STC16359-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
STC16359-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-04015-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual del primero de diciembre del 2021) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00b0) de diciembre de dos mil veintiuno veinte (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Epifan\u00eda Mulet Guerrero frente a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartagena, el Banco Colpatria y Cargepo S.A.S., tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la presente queja constitucional. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante reclam\u00f3 la salvaguarda de sus derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso \u00aben conexidad con la vivienda digna de deudores de UPAC en conexidad a la familia como n\u00facleo fundamental de la sociedad y a la protecci\u00f3n por parte del estado de las personas en estado de debilidad manifiesta\u00bb y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente trasgredidos por la autoridad judicial acusada, dentro del proceso de radicado No. 2002-049. <\/p>\n
2. Apuntal\u00f3 su accionar en los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n
2.1. La gestora manifest\u00f3 que el Banco Colpatria impuls\u00f3 proceso ejecutivo hipotecario en su contra y de Claudia Mulet Guerrero1, el cual conoci\u00f3 el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Cartagena y al que le correspondi\u00f3 el radicado 2002-049. <\/p>\n
2.2. Indic\u00f3 que el aludido despacho libr\u00f3 mandamiento de pago el 25 de febrero del 20022. Posteriormente, agotado el respectivo tr\u00e1mite, el 23 de marzo del 2007 se dict\u00f3 sentencia por medio de la cual se resolvi\u00f3 declarar no probadas las excepciones propuestas y se orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
2.3. Refiri\u00f3 que el haberse iniciado proceso ejecutivo hipotecario sin contar previamente con el proceso de reestructuraci\u00f3n vulner\u00f3 sus derechos de igualdad, debido proceso y de \u00abvivienda digna en conexidad con los derechos a la vida, a la familia como n\u00facleo fundamental de la sociedad y a la protecci\u00f3n por parte del estado de las personas en estado de debilidad manifiesta, \u2026\u00bb, pues no tuvieron oportunidad de expresar sus opiniones e informar su situaci\u00f3n financiera y, con ello, su verdadera capacidad de pago, para as\u00ed preservar su derecho a una vivienda digna, toda vez que \u00e9ste se suscribi\u00f3 antes de 1999 en UPAC. <\/p>\n
2.4. Asever\u00f3 que interpuso acci\u00f3n de tutela en contra del mentado proceso, la cual fue concedida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cartagena el 04 de mayo del 2017. A su turno, orden\u00f3 \u00abdejar sin efecto la decisi\u00f3n del 8 de Febrero de 2007 que decret\u00f3 la venta en p\u00fablica subasta del bien inmueble embargado, y los prove\u00eddos que de la misma se deriven, para que en su lugar profiera decisi\u00f3n que tome en cuenta la naturaleza del litigio y las situaciones concretas presentadas, a la luz de las normas aplicables al caso, conforme con los precedentes, sobre la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, vinculantes sobre la materia\u00bb3. Tal decisi\u00f3n fue confirmada por esta Sala Civil en fallo del 8 de junio del mismo a\u00f1o. <\/p>\n
2.5. Por tal situaci\u00f3n, el Juez del Circuito orden\u00f3 terminar la actuaci\u00f3n el 27 de junio del 2017. Sin embargo, al resolver la apelaci\u00f3n propuesta por la ejecutante, en providencia del 13 de marzo del 2018, el Colegiado accionado revoc\u00f3 lo dispuesto por el a quo, por tanto, desconoci\u00f3 lo ordenado en sede de tutela. <\/p>\n
2.6. A su vez indic\u00f3 que a la fecha no existe ning\u00fan proceso pendiente en su contra, ni medidas cautelares que impidan la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, \u00abam\u00e9n de que en la fecha de la obligatoriedad de la reestructuraci\u00f3n, valga decir 17 de enero de 2002, tampoco ten\u00edan procesos ejecutivos en su contra\u00bb. <\/p>\n
2.7. Explic\u00f3 que, si bien ya interpuso este mismo mecanismo constitucional en contra del prove\u00eddo del 13 de marzo del 2018, lo cierto es que existen hechos nuevos que la facultan a impetrarla nuevamente, a saber, la jurisprudencia reciente elaborada por esta Corporaci\u00f3n sobre este tipo de procesos ejecutivos hipotecarios. En particular, sostuvo que: <\/p>\n
\u00abSe justifica esta acci\u00f3n de tutela puntualmente en el hecho de que la Corte suprema de Justicia cambi\u00f3 su posici\u00f3n jurisprudencial con respecto a las reglas de la demostraci\u00f3n de la incapacidad econ\u00f3mica y manifest\u00f3 en las sentencias: STC5248-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0. 68001-22-13-000-2020-00492-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual del cinco de mayo de dos mil veintiunos) Bogot\u00e1, D. C., doce (12) de mayo de dos mil veintiuno (2021); STC14779-2019 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2019-03453-00, del treinta (30) de octubre de dos mil diecinueve (2019), STC5363-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00630-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de doce de mayo de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de mayo de dos mil veintiuno (2021). STC9367-2019 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 68001-22-13-000-2019-00164-01(Aprobado en sesi\u00f3n de diez de julio de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D. C., diecisiete (17) de julio de dos mil diecinueve (2019). STC474-2020 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03.000-2019-03992-00 (Aprobad o e n sesi\u00f3n de veintinueve de enero de dos mil veinte) Bogot\u00e1, D. C, veintinueve (29) de enero de do s mil veinte (2020) y auto de terminaci\u00f3n de proceso ejecutivo hipotecario emanado por el, juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartagena dentro del radicado RADICACI\u00d3N No. 13001-31-03-001-2004-00449-00, HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC11316-2021 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-02103-00 (Aprobado en sesi\u00f3n del primero de septiembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de septiembre de dos mil veintiuno (2021)\u00bb. <\/p>\n
En ese orden de ideas, sostuvo que \u00abfinalmente se sustenta esta acci\u00f3n de tutela en la equivocaci\u00f3n que en que incurri\u00f3 EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO DE CARTAGENA, al considerar que la restructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito hipotecario adquirido en UPAC depend\u00eda de la capacidad econ\u00f3mica de la suscrita y lo que es peor la conclusi\u00f3n de incapacidad fue dilucidada de manera errada tal como lo estima la C. S. de J. en los recientes fallos que se anexan a esta acci\u00f3n. T\u00e9ngase en cuenta que la nulidad tantas veces solicitadas es de las insanables en raz\u00f3n de que es violatoria del debido proceso, de la Constituci\u00f3n y la ley\u00bb. <\/p>\n
3. Pidi\u00f3, en consecuencia, que \u00abse declare nulo y se revoque todas las actuaciones del proceso Civil Hipotecario que se sigue en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartagena bajo el radicado No. 049 \u2013 2002, contra EPIFANIA MULET, por el cual se pretende rematar el bien inmueble identificado con Matricula Inmobiliaria No. 060 \u2013 20836 de mi propiedad\u00bb y, en consecuencia, \u00abse ordene la terminaci\u00f3n y el archivo del proceso, y se ordene al BANCO COLPATRIA o a quien corresponda se realice la restructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, de acuerdo a lo ordenado en el art\u00edculo 42 de la ley 546 de 1999 con efectividad a la fecha en que se debi\u00f3 restructurar dicho cr\u00e9dito\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
Los accionados y vinculados guardaron silencio. <\/p>\n
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III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- A voces del art\u00edculo 38 del del Decreto 2591 de 1991, se considera que habr\u00e1 temeridad, cuando \u00absin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u00bb, lo que traduce en \u00abque no es dable utilizarla indiscriminadamente en m\u00e1s de una ocasi\u00f3n para discutir id\u00e9nticos supuestos facticos, fundamentos jur\u00eddicos y pretensiones, pues es principio general del \u00abDerecho\u00bb no someter reiteradamente el mismo debate a escrutinio de la jurisdicci\u00f3n. Naturalmente que un comportamiento que contrar\u00ede ese postulado es merecedor de sanciones, cuando menos, la declaratoria de decaimiento de las s\u00faplicas por cosa juzgada\u00bb (CSJ STC2548-2020 de 10 de marzo, Rad. 2019-00525-02). <\/p>\n
En relaci\u00f3n con la tem\u00e1tica, de anta\u00f1o ha precisado esta Corporaci\u00f3n que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el abuso de este mecanismo especial de protecci\u00f3n constitucional para efectos de obtener m\u00faltiples pronunciamientos a partir del mismo caso, ocasiona un perjuicio para toda la sociedad e implica una p\u00e9rdida directamente en la capacidad judicial del Estado para atender los requerimientos del resto de la sociedad (Exp. T. No. 0010-00, 3 de mayo de 2002), adem\u00e1s que en asuntos, como el presente, en que la actora impetra id\u00e9ntica pretensi\u00f3n, pero a partir de la agregaci\u00f3n de un \u201cnuevo\u201d derecho fundamental, como ella misma lo advierte (fl.41), se pretende evadir la prohibici\u00f3n legal de presentar dos o m\u00e1s peticiones de amparo por los mismos hechos, encuentra la Sala que no por ello, es decir, por tratar de introducir artificiosas modificaciones al contenido de la petici\u00f3n anterior, que no alteran sus aspectos medulares, puede escaparse la accionante de las sanciones que por temeridad tiene previsto el ordenamiento, pues semejante proceder comporta, de todos modos, un uso disfuncional del amparo constitucional merecedor de reproche\u00bb. (CSJ STC 24 feb. 2006, Rad. 0171-00, reiterada en STC2103-2016, 25 feb. Rad. 00294-00 y STC2713-2020, 12 de marzo Rad. 2020-00038-01). <\/p>\n
2.- En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala es irrebatible la improcedencia del resguardo reclamado al advertirse claramente la concurrencia de la hip\u00f3tesis prevista en el canon 38 del decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
Ciertamente, al examinar los fundamentos bacilares del reclamo tutelar, es ostensible que la demandante acudi\u00f3 al presente tr\u00e1mite constitucional con id\u00e9ntico prop\u00f3sito al planteado con anterioridad en otras acciones de similar naturaleza, resueltas por la esta Sala Civil en fallo STC14510 del 24 de octubre del 20194, la Sala Laboral en prove\u00eddos STL17408-2019, STL11239-2020 y por la Sala Penal en providencia STP2996-2021. <\/p>\n
Es as\u00ed como, en el prenombrado fallo de esta Sala Civil, examinados los antecedes del caso y la argumentaci\u00f3n del juzgador, se coligi\u00f3: <\/p>\n
\u00abA su vez es menester resaltar, que de los argumentos expuestos en la sentencia de segunda instancia dictada el 13 de marzo de 2018 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cartagena, por medio de la cual se revoc\u00f3 el fallo de instancia y en su lugar se deneg\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso, para continuar adelante con la ejecuci\u00f3n, pese a que no se acredit\u00f3 la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, no es posible advertir que sean arbitrarios o injustos, por lo que no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, ya que tal determinaci\u00f3n no es el resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores de quienes promovieron la queja constitucional y menos si en cuenta se tiene que se profiri\u00f3 de acuerdo a las circunstancias que en este instante rodeaban la actuaci\u00f3n. (\u2026) <\/p>\n
En ese orden, es claro que el Cuerpo Colegiado encausado tom\u00f3 su determinaci\u00f3n, en raz\u00f3n a que en este caso no era procedente la terminaci\u00f3n del proceso por falta de reestructuraci\u00f3n, pues exist\u00eda otro proceso ejecutivo, promovido contra una de las deudoras, el cual se encontraba tambi\u00e9n embargado el inmueble perseguido en el tr\u00e1mite ejecutivo y el que para la fecha en que se profiri\u00f3 el fallo de segunda instancia no hab\u00eda culminado. (\u2026) <\/p>\n
8. Al respecto se aclara que las mencionadas determinaciones no evidencian capricho por parte de las autoridades judiciales accionadas, como tampoco sus razones merecen el calificativo de absurdas ni de autoritarias, de modo que no se amerita el otorgamiento del amparo invocado. <\/p>\n
9. Ahora bien, es menester precisar que si bien el proceso ejecutivo del cual conoci\u00f3 el Juzgado Once Civil Municipal de Cartagena, en el cual se orden\u00f3 el embargo del inmueble identificado con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 060-20836, termin\u00f3 el 26 de septiembre de 2018 por desistimiento t\u00e1cito, por lo que eventualmente se podr\u00eda predicar que hay lugar a la terminaci\u00f3n de la actuaci\u00f3n que ac\u00e1 se censura ante la falta de reestructuraci\u00f3n del t\u00edtulo base de la ejecuci\u00f3n, lo cierto es que en la actualidad existe un embargo por jurisdicci\u00f3n coactiva, el cual se encuentra vigente y fue ordenado por la Tesorer\u00eda Distrital de Cartagena, el que se registr\u00f3 en la anotaci\u00f3n No. 24 el 17 de septiembre del presente a\u00f1o. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, es evidente que a pesar de que la jurisprudencia ha precisado que la ausencia de reestructuraci\u00f3n, acarrea la imposibilidad de seguir adelante la ejecuci\u00f3n, lo cierto es que tambi\u00e9n se ha recalcado que cuando existan embargos, ya sean fiscales o particulares, o embargo de remanentes, la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito es inexigible, dado que revela la incapacidad de pago de la parte demandada y que la obligaci\u00f3n se hace exigible ya no por la mora en el pago, sino por el cobro de otras acreencias que pueden afectar su patrimonio, por tal motivo, esa premisa fue enmarcada como una de las excepciones a la aplicabilidad del beneficio en comento por la Corte Constitucional\u00bb. <\/p>\n
Dicha providencia fue confirmada por la Sala Laboral de esta Corporaci\u00f3n en sentencia STL17408 del 18 de diciembre del 2019, en la que se sostuvo que: <\/p>\n
\u00abFrente a lo anterior, la Sala tampoco advierte que esa providencia sea arbitraria o caprichosa, o esta desprovista de sustento jur\u00eddico, toda vez, que se insiste, siguiendo las pautas se\u00f1aladas en la sentencia CC SU787\/12, no era procedente la terminaci\u00f3n del proceso por falta de reestructuraci\u00f3n, al existir otro proceso ejecutivo, promovido contra las accionantes, lo que le impide al juez de tutela interferir, pues de hacerlo, rebasar\u00eda la \u00f3rbita de su competencia. <\/p>\n
De esta manera, no puede el juez de tutela inmiscuirse so pretexto de tener un criterio diferente, en desmedro de los principios de autonom\u00eda e independencia judicial, pues quien ha sido encargado por el legislador para dirimir el conflicto es el juez natural, y su convencimiento debe primar sobre cualquier otro, salvo que se presenten desviaciones protuberantes, que como se dej\u00f3 plasmado, en este caso no acontecen. <\/p>\n
Finalmente, como en m\u00faltiples ocasiones lo ha precisado esta Sala de la Corte, la acci\u00f3n de tutela no es una instancia adicional en la que se pueda realizar un estudio de fondo del proceso resuelto por las autoridades judiciales competentes, pues su objeto es la protecci\u00f3n de derechos fundamentales cuando estos resulten vulnerados y no una tercera instancia en la que se imponga un criterio jur\u00eddico o de valoraci\u00f3n probatoria por muy respetables los argumentos en que se soporte\u00bb. <\/p>\n
Queda claro entonces, que la legitimidad de la decisi\u00f3n confutada ya fue sometida al racero constitucional en el prove\u00eddo STC14510-2019, as\u00ed como las razones procedentes para exigir la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, dej\u00e1ndose indemne, dado que no era dable calificarla como \u201cv\u00eda de hecho\u201d; providencia que cobr\u00f3 firmeza tras ser excluida de la revisi\u00f3n, haciendo tr\u00e1nsito a cosa juzgada constitucional. <\/p>\n
Actuaciones que, valga decirlo, en todo caso fueron revisadas en acci\u00f3n de tutela por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral en sentencia STL11239 del 20 de noviembre del 2020, en la que refiri\u00f3 -frente al proceso ejecutivo- lo siguiente: <\/p>\n
\u00abPrecisado lo anterior, los cuestionamientos referidos a la declaratoria de nulidad de todas las actuaciones surtidas dentro del proceso ejecutivo hipotecario adelantado en su contra, y los requerimientos sobre la terminaci\u00f3n del mismo, y la orden al Banco Colpatria para adelantar la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, ya fueron resueltos en la sentencia CSJ STC14510-2019, y en la que fue confirmada por esta Sala de la Corte (CSJ STL17408-2019.) <\/p>\n
De ah\u00ed que resulte indiscutible que la situaci\u00f3n que se pone de presente es la misma que fue atendida en aquella oportunidad, circunstancia que configura la existencia de cosa juzgada constitucional; por tanto, lo procedente es denegarla, de conformidad con lo establecido en sentencia CC SU-337- 2014 (\u2026) <\/p>\n
Aceptar lo contrario, generar\u00eda diversos pronunciamientos sobre una misma situaci\u00f3n f\u00e1ctica y jur\u00eddica, as\u00ed como el abuso del derecho en el ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, la cual, como se dijo con antelaci\u00f3n, tiene como \u00fanico objetivo la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales lesionados o amenazados, mas no la intervenci\u00f3n indiscriminada del juez constitucional\u00bb. <\/p>\n
A su turno, frente al prove\u00eddo STC14510-2019, asever\u00f3 en esta oportunidad que: <\/p>\n
\u00abDe otra parte, en lo concerniente a los cuestionamientos referidos al fallo de tutela emitido por la hom\u00f3loga Civil y que fue confirmado por esta Sala, debe precisarse que dicha determinaci\u00f3n se fundament\u00f3 en el material probatorio obrante en el expediente y, en el marco jur\u00eddico correspondiente, seg\u00fan el cual se estableci\u00f3 que al margen de que estuviera verificada la falta de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, la demandada Epifania Mulet Guerrero, no cumpl\u00eda con las condiciones para que fuera procedente la terminaci\u00f3n del proceso por dicha causal, como quiera, que contra la misma cursaban otros procesos ejecutivos en su contra por obligaciones diferentes a las aqu\u00ed ejecutadas, situaci\u00f3n que se encontr\u00f3 acorde a las pautas se\u00f1aladas en la sentencia CC SU-787-2012. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, debe resaltarse que al evidenciarse que el prop\u00f3sito del mecanismo preferente y sumario es, fundamentalmente, poner en entredicho una decisi\u00f3n que se tom\u00f3 dentro de una acci\u00f3n cuya naturaleza guarda identidad con la que aqu\u00ed se estudia; dicha exigencia ciertamente no se acompasa con los fines de esta v\u00eda excepcional, la cual no se encuentra consagrada para que el juez constitucional reexamine los debates, las interpretaciones o valoraciones que han realizado autoridades hom\u00f3logas en otras acciones de tutela\u00bb. <\/p>\n
Tal decisi\u00f3n fue confirmada por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral el 16 de marzo del a\u00f1o en curso en sentencia STP2996-2021, en la que, en s\u00edntesis, evidenci\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abAhora bien, en la presente acci\u00f3n de tutela el apoderado de las accionantes manifiesta que si bien los hechos, partes y pretensiones son las mismas, existe un hecho nuevo consistente en la expedici\u00f3n de la sentencia STC14779-2019 de 30 de octubre de 2019, la cual, en su criterio, fija un nuevo criterio sobre la prueba de la incapacidad econ\u00f3mica del deudor, con base en lo cual solicita nuevamente declarar la nulidad del proceso ejecutivo, ordenar su terminaci\u00f3n y al Banco Colpatria que realice una reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito dado que las obligadas no tienen impedimento para hacerlo. <\/p>\n
5. De lo expuesto queda claro que la acci\u00f3n de tutela no es procedente para cuestionar la decisi\u00f3n adoptada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cartagena el 13 de marzo de 2018 que orden\u00f3 continuar con la ejecuci\u00f3n, dado que esta inconformidad ya fue planteada en la acci\u00f3n de tutela n\u00b02019-02823, la cual fue negada por la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corporaci\u00f3n el 24 de octubre de 2019 (STC14510-2019) y confirmada en segunda instancia por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral el 18 de diciembre de 2019 (STL17408-2019), por los motivos antes citados. <\/p>\n
A lo expresado cabe a\u00f1adir que, si la parte actora consider\u00f3 que la decisi\u00f3n del tribunal desconoci\u00f3 el amparo otorgado dentro de la acci\u00f3n de tutela 13001221300020170012600, para ello est\u00e1 previsto el incidente de desacato, mecanismo de defensa judicial al cual, de acuerdo con la evidencia aportada al expediente, no han acudido y que no puede ser sustituido por otra acci\u00f3n de tutela. (\u2026) <\/p>\n
Por \u00faltimo y al margen de lo se\u00f1alado es preciso destacar que el hecho nuevo al que alude en la solicitud de tutela que se decide, no es tal, dado que la sentencia de tutela de la Sala de Casaci\u00f3n Civil STC 14779-2019 de 30 de octubre de 2019, no modifica los precedentes en materia de procedencia de la reestructuraci\u00f3n de cr\u00e9ditos y terminaci\u00f3n de procesos ejecutivos. La decisi\u00f3n que all\u00ed se adopt\u00f3 se fundament\u00f3 en la insuficiencia de la prueba existente en ese caso para dar por demostrada la incapacidad de pago, cuestionando que el juzgador se halla basado en la existencia de un solo proceso de cobro coactivo, sin ahondar m\u00e1s en la situaci\u00f3n econ\u00f3mica del ejecutado, situaci\u00f3n que no es similar a la actual, en la cual se han relacionado los distintos procesos ejecutivos adelantados contra las ejecutadas\u00bb. <\/p>\n
Tales determinaciones no solo demuestran que ya qued\u00f3 con suficiencia decantada la revisi\u00f3n de la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena el 13 de marzo del 2018, sino que tambi\u00e9n se hizo un somero an\u00e1lisis de los argumentos esgrimidos por la actora frente al nuevo precedente constitucional. <\/p>\n
3. No obstante lo anterior, para esta Sala no se justifica el ejercicio de esta nueva reclamaci\u00f3n en atenci\u00f3n a los razonamientos contenidos en las sentencias STC5248-2021, rad. 2020-00492-01; STC14779-2019, rad. 2019-03453-00; STC9367-2019, rad. 2019-00164-01; STC474-2020, rad. 2019-03992-00; y, STC11316-2021, rad. 2021-02103-00, por cuanto, en lo que toca con dichas providencias, con independencia de si la Corte variara o no su postura referente al tema, las decisiones que se emitan en el trasegar del tiempo no pueden utilizarse para reabrir el debate de asuntos decididos con anterioridad. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) los cambios jurisprudenciales no pueden alterar aquellas controversias resueltas con anterioridad; admitir tal circunstancia, como lo pretende el quejoso, desestabilizar\u00eda el orden jur\u00eddico y el entorno social, al retrotraer discusiones ya zanjadas, generando sobresaltos, ambivalencias y crisis, situaci\u00f3n que resulta inadmisible, porque ello implicar\u00eda desconocer los principio de seguridad jur\u00eddica y confianza leg\u00edtima que imponen la prudencia y el respeto al pasado y a lo finiquitado, cuando no est\u00e1 en juego la libertad del ser humano. <\/p>\n
Por esta raz\u00f3n las recientes interpretaciones no han de menoscabar los derechos adquiridos ni sembrar el desconcierto\u00bb5. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no es de recibo para esta Corte el fin perseguido por la accionante quien, sobre la base de una nueva jurisprudencia, procura enervar los efectos de la cosa juzgada constitucional que ampara aquella determinaci\u00f3n. M\u00e1xime cuando no se evidencia un cambio sustancial en los hechos, partes o pretensiones que autorice otro pronunciamiento de esta Corporaci\u00f3n, cuando la jurisdicci\u00f3n constitucional ya analiz\u00f3 sus censuras. <\/p>\n
4.- Por lo razonado en precedencia, se negar\u00e1 el amparo exigido. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y, en caso de no ser impugnada, oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Folio 3 del PDF \u00abPRUEBA_29_10_2021 12_11_48\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Folio 2 del PDF \u00abPRUEBA_29_10_2021 12_11_21\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 Folio 8 del PDF \u00abPRUEBA_29_10_2021 12_13_17\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 Rad. 11001-02-03-000-2019-02823-00 y en la que el objeto del fallo se circunscribi\u00f3 a examinar \u00abla negativa de decretar la nulidad de lo actuado y el hecho de que el Cuerpo Colegiado convocado haya revocado la sentencia de instancia que hab\u00eda decretado la terminaci\u00f3n de la actuaci\u00f3n, y que por ende desconocido su propio precedente, ya que no tom\u00f3 en consideraci\u00f3n lo esa misma autoridad orden\u00f3 en sede de tutela\u00bb. <\/p>\n
5\u0002 STC16967-2019, del 13 de diciembre. <\/p>\n
7 <\/p>\n
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STC16359-2021 FRANCISCO TERNERA BARRIOS STC16359-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-04015-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual del primero de diciembre del 2021) Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00b0) de diciembre de dos mil veintiuno veinte (2021). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Epifan\u00eda Mulet Guerrero frente a la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[43],"tags":[],"class_list":["post-60008","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60008","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=60008"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60008\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=60008"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=60008"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=60008"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}