STC16361-2021<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16361-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 05001-22-03-000-2021-00527-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del primero de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo de 28 de octubre de 2021, dictado por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, en la tutela promovida por Arturo de Jes\u00fas Atehort\u00faa Arteaga contra la Superintendencia de Sociedades \u2013 Intendencia Regional de esa ciudad, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el litigio n\u00b0 2021-0237 2021-009450. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El libelista solicit\u00f3 dejar sin valor y efecto la decisi\u00f3n con la que la autoridad accionada declar\u00f3 su falta de competencia para conocer del asunto y orden\u00f3 remitir el decurso materia de escrutinio a la Secretar\u00eda de Gesti\u00f3n y Control Territorial del Municipio de Medell\u00edn. <\/p>\n
En sustento, adujo que promovi\u00f3 juicio ejecutivo hipotecario contra la constructora Promotora Amiga S.A.S. ante el Juzgado Catorce Civil del Circuito de Medell\u00edn, donde se libr\u00f3 mandamiento de pago, se decret\u00f3 el embargo y posterior secuestro de doscientos veinte inmuebles que soportan gravamen de hipoteca en favor del gestor, en garant\u00eda de la obligaci\u00f3n contra\u00edda por dicha sociedad comercial; en \u00e9l, tambi\u00e9n se tom\u00f3 nota del embargo de remanentes decretado por el Juzgado Doce Civil Municipal de Medell\u00edn respecto de este proceso y se orden\u00f3 el emplazamiento de los acreedores hipotecarios. <\/p>\n
Indic\u00f3 que el expediente se remiti\u00f3 a la Intendencia Regional de la Superintendencia de Sociedades, en atenci\u00f3n a la liquidaci\u00f3n judicial adelantada por tal dependencia. <\/p>\n
Relat\u00f3 que la liquidaci\u00f3n fue abierta por la entidad accionada el 17 de diciembre de 2020 y, entre otras determinaciones, decret\u00f3 cautelas sobre los bienes de propiedad de la sociedad aludida; sin embargo, el 16 de abril de 2021, dej\u00f3 sin efectos el auto anterior y declar\u00f3 la falta de competencia para conocer de ese asunto; por tanto, remiti\u00f3 el tr\u00e1mite al Municipio de Medell\u00edn, en concreto, a la Secretar\u00eda de Gesti\u00f3n y Control Territorial. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que frente a esas decisiones solicit\u00f3 aclaraci\u00f3n, luego interpuso el recurso de reposici\u00f3n y, en subsidio, el de apelaci\u00f3n; no obstante, todos fueron desatados \u00abdesfavorablemente\u00bb, \u00abgenerado una v\u00eda de hecho por defecto sustancial y procedimental [pues] los motivos de hecho o de derecho sobrevinientes no pueden alterar, mutar o transformar la competencia\u00bb. <\/p>\n
2. La Superintendencia enjuiciada realiz\u00f3 un recuento de la actuaci\u00f3n surtida y defendi\u00f3 su legalidad. <\/p>\n
3. El Tribunal neg\u00f3 el amparo al estimar que la decisi\u00f3n cuestionada era razonable. <\/p>\n
4. El gestor se alz\u00f3 fincado en alegaciones semejantes a las planteadas en el escrito inaugural. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El amparo constitucional invocado no est\u00e1 llamado a prosperar toda vez que la decisi\u00f3n cuestionada se adopt\u00f3 con base en un criterio de interpretaci\u00f3n razonable de los supuestos f\u00e1cticos y probanzas obrantes en el proceso de liquidaci\u00f3n judicial en comento. <\/p>\n
En efecto, revisada la decisi\u00f3n censurada, la Superintendencia de Sociedades comenz\u00f3 su an\u00e1lisis se\u00f1alando que, de conformidad con el art\u00edculo 132 del Estatuto Adjetivo, agotada cada etapa procesal, el juez deber\u00e1 realizar un control de legalidad para corregir o sanear los vicios que configuren nulidades u otras irregularidades; igualmente, que al tenor del numeral 5\u00ba del art\u00edculo 42 ib\u00eddem, el director del proceso debe adoptar las medidas autorizadas en el mismo para sanear los vicios de procedimiento o precaverlos. <\/p>\n
Seguidamente procedi\u00f3 a explicar el alcance del r\u00e9gimen de insolvencia contemplado en la ley 1116 de 2006 y los sujetos excluidos de su aplicaci\u00f3n e indic\u00f3 que <\/p>\n
(\u2026) Dentro de las exclusiones se\u00f1aladas en la norma anterior, el numeral 9 dispone que se encuentra excluida del r\u00e9gimen cualquier persona jur\u00eddica que tenga un r\u00e9gimen de recuperaci\u00f3n de negocios, liquidaci\u00f3n o intervenci\u00f3n administrativa para administrar o liquidar. <\/p>\n
Este tipo de tr\u00e1mites han sido denominados \u201cparaconcursos\u201d en tanto que los mismos pretenden resolver la situaci\u00f3n de crisis econ\u00f3mica de un deudor por un tr\u00e1mite distinto al consagrado en la Ley 1116 de 2006 (r\u00e9gimen subsidiario). <\/p>\n
Este tipo de tr\u00e1mites no necesariamente son de naturaleza judicial, sino que pueden tener una connotaci\u00f3n administrativa o conciliatoria. <\/p>\n
Luego, frente al r\u00e9gimen de los constructores de vivienda, explic\u00f3 que <\/p>\n
Para las entidades dedicadas a [ese fin], la Ley 66 de 1968 contempl\u00f3 un r\u00e9gimen especial, atendiendo las particularidades de ese tipo de deudores. <\/p>\n
En ese sentido, el art\u00edculo 12 de la Ley 66 de 1968, por la cual se regulan las actividades de urbanizaci\u00f3n, construcci\u00f3n y cr\u00e9dito para la adquisici\u00f3n de viviendas y se determina su inspecci\u00f3n y vigilancia se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u201cEl Superintendente Bancario puede tomar la inmediata posesi\u00f3n de los negocios, bienes y haberes de las personas jur\u00eddicas o naturales que se ocupen de las actividades de qu\u00e9 trata la Ley, o disponer su liquidaci\u00f3n. <\/p>\n
1. Cuando hayan suspendido pago de sus obligaciones. <\/p>\n
2. Cuando hayan rehusado la exigencia que se les haga en debida forma de someter sus cuentas y sus negocios a la inspecci\u00f3n del Superintendente Bancario. <\/p>\n
3. Cuando persistan en descuidar o rehusar el cumplimiento de las \u00f3rdenes debidamente expedidas por el Superintendente Bancario. <\/p>\n
4. Cuando persistan en violar alguna norma de sus estatutos o de la Ley, en especial la relativa a la obligaci\u00f3n de llevar la contabilidad de sus negocios. <\/p>\n
5. Cuando persistan en manejar sus negocios de manera no autorizada o insegura. <\/p>\n
6. Cuando su patrimonio, si se trata de persona natural, o su capital y reservas en las personas jur\u00eddicas, sufra grave quebranto que ponga en peligro la oportuna atenci\u00f3n de sus obligaciones. <\/p>\n
Cuando el ejercicio de las actividades de qu\u00e9 trata la presente Ley se desarrolle en las circunstancias mencionadas en el art\u00edculo anterior.\u201d (negrita original del texto). <\/p>\n
Sobre la evoluci\u00f3n normativa de la competencia sobre el ejercicio de las funciones de inspecci\u00f3n, vigilancia y control de las actividades de urbanizaci\u00f3n, construcci\u00f3n y enajenaci\u00f3n de inmuebles, se advierte que en la actualidad se encuentra a cargo de los municipios, de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 313 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, 187 de la Ley 136 de 1994, 109 y 125 de la Ley 388 de 1997, en concordancia con el art\u00edculo 12 de la Ley 66 de 1968. <\/p>\n
El art\u00edculo 125 de la Ley 388 de 1997, se\u00f1ala que las personas naturales o jur\u00eddicas que se dediquen a la construcci\u00f3n y enajenaci\u00f3n de inmuebles destinados a vivienda y que se encuentren en las situaciones previstas en los numerales 1 y 6 del art\u00edculo 12 de la Ley 66 de 1968, podr\u00e1n acceder al tr\u00e1mite de un concordato o de una liquidaci\u00f3n obligatoria, en los t\u00e9rminos previstos en la Ley 222 de 1995 o en las normas que la complementen o modifiquen -actualmente liquidaci\u00f3n judicial bajo los par\u00e1metros de la ley 1116 de 2006-, siempre y cuando est\u00e9n desarrollando la actividad urban\u00edstica con sujeci\u00f3n a las disposiciones legales del orden nacional, departamental, municipal o distrital. <\/p>\n
No obstante, la misma disposici\u00f3n se\u00f1ala que las personas naturales o jur\u00eddicas, incursas en cualquiera de las situaciones descritas en los numerales 2, 3, 4, 5 y 7 del art\u00edculo 12 de la Ley 66 de 1968, estar\u00e1n sujetas a la toma de posesi\u00f3n de sus negocios, bienes y haberes y\/o liquidaci\u00f3n administrativa que deber\u00e1 ser adelantada por la entidad territorial correspondiente. Dicha competencia es atribuible, adem\u00e1s, en los casos de concurrencia de dichas causales con las establecidas en los numerales 1 y 6 previstas en la norma antes citada. <\/p>\n
De conformidad con lo anterior, precis\u00f3 que los constructores de viviendas pueden estar sometidos a dos tipos de proceso de insolvencia <\/p>\n
a. Un r\u00e9gimen de naturaleza judicial en los t\u00e9rminos de la Ley 1116 de 2006 cuando el origen de la crisis se refiere exclusivamente a incapacidad para atender sus cr\u00e9ditos en los t\u00e9rminos pactados originalmente (causales 1 y \/ o 6 del art\u00edculo 12 de la Ley 66 de 1968). <\/p>\n
b. Un r\u00e9gimen de naturaleza administrativa en los t\u00e9rminos de la Ley 66 de 1968, cuando el origen de las crisis se debe a actuaciones que reflejan debilidades graves en la administraci\u00f3n del deudor, como las se\u00f1aladas en los numerales 2,3,4,5 y 7 de la Ley 66 de 1968 o por concurrencia de las del literal a. <\/p>\n
Enseguida descendi\u00f3 al caso concreto y se\u00f1al\u00f3 <\/p>\n
(i) Que el \u00f3rgano de Inspecci\u00f3n, Vigilancia y Control, esto es, la Alcald\u00eda de Medell\u00edn no tuvo en cuenta los problemas administrativos, financieros y jur\u00eddicos de la empresa en concurso Promotora Amiga S.A.S. respecto del ejercicio y actividad que desarrollaba como constructor, tan es as\u00ed, que no puede excusar el supuesto cumplimiento de las normas urban\u00edsticas por el simple hecho de estar vigentes las licencias de construcci\u00f3n; cuando el mismo ex representante legal y el liquidador advirtieron que ambas se encontraban suspendidas por decisi\u00f3n del ente territorial al no cumplir los requisitos legales para ejercer la actividad de construcci\u00f3n <\/p>\n
(ii) As\u00ed mismo, se tiene una situaci\u00f3n administrativa grave que afect\u00f3 a cientos de personas y familias del municipio de Medell\u00edn, sin que el \u00f3rgano de IVC (Alcald\u00eda de Medell\u00edn) verificara el cumplimiento de las normas de urbanidad como se lo exige la ley. Adem\u00e1s, la sociedad incumpli\u00f3 todos los contratos de promesa de compraventa como se puede observar en la solicitud de admisi\u00f3n a la liquidaci\u00f3n judicial respecto del desarrollo de los dos (2) proyectos inmobiliarios pendientes de terminaci\u00f3n, esto es, \u201cMirador del Diamante\u201d y \u201cMirador de los Nogales\u201d, donde las autorizaciones de pr\u00f3rroga de licencias se encontraban suspendidas- y la escrituraci\u00f3n para la entrega de bienes era improcedente al estar vencidas y no poder cumplir con sus obligaciones. <\/p>\n
(iii) De lo anterior se colige que la sociedad incumpli\u00f3 la mayor\u00eda de contratos de promesa de compraventa, teniendo en cuenta que en la solicitud de admisi\u00f3n se observa que los inmuebles destinados a los proyectos inmobiliarios se encontraban en obra y sin continuidad hace m\u00e1s de dos (2) a\u00f1os; sin que el \u00f3rgano de inspecci\u00f3n, vigilancia y control hiciera algo al respecto. <\/p>\n
(iv) Por otra parte, no existen ning\u00fan recurso en efectivo para solventar la labor del liquidador de la empresa en concurso para la protecci\u00f3n de los bienes que hacen parte de la masa. Adem\u00e1s, el ex representante legal no ha entregado la completitud de la informaci\u00f3n contable y financiera para cumplir con la finalidad de la liquidaci\u00f3n judicial, como el aprovechamiento de recursos, pues el auxiliar de la justicia advirti\u00f3 al juez del concurso sobre las inconsistencias de \u00edndole financiera, administrativa y contable que presenta la sociedad Promotora Amiga S.A.S. <\/p>\n
(v) Adicional a lo anterior, el ex representante legal en memorial 2020-01-593997 certific\u00f3 en la solicitud de admisi\u00f3n a la liquidaci\u00f3n, que cumpl\u00eda con las normas de urbanismo, cuando los hechos al interior del concurso de acreedores avizoran otra circunstancia, m\u00e1xime cuando el auxiliar de la justicia manifest\u00f3 que no se estaba cumpliendo con la normatividad respectiva y donde las licencias fueron suspendidas desde el a\u00f1o 2016, lo que conllev\u00f3 al incumplimiento contractual respecto de la entrega de los apartamentos y una afectaci\u00f3n generalizada de las personas que ocasion\u00f3 una elevado n\u00famero de presentaci\u00f3n de cr\u00e9ditos y la ocurrencia de posibles delitos por el debacle financiero y social que nos ocupa. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, es claro que la causal referida por este Juez del Concurso para dar inicio al proceso de liquidaci\u00f3n judicial no se enmarca en las causales 1 y 6 del art\u00edculo 12 de la ley 66 de 1968, donde se tuvo en cuenta la certificaci\u00f3n enviada por el ex representante legal, lo que conllevo a este despacho a incurrir en un error. <\/p>\n
Como efecto de lo anterior y admitiendo en gracia de discusi\u00f3n que en el presente caso se configura la causal relacionada con la incapacidad financiera (numeral 1 y 6), existe una concurrente con las establecidas en los numerales 4 (cuando persista en violar alguna norma de sus estatutos o de la ley, en especial la relativa a la obligaci\u00f3n de llevar la contabilidad de sus negocios) y 5 (Cuando persistan en manejar sus negocios de manera no autorizada o insegura), pues a pesar de que la Alcald\u00eda de Medell\u00edn advirtiera que la curadur\u00eda 4 ten\u00eda una pr\u00f3rroga de las licencias de ambos proyectos, la \u201cvigencia\u201d de las licencias de construcci\u00f3n se encontraban suspendidas pues no cumpl\u00edan los requisitos legales desde el a\u00f1o 2016, circunstancia que fue advertida por el ex administrador en la solicitud de admisi\u00f3n y el liquidador. Supuestos que encajar\u00edan plenamente en lo dispuesto en el par\u00e1grafo 2 del art\u00edculo125 de la Ley 388 de 1997, que establece: <\/p>\n
\u201cPARAGRAFO 2o. Cuando las causales previstas en los numerales 1 y 6 del art\u00edculo 12 de la Ley 66 de 1968 concurran con cualquiera otra de las previstas en la misma disposici\u00f3n, proceder\u00e1 la toma de posesi\u00f3n. (negrilla fuera de texto)\u201d. <\/p>\n
Bajo estas premisas, puntualiz\u00f3 <\/p>\n
(\u2026) que la sociedad Promotora Amiga S.A.S estar\u00eda excluida para adelantar el proceso de insolvencia regulado por la Ley 1116 de 2006, toda vez que, si bien las inconsistencias de la informaci\u00f3n contable o financiera y el incumplimiento de las obligaciones podr\u00edan ser un indicio de la concurrencia de las causales 1 y 6 del art\u00edculo 12 de la Ley 66 de 1968, al concurrir \u00e9stas con la del numeral 4 y 5 prevalecer\u00eda el proceso de toma de posesi\u00f3n, de competencia de las alcald\u00edas municipales del domicilio principal de la empresa, de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 125 de la Ley 388 de 1997, en consonancia con lo dispuesto en los numerales 2,3,4,5 y 7 del art\u00edculo 12 de la Ley 66 de 1968. <\/p>\n
En consecuencia, toda vez que este Despacho no es competente para continuar con el proceso de liquidaci\u00f3n judicial en los t\u00e9rminos de la Ley 1116 de 2006 y las dem\u00e1s normas que la complementan y adicionan, se revocar\u00e1 el Auto 2020-02-028700 de 17 de diciembre de 2020, por medio del cual se decret\u00f3 la apertura del proceso liquidaci\u00f3n judicial de los bienes de la sociedad Promotora Amiga S.A.S., identificada con NIT. N.\u00ba 900.450.420, y con domicilio en la ciudad de Medell\u00edn. <\/p>\n
Adicionalmente, toda vez que el domicilio de la sociedad es la ciudad de Medell\u00edn, se ordenar\u00e1 a la Secretar\u00eda Administrativa y Judicial de la Intendencia Regional, remitir el expediente No 82899 correspondiente de la sociedad promotora Amiga S.A.S. al municipio de Medell\u00edn, para lo de su competencia y fines pertinentes, en consonancia con lo establecido en el decreto 806 de 2020 respecto del archivo digital. Adem\u00e1s, se ordenar\u00e1 oficiar al Ministerio del Trabajo y la Dian para lo de su competencia. <\/p>\n
Posteriormente reliev\u00f3 que: <\/p>\n
El proceso de insolvencia decretado por este Juez del Concurso no se encuentra exclusivamente enmarcado en las causales 1 y 6 del art\u00edculo 12 de la Ley 66 de 1968. M\u00e1s a\u00fan, cuando se encuentran relacionadas con las dem\u00e1s causales de manera concurrente, supuesto que encaja plenamente en lo dispuesto en el par\u00e1grafo 2 del art\u00edculo 125 de la ley 388 de 1997 y excluye la competencia de esta Superintendencia, que establece: <\/p>\n
PARAGRAFO 2o. Cuando las causales previstas en los numerales 1 y 6 del art\u00edculo 12 de la Ley 66 de 1968 concurran con cualquiera otra de las previstas en la misma disposici\u00f3n, proceder\u00e1 la toma de posesi\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior significa que si las \u00fanicas causales para tramitar un proceso de insolvencia de una empresa constructora de vivienda se refieren a crisis financiera (causales 1 y 6 del art\u00edculo 12 de la Ley 66 de 1968), la Superintendencia de Sociedades es competente para adelantar un proceso de insolvencia bajo la Ley 1116 de 2006. <\/p>\n
Contrario sensu, cuando las causas de la crisis se enmarcan en los supuestos 2, 3, 4, 5 y 7 del art\u00edculo 12 de la Ley 66 de 1968, aun en el caso en que concurran con las causales 1 y \/ o 6, prevalece el proceso de toma de posesi\u00f3n, de competencia de las alcald\u00edas municipales. <\/p>\n
Por lo expuesto concluy\u00f3 que <\/p>\n
(\u2026) en raz\u00f3n a la naturaleza de estas actividades, la constructora est\u00e1 sujeta al r\u00e9gimen especial de \u201cliquidaci\u00f3n o intervenci\u00f3n administrativa para administrar o liquidar\u201d que deber\u00e1 adelantar la Alcald\u00eda de Medell\u00edn, de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 125 de la Ley 388 de 1997, en consonancia con lo dispuesto en los numerales 2,3,4,5 y 7 del art\u00edculo 12 de la Ley 66 de 1968. <\/p>\n
De esta forma, el examen del sumario objeto de esta causa superlativa muy pronto revela la impertinencia de la s\u00faplica, habida cuenta que, como se evidenci\u00f3, la entidad atacada para desprenderse de la competencia para conocer del asunto materia de escrutinio, indic\u00f3 que los constructores de vivienda pueden estar sometidos a dos tipos de procesos de insolvencia: (i) un r\u00e9gimen de naturaleza judicial (Ley 1116 de 2006), cuando el origen de la crisis se refiere exclusivamente a la incapacidad para atender sus cr\u00e9ditos en los t\u00e9rminos pactados originalmente (causales 1 y \/o 6 del art\u00edculo 12 de la Ley 66 de 1968); y, (ii) un r\u00e9gimen de naturaleza administrativa, en los t\u00e9rminos de la Ley 66 de 1968, cuando el origen de las crisis se debe a actuaciones que reflejan debilidades graves en la administraci\u00f3n del deudor, como las se\u00f1aladas en los numerales 2, 3, 4, 5 y 7 del art\u00edculo 12 ibidem. Precis\u00f3 que, si en un Proceso de Liquidaci\u00f3n Judicial concurren, como en ese caso, las causales de un tr\u00e1mite Especial de Toma de Posesi\u00f3n, este \u00faltimo tiene competencia prevalente, la cual est\u00e1 radicada en las alcald\u00edas municipales. <\/p>\n
As\u00ed, si bien el Juez del concurso admiti\u00f3 a la constructora Promotora Amiga S.A.S. a un proceso de liquidaci\u00f3n judicial bajo los lineamientos de la ley 1116 de 2006, tambi\u00e9n lo es que, en ejercicio del control de legalidad que le asist\u00eda, y con soporte en la valoraci\u00f3n de nuevos medios probatorios allegados a ese decurso, hall\u00f3 demostrada la concurrencia de causales de los dos reg\u00edmenes, por tanto, en prove\u00eddo de 16 de abril de 2021 declar\u00f3 su falta de competencia y remiti\u00f3 el tr\u00e1mite a la Alcald\u00eda de Medell\u00edn para que siguiera el curso de un proceso de toma de posesi\u00f3n o \u201cliquidaci\u00f3n administrativa\u201d. <\/p>\n
La anterior decisi\u00f3n la adopt\u00f3 teniendo en cuenta, entre otros aspectos, que el ex representante legal de Promotora AMIGA S.A.S. omiti\u00f3 informaci\u00f3n importante que, de haber sido expuesta en su momento, habr\u00eda impedido que se abordara el conocimiento de ese asunto y, luego de conocida, configur\u00f3, adem\u00e1s, la causal consagrada en el numeral 9\u00ba del art\u00edculo 3\u00ba de la Ley 1116 de 2006, seg\u00fan el cual: \u201cNo est\u00e1n sujetas al r\u00e9gimen de insolvencia previsto en la presente ley: (\u2026) 9. Las dem\u00e1s personas jur\u00eddicas que est\u00e9n sujetas a un r\u00e9gimen especial de recuperaci\u00f3n de negocios, liquidaci\u00f3n o intervenci\u00f3n administrativa para administrar o liquidar\u201d. <\/p>\n
En esas condiciones, debe admitirse que al margen de que el precursor no comparta tales reflexiones, las mismas no pueden tildarse de sesgadas o caprichosas, lo que excluye la intervenci\u00f3n de la justicia constitucional, ya que como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia: <\/p>\n
[e]l campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00, reiterada en STC 7 oct. 2015, rad. 2336-00, STC4937-2016, STC6631-2018 y STC14267-2018, entre otras). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, surge inevitable el fracaso del amparo instado, pues como qued\u00f3 dicho no se observan los desaciertos que se enrostran a la colegiatura fustigada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve: CONFIRMAR el pronunciamiento de naturaleza, procedencia y fecha conocidas. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
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STC16361-2021 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC16361-2021 Radicaci\u00f3n n\u00ba 05001-22-03-000-2021-00527-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del primero de diciembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., primero (1) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo de 28 de octubre de 2021, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[43],"tags":[],"class_list":["post-60010","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60010","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=60010"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60010\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=60010"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=60010"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=60010"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}