STC16374-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC16374-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-04318-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00ba) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Gerardo Alonso Herrera Hoyos contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira y el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en la acci\u00f3n popular 2021-00167. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, actuando en su propio nombre, acude a este mecanismo supralegal buscando la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso. <\/p>\n
2. Dice que \u00abact\u00faa en la acci\u00f3n popular\u2026 que se trami\u00f3 en 1 instancia en el juzgado civil del circuito de\u2026 Santa Rosa de Cabal Rda.\u00bb, en la cual la c\u00e9lula judicial cognoscente \u00abdespu\u00e9s de desconocer t\u00e9rminos perentorios para fallar\u2026 corre terminos pa alegar y olvida declarar de oficio la nulidad al no haber vinculado al propietario del inmueble donde presta el servicio al p\u00fablico la entidad accionada [SIC]\u00bb. <\/p>\n
Refiere que solicit\u00f3 la invalidaci\u00f3n de lo actuado \u00abpues se tiene que vincular en derecho al propietario del inmueble\u2026 ya que es el \u00fanico que autoriza dicha construcci\u00f3n de rampa\u00bb que, al parecer, no ha sido resuelta. <\/p>\n
3. De los medios de convicci\u00f3n recopilados se extracta que el Juzgado querellado profiri\u00f3 fallo que fue objeto de recurso de apelaci\u00f3n, el cual se encuentra pendiente de definici\u00f3n por parte del Tribunal Superior de Pereira, corporaci\u00f3n que admiti\u00f3 la alzada mediante auto del pasado 16 de noviembre. <\/p>\n
4. El actor solicita \u00abse decrete la nulidad de la sentencia desde la 1 instancia ordenando vincular como tercer interesado o litisconsorcio necesario al propietario del inmueble\u2026 se ordene citar nuevamente a pacto con la vinculaci\u00f3n del propietario\u2026 ordenando que las pruebas conservan validez\u2026 se ordene\u2026 garantizar el art 29 CN sin que pueda correr terminos para alegar, sin decretar de oficio la nulidad\u2026 se ordene al procurador delegado\u2026 como me ha garantizado art 29 CN en la accion constitucional y de linaje especial donde prima derecho sustancial [SIC]\u00bb <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El magistrado del Tribunal Superior de Pereira, a quien le correspondi\u00f3 la ponencia de la decisi\u00f3n de segunda instancia confirm\u00f3 que el expediente contentivo de la acci\u00f3n popular objeto de estudio arrib\u00f3 a esa corporaci\u00f3n el pasado 3 de noviembre, siendo admitidas, el 16 siguiente, las impugnaciones formuladas frente al fallo de primer grado por el actor popular, el municipio de Santa Rosa de Cabal y la coadyuvante. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que se encuentran pendiente de resolver tanto las aludidas alzadas como una solicitud de invalidaci\u00f3n presentada por el ac\u00e1 gestor, lo que har\u00e1 una vez finalice el traslado para sustentar los recursos y el proceso ingrese a despacho, por lo que dijo \u00abatenerse a lo decidido en el tr\u00e1mite\u00bb. <\/p>\n
2. La Defensor\u00eda del Pueblo, regional Risaralda, pidi\u00f3 su \u00abdesvinculaci\u00f3n\u00bb del presente tr\u00e1mite por ausencia de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva dado que \u00abno tiene injerencia alguna respecto del asunto que solicita el accionante\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema Jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si dentro de la acci\u00f3n popular distinguida con radicaci\u00f3n 2021-00167 las autoridades judiciales convocadas vulneraron las prerrogativas fundamentales invocadas por el gestor, supuestamente por no declarar oficiosamente la nulidad de lo actuado por indebida integraci\u00f3n del litigio ni resolver la solicitud de invalidaci\u00f3n formulada. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
Por regla general, este mecanismo no procede contra determinaciones jurisdiccionales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacarlas cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los privilegios esenciales, eso s\u00ed, siempre y cuando se hayan agotado todos los medios de defensa consagrados en el ordenamiento jur\u00eddico y se ejerza el resguardo en un plazo prudencial. <\/p>\n
Sobre esto \u00faltimo, ha sido invariable la posici\u00f3n de la jurisprudencia de esta Corte al se\u00f1alar que los principios esenciales que orientan la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica son la inmediatez y el que a continuaci\u00f3n pasa a desarrollarse. <\/p>\n
3. De la subsidiariedad <\/p>\n
Jurisprudencialmente se tiene decantado que este instrumento supralegal, dada su naturaleza eminentemente residual, no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, pues, mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este remedio, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
Al efecto, la Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
Ligado al anterior criterio, se ha destacado que \u00e9ste tambi\u00e9n se incumple cuando la demanda procura la protecci\u00f3n constitucional de asuntos que est\u00e1n pendientes de resoluci\u00f3n en el marco de un tr\u00e1mite judicial en curso, pues frente a cualquier presunta irregularidad atribuible al operador judicial, la misma debe ser propuesta y debatida al interior de la respectiva causa, a trav\u00e9s de los instrumentos previstos en el ordenamiento jur\u00eddico, aun cuando esa oportunidad se extienda hasta la sentencia, pues le est\u00e1 vedado a esta jurisdicci\u00f3n anticiparse en la adopci\u00f3n de determinaciones sobre aspectos que le corresponde resolver al juzgador competente, toda vez que no puede arrogarse facultades ajenas. <\/p>\n
4. Caso concreto <\/p>\n
Se negar\u00e1 el resguardo, por cuanto no se satisface el requisito de procedibilidad que viene de mencionarse, conforme lo prev\u00e9 el numeral 1 del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
En efecto, se advierte anticipado cualquier pronunciamiento frente a la queja que expone el actor teniendo en cuenta que, seg\u00fan se desprende de los medios de convicci\u00f3n recopilados, el tr\u00e1mite constitucional a\u00fan se encuentra en curso y es all\u00ed donde se deben poner de presente las supuestas irregularidades que hoy se alegan y no a trav\u00e9s de esta herramienta constitucional, puesto que no puede utilizarse para obviar los procedimientos ordinarios o para desconocer la competencia legalmente atribuida para la decisi\u00f3n del asunto. <\/p>\n
Cabe reiterar que, para que pueda abrirse paso la protecci\u00f3n constitucional, es necesario el agotamiento de todos los mecanismos propios de la actuaci\u00f3n ordinaria, previstos para controvertir las determinaciones que all\u00ed se adopten; no obstante, en el caso puntual ello no se ha cumplido, pues, como se dijo, la actuaci\u00f3n no ha finalizado en la medida que est\u00e1 pendiente de resolverse, por parte del Tribunal Superior de Pereira, el recurso de apelaci\u00f3n contra la sentencia de primer nivel, siendo tema de examen y pronunciamiento la posible presencia de circunstancias invalidantes que afecten lo actuado. <\/p>\n
As\u00ed, reiteradamente ha sido se\u00f1alado por esta Corte, al precisar que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb (CSJ STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01, reiterada en STC10432-2017, 19 jul. 2017, rad. 00388-01, entre otras). (Subrayas extra texto) <\/p>\n
En definitiva, el incumplimiento del requisito de procedibilidad destacado es motivo suficiente para no ahondar en otras tem\u00e1ticas espec\u00edficas, que sin duda est\u00e1n condicionadas a la superaci\u00f3n del criterio expuesto <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Se declarar\u00e1 improcedente el resguardo por desatender el presupuesto de la subsidiariedad, habida cuenta que el tr\u00e1mite objeto de escrutinio a\u00fan se encuentra pendiente de definici\u00f3n, subsistiendo en \u00e9l la posibilidad para que el solicitante ponga de presente las presuntas irregularidades acaecidas en el tr\u00e1mite procesal o incluso de que el tribunal convocado, en sede de apelaci\u00f3n, examine oficiosamente la configuraci\u00f3n de alguna causal de nulidad que invalide lo actuado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, DECLARA IMPROCEDENTE la tutela de la referencia. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnada esta determinaci\u00f3n, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
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