STC16381-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16381-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-04263-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de primero de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00b0) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Gustavo Antonio Granda Ruiz contra la Sala de Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de esa misma ciudad, el Departamento del Valle del Cauca y la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor, a trav\u00e9s de apoderado judicial, pretende protecci\u00f3n constitucional de sus prerrogativas a la igualdad, debido proceso, seguridad social, m\u00ednimo vital, prevalencia del derecho sustancial, \u00abprincipio pro homine\u00bb y defensa, que dice vulneradas por las autoridades accionadas, por lo que pidi\u00f3 \u00abdeclarar la nulidad de todas\u2026 las acciones adelantadas dentro del tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela con radicaci\u00f3n No. 76001 31 03 007 2021 00165\u00bb. <\/p>\n
Como consecuencia de lo anterior, se ordene al departamento del Valle del Cauca y a la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil \u00absuspender de manera definitiva, la aplicaci\u00f3n de la Resoluci\u00f3n No. 3323 \u201cPor medio de la cual se ofertan los cargos del empleo denominado celador, c\u00f3digo 477, grado 2 de la Gobernaci\u00f3n del Valle del Cauca, en el marco del Proceso de Selecci\u00f3n No. 437 de 2017\u2026, en cumplimiento de la orden judicial proferida\u2026 dentro de la acci\u00f3n de tutela [criticada]\u00bb; as\u00ed como tambi\u00e9n que le permitan continuar desempe\u00f1ando \u00abel cargo de Celador, C\u00f3digo 477, Grado 2 en la Instituci\u00f3n Educativa Betania, en el municipio de Bol\u00edvar \u2013 Valle\u2026, teniendo en cuenta su doble estabilidad laboral reforzada\u00bb. <\/p>\n
2.1. Richard Harrison Mondrag\u00f3n Monta\u00f1o promovi\u00f3 una anterior acci\u00f3n de tutela contra la Gobernaci\u00f3n del Valle del Cauca y la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil, tr\u00e1mite al que fue vinculado Gustavo Antonio Granda Ruiz. <\/p>\n
2.2. Mediante sentencia del 21 de julio de 2021, el juzgado convocado concedi\u00f3 el amparo deprecado, por lo que orden\u00f3 a la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil que \u00aboferte los cargos del\u2026 empleo [Celador, C\u00f3digo 477, Grado 2] que hayan sido declarados desiertos y elabore una lista de elegibles unificada\u2026 conformada por todas las personas de las listas de elegibles de las OPEC que ofertaron el cargo de \u201cCelador, C\u00f3digo 477, Grado 2\u201d de la Gobernaci\u00f3n del Valle del Cauca que no alcanzaron a ser nombradas inicialmente en las vacantes a las que directamente aspiraron\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, se prescribi\u00f3 a la Gobernaci\u00f3n del Valle del Cauca que \u00abuna vez recibida la lista de elegibles por parte de la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil y previa realizaci\u00f3n de \u201caudiencia de escogencia de plazas a trav\u00e9s de las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n\u201d, deber\u00e1 nombrar a los aspirantes en estricto orden de m\u00e9rito\u00bb. <\/p>\n
2.3. La rese\u00f1ada providencia fue impugnada por la Gobernaci\u00f3n del Valle del Cauca y por la Comisi\u00f3n Nacional de Servicio Civil, siendo confirmada por el Tribunal criticado con fallo del primero de septiembre de estas calendas. <\/p>\n
2.4. En cumplimiento del anotado mandato de tutela, la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil expidi\u00f3 la resoluci\u00f3n 3323 del 4 de octubre de 2021, por medio de la cual se ofertan los cargos del empleo denominado celador, c\u00f3digo 477, grado 2 de la Gobernaci\u00f3n del Valle del Cauca, en el marco del Proceso de Selecci\u00f3n No. 437 de 2017. <\/p>\n
2.5. Por su parte, la Gobernaci\u00f3n del Valle del Cauca convoc\u00f3, para el 12 de noviembre de 2021, a audiencia p\u00fablica \u00abpara la provisi\u00f3n de veinticinco\u2026 vacantes del empleo denominado Celador, c\u00f3digo 477, grado 2\u2026\u00bb. <\/p>\n
2.6. En s\u00edntesis, expres\u00f3 el gestor del resguardo que \u00abse encuentra laborando al servicio del Departamento del Valle del Cauca, Secretar\u00eda de educaci\u00f3n, desde el 01 de marzo de 2013\u2026, en el cargo de Celador, C\u00f3digo 477, Grado 2 en la Instituci\u00f3n Educativa Betania, en el municipio de Bol\u00edvar \u2013 Valle\u00bb; y que cuenta con \u00abestabilidad laboral reforzada, al ser un sujeto de especial protecci\u00f3n Constitucional, en su condici\u00f3n de adulto mayor y por su calidad de prepensionable\u00bb, toda vez que tiene 62 a\u00f1os de edad y 1078 semanas cotizadas \u00abal Sistema Integral de Seguridad Social en pensiones\u00bb. <\/p>\n
2.7. Agreg\u00f3 que ni las autoridades judiciales accionadas, ni la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil, \u00abtuvieron en cuenta que\u2026 [ostenta] doble estabilidad laboral reforzada, al ser un sujeto de especial protecci\u00f3n Constitucional, por su condici\u00f3n de adulto mayor y al contar con la calidad de prepensionable\u00bb, por lo que no puede ser retirado del cargo que actualmente desempe\u00f1a. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
2. La Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil dijo carecer de \u00ablegitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u00bb, comoquiera que \u00absi bien es cierto que\u2026 llev\u00f3 a cabo el proceso de concurso para proveer los empleos vacantes definitivos en la planta de personal de la Gobernaci\u00f3n del Valle del Cauca tambi\u00e9n lo es que\u2026 no tiene competencia para administrar la planta de personal de dicha entidad, [ni] la facultad nominadora y tampoco tiene incidencia en la expedici\u00f3n de sus actos administrativos\u00bb. <\/p>\n
3. La Gobernaci\u00f3n del Valle del Cauca defendi\u00f3 la legalidad de su actuaci\u00f3n. <\/p>\n
4. Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De acuerdo con el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En este orden de ideas, examinada la demanda de tutela, se verifica que lo cuestionado por el actor, en esencia, es la orden de tutela impartida con sentencia del 21 de julio de 2021, confirmada por el Tribunal criticado con providencia del primero de septiembre de estas calendas, en cumplimiento de la cual se dict\u00f3 la resoluci\u00f3n 3323 del 4 de octubre de 2021, por medio de la cual se ofertaron los cargos del empleo denominado celador, c\u00f3digo 477, grado 2 de la Gobernaci\u00f3n del Valle del Cauca. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, mem\u00f3rese que, trat\u00e1ndose de actuaciones surtidas en tr\u00e1mites de esta misma naturaleza, la Corte Constitucional en fallo T-353 de 2012, reiterando lo afirmado en la SU-1219 de 2001, manifest\u00f3: <\/p>\n
\u2026 la Corte ha admitido la posibilidad de interponer acciones de tutela contra actuaciones judiciales arbitrarias, incluso actuaciones arbitrarias de jueces de tutela, pero nunca con respecto a sentencias de tutela, sino con relaci\u00f3n a incidentes de desacato, o contra autos emitidos en el curso del proceso de tutela. A partir de la Sentencia SU-1219 de 2001, la Sala Plena de esta Corporaci\u00f3n unific\u00f3 su posici\u00f3n frente a este tema, precisando que las sentencias de tutela, y en general las decisiones que se tomen en el tr\u00e1mite de estos procesos, no pueden ser objeto de controversia constitucional mediante la formulaci\u00f3n de una nueva solicitud, ya que tal proceder, adem\u00e1s de mutar la naturaleza jur\u00eddica de la acci\u00f3n de tutela, har\u00eda que los conflictos jur\u00eddicos que se discuten en esa sede tuvieran un car\u00e1cter indefinido, lo cual atenta no solo contra los principios de seguridad jur\u00eddica y cosa juzgada, sino que tambi\u00e9n genera un grave perjuicio al goce efectivo y real de los derechos constitucionales que la tutela se encamina a garantizar de manera cierta, estable y oportuna (T-353 de 2012, SU-1219 de 2001, reiterada por la CSJ STC178, 21 ene. 2016 rad. 2015-03107). <\/p>\n
Trat\u00e1ndose de la protecci\u00f3n constitucional de cara a decisiones del mismo linaje, esta Sala tambi\u00e9n ha considerado: <\/p>\n
Resulta inviable la acci\u00f3n de tutela cuando \u00e9sta se dirige a combatir fallos proferidos en actuaciones de la misma especie, porque en tal hip\u00f3tesis, los mecanismos establecidos en el ordenamiento jur\u00eddico son la impugnaci\u00f3n del fallo ante el superior y la revisi\u00f3n eventual que por ley puede hacer la Corte Constitucional (art\u00edculo 86, inciso segundo, de la Carta Pol\u00edtica), sin que proceda un nuevo estudio del mismo linaje constitucional… <\/p>\n
Sobre la impertinencia de la tutela contra una sentencia dictada en un proceso de igual estirpe, esta Corporaci\u00f3n ha sentado su posici\u00f3n al respecto en diversos fallos precedentes: basta mencionar, entre otras, sentencias de 22 de agosto de 2008, exp. 2008-01317-00 y 9 de febrero de 2009, exp. 2009-00126-00. (CSJ STC, 21 feb. 2011, rad. 2010-00723-00; STC, 2 dic. 2015, rad. 02397-99; y STC, 21 ene. 2016, rad. 2015-03107) <\/p>\n
4. Bajo esa perspectiva, surge palmario que el inconforme tiene dos mecanismos previstos en el ordenamiento jur\u00eddico para recurrir una sentencia de tutela, el primero es la impugnaci\u00f3n de la providencia de primera instancia y, el segundo, la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, quedando as\u00ed imposibilitada cualquier otra oportunidad para que se examine una determinaci\u00f3n tomada por otro juez constitucional. <\/p>\n
4.1. Bajo ese horizonte, se concluye la improcedencia de este nuevo resguardo, habida cuenta, de un lado, el actor omiti\u00f3 esgrimir ante las sedes judiciales convocadas los reproches que ahora eleva, a pesar de haber sido vinculado al tr\u00e1mite constitucional criticado. <\/p>\n
En efecto, revisados los elementos de juicio recaudados, observa la Sala que el actor, a pesar de ser enterado de la admisi\u00f3n de la tutela promovida por Richard Harrison Mondrag\u00f3n Monta\u00f1o, aqu\u00ed atacada, omiti\u00f3 comparecer a dicho juicio a esgrimir las circunstancias que ahora alega, as\u00ed como tampoco impugn\u00f3 el fallo de tutela de 21 de julio de 2021. <\/p>\n
De ese modo, el reclamo actual resulta improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Entonces, si el actor del amparo desperdici\u00f3 \u00ablas diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
(\u2026) es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01, criterio reiterado, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01). <\/p>\n
4.2. De otro lado, tambi\u00e9n se concluye la improcedencia de este nuevo resguardo, porque el gestor del amparo a\u00fan puede acudir ante el m\u00e1ximo \u00f3rgano de la jurisdicci\u00f3n Constitucional a reclamar la revisi\u00f3n del tr\u00e1mite de tutela que ahora ataca, conforme a los art\u00edculos 33 del Decreto 2591 de 1991, 56, 57 y 58 del Acuerdo 02 de 2015 -Reglamento Interno de la Corte Constitucional-, tr\u00e1mite que no ha culminado, conforme se pudo verificar en la p\u00e1gina web de dicha sede judicial. <\/p>\n
En un asunto de contornos similares al aqu\u00ed estudiado dej\u00f3 dicho la Corte que: <\/p>\n
(\u2026) en el presente asunto no se cumple con el requisito de subsidiariedad, dado que la querellante cuenta con la opci\u00f3n de exponer las irregularidades que por esta v\u00eda alega ante la Corte Constitucional, pidiendo la revisi\u00f3n del pronunciamiento que no comparte o su falta de notificaci\u00f3n, lo que constituye un medio de defensa id\u00f3neo. <\/p>\n
(\u2026) sobre la viabilidad de exponer inconsistencias formales por v\u00eda de revisi\u00f3n al fallo de resguardo, la misma Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado <\/p>\n
(\u2026) el mecanismo constitucional dise\u00f1ado para controlar las sentencia de tutela de los jueces constitucionales que conocen y deciden sobre las acciones de tutela, por decisi\u00f3n del propio constituyente, es el de revisi\u00f3n\u2026\u201d, que \u201c\u2026incluye las v\u00edas de hecho de los mismos jueces de tutela\u2026\u201d, que deben ser corregidas en ese tr\u00e1mite, adem\u00e1s de que cualquier afectado e inconforme con una decisi\u00f3n en estas acciones, puede acudir ante esa Corporaci\u00f3n para solicitar su revisi\u00f3n (fallo SU-1219 de 21 de noviembre de 2001). Sentencia de 28 de sep. 2007, exp. 01495-00, citada el 26 de en. 2012, rad. 2011-02523-01 y el 10 abr. 2014, rad. 00654-00, STC1673-2014, 13 ag. exp. 01761-00) (criterio reiterado en CSJ STC, 8 oct. 2014, rad. 2014-02195-00). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, ante la existencia de un medio judicial id\u00f3neo de defensa de los derechos del accionante, el presente reclamo se torna improcedente. <\/p>\n
5. Baste lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
<\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
6 <\/p>\n
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