STC16343-2021<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC16343-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba11001-02-04-000-2021-01825-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del primero de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (01) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se desata la impugnaci\u00f3n formulada por Eduardo Jes\u00fas Pardo Porto contra el fallo de 28 de septiembre de 2020, de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que le instaur\u00f3 a la Sala Penal del Tribunal Superior, el Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento y el Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad, todos de Cartagena, con vinculaci\u00f3n de las partes e intervinientes en la causa n\u00b0 2010-08472. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El accionante pidi\u00f3 \u00abi) se declare la nulidad parcial de las sentencias [de instancia] y [los interlocutorios], en lo atinente a la negaci\u00f3n de la medida de la sustituci\u00f3n de la pena de prisi\u00f3n en establecimiento carcelario por prisi\u00f3n domiciliaria (\u2026); ii) ordenar al Juez Tercero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Cartagena, que (sic) conceder la sustituci\u00f3n de la pena de prisi\u00f3n en establecimiento carcelario (\u2026) para que cumpla la pena impuesta en el lugar de su domicilio\u00bb. <\/p>\n
De los medios suasorios adosados y del escrito inaugural se extrae que el Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cartagena conden\u00f3 al promotor a 10 a\u00f1os de prisi\u00f3n al hallarlo responsable en grado de coautor\u00eda del delito de estafa agravada en concurso homog\u00e9neo sucesivo, sin que le concediera la suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la pena, ni el sustituto de prisi\u00f3n domiciliaria (15 may. 2018). Apelaron el representante de las v\u00edctimas y el actor. El Tribunal revoc\u00f3 parcialmente el prove\u00eddo y modific\u00f3 la sanci\u00f3n a 130 meses de tratamiento intramural, en lo dem\u00e1s la confirm\u00f3 (28 ag. 2019). <\/p>\n
Con posterioridad, inst\u00f3 ante el juez que vigila la pena el otorgamiento del subrogado de prisi\u00f3n domiciliaria, pero fue negado (11 may. 2020), frente a lo cual interpuso apelaci\u00f3n; no obstante, el Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cartagena ratific\u00f3 esa decisi\u00f3n (29 jun. 2021). <\/p>\n
Se doli\u00f3 de que en los fallos de instancia los convocados incurrieron en indebida valoraci\u00f3n probatoria y no se aplic\u00f3 el principio de favorabilidad, ya que se encontraba vigente la Ley 1709 de 2014 y que el juez de la ejecuci\u00f3n dio una \u00abindebida aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 38B de la ley 906 de 2004\u00bb. <\/p>\n
2.-La Magistratura encartada se remiti\u00f3 a las consideraciones expuestas en el veredicto de segundo grado, frente al cual alert\u00f3 que el quejoso no acudi\u00f3 a casaci\u00f3n. Ricardo Morales Cano dijo que en el ruego no se cumpl\u00edan los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad. No hubo m\u00e1s intervenciones. <\/p>\n
3.-El a quo no otorg\u00f3 la salvaguarda por ausencia de inmediatez y subsidiariedad en la medida que \u00abla \u00faltima decisi\u00f3n censurada por el accionante fue proferida el 28 de agosto de 2019; es decir hace m\u00e1s de dos (2) a\u00f1os (\u2026)\u00bb, y, adem\u00e1s, no agot\u00f3 el mecanismo que era adecuado para analizar las censuras que actualmente presenta. Agreg\u00f3 que cuenta igualmente con la posibilidad de acudir a la acci\u00f3n de revisi\u00f3n. Frente a lo resuelto por el juez ejecutor en lo atinente al subrogado de sustituci\u00f3n del tratamiento intramural hall\u00f3 la razonabilidad en las determinaciones que en ese sentido se adoptaron. <\/p>\n
4.-El promotor recurri\u00f3 e insisti\u00f3 en que la trasgresi\u00f3n de sus derechos fundamentales persiste. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Revisado el plenario, pronto se advierte que el ruego no puede abrirse paso y, por tanto, debe prohijarse el veredicto confutado al observarse la falta de subsidiariedad que impide el estudio de fondo de lo planteado. <\/p>\n
Ello, porque si el promotor entiende que las determinaciones reprochadas no se encontraban ajustadas a la ley, estaba habilitado para interponer el \u00abrecurso extraordinario de casaci\u00f3n\u00bb contra el veredicto del Tribunal, herramienta id\u00f3nea dispuesta por el legislador para plantear sus discrepancias en ese proceso y de la que no hizo uso, sin que sean de recibo las excusas planteadas en la impugnaci\u00f3n, en el sentido de que por la falta de postulaci\u00f3n \u00abno por ello debe ser autom\u00e1tica la improcedencia\u00bb. <\/p>\n
Esta Sala, sobre el tema ha se\u00f1alado que <\/p>\n
(\u2026) cuando hay [negligencia] de las partes en el empleo de las defensas frente a las decisiones judiciales, es vedado para el Juez de tutela penetrar en las cuestiones procedimentales que informan los tr\u00e1mites respectivos, pues a este amparo, eminentemente subsidiario, s\u00f3lo es dable acudir cuando no se ha tenido otra posibilidad \u201cjudicial\u201d de resguardo; adem\u00e1s, si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria(CSJ STC8267-2016, STC12867-2018, citada en STC8099-2021). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no puede admitirse que a trav\u00e9s de esta especial justicia se irrogue la soluci\u00f3n de cuestiones que correspond\u00eda dirimir al juez natural y que no se adelant\u00f3 porque el disconforme se abstuvo de utilizar el remedio extraordinario aludido. <\/p>\n
Ahora, en lo que respecta a lo resuelto por el juez que actualmente vigila la pena que neg\u00f3 la prisi\u00f3n domiciliaria peticionada por el accionante con fundamento en el art\u00edculo 38B de la Ley 599 de 2000, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto la determinaci\u00f3n que se tom\u00f3 no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y, por ende, no tiene aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores de quien promovi\u00f3 la queja constitucional. <\/p>\n
En efecto, para fundamentar su decisi\u00f3n el accionado manifest\u00f3 que en aras de resolver la controversia se hac\u00eda necesario el estudio del precepto legal que rige el asunto, por ello infiri\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) esta modalidad domiciliaria (38 B del C\u00f3digo Penal) fue descartada en el fallo condenatorio por el factor objetivo, – de \u00e9sta circunstancia se ocupa el petente, estimando que el fallador err\u00f3 en ese sentido-, sin que sea dable en estos momentos ni en este escenario entrar a dilucidarlo, al considerar como fundamento jur\u00eddico para su negativa, que la pena del delito por el que se conden\u00f3 excede la pena m\u00ednima de los 8 a\u00f1os de prisi\u00f3n, teniendo en cuenta la concurrencia del concurso homog\u00e9neo y sucesivo de conductas punibles, en este caso, se trat\u00f3 de la ESTAFA AGRAVADA. De hecho, al analizar el contexto del art\u00edculo 38 B del C\u00f3digo penal, el sentenciador advirti\u00f3 que los topes punitivos que establece la legislaci\u00f3n para el punible enrostrado, se superaban con respecto al sustituto. <\/p>\n
En efecto, la petici\u00f3n elevada hoy, fue materia de pronunciamiento en la sentencia de condena, con el referente de la exigencia objetiva aludida; recordando que la conducta punible cobija el comportamiento t\u00edpico con las circunstancias gen\u00e9ricas y espec\u00edficas que lo califican o privilegian; entendi\u00e9ndose que, el tiempo previsto por dicha norma corresponde al de la sanci\u00f3n m\u00ednima del delito, incluyendo los dispositivos amplificadores que incrementan o disminuyen la punibilidad, de manera particular; en otras palabras, se impone tener en cuenta aquellas circunstancias que modifiquen los extremos punitivos, ampli\u00e1ndolos o reduci\u00e9ndolos (…). <\/p>\n
Para concluir que, <\/p>\n
(\u2026) el Despacho ejecutor encuentra infundadas las argumentaciones de los recurrentes: Primero, dado su pronunciamiento concreto por el juez de primera instancia, en ese preciso sentido; que confirm\u00f3 integralmente el H. Tribunal de Distrito Judicial de Cartagena. Segundo, que el instituto sustitutivo de la pena referido al art\u00edculo 461 contenido en la Ley 906 de 2.004, que remite al art\u00edculo 314 ib\u00eddem, es potestad del Juez de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad, respecto a las hip\u00f3tesis que surjan posteriormente a la ejecutoria del fallo, competencia que se extiende, cuando las instancias no se han pronunciado sobre la prisi\u00f3n domiciliaria, siempre frente al art\u00edculo 38 del C\u00f3digo Penal, con las exigencias propias de esa instituci\u00f3n. <\/p>\n
Las circunstancias precedentes a la decisi\u00f3n recurrida no han variado, el contexto de inconformidad no modifica los pernoctados en que se radic\u00f3 dicha decisi\u00f3n y por lo dem\u00e1s, hoy por hoy, los sentenciados est\u00e1n cobijados por una medida sustitutiva de la misma naturaleza \u2013residencial- que ellos mismos tuvieron ocasi\u00f3n y oportunidad de pedir en sobrado derecho (El resaltado es del texto). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, independientemente de que se acojan o no las anteriores conclusiones, lo cierto es que no se les puede atribuir defecto alguno y, menos, calificarlas de arbitrarias o caprichosas, toda vez que, como se dijo, fueron fruto de una ex\u00e9gesis respetable del marco normativo que lo regula; labor en la que no es viable interferir, en virtud de la autonom\u00eda propia de los funcionarios(CSJ SC, sentencia de 5 de abril de 2010, exp. 00006-01, reiterada en STC4613-2021). <\/p>\n
En este orden de ideas, deber\u00e1 convalidarse el veredicto opugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la Constituci\u00f3n, resuelve CONFIRMAR la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Notif\u00edquese lo decidido por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
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