los procesos que los Juzgados tengan para fallo entre los despachos del mismo Distrito o Circuito o Secci\u00f3n de igual jurisdicci\u00f3n, especializaci\u00f3n, categor\u00eda o nivel, que tengan una menor carga laboral. Del ejercicio de esta facultad se deber\u00e1 migrar la informaci\u00f3n en el sistema y adem\u00e1s se deber\u00e1 informar a los usuarios por los medios f\u00edsicos y electr\u00f3nicos disponibles. <\/p>\n
En virtud de lo anterior, debe colegirse que la autoridad competente en ejecutar la \u00abredistribuci\u00f3n de procesos\u00bb en aplicaci\u00f3n del Acuerdo PCSJA21-11766 de 2021 por el cual se cre\u00f3, en la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio, un despacho de magistrado conformado por un (1) cargo de Magistrado y un (1) cargo de Auxiliar Judicial Grado 01, es el Consejo Seccional de la Judicatura del Meta, por lo que mediante Acuerdo n\u00b0 CSJMEA21-52 estableci\u00f3 la reasignaci\u00f3n de expedientes para fallo, correspondi\u00e9ndole en la actualidad a la funcionaria que lo tiene a su cargo desde el pasado 16 de abril y en ese contexto no se han desconocido las garant\u00edas constitucionales de la parte demandante. <\/p>\n
Ahora, conceder la protecci\u00f3n suplicada y ordenar la emisi\u00f3n de la decisi\u00f3n de segunda instancia, implicar\u00eda desconocer el derecho de igualdad de las dem\u00e1s personas que, como el procesado, tambi\u00e9n esperan un pronunciamiento en sede de apelaci\u00f3n y cuyos procesos ingresaron con anterioridad de aquel que fundamenta este tr\u00e1mite preferente. Tal circunstancia, llevar\u00eda a la alteraci\u00f3n del orden que para emitir sentencias prev\u00e9 el art\u00edculo 18 de la Ley 446 de 1998, seg\u00fan el cual, \u00abes obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelaci\u00f3n legal\u00bb, por lo que ese no es el fin de esta especial justicia. <\/p>\n
De otra parte, el ruego tampoco cumple con el presupuesto de subsidiariedad connatural de la acci\u00f3n de tutela, en la medida en que, si los convocantes consideran insuficiente lo se\u00f1alado, pueden recusar al servidor de conocimiento y, con ello, obtener, eventualmente, celeridad para su caso como lo facultan los art\u00edculos 56 y 60 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal. <\/p>\n
Al respecto, en un asunto de similares contornos, se dijo: <\/p>\n
(\u2026) el ordenamiento procesal penal, en el numeral 7 del art\u00edculo 56 de la Ley 906 de 2004, establece la posibilidad de formular impedimento en caso de \u2018que el funcionario judicial haya dejado vencer, sin actuar, los t\u00e9rminos que la ley se\u00f1ale al efecto, a menos que la demora sea debidamente justificada\u2019, y en el art\u00edculo 60 de la misma normatividad prev\u00e9 que \u2018si el funcionario en quien se d\u00e9 una causal de impedimento no la declarare cualquiera de las partes podr\u00e1 recusarlo (\u2026)\u2019, raz\u00f3n por la cual, dichos mecanismos de resguardo no pueden ser reemplazados o sustituidos a trav\u00e9s de la tutela, pues de lo contrario se invadir\u00edan injustificadamente las privativas funciones y competencia de otras autoridades (\u2026). <\/p>\n
De manera que puede proponer el actor su insatisfacci\u00f3n a trav\u00e9s del instituto de la recusaci\u00f3n, sin que le sea al juez de tutela suplir funciones ordinarias\u2019 (CSJ STC 29 jun 2011, rad. 54769, reiterada en las de 20 jun 2012, rad. 011221-01; 25 jul 2012, rad. 01254-01, 13 mar 2013, rad. 00178 -01) (CSJ STC13795-2015, STC10750-2020 memoradas en STC3568-2021). <\/p>\n
En tal virtud, se recuerda que esta herramienta extraordinaria impone el agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa a disposici\u00f3n de los interesados, dado su car\u00e1cter eminentemente residual, pues de otra manera terminar\u00eda cercenando los principios nodales que edifican este mecanismo. <\/p>\n
Finalmente, en lo relacionado con la indebida valoraci\u00f3n probatoria por parte del juez de Puerto L\u00f3pez, el ruego deviene igualmente improcedente por prematuro toda vez que, si el fallador de conocimiento se equivoc\u00f3 o no en ese t\u00f3pico, ese es un tema que debe definir el Tribunal en el \u00e1mbito de sus competencias, esto es, al resolver la apelaci\u00f3n formulada. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala, en asuntos similares ha puntualizado la Corte: <\/p>\n
(\u2026) resulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, toda vez que el quejoso est\u00e1 haciendo uso de otro medio de defensa judicial y debe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva determinaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa. (STC14280-2018, reiterada STC5445-2021). <\/p>\n
En consecuencia, ser\u00e1 confirmado el prove\u00eddo opugnado por ser palmaria su improsperidad. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve: CONFIRMAR la sentencia de naturaleza, procedencia y fecha conocidas. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Se precisa que, para el tr\u00e1mite de esta impugnaci\u00f3n, la cual concedi\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte hasta el pasado 23 de agosto, este diligenciamiento tan s\u00f3lo arrib\u00f3 a esta Sala de Casaci\u00f3n Civil el d\u00eda 10 de noviembre, donde se radic\u00f3, reparti\u00f3 e ingres\u00f3 al despacho el d\u00eda siguiente. <\/p>\n
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