STC16336-2021 <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC16336-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-01313-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del primero de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se resuelven las impugnaciones que formularon la Sala Penal de Conjueces del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda y Daniel Eduardo L\u00f3pez Palencia frente a la sentencia de 8 de julio de 2021, proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 el Procurador 133 Judicial II Penal de Monter\u00eda contra la Sala de Conjueces mencionada, extensiva a los intervinientes en el proceso penal No. 23-001-60-00000-2013-00124. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El Procurador 133 Judicial II Penal de Monter\u00eda solicit\u00f3 que se deje sin efecto la providencia que resolvi\u00f3 la apelaci\u00f3n de la condena proferida en contra de los se\u00f1ores Robert de Jes\u00fas Montes L\u00f3pez y Daniel Eduardo L\u00f3pez Palencia (25 mayo 2021), para que, en su lugar, se ordene a la autoridad judicial accionada que proceda a resolver de fondo el recurso de alzada y reconocer en el mismo la extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal por prescripci\u00f3n de las conductas punibles que cursaron ese fen\u00f3meno. <\/p>\n
Como sustento f\u00e1ctico de su pretensi\u00f3n adujo que el Juzgado 4\u00ba Penal del Circuito de Monter\u00eda emiti\u00f3 fallo condenatorio en el proceso surtido contra Robert de Jes\u00fas Montes L\u00f3pez, Eduardo L\u00f3pez Palencia y otros, por los delitos de peculado por apropiaci\u00f3n, prevaricato por acci\u00f3n y otros (20 junio 2020). <\/p>\n
Precis\u00f3 que la referida decisi\u00f3n fue apelada por la partes y una de ellas aleg\u00f3 que la condena se impuso respecto de la comisi\u00f3n de delitos en los que ya hab\u00eda operado la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal. Se\u00f1al\u00f3 que, al decidir la alzada, la autoridad judicial dispuso declarar la nulidad de lo actuado para que el Juez de primera instancia se pronunciara sobre dicha prescripci\u00f3n; adem\u00e1s, adujo que contra esa determinaci\u00f3n no proced\u00eda recurso alguno (25 mayo 2021). <\/p>\n
A juicio del actor, la Sala accionada desconoci\u00f3 el precedente jurisprudencia que le impon\u00eda, al decidir el recurso de apelaci\u00f3n, reconocer el fen\u00f3meno de la extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal por prescripci\u00f3n y decidir sobre los dem\u00e1s t\u00f3picos objeto de recurso, tales como la solicitud de absoluci\u00f3n por atipicidad de la conducta, asignaci\u00f3n de pena por el concurso de delitos, la pena de multa asignada, sin que fuera procedente decretar la nulidad de lo actuado. <\/p>\n
2. La Sala Penal de Conjueces del Tribunal Superior de Monter\u00eda se\u00f1al\u00f3 que el amparo reclamado no cumple con el requisito de subsidiariedad, toda vez que la parte accionante tuvo la oportunidad de ejercer su derecho de contradicci\u00f3n a trav\u00e9s del recurso de apelaci\u00f3n, del cual, si bien hizo uso, no lo sustent\u00f3 en la oportunidad legalmente prevista. Tambi\u00e9n manifest\u00f3 que el actor no se encuentra legitimado en la causa para promover la acci\u00f3n de tutela, toda vez que este mecanismo debe ser promovido \u00aba nombre del sujeto cuyos derechos han sido amenazados o violados\u00bb sin que se haga menci\u00f3n a ello. <\/p>\n
De otro lado adujo que acceder a las pretensiones significar\u00eda vulnerar el derecho a la doble instancia de los sujetos procesales, \u00abya que no resultar\u00eda aplicable la teor\u00eda de la doble conformidad judicial, puesto que no existir\u00eda una primera condena de segunda instancia, sino que por el contrario se mantendr\u00eda la condena de primera instancia con la modificaci\u00f3n, la cual no podr\u00eda ser apelada por las partes (\u2026)\u00bb. Solicit\u00f3 negar las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
3. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia concedi\u00f3 el amparo reclamado, para lo cual se\u00f1al\u00f3 que la decisi\u00f3n de segunda instancia cuestionada se dict\u00f3 al margen de las normas procesales y de la jurisprudencia vigente, las cuales establecen que una vez se determine que oper\u00f3 la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal, el juez cognoscente debe decretar la cesaci\u00f3n de procedimiento en favor del procesado. En consecuencia dej\u00f3 sin efecto la sentencia proferida el 25 de mayo de 2021 por la Sala Penal de Conjueces del Tribunal Superior de esa ciudad, con el fin que dicha autoridad rehiciera la actuaci\u00f3n conforme al procedimiento de ley; adem\u00e1s, dispuso compulsar copias a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y a la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, para que, dentro del \u00e1mbito de sus competencias, investiguen la posible comisi\u00f3n de conductas punibles y disciplinarias en las que pudieron haber incurrido los titulares de los Juzgados 2\u00ba y 4\u00ba Penales del Circuito de Monter\u00eda, as\u00ed como la Sala de Conjueces aludida. <\/p>\n
4. La autoridad judicial accionada impugn\u00f3. Para tal fin adujo que el amparo reclamado por el Procurador 133 Judicial II de Monter\u00eda no cumple con el requisito de subsidiariedad toda vez que \u00e9l no hizo uso de los recursos de ley dentro del tr\u00e1mite judicial, habida cuenta que aunque indic\u00f3 que apelaba el fallo de primera instancia, nunca sustent\u00f3 el recurso. <\/p>\n
Adem\u00e1s, indic\u00f3 que no ha transgredido el derecho al debido proceso, ya que lo que pretendi\u00f3 fue garantizar el derecho de recurrir de las partes. De igual forma precis\u00f3 que los integrantes de la Sala no reciben remuneraci\u00f3n, por lo que conseguir unos defensores que los representen ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y ante la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, les causar\u00eda una erogaci\u00f3n econ\u00f3mica que desestimula el ejercicio de la labor judicial, m\u00e1xime si se tiene en cuenta que la prescripci\u00f3n alegada no se produjo con ocasi\u00f3n de su actividad. <\/p>\n
Daniel Eduardo L\u00f3pez Palencia tambi\u00e9n impugn\u00f3. Se\u00f1al\u00f3 que el Procurador accionante no puede cuestionar la sentencia emitida por el Tribunal, toda vez que no sustent\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n que promovi\u00f3 contra aquella; adem\u00e1s, se\u00f1al\u00f3 que no fue atendida su petici\u00f3n referente a que se compulsen copias contra el fiscal Alfredo Parada Ayala y el procurador, toda vez que desde el 5 de diciembre de 2019 sab\u00edan que en los 1619 delitos de falsedad en documento privado la acci\u00f3n penal se hallaba prescrita y, a pesar de ello, no le solicitaron al Juez 4\u00ba Penal del Circuito de Monter\u00eda que precluyera dicha investigaci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Circunscrita la Sala a lo alegado en las impugnaciones respectivas, delanteramente se anuncia que la decisi\u00f3n opugnada ser\u00e1 confirmada, toda vez que el amparo reclamado s\u00ed cumple con el requisito de subsidiariedad; adem\u00e1s, lo referente frente a la compulsa de copias debe ser dilucidado ante las autoridades penales y disciplinarias respectivas. <\/p>\n
Los censores coincidieron en se\u00f1alar que el Procurador 133 Judicial II no pod\u00eda promover el amparo constitucional en raz\u00f3n a que no sustent\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n que formul\u00f3 contra la sentencia emitida por el Juez 4\u00ba Penal del Circuito de Monter\u00eda. Al respecto debe memorarse que la subsidiariedad que rige la acci\u00f3n de tutela alude a que el auxilio se torna improcedente cuando quien lo reclama a\u00fan tiene a su alcance otros medios id\u00f3neos de defensa de sus intereses o cuando no hizo uso de ellos oportunamente. Sobre el particular la Corte ha precisado, <\/p>\n
(\u2026) el accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso (STC7730-2020 reiterada en STC2838-2021). <\/p>\n
En el caso objeto de estudio el actor cuestion\u00f3 el prove\u00eddo por medio del cual el Tribunal decret\u00f3 la nulidad de lo actuado, decisi\u00f3n frente a la cual no proced\u00eda recurso, es decir, que el requisito de subsidiariedad s\u00ed est\u00e1 satisfecho, m\u00e1xime si se tiene en cuenta que con la apelaci\u00f3n de la sentencia del juzgado no se hubiera podido cuestionar la actuaci\u00f3n procesal del Tribunal al ser esta una circunstancia sobreviniente que no pudo conocerse para ese momento. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como la residualidad exigida en este tr\u00e1mite se satisfizo por el procurador accionante, el reproche de los alzados cae al vac\u00edo. <\/p>\n
De otro lado, en lo que tiene que ver con la compulsa de copias ordenada y de la cual se duelen los integrantes de la Sala de Conjueces del Tribunal, debe se\u00f1alarse que las razones expuestas en el escrito de impugnaci\u00f3n deben ser presentadas directamente ante las autoridades penales y disciplinarias respectivas, quienes son las encargadas de determinar si hay lugar a imponer alguna sanci\u00f3n, ya que ellas no pueden ser analizadas por el juez de segunda instancia a fin de revocar la orden aludida, en tanto como se ha dicho en casos similares: <\/p>\n
\u00ab3. Esta Corporaci\u00f3n, mediante pronunciamientos CSJ AP2747\u20132014, CSJ ATP4913\u20132015, CSJ STP072\u20132017, AP1286-2017, CSJ ATP184-2018, ha se\u00f1alado sistem\u00e1ticamente la improcedencia de impugnar la compulsa de copias, por las siguientes razones: <\/p>\n
3.1. No hace parte del decisum del fallo atacado, pues es una actuaci\u00f3n de mero impulso que no es susceptible de recursos; y <\/p>\n
3.2. No significa la imposici\u00f3n de una sanci\u00f3n de naturaleza disciplinaria, pues ser\u00e1 la autoridad correspondiente, dentro del \u00e1mbito de sus competencias, la encargada de definir si adelanta o no investigaci\u00f3n alguna con fundamento en las copias compulsadas. <\/p>\n
4. Adem\u00e1s, sobre ese aspecto, en sentencia CSJ SP5200 \u2013 2014, se expres\u00f3: <\/p>\n
[C]uando en el tr\u00e1mite de los procesos los operadores judiciales encuentran hechos diferentes a los investigados o juzgados que en su criterio pueden configurar delitos o faltas disciplinarias investigables de oficio, resulta viable que informen tal situaci\u00f3n a la autoridad competente a trav\u00e9s de la compulsa de copias, decisi\u00f3n que no es recurrible, \u201cno s\u00f3lo por constituir un aspecto colateral, sino porque cualquier controversia sobre la viabilidad de iniciar o no la acci\u00f3n a que hubiere lugar, corresponde dirimirla al funcionario competente y no al que, en cumplimiento de su deber legal, se limita simplemente a informarlo\u201d (Cfr. CSJ AP del 6 de septiembre de 2000, Rad. No. 16725; 28 de abril de 1992, Rad. No. 3525; 11 de mayo de 1994, Rad. No. 8989; 17 de agosto de 2000, Rad. No. 15862, \u00e9nfasis agregado)\u00bb (CSJ STC9268-2020, STC5701-2021). <\/p>\n
Ahora, no pierde de vista la Sala que en algunos asuntos se ha accedido a revocar la compulsa de copias; no obstante, ello ha obedecido a que las razones que la motivaron resultan ser abiertamente controversiales en tanto existen diferentes posturas al respecto (CSJ STC3003-2020); empero, esa particular circunstancia en este caso no se constata, dado lo pac\u00edfico de la postura de la Sala de Casaci\u00f3n Penal en relaci\u00f3n con la tem\u00e1tica abordada en primera instancia. <\/p>\n
En el mismo sentido, si Daniel Eduardo L\u00f3pez Palencia considera que el Fiscal Alfredo Parada Ayala y el procurador accionante incurrieron en alguna falta disciplinaria o penal, deben elevar las quejas que estimen pertinentes ante las autoridades respectivas. Reiteradamente esta Corporaci\u00f3n ha indicado que: <\/p>\n
(\u2026) si el aqu\u00ed convocante estima que alguno de los intervinientes incurri\u00f3 en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, est\u00e1 facultado para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haci\u00e9ndose por supuesto responsable de su gesti\u00f3n y consecuencias. (STC1415-2021). <\/p>\n
En virtud de lo expuesto y comoquiera que no existen reparos adicionales contra la decisi\u00f3n de primer grado, se ratificar\u00e1 el veredicto opugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de naturaleza, procedencia y fecha conocidas. <\/p>\n
Notif\u00edquese lo as\u00ed resuelto a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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