STC16352-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC16352-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 68001-22-13-000-2021-00583-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual del primero de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., primero (1\u00b0) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga el 26 de octubre de 2021, con el cual se neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Jorge Humberto G\u00f3mez Cardozo contra el Juzgado Segundo de Familia de la misma ciudad. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El tutelante pidi\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
2. De conformidad con el escrito inicial y las pruebas obrantes en el plenario, se observa la siguiente situaci\u00f3n f\u00e1ctica: <\/p>\n
2.1. El Juzgado Segundo de Familia de Bucaramanga conoci\u00f3 del proceso de interdicci\u00f3n promovido por Sergio G\u00f3mez G\u00f3mez, \u00abpor causa de demencia de la se\u00f1ora Elsa G\u00f3mez de Maestre\u00bb el 10 de marzo de 20061. Con sentencia del 13 de julio siguiente, el estrado enjuiciado design\u00f3 al promotor -hermano de la se\u00f1ora en situaci\u00f3n de discapacidad-, como su curador leg\u00edtimo definitivo2. <\/p>\n
2.2. Posteriormente, Sandra Luc\u00eda Maestre G\u00f3mez solicit\u00f3 la remoci\u00f3n del cargo de curador de la se\u00f1ora Elsa G\u00f3mez de Maestre, \u00abpor encontrarse en disposici\u00f3n de aceptar la designaci\u00f3n [\u2026] teniendo en cuenta el inter\u00e9s leg\u00edtimo que le asiste como \u00fanica hija3\u00bb. <\/p>\n
2.3. En seguida, el Despacho de Familia profiri\u00f3 sentencia el 30 de abril de 2012, en la que dispuso \u00abdesignar como nuevo guardador de la incapaz ELSA G\u00d3MEZ DE MAESTRE, a su hija la se\u00f1ora SANDRA LUC\u00cdA MAESTRE G\u00d3MEZ (\u2026) a quien se le concede amplias facultades para representarla\u00bb. <\/p>\n
2.4. Tal determinaci\u00f3n, fue de conocimiento del gestor con ocasi\u00f3n de la demanda formulada por la guardadora4, en la que solicit\u00f3 la nulidad del contrato de promesa de compraventa que celebr\u00f3 con G\u00f3mez de Maestre. A la fecha, el tr\u00e1mite \u00abse encuentra para audiencia de pruebas y fallo para el pr\u00f3ximo 20 de octubre a las 8 y 30 a.m.\u00bb. <\/p>\n
2.5. As\u00ed las cosas, elev\u00f3 petici\u00f3n a la autoridad judicial convocada \u00abaproximadamente hace dos semanas\u00bb, solicitando copia del expediente de radicado 2011-00605-00, en el que evidenci\u00f3 \u00abgraves violaciones al DEBIDO PROCESO con respecto a lo [\u2026] reglado por la Ley 1306 de 2009\u00bb. <\/p>\n
En concreto, identific\u00f3 que, i) si bien la demandante deprec\u00f3 la remoci\u00f3n de la guarda, el Juzgado Segundo de Familia de Bucaramanga emple\u00f3 el t\u00e9rmino \u201ccambio del guardador\u201d, lo que supone otra figura jur\u00eddica; ii) no se allegaron los inventarios presentados por el contador designado de la lista de auxiliares de la justicia; iii) tampoco se convoc\u00f3 al Ministerio P\u00fablico; iv) la decisi\u00f3n se dict\u00f3 \u00absin soporte probatorio alguno\u00bb, toda vez que los testigos llamados a declarar no comparecieron; y, v) no se practic\u00f3 la revisi\u00f3n de la persona con discapacidad mental absoluta -interdicto-. <\/p>\n
2.6. Por lo anterior, el promotor sostiene que la decisi\u00f3n que design\u00f3 como guardadora a Sandra Luc\u00eda Maestre G\u00f3mez el 30 de abril de 2012, incursion\u00f3 en una causal de procedencia del amparo por defecto sustantivo, al trasgredir los art\u00edculos 7, 14, 25, 29 y 86 de la Ley 1306 de 2009. Asimismo, manifest\u00f3 que, como \u00abla REMOCIO\u0301N DEL GUARDADOR puede ser impetrada por cualquier ciudadano de la Rep\u00fablica en defensa del inter\u00e9s general y por razones graves que atentan contra el orden p\u00fablico, por lo que el juez debe guardar el mayor celo en su tr\u00e1mite; luego, por igual raz\u00f3n, la impugnaci\u00f3n constitucional de tal procedimiento tambi\u00e9n la puede hacer cualquier persona en defensa del inter\u00e9s general, que cobija al suscrito m\u00e1xime que la actual guardadora pretende hacer valer derechos contra el suscrito, estando viciado el procedimiento de su designaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. Pidi\u00f3, conforme a lo relatado, \u00abordenar la NULIDAD CONSTITUCIONAL de todo lo actuado, dentro del proceso de REMOCI\u00d3N DEL GUARDADOR que conoci\u00f3 el JUZGADO SEGUNDO DE FAMILIA DE BUCARAMANGA\u00bb. Igualmente, exhort\u00f3 \u00abque, en el termino de 48 horas, profiera la providencia que en derecho corresponda, de acuerdo a lo debatido en esta acci\u00f3n, y especialmente a lo decido por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA CIVIL en la sentencia STC4544- 2019, Radicaci\u00f3n # 11001-22-10-000-2019-00037-01, del once (11) de abril de dos mil diecinueve (2019)\u00bb. <\/p>\n
II. RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Segundo Municipal de San Juan de Gir\u00f3n, manifest\u00f3 que <\/p>\n
\u00ab[S]e opone frontalmente a la prosperidad del mismo. Habida cuenta que el proceso de familia se encuentra con sentencia debidamente ejecutoriada, y que as\u00ed\u0301 mismo dentro del proceso ordinario que se adelanta en mi Juzgado, dentro de las excepciones previas se resolvi\u00f3\u0301 sobre la figura de curadora de la se\u00f1ora SANDRA LUCIA MAESTRE, lo que demuestra que el demandado aqu\u00ed\u0301 accionante ha tenido las oportunidades procesales para atacar lo que pretende por tutela y no le han sido favorables por improcedentes, queriendo el accionante a trav\u00e9s de esta precisada acci\u00f3n como es la tutela, revivir t\u00e9rminos e incluso crear otra instancia procesal, lo que a todas luces es inviable, as\u00ed\u0301 mismo dilatar el proceso ordinario que se adelanta, pues desde el a\u00f1o 2019 se ha intentado llevar a cabo la audiencia, y no se ha podido por distintas situaciones, y solo faltando 4 d\u00edas para llevarse a cabo interpone la presente acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Segundo de Familia de Bucaramanga, luego de relatar lo acaecido en el tr\u00e1mite de remoci\u00f3n de guardador, indic\u00f3 que \u00ablas decisiones adoptadas al interior del proceso 680013110002 2011 00605 00 lo fueron con apego a la normatividad vigente sobre la materia con pleno respeto de las garant\u00edas procesales de los intervinientes, como se encuentra acreditado en la foliatura\u00bb. Adem\u00e1s, enunci\u00f3 que \u00abel amparo promovido desconoce los requisitos generales de procedencia de la acci\u00f3n constitucional, entre ellos el de inmediatez tal como refulge del hecho tercero relacionado por el accionante\u00bb. En ese orden, coment\u00f3 no vislumbrarse \u00abla vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales del tutelante, lo que fundamenta la solicitud de negaci\u00f3n del amparo\u00bb. <\/p>\n
3. Sandra Luc\u00eda Maestre G\u00f3mez, por conducto de apoderado judicial5, declar\u00f3 no oponerse a las pretensiones del escrito genitor. Por consiguiente, se atiene a lo que resulte probado en el tr\u00e1mite tutelar. <\/p>\n
III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga neg\u00f3 el amparo, al estimar que \u00abla decisi\u00f3n proferida el 30 de abril de 2012 por el JUZGADO SEGUNDO DE FAMILIA DE BUCARAMANGA, es decir, hace m\u00e1s de 9 a\u00f1os, a pesar de que ya se encuentra debidamente ejecutoriada. Adem\u00e1s, el se\u00f1or JORGE HUMBERTO no justifico\u0301 las razones de su tardanza en acudir al juez de tutela, pues, si fue demandado por la se\u00f1ora SANDRA LUCI\u0301A MAESTRE GO\u0301MEZ, en condici\u00f3n de curadora de ELSA GO\u0301MEZ DE MAESTRE, desde el 26 de diciembre de 2013, conoc\u00eda de la decisi\u00f3n de la que hoy se duele desde tal calenda, luego no se entiende el por que\u0301 hasta ahora acude a la acci\u00f3n de tutela en contra del JUZGADO SEGUNDO DE FAMILIA DE BUCARAMANGA\u00bb. <\/p>\n
IV. IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 el gestor, quien reiter\u00f3 los argumentos expuestos en el escrito genitor. En concreto, arguy\u00f3 que formul\u00f3 excepciones previas al contestar la demanda de nulidad del contrato de promesa de compraventa, las que fueron resueltas desfavorablemente \u00aben providencia del 23 de enero de 2014 [\u2026], argumentando con respecto a la prueba de la calidad de curador que bastaba la copia del registro civil de nacimiento que se anex\u00f3 con la demanda, donde aparece visible la identidad de la sentencia\u00bb. Aunado a lo anterior, refiri\u00f3 de una serie de hechos que suscitaron su sospecha, como la muerte de M\u00f3nica Andrea del Pilar Rocha Garz\u00f3n, \u00abvecina del mismo Condominio del apartamento objeto de los inventarios en el proceso de guarda [\u2026] en donde era un hecho p\u00fablico y notorio el consumo habitual de bebidas embriagantes [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Corresponde a la Sala establecer, si con ocasi\u00f3n de la determinaci\u00f3n proferida por el juzgado accionado el 30 de abril de 2012, que design\u00f3 como guardadora de Elsa G\u00f3mez de Maestre a la se\u00f1ora Sandra Luc\u00eda Maestre G\u00f3mez, se vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia de Jorge Humberto G\u00f3mez Cardozo. <\/p>\n
2. De entrada esta Sala advierte la improcedencia del amparo. Y, por tanto, la providencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada. Ello pues, el promotor irrespet\u00f3 el principio de inmediatez, identificado como presupuesto necesario para su procedencia. Concretamente, a causa del lapso transcurrido desde el momento en que se profiri\u00f3 la providencia sobre la cual se recrimina el proceder del despacho accionado, esto es, el \u00ab30 de abril de 2012\u00bb, y la presentaci\u00f3n del resguardo, \u00abel 13 de octubre de 2021\u00bb; es decir, pasaron m\u00e1s de seis (6) meses despu\u00e9s de haberse proferido la decisi\u00f3n cuestionada. <\/p>\n
Lo dicho resulta relevante, porque pese a no existir t\u00e9rmino de caducidad para invocar la \u00abprotecci\u00f3n constitucional\u00bb, s\u00ed se impone promoverla dentro de un plazo \u00abrazonablemente prudencial\u00bb, a efectos de que no se desnaturalice su raz\u00f3n de ser, que no es otra que el restablecimiento inmediato de los \u00abderechos fundamentales de la persona\u00bb, sobre todo cuando la urgencia se precisa para predicar lo grave del perjuicio y, justamente, por lo distante del hecho en el tiempo, se desestructura de suyo. <\/p>\n
Al respecto esta Sala ha reiterado: <\/p>\n
\u00abEn punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb. (CSJ STC, 29 Abr 2009, Rad. 2009-00624-00). <\/p>\n
Pese a lo anterior, la satisfacci\u00f3n del requisito de inmediatez debe analizarse en atenci\u00f3n a las circunstancias de cada caso en concreto. Es decir, puede ser flexible por razones que justifiquen la inactividad del accionante para impetrar la s\u00faplica, tales como interdicci\u00f3n, incapacidad f\u00edsica, minor\u00eda de edad, entre otras, o la permanencia en el tiempo de la amenaza de los derechos fundamentales del peticionario. As\u00ed lo ha se\u00f1alado la Corte Constitucional, en repetidas ocasiones, entre otras en sentencias, CC T-657 de 2008, CC-T-136 de 2007, CC T-246 de 2015, CC T-033 de 2010, en esta \u00faltima, resalt\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: <\/p>\n
\u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Bajo ese contexto, la Sala no evidencia la concurrencia de alguna de las causas que se han se\u00f1alado como eximentes del principio de inmediatez, pues, ni del escrito genitor o de la impugnaci\u00f3n, se avizora justificaci\u00f3n para la tardanza anotada. <\/p>\n
3. Por lo expuesto, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Folios 4-7 en \u201c001Proceso\u201d en \u201c68001311000220060015600 interdicci\u00f3n\u201d PDF. <\/p>\n
2\u0002 Folios 99-106 Ib\u00edd. <\/p>\n
3\u0002 Folios 109-110 Ib\u00edd. <\/p>\n
4\u0002 Proceso Rad. 2013-00414-00. <\/p>\n
5\u0002 Camilo Andr\u00e9s Rivero Rend\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC16352-2021 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC16352-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 68001-22-13-000-2021-00583-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual del primero de diciembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1 D.C., primero (1\u00b0) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). La Corte decide la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[43],"tags":[],"class_list":["post-60003","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60003","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=60003"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60003\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=60003"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=60003"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=60003"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}