STC16345-2021<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC16345-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-00058-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se desata la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 21 de junio de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que Uriel Monta\u00f1ez Guerrero en calidad de Procurador 168 judicial II Penal de Sucre, le instaur\u00f3 a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 201600361. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
En sustento, manifest\u00f3 que en el Juzgado \u00danico Penal del Circuito Especializado de Sucre se adelanta el juicio criminal por los delitos de concierto para delinquir agravado y tr\u00e1fico, fabricaci\u00f3n o porte de estupefacientes contra Ruby de Jes\u00fas Arias Oquendo, Hern\u00e1n Luis Monguera Mendoza y Rafael Enrique Ben\u00edtez Ozuna. <\/p>\n
Adujo que, en la audiencia preparatoria (30 jun. 2020), la Fiscal\u00eda solicit\u00f3 se decretara como prueba el \u00abtestigo de acreditaci\u00f3n de la polic\u00eda judicial, el cual incorporar\u00eda al juicio un reconocimiento fotogr\u00e1fico que se hizo con un testigo de reserva\u00bb, a lo que se opuso, por cuanto \u00absi se trataba de un testigo de reserva el que iba a comparecer al juicio, la prueba es ilegal, y por ello solicit\u00f3 que se excluyera los reconocimientos fotogr\u00e1ficos realizados por el testigo bajo reserva de identidad\u00bb, disertaci\u00f3n secundada por los defensores. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que la referida evidencia se admiti\u00f3, en raz\u00f3n a que \u00abservir\u00e1 como complemento de la informaci\u00f3n que dar\u00e1 el testigo de acreditaci\u00f3n; y la misma es considerada como un documento de conformidad con el art\u00edculo 243 del C\u00f3digo General del Proceso en concordancia con el art\u00edculo 424 del C.P.P., toda vez que contiene una declaraci\u00f3n y fue expedida por una autoridad p\u00fablica\u00bb (30 jun. 2020), determinaci\u00f3n contra la que propuso el recurso de reposici\u00f3n y, en subsidio apelaci\u00f3n, pero el juzgado la mantuvo inc\u00f3lume y concedi\u00f3 la alzada. <\/p>\n
Asever\u00f3 que el superior, en interlocutorio de 2 de diciembre de 2020, sostuvo que el Ministerio P\u00fablico carec\u00eda de inter\u00e9s jur\u00eddico para recurrir ese prove\u00eddo \u00abtoda vez que, al encontrarse los defensores de acuerdo con las pruebas admitidas por la juez de conocimiento, no tendr\u00eda raz\u00f3n jur\u00eddica para interponerse a las mismas cuando no fue precisamente \u00e9l quien demando la pr\u00e1ctica de la prueba\u00bb. <\/p>\n
Acus\u00f3 tal providencia de ilegal, ya que, en su opini\u00f3n, la Sala acusada desconoci\u00f3 la jurisprudencia que ha ampliado las facultades del Ministerio P\u00fablico. Por ello, pidi\u00f3 que se dejara sin efecto el auto de 2 de diciembre de 2020. <\/p>\n
2.- EL Juzgado Penal del Circuito Especializado de Sincelejo relat\u00f3 las actuaciones surtidas en el litigio e inform\u00f3 que, en efecto, la Procuradur\u00eda interpuso los recursos ordinarios y dada la decisi\u00f3n adoptada por el ad quem, el 30 de abril de 2021 fij\u00f3 fecha para la audiencia de juicio oral. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO E IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- El a quo concedi\u00f3 el amparo, tras apreciar, que el Procurador 168 judicial II Penal de Sucre \u00abs\u00ed posee un inter\u00e9s jur\u00eddico para recurrir\u00bb, ya que de conformidad con la Ley 906 de 2004 y la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, dicha autoridad es la encargada de velar por la protecci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y de los dem\u00e1s derechos fundamentales y, por lo anterior, su intervenci\u00f3n no constituye un desbalance del sistema adversarial. En apoyo, trajo a colaci\u00f3n precedente suyo, en el que como \u00f3rgano de cierre estableci\u00f3 que \u00abse habilita la intervenci\u00f3n de la Procuradur\u00eda cuando evidencie violaciones al orden jur\u00eddico sin que ello implique un quebrantamiento al sistema de partes. Luego, no es posible negar al \u00f3rgano de control, hacer uso del recurso de apelaci\u00f3n cuando acude como apelante \u00fanico, pues, se repite, siempre que el prop\u00f3sito sea evitar violaciones al orden jur\u00eddico, no constituye un quebrantamiento del sistema adversarial\u00bb (AP438-2019). <\/p>\n
2.- La Sala Penal del Tribunal Superior de Sincelejo recurri\u00f3 al estimar \u00abvulnerado el debido proceso\u00bb, ya que, en su criterio, no se le notific\u00f3 el auto que admiti\u00f3 la demanda superlativa y, por ello, no pudo ejercer el \u00abderecho a la contradicci\u00f3n\u00bb. En consecuencia, pidi\u00f3 la nulidad de lo actuado hasta el momento. <\/p>\n
Adem\u00e1s, resalt\u00f3 la improcedencia de la salvaguarda por incumplirse el requisito de la subsidiariedad, ya que el litigio a\u00fan no ha culminado y el escenario natural para la \u00abprotecci\u00f3n de las prerrogativas\u00bb es la misma lid y ante el juez natural. En su parecer, el accionante a\u00fan cuenta con el recurso de apelaci\u00f3n contra la sentencia bien sea condenatoria o absolutoria y, tambi\u00e9n tiene a su alcance el medio extraordinario de casaci\u00f3n, de manera que es claro que no se han agotado todos los \u00abmedios ordinarios y extraordinarios\u00bb que prev\u00e9 la norma para la custodia de los atributos b\u00e1sicos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- En principio, se advierte que los motivos de la impugnaci\u00f3n se circunscriben a la \u00abfalta de notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda de tutela\u00bb y a la \u00abcarencia del presupuesto de la subsidiariedad\u00bb, aspectos a los que se limitar\u00e1 el pronunciamiento de esta Sala. <\/p>\n
2.- Pretende la Sala Penal del Tribunal Superior de Sincelejo se invalide lo rituado en la primera instancia porque \u00abno le fue notificada la admisi\u00f3n de la demanda de tutela\u00bb, lo que no puede salir avante, porque revisado el expediente se vislumbra que el referido prove\u00eddo fue comunicado el 26 de enero de 2021 a las 7:50 pm, mediante oficio 1554 remitido al correo electr\u00f3nico spenalsinc@cendoj.ramajudicial.gov.co, perteneciente a dicha Colegiatura, tal y como consta en la p\u00e1gina de la rama judicial, en el que se indica que a dicha direcci\u00f3n oficial se remitir\u00e1n los \u00abescritos como memoriales, peticiones, etc\u00bb, a ella dirigidos. <\/p>\n
Ahora, el hecho que la misiva no haya sido entregada directamente en las direcciones electr\u00f3nicas de los despachos que integran dicha Sala, no descarta la \u00abvalidez de la notificaci\u00f3n\u00bb, m\u00e1xime cuando, seg\u00fan inform\u00f3 la Magistratura impugnante, existe \u00abun descuido grave en el que viene incurriendo la secretaria de dicha colegiatura en lo que tiene que ver con la notificaci\u00f3n de las providencias en este caso\u00bb, lo que conlleva la negativa de nulidad suplicada. <\/p>\n
(\u2026) la Corte concluye que el enteramiento por medios electr\u00f3nicos puede probarse por cualquier medio de convicci\u00f3n pertinente, conducente y \u00fatil, incluyendo no solo la presunci\u00f3n que se deriva del acuse de recibo (y que puede ser desvirtuada), sino tambi\u00e9n su env\u00edo, sentido en el que se precisa el alcance de las consideraciones plasmadas en CSJ STC13993-2019, 11 oct. 2019, rad. n.\u00ba 2019-00115 y STC690-2020, 3 feb. 2020, rad. n.\u00ba 2019-02319 (STC 3 jun. 2020. 01025-00 reiterado en STC10417-2021). Se subraya <\/p>\n
En definitiva, la actuaci\u00f3n desplegada por el a quo constitucional est\u00e1 acorde con los lineamientos antes descritos, pues el enteramiento del auto admisorio del libelo fue remitido al correo oficial de la Sala Penal del Tribunal Superior de Sincejelo, garantiz\u00e1ndole el \u00abderecho de defensa y contradicci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3.- Ahora, lo que concierne con el \u00abincumplimiento del presupuesto de la subsidiariedad\u00bb, aducido por la recurrente, lo evidenciado en el plenario, es que dicha afirmaci\u00f3n no corresponde a la realidad procesal. Ello, porque, como lo arguy\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Penal, en el juicio controvertido ya no existe otro mecanismo a trav\u00e9s del cual se pueda debatir el decreto de pruebas; justamente la audiencia preparatoria es el espacio para que se soliciten \u00e9stas y, asimismo, se ejerzan los instrumentos destinados a atacar las decisiones relacionadas con ellas contrarias a los intereses de los sujetos procesales. <\/p>\n
Significa entonces, que era en ese momento donde se deb\u00eda controvertir el auto de decreto de pruebas, como lo hizo el tutelante, pero debido a la negativa del Tribunal de pronunciarse de fondo sustentado en argumentos no aplicables al caso concreto, no le qued\u00f3 otro remedio, sino el de acudir a esta v\u00eda excepcional. <\/p>\n
4.- De acuerdo con lo discurrido, se ratificar\u00e1 lo prove\u00eddo en primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los implicados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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