STC16334-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC16334-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2021-00879-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de primero de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00b0) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia del 18 de mayo de 2021, que neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Henry Vicente Murcia Higuera contra la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y, el Juzgado Segundo del Circuito Especializado de Extinci\u00f3n de Dominio de la misma ciudad. <\/p>\n
1. El peticionario reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso y defensa, presuntamente vulnerados por las autoridad judiciales accionadas. <\/p>\n
2. De conformidad con el escrito inicial y las pruebas obrantes en el plenario, se observa la siguiente situaci\u00f3n f\u00e1ctica: <\/p>\n
2.1. Por orden de la Fiscal\u00eda, el Comando Antinarc\u00f3ticos de la Polic\u00eda Nacional, el 10 de febrero de 2010, realiz\u00f3 un allanamiento al predio \u201cHacienda la Arcadia\u201d ubicado en el municipio de Puerto Salgar (Cundinamarca)1, de propiedad de Henry Vicente Murcia Higuera, Jes\u00fas Mart\u00ednez Uribe y \u00d3scar Javier Murcia Higuera2. En la diligencia, se determin\u00f3 que en dicho inmueble funcionaba un laboratorio para el procesamiento de clorhidrato de coca\u00edna. <\/p>\n
2.2. A la postre, la Fiscal\u00eda 37 Especializada de Extinci\u00f3n de Dominio y Lavado de Activos orden\u00f3 la apertura inicial del proceso extintivo y pr\u00e1ctica de pruebas, el 10 de mayo de 20113. <\/p>\n
2.3. Posteriormente, procedi\u00f3 a iniciar el tr\u00e1mite extintivo sobre el inmueble rebatido, conforme a la causal tercera del art\u00edculo 2\u00ba de la Ley 793 de 2002. En consecuencia, decret\u00f3 el embargo, secuestro y la suspensi\u00f3n del poder dispositivo del bien4. <\/p>\n
2.4. Inconformes, los propietarios formularon recurso de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n el 28 de mayo de 2012. En seguida, allegaron oposici\u00f3n \u00aba la pretensi\u00f3n [\u2026] de extinguir el dominio del predio incautado\u00bb el 6 de junio siguiente. Y, remitieron pruebas adicionales el 22 de febrero de 20135. <\/p>\n
2.5. En primera instancia, la Fiscal\u00eda revoc\u00f3 la resoluci\u00f3n impugnada y, orden\u00f3 el archivo de las diligencias el 30 de septiembre de 20136. <\/p>\n
2.6. Tal determinaci\u00f3n fue apelada por M\u00f3nica Alexandra Redondo Vargas7, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 a la Fiscal\u00eda 48 delegada ante el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, quien resolvi\u00f3 revocar lo dispuesto el 12 de mayo de 20148. <\/p>\n
2.7. As\u00ed las cosas, el asunto pas\u00f3 a la Fiscal\u00eda 12 Especializada de Extinci\u00f3n de Dominio y Lavado de Activos el 15 de agosto de 2014. Al entrar en vigor la Ley 1708 de 2014, decidi\u00f3 imprimirle al tr\u00e1mite lo dispuesto en la Ley 1708 de 20149; y, promovi\u00f3 demanda de extinci\u00f3n de dominio el 25 de junio de 201810. <\/p>\n
2.8. Dicho lo anterior, el Juzgado Segundo del Circuito Especializado de Extinci\u00f3n de Dominio de Bogot\u00e1 avoc\u00f3 conocimiento del tr\u00e1mite el 2 de octubre de 201811. Con sentencia del 28 de junio siguiente, declar\u00f3 la extinci\u00f3n del derecho de dominio del inmueble rebatido, cancel\u00f3 las medidas de embargo y suspensi\u00f3n del poder dispositivo y, orden\u00f3 su tradici\u00f3n a favor de la Naci\u00f3n. <\/p>\n
2.9. No conformes, apelaron la decisi\u00f3n ante la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, quien confirm\u00f3 la decisi\u00f3n en primera instancia el 14 de septiembre de 2020. <\/p>\n
2.10. Por lo anterior, el promotor sostiene que los fallos proferidos el 14 de septiembre de 2020 y el 28 de junio de 2019, incursionaron en un defecto procedimental, tras omitir el decreto de pruebas -como una inspecci\u00f3n judicial o un informe de polic\u00eda judicial- que, en su sentir, daba cuenta de los linderos del predio rebatido al interior del tr\u00e1mite. Ello pues, no se determin\u00f3 que la \u201cHacienda La Arcadia\u201d fuera de extinci\u00f3n, ni se establecieron las condiciones socioecon\u00f3micas del predio, ni el v\u00ednculo jur\u00eddico entre propietarios, poseedores o tenedores, ya que los titulares de dominio eran ajenos a las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los actos ilegales. <\/p>\n
Asimismo, indic\u00f3 que, se omiti\u00f3 la pr\u00e1ctica de los testimonios de \u00d3scar Javier Murcia Higuera, Jos\u00e9 Gregorio Vera Betancourt, Jhon Jairo Rodr\u00edguez y, Gabriel P\u00e9rez Ni\u00f1o -solicitados por la Fiscal\u00eda-, configur\u00e1ndose una causal de procedencia por defecto f\u00e1ctico. <\/p>\n
3. Pidi\u00f3, conforme a lo relatado, revocar \u00abLA SENTENCIA DEL 28 DE JUNIO DE 2019 del JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO [\u2026] -y- LA RESOLUCI\u00d3N DE FECHA 31 DE ENERO DE 2012 PROFERIDO POR LA FISCAL\u00cdA 37 ED\u00bb. Igualmente, exhort\u00f3 \u00abDESAFECTAR EL INMUEBLE CON MATR\u00cdCULA INMOBILIARIA #162-20271 DE LA OFICINA DE REGISTRO DE GUADUAS \u2013 CUNDINAMARCA\u00bb y se disponga el archivo del tr\u00e1mite extintivo. <\/p>\n
II. LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Ministerio de Justicia y del Derecho, manifest\u00f3 que \u00abno se advierte vulneraci\u00f3n alguna a las garant\u00edas procesales del hoy tutelante, como quiera que la actuaci\u00f3n procesal se ha llevado bajo los par\u00e1metros legales y bajo el principio de la autonom\u00eda judicial apoyada en los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Nacional\u00bb. Por ello, inst\u00f3 \u00abdespachar desfavorables las pretensiones de la acci\u00f3n de tutela o en su defecto desvincular al Ministerio de Justicia y del Derecho, pues este no fue quien vulnero\u0301 los derechos fundamentales objeto de la presente tutela, como del escrito de tutela se colige, adem\u00e1s de no estar facultados para hacer efectivas las pretensiones del accionante\u00bb. <\/p>\n
2. La Sociedad de Activos Especiales S.A.S. \u2013 SAE, indic\u00f3 que \u00abno existe acci\u00f3n u omisi\u00f3n que genere la violaci\u00f3n de los derechos fundamentales cuyo amparo solicita la accionante, con lo cual se desconfigura el supuesto normativo contemplado por el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, toda vez que ante la ausencia de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad, desaparece la violaci\u00f3n o amenaza al derecho constitucional fundamental, debido a la falta del nexo causal necesario para la consolidaci\u00f3n de este presupuesto primigenio de la mencionada acci\u00f3n excepcional, lo que deviene en una notoria falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva de mi representada\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, \u00absolicito\u0301 al Honorable Juez Constitucional DESVINCULAR a la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. de la presente accio\u0301n constitucional, de conformidad con los argumentos expresados en el presente escrito\u00bb. <\/p>\n
3. El Juzgado Segundo del Circuito Especializado de Extinci\u00f3n de Dominio de Bogot\u00e1, luego de relatar lo acaecido en el tr\u00e1mite debatido, explic\u00f3 que \u00abno se logra demostrar que los funcionarios que estuvieron a cargo del proceso extintivo incurrieron en un yerro manifiesto, que configure un defecto que deba ser corregido por v\u00eda de tutela, sino que en realidad se insiste en argumentos con los cuales se muestra un desacuerdo con lo decidido en las referidas sentencias, de tal manera que pretende convertir este excepcional medio de amparo, en una tercera instancia, para revivir t\u00e9rminos e insistir sobre temas que ya fueron objeto de estudio y debate, resueltos en un tr\u00e1mite ajustado a un marco legal y constitucional\u00bb. En consecuencia, pidi\u00f3 declarar improcedente el amparo. <\/p>\n
4. La Fiscal\u00eda S\u00e9ptima Especializada en Extinci\u00f3n de Dominio, coment\u00f3 que \u00abcon oficio No. 20185400086641 de fecha 23 de agosto de 2018 se remiti\u00f3 a los Juzgados Penales del Circuito Especializados de Extinci\u00f3n de Dominio de Bogot\u00e1\u00bb. <\/p>\n
5. La Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, enunci\u00f3 que \u00abno cuenta con el expediente respectivo a efectos de pronunciarse frente a los reparos propuestos por el accionante, en punto a la supuesta pretermisi\u00f3n del material suasorio, omisiones en el decreto y pr\u00e1ctica de pruebas y errores en la caracterizaci\u00f3n del inmueble, es claro que en ejercicio de la funci\u00f3n constitucional que le asiste a la Sala, se verifico\u0301 el respeto de las garant\u00edas que le asiste a los afectados, aunado al examen integral de los elementos de juicio obrantes en el proceso, de acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica, seg\u00fan mandato del art\u00edculo 153 de la Ley 1708 de 2014 (Estatuto al cual fue homologada la actuaci\u00f3n), bajo cuyo rigor se tramito\u0301 la causa adelantada sobre el bien del petente\u00bb. <\/p>\n
III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia neg\u00f3 el amparo, al considerar que \u00abla parte actora no alego\u0301 al interior del proceso judicial la presunta lesi\u00f3n del debido proceso y derecho de defensa, por la aplicaci\u00f3n del tr\u00e1mite previsto en la Ley 1708 de 2014, y la falta de materializaci\u00f3n del secuestro del inmueble, lo cual torna improcedente la acci\u00f3n de tutela frente a esos hechos. No ocurre lo mismo en relaci\u00f3n con las dem\u00e1s conductas denunciadas como violatorias de dichos derechos fundamentales, a saber, falencias probatorias en la individualizaci\u00f3n del predio y omisi\u00f3n en el decreto de 5 testimonios\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00abla parte actora ni siquiera argumento\u0301 porque\u0301 la falta de materializaci\u00f3n de la medida cautelar de secuestro constituye un defecto procedimental trascedente, para dejar sin efecto las sentencias en su contra, y la Sala tampoco lo advierte de oficio, menos cuando las medidas cautelares son accesorias al objeto principal del proceso extintivo. Por tanto, se desestima un yerro procesal por esta circunstancia\u00bb. <\/p>\n
Sobre los testimonios que no se practicaron, explic\u00f3 que \u00abesa omisi\u00f3n se justifica v\u00e1lidamente en que i) la parte afectada no solicito\u0301 esas pruebas en el traslado previsto en el art\u00edculo 141 de la Ley 1708 de 2014, modificado por el art\u00edculo 43 de la Ley 1849 de 2017, ii) las declaraciones de esas personas ya hab\u00edan sido recaudadas en la fase inicial (Art. 142 i\u0301dem), y por tanto, pod\u00edan valorarse en virtud del principio de permanencia de la prueba (Art. 150 ejusdem)\u00bb. <\/p>\n
IV. IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 el gestor, quien reiter\u00f3 los argumentos expuestos en el escrito genitor. En concreto, reproch\u00f3 la omisi\u00f3n de la Fiscal\u00eda y del Juez Penal en decretar y practicar las pruebas, lo que \u00abprodujo un desequilibrio probatorio que pretend\u00edan que asumiera la parte m\u00e1s d\u00e9bil en el proceso\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Corresponde a la Sala establecer, si con ocasi\u00f3n de la determinaci\u00f3n proferida por la Sala Penal Especializada en Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el 14 de septiembre de 2020, que confirm\u00f3 lo resuelto por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Extinci\u00f3n de Dominio de la misma ciudad en prove\u00eddo del 28 de junio de 2019, se vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso y defensa de Henry Vicente Murcia Higuera. <\/p>\n
2. De entrada la Sala advierte la improcedencia del amparo deprecado. Ello pues, el promotor irrespet\u00f3 el principio de inmediatez, identificado como presupuesto necesario para su procedencia. Concretamente, a causa del lapso transcurrido desde el momento en que se profiri\u00f3 la providencia sobre la cual se recrimina el proceder del Tribunal accionado, esto es, el \u00ab14 de septiembre de 202012\u00bb, y la presentaci\u00f3n del resguardo, \u00abel 30 de abril de 2021\u00bb; es decir, pasaron m\u00e1s de seis (6) meses despu\u00e9s de haberse proferido la decisi\u00f3n cuestionada. <\/p>\n
Lo dicho resulta relevante, porque pese a no existir t\u00e9rmino de caducidad para invocar la \u00abprotecci\u00f3n constitucional\u00bb, s\u00ed se impone promoverla dentro de un plazo \u00abrazonablemente prudencial\u00bb, a efectos de que no se desnaturalice su raz\u00f3n de ser, que no es otra que el restablecimiento inmediato de los \u00abderechos fundamentales de la persona\u00bb, sobre todo cuando la urgencia se precisa para predicar lo grave del perjuicio y, justamente, por lo distante del hecho en el tiempo, se desestructura de suyo. <\/p>\n
Al respecto esta Sala ha reiterado: <\/p>\n
\u00abEn punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb. (CSJ STC, 29 Abr 2009, Rad. 2009-00624-00). <\/p>\n
Pese a lo anterior, la satisfacci\u00f3n del requisito de inmediatez debe analizarse en atenci\u00f3n a las circunstancias de cada caso en concreto. Es decir, puede ser flexible por razones que justifiquen la inactividad del accionante para impetrar la s\u00faplica, tales como interdicci\u00f3n, incapacidad f\u00edsica, minor\u00eda de edad, entre otras, o la permanencia en el tiempo de la amenaza de los derechos fundamentales del peticionario. As\u00ed lo ha se\u00f1alado la Corte Constitucional, en repetidas ocasiones, entre otras en sentencias, CC T-657 de 2008, CC-T-136 de 2007, CC T-246 de 2015, CC T-033 de 2010, en esta \u00faltima, resalt\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: <\/p>\n
\u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Bajo ese contexto, la Sala no evidencia la concurrencia de alguna de las causas que se han se\u00f1alado como eximentes del principio de inmediatez, pues, ni del escrito genitor o de impugnaci\u00f3n, no se avizora justificaci\u00f3n para la tardanza anotada. <\/p>\n
3. Por lo anterior, se confirmar\u00e1 la sentencia impugnada, pero por las razones expuestas. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 En las coordenadas N 05\u2019 40\u2019 52,1\u201d \u2013 W 74\u201933\u201927,3\u2019. <\/p>\n
2\u0002 Folios 1-10 en \u201cCUADERNOPRINCIPAL1\u201d Ib\u00edd. <\/p>\n
3\u0002 Folios 93 \u2013 96 Ib\u00edd. <\/p>\n
4\u0002 El 31 de enero de 2012. Folios 130-161 Ib\u00edd. <\/p>\n
5\u0002 Folios 246-260 Ib\u00edd. <\/p>\n
6\u0002 Folios 449-486 Ib\u00edd. <\/p>\n
7\u0002 Apoderada de <\/p>\n
8\u0002 Folio 489 Ib\u00edd. <\/p>\n
9\u0002 Folios 32-36 en \u201cCUADERNO PRINCIPAL 2\u201d Ib\u00edd. <\/p>\n
10\u0002 Folios 38-53 Ib\u00edd. <\/p>\n
11\u0002 Folios 3-5 en \u201cCUADERNO PRINCIPAL 3\u201d Ib\u00edd. <\/p>\n
12\u0002 La sentencia que confirm\u00f3 fue notificada por telegrama al gestor el 16 de septiembre de 2020. Folio 22 en \u201cSEGUNDA INSTANCIA TRIBUNAL\u201d en \u201c2018-085-2\u201d. Notificaci\u00f3n por estado del 25 de septiembre de 2021 -fl. 25-. <\/p>\n
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STC16334-2021 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC16334-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2021-00879-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de primero de diciembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00b0) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). La Corte decide la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[43],"tags":[],"class_list":["post-59988","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59988","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59988"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59988\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59988"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59988"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59988"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}