STC16377-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-04320-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., primero (1\u00ba) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Jader Enrique Gonz\u00e1lez Cuj\u00eda contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Cartagena; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Primero Civil del Circuito de la misma especialidad de Valledupar y los intervinientes en el juicio n\u00ba 2015-00138. <\/p>\n
I.ANTECEDENTES <\/p>\n
1. A trav\u00e9s de abogado, el actor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho al debido proceso, el cual estima trasgredido con la sentencia de 27 de julio de 2018, mediante la cual la magistratura convocada acogi\u00f3 la demanda de restituci\u00f3n de tierras que \u00e9l, junto con otros litisconsortes, formularon sobre un predio ubicado en el corregimiento de Badillo (municipio de Valledupar), pero sin precisar qu\u00e9 porcentaje del inmueble correspond\u00eda a cada uno de los herederos del causante a quien, en vida, perteneci\u00f3 el fundo. <\/p>\n
2. Relat\u00f3, en s\u00edntesis, que ya hab\u00eda formulado una solicitud de amparo anterior, pero que la misma fue denegada (STC12902-2019) por cuanto para ese momento se encontraba en curso una solicitud de aclaraci\u00f3n elevada frente a dicho fallo; que, finalmente, ese pedimento tambi\u00e9n fue denegado \u2013por extempor\u00e1neo-, as\u00ed como tambi\u00e9n la solicitud de modulaci\u00f3n interpuesta posteriormente con el mismo prop\u00f3sito (desestimada el 25 de febrero de 2021). <\/p>\n
3. En consecuencia, pidi\u00f3 que se ordene al tribunal accionado precisar su fallo del 27 de julio de 2018, espec\u00edficamente en lo que ata\u00f1e a los porcentajes que corresponden a cada uno de los all\u00ed convocantes. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La magistratura accionada defendi\u00f3 la legalidad de la fustigada providencia y recalc\u00f3 que la precisi\u00f3n que aqu\u00ed reclaman los actores en cuanto a los porcentajes que corresponder\u00eda a cada convocante, requiere necesariamente del adelantamiento de un tr\u00e1mite sucesoral respecto del adquirente original, que escapa de la \u00f3rbita de competencia del juez de restituci\u00f3n de tierras. <\/p>\n
2. Martha Isabel Lozano Urbina, Procuradora 22 de Restituci\u00f3n de Tierras, pidi\u00f3 desestimar el auxilio por no satisfacer el presupuesto de inmediatez que la informa. Agreg\u00f3 que la fustigada providencia contiene una motivaci\u00f3n seria y razonable que la respalda. <\/p>\n
3. La Unidad Administrativa Especial para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas dijo carecer de legitimaci\u00f3n en la causa. <\/p>\n
4. La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas manifest\u00f3 no tener legitimaci\u00f3n en la causa y adicion\u00f3 que de concederse la protecci\u00f3n reclamada se estar\u00eda trasgrediendo la autonom\u00eda e independencia judicial y extralimitando la \u00f3rbita de competencia del fallador constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, inicialmente, si el amparo se reclam\u00f3 en forma oportuna y, de superarse lo anterior, si los hechos relatados en el libelo introductor comprometen la garant\u00eda fundamental all\u00ed invocada. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. El requisito de inmediatez. <\/p>\n
3.1. Este presupuesto impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 00188-01, reiterada entre muchas en STC5882-2015, STC1516-2016 y STC11499-2016, 18 ag. rad. 01142-01). <\/p>\n
M\u00e1s adelante, la Corte se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC11374-2016, 17 ag. rad. 01250-01). <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es entendido que la salvaguarda debe ser promovida dentro de un plazo razonable que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos, se concluye que el cuestionamiento que se hace no atiende el postulado que viene de comentarse, ya que el fallo objeto de censura se dict\u00f3 el 27 de julio de 2018 (e, incluso, la providencia que desestim\u00f3 la solicitud de modulaci\u00f3n, el 25 de febrero de 2021), mientras que la presente tutela se radic\u00f3 el 22 de noviembre de 2021, esto es, m\u00e1s de 8 meses despu\u00e9s del d\u00eda en que se emiti\u00f3 el \u00faltimo de esos prove\u00eddos. <\/p>\n
Visto desde la perspectiva de la finalidad del amparo, el requisito de la tempestividad impide que la tutela se convierta en un factor de inseguridad jur\u00eddica con el cual se produzca la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de terceros, como tambi\u00e9n que se desnaturalice el mismo tr\u00e1mite, en tanto la defensa que constituye su objeto ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el presunto afectado con la decisi\u00f3n que considera vulneradora de sus derechos fundamentales, debi\u00f3 acudir oportunamente a esta v\u00eda excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a las decisiones atacadas, pero fundamentalmente por la postura reiterada de esta Corte en cuanto a que el estudio preliminar de dicho criterio debe tornarse a\u00fan m\u00e1s riguroso en trat\u00e1ndose de ataques a providencias judiciales. <\/p>\n
Al respecto, se ha dicho: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Ahora, si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados\u2026En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros (\u2026). As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb (STC12196-2014, 11 sep. rad. 01892-00; reiterado en STC10554-2018, 16 ago. 2018, rad. 00189-01). Negrillas fuera de texto. <\/p>\n
En efecto, como viene indic\u00e1ndose, el mentado requisito adquiere m\u00e1s relevancia cuando la censura se dirige contra una providencia judicial; en esos casos, el an\u00e1lisis de la inmediatez debe ser m\u00e1s riguroso, ya que lo que eventualmente se desvirtuar\u00eda ser\u00edan principios esenciales como el de la cosa juzgada, la seguridad jur\u00eddica y de contera la autonom\u00eda e independencia judicial. Por ello, la verificaci\u00f3n de esta condici\u00f3n impone al fallador constitucional no solo realizar un balance de los derechos fundamentales en juego, sino adem\u00e1s, de las razones que expuso el actor como justificantes de su inercia para acudir al amparo y, finalmente, como \u00faltimo punto de examen, las calidades personales o profesionales de quien la promueve, importantes a la hora de establecer el nivel de exigencia frente a ese criterio tempestivo. <\/p>\n
Quiere decir lo anterior que el presupuesto aludido no es absoluto y debe examinarse particularmente con miras a determinar si el plazo fijado por la jurisprudencia es viable sortearlo, pero en este caso, no se evidencian situaciones ajenas a la voluntad de la parte actora que indiquen que estuvo en imposibilidad de acudir tempranamente al resguardo, haci\u00e9ndolo se itera, superado el semestre antes se\u00f1alado. <\/p>\n
No olvida la Sala que el actor intent\u00f3 justificar su tardanza en la confianza leg\u00edtima que, seg\u00fan lo dijo, produjo en \u00e9l la sentencia del tribunal y la suficiencia de las resoluciones all\u00ed dispuestas, planteamiento que no es de recibo, principalmente porque fue ese mismo litigante quien reconoci\u00f3 que en el a\u00f1o 2019 ya hab\u00eda incoado una acci\u00f3n de tutela en la misma direcci\u00f3n de este nuevo tr\u00e1mite, lo cual refleja que desde ese entonces era conocedor de las eventuales irregularidades que aqu\u00ed nuevamente atribuy\u00f3 a esa providencia. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se desestimar\u00e1 el auxilio, porque el extremo convocante no ejerci\u00f3 oportunamente este mecanismo para cuestionar el pronunciamiento que no comparte y tampoco demostr\u00f3 alguna circunstancia que justificara dicha tardanza. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley DECLARA IMPROCEDENTE el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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STC16377-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-04320-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de diciembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1 D.C., primero (1\u00ba) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Jader Enrique Gonz\u00e1lez Cuj\u00eda contra […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[43],"tags":[],"class_list":["post-60025","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60025","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=60025"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60025\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=60025"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=60025"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=60025"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}