STC16354-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC16354-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-04165-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del primero de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por C\u00e9sar Alfonso Grimaldo Duque contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali y el Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de la misma ciudad. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante1, actuando por conducto de apoderado, acude a esta herramienta constitucional para reclamar la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso \u00aby los principios de la buena fe, confianza leg\u00edtima y seguridad jur\u00eddica\u00bb que estima lesionados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Del escrito introductor se puede extractar que Jorge Alberto S\u00e1nchez Zapata formul\u00f3 acci\u00f3n de tutela contra Medim\u00e1s EPS (actualmente Nueva EPS como sucesora procesal de aquella) (2019-00079) que fue asignada al Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de Cali, despacho que con fallo de 26 de abril de 2019 ampar\u00f3 las garant\u00edas supralegales del all\u00ed gestor al ordenar a la convocada efectuar el pago de \u00ablas incapacidades comprendidas entre el 15 de mayo de 2015 hasta el 11 de agosto de 2017 y del 13 de octubre de 2019 hasta el pago de la \u00faltima incapacidad\u00bb, determinaci\u00f3n que alcanz\u00f3 firmeza por cuanto no fue impugnada ni seleccionada para revisi\u00f3n por parte de la Corte Constitucional. <\/p>\n
Debido al incumplimiento de la orden impartida por el juez constitucional, S\u00e1nchez Zapata promovi\u00f3 incidente de desacato, resuelto por el cognoscente el pasado 8 de junio en el sentido de imponer a C\u00e9sar Alfonso Grimaldo Duque, en su condici\u00f3n de \u00abdirector de Prestaciones Econ\u00f3micas de la Nueva EPS (hoy en calidad de sucesor procesal de\u2026 Medim\u00e1s EPS), multa de dos salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes; decisi\u00f3n confirmada el 11 de junio siguiente por la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali. <\/p>\n
3. De las pruebas recopiladas se logr\u00f3 establecer que la c\u00e9lula judicial falladora, con auto de 13 de octubre del a\u00f1o en curso, dio apertura a un segundo tr\u00e1mite incidental, ante la renuencia del funcionario obligado a materializar la orden constitucional, resuelto el 28 de octubre posterior, en el sentido de imponer una nueva sanci\u00f3n. <\/p>\n
Tal determinaci\u00f3n fue sometida al grado de consulta y confirmada el 3 de noviembre por la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali. <\/p>\n
4. El aqu\u00ed accionante dirige su reclamo exclusivamente frente a las providencias de 8 y 11 de junio, que resolvieron el primer tr\u00e1mite incidental, acus\u00e1ndolas de adolecer de defectos sustantivo y f\u00e1ctico, comoquiera que \u00abno fueron atendidos\u00bb los argumentos jur\u00eddicos expuestos, con los que demostraba que la \u00absucesi\u00f3n procesal no guarda relaci\u00f3n con la cesi\u00f3n de afiliados obligatoria que se produce por una EPS revocada total o parcialmente a otra EPS [sic]\u00bb dado que tal \u00abcesi\u00f3n comercial\u00bb no subrogaba a la Nueva EPS en las obligaciones de Medim\u00e1s. <\/p>\n
4. Por tal raz\u00f3n pidi\u00f3 remover los efectos de los aludidos autos y, en su lugar, \u00abse ordene proferir una nueva sentencia [sic] en observancia de las normas que deben aplicar en el caso de la cesi\u00f3n de usuarios\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El magistrado ponente de la providencia cuestionada se opuso a la prosperidad del resguardo toda vez que en ella \u00abse plasmaron las razones jur\u00eddicas por las cuales se resolvi\u00f3 confirmar la decisi\u00f3n objeto de consulta\u2026 sin que en [ella] se observe actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n que resulte abusiva arbitraria o contraria a la Constituci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. La Juez D\u00e9cima Civil del Circuito de Cali, luego de hacer un recuento de la orden impartida en el fallo constitucional desatendido y de las actuaciones surtidas en los tr\u00e1mites incidentales, pidi\u00f3 negar la salvaguarda habida consideraci\u00f3n que \u00abno se evidencia vulneraci\u00f3n alguna\u2026 pues\u2026 se imparti\u00f3 el tr\u00e1mite establecido, respetando las garant\u00edas del debido proceso y el derecho de defensa del sancionado\u00bb. <\/p>\n
3. Un abogado que dijo actuar \u00aben calidad de apoderado de\u2026 Jorge Alberto S\u00e1nchez Sapata [sic]\u00bb2 solicit\u00f3 declarar improcedente el resguardo; sin embargo, s\u00f3lo se limit\u00f3 a rememorar lo acontecido y resuelto en los incidentes. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
De conformidad con lo solicitado por el gestor en el libelo tutelar, corresponde a la Corte establecer si las autoridades convocadas lesionaron su prerrogativa fundamental al debido proceso dentro de la acci\u00f3n de tutela 2019-00079, con las providencias de 8 y 11 de junio de 2021 a trav\u00e9s de las cuales lo declararon en desacato y le impusieron dos salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes de multa, por desobedecer el fallo constitucional de 26 de abril de 2019, supuestamente, sin tener en cuenta los argumentos presentados que daban cuenta de la imposibilidad de cumplir la orden impartida. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra decisiones emitidas en incidentes de desacato <\/p>\n
La jurisprudencia de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Ahora bien, en punto de la procedencia de la petici\u00f3n de amparo que se reclama frente a la actuaci\u00f3n que defini\u00f3 el incidente de desacato, ha de acudirse al criterio reiterado por la jurisprudencia de la Sala, en tanto, la acci\u00f3n de tutela contra actuaciones judiciales y prove\u00eddos de este mismo talante resulta, por regla general, improcedente: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la actividad judicial que se inicia en el marco del art\u00edculo 86 de la constituci\u00f3n pol\u00edtica, solo puede ser examinada por los funcionarios competentes para tramitar los instrumentos jur\u00eddicos enunciados y previstos, que frente a los prove\u00eddos que se profieran en el tr\u00e1mite de los incidentes de desacato, no se considera procedente ning\u00fan otro instrumento diferente de reestudio, incluida como es natural la acci\u00f3n de tutela, porque se convertir\u00eda en un mecanismo llamado a minar las determinaciones tomadas en desarrollo de un tr\u00e1mite de indiscutido raigambre constitucional. <\/p>\n
En ese orden de ideas, reexaminando este aspecto por la Sala, se estima que la acci\u00f3n impetrada no resulta procedente habida cuenta que hoy, luego de un nuevo an\u00e1lisis en torno a la actuaci\u00f3n que se cumple a la luz del art\u00edculo 52 del decreto 2591 de 1991, la fase que se origina por cuenta del eventual incumplimiento a la orden impartida, en principio no es dable materializar reproches o censuras a trav\u00e9s de otra acci\u00f3n constitucional so pretexto de haber incurrido en una v\u00eda de hecho, porque las providencias que se profieran en el tr\u00e1mite de los mismos, son de rango constitucional sobre las cuales el legislador no contempl\u00f3 medio de impugnaci\u00f3n alguno. <\/p>\n
Es evidente que la real intenci\u00f3n del legislador, en relaci\u00f3n con el incidente de desacato, era que se regulara a s\u00ed mismo, a trav\u00e9s de la decisi\u00f3n incidental y su eventual consulta cuando se impusiere sanci\u00f3n, con total autonom\u00eda y sin injerencia de \u00f3rganos externos, aun de nivel constitucional, que puedan interferir en sus decisiones (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 29 nov. 2006, exp. 01927-01, reiterada, entre otras, en STC13840-2016, 29 sept. 2016, rad. 01680-01). <\/p>\n
De otro lado, el precedente constitucional ha dicho que la decisi\u00f3n que define un incidente de desacato puede ser atacada por la misma v\u00eda en el que \u00e9ste tuvo asidero, siempre y cuando se extraiga con solvencia la vulneraci\u00f3n a derechos tambi\u00e9n de orden superior, y en particular \u00abcuando el juez del desacato se extralimita en el cumplimiento de sus funciones, cuando vulnera el derecho a la defensa de las partes o cuando impone una sanci\u00f3n arbitraria\u00bb (CC T-1113\/05). Subrayado fuera del texto. <\/p>\n
Ese alto tribunal reiter\u00f3 la procedencia excepcional de la tutela en trat\u00e1ndose de \u00abrevertir o de detener situaciones fraudulentas y graves, suscitadas por el cumplimiento de una orden proferida en un proceso de amparo\u00bb (CC T-951\/13, T-373\/14); luego, recogiendo sus propios precedentes, mediante sentencia SU-627\/15, concluy\u00f3 que \u00absi la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la Rep\u00fablica, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, adem\u00e1s de cumplir con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Sobre el punto, esta Corporaci\u00f3n tambi\u00e9n ha sostenido su viabilidad, cuando la providencia reviste caracter\u00edsticas vulneradoras del debido proceso como cuando se omiten etapas de su tr\u00e1mite legal y \u00aben aquellos casos excepcionales, en que se invoca ausencia de notificaci\u00f3n del accionado, una vez \u00e9ste hubiera agotado en el interior del incidente de desacato esta misma situaci\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 8 feb. 2008 rad. 00344-01, reiterada STC, 9 feb. 2016, rad. 00901-01, entre otras). <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto \u2013 razonabilidad de la decisi\u00f3n atacada <\/p>\n
Si bien el actor extiende el reclamo a cuestionar las decisiones del 8 y 11 de junio pasados, adoptadas por el Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito y el Tribunal Superior de Cali dentro del tr\u00e1mite incidental, el examen que har\u00e1 la Corte se circunscribir\u00e1 exclusivamente al segundo prove\u00eddo en menci\u00f3n por cuanto fue el que defini\u00f3, en sede de consulta, la cuesti\u00f3n planteada por el quejoso, habida cuenta que, tal como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, se torna inane detenerse en el escrutinio de la providencia de primer nivel pues: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) al haber sido\u2026 estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
Aclarado lo anterior, la Sala advierte la improcedencia del amparo comoquiera que la determinaci\u00f3n de la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Villavicencio, lejos de ser arbitraria, fue el resultado de una hermen\u00e9utica razonable del contexto f\u00e1ctico y jur\u00eddico, as\u00ed como de los medios de convicci\u00f3n aducidos en el tr\u00e1mite incidental iniciado por el presunto desacato a la orden impartida dentro de la salvaguarda 2019-00079. <\/p>\n
En efecto, se tiene que la corporaci\u00f3n convocada, en la providencia del 11 de junio del cursante a\u00f1o, a trav\u00e9s de la cual resolvi\u00f3 el grado jurisdiccional de consulta, luego de hacer un recuento de la actuaci\u00f3n surtida y de la sanci\u00f3n impuesta por el a quo, resumi\u00f3, de la siguiente forma, los descargos presentados por funcionarios de la Nueva EPS: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) a lo largo del tr\u00e1mite surtido, Nueva EPS fue insistente en alegar que \u201c[e]n el caso concreto, es claro que para el a\u00f1o 2020 y hasta el 01 de diciembre de 2020, fechas en las que se causaron las incapacidades, el usuario se encontraba afiliado a Medim\u00e1s EPS y no es Nueva EPS, por lo que (\u2026) se configura una falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u201d, debiendo Medim\u00e1s EPS \u201casumir el reconocimiento y pago de las incapacidades a favor de la usuaria [sic]\u201d, m\u00e1s si en cuenta se tienen los deberes legales con sus afiliados que les asisten a las EPS liquidadas \u201chasta el d\u00eda de la asignaci\u00f3n\u201d, aunado a que \u201cla EPS Medim\u00e1s [\u2026] no ostenta la condici\u00f3n de liquidada sino de deshabilitada de algunos territorios del pa\u00eds, por lo que cuenta con plenas facultades para cumplir las obligaciones pendientes con los que fueron sus afiliados\u201d. <\/p>\n
As\u00ed mismo, pidi\u00f3 que \u201cen el estudio de[l] caso [se] tenga en cuenta que Nueva EPS no hizo parte de la admisi\u00f3n de la tutela y por ello no ejerci\u00f3 su derecho a la leg\u00edtima defensa\u201d debi\u00e9ndose modificar el fallo proferido y otorgarle un t\u00e9rmino para ejercer su derecho de defensa respecto a las pretensiones planteadas (\u2026)\u00bb <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, expuso: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) De manera liminar, cumple precisar que acert\u00f3 la juez a quo al adelantar el incidente de desacato y finalmente sancionar al funcionario citado como responsable de cumplir el fallo de tutela por parte de Nueva EPS, pues de conformidad con el art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991, el fin \u00faltimo del incidente de desacato no es otro sino el cumplimiento de la orden constitucional, y siendo que aquella entidad se trata de la promotora de salud a la cual se encuentra actualmente afiliado el accionante, se impon\u00eda llevar a cabo el tr\u00e1mite de esa manera pues, de adelantarse en contra de Medim\u00e1s, el mismo resultar\u00eda inane. <\/p>\n
Y es que lo anterior es as\u00ed debido a que diferente a los insistentes argumentos esbozados por Nueva EPS, se tiene que a partir de la revocatoria parcial de autorizaci\u00f3n de funcionamiento de Medim\u00e1s EPS en los departamentos de Antioquia, Nari\u00f1o, Santander y Valle del Cauca, dispuesta por la Superintendencia de Salud mediante Resoluci\u00f3n 012877 del 12 de noviembre de 2020, atendiendo que Medim\u00e1s EPS \u201cno brinda las garant\u00edas para el aseguramiento y la prestaci\u00f3n de los servicios de salud de 731.421 afiliados en esos departamentos [\u2026] y tras evidenciar que pone en riesgo la garant\u00eda al acceso efectivo de los servicios de salud, la seguridad de los afiliados y la destinaci\u00f3n de los recursos del sector\u201d, luce evidente que la finalidad misma del traslado de los afiliados a otras entidades promotoras de salud, es garantizar por parte de las EPS receptoras -a partir del traslado efectivo de los mismos, que para el caso del actor se dio el 01 de diciembre de 2020, como lo aduce la propia entidad- las obligaciones asistenciales y prestacionales que no hab\u00edan sido adecuadamente atendidas (\u2026)\u00bb <\/p>\n
Con apoyo en precedentes de esta Sala (v. gr. STC7223-2020, rad. 2020-00091-01, STC8378-2020, rad. 2020-00149-01 y STC7989-2020, rad. 2020-00326-01), concluy\u00f3: <\/p>\n
Encontr\u00e1ndose as\u00ed las cosas, y siendo que en este caso, en el fallo de tutela cuyo desacato se alega, el juzgado de primera instancia orden\u00f3 a Medim\u00e1s EPS (hoy Nueva EPS), el reconocimiento y pago de unas incapacidades m\u00e9dicas a favor del accionante, generadas a partir de los 540 d\u00edas y hasta la fecha del fallo -dentro de las que se encuentran las que hoy reclama el accionante- lo cual, hasta la fecha no ha sido atendido, sin que exista una justificaci\u00f3n v\u00e1lida para ello -pues se itera, todos los argumentos expuestos por la entidad incidentada [sic] se encaminaron a desconocer su calidad de sucesor procesal en este asunto- se evidencia una flagrante desatenci\u00f3n a lo dispuesto en la sentencia de tutela por parte del funcionario sancionado, pues no acredit\u00f3 el cumplimiento de lo ordenado, ni tampoco present\u00f3 una justificaci\u00f3n v\u00e1lida (\u2026)\u00bb <\/p>\n
Es claro que la anterior determinaci\u00f3n se encuentra debidamente sustentada y contiene un criterio razonable, en tanto que en ella se advirtieron las razones jur\u00eddicas por las cuales la colegiatura demandada consider\u00f3 que la sentencia dictada por el Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de Cali, dentro de la acci\u00f3n de tutela 2019-00079, no fue atendida, desestimando por esa v\u00eda las alegaciones del funcionario sancionado que, se resalta, guardan identidad con las plasmadas en el presente resguardo, de suerte que no puede se\u00f1alarse de caprichosa o arbitraria, habida consideraci\u00f3n que la autoridad enjuiciada resolvi\u00f3 conforme lo allegado a la actuaci\u00f3n, denot\u00e1ndose que los alegatos planteados en esta oportunidad por el gestora van encaminados a reabrir un debate correctamente superado, tratando de imponer su particular hermen\u00e9utica sobre la de los jueces de instancia, finalidad que resulta ajena a la herramienta supralegal, pues no fue concebida como una instancia adicional o paralela a las consagradas en el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no se evidencia la configuraci\u00f3n de alguna causal de procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra determinaciones judiciales en la medida que la simple expresi\u00f3n de inconformidad con el sentido del pronunciamiento recriminado no es suficiente para habilitar la intervenci\u00f3n extraordinaria, frente a lo que ha sido enf\u00e1tica esta Sala al resaltar que, m\u00e1s all\u00e1: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales, circunstancias que no concurren en el asunto bajo an\u00e1lisis\u00bb (CSJ STC de 5 de abril de 2010, exp. 00006-01, reiterada el 12 de marzo de 2015, exp. STC2713). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Se negar\u00e1 el amparo porque la providencia cuestionada no constituye desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta v\u00eda y el demandante pretende desconocer la \u00f3rbita de competencia del juez constitucional, al buscar imponer su particular comprensi\u00f3n jur\u00eddica, sustituyendo a los funcionarios de instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA la tutela de la referencia. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo esta determinaci\u00f3n a las partes y, en caso de no ser impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Director de Prestaciones Econ\u00f3micas de la Nueva EPS. <\/p>\n
2\u0002 No adjunto poder especial conferido para actuar en este tr\u00e1mite constitucional por la persona a la que dice representar. <\/p>\n
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