STC16326-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC16326-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 05000-22-13-000-2021-00216-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de primero de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00b0) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 27 de octubre de 2021 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, que neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Luz Piedad Cardona Correa contra el Juzgado Promiscuo de Familia de Santa Fe de Antioquia. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes del juicio objeto de debate. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial cuestionada, en el proceso de sucesi\u00f3n con radicado 2018-00210-00. <\/p>\n
2. De conformidad con el escrito introductorio y las probanzas que obran en el plenario, se observa la siguiente situaci\u00f3n f\u00e1ctica relevante: <\/p>\n
2.1. Ante el Juzgado convocado, el hermano del causante, Humberto Alcaraz, tramit\u00f3 proceso de sucesi\u00f3n, que se declar\u00f3 abierto el 11 de octubre de 20181 y en el cual aqu\u00e9l fue reconocido como heredero. Por su parte, el 9 de mayo de 20192, la accionante fue reconocida como heredera del de cujus, en calidad de compa\u00f1era permanente. <\/p>\n
2.2. El 28 de noviembre de 20193, la apoderada de la gestora solicit\u00f3 \u00abordenar la liquidaci\u00f3n de [la] sociedad patrimonial entre el causante y mi representada\u00bb, en consideraci\u00f3n a que \u00aben este mismo despacho mediante sentencia de fecha treinta y uno (31) de octubre de 20194 (\u2026) se declar\u00f3 la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho y la sociedad patrimonial entre\u00bb ella y el causante. <\/p>\n
2.3. El 19 de diciembre de 20195 se realiz\u00f3 la diligencia de inventarios y aval\u00faos y el 20 de febrero de 20206 se llev\u00f3 a cabo la audiencia de inventarios y aval\u00faos adicionales. <\/p>\n
2.4. El 2 de septiembre de 20207 se radic\u00f3 el trabajo de partici\u00f3n de los bienes del causante. <\/p>\n
2.5. El 11 de noviembre de 20208 se reconoci\u00f3 a Carlos Mario Aguinaga Campo como cesionario de Gerardo Alcaraz y se orden\u00f3 \u00abla correcci\u00f3n del trabajo de partici\u00f3n, teniendo en cuenta la venta de derechos sucesorales por parte de GERARDO ALCARAZ, y las orientaciones de los diferentes interesados\u00bb. <\/p>\n
2.6. El 4 de diciembre de 20209 fue presentado el trabajo final de partici\u00f3n. <\/p>\n
2.7. El 18 de marzo de 202110, el Despacho de conocimiento profiri\u00f3 sentencia aprobatoria del trabajo de partici\u00f3n y adjudicaci\u00f3n y orden\u00f3 su registro y protocolizaci\u00f3n. <\/p>\n
2.8. El apoderado de la accionante pidi\u00f3 la entrega de los dep\u00f3sitos judiciales11, a la que accedi\u00f3 el Juzgado, mediante prove\u00eddo de 27 de agosto de 202112, en consideraci\u00f3n a que \u00abla sentencia aprobatoria de la partici\u00f3n se encuentra debidamente ejecutoriada\u00bb. <\/p>\n
2.9. El 2 de septiembre siguiente13 el mismo apoderado present\u00f3 nuevo memorial, con el que peticion\u00f3 que \u00abadem\u00e1s de oficiar al Banco Agrario para que entregue a la se\u00f1ora LUZ PIEDAD CARDONA CORREA, el 50% de los dineros que reposan a \u00f3rdenes de su honorable despacho, se sirva realizar la entrega del 50% de los dineros que fueron consignados en dicha entidad a nombre del Se\u00f1or HUMBERTO ALCARAZ, que fueran relacionados en la diligencia de inventario y aval\u00faos adicionales\u00bb. Asimismo, solicit\u00f3 que \u00abse oficie a la entidad bancaria Bancolombia, para que se sirva entregar a la Se\u00f1ora LUZ PIEDAD CARDONA CORREA, el 75% del dinero que se encuentra depositado en los productos que seguidamente se relacionan, y que fueran adjudicados a mi poderdante, 50% como gananciales, y el otro 25% como herencia\u00bb. <\/p>\n
2.10. El 15 de septiembre del a\u00f1o en curso14, el Juez orden\u00f3 al Banco Agrario \u2013 Sucursal Santa Fe de Antioquia abstenerse de entregar a la accionante y a Carlos Mario Aguinaga Campo los t\u00edtulos judiciales que reposan en esa entidad, dado que \u00abel trabajo de partici\u00f3n y adjudicaci\u00f3n, aun no se ha registrado en las ORIP correspondientes, tal como se orden\u00f3 en la sentencia aprobatoria de la partici\u00f3n de fecha 18 de marzo de 2021\u00bb, decisi\u00f3n que fundament\u00f3 en el art\u00edculo 512 del CGP. <\/p>\n
2.11. El representante judicial de la promotora interpuso recurso de reposici\u00f3n15 contra la anterior decisi\u00f3n, que fue desatado el 5 de octubre de 202116 por el Juzgado, confirmando la providencia atacada. <\/p>\n
3. En relaci\u00f3n con lo anterior, adujo la tutelante que formul\u00f3 la acci\u00f3n constitucional \u00abpara evitar un perjuicio irremediable\u00bb y en raz\u00f3n a que el Juzgado convocado incurri\u00f3 en defecto procedimental absoluto \u00abal exigirme el registro de la sentencia para la entrega de dineros\u00bb y en defecto sustantivo \u00abEn ta[n]to que, el art\u00edculo 512 del C\u00f3digo General del Proceso no ordena el registro de la sentencia para la entrega de dineros pues estos no son bienes sujeto[s] a tal inscripci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que desde la muerte de su compa\u00f1ero no hab\u00eda recibido dinero \u00abde la masa sucesoral que en vida compart\u00eda con mi compa\u00f1ero, lo que ha significado l\u00f3gicamente en un desmedro econ\u00f3mico y de mi calidad de vida a la que estaba acostumbrada\u00bb. <\/p>\n
Conforme a lo expuesto, inst\u00f3 \u00abTUTELAR mis derechos fundamentales (\u2026), los cuales vienen siendo vulnerados por el Juzgado Promiscuo de Familia de Santa Fe de Antioquia, con el prove\u00eddo emitido el quince (15) de septiembre de 2021 y confirmado en sede de reposici\u00f3n el cinco (05) de octubre de 2021\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Promiscuo de Familia de Santa Fe de Antioquia solicit\u00f3 \u00abque se declare improcedente la acci\u00f3n de tutela\u00bb, al considerar que \u00aben ninguno momento he vulnerado los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad de la tutelante\u00bb. <\/p>\n
2. El apoderado de la accionante en el proceso de sucesi\u00f3n aport\u00f3 copia del auto de 19 de octubre de 202117, mediante el cual el \u00abdespacho se abstiene de decidir la petici\u00f3n presentada [por \u00e9l] (\u2026) el d\u00eda 5 de octubre de 2021, y referente a la entrega de t\u00edtulos judiciales, hasta tanto el Tribunal Superior de Antioquia (\u2026) resuelva la acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo neg\u00f3 el amparo, toda vez que los defectos que invoc\u00f3 la accionante no se presentaron, dado que \u00ablo decidido encuentra sustento legal en el art. 512 del CGP\u00bb. En ese sentido, destac\u00f3 que \u00abla norma en cita consagra como presupuesto de la entrega de bienes a los adjudicatarios, el registro de la partici\u00f3n, sin hacer distinci\u00f3n alguna relacionada con la naturaleza de tales bienes, disposici\u00f3n jur\u00eddica esta que a la postre sirvi\u00f3 de sustento al juez accionado para abstenerse de realizar la entrega de los dineros consignados por concepto de t\u00edtulos judiciales en el Banco Agrario de Colombia a los interesados, hasta tanto fuera registrado el trabajo partitivo realizado en el proceso de sucesi\u00f3n del causante HUMBERTO ALCARAZ\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, indic\u00f3 que \u00abtampoco se avizora la existencia de un perjuicio irremediable que conlleve a la necesidad de la intervenci\u00f3n del operador constitucional, habida consideraci\u00f3n que los \u00fanicos argumentos esbozados por la accionante en este sentido recaen sobre un presunto detrimento econ\u00f3mico, bajo el argumento que depend\u00eda econ\u00f3micamente del causante\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la gestora, quien insisti\u00f3 en que \u00abla negativa del juzgado accionado a realizar la entrega de los dineros que reposan a \u00f3rdenes de ese despacho judicial configura un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto\u00bb, as\u00ed como en la inaplicabilidad del art\u00edculo 4\u00ba de la Ley 1579 de 2012 al caso concreto. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que los dineros reclamados eran necesarios para \u00abrealizar la inscripci\u00f3n del trabajo partitivo en la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos correspondiente, cancelar los impuestos de registro ante la Secretar\u00eda de Hacienda del Departamento de Antioquia, y procurar mi manutenci\u00f3n y subsistencia\u00bb, precisando que el impuesto de rentas departamentales del inmueble en cuesti\u00f3n era de $ 169\u00b4501.000. <\/p>\n
Igualmente, indic\u00f3 que la presente acci\u00f3n de tutela ten\u00eda por objeto amparar su derecho a la igualdad, pues Carlos Mario Aguinaga Campo \u00abde manera unilateral y exclusiva se encuentra usufructuando los bienes correspondientes a la masa sucesoral, a los cuales no he podido acceder iniciando las acciones legales correspondientes, toda vez que se requiere del registro del trabajo partitivo para tal fin\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
2. De manera preliminar resulta pertinente precisar que el presente examen se circunscribir\u00e1 a la decisi\u00f3n proferida en el tr\u00e1mite de la reposici\u00f3n, pues, en \u00faltimas, fue la que defini\u00f3 el asunto objeto de controversia. <\/p>\n
3. Pronto advierte esta Sala que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad y, por tanto, la providencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada, pues se considera que la determinaci\u00f3n rebatida no alberga anomal\u00eda que imponga la perentoria salvaguarda, independientemente de que sea o no compartida. <\/p>\n
3.1. Pues bien, de conformidad con las probanzas obrantes en el expediente, se observa que, en el transcurso del proceso de sucesi\u00f3n, el Juzgado convocado, mediante prove\u00eddo de 5 de octubre de 2021, resolvi\u00f3 \u00abNO REPONER el auto del 15 de septiembre de 2021 por el cual se suspende la entrega de dineros contenidos en t\u00edtulos judiciales del Banco Agrario Sucursal Santa Fe de Antioquia, a los adjudicatarios del causante HUMBERTO ALCARAZ dentro del proceso sucesorio de la referencia\u00bb, al evidenciar que no se cumpl\u00edan los presupuestos exigidos por el art\u00edculo 512 del CGP. <\/p>\n
En este sentido, luego de citar los art\u00edculos 653 y 663 del C\u00f3digo Civil, concluy\u00f3 que \u00abEL DINERO REPRESENTADO EN T\u00cdTULOS JUDICIALES ES UN BIEN FUNGIBLE\u00bb e indic\u00f3 que el art\u00edculo 673 ibidem dispone que, \u00abPara adquirir un bien por EL MODO DE SUCESI\u00d3N POR CAUSA DE MUERTE, es necesario adelantar un proceso sucesorio, el cual est\u00e1 regido por el Libro Tercero del CCC y por los art\u00edculos 473 y ss., del CPG. (Adem\u00e1s de las normas que los adicionan). Este proceso culmina con una SENTENCIA APROBATORIA DE LA PARTICI\u00d3N Y LIQUIDACI\u00d3N DE BIENES SUCESORALES. Y una vez esta sentencia se encuentre debidamente ejecutoriada, es necesario hacer el registro (y protocolizaci\u00f3n) de la partici\u00f3n, PARA LUEGO PROCEDER A LA ENTREGA DE LOS BIENES (art\u00edculos 509-7 y 512 del CGP)\u00bb. <\/p>\n
Esgrimi\u00f3 que el art\u00edculo 512 del estatuto procesal era expreso en se\u00f1alar que \u00abLA ENTREGA DE BIENES A LOS ADJUDICATARIOS SE SUJETAR\u00c1 A LAS REGLAS DEL ART\u00cdCULO 308 DE ESTE C\u00d3DIGO, Y SE VERIFICAR\u00c1 UNA VEZ REGISTRADA LA PARTICI\u00d3N\u00bb. <\/p>\n
Al respecto, destac\u00f3 que \u00abla norma aludida es demasiado clara en su redacci\u00f3n y contenido, y no necesita elucubraciones adicionales para su aplicaci\u00f3n un caso concreto\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, en relaci\u00f3n con el tema, cit\u00f3 el art\u00edculo 27 del CC, sobre la interpretaci\u00f3n gramatical de la ley y, en ese orden, determin\u00f3 que \u00abEL AUTO OBJETO DE RECURSO NO SE PUEDE REPONER, pues ello implicar\u00eda una vulneraci\u00f3n al Debido Proceso, toda vez que el trabajo de partici\u00f3n y adjudicaci\u00f3n de los bienes sucesorales del Sr. HUMBERTO ALCARAZ, a\u00fan no ha sido registrado\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, se\u00f1al\u00f3 que \u00abLa v\u00eda normal es proceder al registro de la partici\u00f3n pues la sentencia aprobatoria de la partici\u00f3n versa sobre bienes sometidos a registro (art 509-7 ya citado) y luego proceder con la entrega de bienes\u00bb. <\/p>\n
3.2. As\u00ed las cosas, se observa que el Despacho convocado fundament\u00f3 la negativa de entregar los t\u00edtulos judiciales solicitados por el apoderado de la accionante, con base en lo previsto en el numeral 7 del art\u00edculo 509 del CGP, que estipula que \u00abLa sentencia que verse sobre bienes sometidos a registro ser\u00e1 inscrita\u00bb y, espec\u00edficamente, en lo regulado por el art\u00edculo 512 del CGP, que establece, en forma general, que la entrega de los bienes incluidos en la partici\u00f3n al adjudicatario se realiza previa verificaci\u00f3n del registro de aquella; por tanto, al no haberse realizado dicho registro, consider\u00f3 que no era procedente autorizar la entrega de ning\u00fan tipo de bien. <\/p>\n
4. Surge de lo anterior que la determinaci\u00f3n adoptada por el accionado se sustent\u00f3 razonadamente y de ella no se vislumbra que sea abiertamente arbitraria ni manifiestamente alejada del ordenamiento legal, en raz\u00f3n a que fue proferida a la luz de la normatividad que gobierna el asunto, bajo una hermen\u00e9utica plausible que no amerita la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
En el sub judice se observa que existe una disparidad de criterios entre lo considerado por el juzgador accionado -en desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparado en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por la solicitante, de suerte que, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de juez de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden, pues la tutela no es el instrumento para definir cu\u00e1l de las posibilidades de interpretaci\u00f3n se ajusta, de mejor forma, a la norma adjetiva o sustancial que est\u00e1 llamada a aplicarse al caso concreto. <\/p>\n
En ese sentido, esta Corporaci\u00f3n ha esgrimido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01). <\/p>\n
5. En cuanto a la formulaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela para evitar un perjuicio irremediable, observa la Sala que tal alegaci\u00f3n no amerita la intervenci\u00f3n del juez de tutela, toda vez que no obra prueba alguna en el expediente que demuestre su existencia, de modo que, como lo ha destacado esta Corporaci\u00f3n, \u00abla simple afirmaci\u00f3n del hipot\u00e9tico acaecimiento de un perjuicio irremediable es insuficiente para justificar la procedencia del resguardo\u00bb (STC2194-2021); adem\u00e1s, porque la sola afectaci\u00f3n de los intereses de las partes con las decisiones adoptadas no viabiliza per se la tutela, m\u00e1xime que, como indic\u00f3, la determinaci\u00f3n controvertida se sustent\u00f3 bajo una interpretaci\u00f3n razonada de la normativa aplicable y las actuaciones procesales surtidas. <\/p>\n
6. Por lo anteriormente expuesto, se ratificar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Documento 004. Cuaderno N\u00ba 01. Proceso de sucesi\u00f3n. <\/p>\n
3\u0002 Documento 045. Ibidem. <\/p>\n
4\u0002 La fecha correcta es 24 de octubre de 2019. Ver documento 46, folios 2 y 3. Ibidem. <\/p>\n
5\u0002 Documento 052. Cuaderno N\u00ba 01. Proceso de sucesi\u00f3n. <\/p>\n
6\u0002 Documento 068. Ibidem. <\/p>\n
7\u0002 Documento 005. Cuaderno N\u00ba 2. Ibidem. <\/p>\n
8\u0002 Documento 018. Ibidem. <\/p>\n
9\u0002 Documento 001. Cuaderno N\u00ba 03. Ibidem. <\/p>\n
10\u0002 Documento 16. Ibidem. <\/p>\n
11\u0002 Documento 0001, folio 12. Escrito de tutela. <\/p>\n
12\u0002 Ibidem, folios 15 y 16. <\/p>\n
13\u0002 Ibidem, folio 17. <\/p>\n
14\u0002 Ibidem, folio 19. <\/p>\n
15\u0002 Ibidem, folio 20. <\/p>\n
16\u0002 Ibidem, folios 23 a 25. <\/p>\n
17\u0002 Documento 0016. Expediente de Tutela. <\/p>\n
<\/p>\n
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