STC16353-2021<\/p>\n
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FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC16353-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 73001-22-13-000-2021-00343-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual del primero de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., primero (1\u00b0) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 21 de octubre de 2021 por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, que neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Jos\u00e9 V\u00edctor Manuel Penagos Guaqueta contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Melgar (Tolima). Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la presente queja constitucional. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor, por conducto de su apoderado judicial, procur\u00f3 la salvaguarda de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n
2.1. Jos\u00e9 V\u00edctor Manuel Penagos Guaqueta promovi\u00f3 demanda de responsabilidad civil extracontractual contra la Compa\u00f1\u00eda de Inversiones San Francisco S.A.S. y Antenor Ospina Herrera el 15 de octubre de 2019, la cual fue admitida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Melgar el 13 de diciembre siguiente (fls. 61 a 75 \u2018FOLIO 1 AL 115\u2019 pdf.) <\/p>\n
2.2. El 29 de enero y 12 de febrero de 2020, el demandante alleg\u00f3 al juzgado las notificaciones de que tratan los art\u00edculos 291 y 292 del C\u00f3digo General del Proceso (fls. 77 a 94 \u2018FOLIO 1 AL 115\u2019 pdf.) <\/p>\n
2.3. Antenor Ospina Herrera contest\u00f3 la demanda el 19 de febrero de 2020, proponiendo diversas excepciones de m\u00e9rito (fls. 114 a 118 \u2018FOLIO 1 AL 115\u2019 pdf.) <\/p>\n
2.5. El Juzgado cognoscente, mediante providencia del 3 de julio de 2020, no le dio tr\u00e1mite a la solicitud formulada por el abogado Julio Luis Garc\u00eda Castro, \u00abpor cuanto si bien dentro de los certificados de c\u00e1mara de comercio allegados el funge como copropietario de una empresa de abogados y revisor fiscal de la sociedad demandada (\u2026) \u00e9l no es su representante legal para que pueda litigar en su nombre o mejor a\u00fan carece de poder para actuar como tal\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, \u00aben virtud del principio de control de legalidad\u00bb, advirti\u00f3 que \u00abno se ha practicado en legal forma la notificaci\u00f3n, pues la empresa demandada tiene su domicilio fuera de esta Ciudad, por lo que el termino (sic) de citaci\u00f3n era de diez d\u00edas y la parte actora no lo hizo dentro del mismo, adem\u00e1s de que le libr\u00f3 la notificaci\u00f3n a los nueve d\u00edas de recibo del citatorio\u00bb. En consecuencia, decret\u00f3 la nulidad \u00abde todo el acto de citaci\u00f3n y notificaci\u00f3n\u00bb y orden\u00f3 rehacer la notificaci\u00f3n en debida forma. <\/p>\n
2.6. El 3 de agosto de 2021, el apoderado demandante solicit\u00f3 la revocatoria del anterior auto. No obstante, el 27 de agosto siguiente, el Juzgado censurado se\u00f1al\u00f3 que dicha providencia ya se encontraba ejecutoriada, decisi\u00f3n que fue recurrida en reposici\u00f3n y, en subsidio, en apelaci\u00f3n por el actor. <\/p>\n
3. El tutelante adujo que impetraba el presente amparo constitucional frente al prove\u00eddo del 3 de julio de 2020, en el cual se hizo un control de legalidad, \u00abpara que en forma coherente se den cuenta de que el Art\u00edculo 291 y 292 del C.G.P., est\u00e1n debidamente dirigidos a la misma direcci\u00f3n y si hubo alg\u00fan yerro por parte del actor respecto al Art\u00edculo 291, \u00e9ste queda subsanado con el Art\u00edculo 292 del mismo Estatuto y por lo tanto la parte demandada no se puede excusar de alguna reposici\u00f3n de t\u00e9rminos, como as\u00ed lo manifest\u00f3 el Se\u00f1or CESAR JULIO GARCIA, sin figurar \u00e9ste como apoderado de la demandada y sabiendo que lleva casi 2 a\u00f1os la parte pasiva sin constituir representante judicial para que lo defiende en esta Litis. Adem\u00e1s no existe legitimaci\u00f3n en la causa por parte del mencionado Se\u00f1or para proponer ni la reposici\u00f3n ni la nulidad de la notificaci\u00f3n de la demanda, adem\u00e1s el Se\u00f1or CESAR JULIO GARCIA, no demostr\u00f3 que es perjudicado con la notificaci\u00f3n de la demanda de la referencia, y fuera de ello hasta este momento, es decir, hace m\u00e1s de 2 a\u00f1os, a\u00fan no han contestado demanda, lo que quiere decir que no puede ser posible que puedan ser beneficiados en este proceso, si han sido negligentes en todo momento y se han declarado en rebeld\u00eda o en contumacia en todos los hechos enunciados en esta Litis [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, se\u00f1al\u00f3 que, \u00abuna vez supimos del error de la Se\u00f1ora Juez, cometido por \u00e9sta el d\u00eda 3 de Julio del 2020 y en vista de la pandemia no conocemos el Internet y tratamos de llamar al Juzgado y nada que nos respond\u00edan en el tel\u00e9fono de ese Despacho, adem\u00e1s anotamos nuestro correo electr\u00f3nico y nuestro tel\u00e9fono y nunca nos informaron nada y el Decreto 806 del 2020 expresa que por cualquier medio se le debe notificar a las partes, cualquier decisi\u00f3n del Despacho y nunca recibimos una comunicaci\u00f3n del mismo, por tanto consideramos que fuimos damnificados por error inexcusable del Juzgado\u2026\u00bb. <\/p>\n
4. Pidi\u00f3, Conforme a lo relatado \u00ab\u2026se revoque la providencia del Juzgado 2\u00ba Civil del Circuito de Melga, con fecha 3 de Julio del 2020 y en su lugar se le ordene a este Despacho se cite para Audiencia de Conciliaci\u00f3n del Art\u00edculo 372 del C.G.P.\u00bb. <\/p>\n
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II. LA RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Melgar realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones procesales surtidas en el proceso cuestionado y remiti\u00f3 el enlace del expediente digitalizado. <\/p>\n
2. El accionante alleg\u00f3 un memorial complementando la tutela, insistiendo en los argumentos iniciales y resaltando que el Juzgado no pod\u00eda hacer el control oficioso de legalidad, \u00abpor cuanto no hab\u00eda apoderado de la demandada que tuviera derecho para poder pedir la nulidad\u00bb, adem\u00e1s de no encontrarse en la oportunidad para ello, pues, conforme al \u00abArt\u00edculo 25 de la Ley 1285 del 2009, en armon\u00eda y coherencia con el Art\u00edculo 103 del C.C.A., Ley 1437 del 2011, quienes manifiestan que \u2018el primero control de legalidad o saneamiento del proceso se realiza en la audiencia de conciliaci\u00f3n\u2019 es decir respecto del Art. 372 del C.G.P. y no antes\u00bb. <\/p>\n
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III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el amparo invocado, por no cumplir con los requisitos de subsidiariedad e inmediatez, toda vez que la providencia del 3 de julio de 2020 se notific\u00f3 el 6 de julio siguiente \u00abcomo se puede corroborar en el siguiente enlace<\/p>\n