STC16330-2021<\/p>\n
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OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16330-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-01176-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del primero de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (01) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 Mar\u00eda Margarita Zapata Farjat frente a la sentencia de 15 de julio de 2021, proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, en la acci\u00f3n de tutela que la recurrente le instaur\u00f3 a la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, extensiva a los intervinientes en el juicio con radicado n\u00b0050003120003201200003200. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante pretendi\u00f3 dejar \u00absin valor jur\u00eddico la sentencia de extinci\u00f3n de dominio (\u2026), dictada con fecha 25 de marzo de 2021 (\u2026)\u00bb en la causa arriba se\u00f1alada. <\/p>\n
De los medios suasorios adosados y el escrito inaugural se extrae que la accionante act\u00faa en calidad de heredera de Juan Camilo Zapata V\u00e1squez a quien se le se\u00f1al\u00f3 que entre los a\u00f1os 70 a 90 tuvo v\u00ednculos con el \u00abCartel de Medell\u00edn\u00bb y con ocasi\u00f3n al tr\u00e1fico de sustancias psicoactivas obtuvo un incremento patrimonial reflejado en la adquisici\u00f3n de inmuebles y acciones societarias. Cont\u00f3 que por la declaratoria de estado de sitio del 18 de agosto de 1989, las fuerzas militares allanaron, ocuparon e incautaron varios bienes de propiedad de su ascendiente con la finalidad de extinguir el dominio, algunos de ellos les correspondi\u00f3 los radicados 584, 498, 402 y 407 que culminaron con providencias inhibitorias en el a\u00f1o de 1991 con base en la normatividad por entonces vigente, as\u00ed que los jueces especializados dispusieron su devoluci\u00f3n porque la procedencia de los recursos con los que adquiri\u00f3 los bienes \u00abculminaron con providencias inhibitorias a favor del se\u00f1or Zapata V\u00e1squez, fechadas 19 de diciembre de 1990, 4 de enero de 1991 y 10 de enero de es[e] mismo a\u00f1o\u00bb, diligencias que fueron asignadas por acumulaci\u00f3n en ese entonces, al Juzgado 93 de Instrucci\u00f3n de Orden Publico de esta ciudad. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que la acci\u00f3n penal se extingui\u00f3 por el fallecimiento de Zapata V\u00e1squez, pero que no se tom\u00f3 ninguna determinaci\u00f3n sobre los bienes, situaci\u00f3n que as\u00ed se mantuvo hasta que en el a\u00f1o 2001 \u00abel grupo de extinci\u00f3n de dominio y contra el lavado de activos\u00bb inform\u00f3 a la Fiscal\u00eda sobre los mismos y por ello se inici\u00f3 nuevamente la indagaci\u00f3n preliminar sobre las propiedades a que se refer\u00edan los autos inhibitorios de 1990 y 1991 (3 ag. 2001), \u00aben claro desconocimiento del principio de cosa juzgada que hab\u00eda quedado consolidada con la normativa excepcional vigente en esos a\u00f1os\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que las diligencias fueron asignadas al Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bogot\u00e1 quien reconoci\u00f3 la existencia de la cosa juzgada respecto de unos bienes porque \u00ablas providencias inhibitorias dictadas bajo las normas excepcionales del estado de sitio se asimilaban a sentencias, ten\u00edan firmeza de cosa juzgada y adquir\u00edan ejecutoria material si no se les revocaba con anterioridad a la devoluci\u00f3n de los bienes, lo cual no hab\u00eda ocurrido en este caso\u00bb y en ese evento no se configuraban los requisitos de la Ley 793 de 2003 para la extinci\u00f3n de dominio (12 ene. 2017), apel\u00f3 el Ministerio de Justicia y del Derecho y la Sala acusada revoc\u00f3 el fallo de primera instancia y orden\u00f3 la extinci\u00f3n de dominio de los bienes (25 mar. 2021). <\/p>\n
Se doli\u00f3 de que el juez plural incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho por la indebida valoraci\u00f3n probatoria, desconocimiento del principio de la cosa juzgada y aplicaci\u00f3n de causales diferentes a las invocadas por el persecutor para forzar la extinci\u00f3n de dominio de los bienes ubicados en Bah\u00eda Solano adjudicados a Juan Camilo Zapata V\u00e1squez en 1991 por el entonces Incora. <\/p>\n
2. La Magistratura acusada defendi\u00f3 la legalidad de sus actos e inst\u00f3 a la improcedencia del amparo, adem\u00e1s, explic\u00f3 las razones f\u00e1cticas y jur\u00eddicas por las cuales las resoluciones inhibitorias no hac\u00edan tr\u00e1nsito a cosa juzgada. Rese\u00f1o que no hubo desconocimiento de las prerrogativas de la quejosa por cuanto se respetaron los derechos de defensa y contradicci\u00f3n por la participaci\u00f3n activa de la reclamante en el proceso censurado. El Juzgado Promiscuo Municipal de Campamento \u2013 Antioquia inform\u00f3 que all\u00ed cursa un proceso de pertenencia instaurado por Carlos An\u00edbal Ram\u00edrez Restrepo en contra de la sociedad Inversiones Zapata V\u00e1squez Ltda., actuaci\u00f3n que se halla suspendida (27 ag. 2018), en obedecimiento a las medidas cautelares inscritas por la Fiscal\u00eda Segunda Especializada de Bogot\u00e1 sobre esa sociedad. <\/p>\n
La Fiscal\u00eda Segunda Especializada de la Unidad de Extinci\u00f3n de Dominio y Lavado de Activos hizo el recuento de lo actuado en el radicado 931ED y recalc\u00f3 que la actuaci\u00f3n se adelant\u00f3 con el respeto de los derechos fundamentales de los involucrados. La Secretar\u00eda de Hacienda Distrital resisti\u00f3 los anhelos por cuanto la gestora pretende crear una tercera v\u00eda, trabar una discusi\u00f3n adicional sin indicar las razones sobre las que edifica la supuesta v\u00eda de hecho. El Juzgado Veintisiete de Familia de Bogot\u00e1 dijo que lo alegado le resultaba ajeno por cuanto all\u00ed s\u00f3lo se adelant\u00f3 la partici\u00f3n de bienes en la sucesi\u00f3n del causante Juan Camilo Zapata V\u00e1squez, actuaci\u00f3n que culmin\u00f3 el 11 de marzo de 2020. La Sociedad de Activos Especiales \u2013 SAE relacion\u00f3 cada uno de los inmuebles que est\u00e1n bajo su administraci\u00f3n y esgrimi\u00f3 la falta de legitimaci\u00f3n. El Ministerio de Justicia y del Derecho afirm\u00f3 que su intervenci\u00f3n se ciment\u00f3 en el art\u00edculo 32 de la Ley 1708 de 2014 modificado por el art\u00edculo 7\u00b0 de la Ley 1849 de 2017, con el fin de defender el inter\u00e9s jur\u00eddico de la naci\u00f3n y respald\u00f3 el pronunciamiento objetado por ser el resultado de las etapas procesales agotadas. <\/p>\n
El Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado en Extinci\u00f3n de Dominio relat\u00f3 que las diligencias que se adelantaron en el precitado proceso, el cual concluy\u00f3 con sentencia no extintiva del derecho de dominio de los bienes inmuebles que figuraban a nombre de \u00abCamilo Arturo\u00bb o Juan Camilo Zapata V\u00e1squez, fue el producto de reconocer que en el caso oper\u00f3 el fen\u00f3meno de la cosa juzgada en consideraci\u00f3n a los autos inhibitorios sobre el origen, procedencia y utilizaci\u00f3n de los bienes en cita, la que apel\u00f3 el Ministerio de Justicia pero que no conoce el desenlace de la segunda instancia. <\/p>\n
3. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n deneg\u00f3 el amparo tras considerar la razonabilidad \u00abpor las cuales hab\u00eda lugar a acceder a revocar el fallo que no declar\u00f3 la extinci\u00f3n de dominio sobre los predios y empresas de los herederos de Zapata V\u00e1squez, en aplicaci\u00f3n de los principios de autonom\u00eda e independencia judicial (\u2026)\u00bb, sin que le corresponda al juez constitucional emitir un juicio de valor diferente al efectuado por el juez natural. <\/p>\n
4. En su impugnaci\u00f3n, la inconforme reiter\u00f3 sus alegatos iniciales y censur\u00f3 las disertaciones del a quo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Estudiados los reclamos tutelares pronto se avizora la confirmaci\u00f3n del fallo objetado porque la sentencia censurada se percibe acorde a la situaci\u00f3n f\u00e1ctica, probatoria y jur\u00eddica que fue expuesta ante la Sala plural accionada. <\/p>\n
En efecto, se observa que la queja de Margarita Mar\u00eda Zapata Farjat se circunscribe a la valoraci\u00f3n que la sala accionada efect\u00fao sobre los autos inhibitorios dictados en los a\u00f1os 1990 y 1991, mediante los cuales los Juzgados 2\u00b0 y 5\u00b0 Especializados de Bogot\u00e1 se abstuvieron de iniciar investigaci\u00f3n penal por el delito de enriquecimiento il\u00edcito frente a Zapata V\u00e1squez con la consecuente devoluci\u00f3n de los bienes. <\/p>\n
Pues bien, estudiada la referida providencia se hall\u00f3 que la magistratura encartada no advirti\u00f3 configurada ninguna situaci\u00f3n que diera origen a la prosperidad de lo pretendido por la aqu\u00ed gestora, y, en ese escenario, infiri\u00f3 que <\/p>\n
(\u2026) la ocupaci\u00f3n inicial de los referidos inmuebles se dio con ocasi\u00f3n no del instituto jur\u00eddico de la extinci\u00f3n del derecho de dominio, sino del comiso penal; y si bien tanto el uno, como el otro, tienen en com\u00fan en que la titularidad del derecho de dominio sobre los bienes pasa al Estado al momento de su reconocimiento en una decisi\u00f3n judicial, mal puede afirmarse que se traten de las mismas instituciones; porque lo cierto es que su naturaleza jur\u00eddica es distinta. <\/p>\n
Al respecto, la Sala considera pertinente, reiterar las caracter\u00edsticas de la acci\u00f3n de extinci\u00f3n de dominio: es aut\u00f3noma, distinta e independiente de cualquier otra de naturaleza penal, por cuanto con ella se pretende deslegitimar el t\u00edtulo sobre los bienes adquiridos, mezclados, confundidos o utilizados en actividades il\u00edcitas, sin que sea causa eficiente de tal declaraci\u00f3n que haya o no pronunciamiento penal alguno respecto de persona que ostente o hubiese ostentado la titularidad de aquellos. <\/p>\n
Por tanto, advertida cualesquiera de las referidas circunstancias, enmarcadas dentro de las causales establecidas en el art\u00edculo 2\u00b0 de la Ley 793 de 2002, lo que surge es la ruptura de estirpe constitucional para aquellos ciudadanos que asumen la propiedad contra las formas propias de las leyes para hacerse a la propiedad sobre las cosas, como es el derecho y deber de todo ciudadano en comportamientos l\u00edcitos, sin que, en modo alguno, los efectos de las acciones penales personales que hubiere enfrentado el que se dice titular, tengan incidencia en la extinci\u00f3n de dominio. <\/p>\n
(\u2026) conforme lo prev\u00e9 el numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 9\u00b0 de la Ley 793 de 2002, el fen\u00f3meno jur\u00eddico de la cosa juzgada en el tr\u00e1mite extintivo del derecho de dominio, surge cuando se ha proferido una sentencia favorable sobre el patrimonio y no sobre la responsabilidad penal de quien ostenta la titularidad de \u00e9ste, siempre y cuando exista identidad respecto de los sujetos, objeto y causa. <\/p>\n
En ese orden, atendiendo la autonom\u00eda de la acci\u00f3n extintiva, no cualquier providencia hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada, por cuanto los efectos de aquella se encuentran limitados \u00fanicamente a la sentencia, la cual deber\u00e1 tener la correspondencia descrita precedentemente. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, los autos inhibitorios proferidos a favor de Zapata V\u00e1squez, dentro de las diferentes indagaciones penales seguidas en su contra, por el delito de Enriquecimiento il\u00edcito; aparte de que, como ciertamente lo puso de presente el recurrente, no hicieron tr\u00e1nsito a cosa juzgada material, los mismos no son suficientes para declarar la consecuencia jur\u00eddica en estudio, al no cumplirse con los requisitos que se demandan para su configuraci\u00f3n. <\/p>\n
En efecto, advi\u00e9rtase que dichas decisiones se tomaron en el marco de la justicia penal y para hablar de un comiso, su eficacia pend\u00eda de la relaci\u00f3n de los bienes con declaraci\u00f3n de responsabilidad penal, en cuanto aquellos hubiesen sido objeto del delito, o medios de \u00e9ste, y si no hab\u00eda decisi\u00f3n judicial propia de cosa juzgada como una sentencia, entonces, las situaciones y los bienes anejos a ese accionar penal personal, volv\u00edan a su stato(sic) quo, esto es, sin pronunciamiento de aquella naturaleza, a manos de quienes los ten\u00edan sin perjuicio de las acciones que pudieran recaer sobre los mismos, como la extinci\u00f3n de dominio; porque \u00e9sta tiene como \u00fanico prop\u00f3sito decidir, con base en los elementos de juicio que obraban en el acta de ocupaci\u00f3n correspondiente, sirviendo las pruebas que para ese momento se hubiesen recolectado (Art. 101 Decreto 2790 de 1990), sobre la apertura o no de la respectiva investigaci\u00f3n penal contra Juan Camilo Zapata V\u00e1squez; pero, esta vez, no para valorar aspectos atinentes a la tipificaci\u00f3n de la conducta punible y la responsabilidad del referido sujeto en la misma. Por tanto, cualquier pronunciamiento realizado por los jueces en relaci\u00f3n con los bienes con arreglo a las categor\u00edas de la dogm\u00e1tica penal, fue por virtud de la sujeci\u00f3n personal del se\u00f1alado actor y nada m\u00e1s, de suerte que los argumentos de las resoluciones inhibitorias se atienden para la situaci\u00f3n causal indicada y nada m\u00e1s. <\/p>\n
Para concluir que <\/p>\n
(\u2026) las resoluciones inhibitorias de la Fiscal\u00eda, no hac\u00edan tr\u00e1nsito a cosa juzgada, y no lo hacen, hoy en d\u00eda con los archivos de la ley 906 de 2004, porque incluso en anteriores c\u00f3digos de procedimiento penal D.L. 2700\/91 art. 328, y la Ley 600 de 2000, art. 328, se ha establecido: \u201cLa resoluci\u00f3n inhibitoria podr\u00e1 ser revocada de oficio o a petici\u00f3n del denunciante o querellante, aunque se encuentre ejecutoriada, siempre que aparezcan nuevas pruebas que desvirt\u00faen los fundamentos que sirvieron de base para proferirla\u201d, previsi\u00f3n aplicable para la fecha en que el causante de los bienes de incremento il\u00edcito, Juan Camilo Zapata V\u00e1squez, fue investigado en actuaci\u00f3n preliminar penal. <\/p>\n
Es por ello que, al haberse adoptado una decisi\u00f3n inhibitoria para el entonces penalmente implicado necesariamente, como un asunto accidental a las decisiones de archivo, los jueces ordenaron la devoluci\u00f3n de los inmuebles que fueron ocupados con ocasi\u00f3n del tr\u00e1mite penal; en la medida en que dicho instituto jur\u00eddico opera como una sanci\u00f3n penal accesoria, a la responsabilidad penal del autor o participe del hecho punible; ello, a diferencia de la acci\u00f3n de extinci\u00f3n de dominio, la cual, debido a la autonom\u00eda e independencia que la caracteriza, no corresponde a una medida adoptada al interior de en un proceso penal. <\/p>\n
Por tanto, una decisi\u00f3n favorable en materia penal, en modo alguno, ata a la Jurisdicci\u00f3n Especializada en Extinci\u00f3n de Dominio, para ejercer la acci\u00f3n extintiva, porque \u00e9sta persigue los bienes de origen il\u00edcito en cabeza de quien no se exenta de culpa. <\/p>\n
De otra parte, al ocuparse el juez plural del an\u00e1lisis de las causales invocadas por el ente acusador con el fin de obtener la declaratoria de extinci\u00f3n de dominio refiri\u00f3 que, <\/p>\n
(\u2026) al estar intr\u00ednsecamente relacionado con lo que es objeto de apelaci\u00f3n y al principio de congruencia, instituido como una verdadera garant\u00eda del derecho al debido proceso, cu\u00e1les son las causales procedentes, para el estudio correspondiente; para ello, necesariamente debe acudirse a la resoluci\u00f3n de inicio; al ser, precisamente, la que delimita el objeto de debate en tres aspectos: a) los bienes vinculados, ii) la causal aducida por el ente instructor para dar curso a la acci\u00f3n extintiva, y iii) los hechos respecto de los cuales procede el se\u00f1alamiento de ilicitud del patrimonio. <\/p>\n
En ese orden, se tiene que en vigencia de la Ley 793 de 2002, la Fiscal\u00eda profiri\u00f3 la resoluci\u00f3n del 9 de marzo de 2005, con la cual dispuso iniciar el tr\u00e1mite de extinci\u00f3n de dominio sobre los bienes inmuebles y sociedades de Juan Camilo Zapata V\u00e1squez antes Camilo Arturo, con base en las causales definidas en los numerales 1\u00ba y 7\u00ba del art\u00edculo 2\u00ba del texto original de ese marco normativo; por tanto, las mismas deb\u00edan y deben continuar tramit\u00e1ndose, incluso, en esta decisi\u00f3n final. <\/p>\n
(\u2026) como este tr\u00e1mite inici\u00f3 bajo la vigencia del texto original de la Ley 793 de 2002, y tiene como fundamento las causales previstas en los numerales 1\u00ba y 7\u00ba del art\u00edculo 2\u00b0, sin las modificaciones introducidas por la Ley 1453 de 2011, no hab\u00eda lugar a desestimar la causal 7\u00aa, al arg\u00fcir que \u00e9sta fue derogada t\u00e1citamente por la Ley 1453 de 2011, porque se atiende el principio de legalidad vigente al tenor del precedente citado, y adem\u00e1s, porque, como se precis\u00f3: (i) la acci\u00f3n para la extinci\u00f3n del derecho de dominio, es de car\u00e1cter real, de contenido estrictamente patrimonial, aut\u00f3noma e independiente tanto de la acci\u00f3n penal como del derecho civil; por tanto, al ser el principio de favorabilidad, previsto en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, aplicable \u00fanicamente a asuntos penales, no hay lugar a su reconocimiento en la materia que nos convoca. <\/p>\n
No obstante, es menester aclarar que la causal 1\u00aa del art\u00edculo 2\u00ba del texto original de la Ley 793 de 2002, est\u00e1 \u00edntimamente relacionada con la 7\u00aa ib\u00eddem; pues ambas constituyen un desarrollo normativo del art\u00edculo 34 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, al estar dirigidas a verificar el origen del patrimonio que se discute; por tanto, las motivaciones que sirven para la primera, tambi\u00e9n lo ser\u00e1n para la segunda. <\/p>\n
Ahora, en lo concerniente a los medios de convicci\u00f3n obrantes en el tr\u00e1mite, expuso: <\/p>\n
En lo concerniente con los bienes inmuebles adquiridos y sociedades constituidas durante los a\u00f1os 1981 a 1993; igualmente, es menester se\u00f1alar que el plenario no cuenta con medios de prueba id\u00f3neos, que indiquen la actividad l\u00edcita que le hubiese permitido a Zapata V\u00e1squez incrementar su patrimonio, de la manera masiva y ostensible que lo hizo, para esas calendas. <\/p>\n
No obstante, se dio por acreditado el patrimonio obtenido por Zapata V\u00e1squez en esas fechas, con base en los ingresos que generaba su supuesta actividad como rentista de capital \u2013reportada ante la DIAN a partir de 1986-, en su condici\u00f3n de persona natural, y su actividad como comerciante, la cual supuestamente ejerc\u00eda a trav\u00e9s de las diferentes sociedades constituidas en los a\u00f1os 1980 (una de ellas), 1986 (4 de ellas) y 1987 (una de ellas); aparte del capital acumulado de la actividad pecuaria realizada en los a\u00f1os anteriores. <\/p>\n
(\u2026) el notario solamente da fe de la existencia de los participantes y de la Escritura P\u00fablica, m\u00e1s no de la causa y veracidad de los hechos que dieron origen a la declaraci\u00f3n all\u00ed contenida, al tratarse de declaraciones de voluntad que involucran \u00fanicamente a las partes otorgantes; igualmente sucede con la informaci\u00f3n registrada en los folios de matr\u00edcula inmobiliaria; al punto que lo all\u00ed contenido puede ser producto de un negocio simulado, de una causa il\u00edcita en la expresi\u00f3n de voluntad o del origen de los recursos, y ello no sea sanea por la simple formalidad del registro. <\/p>\n
Hecha la anterior precisi\u00f3n, debe aclararse que, en el hipot\u00e9tico caso de conferir credibilidad a las manifestaciones vertidas en el Instrumento P\u00fablico aducido por la defensa y los relacionados en el dictamen contable referido, con fundamento en los folios de matr\u00edcula inmobiliaria atr\u00e1s se\u00f1alados; lo cierto es que, para aceptar que las propiedades vinculadas tienen un origen l\u00edcito, producto de endeudamiento; se requer\u00eda en todo caso de pruebas que, igualmente, den cuenta de la forma y fuente con que dichos cr\u00e9ditos fueron pagados; porque f\u00e1cil es la estrategia de los pasivos a fin de camuflar la ilicitud de sus patrimonios o, dicho de otro modo, para ocultar el verdadero origen por la ostensible cantidad de dineros provenientes de actividades il\u00edcitas y de esta manera, desviar la atenci\u00f3n de la justicia, dando a los bienes adquiridos apariencia de legalidad, como una modalidad de lavado de activos, porque en prudente examen habr\u00e1 un desbalance entre la cantidad y costo de los bienes en la \u00e9poca cierta, con los pocos recursos demostrables provenientes del cr\u00e9dito bancario o de personas naturales conocidas y que puedan a su vez dar cuenta y raz\u00f3n de sus haberes, de modo que cuando aparecen acreedores sin m\u00e1s prueba que su palabra siendo comerciantes, nada m\u00e1s se tratar\u00e1 de afirmaciones indefinidas, demasiado abstractas y sin capacidad persuasiva por falta de un saber referido a la prueba de sus asertos. <\/p>\n
Adem\u00e1s, conforme se evidencia con los folios de matr\u00edcula inmobiliaria obrantes en el expediente, no puede perderse de vista que los inmuebles como el capital social de las empresas afectadas, fueron pagados en su totalidad con dinero en efectivo y la mayor\u00eda de los prestamos aqu\u00ed aducidos, fueron otorgados con posterioridad a la adquisici\u00f3n de dichas propiedades, sin que, adem\u00e1s, exista prueba fehaciente que d\u00e9 cuenta, el uso dado a ese dinero; por lo que no existe un nexo causal entre las hipotecas constituidas y los cr\u00e9ditos otorgados, con los bienes vinculados. <\/p>\n
Aparte de que, por un lado, las hipotecas referidas se constituyeron teniendo como garant\u00eda los inmuebles afectados y otros adquiridos en 1978, cuando Zapata V\u00e1squez, como declararon sus empleados, ya ten\u00eda v\u00ednculos con el narcotr\u00e1fico, y sobre los que tampoco se conoce su procedencia l\u00edcita. <\/p>\n
(\u2026) no es de recibo la conclusi\u00f3n del a quo, al se\u00f1alar que los recursos obtenidos con esos pr\u00e9stamos son susceptibles de capitalizar y, le permitieron, a Zapata V\u00e1squez adquirir los referidos bienes; pues, como acaba de explicarse, parte de supuestos o hechos no demostrados, simplemente opinable en una generalidad, pero, que ante la exigencia probatoria no se establece la conexi\u00f3n directa en tiempo y valor. <\/p>\n
Igualmente, es necesario se\u00f1alar que aparte de la estrategia de la defensa en se\u00f1alar que los ingresos con que Zapata V\u00e1squez adquiri\u00f3 los inmuebles vinculados se derivaron de endeudamiento; tambi\u00e9n dijo que los mismos proven\u00edan de sus sociedades comerciales; sin embargo, no aport\u00f3 prueba con capacidad suasoria que demostrara que esas empresas en efecto desarrollaron el objeto social para el cual supuestamente fueron constituidas, vu\u00e9lvase a los deberes de los comerciantes y qu\u00e9 no decir de las sociedades que adem\u00e1s del registro mercantil art. 110 y ss del C de Co de 1971, deben tener los soportes contables. <\/p>\n
No obstante, tal omisi\u00f3n, la primera instancia consider\u00f3 suficientemente acreditado tal aspecto, con fundamento en los certificados de existencia y representaci\u00f3n legal de las sociedades y con pruebas testimoniales. <\/p>\n
Adem\u00e1s, v\u00e9ase que, si bien, los diferentes certificados de existencia y representaci\u00f3n legal obrantes en el expediente, emitidos por la C\u00e1mara de Comercio de Bogot\u00e1, son documentos aut\u00e9nticos en su forma, \u00e9stos, solamente dan fe del hecho de la inscripci\u00f3n en el correspondiente registro mercantil de las sociedades, pero no sobre su real existencia y, menos a\u00fan, si cumplieron o no su actividad social, en lugares abiertos al p\u00fablico como surge tambi\u00e9n de los art. 515 y ss del C de Co. <\/p>\n
Ahora, en lo que ata\u00f1e a los testigos tra\u00eddos por la defensa, esto es, Jos\u00e9 H\u00e9ctor Garc\u00eda Angarita, asesor de asuntos jur\u00eddicos y tributarios de Juan Camilo Zapata V\u00e1squez, y Sergio Augusto Ortiz Serrano, auditor de las empresas afectadas, \u00e9stos se limitaron a se\u00f1alar el objeto social de esas sociedades documentado con los certificados de existencia y representaci\u00f3n legal de las referidas personas jur\u00eddicas y, adem\u00e1s, recitado en su atestaci\u00f3n por \u00c1lvaro Zapata Ram\u00edrez, hijo del titular del derecho de dominio. <\/p>\n
En este orden de ideas, queda sentado que la verdadera intenci\u00f3n de la accionante se halla cimentada sobre la base de discutir la estimaci\u00f3n legal y probatoria desplegada por el juzgador natural y en ese entorno dicho raciocinio no se vislumbra caprichoso, fortuito o abiertamente contrario al ordenamiento jur\u00eddico vigente para ese entonces. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, las deficiencias de las que se duele la promotora, en realidad no se acompasa con lo expuesto por el Tribunal acusado quien en un ejercicio de valoraci\u00f3n en conjunto tanto del canon adjetivo como de las evidencias adosadas logr\u00f3 concluir el desenlace conocido. <\/p>\n
Queda claro as\u00ed que el anhelo de la censura se reduce a exponer su inconformidad con el fallo atacado e imponer su opini\u00f3n sobre la forma en que considera que debi\u00f3 dirimirse el asunto, sin que ello por s\u00ed, deje al descubierto un desatino may\u00fasculo ni constitutivo de la lesi\u00f3n que endilga, situaci\u00f3n que desconoce que este mecanismo no tiene como finalidad contrastar las posiciones de la parte y el juzgador a fin de precisar cu\u00e1l de ellas ostenta mayor asidero, ese no es el fin de este mecanismo excepcional. <\/p>\n
Por si lo anterior fuera poco, que no lo es, trat\u00e1ndose de valoraci\u00f3n probatoria goza el juez natural de amplia discrecionalidad para la libre estimaci\u00f3n de las probanzas recopiladas, situaci\u00f3n que limita la indebida injerencia del fallador constitucional a aquellos casos en que se acredite una lesi\u00f3n a las prerrogativas superiores, situaci\u00f3n no acaecida en el asunto en estudio, porque el sentenciador expuso suficientemente la satisfacci\u00f3n de los requisitos para que prosperara el finiquito del dominio rese\u00f1ado. Recu\u00e9rdese, que el mero inconformismo hermen\u00e9utico no tiene la virtud de comportar la v\u00eda de hecho invocada (CSJ STC6631-2018 y STC14267-2018, STC5418-2021, memoradas en STC1101-2021 entre muchas). <\/p>\n
En este orden de ideas, comoquiera que la providencia cuestionada en esta queja reposa en un discernimiento o interpretaci\u00f3n razonable, am\u00e9n de resultar notorio que el anhelo de censura es que prevalezca su criterio o buscar otro para aniquilar la sentencia que le desfavoreci\u00f3, designio ajeno a esta v\u00eda subsidiaria, ser\u00e1 refrendado el prove\u00eddo opugnado sin m\u00e1s elucubraciones. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
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STC16330-2021 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC16330-2021 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-01176-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del primero de diciembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., primero (01) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). Se resuelve la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 Mar\u00eda Margarita Zapata Farjat frente a […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[43],"tags":[],"class_list":["post-59984","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59984","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59984"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59984\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59984"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59984"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59984"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}