STC16380-2021<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16380-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-04321-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de diciembre dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se resuelve la tutela que Martha Liliana Medina Mart\u00ednez instaur\u00f3 contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Doce del Circuito de esa misma ciudad y especialidad, extensiva a las autoridades, partes e intervinientes en el proceso ejecutivo con radicado n\u00b0 110013003012-2019-00181-01. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora pidi\u00f3 la nulidad del fallo de segunda instancia dictado por el Tribunal accionado para que, en su lugar, se profiera \u00abuna nueva providencia\u00bb. <\/p>\n
En sustento, adujo ser ejecutada en el proceso objeto de revisi\u00f3n donde se dict\u00f3 sentencia favorable a sus intereses (11 dic. 2020), que fue apelada con \u00e9xito por su contraparte. Del fallo de segundo grado (19 ago. 2021) deriv\u00f3 la lesi\u00f3n a sus derechos fundamentales pues consider\u00f3 que el Tribunal no apreci\u00f3 adecuadamente el pagar\u00e9 base de la ejecuci\u00f3n, lo relativo a sus eventuales instrucciones para el diligenciamiento de espacios en blanco y, la \u00abconfesi\u00f3n ficta\u00bb que en el pleito acaeci\u00f3. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Estudiados los reclamos de la gestora se impone el fracaso del auxilio porque la decisi\u00f3n criticada se percibe adoptada bajo criterios de interpretaci\u00f3n razonable de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica, probatoria, normativa y jurisprudencial que fue conocida por la Sala convocada, en ese sentido no se vislumbra una actividad caprichosa o arbitraria que amerite la intervenci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
2. En efecto, se observa que la queja de Martha Liliana Medina Mart\u00ednez se circunscribe a la forma en que la querellada defini\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto en contra de la sentencia de primer grado, porque, a su parecer, dicha resoluci\u00f3n no contiene un adecuado an\u00e1lisis de la situaci\u00f3n sometida a su conocimiento, especialmente, en lo relativo a los requisitos de diligenciamiento del t\u00edtulo base de la obligaci\u00f3n y la confesi\u00f3n derivada de la inasistencia de la ejecutante a la audiencia en la que se debi\u00f3 surtir el respectivo interrogatorio de parte. As\u00ed, queda sentado desde ya que la verdadera intenci\u00f3n de la accionante se halla cimentada sobre la base de discutir el raciocinio desplegado por el juzgador natural de su causa a pesar de que, al margen de que se comparta, no se vislumbra caprichoso, fortuito o abiertamente contrario al ordenamiento jur\u00eddico como se pasa a exponer. <\/p>\n
Ciertamente, luego de un escrutinio legal y jurisprudencial en torno a las caracter\u00edsticas y la valoraci\u00f3n de la figura de la \u00abconfesi\u00f3n ficta\u00bb, la autoridad encartada predic\u00f3, sobre los requisitos del t\u00edtulo base del coactivo, que: <\/p>\n
Dentro de ese marco impugnativo y jurisprudencial, inicialmente importa hacer visible que en el pagar\u00e9 fuente de esta recaudaci\u00f3n se otea, sin dificultad, el cumplimiento de las formalidades previstas en los art\u00edculos 619 a 621 del C\u00f3digo de Comercio y las exigencias del canon 709, \u00eddem, toda vez que de su literalidad aflora la determinaci\u00f3n del derecho crediticio, la promesa Incondicional de pagar una suma de dinero, el nombre de la deudora, la persona que va a recibir el pago, su forma de vencimiento, el pacto de intereses remuneratorios y moratorios, aqu\u00e9llos a la tasa del 2.7% mensual; condiciones que, al vislumbrase reunidas, habilitan el recaudo del derecho incorporado en el cartular por la v\u00eda ejecutiva, tal como lo precept\u00faa el art\u00edculo 793 ejusdem. <\/p>\n
En l\u00ednea con lo anterior, se observa claramente la r\u00fabrica de Martha Liliana Medina Mart\u00ednez, quien prometi\u00f3 otorgante, incondicionalmente pagar la suma de $162’000.000,00 al Grupo ADU S.A.S., hoy Londo\u00f1o & Asociados Abogados Consultores S.A.S, el d\u00eda 27 de diciembre de 2.017; m\u00e9rito evidencial suficiente para patentizar la satisfacci\u00f3n de los requisitos establecidos en la prenotada normatividad, surgiendo as\u00ed la obligaci\u00f3n cambiar\u00eda en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 625 del C. de Co., al no avistarse intenci\u00f3n distinta que la de hacer negociable el titulo valor, sin que en \u00e9ste se hayan consignado salvedades seg\u00fan lo previene el canon 626, ejusdem, quedando, de esa manera, la ejecutada vinculada conforme a la literalidad plasmada en su texto. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, respecto de la autenticidad del t\u00edtulo y su eficacia sobre la confesi\u00f3n presunta declarada en primera instancia, se\u00f1al\u00f3 que: <\/p>\n
Partiendo, de las anteriores comprobaciones y de que el Instrumento negocial no fue tachado ni rearg\u00fcido de falso, cuya firma ata cambiariamente a quien la impuso en el documento, como lo dispone el precitado canon 625, que, por dem\u00e1s, se presume aut\u00e9ntica, a tono con los art\u00edculos 793 del compendio mercantil y 244 de la codificaci\u00f3n adjetiva civil, no perdiendo su eficacia obligacional con la confesi\u00f3n ficta atribuida por el a quo a la parte actora, menos si, con apoyatura en el reconocimiento que Martha Liliana Medina Mart\u00ednez efectu\u00f3 en su declaraci\u00f3n de parte, se tiene por averiguado que su signatura es la que reposa en el pliego base de esta acci\u00f3n; porque no puede desconocerse, de un tajo, los derechos incorporados en el Instrumento fuente de este coactivo, cuando \u00abpor sabido se tiene que la obligaci\u00f3n cambiaria deriva su eficacia de una firma puesta en un t\u00edtulo valor y de su entrega con la intenci\u00f3n de hacerlo negociable conforme a su ley de circulaci\u00f3n (art\u00edculo 625 Ibidem) para lo que se recuerda que ) los principios de los t\u00edtulos valores est\u00e1n dirigidos a garantizar la seguridad jur\u00eddica, la certeza sobre la existencia y exigibilidad de la obligaci\u00f3n y la posibilidad que el cr\u00e9dito incorporado sea susceptible de tr\u00e1fico mercantil con la simple entrega material del t\u00edtulo y el cumplimiento de la ley de circulaci\u00f3n (-) I, los cuales, al encontrarse revestidos de las condiciones de incorporaci\u00f3n, literalidad, legitimidad y autonom\u00eda, constituyen t\u00edtulos ejecutivos por antonomasia, en tanto contiene obligaciones caratulares, que en si misma consideradas conforman prueba suficiente de la existencia del derecho crediticio y, en consecuencia, de la exigibilidad judicial del mismo caracter\u00edsticas que al hallarse satisfechas en el asunto de marras materializan la procedencia de la acci\u00f3n de cobro aqu\u00ed ventilada. <\/p>\n
Lo anterior la llev\u00f3 a concluir, respecto de la apreciaci\u00f3n del a quo, que: <\/p>\n
(\u2026) apreciando hol\u00edsticamente todas las particularidades que encierran el sub judice, se colige que el panorama demostrativo antes relacionado contrarresta la consecuencia procesal que recay\u00f3 sobre la parte ejecutante, por su no comparecencia a la audiencia de que trata el art\u00edculo 372 del C. G. del P., lo que, de suyo, respalda la fuerza compulsiva del cartular base de la presente ejecuci\u00f3n, sin que dicho car\u00e1cter coercitivo se vea menoscabo con los distintos medios de enervaci\u00f3n formulados por la pasiva, los cuales se encuentran cimentados en que: i) no existi\u00f3 negocio jur\u00eddico con la ejecutante que diera origen al pliego cambiario, ii) el t\u00edtulo fue girado como garant\u00eda de un pr\u00e9stamo solicitado a la se\u00f1ora Flor Miriam Forero, y iii) la entrega del instrumento en blanco, que fue diligenciado arbitrariamente sin existir carta de instrucciones para ello. <\/p>\n
Excepciones sobre cuya probanza el funcionario de primer grado anduvo desafortunado, al tenerlas por demostradas con la simple aplicaci\u00f3n de las consecuencias procesales de que trata la aludida disposici\u00f3n, pues, como lo ha decantado la jurisprudencia, \u00ab[l]a confesi\u00f3n ficta presunta es una presunci\u00f3n legal que admite prueba en contrario (presunci\u00f3n legal en sentido estricto, \u201cluris tantum\u00bb), por lo que guarda una relaci\u00f3n inmediata con las reglas que gobiernan el peso de la prueba en el correspondiente proceso civil (…) dicho elemento de persuasi\u00f3n tendr\u00e1 el mismo poder de convicci\u00f3n que el de una confesi\u00f3n real y verdadera, en cuanto no exista en el plenario prueba eficaz que la destruya, nociones que, aplicadas al asunto de marras, permiten entrever que las ultimaciones a las que arrib\u00f3 el juzgador a quo aparecen desvirtuadas con el entramado suasorio militante en la actuaci\u00f3n (\u2026). <\/p>\n
En relaci\u00f3n al diligenciamiento de los eventuales espacios en blanco y sobre la carga de acreditar dicha circunstancia, precis\u00f3 que: <\/p>\n
(\u2026) tanto en el libelo genitor como el interrogatorio de parte de la demandada se afirm\u00f3 que el pagar\u00e9 fue creado para respaldar las obligaciones que Martha Liliana Medina Mart\u00ednez contrajo con Flor Miriam Forero, admitiendo aqu\u00e9lla que impuso la firma en el t\u00edtulo, sin desvirtuar que se entreg\u00f3 \u00abcon la intenci\u00f3n de hacerlo negociable conforme a la ley de su circulaci\u00f3n\u00bb, deriv\u00e1ndose de esas circunstancias los efectos previstos en el ya nombrado art\u00edculo 625 del C\u00f3digo de Comercio. Si esto es as\u00ed, y habi\u00e9ndose emitido el cartular en blanco, como lo acept\u00f3 la ejecutada, \u00e9sta se declar[\u00f3] de antemano satisfech[a] con su texto completo\u00bb,\u00bb habilit\u00e1ndose, as\u00ed, que sus espacios sin diligenciar pudieran ser llenados por su leg\u00edtimo tenedor, seg\u00fan el art\u00edculo 622, Ibidem, por supuesto, conforme a las instrucciones dadas por su suscriptora; a quien no le bastaba acusar de abusiva la completitud del documento por la ausencia de directrices para dicho cometido, puesto que tal circunstancia no desdibuja la naturaleza cambiaria y la fuerza ejecutiva del documento fuente de este recaudo, ya que, como lo sostuvo la Corte Suprema de Justicia en un pronunciamiento aplicable al presente asunto, mutatis mutandi, \u00ab(…) el hecho de que se hubiera demostrado que en un comienzo no hubo instrucciones para llenar los espacios en blanco de las referidas letras, era cuesti\u00f3n que por s\u00ed sola no les restaba m\u00e9rito ejecutiva a los referidos t\u00edtulos, pues tal circunstancia no imped\u00eda que se hubiesen acordado instrucciones ulteriores para hacer posible el diligenciamiento del t\u00edtulo y su consiguiente exigibilidad. No pod\u00eda, entonces, invertirse la carga de la prueba para dejar a hombros del acreedor el deber de acreditar c\u00f3mo y porqu\u00e9 llen\u00f3 los t\u00edtulos, sino que a\u00fan en el evento de ausencia inicial de instrucciones, deb\u00edan los deudores demostrar que tampoco las hubo con posterioridad o que, en todo caso, el acreedor sobrepas\u00f3 las facultades que la ley le otorga para perfeccionar el instrumento crediticio en el que consta la deuda atribuida a los ejecutados. A la larga, si lo de que se trata es de enervar la eficacia de un t\u00edtulo valor, el compromiso del deudor que lo firma con espacios en blanco, debe ser tal que logre llevar a la certeza sobre la discordancia entre su contenido y la realidad negocial, pues no de otra forma podr\u00eda librarse de la responsabilidad que trae consigo imponer la r\u00fabrica de manera voluntaria en este tipo de efectos comerciales\u201d. <\/p>\n
Para soportar su postura argumentativa expuso que: <\/p>\n
El orden argumentativo que se trae respalda la desestimaci\u00f3n de las excepciones de m\u00e9rito propuestas por la ejecutada, comoquiera que no resultaron probadas con los efectos contrarios al demandante emanados de la conducta contemplada en el numeral 40 del citado art\u00edculo 372 del C. G. del P., m\u00e1xime si en un asunto que se resolvi\u00f3 \u00fanicamente con los hechos tenidos por ciertos ante la incomparecencia del ejecutante a la audiencia inicial y de instrucci\u00f3n y juzgamiento, la Sala de Casaci\u00f3n Civil consider\u00f3 contrario a derecho que \u00ab(…) el juzgador de segunda instancia, accionado, se limita[ra] a arg\u00fcir que, por haberse surtido la confesi\u00f3n ficta por la inasistencia de la parte demandante a la dicha diligencia, no era necesario ni pertinente detenerse en el an\u00e1lisis de las dem\u00e1s pruebas obrantes en el plenario. Para la Corte, ello no es constitucional ni legalmente admisible. Es obligaci\u00f3n, es deber de los sentenciadores, seg\u00fan se explic\u00f3, analizar y valorar todos los elementos f\u00e1cticos incorporados en los autos para, con fundamento en ellos, obtener el respectivo grado de convicci\u00f3n o de certeza sobre el cual se fundar\u00e1 la decisi\u00f3n final. <\/p>\n
Establecido lo anterior, resulta ostensible que la decisi\u00f3n criticada se encuentra soportada en una interpretaci\u00f3n que no luce irrazonable o descabellada sobre los hechos y pruebas que fueron adosados a la autoridad accionada y sobre los cuales efectu\u00f3 su ejercicio hermen\u00e9utico que la llev\u00f3 a concluir que, para el caso concreto, la ejecutada no logr\u00f3 demostrar los hechos en que fund\u00f3 sus excepciones, lo que pone en evidencia que lo que en realidad existe en el presente asunto es una disparidad de criterios en torno a la apreciaci\u00f3n de las circunstancias que rodearon el caso concreto, la hermen\u00e9utica judicial desplegada y la forma en la que la gestora considera que se debi\u00f3 resolver su asunto, situaci\u00f3n que torna inviable el ruego en tanto que: <\/p>\n
(\u2026) no se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes (STC1981-2018). (Resaltado de ahora) <\/p>\n
3. En definitiva, dado que la sentencia acusada no se percibe caprichosa, antojadiza o abiertamente contraria al ordenamiento jur\u00eddico, no queda alternativa diferente a la de desestimar el auxilio. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n, resuelve NEGAR la tutela instada por Martha Liliana Medina Mart\u00ednez. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, de no impugnarse esta resoluci\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
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