STC16349-2021<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
STC16349-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-00384-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 11 de marzo de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que Halliburton Lat\u00edn Am\u00e9rica S.A. – Sucursal Colombia le instaur\u00f3 a la Sala de Descongesti\u00f3n Laboral n\u00ba 2 de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La libelista exigi\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso\u00bb, \u00abdefensa\u00bb y \u00abcontradicci\u00f3n\u00bb para que se ordenara \u00abdejar sin efecto la sentencia SL2277-2020 (\u2026) [mediante] la cual se resolvi\u00f3 el recurso de extraordinario de casaci\u00f3n (\u2026) [y, en su lugar,] se profiera una nueva con estricto apego a la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica\u00bb. <\/p>\n
En compendio, manifest\u00f3 que Eduardo Osorio Bonilla la demand\u00f3 para que se declarara que entre ellos existi\u00f3 un contrato de trabajo desde el 30 de noviembre de 1984 hasta el 1\u00ba de diciembre de 1993 y, por consiguiente, se le condenara al pago de los aportes correspondientes al per\u00edodo laborado entre el 30 de noviembre de 1984 y el 5 de mayo de 1992 o \u201cdesde la fecha en que legalmente haya lugar\u201d, al reconocimiento de la indemnizaci\u00f3n moratoria consagrada en el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 797 de 1949, la indexaci\u00f3n de las sumas adeudadas y la liquidaci\u00f3n de las semanas dejadas de cotizar. <\/p>\n
Sostuvo que el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 declar\u00f3 que \u201cHalliburton Lat\u00edn Am\u00e9rica S.A. es sustituta patronal de GEOPHYSICAL SERVICE INCORPORATED\u201d y que Osorio Bonilla tuvo un \u201ccontrato laboral a partir del 30 de noviembre de 1984 y hasta el 1\u00ba diciembre del a\u00f1o 1993\u201d; por tanto, la sancion\u00f3 por las \u201cobligaciones laborales debidas\u201d (5 ag. 2015), providencia que el superior ratific\u00f3 (19 oct.). <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n, empero la Magistratura querellada no quebr\u00f3 el veredicto del ad quem (8 jun. 2020). <\/p>\n
Asever\u00f3 que la \u00faltima determinaci\u00f3n \u201cdesconoc[i\u00f3]\u201d el literal d), par\u00e1grafo 3\u00ba, art\u00edculo 33 de la Ley 100 de 1993, art\u00edculo 2.2.16.7.18 del Decreto 1833 de 2016 y la Resoluci\u00f3n 4250 de 1993 porque la Corte Constitucional en sentencias C-177 de 1998 y C-506 de 2001, precis\u00f3 \u201cde manera clara y expresa lo pertinente a la causaci\u00f3n de prestaciones por tiempos de servicio no cotizados inferiores a 10 a\u00f1os antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993\u201d; de modo que, es \u201cviolatorio de derechos fundamentales [la] aplicaci\u00f3n retroactiva de las normas jur\u00eddicas como las que se impusieron\u201d. <\/p>\n
Acot\u00f3 que \u201cerr\u00f3 de forma grave\u201d la Sala confutada al establecer que antes de la Ley 100 de 1993, los empleadores conservaban \u201clas cargas pensionales derivadas de los servicios prestados\u201d, comoquiera que \u201c\u00fanicamente se trataba de una expectativa\u201d y, solo se comenzaba a \u201cestructurar derechos a partir de los 10, 15 o 20 a\u00f1os de servicio\u201d. <\/p>\n
Indic\u00f3 que la \u201cobligaci\u00f3n de afiliaci\u00f3n al sistema de pensiones para trabajadores de empresas petroleras (\u2026), se dio desde el 1\u00ba de octubre de 1993 por virtud de lo dispuesto en la Resoluci\u00f3n 4259\u201d. <\/p>\n
2.- La Sala de Descongesti\u00f3n Laboral n\u00ba 2 dijo que la decisi\u00f3n censurada \u201ccumple con los lineamientos legales y jurisprudenciales que rigen la materia\u201d; que no se acreditan los requisitos para la viabilidad del amparo y, por \u00faltimo, destac\u00f3 que la \u201cintenci\u00f3n del tutelante es que salgan avante los mismos argumentos de defensa del proceso ordinario laboral\u201d. <\/p>\n
El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del I.S.S. en liquidaci\u00f3n pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por \u201cfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u201d ya que de conformidad con el art\u00edculo 3\u00ba, numeral 1\u00ba, del Decreto 2011 de 2012, Colpensiones solventa \u201clas solicitudes de reconocimiento de derechos pensionales\u201d, pues fue quien \u201casumi\u00f3 la competencia para administrar el r\u00e9gimen de prima media con prestaci\u00f3n definida y dem\u00e1s actividades afines\u201d. <\/p>\n
LA SENTENCIA Y SU IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- El a quo desestim\u00f3 el ruego porque \u00aben el presente asunto se encuentra acreditado el requisito de inmediatez, pues si bien la accionante acudi\u00f3 al mecanismo de amparo luego de transcurridos 7 meses de proferida la decisi\u00f3n acusada, tal lapso no se ofrece abiertamente desproporcionado e irrazonable, dada la complejidad del derecho debatido\u00bb. Seguidamente cavil\u00f3 que la directriz reprochada \u00abno tergivers\u00f3 el contenido del art\u00edculo 33, literal c) de la Ley 100 de 1993, o de la Resoluci\u00f3n 4250 de 1993 y menos a\u00fan del art\u00edculo 2.2.16.7.18 del Decreto 1833 de 2016; por el contrario, observ\u00f3 la jurisprudencia aplicable y sus razonamientos no se advierten arbitrarios, caprichosos o desprovistos de sustento jur\u00eddico que ha procedente la intervenci\u00f3n del juez de tutela\u00bb. <\/p>\n
2.- Recurri\u00f3 el precursor con los mismos argumentos expuestos en el escrito genitor. Insisti\u00f3 en que la Corporaci\u00f3n enjuiciada no puede, \u00abbajo su propia interpretaci\u00f3n, desconocer o inaplicar\u00bb lo plasmado por la Corte Constitucional frente al art\u00edculo 33 de la ley 100 de 1993 y, que \u00abnadie puede ser juzgado sin una norma existente para la fecha de la ocurrencia de los hechos\u00bb, ya que \u00abm\u00e1s all\u00e1 de no tener el deber de realizar los aportes, nos encontramos con una prohibici\u00f3n de realizarlos, pues expresamente el Decreto 2665 de 1998 en su art\u00edculo 20, literal c), contemplaba la cancelaci\u00f3n de la afiliaci\u00f3n al sistema de trabajadores (\u2026), de hecho el art\u00edculo 21 del mismo Decreto reglaba multas\u00bb cuando se proced\u00eda de forma inversa. <\/p>\n
Adver\u00f3 que, si bien el pronunciamiento criticado hace referencia a que \u00abante la ausencia de norma que consagrara el deber legal de la realizaci\u00f3n de aportes (\u2026), se acude al principio de la equidad\u00bb, dicha exigencia es una \u00abcarga excesivamente onerosa\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De la evidencia allegada al plenario, ab initio se anuncia el fracaso de la salvaguarda y la convalidaci\u00f3n de lo opugnado, en tanto se inobserv\u00f3, sin excusa valida, el \u00abpresupuesto de la inmediatez\u00bb que impera en esta sui generis justicia. <\/p>\n
1.1.- Se hace tal afirmaci\u00f3n, en virtud de que entre la fecha de comunicaci\u00f3n de la sentencia – SL2277-2020, 8 jun. – (edicto notificatorio 21 jul. 2020) que no cas\u00f3 el del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y la radicaci\u00f3n del escrito superlativo (11 feb. 2021), transcurrieron seis (6) meses y veinti\u00fan (21) d\u00edas, esto es, se super\u00f3 el semestre que tanto esta Corte como la Constitucional han tenido como prudente para ejercer la \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
Sobre el tema, esta Sala ha esbozado que: <\/p>\n
\u00ab[e]n punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses. Se resalta. (STC 29 abr. 2009, rad. 00624-00, reiterada en STC6690-2021). <\/p>\n
Lo anterior impide examinar el fondo del debate instado, porque si la interesada se demor\u00f3 en interponer la petici\u00f3n supralegal, su descuido, per se, es suficiente para descartar la presencia de una conducta indebida atribuible a la Sala denunciada y con repercusi\u00f3n directa en los atributos esenciales invocados como soporte de la ayuda. <\/p>\n
1.2.- Ahora, si bien en algunos casos se ha superado la ausencia de tal exigencia, flexibiliz\u00e1ndolo, ello solo sucede cuando la demora en activar este dispositivo se encuentra debidamente \u00abjustificada\u00bb. Al respecto en STC3949-2021 se precis\u00f3: <\/p>\n
\u00abDe otra parte, tampoco se demostr\u00f3 en esta sede justificaci\u00f3n alguna que permitiera analizar las excepciones al se\u00f1alado principio, pues, si bien es cierto puede flexibilizarse a partir de la explicaci\u00f3n de razones suficientes que justifiquen la inactividad para adelantar la acci\u00f3n de tutela, dichas circunstancias no fueron acreditadas. <\/p>\n
Al respecto, cabe precisar que, en repetidas oportunidades, la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el particular, en las providencias SU-961\/99; T-743\/08 y T-033\/10, y en esta \u00faltima, estim\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: \u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, en el sub lite, no acaece ninguna de las hip\u00f3tesis rese\u00f1adas, habida cuenta de que Halliburton Lat\u00edn Am\u00e9rica S.A. \u00fanicamente se limit\u00f3 a indicar que el tiempo \u00abno resultaba irrazonable o irracional\u00bb, sin mencionar alguna circunstancias v\u00e1lida para conjurar su desidia en acudir a esta excepcional v\u00eda, oportunamente. <\/p>\n
3.- Como colof\u00f3n, se avalar\u00e1 el veredicto opugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los implicados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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