STC16362-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16362-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2021-04265-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de primero de diciembre dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00b0) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada Carlos Javier Gonz\u00e1lez Le\u00f3n contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio. Al tr\u00e1mite se vincularon a los actores e intervinientes en el proceso de radicado 50001 3103 2011-00053 01. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor procura la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad accionada en la referida causa. <\/p>\n
2. En el escrito inicial, el accionante relata la siguiente situaci\u00f3n f\u00e1ctica: <\/p>\n
2.1. Afirm\u00f3 que los se\u00f1ores Jorge Luis Cruz Vega, Luis Mart\u00edn Torres Gonz\u00e1lez, Melba Rosa Trespalacios Romero, Gladys G\u00f3mez Carrera y Carlos Javier Gonz\u00e1lez Le\u00f3n son propietarios en com\u00fan y proindiviso de los inmuebles identificados con M.I. 230-51699 y 230-30162, de la carrera 31 No. 14D-43 y 49, en un porcentaje de 12.5%, 32%, 30%, 20% y 5.5% respectivamente. <\/p>\n
2.2. Luis Mart\u00edn Torres Gonz\u00e1lez, Melba Rosa Trespalacios Romero y Gladys G\u00f3mez Carrera impulsaron proceso reivindicatorio contra el accionante, en la que pretendieron recuperar el 32%, 30% y 20%, respectivamente, del derecho de dominio que a cada uno le corresponde en los citados fundos. <\/p>\n
2.3. Agotado el correspondiente tr\u00e1mite, el Juzgado Promiscuo del Circuito de In\u00edrida \u2013 Guain\u00eda, en descongesti\u00f3n del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Villavicencio, profiri\u00f3 sentencia denegatoria de las pretensiones. Inconforme, la parte activa recurri\u00f3 en apelaci\u00f3n. <\/p>\n
2.4. El 20 de agosto del 2021, la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio dict\u00f3 fallo en el que revoc\u00f3 el del a quo. En su lugar, declar\u00f3 en favor de los demandantes, y a cargo del demandado, \u00abla restituci\u00f3n de las cuotas partes perteneciente a estos, las cuales ascienden a 32%, 30% y 20%, respectivamente, del derecho de dominio respecto de los inmuebles identificados con matr\u00edcula inmobiliaria No. 230\u201351699 y 230\u201330162 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Villavicencio, en el t\u00e9rmino de 10 d\u00edas, contados a partir de la notificaci\u00f3n de este prove\u00eddo\u00bb. <\/p>\n
2.5. El actor asegura que en tal providencia se incurri\u00f3 en una v\u00eda de hecho por error inducido del que fue objeto el ad quem por parte de los testigos \u00abque rindieron falso testimonio, y tambi\u00e9n el realizado por la parte actora en la acci\u00f3n reivindicatoria, enga\u00f1os que tuvieron efectos directos y valoraci\u00f3n probatoria, que condujo a que el juez de segunda instancia dictara sentencia con base en un error inducido, para terminar con una infundada y desatinada calificaci\u00f3n de Poseedor de Mala fe del suscrito, como consecuencia de ello, me condeno al pago de frutos a favor de quien indujo en error\u00bb. <\/p>\n
Asever\u00f3 que tales deponentes, \u00abmostraron un af\u00e1n de ocultar la verdad, todo ello, con el firme prop\u00f3sito de constituir las pruebas a favor de las pretensiones del opositor de la diligencia de Lanzamiento, acudiendo a la mentira, afirmaron la existencia de unos presuntos actos de posesi\u00f3n con \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o que ejerc\u00edan sus promotores en los inmuebles, donde mencionaron como actos realizados por sus patrocinados sobre los inmuebles, tales como que hab\u00edan pagado los impuestos prediales, servicios p\u00fablicos, y que hab\u00edan realizaron reparaciones en los inmuebles; y agregaron enf\u00e1ticamente que no reconoc\u00edan al suscrito como propietario, poseedor o tenedor de los inmuebles y del establecimiento de comercio, que CARLOS JAVIER GONZ\u00c1LEZ LE\u00d3N, solamente era un empleado, compa\u00f1ero de trabajo\u00bb. <\/p>\n
Asegur\u00f3 que aquellos no se atuvieron a la verdad en la pr\u00e1ctica del interrogatorio efectuado en el curso del proceso reivindicatorio pues \u00abarguyen que se presentan en su calidad de empleados de la RESIDENCIAS ALPES DE VILLAVICENCIO LTDA, donde fung\u00edan en sus calidades de gerente y administrador. De estas declaraciones se denota que rindieron su testimonio ensayado, todo ello, para constituir las pruebas de posesi\u00f3n o tenencia de los inmuebles por parte de sus protegidos. All\u00ed nuevamente faltaron a la verdad, afirmando que LUIS MARTIN TORRES GONZ\u00c1LEZ, MELBA TRESPALACIOS ROMERO Y GLADYS G\u00d3MEZ CARRERA, eran los que ejerc\u00edan la posesi\u00f3n y tenencia de los inmuebles, ejerciendo actos de se\u00f1or y due\u00f1o tales como cancelar los impuestos prediales, los servicios p\u00fablicos y hacer remodelaciones, las que realizaba el se\u00f1or JOS\u00c9 NO\u00c9 RIA\u00d1O, y en lo que atinaron en decir la verdad conjuntamente en estas diligencias, es el hecho en que reconocieron a mi se\u00f1ora madre LUZ MIRIAM LE\u00d3N MORA como administradora del establecimiento de comercio desde en ellos ingresaron a trabajar al Hotel, y finalmente de todas las maneras posibles negaron que el suscrito hubiera tenido la posesi\u00f3n o tenencia de los inmuebles desde el 3 de Febrero de 2006 en adelante\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed pues, con tales manifestaciones, aleg\u00f3 que los testigos deformaron la prueba de la acci\u00f3n reivindicatoria y, adem\u00e1s, tuvieron efectos en la sentencia definitiva del Tribunal de segunda instancia. Por dem\u00e1s, sostuvo que los declarantes traspasaron la \u00f3rbita penal, dado que incurrieron en falsedad de testimonio y fraude procesal. Aunado a ello, tal conducta tiene consecuencias en sede constitucional, \u00aben raz\u00f3n en que los testigos incurrieron en mentiras y falsedades dentro del proceso, en pruebas que fueron objeto de valoraci\u00f3n probatoria por el Juez en su sentencia definitiva, donde se concluye que existi\u00f3 un evidentemente ERROR INDUCIDO, deber\u00e1 prosperar esta procedencia constitucional\u00bb. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que la parte demandante tambi\u00e9n enga\u00f1\u00f3 al Colegiado en tanto que en \u00ablos hechos de su demanda, donde confesaron unos hechos tergiversando la realidad, y tambi\u00e9n realizaron algunas omisiones de los hechos reales de importante relevancia para esta clase de acciones reivindicatorias, e incurrieron en mentiras respecto otros hechos, con solo el fin de encasillar sus hechos a su llamada posesi\u00f3n de mala fe (\u2026)\u00bb. En tal sentido, fue enf\u00e1tico en sostener que, de no haberse presentado tal conducta desleal, \u00abel funcionario hubiera tenido la plenitud, claridad y certeza de la realidad de los hechos, y muy seguramente hubiera tenido en cuenta las circunstancias antes anotadas para efectos de determinar la existencia o no, de la supuesta posesi\u00f3n de mala fe, la explotaci\u00f3n econ\u00f3mica del establecimiento de comercio, y dar a lugar a la condena de los frutos. Contrario a ello, la sentencia de segunda instancia de la acci\u00f3n reivindicatoria hubiera sido adversa a las pretensiones del demandante\u00bb. <\/p>\n
Por el otro lado, evidenci\u00f3 que se incurri\u00f3 en un yerro f\u00e1ctico, comoquiera que el juez de segunda instancia \u00abcarece de los elementos probatorios razonables para que los lleven a la convicci\u00f3n que le permita la aplicaci\u00f3n del supuesto legal en el que sustenta su decisi\u00f3n, hay una carencia absoluta de pruebas que demuestren ni siquiera la existencia una posesi\u00f3n, al igual hay falta y certeza de la existencia de la condena en concreto\u00bb. <\/p>\n
Por otro lado, indic\u00f3 que la estimaci\u00f3n probatoria fue deficiente y arbitraria ya que, respecto del interrogatorio de parte rendido por el accionante \u00abhizo una sesgada omisi\u00f3n del contexto integral de la respuesta que el suscrito dejo en dicha diligencia, por lo cual le cambia el verdadero sentido de la respuesta, para dar por probado sin raz\u00f3n hechos y situaciones que no son reales. Al contrario de ello, el contenido de la respuesta sesgada, de las cuales le omiti\u00f3 su valoraci\u00f3n probatoria de los hechos a que me r\u00e9feri, se corroboran con los dem\u00e1s testimonios recibidos en el proceso y los documentos que se encuentran debidamente incorporados en el proceso, son lo que caprichosamente el Juez accionado omite su valoraci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, asever\u00f3 que la Magistratura accionada lo encontr\u00f3 como poseedor, \u00absin ni siquiera esta probada esta calidad con actos positivos en el inmueble, descalificando lo que insistentemente la parte actora demostr\u00f3 y probo, y la primera instancia si concreto, que lo que realmente existe all\u00ed es una sociedad de participaci\u00f3n de utilidades\u00bb. <\/p>\n
3. Inst\u00f3, conforme a lo relatado, \u00abse declare la nulidad del fallo proferido en Segunda Instancia por el TRIBUNAL SUPERIOR DISTRITO JUDICIAL DE VILLAVICENCIO SALA CIVIL, FAMILIA, LABORAL DE VILLAVICENCIO, el d\u00eda 20 de Agosto de 2021, en virtud de la Violaci\u00f3n del Derechos Fundamentales probados\u00bb. <\/p>\n
II. LA RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
1.- El Juzgado Promiscuo del Circuito de In\u00edrida \u2013 Guain\u00eda inform\u00f3 que el proceso de conocimiento \u00abse conoci\u00f3 por parte de este Despacho Judicial, por el programa de descongesti\u00f3n del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Villavicencio (Meta), Acuerdo No. CSJMA16-437 del 29 de enero de 2016 de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Meta\u00bb. Sostuvo que el expediente \u00abfue remitido al Juzgado de Origen con sentencia, mediante oficio civil No. 473 del 9 de septiembre de 2015, constante en 3 cuadernos de 300, 305 y 29 folios, junto con 2 legajos de la sentencia en 14 folios respectivamente\u00bb. <\/p>\n
2.- Los dem\u00e1s accionados y vinculados guardaron silencio. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- En el sub examine, el gestor pretende que se invalide la providencia del 20 de agosto del 2021 proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, que revoc\u00f3 la sentencia del 02 de septiembre de 2015, emitida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de In\u00edrida – Guan\u00eda, pues consideran que dicha decisi\u00f3n lesiona sus garant\u00edas superiores al incurrir en defectos f\u00e1cticos y por error inducido. <\/p>\n
2.- Pues bien, revisada la providencia objeto de controversia, se considera que la resoluci\u00f3n rebatida no alberga anomal\u00eda que imponga la perentoria salvaguardia, independientemente de que sea o no compartida. Sobre el particular, la Corporaci\u00f3n accionada, al resolver la instancia, expres\u00f3 los motivos por los cuales consider\u00f3 que era procedente revocar el fallo cuestionado. <\/p>\n
Para ello, comenz\u00f3 por precisar el problema jur\u00eddico del que se ocupar\u00eda de resolver en el fallo de conformidad con los alegatos esgrimidos en el recurso de apelaci\u00f3n, a saber, \u00ab\u00bfSe encuentra acreditada en las diligencias, la calidad de tenedor invocada por el demandado, que conlleve al fracaso a la acci\u00f3n de dominio, conforme fue establecido por la se\u00f1ora Juez a-quo?, de resultar negativo el anterior interrogante, se establecer\u00e1 s\u00ed, \u00bfcumple la demanda los requisitos axiol\u00f3gicos para reivindicar la cuota parte deprecada por cada uno de los accionantes?\u00bb. <\/p>\n
Acto seguido, evidenci\u00f3 que fue insuficiente la labor de valoraci\u00f3n probatoria desplegada por el juzgador de primera instancia en torno a la calidad con la que actuaba el demandado respecto de los inmuebles. En tal sentido, advirti\u00f3 que \u00abera necesario que la Juez cognoscente se aprestara a estudiar la totalidad de los elementos de convicci\u00f3n que legal y oportunamente fueron arrimados al juicio, labor para la cual se requiriere aplicar las reglas de la experiencia y la sana cr\u00edtica, a fin de formar adecuadamente el convencimiento que determine la decisi\u00f3n que ponga fin a la instancia\u00bb y no quedarse con el dicho del accionante, quien se calific\u00f3 como mero tenedor de los bienes. <\/p>\n
Dicho esto, analiz\u00f3 el interrogatorio de parte rendido por el se\u00f1or Gonz\u00e1lez Le\u00f3n, el certificado de matr\u00edcula mercantil del establecimiento de comercio denominado \u201cHotel y Residencia Los Alpes\u201d, el \u00abcontrato de asociaci\u00f3n en participaci\u00f3n\u00bb, las escrituras p\u00fablicas de los inmuebles objeto de la controversia para concluir que \u00absiendo as\u00ed, sobre el punto referente a la existencia del establecimiento de comercio del que es propietario el accionado y que este explota de manera exclusiva en los referidos inmuebles, no hay discusi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
De lo manifestado por los testigos Neftal\u00ed Humberto Le\u00f3n Mora y Deyanira Su\u00e1rez Florido \u00abal un\u00edsono, informaron que fueron empleados que desempe\u00f1aron funciones en el \u201cestablecimiento de comercio\u201d hasta la fecha en que se llev\u00f3 a cabo la diligencia de lanzamiento en virtud de proceso policivo promovido por el demandado; igualmente manifestaron que los poseedores del lugar eran los demandantes, y dieron cuenta que la se\u00f1ora LE\u00d3N MORA era administradora y que supieron que se convirti\u00f3 en copropietaria, quien luego vendi\u00f3 su parte al se\u00f1or TORRES GONZ\u00c1LEZ y a su hijo, el aqu\u00ed demandado CARLOS GONZ\u00c1LEZ, el que tambi\u00e9n era trabajador\u00bb. <\/p>\n
A su turno, valor\u00f3 los documentos contenidos en el expediente de la querella policiva instaurada por Carlos Javier Gonz\u00e1lez contra Luis Mart\u00edn Torres Gonz\u00e1lez, Jorge Luis Cruz Vega, Gladys G\u00f3mez Carrera Y Melba Rosa Trespalacios, en el que subray\u00f3 las declaraciones efectuadas por el accionante en las que asegur\u00f3 que \u00ab\u201c[l]a posesi\u00f3n se ha ejercido desde el a\u00f1o 1991 para el [servicio de hospedaje] mediante el [establecimiento de comercio Hotel y Residencias Los Alpes] (\u2026)\u201d 39 , posteriormente advirti\u00f3 c\u00f3mo \u201c[e]l d\u00eda 15 de marzo del a\u00f1o 2009, los se\u00f1ores LUIS MARTIN TORRES GONZALEZ y la se\u00f1ora MELBA ROSA TRESPALACIOS ROMERO ocuparon el inmueble junto con el [e]stablecimiento de [c]omercio sin mediar consentimiento del [s]e\u00f1or CARLOS JAVIER GONZALEZ LEON[,] quien ha venido ejerciendo la posesi\u00f3n pac\u00edfica y tranquila del bien inmueble y desarrollando la actividad econ\u00f3mica del [e]stablecimeinto de [c]omercio de su propiedad\u201d 40 , y finalmente, se\u00f1al\u00f3 que \u201c[l]a p[\u00fa]blica y tranquila posesi\u00f3n material ejercida por mi mandante sin violencia, ni clandestinidad sobre el inmueble antes relacionado (\u2026)\u00bb. Adicionalmente, de los testimonios rendidos en aquella diligencia, evidenci\u00f3 que \u00abse recepcionaron los testimonios de CARLOS ARTURO GONZ\u00c1LEZ D\u00cdAZ, padre de CARLOS JAVIER GONZ\u00c1LEZ LE\u00d3N, de HUGO ALBERTO CAICEDO MU\u00d1OZ y JOS\u00c9 ALFONSO PE\u00d1A BAQUERO, quienes, por el contrario, dieron cuenta c\u00f3mo el se\u00f1or GONZ\u00c1LEZ LE\u00d3N era poseedor de los bienes, comoquiera que se encargaba de los servicios p\u00fablicos, de las prestaciones de los empleados, del funcionamiento del establecimiento comercial, as\u00ed como de las reparaciones que requer\u00eda la edificaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Acorde con tales piezas probatorias, el Tribunal estim\u00f3 que \u00abes posible evidenciar que el demandado CARLOS JAVIER GONZ\u00c1LEZ LE\u00d3N s\u00ed es poseedor de los inmuebles objeto de este proceso, por cuanto de los medios de convicci\u00f3n que vienen detallados, en conjunto con la declaraci\u00f3n rendida por \u00e9ste, es posible establecer que \u201cocupa\u201d los mismos en dicha calidad\u00bb. De manera que, a\u00fan cuando el accionante dijo ser ocupante y tenedor con ocasi\u00f3n de su cuota parte, \u00ablo cierto es que \u00e9ste se identific\u00f3 como poseedor al momento de formular la querella policiva por la cual le fue entregada la tenencia de los mismos, y fue reconocido como tal por los testigos que cit\u00f3 a la diligencia de lanzamiento, quienes dieron cuenta de actos de se\u00f1or y due\u00f1o desarrollados por \u00e9ste, los cuales son susceptibles de valorarse en este juicio, en la medida que fueron practicados con la audiencia de las personas que aqu\u00ed componen los extremos procesales\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s de lo anterior, y del interrogatorio de parte rendido por el accionante, se observ\u00f3 que el proceder de aqu\u00e9l no fue el propio de un tenedor \u00abpor cuanto el se\u00f1or GONZ\u00c1LEZ LE\u00d3N manifest\u00f3 desconocer quien ostentaba la calidad de poseedor, lo que resulta dif\u00edcil de aceptar, por cuanto, de ser verdadero tenedor, alguien m\u00e1s tuvo que permitirle el acceso a los inmuebles como lo hicieron los dem\u00e1s propietarios, seg\u00fan su propia versi\u00f3n, de manera que ello, es decir, desconocer posesi\u00f3n, es en s\u00ed, un reflej\u00f3 de la negaci\u00f3n de la calidad de se\u00f1ores y due\u00f1os respecto de los \u00faltimos\u00bb. Aunado a ello, para el ad quem \u00abel comportamiento del accionado en la querella policiva da cuenta del ejercicio de un se\u00f1or\u00edo que neg\u00f3 al momento de oponerse al libelo inicial\u00bb. De forma tal que el requisito extra\u00f1ado en primera instancia s\u00ed est\u00e1 acreditado, lo que conllev\u00f3 a que se abriera camino a estudiar si en el asunto se cumplen los dem\u00e1s requisitos axiol\u00f3gicos para acceder a la reivindicaci\u00f3n pedida. <\/p>\n
En ese orden de ideas, aludi\u00f3 a los \u00abelementos b\u00e1sicos de la acci\u00f3n de dominio, esto es, (i) que quienes demandan sean titulares del derecho de dominio, (ii) que el demandado sea poseedor, (iii) que se trate de una cosa singular o una cuota parte de ella y (iv) que la cosa pretendida coincida con la pose\u00edda\u00bb. De ellos, hall\u00f3 comprobado el primero y el tercero -al revisar las escrituras p\u00fablicas y los certificados de libertad y tradici\u00f3n de los inmuebles- y el segundo -de las consideraciones expuestas en precedencia-. Y, en lo que refiere a la identidad de la cosa pretendida y la pose\u00edda, asever\u00f3 que \u00abbasta con observar la declaraci\u00f3n del demandado, quien dijo que su establecimiento de comercio estaba ubicado en los inmuebles objeto de este proceso, de manera que no hay duda sobre el cumplimiento de este requisito, con lo que de paso se advierten cumplidos todos los requisitos o elementos b\u00e1sicos de la acci\u00f3n de dominio, relacionados en el p\u00e1rrafo 26 de este prove\u00eddo\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, frente a los frutos solicitados, entr\u00f3 a resolver si el poseedor fue o no de mala fe. Para ello, advirti\u00f3 que \u00abel demandado, al contestar la demanda no hizo en debida forma el se\u00f1alamiento de su condici\u00f3n, y neg\u00f3 lo que en oportunidad anterior afirm\u00f3 (calidad de poseedor en el proceso policivo), aspecto que ri\u00f1\u00f3 con los postulados de lealtad y transparencia que las partes est\u00e1n llamadas a guardar con probidad, motivo el cual se concluye que CARLOS JAVIER GONZ\u00c1LEZ LE\u00d3N es poseedor de mala fe\u00bb. As\u00ed las cosas, \u00abel accionado deber\u00e1 sufragar los frutos que los condue\u00f1os hubiesen podido percibir con mediana inteligencia y actividad, al tener la cosa en su poder, as\u00ed como aquellos que se causen con posterioridad a la sentencia y hasta la entrega de las cuotas partes\u00bb. <\/p>\n
Para calcular tal suma, acudi\u00f3 al aval\u00fao catastral de los inmuebles a restituir \u00abactualizado a\u00f1o a a\u00f1o a raz\u00f3n del 3%, conforme al incremento que para cada anualidad dispuso el Gobierno Nacional para predios urbanos, con miras a establecer el valor del canon de arrendamiento a raz\u00f3n del 1% del mentado aval\u00fao, lo que se har\u00e1 desde el mes siguiente a la fecha de la diligencia de lanzamiento, ocurrida como se vio, el 30 de marzo del 2010, hasta la actualidad, increment\u00e1ndose los mismos mediante el IPC a\u00f1o a a\u00f1o, cuyos resultados ser\u00e1n indexados teni\u00e9ndose en cuenta dicho factor, labor que deber\u00e1 surtirse por cada uno de los inmuebles reivindicados\u00bb. Y, respecto a la rebaja de la condena por raz\u00f3n de los gastos o expensas que debieron invertir para su producci\u00f3n \u00abno hay prueba que d\u00e9 cuenta a cu\u00e1nto ascienden las expensas de producci\u00f3n en las que debi\u00f3 incurrir el demandado para generar los frutos que vienen se\u00f1alados, la Sala, respetuosa del precedente, razonablemente tasa estas en un 15%, siendo esa la rebaja que deber\u00e1 aplicarse sobre aquellos\u00bb. <\/p>\n
3.- De lo transcrito se sigue que la determinaci\u00f3n cuestionada no resulta arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico. Lo anterior am\u00e9n que aquella fue proferida despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n razonable de las probanzas y la normativa que regula la materia. <\/p>\n
4. Para la Sala, el escrutinio de las pruebas no comport\u00f3 el alegado defecto f\u00e1ctico, en tanto que al juez le corresponde efectuar un an\u00e1lisis de persuasi\u00f3n racional, haciendo un ejercicio desde la sana cr\u00edtica y las leyes de la experiencia, an\u00e1lisis que no result\u00f3, en el caso en concreto, inadmisible. <\/p>\n
Es precisamente la valoraci\u00f3n en conjunto de las pruebas y del an\u00e1lisis cr\u00edtico que de ellas se haga, lo que permite elaborar razonamientos que, en tanto no sean il\u00f3gicos, no pueden ser desvirtuados a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela. Resulta necesario en este aparte resaltar que el juez constitucional s\u00f3lo interviene en la \u00abesfera probatoria\u00bb, cuando el \u00aberror en el juicio valorativo\u00bb sea ostensible, flagrante, manifiesto y con incidencia directa en la decisi\u00f3n, cuya ocurrencia no se advierte en el sub examine, pues no se observa un juicio il\u00f3gico o contraevidente del material probatorio. <\/p>\n
Adem\u00e1s, es menester resaltar que en \u00abmateria de pruebas\u00bb esta Corporaci\u00f3n ha reiterado que: <\/p>\n
\u00ab[E]l campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb\u00bb (CSJ STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00, reiterado, entre otros, el 7 oct. 2015, rad. 2336-00 y STC4937-2016 21 abr. 2016 rad. 2016-00057-01). <\/p>\n
5. Bajo tales consideraciones, esta Corporaci\u00f3n ha esgrimido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01). <\/p>\n
Aunado a ello, no se observa el descrito defecto por error inducido, comoquiera que la decisi\u00f3n del Tribunal atendi\u00f3 a las manifestaciones del propio accionante, as\u00ed \u00ablo cierto es que \u00e9ste se identific\u00f3 como poseedor al momento de formular la querella policiva\u00bb. Seguidamente consider\u00f3, \u00abel demandado, al contestar la demanda no hizo en debida forma el se\u00f1alamiento de su condici\u00f3n, y neg\u00f3 lo que en oportunidad anterior afirm\u00f3 (calidad de poseedor en el proceso policivo), aspecto que ri\u00f1\u00f3 con los postulados de lealtad y transparencia que las partes est\u00e1n llamadas a guardar con probidad, motivo el cual se concluye que CARLOS JAVIER GONZ\u00c1LEZ LE\u00d3N es poseedor de mala fe\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, no se advierte la presencia de factores externos que hallan incidido en la decisi\u00f3n, todo lo contrario la misma fue producto de las expresiones del actor. Sobre el particular, la jurisprudencia constitucional ha precisado respecto de esta v\u00eda de hecho que: <\/p>\n
\u2026se configura cuando la decisi\u00f3n judicial adoptada resulta equivocada y causa un da\u00f1o iusfundamental como consecuencia del enga\u00f1o u ocultamiento al funcionario judicial de elementos esenciales para adoptar la decisi\u00f3n, o por fallas estructurales de la Administraci\u00f3n de Justicia por ausencia de colaboraci\u00f3n entre las ramas del poder p\u00fablico. Anteriormente denominado v\u00eda de hecho por consecuencia\u00bb <\/p>\n
\u2026el error inducido \u2018se presenta cuando el juez o tribunal fue v\u00edctima de un enga\u00f1o por parte de terceros y ese enga\u00f1o lo condujo a la toma de una decisi\u00f3n que afecta derechos fundamentales\u2019. <\/p>\n
En estos casos la providencia judicial es emitida por el funcionario judicial de manera razonada y con el fundamento normativo aplicable al caso, pero en ella hay un error, esto es, se juzga verdadero lo que es falso porque la situaci\u00f3n f\u00e1ctica o jur\u00eddica planteada dentro del proceso no corresponde a la realidad como consecuencia del enga\u00f1o, la manipulaci\u00f3n de la informaci\u00f3n o el suministro fraccionado de la misma al juez. <\/p>\n
La causal que ahora se designa como error inducido, inicialmente fue denominada como v\u00eda de hecho por consecuencia, toda vez que el hecho generador de la vulneraci\u00f3n no es atribuible al funcionario judicial que profiere la providencia cuestionada pues no proviene de la forma, argumentaci\u00f3n o decisi\u00f3n adoptada por la autoridad judicial, sino que el defecto proviene de la actuaci\u00f3n inconstitucional de otros que provocan el error en \u00e9l\u2026 <\/p>\n
En efecto, el error inducido por una de las partes de la litis produce un quebrantamiento del debido proceso cuando desestimando el deber de obrar con lealtad y existiendo el deber jur\u00eddico de decir la verdad o informar ciertos hechos en forma ver\u00eddica, la parte obligada se reh\u00fasa a cumplirlo o suministra informaci\u00f3n incorrecta. En estos casos si la informaci\u00f3n espuria aportada por la parte determina la decisi\u00f3n judicial adoptada, es claro que se configura un error inducido que hace procedente el amparo (C.C. T-863 de 2013). <\/p>\n
Asimismo, esta Sala ha precisado que: <\/p>\n
De acuerdo con la jurisprudencia constitucional la \u00abv\u00eda de hecho por consecuencia o el error inducido\u00bb se configura cuando una decisi\u00f3n judicial adoptada con respeto por el debido proceso; mediante una valoraci\u00f3n probatoria plausible y conforme con los principios de la sana cr\u00edtica; y, fundamentada en una interpretaci\u00f3n razonable de la ley sustancial, tiene como resultado la violaci\u00f3n de derechos fundamentales al haber sido determinada o influenciada por aspectos externos al pleito, consistentes en fallas originadas en \u00f3rganos estatales (T-590-09)\u2026 <\/p>\n
Significa lo anterior, que se est\u00e1 en presencia de un \u00aberror inducido\u00bb, fen\u00f3meno jur\u00eddico que de acuerdo con la Corte Constitucional se presenta \u00abcuando la autoridad judicial es v\u00edctima de factores externos al proceso que lo determinan o influencian a tomar determinada decisi\u00f3n que resulta contraria a derecho o a la realidad f\u00e1ctica del caso\u00bb (T- 145 de 2014). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el aqu\u00ed accionante no tiene por qu\u00e9 verse afectado en sus derechos al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia por una situaci\u00f3n absolutamente ajena a \u00e9l (CSJ STC7336-2016, 2 jun. 2016, rad. 2016-01416-00). <\/p>\n
Por \u00faltimo, recu\u00e9rdese que la tacha de sospecha de testigos -efectuada por el actor en memorial del 14 de marzo del 20121- no implica descartar las declaraciones rendidas por los terceros, sino que exige del juez una valoraci\u00f3n m\u00e1s concienzuda frente al dicho de estos. <\/p>\n
Como tiene explicado la Corte, \u00ab[H]oy, bien se sabe, la sospecha no descalifica de antemano -pues ahora se escucha al sospechoso-, sino que simplemente se mira con cierta aprensi\u00f3n a la hora de auscultar qu\u00e9 tanto cr\u00e9dito merece. Por suerte que bien puede ser que a pesar de la sospecha haya modo de atribuirle credibilidad a testigo semejante, si es que, primeramente, su relato carece de mayores objeciones dentro de un an\u00e1lisis cr\u00edtico de la prueba, y, despu\u00e9s -acaso lo m\u00e1s prominente- halla respaldo en el conjunto probatorio\u00bb2. <\/p>\n
6. Por lo razonado en precedencia, se negar\u00e1 el amparo exigido. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA la tutela solicitada. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y, en caso de no ser impugnada, oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 PRUEBA_16_11_2021, 12_05_34 p. m. <\/p>\n
2\u0002 Sentencia 180 de 19 de septiembre de 2001, expediente 6624. <\/p>\n
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STC16362-2021 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado ponente STC16362-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2021-04265-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de primero de diciembre dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00b0) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada Carlos Javier Gonz\u00e1lez Le\u00f3n contra […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[43],"tags":[],"class_list":["post-60011","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60011","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=60011"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60011\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=60011"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=60011"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=60011"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}