STC16337-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16337-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-05-000-2020-01313-03 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de primero de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00b0) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el 2 de febrero de 2021 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas No. 2 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la acci\u00f3n constitucional promovida, mediante apoderado judicial, por Jaime Garc\u00eda contra la Alcald\u00eda Mayor de Bogot\u00e1, el Fondo de Prestaciones Sociales del Distrito Capital -FONCEP- y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en actuaci\u00f3n que se hizo extensiva a la Sala de Descongesti\u00f3n N.\u00b0 1 de Casaci\u00f3n Laboral de la misma Corporaci\u00f3n. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular al Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, la Sala Laboral de Descongesti\u00f3n del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad, las partes e intervinientes en el proceso laboral ordinario de radicado 54371, as\u00ed como al Juzgado Once Laboral del Circuito de Bogot\u00e1. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor demand\u00f3 la salvaguarda de sus derechos fundamentales a la vida, dignidad humana, m\u00ednimo vital, igualdad, seguridad social en salud y pensiones, presuntamente vulnerados por las accionadas. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y lo allegado se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. El actor naci\u00f3 el 23 de septiembre de 1960 y cumpli\u00f3 50 a\u00f1os el 23 de septiembre de 2010. Labor\u00f3 como trabajador oficial en la Empresa Distrital de Servicios P\u00fablicos, en adelante -EDIS-, desde el 18 de junio de 1979 hasta el 31 de agosto de 1994, cuando, mediante Resoluci\u00f3n 3462 de 1994, se dio por terminado su contrato laboral. <\/p>\n
2.2. Con ocasi\u00f3n de su despido inici\u00f3 un proceso laboral contra la EDIS, en liquidaci\u00f3n y el Distrito de Bogot\u00e1, que correspondi\u00f3 al Juzgado Once Laboral del Circuito de la misma ciudad, bajo el radicado 4568\/1996, el cual, mediante fallo del 3 de diciembre de 1997, le otorg\u00f3 la pensi\u00f3n sanci\u00f3n, con cargo al Distrito Capital, y fundamentado en lo consagrado \u00aben el art\u00edculo 8\u00ba del Decreto Ley 171 de 1961 y el art\u00edculo 74 del Decreto 1848 de 1969\u00bb. <\/p>\n
2.3. La Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, por pronunciamiento del 18 de septiembre de 1998, revoc\u00f3 la decisi\u00f3n del a quo, al considerar que la norma aplicable era el art\u00edculo 133 de la Ley 100 de 1993, no la se\u00f1alada en primera instancia, fallo contra el cual se interpuso el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, que \u00abfue declarado desierto por falta de sustento por el apoderado, en tanto hab\u00eda fallecido para ese momento\u00bb. <\/p>\n
2.4. Posteriormente volvi\u00f3 a instaurar un proceso ordinario laboral contra el Distrito de Bogot\u00e1 -Secretar\u00eda de Hacienda, Fondo de Pensiones P\u00fablicas de Bogot\u00e1-, con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n sanci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 8\u00b0 de la Ley 171 de 1961, a partir de la fecha en que cumpli\u00f3 50 a\u00f1os y, subsidiariamente, que se condenara al pago de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n, en los t\u00e9rminos del r\u00e9gimen de transici\u00f3n establecido en el art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993. <\/p>\n
2.5. El asunto fue asignado al Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, bajo el radicado 2008\/356, el cual, por fallo del 15 de febrero de 2010, \u00abacogi\u00f3 la excepci\u00f3n de cosa juzgada, que propuso la demandada, denegando las pretensiones\u00bb, decisi\u00f3n que apel\u00f3 y que la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 confirm\u00f3 el 29 de julio de 2011. <\/p>\n
2.6. Frente a esa decisi\u00f3n interpuso el recurso extraordinario de casaci\u00f3n y la Sala de Descongesti\u00f3n No. 1 de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, por sentencia SL1294-2018 del 25 de abril de 2018, no cas\u00f3 el fallo de segunda instancia. <\/p>\n
2.7. Nuevamente instaur\u00f3 una demanda ordinaria laboral, \u00abresaltando la existencia del derecho a la PENSION SANCION, por la forma del retiro que lo fue sin justa causa, ya reconocido por los Juzgados y el tribunal y por haber completado m\u00e1s de quince a\u00f1os de servicio\u00bb, que fue conocida por el \u00abJuzgado Veintis\u00e9is Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, radicado bajo el No. 2018\/564, que mediante fallo del 14 de noviembre de 2018 absolvi\u00f3 a la demandada, basado en la excepci\u00f3n de cosa juzgada\u00bb, decisi\u00f3n que fue apelada y confirmada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el 10 de junio de 2020. <\/p>\n
2.8. Al respecto, el tutelante argument\u00f3 que \u00abTodos los despachos han basado sus decisiones a partir de la emisi\u00f3n del fallo del HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA SALA LABORAL, que dio en REVOCAR la sentencia del JUZGADO ONCE LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTA, para negar el derecho al accionante, por lo cual ya no se encuentran m\u00e1s acciones ordinarias por adelantar y el derecho a\u00fan se encuentra vigente por el fen\u00f3meno de la IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LAS PENSIONES\u00bb. <\/p>\n
2.9. Advirti\u00f3 que las accionadas, en particular el Tribunal, incurrieron en v\u00edas de hecho, a saber: <\/p>\n
\u00abi) (\u2026) por defecto f\u00e1ctico absoluto: Cuando determina una norma que no entraba a regir para el DISTRITO CAPITAL, incurre en ese yerro grav\u00edsimo, toda vez que no pod\u00eda dar aplicaci\u00f3n a una norma no existente al momento del despido del trabajador, no hay ultractividad en la norma. <\/p>\n
ii) (\u2026) por consecuencia: Determin\u00f3 la revocatoria de la PENSION SANCION al trabajador, por considerar que era aplicable la LEY 100 DE 1993 y no el art\u00edculo 8\u00ba. De la Ley 171 de 1961, cuando en otras providencias ha se\u00f1alado que s\u00ed era procedente… <\/p>\n
iii) (\u2026) por defecto sustancial o material: Vemos que el Honorable Tribunal, no tuvo consideraciones de fondo para la definici\u00f3n de su negativa, simplemente se bas\u00f3 a que no le aplicaba la norma realmente vigente esto es el art\u00edculo 8 de la Ley 171 de 1961, sino que por el contrario hizo prevalecer su arbitraria decisi\u00f3n [\u2026]. <\/p>\n
iv) PROBANZA DE LA DESIGUALDAD MATERIAL ENTRE IGUALES: <\/p>\n
Al respecto encontramos pronunciamientos, de la Honorable Corte Suprema de Justicia, referidos al mismo tema de la pensi\u00f3n sanci\u00f3n, de la misma empresa y de los trabajadores despedidos en las mismas condiciones que el hoy accionante, (casaci\u00f3n 14328 ROJAS DIAZ VS. EDIS \u2013 SALA DE CASACION LABORAL [\u2026], que resolvi\u00f3 NO CASAR la sentencia que recurri\u00f3 la demandada por haber sido concedida la pensi\u00f3n en las dos instancias anteriores. <\/p>\n
[\u2026]. En el mismo sentido se pronunci\u00f3 el Honorable Tribunal Superior de Bogot\u00e1 [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, el promotor solicit\u00f3 el amparo de las garant\u00edas fundamentales reclamadas y que se ordene a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, i) \u00abla revisi\u00f3n de las razones jur\u00eddicas (\u2026) del desconocimiento del derecho aplicable al accionante, en cuanto al fallo del 18 de septiembre de 1998, por el cual le revoc\u00f3 la PENSION SANCION\u00bb; ii) \u00abQue se revoque por su despacho el fallo emitido por el HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA (sic) SALA LABORAL, el 18 de septiembre de 1998, que ha sido la base para que los dem\u00e1s despachos, emitan siempre fallos negativos en contra del trabajador\u00bb; y iii) \u00abQue con base en las normas realmente aplicables para el momento del retiro del trabajador, esto es el art\u00edculo 8\u00ba. De la Ley 171 de 1961 y art\u00edculo 74 del decreto 1948 de 1969, una vez revocado el fallo del Honorable Tribunal y las Resoluciones de negativa, se reconozca y ordene el pago de la PENSION SANCION a cargo de la entidad FONCEP\u00bb. <\/p>\n
II. LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Descongesti\u00f3n N\u00b0.1 de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia manifest\u00f3 que \u00abla decisi\u00f3n controvertida fue emitida el 25 de abril de 2018, aprobada mediante acta n\u00b0 11 y notificada a las partes, por medio de edicto de fecha 2 de mayo de dicha anualidad. Sin embargo, la acci\u00f3n de tutela fue admitida mediante auto del 18 de enero de 2021, esto es, luego de transcurrido m\u00e1s de 1 a\u00f1o y 8 meses de proferida la providencia judicial que se cuestiona, lo que, de entrada, descarta la urgencia e inminencia del amparo pretendido\u00bb. Destac\u00f3 que el presente asunto \u00abtampoco cumple con los requisitos especiales de procedibilidad de la acci\u00f3n, pues no se aprecia que esta Corte haya incurrido en un defecto de car\u00e1cter f\u00e1ctico o material o que la decisi\u00f3n cuestionada se hubiese proferido sin fundamento alguno\u00bb. <\/p>\n
A su vez, se\u00f1al\u00f3 que, a pesar de que en el recurso de casaci\u00f3n se advirtieron falencias t\u00e9cnicas que comprometieron la prosperidad del ataque, el Tribunal neg\u00f3 las pretensiones de la demanda, por haber operado el fen\u00f3meno de la cosa juzgada, dado que el actor, en un proceso anterior, hab\u00eda incluido, entre otras pretensiones, el reconocimiento de la pensi\u00f3n sanci\u00f3n, la cual nuevamente reclamaba. <\/p>\n
Por \u00faltimo, afirm\u00f3 que no se aprecia que haya vulnerado los derechos fundamentales del tutelante y que lo pretendido por \u00e9ste era revivir una discusi\u00f3n que ya hab\u00eda sido objeto de pronunciamiento judicial previo, por lo que, si ya exist\u00eda un fallo en el que se adopt\u00f3 una decisi\u00f3n definitiva sobre el tema, no era admisible cuestionarla a trav\u00e9s de la instauraci\u00f3n de otro proceso similar. <\/p>\n
2. El se\u00f1or Nelson Javier Ot\u00e1lora Vargas, vinculado al amparo, sostuvo que no se cumpl\u00eda con el postulado de la inmediatez. Igualmente, que con esta acci\u00f3n se vulneraba el requisito de la subsidiariedad, toda vez que \u00abNo se acredita (\u2026) prueba alguna de la fuerza mayor o el caso fortuito que le impidi\u00f3 al accionante, haber tramitado el recurso de casaci\u00f3n interpuesto, que permita de manera excepcional la aplicaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela, en la infirmaci\u00f3n de la sentencia que luego de veinte a\u00f1os recurre\u00bb, resaltando que, ante la muerte del apoderado judicial, Jaime Garc\u00eda pudo constituir un nuevo apoderado para continuar el proceso e impedir que el recurso fuera declarado desierto. <\/p>\n
Finalmente, aleg\u00f3 la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el amparo, al establecer que, \u00abaun teniendo por superado el presupuesto de inmediatez en la proposici\u00f3n del amparo, por tratarse de una reclamaci\u00f3n que involucra un derecho pensional, la Sala encuentra que no se satisface el requisito de subsidiariedad, habida cuenta que el actor no agot\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n contra la decisi\u00f3n de segunda instancia, que ahora reprueba, pues si bien, su apoderado interpuso en tiempo el recurso extraordinario, el mismo fue declarado desierto por falta de sustentaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Precis\u00f3 que \u00abLa omisi\u00f3n puesta de presente permiti\u00f3 que el fallo de segunda instancia cobrara firmeza e impidi\u00f3 que la Sala de Casaci\u00f3n Laboral abordara el estudio de los argumentos que ahora el actor pone de manifiesto, en torno a la normatividad aplicable y a la procedencia de la prestaci\u00f3n reclamada, los que fueran reiterados en las siguientes demandas ordinarias promovidas y desestimados por haber operado la excepci\u00f3n de cosa juzgada\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 el accionante, quien reiter\u00f3, a trav\u00e9s de su apoderado, lo dicho en el escrito inicial de tutela. Lo anterior, dado que manifest\u00f3 que la pensi\u00f3n sanci\u00f3n que le hab\u00eda sido otorgada por el Juzgado Once Laboral de Bogot\u00e1, (rad. 4568\/1996), con fundamento en lo consagrado en los art\u00edculos 8\u00ba del Decreto Ley 171 de 1961 y 74 del Decreto 1848 de 1969, le fue revocada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de la citada ciudad, mediante un \u00ababsurdo fallo [\u2026] al considerar sin raz\u00f3n cierta, que la norma aplicable es el art\u00edculo 133 de la Ley 100 de 1993\u00bb. <\/p>\n
De otra parte, resalt\u00f3 que el hecho de no haberse instaurado el recurso de casaci\u00f3n en el proceso primigenio era \u00abalgo que debe sopesarse bajo el argumento de que no es el accionante el responsable de esa falta sino su apoderado, que nunca advirti\u00f3 que iba a fallecer, para que le hiciera saber cu\u00e1l era el procedimiento en tal caso y el trabajador, ignorante de estas lides judiciales, solo atin\u00f3 a nombrar otro apoderado para la defensa de sus derechos ante la declaratoria de desierto del recurso\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el caso sub examine, el actor pretende que se ordene a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 que revise \u00ablas razones jur\u00eddicas (\u2026) del desconocimiento del derecho aplicable al accionante, en cuanto al fallo del 18 de septiembre de 1998\u00bb, que se revoque la sentencia emitida por ese colegiado y \u00abse reconozca y ordene el pago de la PENSION SANCION a cargo de la entidad FONCEP\u00bb. <\/p>\n
2. Aclara la Sala que, si bien los cuestionamientos del actor hacen referencia a la sentencia de segunda instancia proferida en el primigenio proceso por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, lo cierto es que tambi\u00e9n se extienden a la determinaci\u00f3n adoptada por la Sala de Descongesti\u00f3n N\u00b0. 1 de Casaci\u00f3n Laboral, en la medida en que abord\u00f3 el tema de la pensi\u00f3n sanci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
3. Pues bien, la jurisprudencia de la Sala ha manifestado que la tutela no es la v\u00eda id\u00f3nea para controvertir providencias judiciales. S\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esta herramienta extraordinaria, en los casos en que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00, citada en CSJ STC6666-2019 May. 28 de 2019, rad. 2019-00592-01). <\/p>\n
Lo anterior, en aras de mantener indemnes los principios previstos por los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, puesto que al juez constitucional no le es permitido inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar los pronunciamientos proferidos o para disponer que se elaboren de cierta manera. <\/p>\n
4. Del escrutinio del decurso procesal se evidencia que la Sala de Descongesti\u00f3n convocada, al desatar el recurso de casaci\u00f3n instaurado en el segundo de los procesos laborales promovidos por el actor, dispuso no casar la decisi\u00f3n del Tribunal, dado que, luego de advertir algunas falencias t\u00e9cnicas que comprometieron la prosperidad del ataque, estableci\u00f3 que dicha colegiatura hab\u00eda negado las pretensiones de la demanda, por haber operado el fen\u00f3meno de la cosa juzgada, puesto que el demandante, en un proceso previo, hab\u00eda incluido, entre otras pretensiones, el reconocimiento de la pensi\u00f3n sanci\u00f3n, que nuevamente reclamaba. <\/p>\n
Sostuvo que, aunque el recurrente resalt\u00f3 que no se estaba ante un evento de cosa juzgada, dado que \u00abla demanda se dirige contra entidades distintas; (\u2026) no existe identidad entre ellas y las pretensiones formuladas en cada uno de los casos son diferentes\u00bb, lo cierto era que, pese a que \u00aben la primera ocasi\u00f3n el proceso se promovi\u00f3 en contra de Bogot\u00e1 D.C. y la Empresa Distrital de Servicios EDIS y en \u00e9sta oportunidad, s\u00f3lo se instaur\u00f3 contra la primera, ello se explica en virtud de la liquidaci\u00f3n a la que fue sometida \u00e9sta \u00faltima entidad, tal y como lo admiti\u00f3 el actor en la demanda inicial\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, adujo que el fundamento f\u00e1ctico en ambas demandas era el mismo, toda vez que se indicaba que \u00abel actor labor\u00f3 en la empresa distrital de servicios p\u00fablicos durante m\u00e1s de 15 a\u00f1os y que el 30 de agosto de 1994 (\u2026) su contrato se dio por terminado, de forma unilateral y sin justa causa, circunstancias que evidencian que la vinculaci\u00f3n en esta oportunidad de Bogot\u00e1 D.C. s\u00f3lo se justifica en la medida en que es la entidad que, en virtud de la ley, ser\u00eda la responsable de asumir el pasivo pensional al que fuera condenado el antiguo empleador\u00bb. <\/p>\n
En cuanto a lo referido en las pretensiones, afirm\u00f3 que en las dos acciones judiciales instauradas el accionante \u00abpersigui\u00f3 el reconocimiento de la pensi\u00f3n sanci\u00f3n, situaci\u00f3n que no se desvirt\u00faa por el hecho de que en el primer proceso se hubieran incluido otras peticiones aparte de la referida, pues lo que, en estricto sentido, hace que se configure la excepci\u00f3n de cosa juzgada es que exista un pronunciamiento previo sobre un mismo asunto, dirigido ante la misma accionada y fundado en iguales supuestos de hecho f\u00e1cticos y jur\u00eddicos, sin consideraci\u00f3n a que cada una de las pretensiones se demanden o no de forma independiente, pues ello supondr\u00eda tantas acciones como peticiones reclamadas. Como quiera que el Tribunal, aparte de las otras solicitudes, se pronunci\u00f3 expresamente sobre la pensi\u00f3n sanci\u00f3n del demandante, esa circunstancia qued\u00f3 resuelta e hizo tr\u00e1nsito a cosa juzgada, raz\u00f3n por la que el Tribunal no pod\u00eda abordar un nuevo an\u00e1lisis\u00bb, respaldando dicha postura con lo expuesto en las sentencias CSJ SL913-2013 y CSJ SL rad. 35722, 17. jun. de 2009. <\/p>\n
Adicionalmente, refiri\u00f3 que no se pod\u00eda aceptar la existencia de causa diferente \u00absolo porque se pretenda que el juez analice el asunto bajo una normativa distinta a la que fue objeto de estudio por el Tribunal en la primera oportunidad, puesto que es deber del juez, conforme al principio iura novit curia, la aplicaci\u00f3n del derecho con prescindencia del invocado por las partes, constituyendo tal prerrogativa un deber para el juzgador, a quien incumbe la determinaci\u00f3n correcta del derecho, debiendo discernir los conflictos litigiosos y dirimirlos seg\u00fan el derecho vigente, calificando, aut\u00f3nomamente, la realidad del hecho y subsumi\u00e9ndolo en las normas jur\u00eddicas que lo rigen\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, concluy\u00f3 que \u00abel que un derecho sea imprescriptible no significa que sobre \u00e9l no quepa hacer un pronunciamiento definitivo o que la imprescriptibilidad determine que los fallos que sobre \u00e9l se profieran s\u00f3lo tengan cosa juzgada formal, pues dicha circunstancia supone simplemente que nunca decae la posibilidad de reclamarlo, pero una vez demandando y emitido el pronunciamiento judicial que lo defina, la decisi\u00f3n que al efecto se profiera resuelve de manera definitiva la respectiva controversia, impidiendo que los funcionarios judiciales conozcan, tramiten y fallen de nuevo sobre lo ya resuelto\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, dicha providencia no revela arbitrariedad o desmesura, por lo que no es posible acceder a la protecci\u00f3n constitucional, pues -se insiste- la sola divergencia conceptual no es fuente de amparo, porque, aunque se comparta o no la hermen\u00e9utica utilizada por el juzgador, \u00abello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterada entre otras en STC2293-2018, 22 feb. 2018, rad. 2017-00427-01). <\/p>\n
Por tanto, la inconformidad con lo decidido no amerita la intervenci\u00f3n del juez de tutela, ya que, como lo ha reiterado la Sala, no constituyen causal de procedencia del resguardo \u00ablas meras discrepancias que se tengan con las interpretaciones normativas y las apreciaciones probatorias en las decisiones judiciales, por ser ello de competencia de los jueces\u00bb (CSJ STC, 19 may. 2011, Rad. 00106-01, citada en STC10081-2015, STC728-2016 y STC1496-2016), pues al operador constitucional \u00able est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (CSJ STC, 20 sep. 2013, Rad. 00297-01, reiterada en STC10726-2015, STC1496-2016). <\/p>\n
Asimismo, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que el juez constitucional \u00abno es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb y que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC, 7 mar. 2008, Rad. 00514-01, mencionada en STC11086-2015 y STC1512-2016). <\/p>\n
5. De otra parte, frente a la queja del accionante contra la determinaci\u00f3n emitida el 18 de septiembre de 1998 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, se encuentra que el se\u00f1or Garc\u00eda no agot\u00f3 el recurso que ten\u00eda a su alcance para controvertir dicha decisi\u00f3n, es decir, el de casaci\u00f3n, y aunque su apoderado lo interpuso en tiempo, lo cierto es que fue declarado desierto, por falta de sustentaci\u00f3n, omisi\u00f3n que a la postre permiti\u00f3 que el fallo de segunda instancia cobrara firmeza e impidi\u00f3 que la Sala de Casaci\u00f3n Laboral abordara el estudio de los argumentos que ahora el actor pone de manifiesto. <\/p>\n
Sobre el particular, la Corte ha establecido que: <\/p>\n
\u00abcuando hay descuido de las partes en el empleo de las defensas frente a las decisiones judiciales, es vedado para el Juez de tutela penetrar en las cuestiones procedimentales que informan los tr\u00e1mites respectivos, pues a este amparo, eminentemente subsidiario, s\u00f3lo es dable acudir cuando no se ha tenido otra posibilidad judicial’ de resguardo; adem\u00e1s, si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria\u00bb (CSJ STC, 26 ene. 2011, Rad. 00027-00. Reiterado en CSJ STC8093-2020. Oct. 2 de 2020. Rad. 2020-00119-01). <\/p>\n
Aunado a ello, en cuanto al argumento del tutelante, quien indic\u00f3 que no sustent\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n, porque su abogado falleci\u00f3, se advierte que dicha cuesti\u00f3n que no viabiliza la acci\u00f3n de tutela. Adem\u00e1s, al respecto, el art\u00edculo 168 (numeral 2) del CPC, vigente para el momento de los hechos, dispon\u00eda que la muerte del apoderado de alguna de las partes era causal de interrupci\u00f3n del proceso y, en todo caso, el se\u00f1or Garc\u00eda pudo haber conferido poder a otro abogado, para que asumiera su defensa y sustentara la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
6. De conformidad con lo discurrido, se confirmar\u00e1 el fallo objeto de reclamo. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC16337-2021 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado ponente STC16337-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-05-000-2020-01313-03 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de primero de diciembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00b0) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[43],"tags":[],"class_list":["post-59991","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59991","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59991"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59991\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59991"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59991"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59991"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}