STC16333-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16333-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-00834-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de primero de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00b0) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 4 de mayo de 2021 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas No. 2 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, que neg\u00f3 el amparo reclamado por Mar\u00eda Yolanda Galvis Granados contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la misma Corporaci\u00f3n, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y la Administradora Colombiana de Pensiones. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular al Juzgado Trece Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 y a las dem\u00e1s partes e intervinientes del proceso de ordinario laboral con radicado 2015-00741. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora, a trav\u00e9s de su apoderado judicial, demand\u00f3 la salvaguarda de sus garant\u00edas fundamentales a la igualdad, la seguridad social, la salud, a la dignidad humana y al m\u00ednimo vital, as\u00ed como a los principios de progresividad, favorabilidad, irrenunciabilidad e imprescriptibilidad en materia pensional. <\/p>\n
2. Del escrito inicial se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. La accionante manifest\u00f3 que instaur\u00f3 demanda ordinaria laboral contra la Administradora Colombiana de Pensiones, con el fin de que se le condenara al reconocimiento y pago de su pensi\u00f3n de invalidez, a partir del 13 de junio de 2012, en virtud del art\u00edculo 39 de la Ley 100 de 1993, en raz\u00f3n a que \u00abhab\u00eda cotizado 440,57 semanas\u00bb y ten\u00eda una p\u00e9rdida de su capacidad laboral del 67,83%. <\/p>\n
2.2. El asunto correspondi\u00f3 al Juzgado Trece Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, despacho que, por sentencia de 16 de marzo de 2016, accedi\u00f3 a las pretensiones de la demanda, aplicando la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, \u00abde conformidad con el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo a\u00f1o\u00bb. <\/p>\n
2.3. El 12 de abril de 2016, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, al resolver el grado jurisdiccional de consulta, revoc\u00f3 la decisi\u00f3n del a quo y, en su lugar, absolvi\u00f3 a la demandada, por cuanto, de conformidad con \u00abla jurisprudencia de la Corte Suprema, para aplicar el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa se debe es acudir a la ley inmediatamente anterior, esto es a la ley 100 de 1993, en su versi\u00f3n original y no en el Acuerdo 049 de 1990 como fue aplicado por el a quo\u00bb. <\/p>\n
2.4. La Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia SL4276 del 14 de octubre de 2020, notificada por edicto el 15 de diciembre de esa anualidad, resolvi\u00f3 no casar la sentencia del Tribunal, toda vez que \u00abnormas tales como el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo a\u00f1o, no pueden aplicarse de forma indefinida bajo el amparo de la Condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, pues tal situaci\u00f3n, desconoce el ordenamiento jur\u00eddico vigente y permitir\u00eda la aplicaci\u00f3n retroactiva de la ley, lo que vulnera principios de rango constitucional\u00bb. <\/p>\n
2.5. La gestora sostuvo que la Sala de Casaci\u00f3n incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho, pues no tuvo en cuenta los fallos SU442 de 2016 y SU556 de 2019, que ordenan la aplicaci\u00f3n de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa; a su vez, refiri\u00f3 que se desconoci\u00f3 que es una persona de avanzada edad, con m\u00faltiples padecimientos, cabeza de hogar, sin fuente de ingreso constante, configur\u00e1ndose un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, solicit\u00f3 el amparo de sus derechos y, en consecuencia, que se disponga dejar sin efectos la sentencia proferida en sede de casaci\u00f3n; para, en su lugar, ordenar a la autoridad judicial accionada emitir un nuevo pronunciamiento, acorde con la jurisprudencia constitucional. <\/p>\n
II. LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia pidi\u00f3 declarar la improcedencia del amparo y destac\u00f3 que lo pretendido por la actora era dejar sin valor ni efecto la sentencia de casaci\u00f3n que, \u00abcon estricto apego a la ley, fuera dictada dentro del proceso ordinario laboral que adelant\u00f3 la accionante contra la Administradora Colombiana de Pensiones [\u2026]\u00bb. Adujo que la misma \u00abfue dictada por esta Corporaci\u00f3n, en su condici\u00f3n de m\u00e1ximo tribunal de la jurisdicci\u00f3n ordinaria y, por ende, en ejercicio de la funci\u00f3n que la ley le otorga como \u00f3rgano de cierre de la misma, de forma tal que, aunque contraria a los intereses de la petente, no puede ser objeto de confrontaci\u00f3n en sede de tutela\u00bb. <\/p>\n
2. La Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 indic\u00f3 que su decisi\u00f3n \u00abfue adoptada con base en los presupuestos probatorios, legales y jurisprudenciales que rigieron el caso, sin que en ning\u00fan momento se haya desconocido derecho fundamental alguno del peticionario, ni precedente jurisprudencial\u00bb. <\/p>\n
3. La Juez Trece Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 se\u00f1al\u00f3 que \u00abno le constan los hechos por los cuales se indaga\u00bb, pues se posesion\u00f3 el 1 de julio de 2020 y, por tanto, no profiri\u00f3 la determinaci\u00f3n censurada. <\/p>\n
4. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del ISS en Liquidaci\u00f3n inform\u00f3 que \u00abse elev\u00f3 la consulta del caso con el \u00e1rea pertinente de esta Entidad; la cual nos inform\u00f3 que en el proceso laboral de la referencia NO hizo parte ni se vincul\u00f3 al P.A.R. I.S.S. o el extinto I.S.S\u00bb, y que en el presente caso, al ser un asunto que \u00abse deriva del R\u00e9gimen de Prima Media en virtud de los decretos 2011 y 2013 de 2012 es [\u2026] de competencia de la Administradora Colombiana de Pensiones\u00bb. <\/p>\n
5. Fiduprevisora S.A. pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite constitucional, al configurarse una falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el amparo, en raz\u00f3n a que la sentencia cuestionada \u00abno se ofrece arbitraria ni caprichosa, ni violatoria del ordenamiento jur\u00eddico, pues se encuentra precedida de un an\u00e1lisis serio y debidamente fundamentado, soportado en los hechos probados, las disposiciones normativas y la jurisprudencia aplicable al caso\u2026\u00bb. <\/p>\n
Al respecto, afirm\u00f3 que \u00ab[\u2026] la aqu\u00ed demandante no demostr\u00f3 la existencia de alguna causal espec\u00edfica de procedibilidad de la acci\u00f3n. Lo que se advierte sin lugar a equ\u00edvocos es la discrepancia frente a la interpretaci\u00f3n de una norma, la valoraci\u00f3n probatoria y el alcance de la jurisprudencia que le quiere imprimir a la misma la promotora del resguardo desde su \u00f3ptica personal, en contraste con la conclusi\u00f3n a la que arrib\u00f3 la Sala accionada al considerar que, no hab\u00eda lugar a declarar el reconocimiento de la pensi\u00f3n de invalidez en aplicaci\u00f3n de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa\u00bb; adem\u00e1s, sostuvo que \u00abno se acredit\u00f3 la existencia de un perjuicio irremediable que posibilite la intervenci\u00f3n anticipada del juez constitucional\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 la accionante, quien reiter\u00f3 los argumentos expuestos en el escrito inicial y destac\u00f3 los requisitos para aplicar el test de precedencia, en virtud del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el caso sub examine, la actora pretende que se deje sin efecto la decisi\u00f3n emitida en sede extraordinaria de casaci\u00f3n, para que, en su lugar, se ordene a la autoridad judicial accionada emitir un nuevo pronunciamiento, acorde con la jurisprudencia constitucional. <\/p>\n
2. En primer lugar, resulta indispensable puntualizar que la acci\u00f3n de tutela es improcedente para reabrir los asuntos ya propuestos y decididos en los respectivos procesos judiciales, pues de interpretarse de esa manera las reglas que regulan este mecanismo excepcional no solo se desconocer\u00eda la instituci\u00f3n de la cosa juzgada, sino que se quebrantar\u00edan los principios de la autonom\u00eda e independencia de los jueces; sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha considerado que excepcionalmente se puede acudir a la protecci\u00f3n ius fundamental, en el evento en que el juzgador adopte una determinaci\u00f3n o adelante un tr\u00e1mite en forma alejada de lo atendible, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del ciudadano, caso en el cual es pertinente que el juez constitucional act\u00fae con el prop\u00f3sito de conjurar o prevenir el agravio que con la actuaci\u00f3n censurada se pueda causar a las partes o intervinientes en el proceso. <\/p>\n
3. Ahora bien, del escrutinio del decurso procesal se evidencia que, al resolver el recurso extraordinario de Casaci\u00f3n, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral censurada expres\u00f3 los motivos por los cuales arribaba a la determinaci\u00f3n de no casar la decisi\u00f3n dictada en segunda instancia. <\/p>\n
Para ello, en primer orden, aclar\u00f3 que no eran objeto de discusi\u00f3n los siguientes aspectos: \u00abi) que la afiliada cuenta con una p\u00e9rdida de capacidad laboral de 67,83% de origen com\u00fan, con fecha de estructuraci\u00f3n 13 de junio de 2012; ii) que dentro de los tres a\u00f1os anteriores a la data de estructuraci\u00f3n, contaba con 31,85 semanas; iii) que en toda su vida laboral hab\u00eda cotizado 594,86 semanas; iv) que no se encontraba cotizando al momento del tr\u00e1nsito legislativo entre Ley 100 de 1993 y 860 de 2003; y v) que no cumple con el m\u00ednimo de semanas requeridos en la Ley 860 de 2003, ni en la Ley 100 de 1993, para acceder a la pensi\u00f3n de invalidez\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, precis\u00f3 que el asunto a dilucidar se circunscrib\u00eda a establecer si el Tribunal se hab\u00eda equivocado, \u00abal considerar que no era posible que la actora accediera a la pensi\u00f3n de invalidez acudiendo al art\u00edculo 6 del Acuerdo 049 de 1990, en virtud del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, cuando la fecha de estructuraci\u00f3n de la invalidez acaeci\u00f3 en el 2012, en vigencia de la Ley 860 de 2003\u00bb. <\/p>\n
Al respecto, destac\u00f3 que, por regla general, la disposici\u00f3n llamada a regular las pensiones de invalidez y sobrevivientes es la vigente al momento de la estructuraci\u00f3n o fallecimiento, seg\u00fan sea el caso, que \u00abpara este, lo es la Ley 860\/2003, respecto de la cual no se acredit\u00f3 el cumplimiento de los requisitos, como acertadamente lo concluy\u00f3 el tribunal y no fue objeto de discusi\u00f3n, criterio ampliamente esbozado por esta Corporaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Ahora, en cuanto a la aplicaci\u00f3n de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, se\u00f1al\u00f3 que era procedente respecto de la norma inmediatamente anterior, sin que fuese posible realizar una b\u00fasqueda plus ultractiva a cualquier disposici\u00f3n que le sea m\u00e1s ben\u00e9fica; para el efecto, hizo referencia a la sentencia CSJ SL4987-2019, en la que se memor\u00f3 lo consignado en la CSJ SL1689-2017, reiterada en sentencia CSJ SL8305-2017, en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
\u00abDe otra parte, como la censura invoca el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa a fin de que el asunto se resuelva bajo la \u00e9gida del art\u00edculo 6 del Acuerdo 049 de 1990, es preciso se\u00f1alar que no es viable dar aplicaci\u00f3n a la plus ultractividad de la ley, esto es, hacer una b\u00fasqueda interminable de legislaciones anteriores a fin de determinar cu\u00e1l se ajusta a las condiciones particulares del peticionario o cu\u00e1l resulta ser m\u00e1s favorable, pues con ello se desconoce que las leyes sociales son de aplicaci\u00f3n inmediata y, en principio, rigen hacia futuro. Esta ha sido la postura de la Sala expuesta en recientes providencias, entre otras, CSJ SL9762-2016, CSJ SL9763-2016, CSJ SL9764-2016, CSJ SL14881-2016, CSJ SL15612-2016, CSJ SL15617-2016, CSJ SL15960-2016 y CSJ SL15965-2016. <\/p>\n
En este orden, no era procedente que el Tribunal considerara los requisitos del Acuerdo 049 de 1990 de manera plus ultractiva como lo pretende la censura, ni siquiera bajo el argumento de acudir al principio de favorabilidad contemplado en el art\u00edculo 53 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, porque su mandato parte de la existencia de duda en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de normas vigentes, lo que no ocurre en el sub lite\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, analizado el caso concreto, resalt\u00f3 que el Tribunal no se equivoc\u00f3 \u00aben cuanto consider\u00f3 que no era dable dar una aplicaci\u00f3n plusultractiva de la ley para acoger los preceptos del Acuerdo 049 de 1990 y, considerar que la demandante no reun\u00eda los requisitos establecidos por la jurisprudencia para la aplicaci\u00f3n de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, pues, la afiliada para el 26 de diciembre de 2003, momento del cambio normativo, no se encontraba cotizando y tampoco hab\u00eda aportado 26 semanas en el a\u00f1o que antecede a esa data, por lo que, no ten\u00eda una situaci\u00f3n jur\u00eddica concreta que avale la aplicaci\u00f3n de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, de donde se concluye que ni con el art\u00edculo 39 original de la Ley 100 de 1993, como tampoco con el 1 de la Ley 860 de 2003, re\u00fane los requisitos para acceder a la pensi\u00f3n de invalidez que pretende\u00bb. <\/p>\n
Por otra parte, en lo atinente a la aplicaci\u00f3n de los precedentes constitucionales SU442 de 2016 y SU556 de 2019, manifest\u00f3 que \u00absi la finalidad del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa es proteger expectativas leg\u00edtimas que pueden ser modificadas por el legislador con apego a los par\u00e1metros constitucionales, no tiene sentido que su aplicaci\u00f3n permita acudir a cualquier normativa anterior o, en otros t\u00e9rminos, resulte indefinida en todos los tr\u00e1nsitos legislativos que puedan generarse en la configuraci\u00f3n del sistema pensional, de por s\u00ed, de larga duraci\u00f3n\u00bb. Igualmente, en punto de la fuerza vinculante del precedente constitucional, hizo \u00e9nfasis en lo considerado en las sentencias CSJ SL1938-2020 y SL2547-2020, en el sentido que: <\/p>\n
\u00ab\u2026teniendo en cuenta que los principios constitucionales no son absolutos y que su aplicaci\u00f3n debe ser proporcional \u2013a fin de no quebrantar otros bienes jur\u00eddicos superiores valiosos para los individuos y la sociedad-, respecto de la sentencia de tutela T-401-2015 que refiere la censura en el cargo, la Sala considera oportuno se\u00f1alar que la misma tiene efectos inter partes. Y, en todo caso, dicho criterio fue posteriormente modificado a trav\u00e9s de la sentencia SU-05-2018, de cuyo contenido esta Sala de Casaci\u00f3n de la Corte se aparta, en cumplimiento de los requisitos de trasparencia y suficiencia definidos por la Corte Constitucional (C-621-2015 y SU-354-2017)\u2026 <\/p>\n
Pues bien, a juicio de esta Corporaci\u00f3n, en la pr\u00e1ctica, esa decisi\u00f3n significa la aplicaci\u00f3n absoluta e irrestricta del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa e impone reglas diferentes a las legales para el reconocimiento de la prestaci\u00f3n de sobrevivencia, las cuales, a su vez, pueden afectar la eficacia de las reformas introducidas al sistema pensional. Asimismo, desconoce los principios de aplicaci\u00f3n en el tiempo de la legislaci\u00f3n de seguridad social, principalmente los de aplicaci\u00f3n general e inmediata y retrospectividad. <\/p>\n
Adem\u00e1s, de aplicarse cualquier disposici\u00f3n anterior se dar\u00edan efectos plus ultraactivos a normativas derogadas en una sucesi\u00f3n de tr\u00e1nsitos legislativos, lo que afecta el principio de seguridad jur\u00eddica, pues genera incertidumbre sobre la norma aplicable en la medida en que el juez podr\u00eda hacer un ejercicio hist\u00f3rico para definir la concesi\u00f3n del derecho pensional con aquella que m\u00e1s se ajuste a los intereses del reclamante, en detrimento de los de car\u00e1cter general, lo cual, a juicio de la Sala, no es posible (CSJ SL1683-2019, CSJ SL1685-2019, CSJ SL2526-2019 y CSJ SL2829-2019). <\/p>\n
Por otra parte, debe advertirse que la financiaci\u00f3n de todo sistema pensional depende de variables demogr\u00e1ficas, fiscales o actuariales que deben ajustarse en diferentes momentos, de modo que las reformas en determinados contextos pueden privilegiar aspectos que antes no contemplaban o, potenciar algunos de ellos, como por ejemplo darle mayor peso a la permanencia en la afiliaci\u00f3n para la adquisici\u00f3n de un derecho pensional que a la sola acreditaci\u00f3n de un n\u00famero espec\u00edfico de semanas. <\/p>\n
En consecuencia, la introducci\u00f3n de reglas ajenas a las legales puede alterar la estabilidad y las proyecciones financieras sobre las que se ha dise\u00f1ado el sistema pensional y comprometer la realizaci\u00f3n de los derechos de las generaciones futuras. Por este motivo, el reconocimiento de las pensiones debe sujetarse al cumplimiento estricto de cada una de las condiciones exigidas por las leyes para su causaci\u00f3n y pago. <\/p>\n
En s\u00edntesis, es preciso indicar que no se trata de desconocer el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa sino de delinear correctamente su campo de aplicaci\u00f3n y actualizarlo conceptualmente bajo la \u00e9gida del modelo constitucional de prevalencia del inter\u00e9s general sobre el particular, la solidaridad y la garant\u00eda de efectividad de los derechos fundamentales sociales. <\/p>\n
Por ello, se reitera, esta Corporaci\u00f3n ha adoctrinado que, respecto de las exigencias para acceder a la pensi\u00f3n de sobrevivientes, el juez no puede realizar un examen hist\u00f3rico de las leyes anteriores a fin de determinar una aplicable al caso particular\u00bb. <\/p>\n
Por lo anterior, la Sala convocada concluy\u00f3 que \u00abnormas tales como el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo a\u00f1o, no pueden aplicarse de forma indefinida bajo el amparo de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, pues tal situaci\u00f3n, desconoce el ordenamiento jur\u00eddico vigente y permitir\u00eda la aplicaci\u00f3n retroactiva de la ley, lo que vulnera principios de rango constitucional de la irretroactividad de la ley y, seguridad jur\u00eddica\u00bb y, en esa medida, no encontr\u00f3 yerro alguno en la determinaci\u00f3n adoptada por el operador judicial de segundo grado, que revoc\u00f3 la prestaci\u00f3n pensional reconocida. <\/p>\n
4. En ese orden, se considera que la determinaci\u00f3n cuestionada no resulta arbitraria ni manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, pues, como se vio, fue proferida con base en una hermen\u00e9utica plausible de la normatividad aplicable y soportada en la jurisprudencia relacionada de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
En efecto, dada la v\u00eda directa escogida en el recurso extraordinario, la Sala accionada precis\u00f3, en primer lugar, que no era objeto de debate y, por tanto, no ser\u00edan aspectos para analizar, entre otros, que la gestora estructur\u00f3 la enfermedad de origen com\u00fan el 13 de junio de 2012, que no se encontraba cotizando al momento del tr\u00e1nsito legislativo entre la Ley 100 de 1993 y 860 de 2003 y que no cumpli\u00f3 con el n\u00famero de semanas exigidas en esas normas para acceder a la pensi\u00f3n de invalidez. Por su parte, tras analizar el asunto, determin\u00f3 que, en virtud de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, no era posible acudir al Acuerdo 049 de 1990, de conformidad con la jurisprudencia de la Sala, por lo cual la accionante no ten\u00eda derecho a la prestaci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
En ese sentido, las razones con las que la parte actora recrimina la actuaci\u00f3n judicial tienen como sustento un disentimiento particular frente a los argumentos que la Sala de Casaci\u00f3n Laboral convocada tuvo en cuenta para resolver el recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Al respecto, debe recordarse que este tipo de disconformidades no habilitan la intervenci\u00f3n del juez constitucional, por cuanto lo que hace es insistir (indirectamente) sobre puntos resueltos de fondo en esa causa. A su turno, se revela con ello la intenci\u00f3n de utilizar el resguardo como un recurso adicional, perdiendo as\u00ed su car\u00e1cter excepcional y residual. <\/p>\n
En punto del an\u00e1lisis de las providencias judiciales a trav\u00e9s de este mecanismo, esta Colegiatura ha considerado, que \u00ab[A]l juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (CSJ STC1161-2021). <\/p>\n
Asimismo, esta Corporaci\u00f3n ha esgrimido que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01, reiterada en STC7495-2020 17 sep, Rad. 2020-00255-01); y que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (STC 28. mar. 2012, Rad. 00022-01, reiterada en STC7348-2020. 14 sep, Rad. 2020-00485-01). <\/p>\n
5. Corolario de lo discurrido en precedencia y mirada nuevamente la postura que en el pasado hab\u00eda tenido esta Sala frente a los asuntos relacionados con la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa en materia pensional se ha encontrado necesario adecuarla, puesto que, como atr\u00e1s se indic\u00f3, la procedencia de la tutela depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el caso que se analiza, a pesar de que pudiera eventualmente esta Sala o cualquier observador discrepar de lo sostenido por el \u00f3rgano de cierre de la justicia laboral en su momento, pero que no por ello merecen necesariamente ser pasibles de la acci\u00f3n de tutela. Por tanto, se impone mantener el fallo refutado, advirtiendo que para la Sala es procedente el respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, comp\u00e1rtase o no lo decidido por el juez natural1. <\/p>\n
6. Hechas las anteriores precisiones, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 En t\u00e9rminos similares, ver tambi\u00e9n STC13983-2021, STC14389-2021, STC14818-2021, STC15447-2021. <\/p>\n
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STC16333-2021 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado ponente STC16333-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-00834-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de primero de diciembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00b0) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[43],"tags":[],"class_list":["post-59987","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59987","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59987"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59987\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59987"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59987"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59987"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}