STC16331-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC16331-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2021-00613-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de primero de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00b0) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el 6 de mayo de 2021 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas No. 3 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, que neg\u00f3 el amparo promovido por la Fiscal\u00eda Ciento Diecisiete Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Bogot\u00e1 contra la Sala Penal del Tribunal Superior de esta ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a Leison Antonio Chala Gamboa y a las partes e intervinientes en el proceso penal 11001600001520170514001. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora demand\u00f3 la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial acusada en el referido juicio. <\/p>\n
2. En sustento de su queja sostuvo que contra el se\u00f1or Leison Antonio Chala Gamboa formul\u00f3 imputaci\u00f3n como presunto autor del delito de tr\u00e1fico, fabricaci\u00f3n, porte de armas de fuego, accesorios, partes y\/o municiones, acorde con lo dispuesto por el art\u00edculo 365 del C\u00f3digo Penal, cuya etapa de juicio correspondi\u00f3 al Juzgado Cincuenta Penal del Circuito de Conocimiento de Bogot\u00e1. <\/p>\n
El 8 de octubre de 2020 se present\u00f3 un preacuerdo, \u00aben virtud del cual se degrada el grado de participaci\u00f3n de autor a c\u00f3mplice, como \u00fanico beneficio, y en aras de individualizar la pena conforme a lo reglado para el c\u00f3mplice en el art\u00edculo 30 del C\u00f3digo Penal (\u2026)\u00bb, que fue avalado por el juez de conocimiento, autoridad que, el 19 de noviembre siguiente, conden\u00f3 al procesado a 54 meses de prisi\u00f3n y le neg\u00f3 el subrogado de suspensi\u00f3n condicional de la pena y la prisi\u00f3n domiciliaria. La defensa apel\u00f3 la negativa de la prisi\u00f3n domiciliaria. <\/p>\n
El Tribunal accionado, mediante providencia del 27 de enero de 2021, declar\u00f3 la nulidad de lo actuado \u00aba partir de la audiencia en que se present\u00f3 el preacuerdo\u00bb, por vulneraci\u00f3n al principio de legalidad, pues evidenci\u00f3 una estrategia para conceder beneficios desproporcionados. Consider\u00f3 el ad quem que, de conformidad con la sentencia proferida el 24 de junio de 2020 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, en el proceso con radicado 52227, los preacuerdos deben tener l\u00edmites y expresar con claridad los alcances del beneficio concedido. Asegur\u00f3 que \u00abse trasgrede el principio de legalidad cuando se asigna a los hechos una calificaci\u00f3n jur\u00eddica que no corresponde como cuando se quiere dar el car\u00e1cter de c\u00f3mplice a quien claramente es autor o se reconoce una circunstancia de menor punibilidad sin base f\u00e1ctica\u00bb, pues el car\u00e1cter de autor atribuido al procesado en la imputaci\u00f3n y en la acusaci\u00f3n se vari\u00f3, sin fundamento probatorio, para soportar el preacuerdo. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 la accionante que, contrario a lo establecido por el Tribunal, el preacuerdo nulitado cumpl\u00eda con las exigencias del art\u00edculo 237 del C. de P. P., al acreditarse la tipicidad del comportamiento conforme a lo dispuesto por el art\u00edculo 365 del C\u00f3digo Penal y la participaci\u00f3n del acusado, seg\u00fan las pruebas; adem\u00e1s, se realiz\u00f3 en la etapa procesal permitida y cumpl\u00eda los fines previstos en el art\u00edculo 348 de la Ley 906 de 2004. Adicion\u00f3 que era improcedente la exigencia del art\u00edculo 349 del C. de P. P. para este caso, pues el bien jur\u00eddicamente protegido era de car\u00e1cter colectivo (la seguridad p\u00fablica) y no hubo incremento patrimonial, aunado a que el preacuerdo vers\u00f3 sobre el grado de participaci\u00f3n y no sobre la adecuaci\u00f3n t\u00edpica, y se realiz\u00f3 con voluntad y aceptaci\u00f3n del acusado. <\/p>\n
A su vez, mencion\u00f3 que \u00ablos art\u00edculos 350 a 352 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal autorizan llevar a cabo preacuerdos encaminados a obtener una sanci\u00f3n punitiva favorable a los intereses del sujeto agente, que fue lo ocurrido con el acuerdo al degradar la participaci\u00f3n de autor a c\u00f3mplice y llevarse a cabo la individualizaci\u00f3n de la pena acorde con los lineamientos del art\u00edculo 30 del C\u00f3digo Penal\u00bb. <\/p>\n
Puntualiz\u00f3 que en los preacuerdos se omite el debate probatorio, pues es la materia de negociaci\u00f3n y que, de acuerdo con la jurisprudencia, es factible negociar modificando la participaci\u00f3n de autor a c\u00f3mplice \u00abaprestigiando la justicia y determin\u00e1ndose un beneficio punitivo al acusado que en momento alguno desborda los l\u00edmites de ley, ni constituye un fest\u00edn o pluralidad de beneficios\u00bb. En ese sentido, adujo que se estipul\u00f3 la degradaci\u00f3n en el grado de participaci\u00f3n de autor a c\u00f3mplice, \u00abcon el fin \u00fanico de establecer los par\u00e1metros del art\u00edculo 30 del Ordenamiento Sustantivo, para establecer el monto de la pena\u00bb y \u00abencaminado a disminuir la pena, preservando la situaci\u00f3n f\u00e1ctica en concordancia con la calificaci\u00f3n jur\u00eddica soportada en los elementos de prueba\u00bb, con lo cual se mantuvo inc\u00f3lume el principio de legalidad. <\/p>\n
Refut\u00f3 la correspondencia f\u00e1ctica de la sentencia del 24 de junio de 2020 para ser aplicada al caso debatido, pues en dicho asunto \u00abse modific\u00f3 la calificaci\u00f3n jur\u00eddica, de homicidio agravado a encubrimiento\u00bb, por tanto, el alcance dado por el Tribunal convocado \u00abva en contrav\u00eda de los derechos de las partes, incluida la suscrita que exterioriz\u00f3 el inter\u00e9s de llevar a cabo el preacuerdo y acat\u00f3 integralmente la regulaci\u00f3n de la figura (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, destac\u00f3 que, en la providencia censurada, primero se indic\u00f3 que se deb\u00eda improbar el acuerdo, pero luego decret\u00f3 la nulidad, a pesar de que no se fundament\u00f3 en debida forma, decisi\u00f3n que, adem\u00e1s, desconoci\u00f3 los derechos del apelante \u00fanico, pues fue en contra de sus intereses. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, pidi\u00f3 \u00abDEJAR sin efectos la providencia censurada para, en su lugar, ORDENAR a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, resolver el recurso de apelaci\u00f3n impetrado por la defensa t\u00e9cnica, en relaci\u00f3n con la no concesi\u00f3n de la prisi\u00f3n domiciliaria\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
El Juzgado Cincuenta Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogot\u00e1 narr\u00f3 las actuaciones surtidas en el proceso penal y solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite constitucional, por falta de legitimaci\u00f3n en la causa. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 el auxilio solicitado, al considerar que el proceso cuestionado se encuentra en curso y, por tanto, es ah\u00ed donde la actora puede ejercer las prerrogativas que le otorga la ley para la defensa de sus intereses, en atenci\u00f3n a que la tutela no es una tercera instancia y no se advirti\u00f3 ning\u00fan perjuicio irremediable. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 la gestora, quien se\u00f1al\u00f3 que, en oportunidades anteriores, se han estudiado de fondo las tutelas presentadas por la Delegada de la Fiscal\u00eda contra providencias que imprueban preacuerdos, cuando los recursos ordinarios y extraordinarios no resultan id\u00f3neos, argumentando que someter a las partes a desarrollar todas las etapas de la causa, donde \u00abluego de lo cual podr\u00eda volver a proponer la presunta ilegalidad de las decisiones que improbaron el preacuerdo celebrado con el procesado, de manera que, para el momento en que se lleguen a resolver tales medios de impugnaci\u00f3n, sus garant\u00edas fundamentales ya habr\u00edan sido afectadas\u00bb. <\/p>\n
Sostuvo que lo consignado en el fallo impugnado significa que debe acudir a los recursos legales, \u00abuna vez se haya finiquitado la actuaci\u00f3n con sentencia condenatoria\u00bb, lo que resulta desgastante para la administraci\u00f3n de justicia y no ofrece una protecci\u00f3n a los derechos fundamentales que, como parte del proceso, le asisten. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que la Sala de Casaci\u00f3n Penal ha decantado que se puede realizar la degradaci\u00f3n de la forma de participaci\u00f3n de autor a c\u00f3mplice con ocasi\u00f3n de un preacuerdo, para efectos eminentemente punitivos. <\/p>\n
Reiter\u00f3 los argumentos del escrito de tutela y afirm\u00f3 que, \u00abaun cuando es cierto que la imputaci\u00f3n y la acusaci\u00f3n se realiz\u00f3 como autor (como en efecto lo es, conforme la realidad procesal), en momento alguno se cambi\u00f3 ello con el preacuerdo, sino que lo que se dijo, palabras m\u00e1s, palabras menos, es que para EFECTOS PURAMENTE PUNITIVOS se acud\u00eda a la figura de la complicidad, prevista en el art\u00edculo 30 del C\u00f3digo Penal, pero nunca que, contrario a la realidad, se dijera que CHALA GAMBOA no era autor sino c\u00f3mplice\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, la tutelante pretende que sean amparados sus derechos fundamentales, los cuales considera vulnerados con ocasi\u00f3n del auto proferido el 27 de enero de 2021 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, mediante el cual se declar\u00f3 la nulidad de lo actuado desde la audiencia en que se present\u00f3 el preacuerdo, dado que, en su criterio, este se ajust\u00f3 a los requisitos legales y jurisprudenciales para ser aprobado y mantuvo inc\u00f3lume el principio de legalidad, por tanto, su anulaci\u00f3n desconoce la discrecionalidad reglada que le asiste a la Fiscal\u00eda para celebrarlo. <\/p>\n
2. Pronto advierte la Sala que la providencia impugnada debe ser confirmada, pues la acci\u00f3n de tutela no es procedente. <\/p>\n
2.1. En efecto, se advierte que, con la declaratoria de nulidad, el proceso penal sigue en curso y se reanudan las distintas etapas y oportunidades para intervenir en el juicio, de manera que el ente instructor cuenta con la posibilidad de rebatir en esa instancia las posturas que, eventualmente, no comparta en las etapas subsiguientes. <\/p>\n
Al respecto, esta Sala ha indicado: <\/p>\n
\u00ab[S]in esfuerzo se insin\u00faa que ninguna posibilidad de \u00e9xito comporta esta tutela, pues su interesado no puede acudir a la justicia constitucional soslayando los medios de defensa establecidos en el estatuto procesal penal, en raz\u00f3n a que la acci\u00f3n de amparo no se cre\u00f3 para ser utilizada a voluntad de los peticionarios en forma alterna o sustituta de dichos mecanismos. Obs\u00e9rvese que, como acertadamente lo expres\u00f3 el a quo, el juicio que se le sigue al actor est\u00e1 en pleno desarrollo, evento que revela que en ese campo a\u00fan le es posible debatir las inconformidades que ahora denuncia. En efecto, si no se ha dictado sentencia, est\u00e1 facultado, si contin\u00faa inconforme, para impugnarla; y de serle adverso el fallo de segundo grado, para acudir, si es su deseo, en casaci\u00f3n. <\/p>\n
\u00abDesde esa perspectiva, es claro el fracaso de la protecci\u00f3n deprecada por cuanto no fue instituida, como se anticip\u00f3, para sustituir los instrumentos ordinarios consagrados por el legislador en favor de las partes o para adelantarse a las decisiones que le corresponde adoptar al juez del proceso, sino \u00fanica y exclusivamente para el evento en que la persona que se sienta agraviada o afectada en una garant\u00eda fundamental, carezca de recursos judiciales para atacarla o aunque contando con ellos no sean id\u00f3neos para el efecto (\u2026)\u00bb (CSJ, STC de 20 de marzo de 2012, exp. 2012-00192-01, reiterada en STC6765-2021). <\/p>\n
En ese sentido, la Sala ha considerado que, dada la anulaci\u00f3n decretada en el juicio penal, \u00abel asunto frente al petente, en la actualidad, se halla en pleno curso, pudiendo \u00e9ste, por tanto, concurrir al mismo y activar los mecanismos a su alcance, en aras de salvaguardar sus intereses\u00bb (STC10928-2020), por lo cual la tutela es improcedente, al existir otros mecanismos de defensa en las etapas que deben surtirse en el respectivo proceso. <\/p>\n
2.2. Lo anterior guarda consonancia con lo mencionado por el juez constitucional a quo, lo cual no es una postura nueva para esa Sala de Casaci\u00f3n, pues, en un asunto que guarda similitud con el estudiado, en el que tambi\u00e9n accionaba la delegada de la Fiscal\u00eda General de Naci\u00f3n, estableci\u00f3 que <\/p>\n
\u00abha sido criterio definido y reiterado de la Sala que no es procedente acudir a la solicitud de protecci\u00f3n constitucional para intervenir dentro de procesos en curso, no s\u00f3lo porque ello desconoce la independencia de que est\u00e1n revestidas las autoridades judiciales para tramitar y resolver los asuntos de su competencia, sino porque tal proceder desnaturaliza la acci\u00f3n de amparo como mecanismo residual de defensa de los derechos fundamentales. <\/p>\n
En el presente asunto, la actuaci\u00f3n se encuentra en tr\u00e1mite. Espec\u00edficamente se adelanta el juicio oral y es all\u00ed donde debe la accionante presentar las solicitudes encaminadas a remediar cualquier situaci\u00f3n que estime desconocedora de sus garant\u00edas superiores. Est\u00e1 fuera de lugar, en consecuencia, pedirle al juez constitucional que se entrometa en el asunto. Ello, en raz\u00f3n a que las etapas, recursos y procedimientos que conforman un proceso son el primer espacio de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de los asociados, especialmente en lo que tiene que ver con las garant\u00edas al debido proceso\u00bb1. <\/p>\n
De manera que la existencia de ese proceso penal en curso imposibilita el uso de esta senda constitucional, si se tiene en cuenta que este es un mecanismo subsidiario y residual, que no puede ser utilizado por las partes sin que previamente expongan sus planteamientos en las instancias de defensa ordinarias, pues ello implicar\u00eda desconocer y pretermitir los procedimientos y decisiones que, en ejercicio de su competencia, deben emitir los funcionarios judiciales competentes. <\/p>\n
2.3. Adem\u00e1s, no se advierte en este caso la existencia de un perjuicio irremediable, grave e inminente, que abra paso al amparo invocado por la Fiscal\u00eda, para la adopci\u00f3n de medidas urgentes e impostergables, m\u00e1xime que, como se indic\u00f3, con la reanudaci\u00f3n de las etapas procesales se reviven todas las oportunidades para intervenir y ejercer sus prerrogativas en el respectivo juicio. <\/p>\n
3. En atenci\u00f3n a las consideraciones precedentes, se confirmar\u00e1 la sentencia proferida por el a quo constitucional. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 STP2128-2020, confirmada el 29 de abril de 2020, por la Sala de Casaci\u00f3n Civil Expediente 2020-00274-01: \u00abel auxilio tambi\u00e9n resulta improcedente, por cuanto, como lo estim\u00f3 el a quo constitucional, la causa criticada se halla en pleno tr\u00e1mite; pudiendo, la aqu\u00ed solicitante, en calidad de representante del ente instructor, promover los recursos correspondientes para controvertir las determinaciones de las cuales, eventualmente, disienta\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
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